Este lunes se realizaron las entrevistas personales en el Concurso 293 que tramita el Consejo de la Magistratura para cubrir el cargo de titular en el Juzgado Federal de Bahía Blanca. Entre lxs postulantes estuvo Álvaro Coleffi, el secretario que avanzó con la causa contra Vicente Massot y otros civiles por crímenes de lesa humanidad hasta ser exonerado por el camarista Néstor Montezanti, hoy suspendido en su cargo como juez y docente de la UNS e imputado en la causa Triple A.

También se destaca la participación de la subrogante Ana María Araujo, hija y guardadora del represor procesado Ricardo Oscar Araujo, quien se desempeñó como comandante del Batallón de Comunicaciones N° 1 de la Armada Argentina desde el 29 de diciembre de 1975 al 6 de enero de 1977. El genocida Oscar Castro, ex jefe de uno de los grupos de tareas navales, supo destacar la intervención del marino en “las operaciones de lucha contra la subversión” como “sobresaliente, habiendo organizado y adiestrado su unidad para estas tareas con elevada eficiencia”.

Completan la lista de candidatxs entrevistadxs: lxs secretarixs fiscales María Kairuz y Rodolfo Javier Murillas, el juez en lo Contencioso Administrativo Agustín López Coppola, el secretario del juzgado federal de Bariloche Walter Ezequiel López y el abogado penalista Fernando Gabriel Zarabozo.

Las preguntas sobre las cuáles giraron las consultas fueron la opinión personal de lxs postulantes acerca de la calificación legal del delito de abuso sexual en el marco de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar; el tratamiento que debería otorgarse a la participación de los civiles y los funcionarios del Poder Judicial en los juicios por delitos de lesa humanidad; la competencia en materia de accidentes de trabajo del personal de universidades nacionales; las distintas hipótesis que prevé el artículo 12 de la Ley de Cooperación Internacional en materia penal y la situación jurídica de los animales en punto a si pueden ser considerados como sujetos de derechos.

En las entrevistas estuvieron presentes lxs consejerxs Gabriela Alejandra Vázquez, Leonidas Moldes, Miguel Piedecasas y Jorge Daniel Candis. El próximo paso procedimental consiste en la elaboración del orden de mérito definitivo y la terna que una vez aprobada por la Comisión de Selección será sometida a consideración del Plenario.

El orden de mérito provisorio establecido a mediados de junio habia sido el siguiente:

1. Álvaro Sebastián Coleffi: 142,50 puntos;
2. María Kairuz: 139 puntos;
3. Ana María Araujo: 138,75 puntos;
4. Santiago Ulpiano Martínez: 138 puntos;
5. Rodolfo Javier Murillas: 136 puntos;
6. Walter Ezequiel López Da Silva:134,50 puntos;
7. Nair Elizabeth Ruppel: 131,80 puntos,
8. Fernando Gabriel Zarabozo: 124 puntos;
9. Agustín López Cóppola: 121,75 puntos;
10. Enrique Alfredo Rocha: 119,31 puntos;
11. Silvia Mónica Fariña: 119 puntos;
12. Rafael María Mathé: 118,75 puntos;
13. Matías Oscar Zanona: 108,50 puntos, y
14. Cinthya Carolina Thompson: 79,20 puntos.

Al parecer, el plan nacional de desarme no ha calado hondo en la justicia de Bahía Blanca. Santiago Ulpiano Martínez, el apenas secretario letrado que hasta junio pasado subrogaba el juzgado federal 1 de Bahía y tenía bajo su guarda a todos los aproximadamente 70 represores bahienses, mantenía a más de una docena de ellos detenidos en sus casas y con armas cargadas en el placard. Quedaron al descubierto el mes anterior, cuando Alejo Ramos Padilla, el juez subrogante que reemplazó a Martínez, cruzó los nombres de los reclusos que tenían detención domiciliaria con el registro de portadores de armas que lleva el R.E.N.A.R.

Así comprobó que dieciséis detenidos por violaciones a los derechos humanos en la ciudad portuaria del sur gozaban de ese riesgoso privilegio. Expeditivamente, ordenó los allanamientos, pero los resultados no fueron los mejores: sólo en cinco de los dieciséis casos las fuerzas de seguridad dieron con las armas de fuego que los reos habían declarado tener. El panorama fue detallado en un informe que el juzgado incorporó a un incidente de la causa 15000005/2007, al que accedió Infojus Noticias.

Santiago Ulpiano Martínez y el abogado Claudio Pontet fueron apartados por el Consejo de la Magistratura en junio de este año, denunciados por poner palos en la rueda de los juicios por delitos durante la última dictadura y por fallos exprés favorables para algunos sospechosos de fuste como el empresario mediático Vicente Massot. Cuando Ramos Padilla asumió la subrogancia, encontró al juzgado en una situación alarmante: los plazos de muchas prisiones preventivas y sentencias estaban vencidos, había indagatorias pendientes hasta de dos años antes, y se encontraron más de 40 panes de droga en la terraza del juzgado y más de ochenta pistolas, revólveres y escopetas, algunas con municiones, sueltas por el despacho.

Pero el caso de los condenados o procesados por crímenes en la última dictadura fue la gota que rebalsó el vaso. Ramos Padilla ordenó quitarle las armas y revocar la prisión domiciliaria, excepto a quienes por su estado de salud tienen razones de fuerza mayor. Tener armas, “acredita objetivamente un incremento de envergadura de los riesgos procesales, ya sea de entorpecimiento de la investigación o del peligro de fuga”, concluye el magistrado.

Los cinco presos armados

Raúl Oscar Otero era un oficial del Batallón de Comunicaciones 181 que lideraba la compañía de Combate. Tenía bajo su mando un grupo de soldados especialmente entrenados para la “lucha contra la subversión”. Entre sus hombres más certeros, estaba el subteniente Videla y un cabo primero de apellido Peralta a quien apodaban “el loco de la guerra” porque siempre estaba lleno de armas entre sus ropas. Otero tenía la credencial de Legítimo Usuario vencida, y estaba inhabilitado desde el año 2013 por el R.E.N.A.R.

El ex cabo José Marcelino Casanovas fue detenido en noviembre de 2013 en la ciudad patagónica de Zapala, acusado de varios secuestros agravados y un homicidio. La fiscalía federal de Bahía Blanca le imputa, además, haber ejercido violencia sexual sobre una mujer secuestrada. Entre las armas que tenía en su poder, había una Bersa calibre 22 con balas en la recámara. El R.E.N.A.R. no había hecho la inhabilitación preventiva.

Alberto Magno Nieva, ex Sargento de Infantería del Quinto Cuerpo de Ejército, integró el “Equipo de combate” y está procesado, además de por secuestros y torturas, por el homicidio calificado de Luis Alberto Sotuyo, Dora Rita Mercero de Sotuyo, Roberto Adolfo Lorenzo y Nancy Griselda Cereijo. Desde 1976 hasta 1978, obtuvo 100 puntos sobre 100 en los informes de calificaciones firmados por los generales René Azpitarte y José Antonio Vaquero: tenía muy buena puntería. El conscripto Norberto Cevedio lo oyó decir —y lo declaró en la justicia— que “había limpiado” a Sotuyo y por eso no quería ser visto por los familiares de la pareja que iban al V Cuerpo de Ejército buscando información sobre su destino. Nievas, con un estado de salud estable, tenía una credencial de legítimo usuario vencida desde 2002. Una de las armas registradas no fue hallada mientras revisaban su casa y tenía un arma Ballester calibre 22 cargada.

Walter Bartolomé Tejada fue condenado a prisión perpetua el 6 de noviembre de 2012. Se le probó ser responsable de sustracción, retención y ocultamiento de menores; cientos de privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos y homicidio calificado por alevosía de tres personas. No tenía credencial de legítimo usuario y estaba inhabilitado por el R.E.N.A.R. desde el año 2013.

Pedro José Noel es un oficial retirado de la Policía Bonaerense que fue apresado en febrero de 2012. Hasta 2011 había tenido trabajo: era el director de la Biblioteca Popular “José Hernández” de la localidad de Cerri, cercana a Bahía Blanca. Al igual que Casanovas, Noel fue acusado por haber ejercido violencia sexual sobre dos mujeres. El hombre tenía una credencial de legítimo usuario vencida desde 2005, y estaba inhabilitado por el R.E.N.A.R. Una de las armas que le encontraron —una Taurus calibre 38— estaba lista para disparar.

Los once que “no las tenían”

Los once presos restantes, ensayaron excusas más o menos insólitas para explicar por qué no tenían las armas declaradas. A seis de ellos —Juan Manuel Bayón, Oscar Lorenzo Reinhold, Mario Alberto Gómez Arenas, Gustavo Abel Boccalari, Vicente Antonio Forchetti, Luis Alberto Farías Barrera—, les revocaron sus prisiones domiciliarias. Bayón —condenado a prisión perpetua— y Gómez Arenas respondieron varios días más tarde, a través de sus abogados, que las armas estaban bajo la custodia de sus hijos.

Boccalari mostró un documento privado, de un traspaso informal de las armas a la casa de su garante. A Forchetti, que está alojado en el penal de Ezeiza y pidió la prisión domiciliaria, será difícil que se la acepten. Farías Barrera jura haber extraviado cinco armas de fuego registradas a su nombre, pero ni siquiera hizo la denuncia. Reinhold ni siquiera se molestó en dar explicaciones.

Los otros cinco mantuvieron sus prisiones domiciliarias. Luis María Delaico explicó que sus armas fueron secuestradas por el Juzgado de Instrucción 26 de la C.A.B.A. Enrique Braulio Olea demostró que una inhibición general de bienes del Juzgado Federal n° 2 de Neuquén le impide traspasarlas. José María Martínez devolvió sus tres revólveres a la Delegación Bariloche del R.E.N.A.R. Osvaldo Antonio Laurella Crippa se acogió a la entrega voluntaria del Programa Nacional del R.E.N.A.R. Y Carlos Andrés Stricker aportó documentación que prueba que entregó las suyas al R.E.N.A.R.

Fuente: InfojusNoticias.

Foto: Sol Vázquez.

Días después que el Tribunal Oral Federal bahiense absolviera a Juan Suris y una decena de personas imputadas por tráfico de drogas gracias a una deficiente investigación y mal uso de las escuchas telefónicas, el juez correccional José Luis Ares advierte que “el problema con los narcotraficantes no es si se los castiga con veinte años de prisión o con perpetua, el problema es que no se los atrapa, y sólo caen los que se dedican a la venta de droga al menudeo, que serán reemplazados de inmediato; o peor aún, los adictos que son víctimas y necesitan ayuda y no represión, como lo ha puesto de resalto la Corte Nacional”.

“Los publicitados secuestros de drogas sólo representan el 10 % del total que se trafica. Entre otras cosas es necesario cortar el circuito económico del narcotráfico mediante el estricto control del lavado de activos”, sostiene el profesor de Derecho Procesal Penal (UNS)y agrega que “se puede inundar las ciudades de policías pero si no se los capacita adecuadamente ni se ataca decidida y sistemáticamente la corrupción, nada se logrará”.

“Yo veo el futuro repetir el pasado.
Yo veo un museo de grandes novedades”.
“El tiempo no para”, Cazuza (1958-1990).

Así como un Estado debe tener una política seria, coherente y  a largo plazo en materia económica, sanitaria o educativa, también debe poseer una política criminal, es decir un conjunto de medidas que se deben implementar para la lucha contra el delito. Se trata de un manojo de decisiones y de normas, a fin de poner en acción instrumentos y estrategias con objetivos a mediano y largo plazo. Así como el delito es multifacético, multicausal y dinámico, también dinámicas deben ser las políticas públicas en esta materia. No es lo mismo el robo a un comercio por  parte de un solitario ladrón que la sustracción organizada de automotores para comercializar sus autopartes; no es lo mismo la violencia de género que el tráfico de drogas ilegales.

Si bien no se encuentra incluido estrictamente en las decisiones de política criminal, es necesario revertir la pobreza y la marginación, a través de la inclusión, el trabajo y la educación. Sin embargo, el fenómeno delictivo no es un asunto inherente a la pobreza, sino que la criminalidad a gran escala está organizada por sectores que no pertenecen precisamente a los guetos marginales, contando en muchos casos con protección o complicidad activa oficial. Por eso, las decenas de mercados ilegales se pueden y se deben atacar de muchas maneras no estrictamente penales, como por caso a través de controles administrativos, aun cuando el delito se vaya “corriendo”, pues el delincuente busca la impunidad y la actividad que resulte más sencilla, más rentable y menos riesgosa.  Por ejemplo, si se controlan estrictamente los desarmaderos suelen reducirse los robos de automóviles; es una obviedad que si nadie comprara televisores o celulares  de procedencia dudosa, disminuirían los robos de estos objetos pues no habría donde colocarlos, y esto se relaciona con  problemas éticos y de educación.

Alberto Binder sostiene que a falta de políticas de seguridad se desarrollaron estrategias de doble pacto. Es decir, un primer pacto de la dirigencia política con las fuerzas de seguridad,  y un segundo pacto de éstas con organizaciones o sectores criminales para mantener cierto equilibrio, permitiendo la gobernabilidad y obteniendo beneficios. Según el mismo autor, esto se ha vuelto impracticable, entre otras razones, porque la policía no puede asegurar ya el control territorial de la criminalidad. Otra de las disfunciones consiste en la autonomía de las fuerzas policiales, sin efectiva conducción política.

A falta del diseño de una política criminal seria, constante en sus grandes líneas pero dinámica en atención a la mutación del delito, desde ciertos sectores políticos, en especial en tiempos electorales, se simplifican las cuestiones y se proponen soluciones sencillas para problemas complejos, tales como la baja de la edad de imputabilidad, el aumento de penas, la restricción de la excarcelación, más policías, patrulleros y cámaras de video vigilancia.

El aumento de penas ya se implementó varias veces, en especial con las “leyes Blumberg” de 2004. ¿Hasta dónde se puede llegar?, ¿hasta que casi todos los delitos tengan la pena del homicidio?, ¿hasta que todo delito grave se  castigue con prisión perpetua? Al margen que ello violaría la Constitución, ya el Marqués de Beccaria -en el siglo 18- escribía: “la certeza de un castigo, aunque éste sea moderado, hará siempre mayor impresión que el temor de otro más terrible pero unido a la esperanza de la impunidad…”. El problema con los narcotraficantes no es si se los castiga con veinte años de prisión o con perpetua, el problema es que no se los atrapa, y sólo caen los que se dedican a la venta de droga al menudeo, que serán reemplazados de inmediato; o peor aún, los adictos que son víctimas y necesitan ayuda y no represión, como lo ha puesto de resalto la Corte Nacional. Los publicitados secuestros de drogas sólo representan el 10 % del total que se trafica. Entre otras cosas es necesario cortar el circuito económico del narcotráfico  mediante el estricto control del lavado de activos.

La muletilla de la “puerta giratoria” no tiene correlato con la realidad; se han construido nuevas cárceles y éstas desbordan de presos, con serias deficiencias, afectando la dignidad de las personas y sin que la mayoría de los internos pueda acceder al trabajo y a la capacitación, que aleja la probabilidad de recaída en el delito (véase al respecto el documento de la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires, “Aspectos salientes de la problemática penitenciaria en la Pcia. de Bs. As.”, junio de 2015, en www.reddejueces.com). En realidad, existe un abuso de la prisión preventiva de presuntos inocentes, generalmente de sectores vulnerables, que piden fiscales y otorgan jueces y no por cierto de  delincuentes de “cuello blanco” (expresión acuñada por Edwin Sutherland).  Esto ha sido puesto de resalto por el Papa Francisco en cuanto aludiera  a la forma abusiva de la detención preventiva previa a la condena como adelanto de pena.

La  rebaja en la edad para perseguir a los menores es otro fuego de artificio  de mercadotecnia, pues la intervención de adolescentes de 14 y 15 años en delitos graves resulta insignificante, y los de 16 ya son punibles. Asimismo, el procesar a un menor no implica mandarlo a la cárcel pues -por mandato de normas constitucionales-  la prisión resulta la última opción y por el más breve plazo. Por otro lado, varios de los países más violentos de nuestro continente han fijado la edad de persecución penal en 12 años, sin ningún resultado en los índices delictivos (ej. Venezuela, Honduras, El Salvador, México).

Se puede inundar las ciudades de policías pero si no se los capacita adecuadamente ni se ataca decidida y sistemáticamente la corrupción, nada se logrará. La prensa ha acuñado el neologismo “narco-policías”, refiriéndose especialmente a los escandalosos casos de altos jefes cordobeses y santafesinos. Sin ir tan lejos, ¿no tuvimos en esta ciudad a los “comisarios del millón de dólares” condenados por sentencia firme?, ¿alguien podría poner en duda que ese dinero era la paga por protección e impunidad, y que se repartiría en otras esferas? Existe también, muchas veces, deficiencias y demoras en las investigaciones criminales (con enormes dosis de hechos graves no esclarecidos), excesiva delegación en la policía, y  afectación a la duración razonable de los procesos, especialmente en los tribunales superiores.

En definitiva, creo que  el diseño de políticas públicas en materia de seguridad es una tarea ardua y compleja que requiere de la intervención  de personas especializadas y experimentadas. Es necesario contar con información fidedigna del fenómeno delictivo en los distintos lugares y en sus diversas modalidades; se requiere planificación, coordinación y control para evitar abusos y asegurar eficacia. Resulta imprescindible, finalmente, coordinar los distintos niveles, sin olvidar el sensible problema carcelario y la inserción social del expresidiario.

Los argentinos no deberíamos dejarnos engañar nuevamente. No hay soluciones mágicas ni sencillas para problemas complejos; no se puede hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Más prisión no es más seguridad, sino lo contrario. Existe una tensión permanente entre el Estado de policía y el Estado de Derecho, que es ni más ni menos que cumplir la constitución, el reglamento del juego democrático. Es falsa la contradicción entre garantías y eficiencia. Se puede ser eficiente en la prevención y represión del delito sin desmedro de las garantías que resguardan a la persona humana, y asegurándose, a través de múltiples controles, que se condena con absoluta certeza al culpable.

Diez días hábiles. Ese es el lapso que tiene el suspendido magistrado Néstor Montezanti para contestar y, a la vez, ofrecer prueba que refute las acusaciones en su contra, luego de haber sido notificado sobre su juicio político. Además, podrá realizar otro tipo de presentaciones aunque, por el momento, Montezanti –que presidía la Cámara Federal de Bahía Blanca– no recusó a ninguno de los integrantes del tribunal que deberá juzgarlo.

“Ayer se notificó al juez acusado del traslado de la acusación y tiene diez días hábiles para contestar los cargos y ofrecer prueba”, explicaron fuentes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a Infojus Noticias. También se conocieron los nombres de los abogados que el juez designó para su defensa: se trata de Ignacio Irigaray y de Gastón Yaryura Tobias.

Irigaray fue uno de los abogados del fiscal de Saavedra, José María Campagnoli –el otro era Ricardo Gil Lavedra–, en el juicio político inconcluso que se llevó adelante contra Campagnoli en el Ministerio Público. Ahora, ya aceptó oficialmente el cargo para representar a Montezanti, mientras que Yaryura Tobias no lo hizo aún pero puede hacerlo “en cualquier momento”, explicaron.

Desde el tribunal, indicaron que según los tiempos que se manejan, el debate podría iniciarse en diciembre próximo. Hay que recordar que según el artículo 115 de la Constitución Nacional el Jurado de Enjuiciamiento tiene 180 días para emitir una sentencia en el proceso.

El 10 de septiembre pasado, el Consejo de la Magistratura suspendió y envió a juicio político a Montezanti por mal desempeño en sus funciones. El magistrado está acusado de haber pertenecido a la Triple A y de haberse desempeñado como agente de inteligencia durante la última dictadura.

El dictamen que lo envió a juicio político le endilga al magistrado “haber desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los Derechos Humanos” y la “falta de idoneidad moral y de vocación democrática”. Además del hecho de “haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes” e incluso con los consejeros.

La semana pasada, el juez federal Alejo Ramos Padilla le prohibió la salida del país a Montezanti en la causa en la que está siendo investigado por delitos de lesa humanidad, ocurridos en la última dictadura cívico–militar.

Entre otras cosas, a Montezanti se lo investiga por su participación en el secuestro, privación ilegítima de la libertad, amenazas y secuestro de Jorge Omar Riquelme Esparza, en 1977. Riquelme Esparza trabajaba en el Hospital municipal de Bahía Blanca como enfermero hasta donde llegaron policías y miembros del Ejército que se lo llevaron al Comando del Ejército.

Allí, fue interrogado sobre su ideología y sus contactos y habría sido obligado a punta de pistola por el entonces abogado apoderado de UOM –el hoy juez Montezanti–, quien le habría hecho firmar unos documentos. Abogado por aquellos años, Montezanti tenía entre sus clientes a las 62 Organizaciones Peronistas, el movimiento sindical de la ortodoxia del PJ.

El viernes de la semana pasada juraron los últimos miembros que faltaban y el tribunal para juzgarlo quedó formalmente constituido. Ésta está integrado por los jueces Miguel Caminos, del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3; y Otmar Osvaldo Paulucci, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Rosario N° 1; las senadoras Sigrid Elisabeth Kunath (FpV) y Silvia Elias de Pérez (UCR); los diputados Alejandro Abraham (FpV) y María Soledad Carrizo (UCR); y el abogado Santiago Pini.

Lucas Vaca integra la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, la cual desde hace dos años impide con un acampe la construcción de la planta de granos de Monsanto más grande de Latinoamérica. “Hay tantas Malvinas Argentinas que no sabíamos bien a cuál iba a ir, en qué ciudad se instalarían. Empezamos a buscar información y encontramos cosas positivas, como la oportunidad de empleos. Cuando empezamos a profundizar, las cosas empeoraron. Comenzaron los aprietes, las presiones, luego la represión. Desde el Municipio no saben nada, no nos dan respuestas”, dijo Vaca a FM De la Calle.

“Queríamos saber con profundidad, solo eso.  Desde Monsanto siempre fueron negativas y con respecto al municipio y al Concejo Deliberante, las respuestas solo fueron que los permisos estaban. Nosotros sabemos más que ellos”, afirmó Vaca.

El asambleísta comentó que “los inicios fueron de vecinos auto-convocados, se sumaron más de 300, ahí las presiones aumentaron. Tuvimos ocho represiones, una compañera casi pierde la vida”, sumó, “por suerte otras agrupaciones nos están acompañando”.

A modo de reflexión, Lucas Vaca se lamentó la segmentación que esto ocasionó en el pueblo a razón de la tentación económica que puso sobre la mesa la empresa. “Han generado una división, están tratando de comprar al pueblo. Nos miramos entre nosotros como si fuéramos enemigos”.

“Queremos evitar que siga el deterioro de la salud del pueblo. Mi hermana perdió un hijo por esta problemática, somos un pueblo fumigado con agrotóxicos, por eso le decimos NO a Monsanto”. Vaca manifestó la postura de los vecinos y añadió, “independientemente del partido político que esté o del que suba, esto es una cuestión de la salud y de la vida”.

Para comprender los delitos sexuales en los campos de concentración debemos saber que “la familia fue el pilar social y blanco privilegiado de la lucha contra la subversión”, afirmó la abogada querellante Mónica Fernández Avello durante su alegato en el juicio Armada Argentina – BNPB. La “reorganización” nacional genocida incluyó la revisión de la vida familiar “como uno de los pilares de continuidad de la existencia social y del mantenimiento de nuestros valores occidentales y cristianos”.

La representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación expresó su “satisfacción por la madurez y responsabilidad” del tribunal que interpretó la violencia sexual como crímenes de lesa humanidad y adhirió al pedido de ampliación de la imputación realizado por la Fiscalía contra la mayoría de los represores. Resaltó la palabra de las víctimas por “la enorme valentía y entereza” de recordar situaciones traumáticas, no solo ante el jurado sino -en muchos casos y por primera vez- ante sus propios familiares.

“El abuso sexual a las mujeres formó parte del plan sistemático, generalizado y continuo. Y aunque no podemos afirmar que ha existido una orden expresa de violar o abusar de las detenidas, lo que sí existió fue una orden de aniquilar y eso involucró una cantidad impresionante de delitos que fueron organizados, ordenados, ejecutados, consentidos, alentados, propiciados desde el propio Estado”, denunció Fernández Avello.

El lunes 28 y el martes 29 de septiembre desde las 8:30 completarán los alegatos de la querella Walter Larrea, en representación de la APDH, y César Sivo por la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la provincia de Buenos Aires, Julieta Mira, Matías Russin y el Equipo Nizkor.

“La familia era considerada como forma natural de organización, sus rasgos característicos eran la sumisión a la autoridad paterna por parte del obediente resto -mujeres e hijos- y la vigilancia policial constante entre todos, pero de manera especial sobre los niños, niñas y jóvenes que tanto por cuestiones ideológicas como biológicas pueden alejarse del ideal familiar. Cada familia se convierte en un eslabón fundamental del desarrollo social propuesto por el gobierno militar, ejerce una tarea sanitaria, contiene posibles desbordes de algunos de sus miembros, controla y vigila el entorno”, explicó.

La abogada citó al ministro del Interior de la dictadura, Albano Harguindeguy, quien afirmó en junio de 1976: “Una advertencia, padres, madres e hijos, las ideas nefastas de la izquierda marxista atentan contra nuestras familias, nuestra bandera, nuestra patria y nuestra libertad, sepamos defenderlas”. Según la querellante, “las pocas veces que el discurso militar se orienta de modo especial hacia la mujer, lo hace para marcar su lugar dentro de la familia en el papel de ama de casa y esposa, pero por sobre todo como madre”.

1976-006“El discurso autoritario de la dictadura trabaja para ocultar y naturalizar ciertos fenómenos sociales, sobre todo los relacionados al rol de mujer dentro de la familia y la sociedad. De esta forma el sistema autoritario se experimenta como una intensificación del orden patriarcal que representa una interpretación sumamente tradicional de las divisiones genéricas. El rol definitivo de la mujer se relaciona a la maternidad y sus autosacrificios por el bien del futuro de la Nación, donde la esfera familiar refuerza los binarismos genéricos para preservar la moralidad social”, sostuvo.

Entonces, el núcleo del funcionamiento familiar que pretendía imponer la dictadura era “la mujer”, ella debía atender los trabajos domésticos y relegarse al espacio privado, al “hogar”. “Debido a esta visión tradicionalista de la mujer y su papel en la jerarquía sociopolítica, ella no debía asociase con lo político, el activismo político en la esfera pública llegó a ser conectado con la prostitución, lo cual es la representación máxima del ejemplo de la mujer mala y transgresora por no ser madre ni esposa”.

“La mujer militante que penetra esta esfera considerada pertenencia de los hombres se convierte en un monstruo, una aberración y una desviación de la regla natural. Activista equivale a mujer promiscua, la amenaza que ella representó tenía más que ver con la destrucción del patriarcado. Ya que este argumento no constituía una razón suficiente para atacar públicamente a la mujer políticamente comprometida, el gobierno militar tuvo que inventar un mito con el fin de justificar y legitimar sus acciones en contra de ellas”. Para aquellas que “desafiaron” el orden patriarcal causando “un innecesario caos en la sociedad” el Estado intervino para encerrarlas nuevamente en sus “hogares” o “eliminarlas para evitar la propagación de modelos peligrosos para la estabilidad familiar”.

“Esperaban pacientemente a que las mujeres que ya sabían que su destino era la muerte parieran para apropiarse de sus hijos, porque esas mujeres o esas familias no podían criar a esos hijos en los ideales de la familia occidental y cristiana”, manifestó la querellante y destacó que “la historia y la vida” demostraron su error, “no solamente porque las luchas emblemáticas por los derechos humanos las han realizado mujeres” sino que “esos niños y niñas apropiadas y criadas por apropiadores o no, conjuntamente con los que sobrevivieron a la muerte de sus padres, fundaron HIJOS que junto con Madres y Abuelas están a la vanguardia de la lucha por los derechos humanos”.

madresFernández Avello alegó que la violencia sexual “tenía un sesgo disciplinador ya que el sistema patriarcal promueve el aprendizaje social de propiedad del cuerpo de las mujeres por parte de los varones. Por lo que la violencia política sexualizada viene a reforzar ese aprendizaje. (…) Como lo expresa Carole Sheffield, la violencia contra las mujeres es poder expresado sexualmente”.

“La violencia hacia las mujeres en los centros clandestinos de detención tuvo un carácter rutinario y extendido desde que todas las víctimas refieren algunas de estas manifestaciones: manoseos, amenazas de violación, burlas y humillación de contenido sexual, desnudez forzada y expuesta, violación con acceso carnal, violaciones grupales, violaciones con objetos, servidumbre, mutilación, abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo, golpes y descargas eléctricas en genitales, etcétera”, describió.

La abogada expresó que “vivimos en una sociedad atravesada por la ideología del patriarcado que al decir de Judith Butler es el sistema social que se inscribe en la relación asimétrica entre los sexos y basada en la dominación y subordinación de las mujeres a los hombres. Y por supuesto las prácticas judiciales responden a ello e históricamente se han resistido a la investigación de estos delitos, lo que pone en evidencia -considerando que la mayoría de las víctimas son mujeres- a la discriminación por género que anida en las concepciones y prácticas judiciales desde siempre”.

Sin embargo, en el juicio Armada a partir de las declaraciones de las y los testigos, fiscales y jueces avanzaron en la posibilidad de juzgar los crímenes sexuales. “No se me escapa que tanto la Fiscalía como el Tribunal está compuesto por hombres, lo que pone de manifiesto que el sistema patriarcal es una ideología política que nada tiene que ver con los sexos y no les quede duda señores jueces que este es un reconocimiento que dignifica a las víctimas”.

“El abuso sexual a las mujeres formó parte del plan sistemático, generalizado y continuo. Y aunque no podemos afirmar que ha existido una orden expresa de violar o abusar de las detenidas, lo que sí existió fue una orden de aniquilar y eso involucró una cantidad impresionante de delitos que fueron organizados, ordenados, ejecutados, consentidos, alentados, propiciados desde el propio Estado”, denunció Fernández Avello.

Siguió: “Tampoco existió una orden expresa de robar, de dañar, de extorsionar, de saquear, de apropiarse de niños y niñas, cambiarle las identidades. Pero la historia nos indica que esos delitos se cometieron al igual que los abusos y violaciones sexuales que hemos escuchado denunciar a las víctimas y otros testigos. Quienes ejercían funciones de mando y dirección tenían un cabal conocimiento de todo lo que la maquinaria represiva producía, nada quedaba fuera de su previsión. Los mandos medios y altos sabían perfectamente cuál era el accionar de sus subordinados y los efectos que estos producían en las víctimas y en la sociedad porque formaban parte de la planificación”.

Sobre el final recordó el testimonio del ex colimba Aníbal Américo Agotborde, destinado a la guardia del Buque ARA 9 de Julio, quien “nos heló la sangre” al escucharlo denunciar el nacimiento de un bebé en el centro clandestino naval. “¿Saben lo terrible que es para la familia estar buscando un nieto, un hermano, un primo? Les recomiendo vean la escena final de la película La Historia Oficial donde el apropiador descubierto llega a su casa y le pregunta a su mujer dónde está su hija y la mujer le responde: ¿Viste que terrible que es no saber dónde está tu hija? Tal vez por un segundo puedan ponerse en el lugar de esta familia y decir lo que saben”, dijo a los genocidas.

Este viernes se cumplieron nueve años desde la segunda desaparición de Jorge Julio López. Nada se supo del albañil desde el democrático día de los alegatos del juicio contra el ex director de investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz, en el cual declaró sobre las torturas padecidas durante la dictadura en centros clandestinos del Circuito Camps .

“La oposición y el oficialismo en esto se pusieron de acuerdo. Todos ignoran el caso López que es un testigo que desapareció en el primer juicio de lesa humanidad, no es una cuestión menor, pero todos se pusieron de acuerdo para ignorarlo durante estos nueve años y no veo que haya interés de ninguna fuerza política de tomar este tema con más fuerza”, aseguró Werner Pertot a FM De la Calle.

El periodista es coautor del libro “Los días sin López” en el cual junto a Luciana Rosende repasan las líneas investigativas que, estando en el expediente, nunca fueron debidamente desarrolladas. “Las autoridades políticas iban detrás de lo que le decía la policía y no al revés”.

“Con Arslanián al frente de la investigación apuraban y querían resultados, querían encontrarlo vivo. Cuando vieron que ya no lo iban a encontrar vivo y era un golpe político para el gobierno encontrarlo muerto, y a medida que los medios fueron abandonando el tema, lo fueron dejando en manos del poder judicial”, comentó.

Para Pertot, “los medios más grandes sobre todo, instalaron la idea de que en la causa no hay nada, que no hay nada que hacer”. Sin embargo, destacó tres hipótesis que merecen atención.

La primera de ellas gira sobre el entorno de Etchecolatz: “Hay una serie de comunicaciones ese día que son muy llamativas entre las personas cercanas a Etchecolatz e intercambios de mails donde hablan de López el mismo día que desaparece”.

En segundo término, los policías bonaerenses del Circuito Camps: “El circuito de centros clandestinos donde pasó López, que lo tuvo secuestrado durante la dictadura y podía estar interesado en que dejara de testimoniar”.

Y por último, los penitenciarios bonaerenses condenados en 2010: “López además de en los centros clandestinos de detención estuvo en la cárcel de La Plata, podría haber declarado también en este juicio y, por lo tanto, ellos tenían interés concreto en que se frenaran los juicios”.

“Hay que recordar que el juicio en el que declaró López, en el que era querellante, es el primero de todos los juicios que se abrieron después de la anulación de las leyes de impunidad. Atacar ese juicio que era la punta de lanza de todos los que vinieron después no era solamente una cuestión de si lo condenaban o no a Etchecolatz, también se reduce muchas veces a eso. Era atacar todo el proceso de juicios, que desapareciera un testigo y querellante de este juicio evidentemente podía tener la intención de frenar todo”, recordó el periodista.

werner pertotA pesar de las sospechas contra la Bonaerense, la fuerza tuvo a su cargo la investigación durante el primer año y medio durante el cual prefirieron poner el foco sobre los organismos de derechos humanos y la familia del testigo a hacerlo sobre los represores.

Para ejemplificar la mora de la pesquisa, Pertot mencionó un punto que hoy aparece como novedad aunque proviene de los pasos iniciales de la causa. “Hay una persona de la confianza de López, que por una serie de vínculos familiares, tenía una familia que eran policías bonaerenses, él mismo había sido policía bonaerense, tenía contactos familiares con Etchecolatz. Lo que se supo es que esta persona lo vio a López los últimos días sino el día en que desaparece”.

“La hipótesis más fuerte es que alguien lo engañó para que fuera a algún tipo de reunión -dijo el periodista-. López no era una persona que se confiara de cualquiera que le hablara. Por eso es interesante esta pista, no digo que sea segura porque hay que investigar, pero hoy aparece esta idea del presunto entregador de López sobre el cual hace nueve años que podrían haber empezado a investigar”.

El coautor de Los días sin López destacó que nadie haya propuesto conformar una comisión investigadora en el Congreso para evaluar las responsabilidades políticas.

En el caso de la Policía Bonaerense la historia muestra que fue apartada de la causa con la exculpación de una supuesta “incapacidad manifiesta”. Pertot afirmó que “entre los que fueron apartados está Hugo Matzkin, el actual jefe de la Bonaerense a quien (el gobernador Daniel) Scioli mantuvo en el cargo después que los organismos de derechos humanos de La Plata le fueron a pedir que a raíz del caso López lo apartara”.

En cuanto a la reacción del gobierno de Néstor Kirchner ante la desaparición del albañil, la reconstrucción del periodista indica que el presidente aseguró: “A este tipo lo mataron, este es un mensaje para nosotros y lo que tenemos que hacer es lo contrario de lo que quieren. Si quieren parar los juicios tenemos que meter presión para que avancen el doble de rápido para que vean que esto no va a funcionar”.

“Kirchner tenía todo un razonamiento que era que si le ganaban la pulseada en esto era como cuando Alfonsín ganaba la pulseada con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y después vino la hiperinflación y se cayó el gobierno. Era una cuestión de gobernabilidad. Si uno lo ve en una dimensión histórica, si los tipos querían parar los juicios no pudieron. Pero no se le puso la misma fuerza y el mismo empeño a encontrar a los que lo desaparecieron a López”.

Foto Pertot: Troyanos del sistema.

“Señores jueces, a veces me pregunto: ¿cómo podrán dormir, hacer la digestión, beber un sorbo de buen vino, mirar los hijos a los ojos, dar la mano? A veces me pregunto: ¿podrán sembrar alguna planta, acariciar un perro, cuidar de los ganados, amar a sus mujeres, dar los buenos días a los vecinos? A veces me pregunto: ¿podrán contar la plata que les queda, tener puntualidad en los pagos, perdonar a sus deudores, alimentar proyectos a futuro, levantar una casa?”, interrogó la dra. Mónica Fernández Avello en el cierre de su alegato, de la mano del poeta Hamlet Lima Quintana.

Con algunos de los imputados a su izquierda y otros en una pantalla, se preguntó si “¿recordarán los nombres y las fechas, verán algún rostro, sabrán qué hacían los domingos, cómo amaban la vida, cómo cantaban diariamente? A veces me pregunto: ¿podrán soñar de noche sin turbarse, despertar sin tener la boca amarga, matarse la conciencia, olvidar algún grito, quitar la sangre de sus manos, olvidarán que a algunos los lanzaron al mar como sembrando peces doloridos?”.

“A otros les cruzaron el pecho con las balas hasta hacer estallar las rosas de la sangre. Y a todos los cubrieron con oprobio, con torturas, flagelaciones que duelen más allá que la muerte. A veces me pregunto si lograrán el olvido. Confieso que yo ni un solo día he dejado de pensarlo y exijo una forma que dignifique el alma, provoque los regresos, devuelva algunos cuerpos, castigue a los culpables que así se dedicaron a prostituir la vida”, culminó tras solicitar 18 penas de prisión perpetua y cinco de entre 25 y 10 años para represores de la Armada, el Ejército, la Prefectura Naval y la Policía y el Servicio Penitenciario bonaerenses.

El lunes 28 y el martes 29 de septiembre desde las 8:30 completarán los alegatos de la querella Walter Larrea, en representación de la APDH, y César Sivo por la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la provincia de Buenos Aires, Julieta Mira, Matías Russin y el Equipo Nizkor.

baterias

La abogada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación no computó atenuantes de ningún tipo dado que “se trató, en algunos de los casos, de oficiales del Ejército de jerarquía que asumieron, aunque por la fuerza de las armas, funciones de alta responsabilidad”.

“Es obvio que no existieron condicionantes de edad, de educación, de miseria o dificultad para ganarse el propio sustento, que los hubiera compelido a cometer los hechos que cometieron. Es más, como otros dignos y honestos militares patriotas lo hicieron, de no coincidir con los objetivos y los métodos aberrantes del proceso cívico militar pudieron haberse rebelado, disentido, hasta incluso ponerse a resguardo y denunciar las atrocidades. Algunos lo hicieron, quiere decir que era posible”, afirmó Fernández Avello y agregó que “quienes hoy están aquí enjuiciados y acusados no lo hicieron porque no quisieron, porque se sintieron y fueron parte consciente y voluntaria del horror”.

Sí subrayó agravantes sobre las imputaciones, “principalmente respecto a la extensión del daño causado”, “la ausencia de arrepentimiento” y “el silencio guardado respecto al destino de los cuerpos de los desaparecidos y también el destino que se le dio a los dos bebés nacidos en cautiverio”.

Siguiendo el camino marcado por la Fiscalía, exigió la publicación en un lugar visible y destacado del diario La Nueva Provincia de la parte resolutiva de la sentencia y la prospección por parte de Memoria Abierta en el predio de la Séptima Batería para recolectar prueba y determinar si allí no existieron enterramientos clandestinos.

Además, pidió cárceles comunes para el cumplimiento de las condenas, la exoneración de los genocidas de las fuerzas armadas o de seguridad a las que pertenecen, la revocatoria de la prisión domiciliaria de quienes gozan del beneficio y que todos los imputados sean trasladados a Bahía Blanca el día del veredicto.

arboleda bateria 7

Las condenas a prisión perpetua corresponderían a: Felipe Ayala, Raúl Artemio Domínguez, Raúl Oscar Otero, Víctor Raúl Aguirre, Julio González Chipont, Carlos Andrés Stricker, Edmundo Oscar Núñez, José Luis Ripa, Tomás Hermógenes Carrizo, Leandro Marcelo Maloberti, Francisco Martínez Loydi, Néstor Alberto Nougués, Luis Ángel Bustos, Eduardo René Fracassi, Oscar Alfredo Castro, Enrique De León, Gerardo Alberto Pazos y Luis Pablo Pons.

En tanto, la querellante reclamó 25 años de cárcel para Pedro Alberto Pila, 19 para Alejandro Lawless, 18 para Héctor Luis Selaya, 17 para Domingo Ramón Negrete y 10 para Víctor Oscar Fogelman.

“Por la memoria y la verdad…”, dijo Fernández Avello, desanudó la garganta y siguió: “por las compañeras y compañeros detenidos desaparecidos asesinados, en especial por las víctimas del V Cuerpo y la Base Naval Puerto Belgrano y sus familiares, solicito que se haga justicia”.

La representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Mónica Fernández Avello, desarrolló durante este martes la primera jornada de alegatos de la querella en el juicio contra 23 represores que actuaron en jurisdicción de la Base Naval Puerto Belgrano.

La audiencia comenzó con más de hora y media de retraso por los clásicos problemas técnicos en la videoconferencia que enlaza Colón 80 con los tribunales de Comodoro Py, donde se entretiene un puñado de imputados privilegiados por la prisión domiciliaria.

La exposición, que cuenta con la adhesión adelantada de la dra. Mirta Mántaras, continuará este miércoles desde las 8:45 en el Aula Magna del rectorado universitario.

La abogada Mónica Fernández Avello aseguró que “hemos pasado del Estado terrorista que reprimió a su propio pueblo al Estado que se sienta al lado de las víctimas para defender sus derechos” y planteó “una visión del terrorismo de Estado vinculada a la imposición de un proyecto político y económico regresivo que para su implementación requirió un disciplinamiento social profundo y extendió su vigencia más allá del período dictatorial.

Este enfoque, explicó, conduce a una nueva caracterización de los sectores intervinientes pasando de la responsabilidad limitada a las fuerzas armadas a la responsabilidad de sectores de la sociedad, la prensa, la Iglesia y la clase política. “Es por ello que hablamos de golpe cívico militar, ya que permite poner de relieve no solo la participación civil sino su preeminencia, y ubicar a las fuerzas armadas en el lugar de brazo armado de un cerebro económico y social inserto en la civilidad que continúa activo más allá del fin de la dictadura”.

La querellante destacó las dificultades que contrajo “el litigar en este juicio” en la ciudad donde vive. “Está ciudad donde a casi tres años que este tribunal, en una decisión encomiable, mandó investigar los delitos de La Nueva Provincia y todavía estamos esperando que se procese a su directivo”.

Recordó “lo que significaba encontrarse a Alfredo Astiz” sentado en una confitería frente a la cual pasaba una marcha por los derechos humanos cuando “la impunidad reinaba” en la ciudad y cómo la Madre de Plaza de Mayo Celia Jinkins -“emblema de Bahía Blanca”- decía: “Es una provocación, sigamos”. “Me imagino que en una ciudad chica como Punta Alta ha sido mucho peor ya que en ese lugar realmente conocían la cara de muchos de los que hoy estamos juzgando”.

“Es en ésta, mi ciudad, donde hasta hace unos días teníamos como integrante de la Cámara Federal a un ex PCI del Destacamento de Inteligencia 181, que ejercía tal repudiable servicio en esta casa, en esta universidad que tiene -entre estudiantes, docentes y no docentes- más de sesenta  muertos y desaparecidos. Estoy hablando de Néstor Montezanti, quien fuera presentado al Destacamento por el genocida prófugo José ‘Balita’ Riveiro (…) quien no solo fue artífice del Plan Cóndor sino también de la Triple A”, alegó.

Teniendo en cuanta las particularidades de los megajuicios de lesa humanidad que exigen la adaptación de las partes “a los tiempos que siempre nos van ganado por la impunidad biológica, ha sido muy difícil para los testigos que declararon el que una mayoría de los imputados esté con prisión domiciliaria. Me refiero a Carrizo, Castro, De León, Fracassi, Maloberti, Negrete, Nougués, Nuñez, Otero, Pazos, Pila, Pons y Ripa”.

“Ha sido muy terrible para los testigos y los familiares que los acompañaban y que se sentaron acá a relatarnos las atrocidades que vivieron en los centros clandestinos ver por el monitor de Comodoro Py una señora tejiendo, los imputados leyendo el diario o riéndose o conversando entre ellos. Debo remarcar el excesivo tiempo que ha llevado este juicio y lo que a mí criterio es perjudicial, pienso que para ustedes también, las videoconferencias que si bien en algunos casos no se pueden soslayar por vivir los testigos en el exterior, en la mayoría han sido dentro de nuestro país”, reclamó.

Por otra parte, manifestó su “satisfacción por la madurez y responsabilidad de este tribunal de colocar estos hechos aberrantes de violencia sexual que hemos escuchado, otorgándoles la categoría de delitos de lesa humanidad ante la petición de los fiscales, por lo que deberán responder quienes desde un lugar u otro en el aparato estatal contribuyeron a su producción”.

En una próxima nota este sitio desarrollará los argumentos con los cuales Fernández Avello adhirió a la imputación fiscal por los delitos sexuales que formaron “parte del plan sistemático, generalizado y continuo”. Si bien “no podemos afirmar que ha existido una orden expresa de violar o abusar de las detenidas, lo que sí existió fue una orden de aniquilar y eso involucró una cantidad impresionante de delitos que fueron organizados, ordenados, ejecutados, consentidos, alentados, propiciados desde el propio Estado”.

“Tampoco existió una orden expresa de robar, de dañar, de extorsionar, de saquear, de apropiarse de niños y niñas, cambiarles las identidades, pero la historia nos indica que esos delitos se cometieron al igual que los abusos y violaciones sexuales que hemos escuchado denunciar a las víctimas y otros testigos. Quienes ejercían funciones de mando y dirección tenían un cabal conocimiento de todo lo que la maquinaría represiva producía. Los mandos medios y altos sabían perfectamente cuál era el accionar de sus subordinados y los efectos que estos producían en las víctimas y en la sociedad porque formaban parte de la planificación”, denunció.

Más información en www.juiciobahiablanca.wordpress.com

La Coordinadora por el Juicio Académico al suspendido docente de Derecho Néstor Luis Montezanti aseguró que el imputado en la causa Triple A, “dando los últimos manotazos de ahogado y sabiéndose cadáver político por la acumulación de denuncias en su contra, apela a la mentira para defenderse”.

Hacen referencia al extenso reportaje que el juez apartado se realizó en la edición del 8 de septiembre en el diario LaNueva. del coimputado en las causas de lesa humanidad Vicente Massot, en el cual “arremete contra todos aquellos que cuestionan su pasado cómplice de la dictadura y el terrorismo previo al golpe y su presente como presidente de la Cámara Federal de Apelaciones”.

“No es nada extraño, por lo menos para quienes conocemos la trayectoria de Montezanti y su patoterismo de psicópata, que siga utilizando estas falsedades para victimizarse, siempre con el apoyo incondicional de La Nueva Provincia”, concluyeron desde la coordinadora tres exponer las siguientes mentiras:

1) Miente cuando niega su participación en la toma de la UTN a fines del ´74. Varios fueron los testigos que declararon confirmando su presencia junto al “Moncho” Argibay y sus matones. En el juicio de Montezanti contra Alberto Rodríguez, el juez Ares dio por acreditada tal participación, afirmando en el fallo: “Al respecto debo señalar que los testigos me impresionaron como convincentes y veraces en lo principal; dado su número configuran un plexo probatorio sólido para acreditar la existencia del incidente ya referido”.

2) Miente cuando afirma que el juez Ares, en el mismo fallo, niega la pertenencia de Montezanti a las AAA, dice sí que “…de haber sido visto el querellante junto a un grupo armado en la UTN en el que se encontraba Jorge Argibay, alias “Moncho”, y que –como ya dije- se acreditara que pertenecía a la “Triple A”, y quien fuera sindicado por varios testigos como el homicida de David Cilleruelo, hecho ocurrido el 3 de abril de 1975, no existen otros elementos que permitan arribar en grado de certeza a la mentada vinculación del Dr. Montezanti con la citada banda criminal, como no sea su pertenencia ideológica a la derecha peronista”. Y agrega que esto es “al menos en base a la información arrimada a este juicio, y sin prejuicio de las investigaciones a producir en otros procesos judiciales”. Procesos que hoy están en marcha gracias a la tarea desarrollada por los fiscales Nebbia y Palazzani, y a los cambio producidos en la Justicia Federal de Bahía Blanca.

3) Miente cuando afirma que su tarea como Personal Civil de Inteligencia estaba vinculada a los conflictos de Malvinas y limítrofe con Chile. El mismo decreto presidencial 4/2010 que ordena la publicación del listado de agentes y sus legajos personales, en su artículo 2 exceptúa de esa publicación a “toda la información y documentación relativa al conflicto bélico del Atlántico Sur y cualquier otro conflicto de carácter interestatal”. Si el nombre de Montezanti está publicado es porque sus tareas estaban vinculadas a la acción represiva.

4) Miente cuando se asume como víctima de una campaña orquestada por el “aparato militante universitario”, ocultando que fueron los órganos superiores de la UNS: la Asamblea prácticamente por unanimidad y el Consejo Superior por unanimidad al iniciarle Juicio Académico, que repudiaron su desempeño como cómplice de la dictadura. Y en el ámbito del Poder Judicial Federal, el Consejo de la Magistratura que acaba de suspenderlo por las innumerables denuncias acumuladas en su contra.

La presidenta del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vázquez, dijo esta mañana por FM De la Calle que las denuncias contra Néstor Luis Montezanti “cuanto menos encuadrarían en delitos de lesa humanidad” y no corresponden con “los valores democráticos y de defensa de los derechos humanos que debiera tener un juez de la Nación”.

El órgano judicial resolvió ayer suspender preventivamente al titular de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca e iniciar un proceso de remoción conformando un jury de enjuiciamiento. En un lapso de 180 días, los consejeros Héctor Recalde y Miguel Piedecasas deberán fundamentar la acusación y el jurado decidir si existió o no mal desempeño en sus funciones.

Al camarista se le reprocha su vinculación con la Alianza Anticomunista Argentina, haber pertenecido como personal civil al Destacamento de Inteligencia 181 durante el terrorismo de Estado, promover la pena de muerte y reiteradas denuncias de autoritarismo y violencia laboral contra trabajadorxs judiciales.

Además del proceso aprobado en las últimas horas, Montezanti afronta una imputación en la causa penal que investiga 22 homicidios cometidos por la Triple A y un juicio académico en la Universidad del Sur que motivó su suspensión como docente del Departamento de Derecho.La dra. Gabriela Vázquez destacó el acuerdo alcanzado en el plenario por las representaciones del Poder Ejecutivo, el oficialismo y la oposición del Congreso, y de las matrículas de abogadxs de las provincias y la Capital y lamentó que sus colegas jueces, Leonidas Moldes y Luis Cabral, “no hayan acompañado porque este es un tema muy grave”.

IMG_4787

“Más allá de las calificaciones del derecho penal internacional de las conductas que se le atribuyen al dr. Néstor Montezanti, las conductas son graves y cuanto menos encuadrarían en delitos de lesa humanidad, lo cual hace todo imprescriptible y por eso ha sido llamado a indagatoria por el juez federal subrogante Alejo Ramos Padilla por la presunta participación en delitos como parte de la Triple A y demás.

“Lo grave que significa que un juez de la Nación argentina presuntamente haya participado como servicio secreto o como servicio de inteligencia en la época de la dictadura cívico militar. Eso es muy grave y no responde a los valores democráticos y de defensa de los derechos humanos que debiera tener un juez”, opinó la magistrada.

Respecto a las denuncias del gremio de judiciales sostuvo que “como jueza de la Cámara Nacional del Trabajo me parecen muy graves los hechos que se le imputan y que están en cierto modo acreditados, que es la violencia laboral que se ejerce que ha llegado hasta violencia física a través de rapapolvos, que son como golpes en el cuello, y también ha tenido conductas propias de personal castrense o civil de inteligencia que es mandar informantes a las distintas dependencias, lo cual es inadmisible en cualquier ámbito laboral y mucho menos en el de la justicia”.

Vázquez mencionó la existencia de cuestionamientos vinculados a la “desarticulación” de la Secretaría de Derechos Humanos de la Cámara Federal y consideró que hay “todo un conjunto de elementos indicativo de que no se trata de un magistrado comprometido con los valores democráticos y con la defensa de los derechos humanos”.

IMG_4860

Al ser consultada sobre los fueros del suspendido que lo cubrieron de la detención en la causa Triple A y ampararon sus faltazos a tres citaciones a indagatoria, la magistrada afirmó que “el juez Ramos Padilla remitió un pedido de desafuero a los efectos de ejercitar las facultades jurisdiccionales. El dr. Montezanti está suspendido, con lo cual en principio no tendría las inmunidades”.

Igualmente, la presidenta del Consejo subrayó que Montezanti “tiene que ir a declarar, por más que sea juez no puede no ir a declarar cuando lo cita otro juez. La renuencia a ir a la citación ha sido objeto de una nueva denuncia”.

Una de las opciones que tendrá el ex titular de la Cámara Federal es presentar su renuncia. En ese caso correspondería a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, aceptarla o rechazarla. “Si no la acepta el proceso sigue. Si la acepta, el jury ya no puede continuar porque si el juez ya no es juez no se lo puede remover, el objetivo de un jury es la remoción o la absolución, la continuidad”.

En cuanto al futuro de la Cámara Federal local, Vázquez destacó que de cinco miembros solo estaban designados Pablo Candisano Mera y el ahora suspendido Montezanti. El jubilado Ricardo Planes fue convocado pero está con licencia por problemas de salud. “Hay que integrarla con jueces subrogantes hasta tanto termine el concurso que hoy se vence el plazo para la inscripción y pienso que en el Consejo no va a durar más de seis meses”.

La Comisión de Selección, “a fin de resolver dicha situación anómala y de garantizar la eficaz administración del servicio de justicia”, aconsejó al Plenario la designación como magistrados subrogantes de la Alzada bahiense de los camaristas Alberto Agustín Lugones (San Martín), Alejandro Aníbal Segura (San Justo), Roberto Agustín Lemos Arias (La Plata) y Jorge Ferro (Mar del Plata).

“La minoría proponía que se designaran en la Cámara a jueces del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, al dr. (Leopoldo) Velázquez, al dr. (José) Triputti, que en realidad es del Tribunal Oral de Santa Rosa pero ocurre que eso es muy inconveniente porque cuando uno designa como subrogantes a jueces de tribunal oral que están interviniendo en la misma jurisdicción, luego cuando actúan como jueces de Cámara adelantan opinión y no pueden intervenir en el juicio oral. Lo más conveniente es convocar a jueces que tienen acuerdo del Senado que sean camaristas”, explicó Vázquez.

Casi una semana después de la detención violenta e injustificada de tres jóvenes por parte de las policías Local y Bonaerense en el marco de una campaña de difusión sobre el autocultivo y los usos de la cannabis, el concejal de Encuentro Amplio Raúl Ayude llevó el tema a la sesión del Concejo Deliberante.

Al momento de las manifestaciones, el edil pidió la palabra y aseguró que “los llamados de la comunidad se podrían haber solucionado con la simple presencia policial cerca de las personas que estaban en esa actividad, con haber dialogado y no con haberlos retirado. Ni la averiguación de antecedentes, ni el cacheo ni algún tipo de intervención policial justifica el nivel de violencia con el cual se actuó y que estas personas sin haber cometido ningún delito pasaran 16 horas detenidas”.

Recordó que durante los debates por la creación de la Policía Local el cuerpo definió que se trataría de “una policía de proximidad, de prevención, que iba a estar en los espacios públicos”. Agregó que llama la atención la falta de formación o “malformación de algunas prácticas que tienen que ser repudiables”.

Ayude planteó que para que una fuerza de este tipo sea una “institución democrática, transparente, que genere respeto en la comunidad” necesitan profesionalizarse y mencionó antecedentes como el registro fílmico de manifestantes en actos públicos en los que intervenían familiares de Daiana Herlein -joven fallecida por la caída de un árbol descuidado por el municipio-, como el atropello de miembros de la Prefectura contra limpiavidrios y el espionaje de la Bonaerense en la Universidad del Sur. “Lo que estamos exigiendo es que todas estas situaciones no solo sean repudiadas sino también generen una reflexión y un cambio de conducta en las fuerzas policiales”.

“Mucho más en la Policía Local porque muchos de sus miembros tienen la misma edad de estos chicos que fueron detenidos. Estos chicos tienen 18, 19 y 23 años, no están imputados hoy en la justicia por ningún tipo de delito”, sostuvo y dijo que “muchos de los prejuicios actúan sobre los chicos y no sobre el narcotráfico, no actúan sobre muchas de las personas que públicamente se sacaban fotos con personas que manejaban muchísimo dinero y autos de alta gama que hoy están siendo juzgadas por posible narcotráfico, actúan distinto con los pibes y con los pibes que son sospechosos”.

Finalmente el concejal aseveró que “es necesario que estas cosas no pasen desapercibidas y que sea planteada la reflexión sobre estas prácticas que no se pueden permitir en Bahía Blanca. No se puede actuar arbitrariamente, no se puede actuar deteniendo personas cuando no hay delitos, no se puede actuar con ese nivel, a veces se discute la violencia de cuando se los detuvo, lo violento es que no hayas cometido ningún delito y te tengas que comer 16 horas en la comisaría por un prejuicio.

“Mucha firmeza no implica faltar a los derechos individuales, creo que en estas situaciones hay que ser respetuosos y actuar. Los chicos planteaban una reflexión que se vio caricaturizada a lo Capusotto por el accionar policial. A medida que Defensoría vaya actuando y vaya avanzando iremos viendo qué se pide con este cuerpo para con el Departamento Ejecutivo a fin de que nos de explicaciones sobre lo que sucedió”, culminó.

Nadie recogió el guante. La palabra se fue con Martín Salaberry quien comentó que había tenido un día emotivo, que hace política para decir lo que piensa, que la política sin una dimensión ética y humana pierde su razón de ser y, esperando “que el árbol no nos tape el bosque”, se zambulló en “el niembrogate” con homenaje a Lanata y Longobardi incluido.

Amnistía Internacional Argentina presentó un relevamiento sobre los conflictos indígenas en el territorio nacional que muestra y da cuenta de la situación de violencia y exclusión que viven. Con ese propósito lanzó www.territorioindigena.com.ar una herramienta de consulta abierta, de actualización periódica y a disposición de todas las comunidades que lo requieran.

El mapeo muestra 183 conflictos presentes en Argentina en los que comunidades indígenas exigen el cumplimiento de sus derechos frente a gobiernos (municipales, provinciales, nacional), empresas (agropecuarias, mineras, petroleras, de turismo, entre otras), y ante jueces y fiscales del Poder Judicial que desoyen las normativas vigentes.

El relevamiento de Amnistía Internacional no pretende ser concluyente, sino que es el comienzo de un documento que pretende ir construyéndose y actualizándose sistemáticamente, con los aportes de organizaciones referentes en el trabajo con pueblos originarios, abogados, académicos, y referentes indígenas.

Dentro del universo de casos, Amnistía decidió destacar seis realidades para demostrar la significativa distancia entre los derechos vigentes en leyes provinciales, nacionales y tratados internacionales de derechos humanos y su efectiva aplicación: un asesinato impune, petroleras que vulneran derechos, un sitio sagrado usurpado por empresarios, obras de infraestructura que inundan territorios, una mujer mapuche a juicio y con posible condena a prisión, y la larga lucha Qom que trasciende las fronteras del país.

Mientras que la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos reconocen la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas, y asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales, los pueblos originarios siguen reivindicando su derecho al territorio, mientras sufren de forma desproporcionada violencia, exclusión y pobreza.

Escuchá a la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, en diálogo con FM De la Calle:

(Por José Schulman)* A la suspensión dictada por el Consejo Superior de la Universidad del Sur y de la declaración en rebeldía por parte del Juez Ramos Padilla se suma ahora el inicio del proceso de destitución votado en el Consejo de la Magistratura en el día de ayer. Luego de tantos años de lucha, de la cual la Liga Argentina por los Derechos del Hombre fue el único organismo de derechos humanos que se hizo cargo de la denuncia de las y los compañeros de Bahía Blanca (empezando por nuestros compañeros Alberto Rodríguez y Dante Patrignani) corresponden dos cosas cómo mínimo: una es celebrar como corresponde esta derrota del fascismo argentino y la otra es preguntarnos sobre la larga historia de su impunidad que es la de tantas y tantos perpetradores de graves violaciones de derechos humanos que siguen pretextando “presunción de inocencia” a lo que es simple, perversa, cínica y descarada impunidad para sus crímenes, una impunidad que garantiza el Estado, el Poder Económico, el sistema comunicacional y las “fuerzas vivas” de la sociedad en general.

Si la impunidad jurídica es la falta de castigo a los delitos cometidos, se puede afirmar que la impunidad de Montezanti, abogado, profesor universitario, juez e integrante de la Cámara Federal de Bahía Blanca es mucho más que eso: es la confirmación de que no solo la Justicia (así, con mayúscula como si fuera un ente independiente autónomo) sino la Universidad, la Opinión Publica (de vuelta, con mayúscula como “a Justicia”) y la sociedad bahiense tiene un doble rasero para medir a las personas y que ese doble rasero es ideológico en el peor sentido del término: una mirada distorsionada de la realidad, condicionada por el interés económico y social de preservar privilegios y posiciones ganadas a fuerza de actos violentos ilegales que vienen de larga data: el exterminio de los pueblos originarios, la dominación “legal” o “dictatorial” del siglo XX que desembocó en el Terrorismo de Estado de la Alianza Anticomunista Argentina (ahora sí, con mayúsculas como corresponde a una institución) y de las Fuerzas Armadas.

Montezanti fue parte de la ultraderecha universitaria que en su paranoia anticomunista se abrazó a los grupos de ultraderecha fascista que comenzó a atacar a las fuerzas comunistas y de izquierda en los primeros años de la década de los 60 del siglo pasado (espantados por el crecimiento de las luchas nacionales y el triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959).

Los testimonios sobre su participación en las acciones de los grupos que atacaban a los estudiantes que protestaban por el asesinato del Watu Cilleruelo, los vínculos nunca desmentidos con los más altos jefes militares que perpetraron el Genocidio en la zona, el diploma que ostentaba en su estudio con orgullo de su pertenencia a un supuesto (otra vez la paranoia disparatada) Congreso Anticomunista Mundial, su repugnante empleo como Personal Civil de Inteligencia durante aquellos años de plomo y las incontables denuncias sobre el maltrato diario a que sometía a trabajadores judiciales y estudiantes universitarios no fueron nunca óbice para su indetenible ascenso hasta uno de los más altos que la carrera judicial le permitía aspirar: presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, cargo que adornaba con el de Docente Universitario (sí, con mayúsculas, como a él le gustaba poner en el Curriculum Vitae en que ocultaba su costado miserable de buchón de los asesinos y amigo de los torturadores).

Fue en el año 2002 que un compañero de luchas e ideas del Watu Cilleruelo, Alberto Rodríguez, denunció en una asamblea universitaria lo que casi todos sabían: que Montezanti era un fascista que había colaborado con los crímenes de la Triple A y con el copamiento de la Universidad del Sur por la ultraderecha cavernícola de Remus Tetu; y fue en el 2007 que en un juicio oral y público toda Bahía Blanca pudo enterarse de casi todo lo que ahora se utiliza como razón de la suspensión en la Universidad y el comienzo de los procesos judiciales y de destitución como Juez de la Nación. Tal como personalmente lo afirmamos públicamente a pesar de sus agravios, amenazas y burlas. Que repitió cuando logró que el Consejo de la Magistratura rechazara el pedido de juicio político que habíamos acompañado.

Fue en el 2010 que otro compañero del Watu, Dante Patrignani, docente de la Universidad del Sur, pidió el fin de su impunidad ante el Consejo de la Magistratura y ante el Consejo Superior de la Universidad del Sur. A los cinco años respondieron. ¿Por qué tardaron tanto ante lo obvio?

La pregunta es sencilla: por qué la Universidad no consideró necesario apartarlo de las aulas, por qué el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial Federal no consideró justo apartarlo de su posición de magistrado y por qué las Fuerzas Vivas de Bahía Blanca (y otra vez, con mayúsculas) no consideraron vergonzante seguir tratándolo como uno de los suyos, como uno de los mejores vecinos y ciudadanos?

Porque aceptar que Montezanti es lo que es implicaba aceptar que la Universidad del Sur fue (al menos hasta ahora) cómplice por acción u omisión de los crímenes que sufrieron los estudiantes universitarios; y no solo la larga lista de estudiantes asesinados, desaparecidos, encarcelados, torturados y perseguidos. También el conjunto de estudiantes que por casi cuarenta años han debido estudiar en un ambiente donde la intolerancia tenía premio y lo diferente era catalogado de abominable. Como pensaba Montezanti el día que mataron al Watu.

Porque aceptar que Montezanti es lo que es implicaba aceptar que la inmensa mayoría de los miembros del Poder Judicial (que muy pocas veces tiene algo que ver con la Justicia) compartían el odio de clase contra los insurgentes de los 70. Porque todos ellos se habían formado al calor de los fuegos de la intolerancia que prendieron la ley 4140 de 1902 o la ley de seguridad nacional de 1910; o de los innumerables decretos de facto que la Corte Suprema le daba carácter de ley en los sucesivos golpes de Estado de 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976. ¿Curioso no? Se presentaban y presentan como los custodios del principio liberal de que nada legal puede surgir de un acto ilegal pero ampararon (y amparan) toda clase de actos ilegales con cobertura legal. No por nada el mismo Zaffaroni afirma que el origen último de todo orden jurídico es un genocidio anterior que es oculto bajo la maraña de disfraces y máscaras que la ideología provee como si todo el año fuera carnaval.

La justificación ideológica fue cambiando. Al indio se lo mataba en nombre del progreso y a los anarquistas, socialistas y comunistas en nombre del orden y la identidad nacional. Pero sería la “guerra fría” que el “mundo occidental” libró contra todo aquel que se rebelara contra el capitalismo desde la Comuna de París de 1871 hasta la implosión de la Unión Soviética en 1991 la gran excusa ideológica para perseguir a los peronistas, guevaristas, comunistas, cristianos y a todos los que persiguieron los grupos de tareas, los Servicios de Inteligencia y la derecha fascista entre 1955 y finales de la dictadura.

El pináculo de la mirada ideológica fue aquel exabrupto que pretendía el fin de las ideologías y de la historia al final del “socialismo real”. Montezanti, ingenuo e ignorante como todo buen fascista, se lo creyó y por una década vivió creído de su impunidad perpetua, pero nadie para el viento y la historia se vengó de todos ellos.

Del General Videla que murió cagando en un baño de la Cárcel de Marcos Paz.

Del ángel rubio, el oficial de la Marina que raptó a las Madres de la Santa Cruz, ese Astiz que vivirá hasta su último día encerrado.

Y también de este miserable Juez y Docente Universitario que en su hora de prueba mostró que no tiene el coraje de enfrentar con dignidad la condena ética y judicial por los actos que cometió. No por su ideología que nadie condena a los fascistas, se condena lo que los fascistas hicieron y hacen.

La ideología atraviesa toda sociedad y mucho más una como la nuestra que fue reorganizada radicalmente por la picana y la capucha.

Una vez compartí con un sobreviviente de la Escuelita de Famailla (primer centro clandestino en Tucumán, en una escuela para pobres que querían dejar de serlo). El me contó que pudo ver a algunos compañeros porque había hecho una pequeña rasgadura a la capucha y por esa mínima ventanita alcanzó a reconocer algunos rostros.

Mi sueño es que la caída de Montezanti funcione como aquella pequeña rasgadura en la máscara de la ideología que impide a tantas y tantos ver la verdadera cara del Juez y Docente, esa que asustaba a los estudiantes y da asco a los que respetan la dignidad y la humanidad de los seres.

Amén.

*Secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

“La policía sigue armando las causas y el sistema judicial las sigue receptando y a la sociedad le sigue pareciendo bien. Mientras estamos atacando gente que dice que se puede utilizar como medicina la cannabis el narcotráfico de drogas sintéticas es una cosa que aumenta de modo espantoso. Nos siguen distrayendo con estas… estupideces”, advirtió la defensora general Graciela Cortázar tras el abuso de las policías Local y Bonaerense en la detención de tres pibes el viernes pasado.

A plena luz del día y ante varias cámaras que registraban el operativo, integrantes de ambas fuerzas detuvieron a dos militantes de la Cofradía Cannabica que difunden cada semana información sobre el uso de la marihuana y a un tercer joven que manifestó su disconformidad con el accionar policial.

“La cantidad no daba en absoluto como para pasar el umbral mínimo de la lesividad, que es lo que en materia de tenencia de estupefacientes se pone como límite de la punibilidad. El problema está en que las fuerzas policiales inicien procesos por esto, seguramente los chicos van a salir absolutamente libres de cualquier cargo pero el problema es que la autoridad policial inventa causas y las lleva adelante, con lo gravoso que significa estar sometido a proceso simplemente por estar expresando tus ideas”.

Cortázar manifestó por FM De la Calle que “la violencia institucional queda tan claramente marcada con la visión de esos videos que se viralizaron inmediatamente porque el impacto de cómo se utiliza abusivamente la fuerza me parece que si tuviera que enseñarlo en la facultad no hago más que mostrar ese video”.

“Claramente las imputaciones que se le hacen a los chicos son otro de los métodos habituales de los sistemas policiales para generar causas judiciales a quienes ningún delito han cometido. Dos maniobras básicas son: una, el acudir a la resistencia a la autoridad cuando en realidad esto no ocurrió, y por otro lado, la intervención para averiguación por cuestiones de estupefacientes cuando en realidad lo que hace este grupo de gente es expresar sus ideas que, hasta donde yo sé, está no solo permitido sino garantizado en el país en el que vivimos. Con lo cual la ilegalidad desde donde la mires de la actuación de la policía de la comuna es absoluta”, comentó.

La defensora explicó que “la policía puede actuar cuando hay una evidencia de comisión de delito. Esta evidencia tiene que ser clara, no puede ser librada a la interpretación del agente policial. La requisa está autorizada para los policías cuando hay razones de urgencia, porque como es una injerencia en un ámbito de privacidad que está garantizado por la Constitución, no hay ninguna razón para que un policía te entre a requisar violentamente o te compela a que te deje meter sus manos en el cuerpo, que te requise o revise tus cosas. ¿Qué es lo que ocurre? No revierte ninguna urgencia. Primero, ellos no tenían ninguna evidencia de comisión de delito porque de lo que se trataba era la difusión de un uso de una sustancia para fines medicinales, no había ni siquiera apología de ningún delito ni tampoco ningún aspecto que revele comercialización”.

“Lo más ilegal que tiene toda la actuación, y aparte revela que esto es una causa armada -de la cual nuestro Observatorio de Violencia Institucional está tomando registro para mostrar cada año de qué modo se vive la violencia institucional y a veces nos olvidamos en Bahía Blanca-, lo que hacen es acudir a un clásico llamado anónimo, y lo que es peor y revela aún más la impunidad que tienen es que dicen que llamaron los vecinos para decir que les molestaba la presencia de los muchachos en la plaza”, sostuvo.

En ese sentido, destacó que “esto lo que hace es estigmatizar a esta gente y después los cometario en el diario es ‘está bien que los detengan porque son unos traficantes’. No terminamos de aprender los ciudadanos, esto ya no es un reproche a los policías sino a la sociedad, a tener la buena práctica de tolerarnos para vivir en libertad, que cada cual diga lo que le parezca bien. Por eso es tan grave”.

“La culpa no la tienen los pobres flacos que por no tener otra fuente de trabajo se anotan a trabajar de eso. La policía de base, la que va a esos procedimientos, carece absolutamente de toda capacitación. Los que están un poquito más arriba, que son los formadores o los que quedan en las capas o mandos intermedios de la policía de la provincia, todavía no han saneado ni depurado los viejos vicios -afirmó la defensora-. Creo que la última vez que tuvieron la oportunidad de sanearlo fue cuando Arslanian intentó aquella desmilitarización de los bienes de la época de Camps de la policía donde no alcanza con enseñarles derechos humanos como hacen ahora, donde nos mandan a los profesores de la facultad de Derecho a que les digamos qué cosas no se pueden hacer, que no está bueno aplicar torturas. Pasa por que la formación tiene que ser realmente para que se entienda que la policía no es una fuerza militar, es una fuerza civil que tiene a veces la posibilidad de usar la fuerza”.

Cortázar concluyó que “como hay todo un mensaje de inseguridad absoluta y nuestras fuerzas de seguridad son absolutamente impotentes para luchar contra el verdadero delito, lo que se hace son manifestaciones o intervenciones que son placebo para todos nosotros. La señora y el señor que sabe que hay una inseguridad tremenda, cuando ve a la policía comunal en Bahía Blanca haciendo alguna cosa en la plaza dice ‘algo están haciendo’. ¿Sabés cuál es el problema? Que estos placebos duran cada vez menos porque mientras están atacando la libre expresión de esta gente están matando gente en los barrios periféricos, después podríamos discutir si a la gente que lee los diarios y escucha la televisión le importa lo que pasa en los barrios periféricos”.

El plenario del Consejo de la Magistratura suspendió y envió a juicio político al presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti. Está acusado de haber pertenecido a la Triple A y de haberse desempeñado como agente de inteligencia durante la última dictadura. Los únicos que votaron en contra de la resolución fueron los jueces Leonidas Moldes y Luis Cabral. El abogado Miguel Piedecasas y el diputado Héctor Recalde oficiarán de acusadores en el juicio.

Al plenario llegó un dictamen de 88 páginas que proponía el inicio del jury por “mal desempeño en sus funciones” y que fue impulsado por el Secretario de Justicia, Julián Álvarez, y aprobado por la Comisión de Disciplina y Acusación la semana pasada. El dictamen, que también propone suspenderlo al magistrado en sus actividades hasta que se realice el juicio, le endilga “haber desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los Derechos Humanos”.

Además de una “falta de idoneidad moral y de vocación democrática” y el hecho de “haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes” e incluso con los consejeros.

La acusación por mal desempeño de sus funciones fueron expuestas por el presidente de la Comisión de Disciplina y Acusación, Daniel Candis, por considerar que el ahora acusado ha desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los derechos humanos, y que evidencian la falta de idoneidad moral y de vocación democrática, ambas condiciones indispensables para el desempeño de su cargo de magistrado del Poder Judicial de la Nación y por haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes, e incluso respecto a consejerxs del cuerpo.

El consejero Héctor Recalde sostuvo que “fueron muchos los trabajadores que sufrieron la persecución en Bahía Blanca” y por ellos es necesario “conocer la verdad y que se haga justicia”, conceptos que con distintas expresiones fueron compartidos por la mayoría de los consejeros presentes. Por su parte, Leónidas Moldes expresó su opinión desfavorable, la cual contó con la adhesión de Luis María Cabral.

Se encontraban presentes en el Salón del Plenario integrantes del Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU), y de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), quienes celebraron el temperamento adoptado.

En Bahía Blanca, Montezanti enfrenta investigaciones por delitos de lesa humanidad y la semana pasada el juez federal subrogante de Bahía Blanca, Alejo Ramos padilla lo declaró en rebeldía después que el ex agente de Inteligencia del Ejército no se presentara a dar declaración indagatoria por tercera vez.

Fuente: Consejo de la Magistratura e Infojus..

“Yo soy Alika Kinan, soy sobreviviente del delito de trata. Yo llegué a la isla en el año 96, también con ofertas engañosas, con expectativas de mejorar mi vida, lo cual nunca llegó a suceder. Terminé siendo explotada en un prostíbulo”, dijo al ser consultada por FM De la Calle sobre el juicio contra la familia propietaria del local “Black and White” de Ushuaia. Según Fiscales.gob, la banda encabezada por Víctor Morales está acusada de engañar a través de falsas ofertas laborales publicadas en el diario Clarín, trasladar y someter, al menos, a 18 mujeres.

Por allí pasaron muchas más. En las mismas condiciones que sufrió Alika con otros proxenetas y que aún está tratando de dejar atrás. “El clan Morales hace veinte años que viene explotando mujeres. Está implicada toda la familia, es realmente conmocionante para la ciudad de Ushuaia porque es un prostíbulo donde iban todos. Estaba tan, tan, naturalizado que terminaban yendo desde los padres, los hijos, los abuelos llevaban a los chicos a debutar, era realmente aberrante”.

La CTA Autónoma de Tierra del Fuego informó que el principal imputado, Víctor Morales, quedó detenido este miércoles tras presionar a una víctima para que no lo comprometa. Hoy se leerán los alegatos y el viernes se dictará sentencia.

Alika comentó que durante el debate “se detectó que había muchos casos de situaciones de vulnerabilidad de derechos. Las mujeres en cualquier sano juicio no llegan a prostituirse. La mujer que llega a entregar el cuerpo a cambio de dinero es porque está realmente en una situación muy, muy, vulnerable y con muchas necesidades. Nos encontramos con padres, con familiares, con hijos y todo tiene que ser sostenido por ellas”.

“Entonces llegamos a esa situación de explotación. En el año 2012 es cuando se quita el término ‘consentimiento’, lo que le daba consonancia a la Ley de Trata. Antes decías ‘pero dio el consentimiento’. Sí claro, cuando estás al borde del abismo y te están por empujar, ¿qué vas a decir? Firmas lo que sea aunque sepas que está mal. Das el consentimiento sobre algo que sabés que no es sano, que no está bien pero que no tenés otro camino, no tenés opciones. Eso es la prostitución. Cuando no tenés ningún tipo de opción, no podes elegir, ahí es cuando se convierte en trata de personas.

Como carne de carnicería

Ushuaia, puerto pesquero, puerto militar, última parada antes de la Antártida, puerto de cruceros. “En temporada alta, en verano, bajan entre dos mil y cinco mil personas. Gran parte de los que bajan hacen uso y abuso de los cuerpos de las mujeres que tienen que estar acá expuestos”.

Alika contó que cuando ella llegó, al igual que las mujeres por cuya explotación se juzga al clan Morales, se encontró con la complicidad del Estado. “Automáticamente me llevaron a la policía, los tratantes me dijeron lo que tenía que decir, cómo lo tenía que decir, que yo venía como alternadora. El término alternadora es viejísimo, se supone que la mujer comparte copas, alterna copas con el supuesto cliente que no es más que un consumidor”.

“Por lo tanto, cuando yo me voy a hacer el carnet, primero me dan de alta, me hacen la apertura del legajo en la policía, sabiendo donde yo voy a estar. Ya la policía a nivel provincial sabe a qué vengo y quién me entrega. Después te piden una libreta municipal (…) ¿Qué ponía la libreta sanitaria? Exigía un análisis de HIV y un exudado vaginal, ¿para qué me exigís eso si supuestamente voy a alternar copas? ¿Me estás cuidando  mí o estás cuidando de entregar una mujer sana a quien vaya a consumir ese cuerpo? Es como carne en la carnicería, tiene que pasar un control de Senasa, acá son los controles municipales”.

Entre los “clientes” pasan dirigentes y punteros políticos y comisarios. “No me digas que no saben que está mal. Que se está haciendo un consumo de cuerpos. No me digas que cuando encontrás una chica de 18 años en un lugar de estos, muerta de miedo, que a lo mejor ni siquiera ha tenido relaciones sexuales, no me digas que no sabés lo que está pasando. Pasa que conviene más hacer la vista gorda, consumir lo que vas a consumir y te vas”.

“Acá no hay nada color de rosa”

Las mujeres permanecen atadas por “cadenas psicológicas” al prostíbulo. “Es un sistema de endeudamiento por los pasajes, quedás debiendo dinero de ropa, de comida, de tu propia comida, tu propio alojamiento. A partir del momento en que vos sos aislada de tu familia, de gente que te pueda ayudar a pensar en tu situación, donde estás sola, donde te cambian el nombre -no podés prostituirte o ser explotada con el mismo nombre de pila con el que naciste-, todo un trasfondo psicológico donde terminás aislándote y disociando tu propia personalidad”.

“Te convertís en otra mujer. Las cadenas son psicológicas, no te vas a encontrar muchas mujeres que estén con grilletes, atadas ni encerrados. Sí te vas a encontrar lugares donde veas alambres de púas, puertas que se cierran a determinada hora y siempre con ese miedo de no me puedo ir porque me van a ir a buscar, me van a golpear, me van a matar, me van a violar. ¿A dónde me voy a ir? Son casos de violencia extrema pero más allá de la violencia física que se ejerce sobre la mujer, es una brutal violencia psicológica”.

Durante el debate oral una de las víctimas defendió al proxeneta Morales. Alika también pasó por esa situación. “Yo me negaba a que cerraran el lugar porque obviamente veía que todo se me evaporaba, tenía mi vida destrozada, pero la poca estabilidad, el poco dinero que podía mandar a mi casa, lo sacaba de ahí. Me negaba a creer que él hubiese sido un opresor. De hecho, el vínculo que se establece entre el tratante y la víctima, a mí me llevaba en auto, me llevaban al hospital, me cuidaban, yo estaba mejor acá que en cualquier otro lado”.

“Todo eso forma parte de esa opresión psicológica donde ellos tienen que establecer un vínculo para que vos primero des el consentimiento y aparte no se te vea mal. Ya una carga con cuestiones psicológicas como depresión, volcarse al alcohol, a las drogas. Dentro de todo ese caos ellos tienen que ser el ancla que te da un poco de estabilidad. Y lo logran muy bien porque siguen lucrando con tu cuerpo y dentro de todo aguantás. Estás ahí, no te querés ir. Me cobran por llegar tarde, por no ir, el día que me enfermo tengo que pagar dos mil pesos, pero no importa, yo me quedo ahí porque es donde mejor puedo estar. Cuando lo mirás desde afuera, es una locura todo eso. Son mujeres a las que se les quita todos los derechos”, explicó.

Tras presenciar las audiencias del juicio al clan Morales, Kinan destacó que una de las víctimas “tiene un retraso madurativo que cualquier persona que hablara con ella se daba cuenta. Cuando a ella la engañan, tenía un DVD de la película Moulin Rouge, ella pensaba que iba a eso. Mirá vos la fantasía, mirá vos las mujeres siguen pensando en esa Mujer Bonita, en ese Moulin Rouge y no. Realmente a lo que vas es un sucucho de metro y medio por medio metro, son cuchetas dónde vas a estar con quince, veinte, treinta hombres por noche. Donde te duele todo el cuerpo, terminás seis, siete de la mañana toda dolorida. Incluso a veces sangrando, muchas de las chicas que no soportan más tener sexo terminan super alcoholizadas y después de tantos días terminan vomitando sangre. Acá no hay nada color de rosa, acá no hay nada placentero, es tremendo, son infiernos”.

¿Qué solución les vamos a dar?

Al ser consultada por el cierre de “cabarets y whiskerías” ordenados en algunas jurisdicciones como el Partido de Bahía Blanca, Alika opinó que “es una medida efectiva en tanto y en cuanto los diferentes organismos nacionales, provinciales y municipales cumplan con los protocolos de actuación hacia las víctimas”.

“Lo que no podés hacer -que yo lo sufro hoy en día- es cerrar un prostíbulo y dejar a todas esas mujeres a la deriva. Te ofrecen talleres de costura, de mucama. Yo no quería hacer costura ni mucama, ¿por qué me ofrecían esas cosas a mí? Estamos hablando de asistencias de una semana, dos semanas, un mes. Esas mujeres necesitan tratamiento psicológico, eso es fundamental. Necesitas reinsertarlas laboralmente, socialmente”.

“Yo hace un año y medio que estoy con tratamiento psicológico y todavía sigo escuchando cosas terribles que han pasado en mi vida como muchas otras mujeres. El tratamiento es una parte fundamental de darle un sentido a tu vida. No todas toleran eso porque te encontrás con cosas terribles, pero hay que hacerlo. Nación, provincia y municipalidad fallan en todos esos puntos. No hay refugios, no hay casas”, afirmó.

Finalmente se preguntó: “¿Qué solución les vamos a dar? ¿Qué estamos planteando para poder reinsertarlas socialmente? ¿Como sociedad sabemos a qué nos enfrentamos? ¿Vamos a tener esa capacidad de tolerancia para que esa mujer entre en nuestras vidas? ¿Vamos a tolerar que una mujer que hayamos visto en un prostíbulo la veamos en una caja en un supermercado? ¿Vamos a ser tolerantes y solidarios para darles trabajo, para enseñarles, para ayudarlas? Ahí es donde estamos equivocándonos. El error no es cerrar los prostíbulos, el error es cerrarlos sin contención para estas mujeres que terminan en situaciones de clandestinidad, siendo tratadas de peor manera que antes”.

La justicia de Bahía Blanca condenó a una madre a seis años de prisión por ser partícipe necesaria en comisión por omisión en el delito de abuso sexual con acceso carnal padecido por su hija. La violación fue consumada por su pareja mientras ella miraba televisión en la misma cama.

El tribunal dio por probado el hecho alegado por el fiscal Sebastián Foglia, quien sostuvo que se encuentra acreditado que en 2008, en Coronel Pringles, la imputada “cooperó y prestó la colaboración necesaria e imprescindible para que su pareja, pudiera acceder carnalmente a su hija de diez años de edad y con debilidad mental leve, en la habitación de su domicilio durante una visita previamente pautada con el padre biológico de la niña”.

“La colaboración prestada (al violador) consistió en avalar y consentir el abuso que se ejerció sobre su hija en tanto presenció el hecho cometido sin interponerse ni impedirlo ya que estaba en la misma cama de la habitación donde el hecho se produjo, mirando la televisión sentada en el borde de la misma, omitiendo velar por su hija ni requerir auxilio, pese a que por su carácter de progenitora le correspondía hacerlo”, asegura el fallo.

Cabe destacar que los delitos sexuales son catalogados como “delitos de propia mano”, esto significa que solo la persona que realiza una conducta abusiva puede ser autor de la misma. Quien preste colaboración al autor incurre en algún grado de responsabilidad penal, según la importancia que tenga ese aporte y la oportunidad en la cual lo realice.

Esa cooperación o ayuda puede consistir en la realización de alguna acción, y también una omisión; es decir, se puede colaborar sin hacer nada. No cualquiera que “no hace nada” o “hace otra cosa” mientras se realiza una acción abusiva, participa del abuso o colabora con el abusador. Pude incurrir en responsabilidad por otro delito, pero no por abuso.

Sin embargo, hay personas que se encuentran en una especial y particular relación con la víctima de abuso que se denomina “posición de garante”, tales como padres o madres respecto de sus hijxs y las personas encargadas de cuidar niñxs, que ante una situación que amenace la libertad sexual “son garantes” de su protección y su inacción, en esos casos, puede hacer que se consideren tan responsables como el autor del abuso.