A 19 años del escape de cloro de la planta de Solvay Indupa en el polo petroquímico de Bahía Blanca, FM De la Calle conversó por primera vez con la subsecretaria de Gestión Ambiental del intendente Héctor Gay (Cambiemos).

Sandra Pérez comenzó su carrera como ingeniera química en la planta de YPF en el polo petroquímico  de Ensenada. En Bahía Blanca se desempeñó en Solvay, Petrobras y Profertil (1990-2005). Ocupó varios cargos en la Municipalidad de Adolfo Alsina. Es vicepresidenta del Club de Leones Bahía Blanca Palihue.

A principios de año reemplazó a Adriana Chanampa en el municipio.

Es la primera vez que hablamos, le pido una breve presentación personal, profesional, y de la política ambiental que lleva adelante.

Soy ingeniera química, hace seis meses que estoy a cargo de la Subsecretaría. La política ambiental que se lleva adelante es una continuidad de la política ambiental comenzada por el intendente desde el 2015, cuando se hizo cargo de la intendencia. Yo soy una continuadora de esa política, respetando todo lo que tenga que ver con la legislación y las buenas prácticas del arte.

Es un día que ha quedado en la memoria de la ciudad por el escape de Solvay Indupa, ¿usted estaba en Bahía en ese entonces?

Sí, sí.

¿Qué recuerdo tiene?

Que hubo un escape de cloro. ¿Recuerdo en qué aspecto? No entiendo la pregunta.

No es un hecho más en la ciudad, motivó cambios legislativos, preocupación social…

Seguramente, pero los tiempos han cambiado mucho. Ahora, los controles, la vigilancia que hay sobre las empresas del polo petroquímico es mucho mayor que la que podía haber en ese momento. Por supuesto, por mi formación química, yo sé los riesgos de que el cloro esté en el aire, como otros productos químicos que pueden estar en el aire y, si las concentraciones son superiores a los límites permitidos, pueden tener algún riesgo en la salud de las personas.

La verdad es que fue hace 19 años, a uno se le pierde un poco… En ese momento no tenía ningún tipo de relación con la empresa Solvay Indupa, con lo cual pasaría a ser en ese momento público en general y la información que tuve fue a través de lo que se divulgó por los medios de comunicación.

Han cambiado algunas cosas y otras tal vez no. En materia de seguridad le toca ocupar un cargo que cuenta con herramientas que son producto de aquel episodio, desde lo legal y lo administrativo.

Sí, la creación de CTE (Comité Técnico Ejecutivo) que se pensó como un organismo que tuviera el control y la vigilancia preventiva del desempeño. Si bien también, internamente, desde las empresas se han desarrollado sistemas de control, las empresas se han modernizado por la modernización del equipamiento, tienen mayores circuitos de seguridad que los que estimo existían en ese momento. Creo que el panorama es muy distinto.

Sin embargo hay episodios que siguen causando preocupación, es imposible eludir lo que sucedió recientemente en la ciudad que es la explosión en la planta de Dow. ¿Qué visión tiene y cómo han actuado desde la Subsecretaría?

Nosotros ante el aviso de Dow, se puso, se disparó el Proceso Apell y todos los controles del CTE y bueno, estamos, se hicieron las actas y las verificaciones correspondientes y Dow está analizando con sus técnicos, alguna información es pública sobre lo que ha pasado. Nosotros estamos atentos a toda la información que Dow nos haga llegar. No obstante, empresas y plantas con la complejidad de Dow u otras del polo petroquímico tienen los procesos y procedimientos para investigar exactamente y llegar al final. Ellos son los primeros interesados porque desde ese momento las dificultades y disminución en la producción de Dow son notorias.

¿Hoy hay algo que esté funcionando o está totalmente paralizada la planta?

Según tengo entendido está paralizado.

Hubo una explicación formal de la empresa que se remitió al CTE y luego al OPDS. ¿Está de acuerdo en que la causa de la explosión del cracker BB2 fue por un error humano?

También hubo profesionales de la Universidad Nacional del Sur que me merecen mi mayor confianza. Con lo cual, si estos profesionales dan un informe -que no hemos recibido formalmente pero lo he visto en las publicaciones en las redes, en los diarios- y también se han hecho los informes pedidos por el CTE, yo no tengo por qué suponer que no fue eso lo que sucedió.

El informe judicial dice que faltaba un dispositivo de seguridad que aún ante un error humano hubiese evitado la explosión si hubiere estado.

Por eso le digo, la información que obra en todos estos estamentos no tengo por qué suponer que no fue eso lo que pasó. La información la tengo, sí, pero ¿por qué usted cree que yo puedo suponer que no fue eso lo que pasó?

Pregunto porque hablamos con el CTE y dijo que la explicación de Dow le parecía razonable, que era una de las hipótesis que barajaban y remitieron la documentación al OPDS. La pericia judicial agrega otro dato.

La autoridad de aplicación es el OPDS, así que lo que diga el OPDS lo acataremos.

¿Es correcto que no haya habido ningún tipo de infracción por parte del CTE ante la explosión?

La infracción la hará el OPDS si lo considera pertinente en este caso.

Tal vez tendrá su explicación técnica pero cuesta comprender por qué ante los ruidos de la termoeléctrica se labran habitualmente infracciones y este episodio, que causó tal preocupación, no ameritó ni siquiera una infracción o un acta del CTE.

Bueno, es su opinión, yo la respeto.

No, se la transmito para ver si tiene algún tipo de explicación.

No tengo nada que decir al respecto.

¿Charlaron con el intendente la posibilidad de tomar algún otro tipo de medidas respecto a Dow más allá de la tarea de la justicia o el trámite que pueda cursar el OPDS?

No, no, no lo charlamos.

Lo que queda en evidencia, y lo han dicho el propio intendente y varios funcionarios, es que los sistemas de aviso, de emergencias, ante el cambio tecnológico, las fake news y demás, han quedado obsoletos o no adecuados al ritmo de la información en la actualidad. ¿En qué modificaciones están pensando como alternativas de seguridad, información, Proceso Apell?

Bueno, se están revisando los procedimientos a ver si hay algo que cambiar. Eso se está haciendo ahora.

¿Por ejemplo?

Bueno, por ahora no lo voy a adelantar porque no son modificaciones definitivas las que todavía se han determinado.

Hay una información que surge de algo que usted planteó en la reunión de la semana pasada del CCyM, respecto de las coordinaciones del CTE y el Proceso Apell. ¿Van a llamar a concurso?

Sí, hay un concurso abierto… Bueno, aclaro que ese no fue el motivo de la convocatoria de la nota. Le estoy contestando sobre temas que no fueron el motivo de convocatoria de la nota pero se lo contesto.

El CCyM ha presentado una nota que está a consideración del secretario de Gobierno.

¿Tiene algún tipo de vinculación con la explosión, era algo que estaban pensando?

No, absolutamente. Se terminaron los contratos. Tienen un tiempo de vigencia, una posibilidad de prórroga y hay que llamar a concurso.

¿Ya están vencidos?

No, las prórrogas vencen a fin de año. Hasta entonces tenemos tiempo para terminar el concurso.

Las instituciones del CCyM pidieron poder opinar…

Exactamente, es lo que le decía. Está a consideración del secretario de Gobierno.

¿El suspender los concursos?

No sé exactamente qué resolución va a tomar, lo puse a consideración de él y estoy esperando respuestas.

¿Qué opinión tiene respecto de las causas judiciales sobre la contaminación en la ría en la cual la Municipalidad es parte demandada?

No, no, prefiero no opinar porque ese no era el motivo de la charla. Hoy era el 19 aniversario de los escapes.

Sí, le pedimos una reflexión sobre eso pero me parece que son temas todos conectados con la preocupación ambiental.

Sí, está bien, tendría que releer los informes.

Podemos quedar para otro momento.

Sí, yo aviso, yo les aviso.

Llamamos la semana que viene, ¿quiere?

Sí, yo les aviso.

No le hemos preguntado nada que esté por fuera de su órbita y esperamos no haberle faltado el respeto.

No, está todo bien, está todo absolutamente bien.

El ingeniero de la Universidad Nacional del Sur, Santiago Maiz, es uno de los peritos convocados por el fiscal que interviene en la investigación de la explosión ocurrida el 28 de junio en la planta de Dow.

Esta mañana explicó en diálogo con FM De la Calle los alcances del informe realizado en base a la inspección ocular realizada dos días después del incidente y a la documentación entregada por la multinacional.

El documento fue firmado también por los ingenieros Daniel Ziegler y Mauro Puccinelli (UNS) y por el perito Andrés Medina. Los expertos concluyeron que al “error humano” se sumó la ausencia de una válvula de seguridad en el equipo V907.

¿Qué fue lo que pasó y cuáles fueron las causas?

Lo que pasó fue que por el corte de luz del fin de semana anterior la planta se detuvo y lo que se hizo fue poner en servicio ese sector. En los procedimientos de puesta en marcha, se omitió o se salteó algún paso, lo que produjo que aumentara considerablemente la presión de vapor dentro de ese recipiente que y al no contar con ninguna válvula o alivio de presión, lo que hizo fue que explotara.

¿Cuál fue el impacto en la planta?

Como es una instalación de vapor que funciona con alta temperatura, son equipos, cañerías y tanques que están aislados térmicamente y recubiertos con chapa de acero inoxidable delgadas y entre la chapa y los diferentes elementos hay una capa de aislante, eso estaba todo destruido, y el equipo en cuestión era una chapa torcida, uno miraba y decía eso era el tanque.

La explosión fue tremenda. La chapa del tanque tenía casi un centímetro de espesor, en la explosión pegó contra una brida y era como si hubiese calcado la forma de la brida la chapa del tanque. Hay una foto espectacular que sacó Dow donde uno puede ver la violencia o la energía que tenía ese tanque acumulada cuando explotó.

¿Eso implicó alguna consecuencia respecto de algún otro tipo de procesos más allá del que involucra agua a o vapor?

No. Ese tanque estaba en un lugar rodeado de, no sé si se hace así a propósito, pero estaba contenido por la misma estructura, las mismas cañerías y otros equipos. Por ejemplo, al lado del tanque había un intercambiador de calor de placas, que es un equipo muy pesado, que obviamente lo bajó de su pedestal pero que lo que hizo fue contener la explosión. Está muy protegido por la misma instalación. Supongo que tiene una lógica dentro de la instalación, cuando uno hace una planta también hace un estudio de riesgos.

Cuando el fiscal les pregunta respecto de la expansión del daño, hablan de una distancia de 35 o 40 metros del recipiente y, en segunda instancia, mencionan que el primer sector con materiales inflamables estaba a más de 50 metros. 10 metros parece muy poco. ¿Qué conclusión tienen respecto del riesgo de que esa explosión pudiese haber afectado algún otro tipo de proceso?

Lo que observamos es que en una zona primaria, 10 o 15 metros, esa explosión hubiese sido fatal si había una persona en ese lugar por la cantidad de líquido, la cantidad de agua a alta presión y temperatura. Y en un radio de 35 o 40 metros la explosión hubiese sido de alto riesgo por la cantidad de partículas proyectadas, válvulas, bridas que explotaron y fueron esparcidas.

La zona de caldera está a unos 50 metros, es lo primero que se encuentra con combustibles y llamas, lo que podía haber llegado a pasar es que golpeara algún proyectil, expulsado por la misma explosión, y que podría haber causado la ruptura de alguno de los equipos que trabajan con gas o llama. De ahí a que se forme una reacción en cadena hay una probabilidad que es muy baja porque tendrían que suceder una serie de eventos y que eso se traslade a otro lado.

¿Daño por fuera de la planta hubo?

No.

¿Y riesgo?

No, riesgo tampoco porque una de las cosas que nos preguntaban  era si podía haber desencadenado alguna reacción en cadena o fuga de material tóxico. En el lugar donde explota el tanque es solamente cañería de vapor que se utiliza en diferentes procesos, a diferentes temperaturas.

Todo lo que había era agua, que es tratada químicamente, se le quitan minerales o partículas que pueda tener, porque ese vapor se utiliza para mover turbinas de vapor o para diferentes procesos donde ese agua debe tener una calidad muy alta y debe ser baja en oxígeno para que no produzca corrosión. Pero no representa un grado de toxicidad que pueda comprometer a alguien.

Yendo a las causas, el informe de la empresa que aceptó el CTE, puso el foco sobre un error humano, que no se abrió una válvula en la puesta en marcha post corte de energía. ¿Comparten esa hipótesis?

Sí, hay un error humano en los pasos del procedimiento de la puesta en marcha. Si uno sigue esos pasos es imposible que el tanque esté conectado a una fuente de presión y que no tenga una salida o escape. Pero además de ese error humano, que es una válvula que no se abrió para liberar el vapor que entraba, ese equipo no tenía válvula de alivio de presión. Si la hubiese tenido ni nos hubiésemos enterado que hubo un error humano porque en lugar de explotar el tanque se hubiese activado el sistema de seguridad.

¿Qué quiere decir que no tenía esa válvula? ¿No estaba ocasionalmente o nunca la tuvo?

No figura en los planos que hubiese una válvula de seguridad ahí. Desde el diseño no fue contemplada.

Ustedes citan una documentación del fabricante del recipiente que dice que debe tenerla y que se debe encargar la empresa de ponérsela.

Ese tanque fue fabricado bajo la norma ASME VIII División 1, que es una norma estadounidense, acá se usa una norma similar. En esa norma hay un apartado de los sistemas de seguridad que abarca y dice claramente que todo lo que es recipiente a presión debe tener un dispositivo de alivio de presión.

En todos los recipientes a presión indica que debe tener un dispositivo de alivio de seguridad, hace diferenciaciones si el recipiente está expuesto a la llama o no, pero en todos los recipientes a presión indica que debe tener un dispositivo de alivio de seguridad. Dice que no es necesario que lo provea el fabricante pero sí lo debe instalar quien lo utiliza. Desde la puesta en marcha debe tener un dispositivo de alivio de presión.

¿Hace cuánto tiempo funcionaba este equipo en Dow?

El equipo tiene fecha de fabricación del año 99.

¿Desde entonces estuvo funcionando sin esa válvula?

Claro, ese equipo se fabricó en el 99 y debe haber sido instalado en ese año o al año siguiente.

¿Desde aquel entonces hasta aquí no hubo un organismo de control que advirtiera esa situación?

No, porque generalmente cuando uno fabrica bajo esas normas debe acatarlas. Uno cuando vende su producto dice que su planta está bajo norma ASME VIII, mismo lo exige el comprador. Eso queda a cargo de la empresa.

Esa válvula, aun habiendo error humano, ¿hubiese impedido la explosión?

Claro, esa válvula hubiese liberado el exceso de presión.

Hacen una sugerencia de no puesta en marcha o habilitación de la planta hasta que esto no esté resuelto…

La misma norma con la que fue fabricada la planta indica que en el caso que haya algún incidente se debe cambiar todo a nuevo. Es porque uno debe tener 100% de confiabilidad en los equipos que está poniendo para que no vuelva a suceder. Todos los equipos que estaban en un radio de 35 a 40 metros se deben cambiar a nuevo o, en el caso que sea un equipo muy caro, debería revisarse por completo.

La pericia judicial que relevó las causas y consecuencias de la explosión en Dow ya está en manos del fiscal Cristian Aguilar.

Cuatro expertos concluyeron que el hecho ocurrió por deficiencias en el cierre de las válvulas y en el diseño del procedimiento de puesta en funcionamiento del recipiente estallado y, además, por la ausencia de una válvula de seguridad.

“Si se hubiera instalado un dispositivo de seguridad, la presión en el interior del recipiente V907 nunca habría llegado a valores de riesgo por lo que se habría evitado el siniestro”.

El documento fue firmado por Daniel Ziegler, Mauro Puccinelli y Santiago Maíz del departamento de Ingeniería de la Universidad Nacional del Sur y por el perito ingeniero mecánico oficial Andrés Francisco Medina.

“Entendemos que, hasta que no se inspeccione y/o repare cada cañería, recipiente o dispositivo que pudiera haberse dañado en la explosión, no debería habilitarse el funcionamiento de la planta”, destacaron.

Expansión del daño y riesgos

Los peritos aseguraron que existió riesgo de daño a otros bienes de la empresa aunque no pudieron cuantificarlo y respecto al posible daño a terceros sostuvieron que “es muy bajo o prácticamente nulo”.

“La explosión hubiese sido de carácter fatal en un radio menor a 10 metros debido a los fluidos expulsados (vapor y agua a alta presión y temperatura). En un radio de 40 metros hubiese sido de alto riesgo por el impacto de las proyecciones de material”.

En cuanto al radio de expansión del daño afirmaron que “por las proyecciones de las piezas expulsadas en la explosión” se infiere que fue de 35 a 40 metros. Hubo afectación “de diferente magnitud en la cañería, diferentes dispositivos y estructuras aledañas”.

“El mayor daño fue producido por la proyección de material y piezas del recipiente y sus dispositivos. Algunas partes fueron encontradas a, aproximadamente, 35 metros”. Si bien descartaron “riesgo de reacción en cadena”, informaron que “los dispositivos con materiales inflamables más cercanos se encuentran a más de 50 metros del lugar del incidente”.

No había válvula de seguridad

“El recipiente falló a una presión de más de 10 veces superior a la presión de operación del equipo. Esto indica que el equipo carece de dispositivo de seguridad, es decir, una válvula de alivio de presión como indica la norma (…) bajo la cual fue fabricado”, escribieron.

Según la norma mencionada, es “responsabilidad del usuario asegurarse que los dispositivos de alivio de presión requeridos estén correctamente instalados antes de la operación inicial. Estos dispositivos de alivio de presión no necesitan ser suministrados por el fabricante del recipiente”.

El equipo afectado fue construido hace 20 años y su puesta en marcha se realizó varias veces, entre paradas programadas y/o de emergencia. “Esta secuencia de inicio si no es respetada taxativamente, produce el incidente sucedido al no contar con válvula de seguridad”.

“La secuencia del procedimiento de puesta en servicio, debería modificarse asegurándose que nunca el equipo llegue a una presión superior a la de trabajo independientemente de la existencia de errores humanos”, advirtieron.

El Tribunal Oral de Bahía Blanca realizará el 4 de septiembre la audiencia preliminar del debate oral en la causa que investiga crímenes de les humanidad ocurridos antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Cinco integrantes de la Triple A serán juzgados por el delito de asociación ilícita y, en un caso, por el homicidio en un pasillo de la Universidad Nacional del Sur (UNS) del estudiante David Hover “Watu” Cilleruelo.

Se trata de Raúl Roberto Aceituno, Héctor Oscar Chisú, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero.

La actividad de la patota paraestatal dejó como saldo la proscripción de los centros de estudiantes, el cierre del comedor universitario, la expulsión de alumnos y cesantías masivas de docentes por razones políticas, entre otros aspectos.

Por otra parte, se espera que el juez federal Walter López da Silva defina la situación procesal del ex presidente de la Cámara Federal de Apelaciones Néstor Luis Montezanti.

Al momento de ratificar los procesamientos de los miembros de la patota que llegarán próximamente a juicio, la Cámara de Apelaciones destacó la “enorme cantidad de testimonios que dan cuenta que el grupo contratado como personal del ‘Departamento de Seguridad’”, creado por el rector Remus Tetu, “se paseaba por los pasillos de los edificios de la universidad en actitud amenazante e intimidante, haciendo ostentación de armas largas y cortas, generando un clima de miedo que provocó que muchos estudiantes abandonaran los estudios”.

Curzio, de acuerdo a la pesquisa, fue identificado entre “los matones de la patota de la UOCRA” local, dominada por el diputado Raúl Ponce. Chisú, por su parte, se incorporó, tras el golpe de Estado, como agente civil del Destacamento 181 del Ejército.

Para los camaristas, los elementos de prueba reunidos permiten tener demostrado que los imputados participaron de las actividades desplegadas por la organización delictiva, “brindando su aporte material” para “cumplir con los objetivos criminales propuestos”.

Señalaron que Ponce y Tetu fueron los jefes y organizadores, en tanto que Aceituno, Chisú, Curzio, Forcelli y Pallero la integraron junto a Jorge “Moncho” Argibay y su hijo Pablo Francisco -ambos fallecidos-, Roberto Néstor Sañudo, Héctor Alfredo Mansilla y Basilio Omar “Chacho” Pérez, entre otros.

Homicidio en la Universidad

Años atrás, los jueces Álvarez y Tripputi confirmaron además el procesamiento del acusado Aceituno por su participación en el “homicidio agravado del que resultó víctima David Hover Cilleruelo”. El agravamiento del delito radica en “haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas”: varios testigos coincidieron en que “Moncho” Argibay fue quien le disparó a la víctima, y que junto a él estaban su hijo Pablo y el propio Aceituno.

Cilleruelo era secretario de la Federación Universitaria del Sur y militante de la Federación Juvenil Comunista. Fue asesinado de un disparo en la cabeza el 3 de abril de 1975 en un pasillo del ala de Ingeniería de la UNS. Para aquél día estaba pautada la inscripción de los estudiantes en las distintas materias y Cilleruelo se encontraba junto a sus compañeros convocando a los alumnos a la participación en la Asamblea de delegados de Centros de Estudiantes para la ratificación de las autoridades de la Federación Universitaria que lideraba.

De acuerdo a la investigación, Cilleruelo fue abordado por un grupo de integrantes de la patota y baleado en presencia de gran cantidad de alumnos, “para luego retirarse del lugar en un vehículo Ford Falcon color verde claro, con techo vinílico color blanco, con patente de bronce que brindaba constancia de su pertenencia al Rectorado de esa institución”.

Durante el 2018, 1.621 víctimas denunciaron 6.300 hechos de tortura y/o malos tratos por parte de agentes penitenciarios y efectivos policiales en la provincia de Buenos Aires y el ámbito federal.

El dato se desprende del informe del Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos presentado ayer en la sede de la Comisión Provincial por la Memoria. Del relevamiento participaron además la Procuración Penitenciaria de la Nación y el GESPyDH del Instituto Gino Germani—UBA.

“Esto significa 1.000 denuncias más que las recibidas el año anterior y es el correlato inmediato del aumento de la tasa de prisionización y, por lo tanto, el sobreencarcelamiento y el agravamiento de las condiciones de detención”, manifestaron.

Agregaron que “la profundización de las políticas de mano dura y la ausencia total de políticas de prevención, sanción y erradicación de la tortura siguen recrudeciendo la crisis del sistema carcelario y de seguridad”.

En las cárceles bonaerenses, se registraron 469 víctimas de 2.428 hechos de tortura; más del 70% son jóvenes, personas menores de 35 años. El aislamiento y la falta o deficiente atención de la salud son las prácticas más denunciadas.

En este informe, además, se hace un relevamiento particular de otra denuncia recurrente: los traslados constantes que implican un alto nivel de rotación por distintas unidades penales y la permanencia por breves períodos de tiempo en cada una como forma de castigo.

Por su parte, en el sistema federal, 926 víctimas denunciaron 2.886 hechos de tortura y/o malos tratos; 6 de cada 10 víctimas son jóvenes, menores de 35 años. Las agresiones físicas y el aislamiento son los hechos más denunciados. El aislamiento produce un “encierro dentro del encierro” y expresa cabalmente la multidimensionalidad de la tortura. Justificado por las autoridades penitenciarias como “sanción” y como “protección”, es también aplicado como régimen de vida de los pabellones y forma parte de la rutina cotidiana de gestión de la cárcel.

Desde el 2015, el RNCT registra también las violaciones a los derechos humanos que ocurren en el despliegue de las fuerzas de seguridad en el territorio. Este año, se relevaron 986 hechos de torturas y/o malos tratos; más de la mitad ocurrieron en la provincia de Buenos Aires. Sólo en el territorio provincial, 114 víctimas denunciaron 550 hechos ejercidos, en su mayoría de la policía bonaerense, en tres instancias: aprehensión, traslado y detención en comisarías. Las agresiones físicas son las más denunciadas. En el ámbito federal, la situación es similar, 112 víctimas denunciaron 436 hechos de torturas y/o malos tratos; una de cada cuatro denuncias son por agresiones físicas.

“Todo esto ya fue denunciado en innumerables oportunidades y reconocido, incluso, por el Estado. También los organismos internacionales de derechos humanos reclamaron medidas para revertir esta crítica situación, pero nada hicieron. Estas graves violaciones de derechos humanos son parte de políticas diseñadas para provocar estas consecuencias y la responsabilidad es de los tres poderes del Estado”, aseguró la CPM.

El organismo presidido por Adolfo Pérez Esquivel afirmó que “a pesar de la gravedad de estas cifras, son sólo un registro parcial, las violaciones a los derechos humanos son la regla permanente del sistema penal. La tortura es una práctica sistemática en los lugares de encierro y en el despliegue de las fuerzas de seguridad. Con diferentes modalidades e intensidades, persiste en el tiempo y se produce en todos los ámbitos de detención”.

El tribunal oral leerá el veredicto del segundo tramo de la causa Armada el próximo miércoles 28 de agosto por la mañana. Dos días antes, los genocidas serán trasladados por primera vez al Aula Magna de Colón 80 para decir sus última palabras.

“A este juicio nunca fueron traídos, lo siguen por videoconferencia. Están todos con prisión domiliciaria, la mayoría en Buenos Aires, salvo tres casos que están en libertad”, dijo a FM De la Calle el fiscal auxiliar Pablo Fermento.

El debate giró en torno a los secuestros, torturas y homicidios cometidos en jurisdicción de la Base Naval Puerto Belgrano contra 64 víctimas, casi un tercio de cuales continúan desaparecidas.

Esta semana terminaron los alegatos de las defensas. El miércoles 14 será el turno de las réplicas y dúplicas en la sede del TOF de Chiclana y Lavalle.

Fermento comentó que las defensas hicieron los planteos habituales, entre otros puntos, cuestionaron la calificación de genocidio y se opusieron a la ampliación de la imputación por delitos sexuales.

“Solicitamos que se revoquen las domicilarias en función del dictado de la pena. Es una de las cuestiones a las cuales se opuso la defensa. Queda a criterio del tribunal. Consideramos que de dictarse la condena aumenta la expectativa de que esa pena quede firme, recordemos que hasta que no se agotan las instancias de revisión el imputado sigue como imputado y no como condenado”, explicó.

Roberto Daniel Carmona, prófugo en la causa por la estafa habitacional de DyF, fue detenido el viernes. El condenado a nueve años de prisión se hacía llamar “Ronnie Standford” y actuaba y dirigía una obra de teatro infantil.

“Fue identificado por un ex empleado al que le debía un dinero, hay una suerte de venganza. Fue a la policía y le aportó los datos. El contexto de las detenciones de Díaz Flaqué -capturado en un operativo de tránsito- y de Carmona son ajenas a la causa. Son situaciones muy específicas”, comentó el abogado Maximiliano Gorg.

La investigación judicial por la que fueron condenados reveló que el modus operandi consistía en presentar un fideicomiso, vender los terrenos y contratar a constructoras. Sin embargo, los clientes jamás recibían la propiedad y a los contratistas les entregaban cheques sin fondos de compañías quebradas.

“Se va aquedar en una prisión de la provincia, en definitiva no hay necesidad que venga hasta aquí, cualquier unidad penal sirve para el cumplimiento de esa pena de nueve años”.

El titular del fideicomiso DyF, Sergio Favretto, fue detenido en Brasil semanas atrás y aun debe ser juzgado en nuestra ciudad. Gorg señaló que “se mandó a través de Cancillería el exhorto pidiendo la extradición, traducida al portugués, para que autoricen el traslado a Bahía”.

Desde el punto de vista patrimonial de las familias estafadas, el abogado comentó que “no hay cambio alguno con respecto a lo que ha sucedido. Hay algunos que han tomado o intervenido la administración de los fideicomisos, buscándole una alternativa en ese sentido, pero más del 90% no va a poder recuperar nada”.

Se cumplen hoy 25 años del atentado a la mutual judía de la AMIA, en el cual murieron 85 personas. “Hay pruebas contundentes de la responsabilidad del Estado nacional y, seguramente, hay muchas más pruebas en los archivos secretos que Macri sigue ocultando”, dijo a FM De la Calle la titular de APEMIA, Laura Ginsberg.

“Todo el esfuerzo del gobierno de Macri está puesto en una campaña de propaganda. La han armado con el Congreso Judío Mundial, han presentado a la sociedad un combo que incluye declarar terrorista a Hezbollah, la ley de juicio en ausencia que cuenta con apoyo del oficialismo y de la oposición y toda esa propaganda lo único que hace es ocultar que hay responsabilidades del Estado argentino que ya están demostradas. El Estado argentino no solo participó en el encubrimiento, ha puesto a sus fuerzas de inteligencia y de seguridad como partícipes del crímen. Y de eso no se habla. Es evidente que no es el Estado el que va a proveer justicia”, afirmó.

La Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de Amia, organización conformada por víctimas, familiares y amigos de las víctimas del atentado de 1994, sostienen que aquel ataque “fue un crimen del terrorismo de Estado en democracia”.

“A diferencia de la dictadura militar que tenía un plan sistemático de exterminio, que cometió un genocidio durante muchos años, en democracia los restos de esa criminalidad participaron y ayudaron a encubrir el atentado a la AMIA”.

“En Argentina tuvimos tres atentados en tres años: la Embajada, la AMIA y, después, Río Tercero. Luego de esa sucesión incomprensible de crímenes, en años donde no existía el terrorismo internacional como se conoce hoy, en esas condiciones, la Argentina recibió un premio. Fue incorporado como un aliado extra OTAN y fue y sigue siendo en la región el líder de la lucha contra el terrorismo internacional. Es una historia diferente a la que vivimos en el sentido de que el terrorismo como lo padecimos en la dictadura tiene otro origen, los resabios de eso no solo participaron en el atentado sino que fueron quienes ayudaron a encubrir”, afirmó Ginsberg.

Destacó que “lo cierto es que ningún juez demostró o afirma que Irán o Hezbollah tienen alguna responsabilidad. Canicoba Corral dijo que la pista iraní es una hipótesis y desde entonces no hubo nueva prueba que vincule al régimen iraní con Hezbollah. Lo último que hay es un dictamen que escribió Nisman. Nuestra conclusión es que Nisman hizo una serie de conexiones sin sustento de esa responsabilidad genérica pero que nunca se plasmó en ninguna conclusión desde el punto de vista jurídico. Durante 25 años no pudieron mostrar una sola prueba que justifique esa responsabilidad”.

La Comisión Provincial por la Memoria intervino en el caso de las detenciones arbitrarias por parte de la policía a estudiantes que se manifestaban por la aplicación de la ley que establece el boleto educativo.

Rodrigo Pomares, coordinador del área de Justicia y Seguridad Democrática de la CPM, manifestó que “se ha instalado una práctica derivada de la detención por averiguación de identidad o antecedentes y su regulación, que derivó en un uso más extendido de la resistencia a la autoridad como herramienta a la detención”.

“Tienen como herramienta no tomar declaración en las primeras horas, motivo por el cual una persona se pasa 24 o 48 horas en una dependencia policial. Son multipropósito, se las usa en manifestaciones públicas, cuando alguien quiere interpelar a la policía por la detención arbitraria, para el uso indiscriminado de la fuerza”.

Pomares explicó que “la presencia de personas en una manifestación en un lugar no constituye ningún delito sino un derecho que es el de peticionar a las autoridades. No es cualquier derecho sino que es la base del sistema republicano de gobierno. Es, constitucionalmente, el principio fundamental de la organización democrática, de ninguna manera pueden interferir en un acto así”.

El abogado señaló que “hay un aval generalizado del despliegue policial en los territorios que está acentuado en el control de determinados sectores, que suelen ser los sectores de los más jóvenes y los más populares que participan en acciones que confrontan a los poderes políticos”.

“Esto es con el apoyo de distintas órbitas políticas: provincia, nación y municipios que insisten en exacerbar una seguridad pública sustentada en un despliegue policial. Cuando uno delega esas tareas en el control policial, la policía lo hace con los manuales que tienen incorporados en sus rutinas de control territorial que son las prácticas violentas”, comentó.

Pomares concluyó que “nos preocupa el personal no identificable, que sea una práctica extendida que no tiene ninguna justificación, porque el personal policial que participa de una actividad pública lo hace -en el mejor de los casos- en prevención del delito no en el marco de una investigación que requiera algún tipo de tarea de inteligencia de civil. La realización de tareas de inteligencia está vedada por las leyes de Inteligencia y de Seguridad Interior”.

En la mañana de hoy se presentará la denuncia del grupo de estudiantes que sufrieron hostigamiento por parte de policías de civil así como los vejámenes a los que fueron sometidos dos estudiantes tras su detención arbitraria el martes 9 de julio, a doscientos metros de los festejos oficiales por la ceremonia oficial.

El abogado Leandro Aparicio señaló a FM De la Calle que lo ocurrido fue “muy grave. Los chicos describieron todo lo que pasó con precisión quirúrgica. Así va a ser presentado” en la denuncia. “Espero que se hagan las medidas de prueba que deberían haber sido solicitadas de oficio” para luego aguardar “que la fiscalía avance y dar comunicación a Asuntos Internos de la policía de la provincia de Buenos Aires”. A su vez, el letrado informó que lo llamaron en la mañana de ayer desde la Auditoria General de Asuntos Internos para pedir constancia de lo que había pasado.

Respecto del accionar policial, sostuvo que fue “totalmente ilegal e irregular. No solamente en el momento de la aprehensión sino después fue in crescendo hasta ser algo gravísimo: estamos hablando de un abuso sexual, estamos hablado de vejaciones, de tortura, de apremios ilegales en ese lapso de tiempo que fue bastante corto” entre la aprehensión y las primeras horas en la Comisaría Segunda.

“Estoy seguro que fue la movilización, las organizaciones la que impidió que esto se complique más. A veces en estos casos se le toma indagatoria al otro día” si no fuera por las organizaciones “esto no hubiera sido posible”.

“La fiscalía le dio la orden de libertad y no le formuló cargos. Pero puede ser que en el algún momento le llegue una notificación. No lo creo porque no tiene sentido, no tienen elementos y en definitiva es mucho más grave lo que pasó después que lo que se le pretendía imputar a ese chico”.

Como cuestión de fondo, Aparicio destacó que “lo que hay que visibilizar es que esto no es lo único que le pasó a los chicos sino la persecución que tuvieron por parte policía de civil que no es la primera y que se ha dado ya en otra circunstancias como con los familiares de Daiana Herlein y con los familiares e Katherine Moscoso”.

En este sentido, lamentó que lo hayan “sufrido los chicos pero es bueno que hayan creado una evidencia. Los policías se envalentonaron al ver que eran pocos y jovencitos. Ahora toda la sociedad puede ver cómo funcionan, cómo operan. Para que los policías hagan esto alguien los tiene que mandar”.

Leandro Aparicio, abogado de les estudiantes detenidos en el marco de una protesta por el boleto educativo gratuito, formalizará este jueves una denuncia por abuso de autoridad contra efectivos de la Comisaría Segunda.

“El que manda acá soy yo, me tuerce el brazo para atrás, el que estaba de civil. Me manda adentro y cuando voy caminando por el pasillo de la comisaría me dice ‘a los zurditos como vos, a los putitos, yo me los cojo, ahora qué te hacés el machito, ahora estamos solos, ahora qué vas a hacer'”, dijo a FM De la Calle, Jonathan Machuca en referencia al policía de campera gris en la foto. A la derecha, el comisario Andrés Biragnet.

El dirigente de la Coordinadora Estudiantil Artística fue detenido junto a Al, militante de la Federación de Estudiantes Secundarios. Fueron liberados por el reclamo de organizaciones de nuestra ciudad que se manifestaron durante el feriado frente a las comisarías Segunda y Primera.

“El accionar de ese policía de civil, el que me aprehende, hizo abuso de autoridad deteniéndome de forma muy violenta y accionando golpes contra mi dentro del patrullero. Ahora tengo un diente flojo, me pegó una piña, me torció los brazos. Al compañere de la FES  lo agarraron de los pelos, tiene rasguños en el brazo, lo metieron en el patrullero y ahí adentro nos decían que cuando lleguemos a la comisaría nos iban a recagar a palos. ‘A estos zurditos, los vamos a recagar a palos, qué se hacen los machitos con sus compañeros'”, comentó Machuca anoche durante el programa Descoordinades.

Al denunció: “Noté un acto bastante discriminativo por mi condición sexual, uno de los policías nos agredió verbalmente y en una de esas dijo zurditos putos, zurditos, bla bla bla. Cuando me fue a poner las esposas me apoyó su pene en la parte de atrás, lo puedo tomar incluso como acoso sexual, fue bastante evidente lo que hizo”.

Al, menor de edad, fue el primero en recuperar su libertad, su familia lo contuvo,”coincidió con mi convicción y entendió perfectamente la situación”.

“No desobedecí ninguna orden y nunca intenté lesionar a nadie como dice el acta. Resistencia a la autoridad es bastante ridículo porque me forcejearon entre cuatro o cinco personas, me agarraron del pelo, del cuello, tengo lastimada la muñeca izquierda”, comentó.

Agregó que el accionar policial evidenció también “el odio hacia la juventud: nos decían que teníamos qué estar haciendo ahí, que eramos unos irrespetuosos y demás. La misma juventud que estuvo luchando durante la dictadura por el boleto estudiantil gratuito sigue estando y vamos a seguir, a esto para nada lo voy a tomar como algo desmovilizador”.

La Comisión de Género, Sexualidades e Identidades Disidentes del Colegio de Trabajadores/as Sociales repudió el acoso sexual padecido por una de sus colegas por parte del delegado de Noroeste Juan Campos.

El viernes trascendió que una trabajadora social de la Delegación realizó la denuncia judicial y horas después el delegado solicitó una licencia al intendente.

“Exigimos que se destituya de forma inmediata a este funcionario público que claramente evidencia un actuar misógino y violento. Siendo sumamente importante sentar precedente ante futuras situaciones de acoso laboral y abuso de poder en todos los espacios”, señalan en el comunicado.

La titular de la Comisión, Fernanda Orozco, declaró a FM De la Calle que “debe haber un cumplimiento de la ley 26.485 -de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género- que no debe dejarse a la buena voluntad de los funcionarios sino que deben generarse protocolos en los espacios públicos”.

Desde el Colegio también repudiaron el accionar de los medios de comunicación: “Insistimos en que los medios aun continúan reproduciendo machismo a la hora de comunicar hechos que tengan como víctimas a mujeres y disidencias”.

“Este tipo de situaciones se dan a diario y las víctimas muchas veces no se animan a denunciar, los tiempos han cambiado y con ello la impunidad con la que siempre se han manejado. Es una responsabilidad de todos/as vivir en un sociedad sin ningún tipo de violencias”.

Orozco señaló que “debe generarse un espacio donde se pueda realizar la denuncia sin ningún tipo de implicancia laboral, en este caso un trabajador en cualquiera de todas las formas laborales, sabemos que el Estado tiene muchas personas en situación de precarización”.

La Cámara Federal procesó con prisión preventiva al ex titular de la Cruz Roja, Humberto Luis Fortunato Adalberti. La Fiscalía lo imputó a partir de testimonios que lo ubicaron en el centro clandestino de detención La Escuelita en su rol de médico militar.

El órgano judicial revocó, además, el sobreseimiento de los ex secretarios del Juzgado Federal Hugo Mario Sierra y Gloria Girotti, quienes continuarán siendo investigados por su participación en el terrorismo de Estado.

“Adalberti era uno de los médicos militares del Hospital de Evacuaciones 181. Era una estructura chica respecto a los militares que tenían especialidad de médico y dentro de la misma siempre se supo, por reconocimiento de alguno de los de mayores jerarquías de esa unidad, que la prestación de asistencia médica al centro clandestino La Escuelita la realizaban desde allí”, dijo a FM De la Calle el fiscal auxiliar Pablo Fermento.

Recordó que “son conocidos los casos del enfermero (Adalberto Osvaldo) Bonini, a quien mencionaron muchos testigos como la persona que llevaba los medicamentos y siempre se supo que (Raúl Eduardo) Mariné era el que dirigía ese rol criminal y que uno de los médicos era (Jorge Guillermo) Streich, ambos se encuentran fallecidos”.

“En el caso de Adalberti, esta Fiscalía lo había imputado en su momento, es otro de los capitanes médicos junto a Streich, como la otra persona que concurría a La Escuelita a tratar a enfermos. Esto se pudo reconstruir, sobre todo, en base a la declaración de algunos conscriptos que en aquel momento prestaban servicio y que, por el hecho de ser médicos, estaban afectados al hospital y pudieron hablar y percibir esta dinámica. Incluso a alguno de ellos le ordenaron ir a La Escuelita en una situación, se negó y fue sancionado”.

El Juzgado Federal requirió a la Fiscalía que defina la situación de imputados a quienes se le había otorgado la falta de mérito.

“A partir de declaraciones testimoniales que se recibieron en los últimos juicios se habían despejado dudas que quedaban sobre Adalberti, que fue uno de los apuntados ya desde los Juicios por la Verdad como uno de los médicos que hacía esta tarea”, dijo Fermento. Por ello, se solicitó el procesamiento del cirujano.

La Unidad Fiscal solicitó además la ampliación del procesamiento del enfermero Bonini, quien espera ser juzgado por la desaparición de Julio Infante. Ahora se le reprocha su intervención en el centro clandestino.

En el caso de Sierra y Girotti el fallo de la Cámara no significa su procesamiento “sino que se revocó el sobreseimiento que de haber quedado firme impedía seguir insistiendo con esas imputaciones”.

“La Fiscalía tiene varias líneas de investigación en curso y, en función de eso, va evaluando ampliar imputaciones o insistir con imputaciones que no prosperaron en el pasado, como el caso de Adalberti”, explicó Fermento.

La empresa Dow difundió anoche las primeras imágenes del sector de la planta Craker 2 que explotó el viernes pasado y causó conmoción en Ing. White y Bahía Blanca.

El registro de fotos y videos en el lugar había sido impedido en primer término a bomberos y a algunos periodistas que fueron invitados a recorrer el sector el lunes. La empresa adujo “cuestiones de seguridad”.

Sin embargo, sí pudieron hacerlo el fiscal Christian Aguilar y el juez Guillermo Mércuri durante la inspección ocular que realizaron el domingo para dilucidar si hubo daño a trabajadores o bienes de terceros y, en consecuencia, se configuró delito durante el incidente.

Horas después de la explosión, Dow informó que se trató de “un acontecimiento sonoro sin presencia de fuego”. El fin de semana, la empresa publicó una solicitada en la cual sostuvo la minimización de la gravedad del episodio y agregó que lamentamos profundamente lo sucedido y pedimos sinceras disculpas”.

El fiscal de Delitos Culposos Cristian Aguilar investiga si existió algún delito alrededor de la explosión ocurrida en Dow el viernes pasado. Esta mañana informó que busca determinar si “hubo o no riesgo cierto, no potencial, de afectación de bienes y personas”.

“No cualquier explosión es un delito penal, de lo contrario serán infracciones administrativas. La Fiscalía no controla la actividad de las empresas del polo, esa no es función del fiscal ni del Poder Judicial. Eso atañe al poder estatal, en este caso, a lo administrativo. La investigación de la Fiscalía es cuando el hecho ya acaeció”, comentó.

La intervención judicial de oficio la inició Marcelo Romero Jardín, quien se encontraba de turno al momento del episodio que alertó a Bahía Blanca. Durante el domingo, Aguilar y el juez Guillermo Mércuri -subrogando a la jueza de Garantías Susana Calcinelli- realizaron una inspección ocular junto a peritos de la UNS.

Aguilar manifestó que “no hubo escape de amoníaco, lo que hubo es una explosión de vapor y agua. No hay verificada la existencia de personas muertas o heridas. Incendio o explosión es la denominación técnica del delito”.

Santiago Maíz, secretario de Extensión, Investigación y Convenios del Departamento de Ingeniería de la UNS, destacó que lo que explotó fue “agua a elevada temperatura con lo que se producen dos productos de Dow, hubo un radio de expansión de 40 metros para la zona más alejada y de 10 metros par la zona más cercana”.

“El tanque está totalmente destruido. Pedimos los datos de los registros, era un tanque de tres metros de alto por uno de diámetro. Se ve la chapa abierta completamente. La tapa del mismo tanque estaba ubicada a 40 metros. Estaban destrozados diferentes aparatos cercanos al recipiente”.

¿Qué es la sobrepresión?

Maíz explicó que “ese tanque almacena el vapor que se condensa en las cañerías y lo vuelve a recircular. Pasó la presión de trabajo varias veces y explotó. Nos tienen que pasar los registros de las válvulas, los planos de la planta. La sobrepresión se ha llevado a cabo por alguna válvula que no funcionó. Lo que vimos es un registro que nos mostraron y se ve que la presión se elevó en cuestión de minutos”.

Aguilar insistió en que “para que sea delito se requieren diversas situaciones: que existan lesiones u homicidio. Si esto no ocurre, se requiere una afectación indeterminada de bienes y a personas. Daño ambiental es otro tipo de delito. Es necesario acreditarlas”.

El ingeniero Maíz comentó que, “por lo que pudimos averiguar, con el apagón del domingo anterior la planta se paró y se volvió a comenzar el ciclo que fue lo que derivo en la explosión. Seguramente en esa parada hubo que hacer alguna tarea operativa para el arranque y pudo haber fallado alguna válvula pero todavía no está clara la causa de la explosión”.

Las fábricas de cerámica recuperadas Zanón (hoy Fasinpat), CerSinPat y la Cerámica Neuquén (Cooperativa Confluencia) presentaron un amparo en la justicia neuquina para que Camuzzi no les corte el gas.

Su abogado, Mariano Pedrero, comentó a FM De la Calle que “lo que dice (la empresa) es que tiene que haber un proveedor de gas. A diferencia de un usuario común que paga el consumo y transporte hasta el domicilio, en la fábrica esto se separa, uno paga a Camuzzi el transporte y cada fábrica tiene que conseguir un proveedor”.

“Está muy difícil conseguir a alguien que pueda vender gas a precios razonables. Saltó diez veces la cifra en Zanón, pasó de una factura de 1 millón de pesos a una de más de 10 millones. Es imposible. Lo que decimos es que hay que abonar una tarifa subsidiada para afrontar el pago”.

Pedrero explicó que “de la noche a la mañana sale el Enargas con esta resolución, el brazo ejecutor es Camuzzi, y dicen que como no se ha conseguido un proveedor de gas van a ingresar a las plantas a cortar el suministro. Y en una fábrica de cerámica sin gas no hay producción, sin producción no hay fuentes de trabajo. Estamos hablando de centenares de familias”.

“Estamos dando la pelea. Solicitamos una mesa de diálogo y una reunión para encontrar una solución. Las fábricas no se pueden cerrar, las fuentes de trabajo no se pueden perder. Que nos vendan el gas a un precio razonable. En la provincia donde está la segunda reserva de gas del mundo no puede ser que digan que no hay un proveedor de servicio subsidiado para cooperativas de trabajo. Son empresas que hace muchos años que viene peleando contra la desocupación, que enfrentaron a las patronales y que con muchísimo esfuerzo siguen produciendo”, comentó el abogado.

FaSinPat es gestionada por sus trabajadores/as hace 20 años, Cerámica Neuquén 5 y CerSinPat 10. “Este ejemplo tiene una significación profunda porque es una muestra y una esperanza que se le da a compañeros y compañeras que hoy son los sujetos en los cuales se descarga la crisis”.

“Vemos cómo aumenta la desocupación y la pobreza. Contra eso no hay que resignarse y hay que luchar. Hay que ponerse de pie. Los trabajadores nos organizamos, nos ponemos de acuerdo, podemos impedir los cierres, seguir manteniendo las máquinas prendidas y la esperanza de que se puede llevar el plato de comida trabajando autogestionadamente y sin patrones”.

El abogado de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría, Lucas Beier, destacó el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones que ordenó diagramar un plan de inversiones para frenar la contaminación del estuario.

“Compensa el mal golpe del año pasado cuando la jueza (Gabriela) Marrón decía que la pericia no era suficiente para tomar una medida. Nosotros decíamos: ¿qué otra prueba más se puede llegar a necesitar? La Cámara dice lo contrario, que la pericia es suficiente, que tratándose del medio ambiente y que está en juego la salud pública no se necesita tanto ritualismo y hay que tomar una medida”, afirmó en FM De la Calle.

La máxima autoridad judicial bahiense ordenó que el fiscal Santiago Ulpiano Martínez coordine la mesa a integrar con las empresas denunciadas, los pescadores artesanales, la Municipalidad, el Consorcio del Puerto, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, la Autoridad del Agua y los organismos especializados intervienen en la causa.

La Cámara tuvo en cuenta los anuncios de ABSA sobre el avance de la obra de planta de tratamiento de líquidos cloacales de la Tercera Cuenca y recordó la alternativa de reutilización para uso industrial.

“Es una propuesta que viene de hace años, la hemos planteado y ABSA es bastante reticente. No sé si por cuestiones políticas o económicas. La idea sería la reutilización de esa agua y la no utilización del agua del dique. Con una orden de la justicia que dice que tiene que disminuir los residuos ya no va a ser una decisión únicamente de ABSA”, dijo Beier.


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En cuanto a la tecnología que podría aplicarse para un mejor control, el abogado comentó que lo que los expertos de la UBA sugerían era “poner un caudalímetro que controle de forma constante y no una vez por mes, como se hace ahora”.

Respecto a la continuidad de la causa, más allá del plan de inversiones, la querella considera que no hay nada más para investigar. “Tenemos bien identificado cuáles son las empresas del polo que arrojan los desechos, qué desechos arrojan y con la pericia acreditamos el peligro: el delito es poner en peligro la salud pública”.

Mientras tanto, en el fuero civil, el juez Agustín López Coppola se apresta a abrir la instancia de alegatos. A fines de mayo recibió informes de las defensas. Para Beier, las conclusiones fueron “un papelón”.

“Me causaba indignación leer a los peritos de Bahía, principalmente del IADO, del Conicet local. Que hayan presentado ese tipo de informe donde, por ejemplo (Jorge) Marcovecchio, expresamente pone que es potencialmente imposible que las empresas del polo petroquímico contaminen el estuario, después de toda la prueba que hay, genera una indignación terrible”, afirmó.

El empresario Sergio Favretto, acusado por la estafa habitacional de DyF, fue detenido días atrás en la ciudad brasilera de Belo Horizonte. Se mantenía prófugo de la justicia bahiense desde 2015.

“Básicamente este hombre lo que hacía eran proyectos constructivos a través de fideicomisos. A partir de ahí vendía unidades funcionales, viviendas, los cobraba y no los entregaba”, dijo a FM De la Calle el abogado Maximiliano Gorg.

Explicó que técnicamente “hacía era una administración fraudulenta de los fondos, estafas y asociación ilícita que es lo que se le imputa. Estamos entre los 800 y 1000 afectados de Bahía Blanca. Esta persona es responsable en gran parte del déficit habitacional”.

“Fueron muchas viviendas las que no entregó. Esta gente tuvo que salir a alquilar o se tuvo que ir a vivir a donde pudo, con familiares, etcétera. Gente que vendió sus casas, departamentos, que invirtió los ahorros de toda la vida para pagar las casas. Estaban jugando con el deseo de la gente. En algunos casos vendían departamentos que no solo no estaban hechos sino que los terrenos no estaban ni a nombre del fideicomiso”.

Los abogados Benedicto Rafael Díaz Flaqué y Roberto Daniel Carmona fueron condenados a 9 de prisión por la misma causa. Tras conocerse la sentencia ambos se profugaron. Díaz Flaqué fue detenido en marzo en un operativo de tránsito en Capital Federal.

“Toda la investigación en lo que es testimonial y prueba documental ya está zanjada, falta que venga aquí, se le tome la indagatoria y cuando no declare -por lo que imagino- llegará la requisitoria de elevación a juicio”, señaló Gorg quien señaló que Favretto podría recibir una pena de entre 15 y 20 años.

Por último, el letrado destacó la intervención del fiscal Rodolfo de Lucía: “Desde que tomó las riendas del asunto hemos tenido un juicio oral y condena contra los abogados, la orden de detención, la detención de uno de ellos y ahora la detención de Favretto. Vemos que la causa está activa. Es una satisfacción poder felicitar a la Fiscalía”.