Estaba previsto que la ex secretaria judicial de la dictadura fuera homenajeada junto al personal jubilado mañana en Colón 80. Organismos de derechos humanos y gremiales denunciaron su complicidad con el terrorismo de Estado.
“Se refirió a los abusos sexuales sufridos en La Escuelita, contó que la desnudaron, la ataron a un elástico de cama, le colocaron una toalla en la boca y la torturaron con picana. Luego de su liberación, uno de los captores que apodaban ‘el Tío’ se presentó en su domicilio y le devolvió los documentos de identidad. Posteriormente, ‘El Zorzal’ y ‘Chamamé’ comenzaron a concurrir a su hogar con objetivo intimidatorio y dijo que se quedaban a cenar”, refirió el fiscal Pablo Fermento al alegar por uno de los más de 300 casos del juicio.
Entre los casos expuestos en el alegato fiscal, Paula Molini relató el secuestro de María Graciela Izurieta y el nacimiento de su bebé en cautiverio. Presentó la carta que la víctima logró enviar durante su cautiverio, última noticia que tuvo su familia sobre su paradero. Graciela aún continua desaparecida y su hijo apropiado.
Durante las últimas dos audiencias continuó el alegato de la Fiscalía. Paula Molini se refirió al parto de Aurora Violeta Saldaña en su estadío en el CCDTyE La Escuelita y a la apropiación de su bebé. La próxima audiencia será este jueves desde las 10:30.
Durante la audiencia 91 la Fiscalía alegó acerca de los casos de las víctimas cautivas en el Batallón de Comunicaciones 181 y comenzó a describir aquellas que pasaron por las comisarías, alcaldías y el penal de Villa Floresta durante la última dictadura. El juicio continúa este jueves desde las 9.
En la segunda jornada de los alegatos la Fiscalía describió los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que operaron bajo jurisdicción de la Subzona 51 durante la dictadura cívico militar. Hoy continúa la exposición.
Iniciaron los alegatos de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad en la causa que juzga a 36 represores por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca. Las audiencias continúan el lunes y jueves de la semana próxima.
El TOF 1 de La Plata dictó diez condenas perpetuas, una sentencia de 25 años y una absolución tras casi 4 años de juicio. Durante el proceso se juzgó a represores integrantes de las Brigadas de Investigaciones de Banfield, Quilmes, Lanús y San Justo que cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.
La Unidad Fiscal de Lesa Humanidad iniciará el tramo final del debate oral con la apertura de los alegatos. Luego de más de dos años de audiencias testimoniales e indagatorias, en esta instancia las partes expondrán sus argumentos y solicitarán al Tribunal el pedido de condena para cada uno de los 34 imputados.
La Cámara de Casación Penal respaldó la ampliación de acusación por delitos sexuales cometidos contra 3 víctimas. En agosto, la querella y la Fiscalía habían solicitado que se juzguen a 17 represores por delitos contra 8 personas.
Lo expresó en la audiencia 83 la querellante Mónica Fernández Avello ante las intervenciones del imputado Alberto Rey Pardellas durante la declaración indagatoria. El próximo jueves continuarán las sesiones en el Tribunal Oral Federal.
En la audiencia 82 amplió su indagatoria el imputado Alberto Rey Pardellas. “Los hombres y mujeres que combatieron el terrorismo pasan sus días en cárceles comunes”, dijo en referencia a otros represores condenados y enfrentó a los fiscales acusándolos de “traidores”.
Continuaron las ampliaciones indagatorias. Declararon Mario Alberto Casela, Osvaldo Lucio Sierra y Osvaldo Bernardino Páez. El lunes desde las 9 será la próxima audiencia.
Este miércoles declararon los acusados Ernesto Emilio Etchart, Carlos Alberto Ferreyra, Héctor Luis Selaya y Arsenio Lavayen. La próxima sesión será mañana a las 9.
Ante las intenciones de paralizar la obra pública, desde H.I.J.O.S. Bahía Blanca manifestaron malestar por lo que representaría que se detenga su puesta en valor como sitio de memoria.
La última audiencia ampliaron sus declaraciones indagatorias los imputados Kussman y Etchart.
Una investigación conjunta entre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), arrojó información acerca del rol de la última dictadura argentina en América Central en los ’80. El estudio dio lugar a que los investigadores se desempeñen como peritos en juicios de desaparición forzada.
El intendente Sergio Bordoni (UxP), quien sostuvo al funcionario durante meses pese a las denuncias vecinales, confirmó la desvinculación del ex Personal Civil de Inteligencia del Batallón de Inteligencia 601, Julio Baamonde.
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