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Proyectos petroleros, gasíferos, mineros y agrícolas avanzan en la Argentina sobre bienes comunes y poblaciones, produciendo un impa cto social y ambiental profundo, que introduce cambios permanentes en las regiones habitadas por los pueblos originarios…

Como parte de un objetivo más amplio, investigadores y estudiantes del Colectivo de Estudios e Investigaciones Sociales (CEISO) se reunieron en torno a un trabajo de extensión e investigación, comprometidos sobre la situación territorial, social y económica de los pueblos indígenas en el Noroeste Argentino (NOA).

A través de diversos encuentros con las comunidades wichí, durante los años 2012-2013, fue posible visibilizar la necesidad de reivindicación y denuncia de estos pueblos sobre diversas carencias materiales y problemáticas estructurales, comenzando a generar un proceso de acompañamiento y canalización de sus expresiones de lucha.

Según dijo el integrante del CEISO Pablo Becher a FM de la Calle, “el documental es una recopilación de entrevistas. Asume una importancia fundamental la cuestión del territorio, pensadas desde el punto de vista cultural cosmogónico de las comunidades. Se pueden visibilizar las problemáticas que tienen que ver con el desmonte, la contaminación de los ríos, la expulsión de comunidades”

El encuentro, con entrada libre y gratuita, será hoy a las 20 hs en el Bar Don Osvaldo del Centro Cultural La Panadería (Lamadrid 544) y se realiza en el marco de Bahía Originaria.

 

Julia Lagleyze participó “previamente de las marchas que se hacían por” la aparición de Catherine Moscoso “y luego lamentablemente en las marchas de pedido de justicia y el esclarecimiento total de todo lo que conlleva a este asesinato aquí en Monte Hermoso”.

Según dijo la vecina de Monte Hermoso a FM de la Calle, “el fiscal primero de la causa, el Dr. Foglia, la policía local y las autoridades siempre manejaron la teoría de la fuga voluntaria. Incluso yo estando con la familia, cuatro horas antes de que apareciera el cuerpo, la policía la llamó para decir que Catherine se había comunicado, que la habían visto en Dorrego, y que no quería volver a la casa. Eso lo que hace es poner como victimario a la víctima, es decir, hacerla cargo de su propia desaparición. Lo que hace es, justamente, inmovilizar la búsqueda, porque claramente no es lo mismo buscar una persona que se fugó a una persona desaparecida”.

Lafleyze milita en el Partido Obrero, organización que emitió un comunicado responsabilizando del femicidio al Estado. “Durante los días previos, la policía junto al intendente del Fpv, intentaron disuadir las colmadas movilizaciones frente a la comisaría para exigir la aparición con vida de Catherine. Por su parte, el fiscal de la causa intentó derivarla a Bahía Blanca, para disolver las responsabilidades del aparato estatal local”.

La nota enviada a los medios afirma que “el secretario de Seguridad de Monte Hermoso es Ricardo Triches, un ex-comisario, Jefe Departamental durante el caso del asesinato de Natalia Melmann en Miramar, por el que se encuentran condenados tres policías. Su casa también fue incendiada”.

Por otra parte, la organización política entiende que “el crimen de Catherine revela en forma descarnada las responsabilidades del Estado en este nuevo y trágico femicidio. La podredumbre fue identificada con rapidez por el pueblo de Monte Hermoso”.

Durante la sesión de ayer en el Concejo Deliberante fue rechazada parcialmente la rendición de cuentas del ejercicio 2014. Di eciséis votos contra siete dirimieron el rechazo de la correspondiente a la Administración Central, mientras que obtuvo unanimidad la aprobación la referida a Obra Social y el Hospital Municipal. Por su parte, obtuvo el visto bueno la del propio cuerpo por mayoría.

El gobierno municipal decidió, “por primera vez desde el ’83 hasta acá”, no dar explicaciones acerca de las erogaciones al cuerpo deliberativo, según expresó la concejala de Integración Ciudadana Elisa Quartucci a FM de la Calle.

Por su parte, la dirigente destacó que “para la transparencia de la gestión y de la administración pública es necesario que los funcionarios responsables de las diferentes áreas brindes explicaciones”.

Según surge de los informes, el presupuesto ejecutado supera en trescientos millones de pesos al aprobado.

En este sentido, Quartucci explicó que “ha habido un incremento en la recaudación de la tasa de seguridad e higiene y de la sobretasa, producto de la inflación, y ha habido también un incremento en lo referido a co participación provincial. Es decir, han recibido recursos de más, en carácter de libre disponibilidad y se han ido gastando a lo largo del ejercicio en diferentes áreas“.

El próximo paso administrativo en la evaluación de irregularidades le corresponde al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.

Los votos

Rechazo

Integración Ciudadana
Frente Amplio Progresista
FPV-PJ
FPV-27 de Octubre
Juntos por Bahía-Coalición Cívica
Unión Cívica Radical
FULyT

Aprobación

Frente Renovador

Ausente
Soledad Espina (FPV-PJ)

En el día de ayer se realizó una audiencia en el Juzgado Contencioso Administrativo ante el juez Agustín López Cóppola en la que participaron representantes de ABSA, la Provincia de Buenos Aires, el OPDS y los abogados locales, junto al representante legal de los pescadores artesanales.

“El objetivo de la audiencia es en el marco de una medida cautelar que nosotros solicitamos en la demanda civil con el fin de que se conforme un fondo para que ABSA o la Provincia realicen las plantas de tratamientos de las cuencas de Punta Alta y la mayor de Bahía Blanca, explicó el abogado de la Asociación de Pescadores, Lucas Omar Beier a FM de la Calle.

Durante el primer tramo del encuentro ABASA manifestó “que el tratamiento que tiene es suficiente para este ambiente”. Sin embargo, “en el transcurso de la audiencia quedó bien en claro que eso no es suficiente. Reconocieron que era necesario hacer nuevas inversiones, lo que pasa es que no cuentan con los fondos. Por eso solicitamos que se los intimen para que en algún momento hagan este fondo”.

El abogado explicó que “la finalidad e la audiencia era si podíamos llegar a una especie de acuerdo. Esto no dio resultado, no hubo compromiso. Así que el juez ahora va a resolver si nos hace lugar a la medida cautelar o no”.

Los departamentos de Economía y Ciencias de la Salud de la UNS conformaron un equipo de trabajo que investigó acerca de la problemática de suicidios en nuestra ciudad. El mismo está dirigido por el doctor Pablo Badr y la antropóloga María Beleén Noceti y contempla el período 1992/2012.

Hablar de suicidios tiene “algunas particularidades” según explicó el Dr. Badr ya que “lo que es el registro del dato tiene muchas limitaciones porque hay muchos actores intervinientes. Entones los registros estadísticos son muy heterogéneos en nivel internacional. Esto tiene mucha repercusión cuando uno quiere comparar distintas poblaciones. Pero cuando nosotros empezamos a evaluar el suicidio no como una cuestión individual sino como un proceso social más amplio y multidimensional, lo que podemos hacer es empezar a analizar el comportamiento de las tasas de suicidios en diferentes grupos etarios en el mismo lugar y etapa de tiempo”.

Por su parte, el informe no concluye “que la población que más se suicida son varones de 15 a 24 años. Las tasas de suicidios son mayores en la población adulta. Lo que si estamos viendo es que el aumento de la tasa de suicidio se da en esa población juvenil”.

Además, el investigador sostiene que hay que tener en cuenta que “muchas veces se habla de suicidio como una cuestión individual. Pero cuando nosotros vemos un proceso histórico donde durante 20 años hay una tendencia sostenida, tenemos que pensar en cuestiones sociales e individuales que están por fuera de la lógica individual.

Respecto de las causas de la tendencia Badr afirmó que “es un proceso de varios años que marca una marcada vulnerabilidad de esta población. Estamos intentando diseñar un modelo explicativo”.

Por último, el análisis de la información procesada muestra que hay “una perfecta correlación de esta tendencia en Bahía Blanca y estadísticas nacionales”

Del 19 al 25 de mayo se celebra la Semana Mundial del Parto Respetado (SMAR), con la consigna “Parir es Poder”.

Nadia Fernández, integrante del Círculo de Mujeres Bahía Blanca explicó que “la idea es llevar información a las parejas y al público en general acerca de qué se trata el parto respetado y la no violencia obstétrica, y la epidemia de cesárias que hay en general en Latinoamérica y en particular en Bahía Blanca”

Existen diferentes formas de violencia obstétrica. Fernández enumeró algunas como “infantilizar a la madre, hacer una cesária innecesaria, entrar en trabajo de parto y hacer prácticas innecesarias sin consentimiento, las intervenciones de rutina a los bebés”.

Finalmente, la vocera de esta organización afirmó que “lo que hablamos es del hecho de empoderar a la mamá, que la mamá tome el poder del embarazo y de su parto, es decir, que no se delegue al especialista. Una mamá empoderada va a decidir de qué manera quiere parir”.

Durante el día de ayer la Comisión de Usuarios Testigo emitió un comunicado donde expresa que “hace varios meses estamos reclamando ante el Sr. Saschrgorodsky (gerente de SAPEM) y el Sr. Frappichini (director de Tránsito y Transporte) por los cambios de recorrido producidos en las líneas 505, 509 y 519A, y por la precaria e irregular situación en la que se encuentra la línea 520 (que une a Bahía Blanca con Cabildo)”.

Según dijo a FM de la Calle Mariana Guatta, integrante de la organización, durante la mañana de hoy “entregaron copias del comunicado” en el Honorable Concejo Deliberante.

La vecina afirmó que “el municipio no hace las cosas como las tiene que hacer. Se supone que el colectivo está para acercar a la gente, no para alejarla”.

A su vez, respecto del mal estado de las calles por las que se modifican recorridos, Guatta dijo que hay lugares donde “hace 6 meses los vecinos vienen pidiendo que pasen la máquina, las calles no tienen mantenimiento”.

 

Por su parte, Adrián Saschrgorodsky (Gerente de Bahía Transporte SAPEM) expresó la mirada oficial respecto de los cuestionamientos. Según dijo hoy en el programa En Eso Estamos de nuestra emisora, “lo que tienen que tener muy claro los usuarios testigos es que todo cambio tiene un fundamento. Cuando se modifica un recorrido porque hay una calle en mal estado, lo que se está priorizando es darle continuidad el servicio”.

Además, el funcionario expresó que “cuando se busca optimizar un recorrido, donde acercarle el servicio de un grupo de pasajeros implica acercárselo a otros. Es una cuestión de solidaridad y equidad. En esto que es de naturaleza hay que priorizar el interés general sobre el particular”.

Aquí dejamos el detalle de las críticas expresadas por la Comisión.

Línea 505: Por el mal estado de las calles Chaco (entre el 600 y el 700) y Patricios (entre el 1600 y el 1800) dejó de transitar el colectivo por estas arterias y lo hace por Juan Molina hasta Catamarca, alejando aún más a los vecinos del sector que no tienen otra línea que pase por esos barrios.

Línea 509: Ante un pedido vecinal se planteó la posibilidad de acercar a los usuarios a la UNS para que en vez de pasar por Mitre lo hiciera por Alem o Zapiola, pero en vez de ello ahora el colectivo pasa por Estomba hasta el centro perjudicando así a los vecinos en vez de beneficiarlos, y además dejó de pasar por Gral. Alvear y Sarmiento perjudicando a los chicos que van a la escuela primaria nº 39 (que ahora tienen que caminar 7 cuadras para llegar y encima deben cruzar Sarmiento, que a esa altura es doble mano y muy peligrosa para los niños), sin mencionar que también se ven perjudicadas las personas que trabajan en el sector. Por otra parte los vecinos de los barrios La Falda y Bella Vista han juntado firmas para que restituyan el servicio, pero hasta ahora siguen esperando.

Línea 519A: Otra vez se vuelve a modificar el recorrido que realiza el colectivo en el Bº Mara por el mal estado de las calles, en vez de ir por Malvinas hasta Biggio lo hace hasta Esquiú, alejando así a los vecinos del Bº Los Álamos y aledaños de la única línea que los lleva hasta la Escuela de Agricultura y alrededores (tienen que caminar 8 cuadras o más para poder tomarse el colectivo). Tampoco está circulando con regularidad el rondín de V. Bordeu y Los Chañares por el mismo motivo provocando que los vecinos del sector tengan que caminar hasta la ruta, con los riesgos que ello implica, para poder tomar el colectivo.

Línea 520: Desde el año pasado los vecinos de Cabildo vienen pidiendo que se regularice la situación precaria de esta línea ya que no existe ninguna norma que establezca el servicio que une Bahía Blanca-Cabildo y que la actual empresa les cobra a los usuarios lo que mejor le parece, viajando en coches que no son aptos, sin un recorrido establecido y con horarios que no se cumplen; esta situación se hace insostenible para nuestros vecinos.

El titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, afirmó que “pareciera como una confabulación , una especie de conjura de sectores de poder judicial, de impedir el avance de las causas”. Lo hizo en referencia a la declaración de ilegalidad por parte del juez federal subrogante, Santiago Ulpiano Martínez.

Sobre los argumentos del juez, Auat dijo que “no es fácil comprender el hecho de que es válido todo lo actuado pero ilegal la designación, hay una cosa bastante complicada para comprender incluso a la luz de cualquier parámetro del derecho. Es decir, pone en crisis la habilitación para actuar pero legitima lo actuado. ¿Cómo se entiende eso? Si para actuar yo tengo que tener una habilitación legal, y si actué ilegalmente no sé cómo pueden validar lo que hice. Es decir, hay una cosa bastante curiosa”.

Respecto de la resistencia de amplios sectores judiciales a avanzar con estas causas por delitos contra la Humanidad, el titular de la Procuraduría explicó que “hay una cuestión que a mí me llama la atención. El presidente de la Corte ha dicho que esto es política de Estado. Y si esto es así me parece que toda la agencia judicial debería alinearse a ese objetivo, que es política de Estado y que hay que avanzar en las causas. Cualquier martingala procesal que impida el avance debe ser rechazada”.

Finalmente, Auat describió la actitud corporativa que “que nosotros venimos observando. No es fácil avanzar con los civiles y mucho menos con los grupos económicos del poder real. La propia corporación se defiende. Esto era previsible”.

Foto: fiscales.gob.ar

Hoy se desarrollará la cuarta edición de Bahía Originaria. Se trata de un espacio de reflexión sobre la hist oria, el presente y las culturas originarias de nuestro territorio convocado por la organización Kumelen Newen Mapu y FM De la Calle.

La actividad se realiza en el marco del 156 aniversario de la masacre del 19 de mayo de 1859, cuando más de 200 mapuches, ranqueles y tehuelches fueron asesinados e incendiados por días en la plaza central del Fuerte Argentino.

A las 20 hs en Alem 1253 participará del encuentro Félix Díaz, qarashé qom de la Comunidad Potae Napocna Navogoh La Primavera de Formosa, quien visitó la FM de la Calle durante esta mañana y dialogó con Mauro Llaneza sobre las problemáticas de los pueblos originarios en la actualidad, que intentan visibilizar a través del acampe que mantienen desde hace tres meses en la Avenida 9 de Julio de Capital Federal.

 

Santiago Ulpiano Martínez, juez federal subrogante, declaró ilegal la resolución de la Procuración General de la Nación que en 20 13 designó como fiscales federales ad hoc a José Nebbia y Miguel Palazzani.

En diálogo con Mauro Llaneza durante el programa En Eso Estamos de la FM de la Calle, Nebbia afirmó que “es parte de una maniobra que venimos denunciando desde el año pasado. Un hito más en esa avanzada que están llevando adelante”.

El funcionario recordó que el juez (Ulpiano Martínez) “ha sido denunciado por su actuación y por su situación irregular frente a un juzgado, cuando hay una jueza titular en la jurisdicción”

Respecto de la ilegalidad resuelta por Martínez, Nebbia explicó que “el Tribunal Oral que está juzgando en Bahía Blanca en dos oportunidades distintas rechazó esa situación. Básicamente porque tanto la defensa como el juez citan una resolución adoptada por la Corte Suprema en 2013 respecto de una fiscal que estaba subrogando ante la Corte. Nosotros señalamos que no es así en nuestro caso porque nosotros aquí no estamos como subrogantes, nosotros estamos como ad
hoc”.

Las instancias administrativas por las que seguirá el trámite serán la Cámara Federal y el Concejo de la Magistratura. Mientras no se diriman las posiciones, los fiscales impugnados por Martínez seguirán con su labor normalmente.

El funcionario también recordó que “Martínez tiene un antecedente respecto del fiscal Córdoba cuando se le planteó la nulidad de su designación. La Cámara (Federal) rechazó ese planteo. Tendrá que buscar nuevos argumentos. Y luego el Concejo de la Magistratura deberá intervenir no ya jurídicamente sino por lo que está sucediendo laboralmente”.

Un grupo de trabajadores y trabajadoras de la cultura movilizaron hoy hacia las oficinas del Instituto Cultural par a hacer entrega de una nota a su directora, Marcela Saínz. El documento contiene los reclamos resueltos por asamblea el día sábado dos de mayo, cuando los delegados Omar Chouvié, Nicolás Fernández Vicente y las delegadas Belén Lopez y Ana Montaner de las áreas artísticas del Consejo Consultivo debatieron junto a sus asesores y artistas que desempeñan su labor en artes escénicas, música, artes visuales y literatura.

El texto entregado expresa que “no encontramos respuestas a nuestras necesidades por parte del Inst. Cultural respecto de las partidas del presupuesto destinadas a la producción artística, ya que la mayoría de los proyectos están siendo absorbidos por el Fondo Municipal de las Artes, cuyo monto es mínimo si consideramos el presupuesto general del ICBB, situación que provoca que cada año queden proyectos sin recibir financiación de ningún tipo. Asimismo, existe una serie de omisiones administrativas que lejos de expresar exclusivamente un problema burocrático, constituyen una expresa falta de voluntad política en términos del respeto al lugar que ocupa el Consejo Consultivo”.

Hoy a las 10 de la mañana tenían cita los y las miembros del Consejo Consultivo. Minutos después de las 11 fueron recibidos, junto a un grupo de artistas que acompañaron el reclamo, en la oficina que ocupa la dirección del Instituto.

Luego de dar ingreso administrativo de la nota, Sainz se comprometió a elaborar los informes que pide la nota, así como cumplir con algunos de los reclamos allí planteados, quedando el diálogo abierto para una próxima reunión.

Durante una conferencia de prensa ofrecida minutos antes de entregar el documento, registramos las declaraciones de los consejeros y consejeras.



Los reclamos expresados en la nota son:


1ª Cumplir con la Ordenanza de creación del Instituto Cultural, dando participación permanente al Consejo Consultivo, en la política del ICBB y en la elaboración del Presupuesto Anual.


2º Incrementar el presupuesto anual del ICBB, particularmente el destinado a la producción artística local. En concordancia con esto, es de suma importancia conocer el monto de dicho presupuesto destinado a las actividades artísticas locales de 2014.


3º Desglosar el presupuesto anual ejecutado, el cual venimos reclamando año a año, en el que se expresen las inversiones de los fondos públicos destinados a las actividades artísticas locales.


4º Ejecutar lo aprobado en el presupuesto 2015 de $538.581,60 como aporte del ICBB al Fondo Municipal de las Artes.


5º Cumplir lo acordado entre el Consejo Consultivo y el IC respecto de la presentación mensual por escrito del detalle de los ingresos provenientes por la tasa de los espectáculos nacionales e internacionales presentados en la ciudad. Esto es necesario para asegurar que, en caso de que los ingresos sean superiores a lo presupuestado, estos sean otorgados al FMA como se expresa por ordenanza.


6º Cumplir con el normal desarrollo de las reuniones en las fechas acordadas con el CC y con la designación de un secretario de actas durante sus sesiones. Asimismo, consideramos necesario intensificar el trabajo de difusión, no solo en lo referido a la convocatoria, inscripción y festival del FMA, sino también al resto de las actividades impulsadas por el IC.


7º Asegurar, a los efectos de la rendición de los proyectos aprobados por el FMA, que el IC se encargue del seguimiento de todas las etapas, a saber: presentación del proyecto y cumplimiento de los requisitos consignados en las bases y condiciones, ejecución del proyecto, presentación de la documentación probatoria y cumplimiento de las contraprestaciones. En ese sentido, designar un veedor municipal para que desempeñe estas funciones.


8º Que el listado de proyectos pendientes de rendición sea difundido y tenga carácter público, tanto los pertenecientes al FMA como aquellos subsidiados con partidas presupuestarias por el IC.


9º Que el IC debe financiar los eventos anuales permanentes de reconocida trayectoria, probado impacto social y proyección nacional. Estos no deben ser derivados al FMA, ya que desde su creación no está abocado al financiamiento permanente de proyectos, ni tampoco dejarlos al arbitrio de capitales privados.


10º Que existan partidas presupuestarias específicas para el financiamiento de actividades culturales anuales permanentes como salones, encuentros, festivales, ciclos, entre otros.

A 19 meses de transcurrido el “primer sorteo de la línea de crédito compra de terreno y construcción en octubre 2013, co n promesas de todo tipo que ni siquiera han comenzado a resolver nuestra problemática de acceder a un terreno en las condiciones que lo indica el crédito y el Banco Hipotecario” emitieron un comunicado personas beneficiarias del Pro.Cre.Ar. Fue luego de una asamblea que realizaron las familias involucradas en la problemática.

El documento expresa que “desde diciembre de 2013, y ante la realidad de que más de mil familias nos encontráramos a merced de la especulación inmobiliaria, comenzaron los sucesivos anuncios que fueron quedando en la nada. Primero, Anses-Procrear decidió apostar todo al Programa de Movilidad de Suelos propuesto por el Municipio de Gustavo Bevilacqua como solución. Luego, la Licitación Pública impulsada por Anses desde mayo de 2014, para la compra de macizos privados, y su posterior descarte a raíz de una “nueva” alternativa consistente en las 15 has desafectadas del Ejército en octubre del mismo año. Finalmente, nos encontramos con otras 21 has, también del Ejército, que vienen a reemplazar a las anteriores, y tierras de provincia, sobre las cuales el municipio reclama su propiedad en tanto le habrían sido cedidas hace décadas por el estado provincial. De esta manera, el Estado se viene haciendo presente con sus “aciertos” y su imposibilidad de articular entre sus distintos estamentos y sus respectivos funcionarios políticos, administrativos y técnicos”.

Franco Baier es uno de los beneficiaros del programa. En diálogo con Mauro Llaneza durante el periodístico En Eso Estamos de FM de la Calle, el referente reclamó que “esta ‘imposibilidad’ y las numerosas versiones encontradas, que se divisan claramente como producto de enfrentamientos políticos ajenos a nuestras necesidades, no nos retrase más la posibilidad de acceder a la compra de un terreno por medio del crédito Procrear en las condiciones que impone el crédito y el Banco Hipotecario”.

Concretamente, las familias beneficiarias reunidas en asamblea el pasado jueves resolvieron:

– “Solicitar tierras para todos los beneficiarios; que de existir un sorteo, sea para asignar los terrenos entre todas las familias y no para que algunos sean bendecidos por el azar y otros continúen sin lote”.

– “Reclamar a todas las partes intervinientes (Anses-Procrear, Banco Hipotecario, Gobierno de Bs. As., Municipalidad y Concejo Deliberante de Bahía Blanca) una reunión conjunta, donde nos sea explicitado a los beneficiarios de forma concreta y fehaciente cómo se instrumentarán las medidas anunciadas, quedando esto plasmado en un acta compromiso. Es decir, entre otras cuestiones importantes, cuáles son los plazos estipulados, quiénes serán los responsables de llevar a cabo los distintos pasos administrativos y las obras de urbanización sobre las tierras anunciadas, y cómo se piensa articular lo mencionado con las cuestiones vinculadas a los trámites personales en el Bco. Hipotecario –donde al día de hoy se están dando turnos con hasta cuatro meses de demora, existiendo la posibilidad de que nos encontremos allí con un cuello de botella muy importante en caso que cientos de familias iniciemos los trámites simultáneamente-“.

El viernes pasado una asamblea de SUTEBA definió, entre otros puntos, “exigir una ley de Emergencia contra la violencia de género y adherir a la marcha del 3 de junio que impulsa dicho reclamo”.

La Secretaria General de la CTA Bahía Blanca-Coronel Dorrego e integrante de la comisión directiva de SUTEBA habló con Mauro Llaneza durante el programa En Eso Estamos respecto de lo que la comisión de género de esta organización plantea.

Luego de la asamblea de la semana pasada, lxs docentes movilizaron hasta el Honorable Concejo Deliberante a fin de exigir que le cuerpo se expida sobre su problemática. Por otra parte, la dirigente sindical explicó las medidas de acción gremial definidas, entre las que se encuentra “impulsar una asamblea popular en defensa de la educación pública en el marco del paro impulsado por ATE junto a docentes y otros estatales para los días 28 y 29 de mayo”.

 

El próximo lunes 18 de mayo Félix Díaz, qarashe qom de la Comunidad Potae Napocna Navogoh La Primavera de Formosa, participará en la cuarta edición de Bahía Originaria, un espacio de reflexión sobre la historia, el presente y las culturas originarias de nuestro territorio convocado por la organización Kumelen Newen Mapu y FM De la Calle.

La actividad se realizará a las 20 en el Salón de Actos de la UNS de Alem 1253 en el marco del 156 aniversario de la masacre del 19 de mayo de 1859, cuando más de 200 mapuches, ranqueles y tehuelches fueron asesinados e incendiados por días en la plaza central del Fuerte Argentino.

“De la masacre del 19 de mayo al acampe en la 9 de Julio” será este año el punto de partida para seguir analizando los hechos históricos de nuestra región y difundir la situación de las comunidades qom, wichí, nivaclé y pilagá que mantienen un acampe en Capital Federal desde hace más de dos meses para llamar la atención de las autoridades nacionales sobre las violaciones a los derechos humanos que sufren.

Bahía Originaria continuará el martes 19 a las 7 con una ceremonia en la plazoleta de Florencio Sánchez y 19 de mayo y una volanteada informativa en Plaza Rivadavia durante la mañana del mismo día.

ADHESIONES: [email protected]
Contacto entrevistas: Fabiana Méndez 156 497 002
Evento en Facebook: Bahía Originaria IV – Félix Díaz en Bahía Blanca

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El próximo lunes 18 de mayo Félix Díaz, qarashé qom de la Comunidad Potae Napocna Navogoh La Primavera de Formosa, participará en la cuarta edición de Bahía Originaria, un espacio de reflexión sobre la historia, el presente y las culturas originarias de nuestro territorio convocado por la organización Kumelen Newen Mapu y FM De la Calle.

La actividad se realiza en el marco del 156 aniversario de la masacre del 19 de mayo de 1859, cuando más de 200 mapuches, ranqueles y tehuelches fueron asesinados e incendiados durante días en la plaza central del Fuerte Argentino.

El historiador de la UNS e investigador del CONICET Sebastián Alioto se refirió esta mañana en En Eso Estamos a aquel episodio que la historia oficial denominó “el último malón” y aseguró que el origen del ataque indígena”fue una revancha hacia una invasión anterior a tolderías de Calfucurá” entre “otro cúmulo de ofensas”.

La Fiscalía General requirió a la titular del Juzgado Federal Nº2, Gabriela Marrón, la “inmediata prohibición” del vertido en la Ría de Bahía Blanca de los efluentes sólidos, gaseosos o líquidos, consecuencia del proceso industrial que las empresas del polo petroquímico y ABSA vierten a través de ductos y canales construidos y utilizados a tal fin o arroyos de uso público.

La presentación está firmada por el fiscal Alejandro Cantaro quien dialogó con Mauro Llaneza durante el programa En Eso Estamos explicando los alcances judiciales. El funcionario dijo que “primero, entendemos que es un delito -vertido de residuos tóxicos peligrosos- que está sancionado por una ley con consecuencias penales. Lo segundo, efectivamente en este vertido, desde el inicio hasta hoy, es porque la OPDS (quien controla el vertido del Polo Petroquímico en la Ría) trabaja en función de una resolución de la autoridad del agua que indica algunas medidas que son posibles de verter y nosotros lo que le estamos diciendo a la jueza es que la medición de estos estándares no deberían hacerse con esta resolución de la autoridad del agua que está creada para medir vertidos que son arrojados en aguas abiertas y este estuario claramente no es de aguas abierta”.

A su vez, Cantaro expreso que “lo cierto es que si son residuos tóxicos no debería dictarse una prohibición ahora sino que debería estar prohibido ya. Pero como está este juego donde hasta cierto nivel es posible verter entonces nosotros estamos diciendo que no es racional manejarse con ese estándar y acompañamos además a la jueza estudios en la causa. No nos olvidemos que esta es una denuncia hecha por pescadores artesanales, que ellos lo indicaban y se ha comprobado que varias especies tiene en el hígado, y lo que es mucho más peligroso en la musculatura residuos de metales pesados, lo que afecta a la salud pública, obviamente”.

Ojo por ojo, causa por causa

s_100065_6877_Coleffi_1rPor otro lado, recordamos que la Cámara Federal de Bahía Blanca, con el voto de Néstor Luis Montezanti y Pablo Candisano Mera, resolvió la semana pasada despedir al ex secretario de Ejecuciones Fiscales del Juzgado Federal Nº 1 Álvaro Coleffi. Fue a partir de una investigación donde está sospechado de difundir escuchas de la causa Suris que investiga delitos vinculados al narcotráfico. El ex funcionario fue citado para prestar declaración este miércoles 13.

Organizaciones de derechos humanos (HIJOS, APDH, entre otras) se movilizaron el martes para denunciar esta iniciativa judicial como una represalia hacia Coleffi, quien como juez subrogante fue el único que avanzó en las investigaciones sobre los partícipes civiles del terrorismo de Estado como Vicente Massot, el cura Aldo Vara o el secretario judicial Hugo Sierra.

Durante la entrevista, el fiscal Alejandro Cantaro, explicó al respecto que “esa causa la lleva el Juzgado. La Fiscalía no tiene delegado ni ha ofrecido ninguna prueba. De lo que surge de la causa hay una conexión muy cercana, muy íntima entre Álavaro Coleffi y Germán Sasso. En la causa se han acreditado más de un centenar de comunicaciones telefónicas. En ese mismo tiempo, en ocasión de una visita de Elisa Carrió buscando información “Coleffi la recibió con la presencia de Sasso”.

La Fiscalía General requirió a la titular del Juzgado Federal Nº2, Gabriela Marrón, la “inmediata prohibición” del vertido en la Ría de Bahía Blanca de los efluentes sólidos, gaseosos o líquidos, consecuencia del proceso industrial que las empresas del polo petroquímico y ABSA vierten a través de ductos y canales construidos y utilizados a tal fin o arroyos de uso público.

La presentación lleva la firma del fiscal Alejandro Cantaro y agrega documentación a la Causa 135623/2011 “MENINATO, Rolando (PBB Polisur S.A.) y otros s/ inf. Ley 24051” originada años atrás por pescadores artesanales de la localidad portuaria ante la disminución de peces en el estuario.

“Teniendo en cuenta por un lado la magnitud de los daños que podrían suscitarse a la población de la ciudad de Bahía Blanca -en particular a los vecinos de Ingeniero White y a las personas que trabajan en el ámbito del puerto e industrias radicadas en la zona de influencia inmediata-; como por el otro, la incertidumbre sobre las reales posibilidades de contaminación del producto de la pesca en la zona de la ría y consecuente contaminación de quienes de ello se alimentan, corresponderá se ordene judicialmente que se prohíba los vertidos que se reprochan como de sustancias prohibidas”, dice el Ministerio Público.

Previo a dicha prohibición, la Fiscalía solicita además “la convocatoria a una audiencia con las empresas denunciadas y los expertos que la jueza crea menester convocar, el Ministerio Público Fiscal y los representantes legales y técnicos de los querellantes, a fin que se establezca un inmediato plan de saneamiento de los vertidos con el control técnico que la jueza decida, bajo apercibimiento de ordenarse la clausura que se deja solicitada en primer término”.

A su vez, el Ministerio Público pretende realizar una pericia sobre el impacto de “las diversas acciones antrópicas, sobre la contaminación con residuos peligrosos en la Ría de Bahía Blanca, a través de la Cátedra de Sistemas Alimentarios de la Facultad de Agronomía de la UBA y la correspondiente toma de muestras a través de la Policía Federal Argentina”. Como el costo del trámite no puede ser asumido por la Procuración, la Corte ni la querella propone se concilie con los representantes técnicos y jurídicos de las empresas imputadas “los puntos de pericia” y se exija “el importe en dinero requerido para la realización de la pericia”.

Entre la documentación que da cuenta de la contaminación en la ría se incluyen informes de la Agencia Ambiental municipal, el Comité Técnico Ejecutivo, el Instituto Argentino de Oceanografía, el Organismo para el Desarrollo Sostenible provincial, el Consorcio de Gestión del Puerto además del Estudio de Tecnología Alimentaria de Mar del Plata realizado a pedido de la Cámara Unión Pesquera y Comercial de Ingeniero White, Puerto Rosales y Bahía Unión en 2009 y los resultados de Análisis Fisicoquímicos de Producto producidos por el Instituto de Análisis FARES TAIE, a pedido de ROUCOMAR S.R.L. de Ingeniero White.

“Para satisfacer necesidades humanas (y en algunos casos meramente necesidades comerciales) no se puede poner en riesgo a la vida y la salud de los seres humanos, sus bienes, y el medio ambiente. Ante el conflicto de valores, debe darse prevalencia a los esenciales, esto es, a los que -precisamente- ampara prioritariamente la Constitución Nacional”, agrega la presentación.

En sus apartados refiere también al “principio precautorio” entendiendo que “la sola probabilidad de que un acontecimiento configure una situación dañosa, activa este principio, que tiene como objetivo garantizar un nivel elevado de protección de la salud pública y el medio ambiente.

De este modo, el principio precautorio se transforma en uno de los puntales de mayor importancia en lo que respecta y se relaciona a la materia ambiental. (…) Los elementos informados por las distintas dependencias del Poder Ejecutivo Nacional, Provincial y Municipal -ante la carencia de estudios que permitan determinar exhaustivamente las condiciones de seguridad operativas-, resultan por lo pronto insuficientes para alejar las enormes preocupaciones y presunciones sobre los peligros que genera el vertido de los residuos tóxicos del proceso industrial que en el Polo Petroquímico se producen”.

También menciona el principio de prevención, “con el que se busca anticipar e impedir todo aquello que pueda generar un perjuicio ambiental, más allá de que algunas acciones ocurren irreversiblemente y amén que esas consecuencias se ocasionan en actividades humanas” y termina diferenciándolo del anterior en tanto que con el precautorio “hacemos referencia a un riesgo futuro, la prevención se inserta en el llamado riesgo actual”.

El martes 12 la Fiscalía invitó a organizaciones ambientales con el objetivo de informar sobre la presentación. El Dr. Horacio Romano, de la Asamblea Ambiental del Sur AUKAN, participó y comentó luego detalles del encuentro en diálogo con Mauro Llaneza durante el programa En Eso Estamos de la FM De la Calle.

Lucas Beier es abogado. Representa a la Asociación de Pescadores Artesanales que comenzó una causa judicial hace varios años. De esos hechos denunciados surge la presentación que hace 48 horas publicó el Ministerio Público Fiscal solicitando que “se deje de cometer el delito de arrojar sustancias tóxicas produciendo un peligro a la salud humana con la alteración del medio ambiente”.

El profesional dijo que “no solamente pedimos que se las condene por el delito cometido sino que en el ínterin se tomen medidas a fin de que dejen de cometer este delito, es decir, a fin de que dejen de contaminar”.

Finalmente, el letrado insistió en el hecho de que “una autorización reglamentaria no libera de responsabilidad penal ni de la civil a quien está cometiendo el delito”, haciendo referencia a la resolución de la Autoridad del Agua 336/03. En este sentido, Beier afirmó que “todo lo que se arroja en la ría queda acá, ya que no hay una depuración como en mar abierto donde el agua se renueva, por lo que esta autorización no debería ser aplicable. Por eso también estamos denunciando a funcionarios públicos también”.