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El Consejo Superior de la Universidad Nacional del Sur no trató la suspensión del docente y presidente de la Cámara Federal, Néstor Luis Montezanti, tras su citación a indagatoria por crímenes de lesa humanidad en la causa Triple A.

El abogado fue imputado por los fiscales José Nebbia y Miguel Ángel Palazzani por su presunta participación en la banda paraestatal y su complicidad en el plan criminal que se implementó entre 1976 y 1983. Además, el juez Alejo Ramos Padilla consideró que los elementos presentes en la causa lo involucran en el secuestro, privación ilegítima de la libertad, amenazas y tormentos de Jorge Omar Riquelme Esparza.

Tras un breve debate, el Consejo Superior aprobó una resolución que considera los hechos enrostrados al ex Personal Civil de Inteligencia del Batallón 601 “de extrema gravedad” aunque se limitó a avalar el pedido de documentación efectuado por el rector al juez de la causa.

Durante el encuentro intervino Alberto Rodríguez, uno de los denunciantes del camarista, y afirmó que si “lo legal es lo legal (…) no es justo que Montezanti siga en esta universidad si no reincorporan también a los matones que están detenidos”.

“Eso es lo que deberían hacer. Porque dos años esperando que alguien me traiga un papelito para iniciar un juicio académico, es evidente que no hay intención de ningún tipo para que se haga por parte del Consejo. Porque podrían llamar la atención a esos señores que tienen parado el juicio”, agregó.

“Hace un tiempo atrás hubo un fuerte debate dentro de la comunidad universitaria acerca de un docente del Departamento de Derecho que era integrante de la Cámara de Casación, Sal Llargués, acerca de un fallo bastante polémico e inmediatamente el Departamento de Derecho lo descontrató porque estaba convocado para realizar una especialización. Hay antecedentes como el caso del rector Crapiste que suspendió preventivamente al ex docente Sierra. Yo creo que es de una gravedad que no podemos dejar pasar. Podemos hacer la del avestruz, acá no pasó nada, o tomamos algún tipo de resolución”, afirmó el consejero Roberto Cimatti de la Lista Azul No Docente.

“Te pediría Roberto que me digas en base a qué normas, a qué legislación vamos a tomar alguna medida”, exigió el profesor de la Lista blanca Guillermo Lucanera. Cimatti respondió: “Voy a apelar a normas de ética y convivencia. Pongamos un ejemplo, un integrante de la comunidad universitaria es citado a una indagatoria por una causa de narcotráfico o de delitos sexuales. Creo que eso generaría debate y estoy seguro que lo suspenderíamos. Estamos hablando de un docente que fue imputado por el Ministerio Público Fiscal como participante del terrorismo de Estado, la causa judicial es por delitos de lesa humanidad”.

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Rodríguez manifestó que “esta universidad es vergonzante, no tiene forma de escapar a que haya quienes participaron de la Triple A, quienes tomaron la UTN. El dr. Montezanti está en juicio acreditado por testigos, que junto a los matones de la Triple A tomaron la UTN en el 74. Señores, si quieren el juicio vayan y pídanlo en tribunales al dr. Ares. ¿Cuánto más necesitan para sacar de este medio en que los estudiantes tienen docentes democráticos? ¿Cuánto más? ¿Cuántos abogados más van a salir bajo la ínfula de quien aboga por la pena de muerte todavía como si estuviéramos en el siglo XIX?”.

“Es servicio de información de la dictadura, ¿qué más necesitan? Vayan y vean lo que en el Consejo de la Magistratura está como expediente para el día 25 esperándolo al dr. Montezanti. Ahí van a ver que no solo fue partícipe de la Triple A, integrante de la dictadura, sino que además, maltrata alumnos, a sus empleados. Es impresentable tener a este docente en esta universidad. Voten de una vez. Pónganse los pantalones o decidan y levanten la mano que ustedes están de acuerdo”, concluyó.

Por su parte, Marcelo García Diéguez de Línea Phi propuso tomar completa la “perspectiva de los tiempos”: “En esto empieza con la vuelta de la democracia, estamos hablando de alguien que formó parte de este cuerpo, muchos compartieron (con Montezanti), de golpe parece que nos damos cuenta de la urgencia de los meses y cuando compartimos años en cercanías de trabajo diario no teníamos la misma preocupación de hoy”.

Fuente: www.juiciobahiablanca.wordpress.com

(Por Giuliana Crucianelli y Facundo Muñoz) El juicio por jurados que analizó por primera vez un caso de violencia de género terminó ayer con la absolución de la imputada por homicidio simple en grado de tentativa agravado por el vínculo. Antes del veredicto, se presentaron tres testigos y las partes expusieron sus alegatos. “Cinthia se defendió legítimamente. La causa nunca se tendría que haber iniciado. La única víctima acá es Cinthia”, aseguró el defensor Germán Kiefl.

El hecho que estaba en discusión ocurrió el 2 de febrero de 2014 entre las 0 y la 1 cuando José Luis Sardiña y su ex pareja Cinthia había acordado que ella se llevaría a sus hijas. El problema surgió cuando la mujer lo llamó y se enteró que estaban en el cumpleaños de la madre de Sardiña, Beatriz Díaz, quien cumplió una condena de diez años de prisión por prostituir a su propia hija.

Cinthia no quería que las nenas estuvieran con Díaz, temía por su seguridad. Cuando se comunicaron, él comenzó a insultarla, aparentemente por unas fotos que había visto en su Facebook.

La joven fue a la comisaría para que tomen cartas en el asunto pero le respondieron que esa zona no era de su jurisdicción. Por ello decidió ir hasta el domicilio de Víctor Hugo Sardiña, hermano de su ex pareja, donde se encontraban sus hijas. Cuando llegó, pidió por José Luis Sardiña. “Cuando él sale, me pega una piña en la cara. Saqué el cuchillo y yo me defendí para que pare de pegarme”, dijo Cinthia quien le provocó una lesión en el pecho del lado derecho, con afectación pulmonar.

La mujer había formulado tres denuncias previas en contra de José Luis Sardiña en las cuales consta que él la golpeaba, no solo ejercía violencia física sino verbal para con ella y sus dos hijas.

A lxs testigos y peritos que se presentaron el martes, en la audiencia de ayer se sumaron otras tres declaraciones testimoniales.

El primero en declarar fue el dr. López, perito médico del Ministerio Público quien fue el encargado de revisar a Cinthia cuando acudió con golpes en la cara. Según el informe -el cual estaba acompañado por fotografías tomadas por el mismo profesional- la joven presentaba “equimosis en región malar izquierda con dolor en el cuello y contracturas”, esto quiere decir que Cinthia tenía hematomas en su pómulo y mejilla izquierda que, según López, fueron producidas por un “mecanismo de lesión por golpe directo”. El médico también dijo “la vi en el marco de violencia de género y pensé que ella era la víctima”.

María del Carmen Turina, madre de Cinthia, declaró luego que había visto golpeada a su hija varias veces y que, en reiteradas oportunidades, la joven iba a refugiarse a su casa con las niñas cuando Sardiña la golpeaba. “Rompió la puerta y la ventana de mi casa para entrar. Por celos, pensaba que Cinthia andaba con mi hijastro”, relató.

La tercera testigo fue Mirta Susana Guerra, vecina de la madre de Cinthia. Comentó que la joven iba a su casa a tomar mates y que aparecía con moretones en la cara y brazos. “Yo la veía triste y dolida. Cuando le preguntaba, ella me decía que él (Sardiña) le pegaba”, dijo Guerra.

Alegatos

El primero en leer los alegatos fue el fiscal Eduardo Zaratiegui quien sostuvo que Cinthia también era una persona violenta y que había tenido claras intenciones de matar a su ex pareja. Además, dijo que “la violencia familiar no es justificativo para la justicia por mano propia y la venganza. En una sociedad como en la que vivimos no lo podemos permitir”. Y remató su participación con una frase desafortunada y de mal gusto: “Si Sardiña la golpeó fue porque tenía un motivo”.

El defensor Germán Kiefl no se quedó atrás y afirmó: “muere una mujer cada 30 horas víctima de violencia de género. Cinthia pidió ayuda a la justicia pero no fue escuchada. No podemos negar que a Sardiña hay que considerarlo como un ciudadano peligroso y violento que ha causado daño”. Habló de la tenencia de armas y la causa que tiene José Luis Sardiña por robo calificado con portación de armas. “Cinthia se defendió legítimamente. La causa nunca se tendría que haber iniciado. La única víctima acá es Cinthia”, finalizó.

Veredicto

Después de un breve cuarto intermedio, el jurado votó por la absolución de Cinthia de culpa y cargo. Vale aclarar que para que se declare la culpabilidad o no de la imputada debía obtenerse una mayoría de diez votos sobre doce, si no, la ley dictamina que se puede volver a votar hasta tres veces.

Este caso es uno de los tantos que se suscitan día a día donde la mujer es la víctima de violencia y acude a todos los órganos estatales que deberían ayudarla, llámese policía, fiscalía, etc., y no solo no recibe ningún tipo de respuesta, sino que cuando se defiende del agresor se la acusa de “haber querido matarlo”.  Se re-victimiza una y otra vez a la mujer. Como si determinada característica o rasgo la hiciera más o menos culpable de la golpiza. 

En esta oportunidad se vieron en peligro, no solo la integridad física y psíquica de Cinthia, sino también la vida de dos niñas.  Es un típico caso de avasallamiento de derechos de la mujer y es consecuencia de que como sociedad continuemos permitiendo que premisas misóginas y machistas sigan gobernando la vida de hombres, mujeres y niñxs.

Si sos víctima de violencia machista pedí ayuda, llamá al 144 desde cualquier punto del país.

Dos nuevas detenciones se produjeron en el marco de la causa que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos por las bandas de la Triple A en Bahía Blanca. Esta vez fue el turno del militante justicialista Osvaldo Omar Pallero y el ex corredor de motos Juan Carlos Curzio. Por estas horas los reos son interrogados por el juez federal Alejo Ramos Padilla. Completan la lista de represores capturados en la misma causa: Héctor Ángel Forcelli, Héctor Oscar Chisu y Raúl Roberto Aceituno. En tanto, el presidente de la Cámara Federal, Néstor Luis Montezanti, será indagado el próximo 27.

Curzio fue señalado como integrante de la patota del ex diputado nacional del Frejuli Rodolfo “Fito” Ponce por ex trabajadores del rubro de la construcción que lo padecieron en el marco de las internas gremiales de la UOCRA a principios de los setenta. Luego fue contratado por la Universidad Nacional del Sur para reforzar la represión estudiantil bajo el mando del interventor Remus Tetu y el suboficial Jorge “Moncho” Argibay.

Pallero integró, a partir del 17 de marzo de 1975, la primera tanda de dicho “personal de vigilancia y seguridad” conformado, según afirmó el propio Tetu, por matones que habían enfrentado los “problemas subversivos” en la UTN y que se habían postulado “espontáneamente” para cumplir la misma tarea en la UNS.

Los organismos de inteligencia lo identificaron en la época de los hechos como miembro de la Junta Nacional de Granos y de la Juventud Sindical Peronista. Como tal fue parte de los grupos de choque que, a instancias de Ponce, tomaron la UTN en defensa del rector Emilio Garófoli.

Junto al fallecido Miguel Ángel Chisu, Pallero viajó a Santa Fe en 1975 con la misión de “detectar a posibles elementos de izquierda que actuaran dentro de la Comisión Directiva y resto del personal de la Junta Nacional de Granos”.

Los fiscales Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia solicitaron en abril la investigación de un grupo de civiles acusados de conformar una asociación ilícita con el objetivo de llevar adelante la “erradicación y eliminación, mediante el uso de la violencia y la intimidación, de toda expresión de activismo político, estudiantil, laboral y gremial contraria a sus ideas”.

En su requisitoria los funcionarios incluyeron 22 homicidios perpetrados por parte de grupos paramilitares entre 1974 y 1975, en la etapa del terrorismo de Estado inmediatamente anterior al golpe del 24 de marzo, “en los ámbitos históricamente más propensos a la movilización político-social: los sectores gremiales y estudiantes”.

Sostuvieron que todos los casos bajo estudio evidencian “los requisitos típicos del crimen de lesa humanidad, toda vez que estamos hablando de asesinatos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”, siendo su carácter más notorio la actuación de grupos paraestatales, “bajo la dirección de blancos y medios y/o el amparo de la estructura estatal”.

Fuente: www.juiciobahiablanca.wordpress.com

Esta tarde el Consejo Superior Universitario analizará un proyecto para suspender en sus cargos al docente de derecho Néstor Luis Montezanti hasta se resuelva su situación procesal o se inicie el juicio académico que se tramita en su contra. La sesión será a las 18 en Colón 80

Recordamos que el también presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca fue citado a declaración indagatoria por el juez federal Alejo Ramos Padilla para el próximo 27 de agosto. El abogado fue imputado por los fiscales José Nebbia y Miguel Ángel Palazzani por su posible y presunta participación en la banda paraestatal de la Alianza Anticomunista Argentina y su complicidad en el plan criminal que se implementó entre 1976 y 1983.

Según publicó fiscales.gob, al fundamentar la citación a indagatoria sobre Montezanti, Ramos Padilla consideró que los elementos presentes en la causa no sólo sustentan la sospecha respecto a su vinculación con la Triple A, sino también sobre su participación en el secuestro, privación ilegítima de la libertad, amenazas y tormentos de Jorge Omar Riquelme Esparza.

Ex militante de la Juventud Peronista con actividad social en el Barrio 17 de Agosto, Riquelme Esparza se desempeñaba como enfermero en el Hospital Municipal de Bahía Blanca. A mediados de 1977, fue secuestrado de ese lugar y trasladado al Comando del V Cuerpo del Ejército, donde fue víctima de torturas durante los reiterados interrogatorios a los cuales fue sometido. Su testimonio ubica a Montezanti, por entonces abogado apoderado de la UOM, entre los responsables de su secuestro y cautiverio.

(Por Giuliana Crucianelli, Nicole Corvera y Facundo Muñoz) Comenzó el primer juicio por jurados que involucra un caso de violencia de género. Después de varias horas de demora, cerca del mediodía, en los tribunales de Estomba 34 se produjo el sorteo de las 18 personas que integran el jurado. 12 titulares y 6 suplentes presididxs por la jueza Claudia Fortunatti. La audiencia continúa este miércoles desde las 9:30.

El hecho

El hecho que está en discusión ocurrió el 2 de febrero de 2014 entre las 0 y la 1. Los involucrados son José Luis Sardiña y su ex pareja, Cinthia, cuyo nombre preferimos no dar a conocer. Ese día, Sardiña había acordado con Cinthia llevarse a sus hijas. Posteriormente ella lo llama y se entera que estaban en el cumpleaños de la madre de Sardiña, Beatriz Díaz, quien cumplió una condena de diez años de prisión acusada de prostituir a su propia hija.

Cinthia no quería que las nenas estuvieran con Díaz, temía por su seguridad. Cuando lo llama, él comienza a insultarla, aparentemente, por unas fotos que había visto en su Facebook.

Cinthia fue a la comisaría para que tomen cartas en el asunto pero le respondieron que esa zona no era de su jurisdicción, es entonces cuando decide ir hasta el domicilio de Víctor Hugo Sardiña, hermano de su ex pareja, donde se encontraban sus hijas. Cuando llega a la casa, pide por José Luis Sardiña. “Cuando él sale me pega una piña en la cara. Saqué el cuchillo y yo me defendí para que pare de pegarme”, dijo la mujer. Ella le provocó una lesión en el pecho del lado derecho, con afectación pulmonar por la cual se le imputa homicidio simple en grado de tentativa agravado por el vínculo.

Desde el principio

Cinthia tiene 26 años. Sardiña es su ex pareja, tuvieron tres hijos. El primero fue a los 16. El bebé no pudo sobrevivir al parto debido a las dificultades del embarazo. Sardiña no quiso hacerse cargo hasta que se enteró que el bebé había fallecido.  A partir de allí, comenzaron a convivir.

Al año, Cinthia vuelve a quedar embarazada y tienen su segunda hija. Según el peritaje oficial de la asistente social Patricia Dinamata, quien declaró durante el juicio, Sardiña “no le permitía a Cinthia salir sin su permiso. Los roles estaban estipulados: el hombre trabaja, la mujer se queda en la casa. Eso era taxativamente así. Incluso dicho por los protagonistas”. Tampoco le permitía ver a nadie sin su permiso. Se aislaba de su familia, amigos, entorno.

Al tiempo, José Luis Sardiña fue condenado a prisión por una causa de robo calificado con portación de arma de fuego. Pese a que estaba preso, ambos continuaron su relación y tuvieron  a su tercera hija.

Cinthia declaró que cuando su ex pareja salió en libertad comenzaron a tener una relación conflictiva y que él la golpeaba. Ella realizó denuncias. La primera fue del 19 de marzo del 2012. Lo denunció por violencia en presencia de una de sus hijas. Pidió que se lo excluya del hogar y se separaron. Como Sardiña no quiso irse, se fue ella a vivir a la casa de su madre, con sus hijas.

En noviembre de 2012 llegó la orden de restricción para que Sardiña no pueda acercase a su ex pareja. Ella nunca le negó la posibilidad de ver a las nenas.

La segunda denuncia fue del 31 de enero de 2013 cuando Cinthia dejó constancia de que una de sus hijas le había dicho que su padre la había manoseado. Sardiña echó a su ex pareja de su propia casa y la amenazó con un cuchillo, el cual impactó en el antebrazo de ella. También hay constancia de estos hechos en una denuncia y una medida cautelar.

La tercera denuncia fue el 25 de febrero de 2013. El hecho se produjo en la casa de Cinthia en presencia de las niñas, de un familiar y un vecino. José Luis Sardiña irrumpió en la casa de su ex novia amenazándola con un revólver. Ella tomó un cuchillo para defenderse. En un forcejeo él logró sacárselo pero ella pudo echarlo de la casa. El hombre se fue al grito de “tu hermano y vos me las van a pagar”, con el arma y el cuchillo en su poder.

“Tenía miedo porque cada vez que me veía en la calle no le importaba nada y me volvía a golpear, cada vez era peor”, relató Cinthia muy conmovida.

Pericias

Según el dr. Emiliano De Prada, perito psicólogo de la Defensoría de Bahía Blanca quien declaró en el juicio, de las pericias psicológicas surge que Cinthia es “una persona pasiva, de carácter sumiso e influenciable por terceros”.

Se evalúo en tres oportunidades el relato de la joven, el cual es -dijo el perito- “fluido, espontáneo y tiene concordancia a lo largo del tiempo”. Se pudo observar en su personalidad un “arrasamiento subjetivo por años de violencia, maltrato y castigos. Esto quiere decir que se cortan los lazos con el entorno, comienzan a haber problemas para relacionarse y la persona se vuelve introvertida”. Además, Cinthia presenta “sensaciones persecutorias, como caminar por la calle y ver la cara del agresor en otras personas. Su vida se desarrolla entorno a hechos violentos”.

De las tres entrevistas del perito con la acusada, se llegó a concluir que el hecho fue “una respuesta emocional ante una situación traumática y de pánico” y que “hay indicadores que son compatibles con los casos de mujeres víctimas de violencia de género”.

Otra pericia citada por la defensa fue la de la asistente social Patricia Dinamata. Fue la encargada de hacer una breve cronología de la vida de Cinthia, de hablar con sus familiares, incluidas sus hijas. “Cinthia se ocupa de absolutamente todo. De llevarlas al colegio, al médico, de darles de comer. De todo. Solo las deja al cuidado de la abuela, su madre, cuando tiene que salir a hacer alguna cosa”, afirmó.

También dijo que debido a los constantes ataques de Sardiña, Cinthia no pudo trabajar porque él se presentaba en su espacio laboral e insultaba a sus compañeros, hacía escándalo y amenazaba a la gente del lugar. Las niñas asisten actualmente a un comedor y espacio de contención una vez que se retiran del colegio y jardín.

Los testigos

Pasaron a declarar los familiares de José Luis Sardiña. Su hermano, Víctor Hugo, el dueño de la casa donde se produjo el hecho. Su otro hermano Daniel, quien estuvo preso junto con él por participar del robo. Su madre, Beatriz Díaz, y el mismo Sardiña.

Los familiares, como es de esperar, lo defendieron. Alegaron que José Luis es analfabeto, que “se peleaban siempre” y que “nadie se metía”. José Luis Sardiña, quien está detenido por haber violado la prohibición de acercamiento, fue reacio a declarar y cuando se le preguntó si Cinthia había tenido intención de matarlo, contestó que no.

Una vez que pasaron todos los testigos, se procedió a un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 9:30 en Estomba 34. El juicio es oral y público, cualquier persona puede asistir. Declararán familiares de Cinthia y se espera el jueves tener el veredicto final.

El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca y docente de la Universidad Nacional del Sur, Néstor Luis Montezanti fue citado a declaración indagatoria por el juez federal Alejo Ramos Padilla para el próximo 27 de agosto. El abogado fue imputado por los fiscales José Nebbia y Miguel Ángel Palazzani por su posible y presunta participación en la banda paraestatal de la Alianza Anticomunista Argentina y su complicidad en el plan criminal que se implementó entre 1976 y 1983.

En la misma causa, esta mañana fue detenido el dirigente de Empleados de Comercio Héctor ‘Cacarulo’ Forcelli ex “personal de seguridad” de la Universidad Nacional del Sur durante la intervención de Remus Tetu. Antes, habían corrido la misma suerte Héctor OScar Chisu y Raúl Roberto Aceituno.

Según publicó fiscales.gob, al fundamentar la citación a indagatoria sobre Montezanti, Ramos Padilla consideró que los elementos presentes en la causa no sólo sustentan la sospecha respecto a su vinculación con la Triple A, sino también sobre su participación en el secuestro, privación ilegítima de la libertad, amenazas y tormentos de Jorge Omar Riquelme Esparza.

Ex militante de la Juventud Peronista con actividad social en el Barrio 17 de Agosto, Riquelme Esparza se desempeñaba como enfermero en el Hospital Municipal de Bahía Blanca. A mediados de 1977, fue secuestrado de ese lugar y trasladado al Comando del V Cuerpo del Ejército, donde fue víctima de torturas durante los reiterados interrogatorios a los cuales fue sometido. Su testimonio ubica a Montezanti, por entonces abogado apoderado de la UOM, entre los responsables de su secuestro y cautiverio.

Dos días antes de la indagatoria, Montezanti deberá presentarse ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura para defenderse de la acusación por mal desempeño en sus funciones derivada de la unificación de reiteradas denuncias en su contra. Se le reprocha al ex Personal Civil de Inteligencia del Batallón 601 del Ejército “haber desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los derechos humanos, y que evidencian la falta de idoneidad moral y de vocación democrática, ambas condiciones indispensables para el desempeño de su cargo de magistrado del Poder Judicial de la Nación”.

Además, le imputan “haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes, e incluso respecto a los sres. consejeros de este cuerpo”. Su defensa de la pena de muerte, su “estrecho vínculo” con “los principales integrantes de la Triple A” bahiense y su confirmada pertenencia al Destacamento de Inteligencia 181, mediante una “directa relación” con el represor José Osvaldo “Balita” Riveiro, evidencian para los consejerxs que “Montezanti comulgó con el plan de exterminio sostenido por los genocidas y fue partícipe del accionar de la Triple A desde su rol de abogado y empleado de la Universidad Nacional del Sur, careciendo totalmente de la vocación democrática exigida para ser magistrado de la Nación”.

Cabe destacar que como informáramos en La profecía de Montezanti, el trayecto represivo de algunos integrantes de la patota de la Triple A, comandada en Bahía Blanca por el diputado nacional y jefe de la CGT Rodolfo Ponce y el interventor de la Universidad del Sur, Remus Tetu, ofrece una imagen de algunas de sus fuentes.

Héctor Oscar Chisu, recientemente detenido en Trelew, y su hermano Miguel Ángel, muerto impune, fueron señalados por varios testigos como miembros del grupo paraestatal responsable de decenas de homicidios de militantes políticos, gremiales y universitarios. El segundo, también conocido como “el Gordo” o el Oso” solía conducir el Dodge Polara verde que junto a un Fiat 125 azul eran identificados como “la fiambrera” que patrullaba la ciudad, intimidaba y concretaba secuestros y homicidios.

En 1974, ante el reemplazo del rector Emilio Garófoli en la UTN bahiense, afín a la CGT y la Juventud Sindical Peronista, Fito Ponce ordenó a sus hombres tomar el edificio. Alrededor de 300 estudiantes se enteraron de la noticia mientras discutían en asamblea y decidieron marchar hacia la sede universitaria. Allí se encontraron con un grupo armado de trabajadores de la Junta Nacional de Granos entre los que se destacaba “un hombre de traje y corbata” quien, según comprobó el juez José Luis Ares, era Néstor Luis Montezanti.

Meses después Miguel Ángel y Héctor Oscar Chisu serían contratados, al igual que el ahora detenido Forcelli, por el rumano Remus Tetu como “personal de vigilancia y seguridad” de la UNS. Así continuaron bajo las órdenes del ex suboficial del Ejército Jorge Argibay, quien distribuía la decena de Itakas que el segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 181, mayor Luis Alberto González, puso en manos del grupo paraestatal.

Tras el golpe de Estado y el comienzo formal de la dictadura cívico militar, en septiembre de 1976 el mismo González avalaría los “antecedentes morales” de los Chisu, rebautizados como “hermanos Chávez”, para reciclarse como Personal Civil de Inteligencia (PCI) en el marco de la “lucha contra la subversión”.

Cuatro años después, el actual presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca formalizaría su ingreso como PCI “asesor universitario” en el Destacamento 181 comandado por José Osvaldo “Balita” Riveiro. Este ex integrante de la Triple A condenado en Francia y prófugo de la justicia argentina aseguró conocerlo desde 1975, “en profundidad” y “con el tiempo y asiduidad de trato suficientes” para avalar las “condiciones morales, ideológicas y familiares” del entonces joven abogado. Los datos corresponden al “Legajo Personal de Montezanti N. L.”.

El Destacamento de Inteligencia reglamentariamente realizaba tareas de reunión de información, contrainteligencia, sabotaje, subversión, y actividades psicológicas secretas respondiendo órdenes del Departamento II Inteligencia del Comando del V Cuerpo de Ejército.

Alberto Brandán, ex dirigente de la Asociación Empleados de Comercio, dijo esta mañana a Mauro Llaneza durante el programa En Eso Estamos que se alegra de que “se vayan descubriendo cosas. Todos nos tenemos que alegrar de que la justicia avance sobre estos temas. En ese momento nos habían cerrado el sindicato. Ya hacía unos días que nosotros teníamos el bachillerato para adultos con el gremio. Fuimos a la universidad (del Sur) y estaba Remus Tetu de interventor. Nos encontramos en la puerta de la oficina de Remus Tetu con Forcelli. Estaba en ese momento cumpliendo el rol de guardaespaldas de Remus Tetu”.

Este lunes beneficiarixs del Plan Federal de viviendas destinado a los gremios UOM, Sutiaga y Petroquímicos se manifestaron frente a la comuna para exigir la finalización de las obras. En ese contexto, el titular de la UOM Daniel Gómez se entrevistó con el secretario de Obras Públicas, Marcelo Lauquen, quien ratificó la expectativa de entrega de algunas de las casas durante los próximos días.

“No está definido bien cómo va a ser ni cuántas tampoco. Teníamos un compromiso tomado con la Municipalidad y con la gente hace un tiempo, de una entrega parcial que se había charlado con los adjudicatarios, por eso también el compromiso aunque no correspondiera de poner vigilancia en el barrio, de unas 130 viviendas más o menos”, dijo hoy Gómez en FM De la Calle haciendo alusión solo a los hogares metalúrgicos. En total serán 680 unidades.

El gremialista afirmó que “reconocemos que se está trabajando pero como que falta un impulso, es muy poca la gente que está trabajando quizás. La Municipalidad no ha podido lograr avanzar y por eso ellos mismos han incumplido lo que venían anunciando. Las fechas siempre partieron de la Municipalidad, nos enteramos por los medios, creo que ese es el mayor problema porque atrás de cada número tenemos una familia en esas casas y cada uno va a armando su proyecto de mudanza de acuerdo a lo que se va diciendo”.

79 serían las más avanzadas de las 130 viviendas. “Creo que poniendo personal, en cuestión de días podría estar terminando. Después tenemos el problema que al estar en una gran obra cómo separamos esas casas para darle seguridad a esa gente para que entre y salga del predio con el resto de las casas en obra”, finalizó Gómez.

Por otra parte, se realizó en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante una reunión entre edilxs de diferentes bancadas y representantes de los gremios UOM, SUTIAGA y Petroquímicos con el objeto de analizar las obras del Plan Federal. Se destacó la ausencia de funcionarios municipales y se informó que la construcción de las 680 viviendas se encuentra finalizadas en un 75%.

Asimismo, concejalxs, gremialistas y adjudicatarixs se comprometieron a trabajar mancomunadamente para convocar a la brevedad a los funcionarios municipales pertinentes para este caso y acelerar el plazo de finalización de obra que ya lleva más de cuatro años de atraso.

Foto: Facebook beneficiarios UOM.

Suteba cumple hoy su primera jornada del paro por 48 horas resuelto en la asamblea previa al receso invernal. En una reunión docente, esta mañana decidieron convocar a una nueva Marcha de los Guardapolvos Blancos junto a otros gremios para unificar las demandas en torno a la salud y la educación. Será el próximo viernes a las 18.

Las y los maestros bahienses llevarán mañana al plenario de seccionales opositoras de Suteba la intención de continuar denunciando las falencias que presenta el sistema educativo provincial en “la mayor unidad posible con el resto de los trabajadores estatales”, aseguró Gabriela Delfino por FM De la Calle.

“De cara a las elecciones de las PASO donde hay un gobernador que muy probablemente sea el próximo presidente, la situación de la educación y de la salud públicas en la provincia de Buenos Aires no ha variado y ese es el modelo que se propone para todo el país”, agregó la secretaria general.

La dirigente destacó que durante la asamblea una docente propuso “hacer una marcha de los guardapolvos blancos y de antorchas denunciando la situación de precarización de la educación pública, esa precarización implica infraestructura, falta de cargos, pero sobre todo un proyecto político que tiende a que los chicos aprendan poco y favorece el gran negocio de la educación privada sosteniendo desde el sector público a las escuelas de gestión privada. Nos parece bárbaro hacer una marcha de los guardapolvos blancos fuera del horario escolar, el viernes a las 18”.

Consultada sobre la existencia de algún diálogo con el gobierno durante el receso, Delfino afirmó: “No, ni lo tenían pensado, por supuesto. En eso también tiene que ver la posición que toma la conducción provincial, frente a todo esto lo único que hizo (Roberto) Baradel fue presentar un reclamo ante la justicia, que no me cabe ninguna duda que lo presenta por todo el movimiento y las acciones que hemos realizado desde las seccionales del conurbano, por ejemplo por el tema del no cobro. Pero es algo que podría haberse solucionado tranquilamente el año pasado o el anterior en el marco de un paro que tenía una adhesión masiva y no lo hizo”.

“Esta conducción sindical está aliada con este gobierno, dice públicamente que está con este proyecto, y las consecuencias son dejar de lado lo más básico que es la defensa de los trabajadores”, concluyó.

Ese fue el lema de la actividad que se realizó este domingo en Villa Nocito para impulsar la erradicación de los basurales del sector. El encuentro organizado por vecinas y vecinos del barrio junto al Merendero Popular Ernesto Che Guevara y el Colectivo Pueblo en Lucha, contó con una charla sobre la salud y los basurales a cargo de la dra. Selva Lamtzev, la pintada de un mural y merienda.

Un par de días antes, Claudia Meza dialogó con el programa En Eso Estamos de FM De la Calle y adelantó detalles de los reclamos contra el basural: “Es increíble lo que hay, hicieron una pista de salud arriba, ahí los chicos no pueden ir a jugar. La verdad, no se puede. Volvieron las ratas, la Escuela 36 tiene comedor y en las vacaciones de invierno lo tuvieron que suspender por el problema de las ratas otra vez. Todo por el basural”.

“Prometieron mucho, hicimos unas reuniones y todo, que van a hacer esto, que iban a sacar la basura. La basura la dan vuelta, venían las palas y la revolvían. Eso con el viento y el agua vuelve a salir. (…) Habíamos quedado de acuerdo que incluso íbamos a hacer reuniones, nos iban a dar una mano para conocer todas las enfermedades, ayudarnos, nos iban a dar hasta el cebo para las ratas, nos iban a enseñar cómo usar todo, pero eso quedó en la nada. Nunca. Nada”, agregó sobre la atención del municipio.

Por otra parte, apuntó a personas que no son del barrio pero se acercan a usarlo de vertedero. “Gente de afuera que viene, saca la basura del auto, de la camioneta, y te tiran toda la basura ahí. ¿Por qué hacen esa clase de cosas? Que vos me digas ‘bueno es el vecino, todo el barrio’… pero no. Todo es de afuera, esa basura se juntó de afuera y de los camiones que venían de la Municipalidad y tiraban. Del mismo municipio venían”.

“Eso se paró un poco cuando nosotros empezamos a reclamar, pero la gente de afuera viene por la avda. Buenos Aires que es la costa del canal y el frigorífico. Yo te puedo decir que están las cuadrillas del municipio que dejan todo limpito, pero pasaste a las dos horas que la gente se fue y viene un auto y te tira la basura. No sé cómo hay que enseñarle a la gente que no tire basura”, insistió.

Finalmente, advirtió que aunque a sus vecinxs “les cuesta salir de la casa, con el asunto de las ratas tenemos todos el mismo problema”.

Foto: Pueblo en Lucha.

“¿Sabés cuánto estuvimos peleando por eso?”, preguntó Enrique Garaggiola, presidente de la cooperativa del Frigorífico INCOB, al ser consultado sobre el anuncio del gobernador Daniel Scioli sobre la creación del Ministerio de Economía Popular si llega a la presidencia.

El trabajador aseguró a FM De la Calle que “planificamos todo lo que podíamos hacer y estar fuera del Ministerio de Trabajo que maneja plata de las Naciones Unidas. ¡Nosotros queremos plata del presupuesto nacional para hacernos cargo de la producción! Para pedir plata a las Naciones Unidas les tenés que presentar las manos de Perón y las manos de Perón no las van a encontrar, no las tenemos nosotros ni las tiene nadie”.

“Hace seis años de estas reuniones que hemos tenido con (el secretario de Agricultura Familiar y dirigente del Movimiento Evita, Emilio) Pérsico para que se genere un Ministerio de Economía Popular pero que intervengan los laburantes, no los vivos de siempre. Como fue en su momento el MNER, Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas que se generó por necesidad pero se dividió tanto porque después empieza el ego, todos tenemos alma de líder. Se desarmó el MNER, algunos hicieron federaciones, otros confederaciones, otros están en el gobierno nacional, ¿quién quedo? Murúa”, dijo.

Garagiola afirmó que el referente de IMPA, Eduardo “Vasco” Murúa, dejó tiempo atrás la conducción del MNER y ahora reapareció junto a Scioli. “Cuando se va a generar algo, otra vez vienen como para ver”, afirmó el titular de INCOB y concluyó que “en ese ministerio tienen que participar los laburantes, que sea regional, que lo hagan como lo hagan, pero que no comentan el error de que sea otro ministerio privatizado”.

Jóvenes en conflicto con la ley penal en el frigorífico

Quince jóvenes en conflicto con la ley penal tutelados por el Centro de Referencia de Bahía Blanca son capacitados por trabajadores del Frigorífico INCOB. La actividad inició con una recorrida por la planta del ex Paloni y el acompañamiento de algunos de los fundadores de la cooperativa.

Durante el paseo, los chicos recorrieron las instalaciones del establecimiento y se interiorizaron sobre la cadena de producción del frigorífico. Además, compartieron con los trabajadores sus experiencias sobre el proceso de recuperación de la fábrica y el funcionamiento de las cooperativas de trabajo.

“El único camino que es viable es el del trabajo, ser buena persona, buen hijo, buen padre, buen hermano. Entonces, le dimos oportunidad al chico de que pueda venir a trabajar acá. (…) Nos pusimos a disposición, algunos chicos está bárbaro que les haya pasado esto porque empezaron con la disciplina del horario de entrada, hay uno que sale cinco menos cuarto de la mañana para llegar seis menos cuarto acá, a pie se viene desde Spurr. Ese chico quiere cambiar, ese chico vio que hay alguien que le puede dar una mano y es la salida que necesita”, manifestó Garaggiola.

La iniciativa surgió por la necesidad de encontrar espacios de inclusión laboral para los chicos que se encuentran cumpliendo medidas alternativas a la privación de la libertad. Los jóvenes asisten una vez por semana en grupos reducidos para conocer y aprender el oficio. El espacio de formación está coordinado por los trabajadores de la planta y los pibes asisten al establecimiento acompañados por operadores socio-comunitarios.

Además, Garaggiola se refirió durante la entrevista a la situación del frigorífico INCOB y las gestiones para reabrir el ex Villa Olga bajo control de sus trabajadores y con la denominación “Fortín Cuatreros”. Escuchá la nota completa:

La Municipalidad firmó un convenio con el Consejo Profesional de Agrimensura de la provincia de Buenos Aires Distrito Bahía Blanca para efectuar la regularización dominial en barrios de la ciudad conformados en base al asentamiento de grupos familiares. “El Consejo hace el instrumento gráfico, que es el plano de mensura, para luego llevar adelante la transmisión de dominio a las familias beneficiadas”, dijo esta mañana Reinaldo Beain en FM De la Calle.

El acuerdo incluye los trabajos de “mensura para prescripción” tendientes a generar una parcela por cada asentamiento familiar o uso comunitario preexistente, con el fin de transferirlas a sus ocupantes dentro del marco previsto en la Ley Nacional N° 24.374. En concepto de pago, se abonarán por parcela doce cuotas de $ 200 que incluyen honorarios profesionales y gastos.

Se estima que la primera etapa del proyecto beneficiará aproximadamente a 3300 familias mayormente de los barrios 9 de Noviembre y Stella Maris.

El agrimensor Beain explicó que el trámite “generalmente por la Ley Pierri se hace de manera individual por quien quiere llegar a su dominio de parcela, pero en este caso el convenio firmado tiene el objeto de realizar un número de manzanas y, a través de un consorcio, la Municipalidad paga al profesional el plano de mensura. Es una modalidad que hasta ahora no se había hecho en Bahía Blanca”.

Por su parte, el intendente Gustavo Bevilacqua utilizó el acto para mostrarse con algunos de los precandidatos del Frente Renovador y explicó que “en la ciudad existe una gran cantidad de familias que necesitan avanzar con la regularización dominial de sus viviendas. Muchas de estas familias se encontrarían en condiciones de concretar la escrituración, pero no pueden hacerlo ya que tienen sus viviendas en parcelas o subparcelas que nunca fueron tenidas en cuenta en los registros catastrales de la Provincia de Buenos Aires”.

La Fiscalía General Federal lanzó ayer un área de delitos complejos que pretende recibir denuncias e informaciones que permitan avanzar en investigaciones contra la narcocriminalidad, la trata de personas, afectaciones ambientales y violencia institucional, entre otros delitos.

“Tiene como misión iniciar investigaciones que tengan que ver con estos delitos y prestar apoyo a las fiscalías federales en estas materias de delitos complejos. Se nos ocurrió que este área además tenía que tener un modo de comunicación rápido, garantizado y anónimo para la gente que se encuentra involucrada en estos temas de crímenes complejos”, aseguró el fiscal Alejandro Cantaro.

El funcionario está a cargo de la coordinación de la oficina que cuenta con la colaboración de María Tiesser y Justo Sebastián y tiene a disposición -a cualquier hora y día- el celular 291 154 234 426 y el correo electrónico [email protected]

Cantaro comentó que vienen “caminando los barrios, interiorizándonos y conectando con los sectores sociales más vinculados con los niños, los jóvenes, los sectores más vulnerables de la sociedad, los excluidos. La gente sabe quiénes somos y nos conoce”.

“La gente puede estar tranquila que esto no se va a transformar en la persecución en el barrio. Nuestra idea es generar un cambio también en esto, no solamente ahora no van a investigar los jueces sino los fiscales, además queremos cambiar el marco de la investigación, tratar de llegar a los sectores que se enriquecen y crecen sus fuerzas de poder gracias a esos delitos y no al pibe en el barrio que muchas veces está vendiendo para pagarse el consumo”.

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad en su última sesión un proyecto que promueve la conformación de una Comisión Distrital del partido de Bahía Blanca en el marco de la ley 14.556. Dicha norma dispone la realización de un examen sanitario obligatorio para el alumnado de los diferentes niveles educativos y modalidades, tanto de gestión pública como privada.

Según informó la autora de la iniciativa, Elisa Quartucci, el estudio deberá incluir diversas evaluaciones sobre el desarrollo corporal y el estado nutricional, odontológicos, oftalmológicos, podológicos y fonoaudiológicos. Además se incluirán aquellos relativos al control del cumplimiento del Calendario Obligatorio de Vacunación y de detección de patologías con relevancia epidemiológica.

También se pretende recopilar la información resultante de los exámenes individuales a fin de construir estadísticas que sirvan de base para la elaboración de políticas públicas.

La Comisión Distrital creada estará integrada por representantes de las áreas relacionadas con las temáticas de educación, salud y desarrollo social y deberá promover la participación social y comunitaria, convocando a participar de actividades de promoción de la salud y prevención de las enfermedades a la comunidad educativa en general.

Escuchá la entrevista a la concejala Quartucci realizada esta mañana en el programa En Eso Estamos de FM De la Calle:

Ariel Bravo es uno de los “beneficiarios” de las viviendas de la Unión Obrera Metalúrgica.  Desde hace nueve años está esperando que se termine 130 casas del barrio de un total de 260. Junto a las construidas para los gremios Sutiaga y Petroquímicos suman 680.

“Somos muchas familias esperando que esto termine, hay gente que tienen chicos discapacitados y esto no da para más. No nos dan fecha, desde el municipio no nos dicen nada. Estamos desbordados”, refirió.

En diálogo con FM De la Calle relató que Daniel Gómez, secretario general de la UOM, “nos dijo que las 130 casas las siguen manteniendo de la primera etapa que se van a entregar, el problemas es que salió a hablar el secretario de Obras Públicas y contó que se van a entregar 40 viviendas de nuestro barrio, 40 de Sutiaga y 10 o 15 de Petroquímicos.  En conclusión el gremio dice una cosa y el municipio otra, nos están boludeando”.

“Pagamos seguridad privada para cuidar las casa pero esto no pasa. Nos están robando, nos rompen las casas. Estamos perdiendo plata y tiempo, no sabemos ya más que hacer”, dijo con indignación y concluyó: “pasaron nueve años, no era la idea pero queremos las casa así como están. Sabemos que faltan detalles, ya está, no damos más”.

Texto: Diego García.

Martín Castro, integrante del Colegio de Arquitectos, se refirió en FM De la Calle a la audiencia pública sobre ciclovías y bicisendas realizada el viernes pasado. Propuso “una mirada amplia” para evaluar la iniciativa que incluya tanto el factor económico como la inseguridad vial. Además, retomó la inclusión de la avda. Alem al circuito de carriles exclusivos para ciclistas en el marco de una jerarquización integral del sector.

“Es una oportunidad para repensar el espacio público, pensarlo de un modo integral”, aseguró Castro y apuntó que algunos sectores de la trama ferroviaria podrían conformar un parque lineal como el Paseo de las Esculturas o el camino La Carrindanga. “Podrían encontrar un tratamiento similar y llegar a la zona más alejada de Maldonado llegando casi a la Circunvalación, lo mismo para la zona sur a la vera del arroyo Napostá. Son oportunidades que tiene la ciudad para plantear o no una estrategia integral de parques o ciclovías que la integren, mejorando las condiciones paisajísticas y urbanísticas de lugares que están un poco postergados”.

En cuanto a las proyecciones sobre la avda. Alem, Castro mencionó que dicha arteria es “la pieza urbana más significativa de la ciudad, la que mejores condiciones tiene en cuanto a su arquitectura y uso” y necesita pensarse “en otros términos”. Por ejemplo, el tramo entre el Parque de Mayo y el Teatro Municipal “es para los bahienses como un paseo, casi la vuelta del perro, tiene condiciones espectaculares, la proliferación de la actividad de bares y recreativas otro aporte más que tiene para con la avenida”.

“Jerarquicemos la avenida, propongámosle un tratamiento singular, que sea algo diferente y que sea un espacio convocante con mayor condición para que sea un espacio de asociación en la ciudad. (…) Si bien Alem es por la cual se entra a la ciudad, ninguna ciudad del mundo se puede cortar a velocidad de tráfico interregional de punta a punta. El tránsito tiene que tener alternativas para ir diversificándose e ir entrando a la ciudad por donde corresponda”, sostuvo Castro.

El profesional diferenció los tramos de la avenida Alem hasta Cuyo, Cuyo hasta el Parque y desde allí hasta el teatro que “es una especie de rotonda donde se deriva para un lado u otro, eso afecta la calidad del espacio urbano si entendemos que Alsina estaría llegando cuando se termine de concretar la operación de ensanche de veredas, ese desvío en el tráfico se podría producir unas cuadras antes y jerarquizar esas dos últimas cuadras de Alem y darle el marco que merece”.

La idea, que aun no fue formalizada, incluiría un estacionamiento subterráneo de dos niveles para que los vehículos queden allí y sus conductorxs accedan al centro de manera peatonal. “Incluso para la actividad gastronómica nos parece interesante porque está la posibilidad de estacionar gran cantidad de autos en el sector y lo veíamos como una oportunidad de financiamiento para el resto de la obra de Alem concesionando el estacionamiento”.

La Asociación Sindical de Trabajadores Mensajeros Y Cadetes comenzó hoy una campaña de afiliaciones tendiente a obtener la personería gremial. “Necesitamos treinta compañeros que estén bajo relación de dependencia”, aseguró esta mañana Joni Landa en FM De la Calle.

“Van a andar los compañeros por los diferentes lugares de trabajo poniéndole un broche a lo que han sido estos dos años de desarrollo en los que fuimos trabajando en esto que es prueba y error constantemente para los trabajadores que no tenemos experiencia en cuanto al tema de organización”, agregó.

Landa afirmó que están “muy entusiasmados, entendiendo que el panorama que viene a futuro va a ser muy complejo para todo el movimiento obrero precarizado, siempre el fusible ante las crisis, son los primeros que sufren las consecuencias”.

La actividad presenta un “altísimo nivel de empleo en negro, eso hace que se complejice la situación de conformar la herramienta sindical, una cuestión que vemos como una trampa, cuando te vas metiendo en estas cuestiones decís ‘claro, los que peor están, menos posibilidades de organizarse tienen”.

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La impunidad y la represión de ayer y hoy fue el tema de la charla encabezada por Alejandrina Barry el último viernes en Bahía Blanca. Hija de desaparecidos y querellante en la causa contra Editorial Atlántida, Barry es precandidata a diputada nacional por la lista del PTS en el Frente de Izquierda.

“Mi candidatura tiene que ver con levantar esa voz y poder llegar al Congreso de la Nación donde esté representada esta pelea (contra) la impunidad y la represión, nuestras listas además de la cantidad de trabajadores, de mujeres que luchamos por nuestros derechos y de jóvenes es la cantidad de hijos, familiares y referentes de organismos de derechos humanos como mi compañera Victoria Moyano que es precandidata a diputada nacional por Capital Federal con el apoyo de Madres de Plaza de Mayo”, dijo en su visita a FM De la Calle.

La integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos aseguró que hoy la represión y la impunidad se encuentra “en las calles por la desaparición de Julio López y de Luciano Arruga” y en el Proyecto X, una metodología de “infiltración de Gendarmería Nacional, particularmente sobre las organizaciones de trabajadores, de los delegados de base, mostrando la continuidad del aparato de inteligencia de la dictadura”.

Además destacó la represión sufrida en los últimos años por el pueblo qom, “hace tres semanas tuvimos que salir corriendo hacia el acampe porque lo rodeó la Policía Federal (…) vienen a Capital a reclamar y son rodeados para impedir que levanten la voz y puedan seguir reclamando por sus derechos”.

“Estamos discutiendo mucho con los jóvenes, con los trabajadores, que han tenido expectativas con las banderas o el discurso que ha levantado este gobierno en favor de los derechos humanos”, sostuvo Barry y detalló que, en ese sentido, colaboran el sostenimiento de César Milani como jefe del Ejército “hasta que las denuncias eran tan abrumadoras” y la postulación de Daniel Scioli a la presidencia.

Respecto a las políticas de seguridad pública, la precandidata mencionó que “el 45 por ciento de los casos de gatillo fácil son de la provincia de Buenos Aires” y que la creación de la policía local “es parte de la decadencia de los políticos tradicionales que lo único que tienen para ofrecer es la inauguración de nuevas policías. El presupuesto para salud, trabajo para los jóvenes, es bajísimo pero sus grandes inauguraciones son policías en todos lados, se han incorporado 15 mil a la provincia donde muchos de ellos son exonerados, casi una amnistía general a los que fueron protagonistas de violaciones a los derechos humanos. En esto no tienen diferencia ni Macri, ni Scioli ni Massa”.

Contra los responsables civiles

En el primer tramo de la entrevista, Barry comentó que días atrás presentó un amicus curiae junto a otrxs referentes y organismos de derechos humanos, en la causa contra el ex secretario de redacción de la revista Para Tí, Agustín Botinelli.

La presentación apunta a revertir la falta de mérito otorgada al imputado meses atrás, en sintonía con los fallos que favorecieron a Vicente Massot y Pedro Blaquier, y “hace un planteo para que se avance en juzgamiento sobre el conjunto de los civiles” entendiendo que se trata de una misma política para empantanar las causas.

Además de Botinelli, la querella de Barry imputó a los hermanos Vigil -el único vivo es el ex director de El Gráfico-, y los ex secretarios de redacción de Gente, Chiche Gelblum, y Somos, Héctor D’Amico. Los hechos están relacionados a las acciones psicológicas desplegadas a partir del montaje de notas supuestamente periodísticas en la que se mostraba a Alejandrina como una niña abandonada por sus padres guerrilleros.

La querellante recordó que “fue una investigación de muchos años junto con mi familia, mis compañeros de militancia, ese mensaje que daban los militares ‘Alejandra está sola por culpa de sus padres subversivos’ no es lo que pasó en la realidad. En principio nunca estuve sola porque fui criada por mi abuela materna y desde que me enteré que era hija de desaparecidos, que me convertí en militante por los derechos humanos, siempre estuve acompañada por mis compañeros del CEPRODH, del PTS y todos los organismos”.

“En ese camino pudimos investigar mucho y ofrecer pruebas contundentes a la justicia sobre cómo se había armado ese operativo de prensa, que se había dado en el marco de un operativo conjunto de las fuerzas armadas uruguayas y de Argentina, la patota de la ESMA es la que viaja a Uruguay a asesinar y desaparecer a mis padres, me tienen apropiada unos días cuando montan ese operativo de prensa. Esas pruebas las aportamos mostrando que la relación entre la ESMA y Editorial Atlántida era absolutamente carnal, el caso mío no fue el único sino que fue un modus operandi durante toda la dictadura”.

Horas después de la destitución de Ricardo Pera los concejales Raúl Woscoff y Gustavo Mandará; la mamá de Daiana Herlein, Lorena Zerneri; y el abogado defensor del ex edil del Frente Renovador, Carlos Andreucci, analizaron los resultados de la sesión especial en el aire de FM De la Calle.

Woscoff apuntó a la injerencia del intendente

El presidente del bloque de Integración Ciudadana, Raúl Woscoff, recordó que durante su intervención en la sesión especial destacó “la gravitación que tiene el reglamento interno del Concejo” que rige “aspectos y obligaciones para los concejales” como la obligatoriedad de concurrir a las sesiones y de integrar las comisiones internas “pero no la de una eventual investigadora”. Uno de los puntos cuestionados por la defensa de Pera fue que ediles que asumieron en representación de su bloque, luego no continuaron por “una incompatibilidad ética en razón de que habían sido víctimas”.

“Los cuatro episodios que marcaron la responsabilidad, para nosotros en carácter grave o gravísimo, ocurrieron dos en el recinto, uno en el primer piso del Concejo y otro en la puerta de acceso. Esto es como profanar el ámbito de la civilidad, es como no tomar en cuenta esas particularidades que se dan en el escenario en el que han ocurrido”, sostuvo durante el programa En Eso Estamos.

El legislador remarcó la coincidencia entre el planteo del abogado Andreucci, el del vocero del bloque del Frente Renovador y la postura del intendente Gustavo Bevilacqua quien “solicitó a pedido de Pera un informe y un dictamen a la Asesoría General de Gobierno”. “Yo a eso lo califico de presión a los concejales y al Concejo porque él sabe que es notoria y manifiestamente improcedente. (…) La injerencia del intendente en una decisión que es propia del Concejo es de un alcance y trascendencia que no se puede obviar y que creo que va a merecer algún tratamiento posterior por parte del cuerpo”, dijo.

“La comisión prejuzgó”

El concejal destituido prefirió no presenciar la sesión y fue defendido en el recinto por el abogado Carlos Andreucci, quien realizó un extenso alegato planteando “vicios de procedimiento” y cuestionando “la ponderación de los hechos” que hizo la mayoría legislativa al “darlos por ciertos y considerarlos con la gravedad como para la destitución”.

“La primera parte es la que se va a controlar desde el punto de vista judicial, es la regularidad de lo que la comisión debió haber hecho y no hizo. Esto era inevitable de plantear porque hay un procedimiento, una legalidad que se debe respetar y que advertimos desde el inicio que no la estaban haciendo”, manifestó Andreucci en Tarde Piaste.

El letrado interpretó que la Ley Orgánica de las Municipalidades establece que los hechos deben ser “precisamente” definidos para que el pleno del Concejo derive la investigación a una comisión especial y “ese es un primer tema que acá no se respetó”.

En segundo término, afirmó que la comisión debe estar integrada por representantes de todos los bloques y si bien comenzó siendo así, luego lxs edilxs agredidos decidieron apartarse por “cuestiones éticas”. “Declinaron estar los titulares pero debieron hacerlo los suplentes”, comentó Andreucci y agregó que “esto en la jurisprudencia de la Corte fulmina todo tipo de tareas”.

Además, el abogado criticó la toma de declaraciones sin identificar a los testigos y el supuesto prejuzgamiento por parte de lxs investigadorxs. “Cuando nos dan el traslado para hacer la defensa, la comisión hace un informe preliminar calificando en ese momento la gravedad de los hechos y sosteniendo que todos estaban probados y eran infracciones graves. Esto no lo puede hacer la comisión que tiene que juntar las pruebas y mandárselas al cuerpo para su evaluación. La comisión prejuzgó”, declaró el defensor.

En conclusión, Andreucci planteó un “conflicto de poderes” que pone la decisión final en manos de la Suprema Corte de Justicia provincial. El plazo para formalizar el planteo es de cinco días hábiles a contar desde el fin de la feria judicial. Mientras tanto, Pera continúa en su cargo aunque -rechazando la sugerencia de su abogado- prefirió no presentarse en la sesión ordinaria de este jueves.

“Me parece justo”

Lorena Zerneri es la madre de la adolescente Daiana Herlein, fallecida por la caída de una rama sobre su cabeza en el Parque de Mayo, e hija de Irma Díaz, una de las personas agredidas por Pera en la vereda del Concejo tras la interpelación a un funcionario municipal.

En diálogo con FM De la Calle aseguró que “tenía dudas” de que pudiesen juntarse los votos suficientes para tomar una decisión a partir del trabajo de la comisión investigadora. “En todo ámbito la sociedad está diciendo no a la violencia y no se puede permitir esto dentro de una institución, ya con varios antecedentes. Era lo que tenían que hacer. Más allá de que a mí me tocó de manera personal, con mi mamá, con un altercado conmigo, creo que lo sucedió también con sus pares fue importante y supongo que la comisión habrá hecho su trabajo como tenía que hacerlo, con seriedad y resolvieron lo que más o menos todos los vecinos esperaban”.

Zerneri recordó la labor de la comisión especial conformada para investigar las responsabilidades políticas sobre la muerte de su hija, cuyo dictamen mayoritario recomendaba la renuncia de varios funcionarios del gabinete comunal -decisión que solo podía ejecutar el intendente- la destitución del concejal Fabio Pierdominici.

“Lo de Daiana quedó en la nada, se hizo todo un trabajo y luego no se juntaron ni siquiera los 13 votos para hacer el tratamiento en una sesión. Sabemos que hay un grupo de concejales que no trabajan para quienes los votaron, para el pueblo, para los ciudadanos sino para su representante político porque todo ese grupo que no votó es la gente de Larraburu. Y ellos que hacen campaña en contra de la violencia, la delincuencia y demás son los primeros en apoyar este tipo de cosas, lo mismo que el intendente”, dijo.

Asimismo, calificó de “vergonzosa” la actitud de Gustavo Bevilacqua: “Yo cuando escuché que decía ‘no voy a hacer declaraciones porque es mi amigo’. Por favor! Es el intendente, no es el amigo de Pera que está en la Municipalidad. Ya no debería sorprenderme este tipo de declaraciones pero bueno… No se puede creer que esta persona siga en su puesto diciendo semejantes pavadas”.

Sí o no a la violencia

“El despacho de la mayoría tenía la solidez suficiente para acompañarlo, somos uno de los bloques que ni siquiera participó de la comisión investigadora”, afirmó Gustavo Mandará, integrante del Frente para la Victoria 27 de Octubre y una de las víctimas de Pera.

El edil manifestó que, según el abogado Andreucci, “Mendoza se tragó el codo de Pera, Quartucci fue a prepear a Pera, Massarella se tragó con la cabeza a Pera y yo me tragué una silla. Contamos once personas que lo vieron, aportamos solamente dos testigos por un tema de decoro y para no exponer a empleados del Concejo Deliberante a la situación de tener que declarar en una comisión investigadora. Lo vio mucha gente y lo vio otra gente que dijo que no lo vio, pero allá ellos”.

“Me parece que echa por tierra la muy sesuda y leguleya defensa de Andreucci, que para eso le pagaron al hombre, (que) no hay que perder de vista que es si violencia sí o violencia no. Las tres horas de exposición de Andreucci las escuché todas y en ningún momento hay un mínimo atenuante a alguna de las conductas violentas de Pera que me parece que es lo que está en el tapete y es lo que la ciudadanía ha llamado la atención”.

Mandará se preguntó “con qué autoridad uno puede condenar la violencia de otro si cuando le acontece a uno mira para otro lado” y aclaró que “a Pera no se lo evaluó en tanto representante de la UTA o de los trabajadores sino en tanto persona que cometió conductas violentas. Lo mismo aplica para un filósofo, un abogado o un verdulero, con todo respeto. En ningún momento está en tela de juicio la condición sindical de Pera o, como se pretendió esgrimir cuando salía la CGT a decir que ésta era una persecución a los trabajadores”.