En la madrugada del sábado lo encontraron bajo el puente peatonal de Ingeniero White y murió ayer por mañana en el Hospital Municipal. Tenía 17 años e integraba la Orquesta Escuela de Ingeniero White.
“La primera versión que hicieron correr desde la Comisaría Tercera fue que él se intentó suicidar: Te puedo asegurar que jamás hubiera intentado suicidarse”, dijo a FM De la Calle Viviana Almada, tía del joven.
Ángel tuvo tratamiento con profesionales por anorexia. Contrariamente a lo que se sugirió a través de algunos medios, el equipo de psiquiatras “dice que es imposible que se hubiera querido suicidad. Él estaba en su mejor momento: feliz con su orquesta, preparando todo para el lunes que arrancaba la secundaría y con un montón de proyectos”-
La comisaría hace correr ese rumor “porque es más fácil. Un chico se te tira por un puente vos lo primero que decís es se suicidó y cerramos la causa. Y no lo investigan”.
“Para nosotros a él le robaron y lo tiraron del puente. Le faltaban los dos celulares”, agregó.
El caso lo lleva ahora la UFI Nº 3. La familia solicita que quien tenga información, “por más chiquita que sea”, se comunique al 2914705878 o al 4573033.
La búsqueda de información se hace más urgente dado que en el sector “hay dos cámaras pero no funcionan”.
La comunidad de Bahía Blanca e Ingeniero White se encuentran movilizadas por el hecho.
Por su parte, un comunicado de la Unión de Músicxs del Sur hizo legar su “abrazo a la familia” del joven.
“El arco silenciado de Ángel enluta a la música de la ciudad con su pérdida estridente”, sostuvo el gremio.
A su vez, la organización reclamó al poder judicial “el inmediato esclarecimiento del hecho”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2016/03/angel.jpg?fit=960%2C642&ssl=1642960FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2016-03-09 14:27:352016-03-09 14:27:35Ángel Almada: piden información y esclarecimiento
El SUTEBA local, mediante un comunicado, dijo que ayer tomaron conocimiento de que “en Bahía Blanca se recortó el cupo en los comedores escolares 30%”.
Se trata de “un número frío, pero que detrás esconde niños/as y jóvenes que se quedan sin comer. Aún no sabemos a ciencia cierta cuantos alumnos bahienses se verán afectados por esto, pero seguramente son muchos que, necesitando hacerlo, dejaran de recibir un plato de comida”.
A su vez, la organización calificó la medida como “una decisión inhumana, que no corresponde a ningún relevamiento previo, por lo tanto también arbitraria”.
“El Estado Provincial paga solo $6,30 por alumno en concepto de almuerzo y 2, 60$ por desayuno o merienda. Este monto no se ha aumentado desde el 2014”.
La organización informó que “este año iniciamos las clases con un panorama donde muchas familias de los sectores populares no han podido adquirir útiles y zapatillas para que sus hijos concurran a clases. En los comedores los chicos pedían repetir las raciones porque se evidenciaba que tenían hambre”.
“En este contexto, sin consulta alguna, la Dirección del Servicio Alimentario Escolar (SAE), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, tomó esta decisión. O sea, se ‘ahorra’ (mejor dicho AJUSTA), sobre quienes menos tienen”.
Desde SUTEBA rechazaron la medida y exigen que o haya “ningún recorte en los comedores, incremento en las partidas por cupo y aumento de los cupos en los comedores”.
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Martin Moyano (GEN) creó y lleva adelante el sitio web Bahía Segura y en una entrevista brindada a FM De la Calle proporcionó un pantallazo de la cuestión.
“Esta iniciativa comenzó hace dos meses, nació de la falta de información pública sobre la temática de seguridad. Inicié un mapeo de los hechos de inseguridad, basándome en el seguimiento de medios (de comunicación) con mejor servidor. Lo que registra la prensa son buenos indicadores”.
¿A qué llama inseguridad?
“Nosotros llamamos al fenómeno de inseguridad más comúnmente al que está reflejado en los medios. Tomamos los robos y hurtos, luego discriminamos cada clase de robos. Además sumamos riñas callejeras y vandalismo. Tratamos de ser lo más específicos posibles. No queremos estigmatizar. Con esto tenemos una visión más democrática de la seguridad.”, sostuvo.
Martin Moyano propone una mirada preventiva como aporte a la búsqueda de soluciones. “Tenemos más de 1300 efectivos en la calles, vemos que hay un 27% de eficacia. La información dice que el delito que más se repite es el hurto y esto se soluciona con prevención”.
Por otra parte, explicó como se comporta el seguimiento. “Desde que nosotros estamos registrando, en la zona de macrocentro está controlado el tema de inseguridad. Hay un corrimiento mes a mes de los robos y hurtos: se van a los barrios aledaños. Crece la problemática en casas particulares. Por eso manifesté que deben trabajar más en la prevención. Igualmente hay un asunto que es gravísimo: debemos erradicar la compra y venta de bienes robados”.
Con respecto al uso político de la inseguridad y el narcotráfico, Moyano aseveró que “en el discurso se le ha declarado la guerra al narcotráfico. Yo lo que veo, basándome en los datos que dan los medios de comunicación y demás, es que a los que agarran son personas con poco monto de drogas”.
Para finalizar, el creador del informe dio sus expectativas. “Estoy convencido que si hay más datos públicos habrá más registro público al respecto y esto traerá un control sobre los funcionarios públicos encargados de esta problemática, el dinero, que son millones, invertidos y en la policía. Debemos trabajar en esta cuestión como sociedad. El municipio tiene que prevenir, creo que esa es la clave”, sentenció.
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Los dos sectores en que se expresa la CGT en Bahía Blanca llegaron a un acuerdo respecto de que “el próximo titular de la Delegación del Ministerio de Trabajo en nuestro medio, debe provenir de las filas sindicales”.
A través de un comunicado, esta central obrera informó que solicitaron “una urgente reunión al intendente Héctor Gay para terminar de definir al sucesor de Carlos Moreno”.
El abogado y dirigente de La Bancaria, Walter Larrea, es una de los dirigentes “de consenso” que estas organizaciones sindicales proponen para ocupar el cargo.
Al respecto, Larrea dijo a FM De la Calle que “es un espacio de contención y de garantía de los derechos de los trabajadores en el marco de la conflictividad y me atrevería a decir inclusive de la prevención ante las eventuales diferencias que pudieran surgir. Llegado al caso del conflicto el Ministerio tiene la función de velar por el sector más desprotegido”.
“El tema es que desde los gremios estamos planteando que, por esta características de la naturaleza de la delegación ministerial, no es lo mismo la presencia de un funcionario, profesional o no, que se erija como una suerte de tercero imparcial” a que el lugar sea ocupado “por una persona representante de los sindicatos”.
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Así lo informó Oscar de Isasi, Secretario General de ATE Y CTA Autónoma bonaerenses. Participarán de la jornada de protesta las organizaciones gremiales de trabajadorxs del estado que se encuentran dentro de esa central.
El paro convocado por ATE, AJB y CICOP, y al que adhieren trabajadorxs de la legislatura y docentes, rechaza de plano el 15% (5% + 10%) de aumento propuesto por el gobierno provincial, pide por el fin de los despidos, el pase a planta permanente de los precarizados y la reincorporación de los trabajadores.
“Para las mayorías de las organizaciones sindicales sigue el conflicto por la disputa salarial, ya que hemos rechazado de plano la última propuesta hecha por el gobierno provincial, que ronda el 15% en el mejor de los casos de marzo hasta junio, pero todavía está muy lejos del porcentaje para recuperar el nivel adquisitivo del salario. Además, sobre las categorías más bajas es menor a ese 15%, unos 1000 pesos de aumento, que rompen con esa equidad que habíamos conseguido fruto de la lucha, con los salarios más bajo de los trabajadores ingresantes de distintas leyes. Además, discrimina sustancialmente al conjunto de los trabajadores estatales del aumento que se les dio a los docentes”, dijo el dirigente al servicio de prensa oficial de la entidad gremial.
Por su parte, la titular de ATE Bahía Blanca, Viviana Marfil, ratificó la medida y dijo a FM De la Calle que “esto es totalmente insuficiente. Los trabajadores estatales, la línea más baja que representa al 70 % de los trabajadores, están bajo la línea de pobreza según un estudio de mercado de Bahía Blanca que dice que el sueldo debería ser de $9000”.
Respecto de las condiciones de trabajo y el estado de las negociaciones en tal sentido, Marfil sostuvo que “no hubo ningún tipo de modificación. Las escuelas siguen en el mismo estado. No siguen el protocolo que corresponden. En el Hospital Penna lo único que se está haciendo es arreglar la sala donde se encuentra el tomógrafo pero todavía no se puso mano en el tomógrafo y en todos los otros ámbitos del estado está pasando lo mismo”, finalizó.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2016/03/conferencia.jpg?fit=526%2C328&ssl=1328526FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2016-03-07 19:14:462016-03-07 19:14:46Estatales: el miércoles habrá medida de fuerza
El sábado por la tarde, militantes políticos lanzaron en Bahía Blanca la Corriente Comunista David Watu Cilleruelo. Lo hicieron a través de un encuentro del que participaron referentes y distintos espacios sociales, sindicales y políticos de la región y el país a quienes se les entregó un documento con las principales ideas que expresan los objetivos del espacio.
En ese marco, José Lualdi, quien fue por mucho tiempo Secretario General del Partido Comunista Regional Bahía Blanca, expresó los motivos del lanzamiento del espacio político por fuera del PCA. De esta forma, el dirigente explicó que no fueron solo las definiciones de “voto táctico” las que alejó a este grupo político de la organización, sino prácticas “inaceptables para cualquier persona que se diga de izquierda” que cerraron los debates internos.
Por su parte, Gabriel Cena hizo referencia a quiénes integran este espacio y cómo proponen su trabajo militante al servicio de diversas construcciones sindicales y sociales de la comunidad.
Finalmente, hubo una ronda de opiniones en línea con el objetivo del encuentro de recoger miradas acerca de la necesidad de construir una alternativa política desde los sectores críticos del capitalismo y la posibilidad de intervenir también en la lucha electoral a tales efectos.
Participaron también referentes nacionales como Carlos Chile (CTA), Néstor Jeifetz y Carla Rodríguez (MOI) y referentes del Movimiento Territorial Liberación.
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A dos años de la muerte de Daiana Herlein, su madre y padre difundieron una carta “a la comunidad”. En ella recordaron el aniversario pero sostuvieron que, a su vez, “un día como hoy hace dos años la cuidad perdió el miedo. Porque desde ese momento los ciudadanos de Bahía Blanca comprendimos que Daiana pudo haber sido la hija o la hermana de cualquiera que ese día paseaba en el Parque de Mayo. Porque ese día entendimos que la corrupción mata”.
A pesar del “dolor decidimos junto con muchos ciudadanos luchar para que ninguna otra familia sufra una perdida como la nuestra. Denunciar todos y cada uno de los lazos mafiosos con los que el poder se aprovecha de los dineros públicos y sumerge nuestras vidas en el abandono, la negligencia y la decidía”.
Alejandro Herlein y Lorena Zerneri han denunciado con anterioridad “que a Daiana la asesino un estado mafioso y corrupto”. Hoy la realidad nos da la razón y personajes tan nefastos como Marcelo Caramelli quien al momento del hecho era el director de parques se encuentra preso por extorsionar a comerciantes. Es decir lisa y llanamente un funcionario municipal corrupto que usaba su puesto para beneficiarse económicamente y que no cumplía con sus funciones ya que desconoció los informes sobre las condiciones terribles del arbolado público”.
Apuntando al rol del poder judicial en la complicidad del entramado de corrupción, la carta expresa que “para que haya funcionarios corruptos tiene que haber jueces que miren para otro lado. Donde esta mezclada la política y el poder económico, los negocios lícitos y los ilícitos. Donde están involucradas las fuerzas que tienen que investigar y los que tienen que detener a los delincuentes”.
El documento incluye una crítica a comunicadorxs, aseverando que “donde se compran voluntades de periodistas que difunden mentiras e infamias contra las victimas para proteger a sus patrones corruptos”.
Apuntando a que se investigue a otros funcionarios, Alejandro y Lorena señalaron que “el encarcelamiento de Caramelli es solo el principio hay muchos implicados que tarde o temprano pagaran por sus actos, por su acción u omisión. Rubén Valerio el responsable de Obras públicas recientemente fugado al vecino Monte Hermoso. Martín La Place y Rubén Lazcano…y como olvidar al jefe de la banda el fugado Gustavo Bevilacqua, quien fuera premiado por sus servicios y que su sola presencia mancha a todo el cuerpo de diputados de la provincia de Buenos Aires”.
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El Secretario de Finanzas de la Unión Obreros de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Guillermo Molina, habló con FM De la Calle sobre la problemática de los sectores industriales y obreras de la ciudad.
“Tuvimos un par de reuniones interesantes en el municipio. El intendente, Héctor Gay, nos explicó las intenciones de realizar obras públicas, cosa que nos parece muy bueno. Pero la realidad sabemos que no es definitivo: el problema es el salario de la gente que repercute directamente en nosotros”, remarcó.
Hasta el momento se realizaron dos reuniones. “En la primera concurrieron por el ejecutivo el secretario de obras públicas, Manrique, un concejal en representación de la comisión de obras del Consejo Deliberantes, colegios, gremios y empresas. Ya en la segunda, además de estas personas, se convocó a los legisladores de los tres niveles con pertenencia territorial a Bahía Blanca y a la sección”, explicó.
Además destacó que “hay interés que definen las condiciones de trabajo. El intendente dejó de entrever algún anuncio de obra para la ciudad en un largo plazo”.
Con respecto a esta problemática señaló el trabajo de seguimiento que lleva a cabo el gremio, “más allá de los números que arrojamos, hay un gran párate”, haciendo referencia al peligro de unos 1500 puestos laborales en la región.
El secretario gremial resumió la situación con los empresarios locales. “De las empresas y de la cámara se sumaron al debate, a nadie le conviene esta mala situación. La ventaja que tienen los empresarios es que pueden abaratar costos, tienen muchas maneras. Ahora, el trabajador si no trabaja no gana plata, si no tiene plata no come. Se está intentando crear un ámbito para tratar el tema de la desocupación”.
Respecto de la inminente designación de un delegado en el Ministerio de Trabajo, el dirigente obrero reconoció que se trata de “puestos políticos” pero que, desde hace algunos años “se ha logrado que este un trabajador en el puesto de delegado y esto nos encuentra en buena posición porque las cosas se nos hace más ágiles. Arrigoni y ahora Moreno están realizando una excelente tarea”.
A la espera de una resolución, la CGT advirtió que espera ser consultada.
“Nosotros desde el gremio estamos en permanente alerta y preocupación. Estamos empezando a ver este espiral diabólico: es la resultante de la desocupación, la falta de obras y la pérdida del poder adquisitivo. Sabemos que comenzó a bajar y las consecuencia que puede pasar con esto”, finalizó.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2016/03/Guillermo-Molina.jpg?fit=958%2C542&ssl=1542958FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2016-03-04 21:38:592016-03-04 21:51:02Construcción: “repercute el bajo salario y la falta de obras”
Así definió la CTA Bahía Blanca-Coronel Dorrego al fallo del juzgado en lo Correccional Nº3 de Bahía Blanca, a cargo de la Jueza Susana Gonzalez La Riva, en el marco del juicio oral contra 5 trabajadores que tomaron en 2012 el frigorífico Villa Olga.
“Se consumó un atropello contra el legítimo derecho a la protesta social de los trabajadores. En la sentencia se condena a uno” de ellos, “Hugo Cartagena y se absuelve a los otros cuatro acusados. Se le imputa al trabajador el delito de ‘usurpación’, al tiempo que se restituye la propiedad del frigorífico a la familia Siracusa”.
Para el abogado de dos de los trabajadores criminalizados, Claudio Lofvall, el juicio “nunca debió haber llegado al ámbito penal ya que se trata de un conflicto que debía dirimirse en la justicia laboral”.
A través de un documento, la CTA recordó que “en el 2012 la legislatura bonaerense votó una ley que lo declaraba de ‘utilidad pública sujeto a expropiación´. En aquel momento se hizo un acto en las puertas del frigorífico con la presencia de los diputados del FpV Sonia Larraburu y Marcelo Feliú y se hicieron promesas de reactivación. Las mismas nunca se efectivizaron ni tampoco se concretó la expropiación. Ahora bien, en todo esto, los trabajadores no tienen responsabilidad alguna. Llama la atención que nadie del sector político que impulsó la ley estuviera en el juzgado”.
Criminazliación de la proyesta
Para la CTA, “la sentencia sienta un precedente en tanto criminaliza la decisión de 187 trabajadores despedidos en el 2012 de defender sus puestos de trabajo ante el vaciamiento patronal”. Además, el texto expresa que “en un momento en que se producen despidos tanto en el ámbito estatal como el privado, la justicia produce un fallo por el cual inclina claramente la balanza a favor de las patronales”.
Para la fiscal Olga Herro, según se puede escuchar en el audio extraído de una entrevista otorgada a este medio, no había ningún conflicto laboral que justifique la toma y se mostró únicamente abocada a observar el delito de usurpación sin contemplar el contexto en el que se llevó adelante la medida de fuerza. En este sentido, la central sostuvo que “usurpación es apoderarse injustamente y de forma violenta de una propiedad o de un derecho que pertenece a otra persona. Los trabajadores no se apoderaron de nada ni utilizaron la violencia. Frente a una patronal que primero los explotaba obligándolos a asociarse a una cooperativa fraudulenta y luego los despedía y comenzaba a llevarse las máquinas de trabajo para vaciar la planta acordaron conjuntamente la defensa del trabajo”.
Enrique Gandolfo, referente de la CTA regional, dijo a FM De la Calle que “nosotros hablamos de una justicia direccionada en este caso desde la fiscalía y convalidad por la jueza en el sentido de que hay una justicia que se saca la venda, abre bien abiertos los ojos y decide con una mano premiar a los empresarios, le devuelve la propiedad que había sido declarada de utilidad pública y sujeta a expropiación y por otro lado castiga a los laburante”.
“La fiscal, cuando habla de los trabajadores, habla de esta gente. No es gente como ella”.
Reforzando lo antedicho, el dirigente que estuvo presente en los pasillos palaciegos contó que, mientras esperaban la lectura del fallo, “a dos metros de los trabajadores estaba la familia Siracusa (dueños de la firma). Pasa la fiscal: abrazos, besos con la familia, con la abogada. Un rato después la sentencia le da la razón a la patronal”.
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Este sábado a las 17 la Casa del Pueblo propone su reapertura. La casona conocida históricamente como local del Partido Socialista fue habitada, desde hace pocos años, por una agenda cultural a cargo de un grupo de artistas.
El sábado 22 de agosto del año pasado la Municipalidad de Bahía Blanca tomó la decisión de clausurar el establecimiento durante una actividad de varieté. La actual casa de Socialistas para la Victoria es cedida para la gestión de actividades al grupo Perro Azul, conocido por la organización de El Semillero, un encuentro de formación y festival de gran impacto en la región.
Actualmente, rige la ordenanza de espacios culturales, sancionada en julio 2014. La misma prevé una mesa que incluye autoridades del Instituto Cultural, personal técnico que debería colaborar en la realización de los planes de readecuación de los establecimientos que están cerca de habilitarse según los cánones establecidos en la norma y un representante por los espacios culturales. A su vez, dispone un fondo presupuestable para financiar la actividad.
Sin embargo, al momento de la clausura de la Casa del Pueblo esta mesa no estaba funcionando. Ante el debate público que ocasionó el cierre del lugar, el gobierno saliente, de la mano de la ex directora del Instituto Cultural, Marcela Sainz, puso en marcha la mesa a último momento.
Según dijo a FM De la Calle Nicolás Caminiti, referente del espacio, “finalizado el año la comisión técnica no tuvo mayores progresos y los subsidios quedaron mayormente parados”.
Actualmente, “el Instituto Cultural todavía no convocó nuevamente a la comisión ni a los espacios culturales. El presupuesto destinado a los subsidios del año pasado todavía no sabemos en qué estado quedó”.
Desde el espacio artístico pidieron una reunión a las nuevas autoridades del Instituto Cultural, aún sin respuesta.
De cualquier manera, éste sábado desde las 17 “hasta aproximadamente las diez de la noche” se llevará adelante la reapertura de La Casa del Pueblo. Durante la jornada habrá música, danza, teatro y espacios de charla sobre la actualidad de los centros culturales será el entorno para dar comienzo a un nuevo año.
La actividad será con entrada libre y gratuita pero habrá urnas para quienes deseen colaborar con las refacciones que el espacio debe efectuar para lograr su habilitación.
Además, Jorge Rivas presentará en Bahía Blanca su libro “El rumbo”, prologado por Cristina Fernández. La publicación reúne intervenciones parlamentarias, notas de opinión, discursos partidarios y diversas exposiciones y ponencias en debates.
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El concejal Matías Italiano presentó un proyecto de resolución solicitando a la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires la inmediata realización de audiencia pública, a los efectos de garantizar la participación de lxs usuarixs en la discusión del aumento de tarifa del servicio público de energía eléctrica.
El Gobierno Provincial publicó el día 26 de Febrero de 2016, en el Boletín Oficial, una resolución del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Edgardo Cenzon.
Según el edil de Compromiso Bahía, “la resolución en cuestión, establece un incremento en la tarifa del servicio de la energía eléctrica de un ciento diez por ciento (110%)”.
La Ley N° 24.065 establece que “cualquier modificación al régimen tarifario debe contar con una convocatoria a audiencia pública en al que se expliquen los motivos y las causas de la reducción de los subsidios”
Este aumento se suma “a la intensión de fuertes aumentos en las tarifas de los servicios de gas y agua y cloacas”
A su vez, el texto indica que “los servicios públicos de suministro (agua, electricidad y gas) son fundamentales y desempeñan un papel esencial en el desarrollo económico y social, y que los servicios públicos de suministro de calidad son una condición sine qua non para la erradicación efectiva de la pobreza” y “que los gobiernos son responsables en último término de asegurar el acceso fiable y universal a los servicios en unos marcos normativos que prevean la rendición de cuentas”.
Por último, el proyecto de resolución destaca que “la Audiencia Pública es una garantía que tiene el usuario para ejercer un control evitando abusos en la fijación de la tarifa”.
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Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia habían cuestionado aquel fallo ante la Alzada local, cuyo ex presidente Néstor Luis Montezanti presentó ayer la renuncia al cargo -en el cual estaba suspendido- jaqueado por un jury que le reprocha su pasado como personal civil de inteligencia del Destacamento 181 y sus vínculos con la Triple A. Con la lectura del veredicto establecida para el próximo jueves, el Ministerio de Justicia deberá decidir si acepta o rechaza la dimisión. En la causa Massot se había involucrado para exonerar al juez Álvaro Coleffi.
Ayer, Pablo Candisano Mera y el camarista marplatense Jorge Ferro firmaron la sentencia y dijeron que, “por el momento”, no se encuentra acreditada la responsabilidad de Massot como coautor de los homicidios de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola y de haber efectuado “aportes esenciales” en los secuestros, torturas y asesinatos de otras 35 personas a través de tareas de acción psicológica desplegadas por su multimedio.
Pablo Candisano Mera.
En cuanto a la validez de la intervención de Pontet, Candisano Mera validó sus actos y afirmó que su designación no adolece de vicio alguno y, en ese sentido, el Consejo de la Magistratura solo se limitó a no ratificarla”. Ferro contrapuso que el letrado “no estaba en condiciones legales ni reglamentarias para acceder a tal cargo” aunque coincidió en que finalmente el pedido fiscal, con el juez fuera de la causa, “cae en abstracto”.
Los magistrados manifestaron que las operaciones psicológicas, según su lectura de las normativas militares, eran planificadas y desarrolladas por los uniformados y que “el control y fiscalización gubernamental de los medios de comunicación en la lucha contra la subversión también estaba consagrado reglamentariamente”.
“No es posible considerar como lo hacen los fiscales que toda esta responsabilidad recayera en una empresa privada, o en un civil, siendo más lógico y razonable, a la par de legal y reglamentario, que el Jefe de Operaciones de la Zona 5 se valga de aquellos elementos que le puedan resultar útiles en su planificación, resultando La Nueva Provincia ineludible en esta ciudad y alrededores, especialmente por su posición en el mercado local y su enfoque ideológico abiertamente expuesto”, dijo el autor del primer voto.
El veredicto compartió la “cuasi legalidad de la época” planteada por Pontet reconociendo los decretos del gobierno de Isabel Perón para “aniquilar la subversión”. “En ese marco de violencia política, dado fundamentalmente por el accionar, por un lado, de agrupaciones como Montoneros y el ERP y, por el otro, de grupos parapoliciales apañados por el Estado como la Triple A, el golpe militar no fue resistido por la sociedad, sino más bien aceptado, en algunos casos con resignación, en otros con entusiasmo, en especial en los medios de prensa”.
Como “para ciertos sectores de la sociedad”, entre ellos la empresa de la familia Massot, “la subversión armada era un peligro actual, real y palpable, por lo que la acción psicológica militar sobre ella, solo tendría que acentuar el miedo sin necesidad de convencer. Por ello es que no puede considerarse acreditado que el diario y/o sus directivos tuvieran un conocimiento previo y certero respecto de la realidad de la lucha contra la subversión”, entendió Candisano.
Al amparo de la “libertad de prensa”, agregó: “De allí también que la línea editorial, si bien no era muy diferente antes, alentara y proclamara la necesidad de aniquilar la subversión de la que legítimamente podían sentirse blanco, y dicho mensaje no era más que el oficial y, aún sin saberlo, hasta legal, según los cánones de legalidad de la época”.
La Fiscalía ubicó al actual director del diario dentro del “núcleo duro” de administración del multimedios, en una segunda línea compartida con su hermano Federico, subordinada a la madre de ambos, Diana Julio. Para ello destacan su carácter de dueño, de ser el encargado de representar internacionalmente a la empresa, de queintervino en forma directa y personal en los conflictos laborales haciendo labrar actas notariales, que tuvo reuniones con jerarcas de las fuerzas represoras y que cobraba sueldo como editorialista. Los jueces opinaron que nada de ello fue probado.
Por ejemplo, su rol de correo entre los genocidas Guillermo Suárez Mason y René Azpitarte, en medio de una interna militar, no significa “elemento cargoso alguno, pues dada la presencia prácticamente hegemónica del diario a nivel local y regional, resulta razonable que guardaran buenas relaciones con las distintas autoridades asentadas en la ciudad, ya sean nacionales o provinciales, civiles o militares”.
“La extensa y compleja imputación fiscal fue tratada en profundidad por el a quo y descartada por falta de elementos probatorios que la confirmen, pues no se ha acreditado que el imputado tuviera algún grado de participación en los hechos endilgados, teniendo en cuenta la edad, lugar de residencia y su actividad al momento de los hechos”, culminó Candisano Mera.
Jorge Ferro.
El marplatense Jorge Ferro, presidente del Tribunal Oral que ordenó investigar el rol de La Nueva Provincia tras condenar a 17 represores del V Cuerpo de Ejército, firmó que “hasta el momento no se han podido acreditar” los delitos imputados, “pues la sola circunstancia de publicar ciertas ideas más afines a gobiernos dictatoriales o una línea editorial que muestra el perfil que sostiene el diario La Nueva provincia, no obstante que no se compartan tales ideales, por sí solo no dan la idea acabada de haber formado parte del plan criminal y formar una asociación ilícita a partir del Terrorismo de Estado”.
“Si bien he dicho en la causa N° 982 que le resulta arbitraria la consideración que los militares ‘utilizaron’ a La Nueva Provincia y admitieron una acción psicológica, imputar por ahora a todos los directores de diarios sería aplicar la lógica de libre convicción ya que, insisto, hasta el momento no se valoró elemento alguno que lo acredite”, escribió.
En la misma línea, subrayó que “tampoco ha sido demostrado ni siquiera indiciariamente” que “el imputado asumió voluntaria y conscientemente su parte en el plan delictivo, realizando actividad de inteligencia, en las especialidades de selección de blancos, construcción del enemigo, actividad psicológica de persuasión, compulsión y sugestión de la población, enmarcada incluso en los reglamentos militares, hasta el momento y con la indulgencia de las pruebas que exige este estado procesal”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2015/07/massot-2-e1437234106146.jpg?fit=1011%2C559&ssl=15591011FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2016-02-27 04:21:012016-02-27 04:21:01Confirmaron falta de mérito a Massot
El espía chileno Arancibia Clavel dejó asentado en su archivo que su “amigo” Vicente Gonzalo Massot era parte de sus contactos en Buenos Aires. En un informe de 1974 -hallado recientemente por la Dirección de Comunicación de la PGN-, el agente revela que el empresario bahiense le pidió información para hacer una campaña en los medios “sobre la penetración soviética en América Latina”. Para la Fiscalía, los documentos fortalecen la acusación a Massot sobre instigación al genocidio.
El director del diario de Bahía Blanca La Nueva. (ex La Nueva Provincia) pidió en 1974 información al agente secreto de la Dirección Nacional de Inteligencia chilena (DINA), Enrique Arancibia Clavel, “para hacer una campaña” en sus medios “sobre la penetración soviética en América Latina”, según dejó plasmado el propio espía trasandino en su archivo, que es parte de la prueba del histórico juicio en el que se juzga la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur, la Operación Cóndor. En los mensajes dirigidos a sus jefes, el agente indicó que lo unía “una antigua amistad” con Massot y que se reunía semanalmente con la redacción de la revista Cabildo, de Buenos Aires, donde el empresario justamente se desempeñaba como secretario de redacción.
Los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos de Bahía Blanca, Miguel Palazzani y José Nebbia, presentarán la prueba documental en la causa que tiene al empresario periodístico con pedido de procesamiento por “instigación al genocidio”. La escandalosa falta de mérito que le dictó el juez subrogante Claudio Pontet -separado luego de la causa- está siendo analizada por estos días por la Cámara Federal de esa ciudad.
La Fiscalía bahiense accedió a la información de inteligencia gracias a la colaboración prestada por el fiscal general Pablo Oviña, de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos, que interviene en el juicio oral por la Operación Cóndor, donde ya pidió la condena de 17 de los 18 acusados que llegaron a la instancia final del debate.
El informe que menciona a Massot como contacto de la DINA en Buenos Aires fue hallado por personal especializado de la Dirección de Comunicación Insitucional de la Procuración General de la Nación entre cientos de cables e informes de diferentes embajadas en base a los cuales se publicó en el sitio www.fiscales.gob.ar la nota sobre los documentos que prueban la Operación Cóndor. A raíz del hallazgo, desde la Dirección de Comunicación Institucional se avisó a ambas dependencias del Ministerio Público.
El documento hallado fortalece la acusación de la fiscalía. Massot, que en 1974 tenía 25 años, se encuentra imputado, precisamente, de realizar operaciones psicológicas para las Fuerzas Armadas, como presentar públicamente los fusilamientos de las víctimas como “enfrentamientos”. Los fiscales señalaron que realizó -junto a otros miembros fallecidos del clan, como su madre, Diana Julio- “aportes esenciales”, que “consistieron en el ocultamiento deliberado de la verdad” en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas a través de tareas de acción psicológica desde las páginas del diario antes, durante y después de la última dictadura cívico-militar. También está acusado como coautor del homicidio, entre el 30 de junio y el 4 de julio de 1976, de los obreros gráficos del diario, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, tras un conflicto sindical registrado el año anterior en la empresa.
Arancibia Clavel fue detenido en 1978 por el Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal en medio del conflicto con Chile que casi termina en guerra por la disputa del Canal de Beagle. Tiempo después de la mediación Papal, fue liberado. En esa época el espía chileno era conocido por diferentes contactos de las Fuerzas Armadas argentinas, pues era enlace de la Operación Cóndor en nuestro país. En el juicio oral en curso se ventilaron pruebas sobre su participacion en el secuestro en 1977, en Buenos Aires, de Laura Elgueta y Sonia Díaz Ureta, junto a policías federales. El propio fiscal Ouviña señaló en su alegato la paradoja de dos países que, pese a considerarse potenciales enemigos, compartían como objetivo común la persecución -para la eliminación- de la resistencia a las dictaduras.
En la década del ’90, Arancibia Clavel regresó a vivir a la Argentina y fue detenido, juzgado y condenado por el asesinato del jefe del Ejército chileno del gobierno de Salvador Allende, Carlos Prats, y de su esposa, Sofía Cuthbert, perpetrado en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974 en el marco de una asociación ilícita. Ambos murieron por la detonación de un explosivo colocado en su vehículo. El caso judicial sentó jurisprudencia, pues la Corte Suprema señaló en agosto de 2004, un año antes de declarar inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que el delito de asociación ilícita por el que había sido condenado Arancibia Clavel era imprescriptible, por integrar la categoría de crímenes de lesa humanidad. En 2011, el ex agente chileno apareció muerto, apuñalado en el pecho, en su departamento del centro de Buenos Aires, donde cumplía el arresto domiciliario por la condena.
“Gonzalo”
Según se desprende de los documentos hallados, Massot pretendía alertar desde los medios que controlaba sobre la compra de armas por parte del gobierno militar del peruano Juan Velasco Alvarado (1968-1975), que despertó preocupación en las dictaduras vecinas del continente porque su principal proveedora fue la Unión Soviética. Pinochet era además uno de los principales interesados, pues Perú era considerado en Chile entre las hipótesis más serias de conflicto bélico.
Con 30 años de edad en 1974, Arancibia Clavel enviaba semanalmente partes desde la Embajada en Buenos Aires a la DINA, la organización creada por la dictadura de Pinochet para perseguir a los opositores al régimen dentro y fuera de sus fronteras. En un informe fechado el 29 de octubre de 1974 en la Capital de nuestro país, a menos de un mes del atentado que culminó con la vida de Prats y su esposa, Arancibia incluyó un acápite sobre los “contactos establecidos” en Argentina y puntualmente señaló: “Gonzalo Massot, subdirector de la revista CABILDO (nacionalista de derecha y dueño del diario, televisión y radio de Bahía Blanca, me pidió material informativo sobre el armamentismo peruano para hacer una campaña en los medios que el controla sobre la penetración soviética en America Latina. También con Gonzalo me une una antigua amistad” (sic).
El encabezado del documento indica que se trata del “Memorándum 5” con destino a Luis Gutiérrez, en Santiago de Chile. Ese nombre, en realidad, no corresponde a ninguna persona, sino que era una clave de la DINA. En el juicio oral por la Operación Cóndor el documento fue identificado como 17A. Al final del documento el espía indica, pero no firma, su nombre de cobertura: Luis Felipe Alemparte.
En otro documento, nominado “Memorándum 9-A”, fechado el 3 de diciembre de 1974, Arancibia describe a la revista Cabildo, como lo hace con otras publicaciones, y pone de relieve que se reúne de forma “semanal” con su redacción: “CABILDO, revista mensual, nacionalista de derecha, antiperonista, normalmente tiene artículos sobre geopolítica en que atacan a Chile por problemas limítrofes, en el aspecto ideologico son defensores de la Junta. Mi relación con su equipo de redacción son muy buenAS y mantengo una reunión semanal con ellos. Envío el último número que corresponde a noviembre” (sic).
“Engranaje continental”
Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia, que preparan la presentación de estos documentos, ponderaron que “siguen apareciendo evidencias que fortalecen una hipótesis que no ofrece ni ofrecía dudas sobre el rol de Vicente Massot, no sólo en el esquema de poder del grupo La Nueva Provincia, sino como un engranaje a nivel continental nada menos que con Arancibia Clavel, conocido agente de la DINA en Argentina”.
Palazzani y Nebbia agregaron que estos “documentos muestran que su participación personal en operaciones psicológicas con coordinación continental data de 1974 y que el contacto con la inteligencia de la dictadura chilena era semanal”.
“También, nos muestra la importancia de la preservación y el acceso a los archivos que construyen la memoria colectiva”, consideraron, al tiempo que pusieron de relieve el “gran trabajo del fiscal Ouviña y del equipo de comunicación de la Procuración General”, que permitió dar con esta información.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2016/02/LH_Banner_1.png?fit=800%2C600&ssl=1600800FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2016-02-24 14:41:062016-02-24 14:49:11Massot fue contacto de la DINA chilena
Lorena Zerneri, mamá de la adolescente fallecida tras la caída de una rama en el Parque de Mayo y denunciante en la causa que investiga a Marcelo Caramelli por coimas y extorsión, se mostró indignada por la obtención del arresto domiciliario mediante el pago de 45 mil pesos de fianza por parte del ex titular de Parques.
“Lo que más me indigna es la argumentación de la jueza -Marisa Promé- que obviamente habrá tenido una pericia o informe médico como para tomar esa decisión, pero no me parece que argumente que en estos casi tres meses, desde el 25 de noviembre, su salud haya ido deteriorando sin responsabilizar al penal. Directamente, su salud empeoró por una deficiencia en la alimentación y lo mandan a la casa”, dijo a FM De la Calle.
La madre de Daiana Herlein agregó: “¿El penal no está dando la asistencia de salud que tiene que dar a los presos? Bueno, entonces como esta persona que va a su casa que abran la puerta y que saquen a todos los que tienen diabetes o alguna enfermedad similar”.
Tanto el fiscal Gustavo Zorzano como el representante de Zerneri, Leandro Aparicio, trabajan por estas horas en la apelación del arresto domiciliario del ex funcionario de las intendencias del actual diputado nacional Gustavo Bevilaqcua y el ex ministro de la Producción sciolista Cristian Breitenstein. “Más allá del video -en el que se ve a Caramelli recibiendo una coima de un comerciante- había mucho más para investigar que tiene que ver con esta causa o que se puede desprender en otras”, manifestó Lorena.
Al ser consultada sobre la causa que investiga las responsabilidades penales por la muerte de su hija, Zerneri informó que “corren los plazos, ya son casi dos años, eso el fiscal lo tiene presente y me dijo que está trabajando también en las imputaciones de cada uno de los imputados, que no sé quiénes son, no me lo dijo. En el próximo mes o dos meses deberían estar saliendo. Mientras él necesite el tiempo para poder argumentar de mejor manera, más sólida, su trabajo, me parece perfecto”.
Por último, Lorena comentó lo conversado con el intendente Héctor Gay, a quién le preguntó sobre “el estado de los sumarios ya empezados y de los que aún no se empezaron” y acerca del rol del abogado y empleado comunal Sebastián Martínez: “Está defendiendo a un delincuente que en nombre de la Municipalidad estafó a un ciudadano”.
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Desde el lunes se realiza el juicio oral por el delito de usurpación del frigorífico. Ayer declararon los testigos de la Fiscalía, encabezada por la dra. Olga Herro, y hoy lo hicieron los de la defensa patrocinada por el dr. Claudio Lovfall. Cinco son los imputados en la causa: Hugo Cartajena, Enrique Orlando Garaggiola, Hugo Almada, Daniel Wenderlich y Pablo Cañiuqueo. Mañana serán los alegatos.
Entre las personas que prestaron testimonio este martes se encontraba el ex presidente del Concejo Deliberante, Carlos Alberto Moreno Salas, actualmente titular de la delegación bahiense del Ministerio de Trabajo. El ex edil afirmó que la cooperativa habría sufrido un “fraude laboral”, porque “los trabajadores no tenían acceso a la contabilidad de la cooperativa, ya que eran socios”, “ni cobertura social ni recibo de sueldo” y agregó que “era una relación de dependencia encubierta”.
Posteriormente se sometió a un careo con Silvio Siracusa, el dueño del frigorífico convocado por la Fiscalía. Discutieron los puntos de un acta acuerdo firmada en septiembre del 2011. El pacto entre el municipio y la cooperativa Fortín Cuatreros planteaba que Siracusa debía pagarle 500 pesos a cada trabajador y comprometerse a seguir faenando para reactivar el frigorífico. Además, hablaron sobre una supuesta cifra propuesta por el SENASA para poner en marcha la producción nuevamente. Según Moreno Salas, este acuerdo nunca se cumplió y la cifra del SENASA nunca fue aceptada, por eso debió intervenir la municipalidad otorgándo un subsidio.
Luego testificaron dos trabajadores. Jorge Mario Cabrera fue el primero, expuso que tuvo un juicio laboral contra la cooperativa porque su hijo falleció electrocutado en las inmediaciones de Villa Olga. “Me pagaban si yo no demandaba al frigorífico”, denunció.
En último lugar, declaró Perrone, quien mantiene un juicio laboral contra Fortín Cuatreros por haber tenido un accidente por el cual posteriormente fue despedido.
Mañana a partir de las 9:30, en Estomba 32, el Juzgado Correccional Nº 3, declararán los cinco acusados y comenzaran los alegatos.
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Consejeras y consejeros del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur presentaron una nota a la gobernadora María Eugenia Vidal en la cual piden la implementación del boleto estudiantil gratuito en la provincia de Buenos Aires. Pretenden “contribuir con los derechos de los jóvenes” bonaerenses “para que no encuentren vedado su derecho a recibir una educación plena, y en este caso, gratuita”.
El texto lleva las firmas de Dorina Linda Perez, Carolina Jesica Orieta, Nicolás Alan Paggi y Matías Barrón, integrantes de Grupo Académico, y advierte “sobre la falta de reglamentación de la Ley 14.735, que expresa que desde el ciclo lectivo 2016 el boleto inicial, primario, secundario, terciario y universitario debe ser gratuito en toda la provincia. La historia del boleto gratuito, que en los momentos más oscuro de nuestros país se llevó la vida de muchos compañeros, hoy nos exige no conformarnos solo con la APROBACIÓN DE LA LEY sino trabajar firme y mancomunadamente para transformarlo en una realidad efectiva. Esto requiere la participación activa de nosotros, los estudiantes, para que este reclamo no sea invisibilizado”.
“La reglamentación de dicha ley permitiría que los estudiantes de diversas clases sociales puedan a acceder a la educación, derecho que nuestra Constitución Nacional se encarga de reconocer y proteger, eliminando barreras de tipo económico que impiden el pleno acceso a la misma. Por eso, creemos que de no ser reglamentada antes del inicio del ciclo lectivo de este año no podría ser implementado en la totalidad del territorio provincial, causando grandes perjuicios a la población estudiantil”, agrega la carta.
Carolina Orieta aseguró esta mañana en FM De la Calle que el financiamiento “ya está dispuesto porque en el presupuesto del año pasado se estableció una partida”.
“Actualmente nos estamos comunicando con distintas agrupaciones de la provincia, donde ellos en La Plata teniendo la posibilidad de tener un contacto más directo con las autoridades están formando una mesa de trabajo con el secretario para poder reglamentar o establecer os parámetros básicos para lograr la reglamentación”, manifestó.
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Con la ausencia del ex presidente de Bahía Transporte Sapem, Fabián Lliteras, y el silencio del gerente Adrián Saschgorodsky, se realizó el viernes la reunión plenaria convocada por la Comisión de Tránsito y Transporte del HCD para analizar la estafa concretada por la “utilización irregular” de tarjetas urbanas. Para el edil Pablo Rosenfelt, flamante representante de la oposición en la empresa, el encuentro dejó “más dudas que certezas” mientras que para el oficialista Fernando Compagnoni “fue una jornada muy positiva”.
El actual titular de la Sapem, Tomás Marisco, difundió un comunicado “atento la multiplicidad de versiones que desde ámbitos políticos y mediáticos ha trascendido, y con las limitaciones naturales en cuanto a revelación de detalles para no entorpecer la tarea judicial”. También acudieron a la cita Juan Carlos, Claudio y Cristian Curcio por EYCON y el abogado de la firma, Maximiliano Gorg.
“Creo que tuvimos menos certezas que dudas, arrancamos ya con el gerente de la Sapem que se autoexcluyó de dar respuestas aduciendo que no podía ventilar datos que tenían que ver con la justicia. Eso nos limitó porque teníamos un montón de preguntas que obviamente él como responsable tenía que haber contestado”, aseguró Rosenfelt a FM De la Calle.
El concejal interrogó a los empresarios whitenses sobre “si cuando las tarjetas estaban en blanco y salían sin crédito de la Sapem, no había controles que son elementales y que no había limitantes respecto a la carga, se podía cargar cifras siderales sin que nadie pusiera un tope. EYCON lo que dice es que ellos simplemente proporcionaban el sistema, son los dueños del software, y que no estaban en el tema del monitoreo ni del control que es una responsabilidad de la Sapem”.
“Creo que EYCON tiene muchísima responsabilidad respecto a los controles, cuando se les pregunta por qué hubo posibilidades de que estas 28 famosas tarjetas salieran con créditos exorbitantes, estamos hablando de 45 mil millones de pesos, ellos aducen que le ponen muchos dígitos a la tarjeta por el tema inflacionario”, explicó.
“Fue una jornada muy positiva y que nos permitió ampliar con la totalidad de los concejales, lo que ya había ocurrido en el despacho del intendente, Héctor Gay, en ocasión de haberse reunido con los diferentes presidentes de los bloques para ponerles en consideración todo lo que está sucediendo”, dijo el titular de la Comisión de Tránsito y Transporte, Fernando Compagnoni y aclaró que “lo que se buscó fue disipar dudas de la totalidad de los concejales, sin alterar el cauce de la causa penal”.
Por su parte, el secretario del intendente y actual presidente de Sapem Transporte, Tomás Marisco entregó a lxs concejalxs y a la prensa el siguiente comunicado.
Bahía Transporte SAPEM entiende necesario transmitir a la comunidad de Bahía Blanca información clara y objetiva acerca de los acontecimientos de público conocimiento que se encuentran en instancia investigativa por parte de la Fiscalía n° 10 a cargo del doctor Gustavo Zorzano. En tal sentido, atento la multiplicidad de versiones que desde ámbitos políticos y mediáticos ha trascendido, y con las limitaciones naturales en cuanto a revelación de detalles para no entorpecer la tarea judicial, informamos:
* Que con fecha 11 de enero del corriente esta empresa, representada por su gerente y con acuerdo previo del intendente municipal, formuló una denuncia penal ante la Fiscalía número 10 a cargo del Dr. Gustavo Zorzano; en forma conjunta con el representante de la firma EYCON S.A.
* Que en dicha denuncia se describe una situación por la cual terceros ajenos a la empresa habrían empleado fraudulentamente tarjetas Bahía Urbana destinadas al pago de viajes en el transporte público de pasajeros, las cuales contenían saldos extremadamente elevados, que no correspondían al adquirido por ningún usuario.
* Que la maniobra consistía básicamente en la aplicación de un mecanismo doloso para la conversión de aquellos saldos en dinero efectivo a través de la comercialización y distribución del mismo a usuarios finales, en forma de carga de crédito para viajar en colectivo.
* Que el crédito que detentaban aquellas tarjetas excede ampliamente el rango de valores que desde los sistemas de Bahía Transporte SAPEM puede asignarse a una tarjeta Bahía Urbana.
* Que si bien el monto de la estafa es de gran significatividad absoluta y resulta de imperativa prudencia aguardar la conclusión de la investigación penal para pronunciarse sobre su definitiva cuantificación, debemos reconocer que el fraude fue advertido por esta empresa co-denunciante como consecuencia del control y alertas internos al operar el sistema mencionado.
* Que tanto la cuantía relativa del monto de la estafa – en comparación con los volúmenes de la operación normal – , como la independencia económica de la unidad de negocios afectada, descartan totalmente de plano, una incidencia negativa con respecto al valor del pasaje de colectivo tomado según el último estudio de costos.
* Que la magnitud económica relativa de la maniobra, y por la forma meticulosa del accionar delictivo que consistía en bajar pequeños saldos por día, la tornan virtualmente indetectable e inmune a los controles y auditorías contables legales y de rutina. Por ello, y más allá del pesar por lo ocurrido, valoramos como un hecho especialmente positivo el haber advertido la situación internamente y previo a la concreción de un daño económico mayor.
* Que la tarea de esta sociedad no se agotará en el hallazgo y la denuncia del delito descripto, sino que se promoverán las acciones de reparación económica pertinentes.
* Que esta Sociedad también ha activado sus mecanismos internos requiriendo una auditoría técnica de la totalidad del proceso desde la recepción de las tarjetas hasta la venta de las mismas al público, con profesionales de la Universidad Nacional del Sur a los efectos de evaluar si pueden prevenirse este tipo de contingencias.
Aguardamos el completo esclarecimiento de los hechos oportunamente denunciados, respetando en todo momento, el trabajo investigativo de la justicia. Comunicaremos en relación a este tema sin demora, toda novedad relevante.
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La Oficina Municipal de Información al Consumidor es la autoridad de aplicación de la Ley Nacional Nº 24.240 de Defensa del Consumidor y de la Ley Provincial número 13.133, denominada Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Usuarios y Consumidores, entre otras.
La abogada y mediadora Mercedes Patiño fue designada directora del ente el 23 de diciembre del año pasado. Nació y estudió en la Universidad Nacional de Córdoba, se desempeñó durante 20 años en la Asesoría Letrada del municipio local y hace cuatro años cumple tareas de mediadora en este organismo.
La funcionaria acaba de participar de la 76° Asamblea Ordinaria del Consejo Federal del Consumo (COFEDEC). “Fue una reunión muy fructífera. Estaban presentes 23 provincias de las 24. Fue una reunión que duró 11 horas y hubo mucho intercambio de experiencias y los distintos contextos de las provincias”, contó Patiño a FM De la Calle.
En la última semana, el órgano recibió más de 260 reclamos personales, a un promedio de 50 por día. Los principales temas registrados son sobre el servicio de agua, telefonía móvil y garantías de fábrica y extendidas.
Para comunicarse con la OMIC, acercarse a calle Donado 242 o comunicarse a los teléfonos 455-0383 o 0800-222-7024. También se puede escribir al correo electrónico [email protected]
Esta semana la funcionaria tendrá reuniones con los organismos que controlan los servicios.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2016/02/Patiño.jpg?fit=480%2C360&ssl=1360480FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2016-02-22 19:25:362016-02-22 19:25:36La agenda de la OMIC
