(Por Astor Vitali) El bloque oficialista impulsa un proyecto de ordenanza para amplíar las facultades de intervención del sector privado en la definición de políticas públicas en las áreas de cultura, deportes y espacios públicos. De esta forma, intentarán crear el “Régimen de Promoción Cultural, Deportivo y puesta en valor del espacio público del Partido de Bahía Blanca”.

La escueta argumentación de la potencial norma da cuenta de “la necesidad de ampliar la posibilidad de llevar a cabo proyectos que apunten al desarrollo de actividades culturales, deportivas y de mejoras en los espacios públicos del Partido de Bahía Blanca” y da por sentado que “es importante que desde el Estado municipal se estimule la participación privada en el financiamiento de actividades culturales, deportivas y/o de mejoramiento de los espacios públicos de la ciudad”

Atento a las reiteradas críticas recibidas por la gestión de Ricardo Margo al frente del Instituto Cultural de Bahía Blanca (quien ocupó el cargo correspondiente a la misma función en los 90), la autora del proyecto, Soledad Pisani, abre el paraguas arguyendo a renglón seguido que el proyecto “no implica sustituir la responsabilidad del Estado en la materia, sino más bien coadyuvar en pos de enriquecer y ampliar las posibilidades de generar una mayor diversidad de proyectos”.

Según Cambiemos, “es necesario generar las herramientas necesarias (sic) para brindar la oportunidad a quien busca financiación para su proyecto, como así también para aquellos potenciales patrocinadores interesados en realizar aportes que apunten al desarrollo y crecimiento de la ciudad”.

Además, la mirada oficial sostiene que “las experiencias de este tipo, llevadas a cabo en distintos países del mundo y en el país, por caso, la ciudad Autónoma de Buenos Aires, han sido exitosas”.

Y nuevamente, sin aportar elementos concretos que fundamenten sus afirmaciones, arremeten con la idea de que “la sinergia público privada juega un papel fundamental en el crecimiento y desarrollo de las ciudades” recordando que “se mantiene a lo largo de los años, independientemente del color partidario del gobierno municipal, lo que lo convierte en una política de Estado para el municipio, en donde cualquier intendente que asume comparte la idea de mantener un buen vínculo con las empresas que están instaladas en la ciudad”.

En este sentido, es preciso recordar que la ordenanza de “Solidaridad Cultural” fue creada por el ex Ministro de Producción de Daniel Scioli, Cristian Breiteinstein. La norma cuestionada por asociaciones gremiales y políticas fue utilizada por todos los directores del Instituto Cultural, con distinta orientación política pero sin derogarla ni modificarla.

El nuevo régimen derogaría la de Solidaridad Cultural y la hace extensiva a deportes y espacios públicos, otorgando así mayor protagonismo al ámbito privado en la definición de políticas y proyectos públicos.

FM De la Calle intentó, sin éxito, comunicarse con la autora del proyecto.

Un modelo a seguir

El hecho de que el régimen se aplique a estas tres áreas en particular no es casual: se trata de sectores a los que gran parte de la dirigencia política asigna un valor secundario e improductivo.

Veamos en el caso del área de cultura. El problema de fondo, que toda gestión reconoce en los pasillos palaciegos pero no modifica en la estructura real ni en la política concreta, es que el presupuesto para el área es insuficiente. Se trata de un 1.5 del presupuesto municipal total. Margo ha defendido públicamente el número dado que acata lo “recomendado por la UNESCO”. Sin embargo, el 87 % del total asignado al área de cultura corresponden a gastos administrativos, dejando casi sin capacidad de financiación pública otros proyectos, por fuera de los dineros ingresados ad hoc en el Fondo Municipal de las Artes o a través de la ordenanza de Solidaridad Cultural.

Ante la necesidad de mayores recursos, el proyecto mete en una bolsa las áreas de Cultural, Deportes y Espacios Públicos y abre más las puertas a que la iniciativa privada participe en la definición de políticas culturales, en lugar de buscar fuentes de ingresos genuinas que dejen la potestad única de definición en mano del Estado y la sociedad.

Mecenazgo exprés

Por su parte, la concejala Betiana Gerardi –quien preside la Comisión de Educación, Cultura y Acción Social- sostuvo que se enteró “un día en el que se quería votar la ordenanza porque no pasó por las comisiones que tenía que pasar. El oficialismo tenía intención de votarlo”.

Además, consideró que “son tres colectivos diferentes con exigencias totalmente diferentes”, haciendo referencia a las áreas de Cultura, Deportes y Espacios Públicos englobados en el proyecto. En este sentido, Gerardi explicó que antes de ser tratado, el proyecto debería pasar por el Consejo Consultivo del Instituto Cultural, el Consejo Municipal de Deportes y lo que tiene que ver con Espacios Públicos hay una comisión acá en el Concejo Deliberante”.

De todas formas, afirmó que deberían evaluarse en forma separada y que la ordenanza presentada por Cambiemos “es muy amplia y pone muchos baches en un montón de lugares”.

Consultada acerca de la posición política del Frente para la Victoria acerca del mecanismo de “mecenazgo”, la edil sostuvo que “no hay que darle la política cultural a las empresas”.

Alcance acotado

Dado que uno de los ítems que figuran a modo de argumento en el proyecto de ordenanza es que el sistema habría sido exitoso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, FM De la Calle consultó al titular del Sindicato Argentino de Músicos (SAdeM), Ricardo Vernazza, quien contó que en la capital la Ley de Mecenazgo “tiene unos seis años de aplicación” y que “el gobierno de la gestión de Macri lo ha mostrado como un gran acierto de su gestión. Han hecho hasta un libro gigantesco sobre los beneficios. Ahora lo están catapultando a nivel nacional. Más allá de que no hay Ley Nacional de Mecenazgo, sí crearon la Secretaria de Mecenazgo” a cargo del funcionario que la encabezaba en CABA.

La norma vigente en la ciudad porteña “está atada al impuesto de Ingresos Brutos y por eso tiene un alcance bastante acotado porque es solamente para un impuesto municipal”.

Para el dirigente es preocupante “que el Estado por esta cuestión no se puede correr de cuáles son sus decisiones estratégicas. Es un aporte más económico pero que no termina siendo significativo. Siempre lo significativo está en las decisiones estratégicas que se toman desde el Estado.”

Además, esos aportes de privados “han sido en forma anárquica. Como el músico es el que tiene que ir a buscarse la empresa que le da el mecenazgo parte de un proyecto propio del músico donde el estado no tiene la decisión estratégica. No es más que una ayuda económica. No fue tomado dentro de la decisión estratégica que el Estado tiene que tener en el cumplimiento de su función en lo que tiene que ver con el fomento, la difusión y la protección”.

¿Y los interesados qué piensan?

La pregunta debería ser el punto de partida de cualquier política. Sin embargo, no hubo consulta por parte del bloque oficialista a ningún órgano de representación de artistas y hacedores de la cultura acerca del proyecto que intentaron aprobar expresamente.

Por ello, este sábado 6 de agosto a las 11:00, quienes integran los espacios de representación de trabajadores y trabajadoras de la cultura en el Consejo Cultural Consultivo convocaron a una asamblea en la sala El Tablado (Chiclana 453).

Además informarán sobre las pasadas reuniones del Consejo Consultivo y los resultados de las mismas y darán continuidad a las actividades y medidas resueltas en las pasadas asambleas.

¿Mecenazgo?

Las normas llamadas de “mecenazgo” nacieron malparidas conceptualmente ya que no se trata de un verdadero mecenazgo sino de beneficios impositivos que favorecen la orientación económica hacia el sector y, por otro lado, prestigian a grupos empresarios.

Sin embargo, la idea de mecenazgo fue concebida saliendo de la sociedad medieval, donde las burguesías pujantes “apoyaban” o “protegían” personalidades, artistas y científicos de su peculio sin obtener beneficios impositivos a cambio. Es decir, financiaban a los y las artistas de su bolsillo para el desarrollo tiempo completo de las tareas del beneficiario.

En cambio, en la ordenanza propuesta y las vigentes en otros Estados, los gobiernos deducen una buena parte de los impuestos que deberían ir a rentas generales para que la sociedad defina dónde deberían ir esos recursos y apenas una parte la ponen los privados.

Muchas veces, esa parte que ponen los privados es mucho más barata que la publicidad de gran impacto que le da aparecer como falso mecenas de un proyecto que financió desfinanciando al Estado.