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El camarista Pablo Larriera ratificó a la jueza Gabriela Marrón en la causa por la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro.

De esta manera rechazó la recusación planteada por los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolín quienes invocaron “temor de parcialidad” al concluir que Marrón comprende una única hipótesis: que Facundo “en su trayecto hacia la localidad de Ingeniero White, transitó por el complicado terreno del estuario en el que se anegó y luego se ahogó”.

Plantearon, además, que la jueza se entrometió en asuntos de la Fiscalía al reasumir la investigación para incorporar un estudio de mareas del IADO en el cual el director del organismo oceanográfico “realizó consideraciones que no le fueron solicitadas sobre el posible desplazamiento de Facundo dentro del estuario”.

Azzolín y Heim devolvieron el escrito, “no obstante luego, invocando una medida para mejor proveer y afirmando que no reasumía la instrucción, la dra. Marrón ordenó un estudio que, en los hechos, implicaba realizar las mismas actividades que el IADO realizó sin que se lo haya ordenado”.

Al rechazar su recusación la jueza sostuvo que “la conexión entre el Estuario y la Ría de Bahía Blanca y el aporte que puede llegar a lograrse a partir de su estudio es innegable para la reconstrucción del hecho, ya que esta última zona es donde se vio a Facundo José Astudillo Castro transitar con vida, y luego, se encontraron sus restos y pertenencias”.

Se refiere a lo dicho por la Testigo H, cuyo testimonio fue incorporado a la causa por dos de los policías sospechados -Mario Sosa y Siomara Flores- y se contradice en varios aspectos con el de Alberto González, quien detuvo a Facundo por segunda vez el 30 de abril. Marrón no considera, entre otras pruebas, el hallazgo de pertenencias del joven en un calabozo de Puesto Policial de Teniente Origone.

En definitiva, en el fallo firmado ayer en la Cámara de Apelaciones, Larriera manifestó que la delegación de la investigación en los fiscales “no implica que el juez pierda la dirección del proceso y la decisión final en determinados temas”. Esto independientemente de lo que los camaristas resuelvan respecto a la validez de la prueba del IADO cuya nulidad fue planteada en otro incidente.

Por tercera vez el secretario general de la UTA, Ricardo Pera, evitó ser indagado por el fiscal que interviene en la causa por violencia de género iniciada por su ex pareja. Laura Trespando lo denunció por lesiones agravadas y amenazas.

“El viernes a última hora presentó un certificado en el que dice que está pasando por un cuadro de Covid positivo. Se resolvió por parte de la fiscalía que se fijaba un nuevo horario y, si tenía algún síntoma, previamente tuviera una entrevista telefónica con el médico pericial. No se pudo hacer porque no atendió el teléfono”, señaló a FM De la Calle la abogada de víctima, Fernanda Petersen.

La letrada agregó que “más allá de la autenticidad o no del hisopado, del que no tengo porqué desconfiar, la realidad es que el teléfono apagado demuestra voluntad de evadir a la justicia si tenemos en cuenta que no se lo pudo notificar en el domicilio real”.

El fiscal Juan Pablo Schmidt dejó abierto el acto para llamarlo nuevamente cuando esté en condiciones. Una vez realizada la indagatoria, acto de defensa en el cual Pera puede o no declarar, se elevaría la causa a juicio.

“Esta persona no solo ejerció violencia públicamente, sino que sigue haciéndolo al no presentarse a la justicia. Es el hombre de las mil causas y mil situaciones, esto es una manera de seguir ejerciendo poder”, afirmó Petersen.

El ex concejal fue condenado en febrero a un año y diez meses de prisión por agresiones contra dos legisladores. Los hechos ocurrieron en 2015 dentro del Concejo Deliberante.

“Estamos convencidas de que se va a llegar a una condena y la causa anterior, si es confirmada en la sede de apelación, opera como un antecedente que agrava y que se tiene en cuenta para establecer pena”, explicó Petersen.

Finalmente, destacó que Pera “públicamente ha demostrado su conducta violenta, si a esto le sumamos la privacidad de un domicilio, la situación de trabajo y de poder, estamos frente a una situación donde los elementos sobran”.

El Consejo Local de Niñez expresó su preocupación ante el rechazo al proyecto de ordenanza que proponía la creación de una “Mesa Social de Articulación en la Pandemia”.

“Fue confusa la respuesta del jueves del Concejo, pareciera que en aras de defender un posicionamiento se empieza a desconocer ciertas realidades que a través de las organizaciones que representamos vemos permanentemente”, comentó la psicóloga Alba Picardi.

Señaló que “el planteo puntual da a entender como que la mesa de crisis alimentaria funcionaba y bien. Hemos presentado un informe porque no estaba funcionando. Cuando lo hacía era más un espacio donde se informaba lo que se pensaba hacer pero las decisiones ya venían tomadas, no había un trabajo articulado con las organizaciones”.

“Nos parecía que este proyecto era un propuesta superadora en relación a esa mesa que no está funcionando desde septiembre. Era una buena manera de adelantarnos a lo que va a venir y para seguir trabajando con lo que va pasando. La crisis alimentaria no se terminó en septiembre, no entendemos porqué no se convocó más a la mesa”, comentó Picardi.

Insistió que la emergencia alimentaria no se resolvió: “En vistas de la segunda ola se va a profundizar. Más allá de eso, lo que propone el proyecto es articular entre efectores y organismos que trabajan en los barrios para generar redes e instrumentos que no queden solamente en lo que implica lo alimentario e ir hasta algo más profundo. Lo pensábamos saliéndonos del criterio del asistencialismo, para que las comunidades pudieran organizarse y puedan ser generadores de herramientas”.

“Tenemos representantes de las organizaciones en el Consejo Local. Si la idea era plantear que la crisis ya no era real, vemos que sigue siendo real. La desigualdad se ha profundizado, significa que no es solo el alimento que llega o no, sino además la desigualdad con todo, acceso a la salud, quienes quedaron fuera de la cotidianidad de la educación por no tener los elementos, problemáticas de salud mental, violencia y adicciones”.

Picardi concluyó, “es mucho más amplio que una tarjeta alimentaria o un bolsón, pareciera que vivimos en realidades paralelas”.

Desde Creer Sí también manifestaron su preocupación por el rechazo a la inicativa.

“Creemos que las miradas y accionar de distintos actores sociales de la comunidad implicaría un trabajo colectivo más eficiente que redundaría en una mayor protección, amparo y promoción de las familias que se encuentran en estado de vulnerabilidad y en especial de nuestras infancias”.

En la última sesión del Concejo Deliberante el oficialismo rechazó conformar una “mesa social articulada de trabajo, gestión y planificación en el marco de la pandemia” para analizar la situación de los sectores vulnerables ante la segunda ola de Covid.

Romina Pires, una de las autoras del proyecto, dijo a FM De la Calle que el espacio que se conformó e 2020 “dejó de funcionar en septiembre”.

“El martes se juntaron directores de hospitales, integrantes de Región Sanitaria y el intendente. En esa misma línea, pretendemos sentarnos a pensar y retomar el diagnóstico del año pasado junto a organizaciones sociales y al Consejo Local de Niñez”.

Pires remarcó que “lo social no es sólo lo alimentario, también hay cuestiones de vínculos, de dispositivos, de contención, de propuestas territoriales, con un abordaje más integral: hay personas que no salieron de sus domicilios y otras que quedaron golpeadas por la pandemia”.

“No es menor que se diga que está por venir una segunda ola, esto nos tiene que llevar a pensar que la ciudadanía requiere respuestas distintas a las de estos últimos seis meses. Hay que sumar el frío, las lluvias y la complejidad en los barrios”, afirmó.

Por último, la concejala expresó que “desde el Municipio existen varias tarjetas: una de $860, otra de $1660 y la última de $1860 por mes. Habría que preguntarle a la secretaria de Políticas Sociales, Vanina González, el criterio de estas tres tarjetas”. Un ejemplo de coordinación podría ser que, a través de la mesa, “junto a las organizaciones sociales, se releve si todos los que la necesitan tienen tarjeta, hay familias que por distintos motivos aún no accedieron a este beneficio”.

El debate en el Concejo

“¿Qué es lo social?”, preguntó durante la sesión el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Nicolás Vitalini. “Creo que se confunde lo social con el asistencialismo. Dicen que no nos interesa lo social. Cuando uno habla de esto, puedo decir que es bregar por el asistencialismo en las escuelas, cosa que se han negado sistemáticamente en post de la obsecuencia al gobernador”.

Vitalini ejemplificó: “Fue año sin presencialidad, ¿dónde está la parte social de la vinculación de los chicos con sus pares? Lo social también tiene que ver con evitar restringir los derechos: durante un año hubo un Estado policíaco, te pedían un permiso para entrar a un lado y otro”.

“A veces se hace un enfoque en los barrios que más necesidades tienen, pero muchas medidas del presidente y del gobernador tuvieron impacto negativo en lo social. Porque esas personas más vulnerables son las que precisan que sus hijos se eduquen para salir de dicha situación, necesitan tener un trabajo y no perderlo. Argentina tiene un índice de alto crecimiento de la desocupación por las medidas desacertadas tomadas durante la pandemia”, afirmó.

Finalmente, el edil expresó: “Terminemos con el planteo de que somos insensibles. Se le da una connotación a lo social que en definitiva es la consecuencia pero no se ataca nunca la causa. Que Argentina tenga una pobreza estructural de más del 30% hace cuarenta años tiene que ver con lo social y si no hay generación de empleo, si no hay libertad, si no hay educación, va a ser cada vez más grave”.

La concejala del Frente de Todos, Analía López, interpeló a la oposición al decir que “ya que desde su espacio político se arengó tanto por la vuelta a la presencialidad y por el sostenimiento de las escuelas, principalmente las de explotación o responsabilidad privada, también pedimos que haya una mirada atenta hacia el cumplimiento de los protocolos y de lo que establece el plan jurisdiccional”.

“Debemos ser promotores de los derechos pero, a su vez, como veedores y fiscalizadores, tenemos la responsabilidad que la normativa se cumpla porque es en pos de la protección y cuidado de todas y todos”, finalizó la docente.

En respuesta al bloque opositor, Lucía Pendino afirmó que “el proyecto que presentaron propone algo que ya existe. Se logró trabajar en forma efectiva y con amplia convocatoria: participaban la Universidad del Sur, representantes de distintos cultos, organizaciones sociales, el Municipio desde la Secretaría de Políticas Sociales y la Secretaría de Gobierno, PAMI, concejales, la senadora provincial, Ayelén Durán, la presidente del bloque Frente de Todos y el Consejo Local de Niñez”.

Pendino dijo que rechazaron el proyecto presentado por Pires “porque la mesa de contención y colaboración social es un trabajo comprometido que se viene realizando desde el 2020 y que sin duda, atento a las necesidades, va a seguir trabajando en forma conjunta”.

Nuevamente, desde el Frente de Todos, Paula Echeverría retrucó que “la mesa que existió no se junta desde septiembre. Esto fue hace seis meses. ¿Vamos a decir que no existieron en estos meses problemáticas y urgencias dentro de nuestros territorios? Estas instituciones no tuvieron un lugar de encuentro” y, a pesar de eso, “las organizaciones sociales, la universidad, las iglesias, la organización comunitaria y territorial sigue dando respuesta y acompañamiento”.

“Nos falta como Estado municipal dónde encontrarnos y articular, pensar desde lo local de qué manera vamos a hacer frente a esta próxima ola de Covid que golpea a todos y todas pero mucho más fuerte en nuestros territorios. Para eso necesitamos no solamente poder decir qué es lo social sino que solicitamos una gestión, una planificación, un abordaje y un trabajo serio, desde los sectores que durante este tiempo le pusieron el hombro a la pandemia”, expresó.

La concejala Lucía Martínez Zara dijo que “perdemos una gran oportunidad de crear un espacio, de tener una agenda común. Pensamos distinto, tenemos concepciones de Estado muy diferentes, pero por fuera de estas cuatro paredes hay una realidad social compleja y delicada. Muchas personas que la pasaron súper difícil y otras que se pusieron a disposición de manera solidaria, voluntaria a ayudar, se merecen ser escuchados, tenidos en cuenta”.

Por último, desde el mismo bloque, Carlos Moreno Salas planteó que “si hubo un gesto del señor intendente de juntarse con los médicos y con los directores de hospitales, también cabe juntarnos con los referentes que las vivieron en carne propia, gente humilde, sencilla, que ofreció su casa para hacer un plato de comida caliente y poder distribuir en el barrio. Hay hipocresía, dejamos de reconocer las cosas que ocurrieron. Debemos tener la responsabilidad y la madurez política para pasar este difícil momento”.

El economista y columnista Francisco Cantamutto analizó en FM De la Calle la reciente aprobación de la reforma al impuesto a las ganancias.

El especialista señaló dos aspectos de la iniciativa. El primero es que “se siguen discutiendo elementos del impuesto sin revisión integral, significaría modificar las alícuotas progresivamente, hoy cuando empezás a pagar muy rápidamente pagás el máximo porque las escalas están muy reducidas”.

“El segundo aspecto a revisar son las exenciones del impuesto, control y fiscalización. Una de las críticas es que se está discutiendo cuántos trabajadores o trabajadoras lo pagan pero no se están discutiendo las exenciones de, por ejemplo, a quienes hacen las operaciones inmobiliarias”.

“Esto no fue parte del debate, lo que se hizo es aplicar una exención por la cual quienes reciben salario bruto de hasta 150 mil pesos, no pagarían”, comentó.

El economista agregó que “esto hace que 1 millón 267 mil personas dejen de pagar, se vuelve a la situación de 2015. Es un 10% de personas asalariadas pagan el impuesto a las ganancias”.

“En el 2019 por la falta de actualización de los mínimos llegó a pagar un cuarto de los asalariados. Esto genera un efecto distributivo desigual”.

Cantamutto comparó que “la canasta de pobreza es de 58 mil pesos por mes y el salario promedio del sector privado es de $56.550. Los asalariados ganaban en promedio por debajo de la canasta de pobreza familiar. La mayor parte de los asalariados ganan mal pero, una vez que logran superar esa barrera, muy rápidamente saltan en la escala y pagan el tope de ganancias”.

“Esto nos habla de que se erosionó el salario de la clase media. Es decir, la mayor parte gana un salario de pobreza y, cuando logra saltar esa brecha, pasa a ser incluido entre quienes más ganan. Esto es un efecto de la desigualdad de distribución del ingreso, es de fondo y va más allá del impuesto”.

¿Por qué esta medida se sanciona ahora?

“Más allá del gesto político en el año electoral, la lectura económica tiene que ver con reactivar la economía. Mientas se negocia con el FMI, se habla de reducción de déficit fiscal, las exportaciones no reaccionan con la velocidad esperada, la inversión pública está atada, los salarios no suben, la mejora tiene que generar incentivos para que sectores medios y altos vuelquen el dinero en el consumo. No solamente mediante esta medida que libera fondos para que se vayan al consumo atrasado, sino también las iniciativas para el fomento a la construcción”.

El economista señaló que “se habla de un crédito hipotecario que en lugar de actualizar por UVA sea por índice salarial para que, si aumenta la inflación y no el salario, no se vaya la cuota al demonio. Todas las medidas que fomenten a la construcción especialmente, porque es mano de obra muy intensiva, generan muchos encadenamientos”.

“No es solamente un arreglo o un gesto político sino que tiene que ver con cómo hacer para reactivar la economía”, finalizó.

El Municipio cedió a la empresa San Gabriel las líneas de colectivos 502 y 504, las cuales eran gestionadas por Bahía Transporte SAPEM.

Varios días después se informó que el traspaso incluyó 17 unidades a un costo de 16 millones de pesos -incluyendo intereses por el pago en cuotas- y a 32 de alrededor de los 70 trabajadores de la SAPEM .

El ex concejal y dirigente de Nuevos Vientos, Raúl Ayude, analizó en FM De la Calle qué implica el traspaso de líneas para el sistema de transporte público.

“Nos enteramos que le vendieron colectivos a menos de un millón de pesos cada uno, transfirieron 32 empleados, sin debate previo y sin que los miembros del directorio de la SAPEM lo sepan. Eso hace a una complejidad que es repudiable”, señaló.

Agregó que hay “una crisis muy grande debido a que la pandemia bajó la cantidad de gente que circula en transporte, con un agravante que es el aumento automático, sin revisión del funcionamiento del sistema, a partir de la mayoría automática de Cambiemos en el Concejo”.

“Tenes el boleto que aumenta de manera automática, la concentración en dos empresas privadas del sistema público de transporte, el vaciamiento de SAPEM, menos cantidad de pasajeros transportados y mucha dependencia de los subsidios de provincia y Nación para el sostenimiento del sistema”.

Sistema de cobro

El sistema de cobro no es propio de SAPEM sino que depende de SUBE. “Eso implica determinados costos y obligaciones que tienen que ver con SUBE. Durante todos estos años se incorporó personal. Si para una empresa privada el servicio le permite tener ganancia, en el caso concreto parte de esa reinversión se estaba haciendo para brindar trabajo”.

“Pareciera que una misma línea a San Gabriel le da ganancias y al Municipio da pérdidas. Ahí hay una diferencia entre la concepción del Estado, de lo público”.

Rol de la SAPEM al momento de su conformación

En sus inicios el reparto de recorridos estaba compuesto por “combos de líneas estrellas, las que tenían muchos pasajeros en relación a los kilómetros recorridos y otras que se llamaban de carga. Lo que se pedía es que el Estado intervenga para tener líneas testigos”.

“Al no tener pretensión de ganancias puedo tener un servicio para personas con discapacidad, que los pibes lleguen a una escuela de otra manera que capaz no es tan rentable, tengo mi propia estructura de parada, de cambio de parada. Manejar tres líneas permitía tener esos elementos y sentarte a discutir con empresas, gremios y usuarios”, comentó Ayude.

El Estado y lo público

La 19 A “es una línea que da pérdida, SAPEM se quedó con la peor de las tres, con más empleados que los que necesita. Lo que tenés que explicar a los usuarios es porqué tomás esta decisión, explicando números, estrategias”.

El ex concejal mencionó que con SAPEM se aplicó una “concepción en la que se privatizan espacios públicos” donde, por ejemplo, “en gastronomía con experiencias que son rentables se cede a una estructura privada”. “Lo mismo se hizo con SAPEM. Es la visión política que tienen por la cual cerraron talleres en los barrios dejando de atender la primera infancia”.

¿Se debería discutir una reforma integral del sistema?

Queda pendiente una reforma estructural del sistema de transporte, aunque Ayude sostuvo que “no se puede repensar en este momento de pandemia o en plena crisis”.

“La mayoría de líneas pasan por el centro, la mayoría de recorridos son muy largos, sigue habiendo mucha centralidad, pasan por calles angostas, el sistema de transporte escolar hace que sea necesario refuerzos en diversos momentos”, apuntó para la futura discusión.

El dirigente de Nuevos Vientos destacó finalmente que, con la cesión de líneas, SAPEM y el Municipio “perdieron la posibilidad de ganancia cuando mejore el sistema porque ya se quedó con cosas deficitarias”.

Los grupos asociados que ofrecen cada mes las bolsas con Producciones de la Agricultura Familiar inaugurarán este domingo al mediodía un nuevo punto de comercialización: se trata de la Feria del Puerto que funcionará los fines de semana de 12 a 19 en Ing. White.

El espacio es impulsado por el Consorcio de Gestión del Puerto, organismo que convocó a INTA Pro Huerta y Cambio Rural, sumando a una red de trabajo que integran Cáritas Arquidiocesana, los centros de formación profesional N° 402 y 401 (anexo UP N°4) y FM De la Calle. Se podrán adquirir hortalizas, panificados, huevos, harinas integrales, mermeladas y conservas, plantas aromáticas y próximamente hongos, pescado, carne de cerdo y pollos.

Si bien la apertura del mercado estaba prevista para este sábado por cuestiones climáticas el puerto no abrirá.

Marina Huentenao, integrante del área de Economía Solidaria de Cáritas, comentó que el público ser encontrará con un patio de gazebos que muestran las propuestas de emprendimientos que se aglutinan en el local de comercio justo Reloj de Arena y la Red de Comercialización de la Economía Solidaria, junto a otros artesanos locales.

Luego, accederá al mercado donde tendrán sus puestos Moras Brix, Productores Hortícolas de Sauce Chico y Colonia La Merced, Runtu Thani, Don Atilio, Trigo Limpio, Cocinando Ilusiones, Somos Andando y proyectos productivos que acompañan las Cáritas Parroquiales como trabajo de promoción humana.

Huentenao señaló que esta alternativa de comercialización estable «es un punto importantísimo porque hace muchos años hemos ido caminando en distintos lugares con todo lo que implica el armado y desarmado. Poder contar con un espacio fijo que esté pensado para eso, donde la infraestructura está dispuesta para eso, es impensado. Cuando inauguremos lo vamos a poder creer».

«Desde los pequeños productores se generan puestos de trabajo concretos. Con el desarrollo y el acompañamiento del Estado o instituciones intermedias, con apoyo financiero, se puede ver la calidad de vida que adquieren», enfatizó.

La integrante de EcoSol comentó que la apertura del mercado en el puerto coincide con la llegada de un banco de herramientas que le permite a las emprendedoras, por ejemplo, pasar del horno casero a un horno pizzero e incorporar amasadoras y cuadruplicar la producción.

«En esta economía donde su costo fijo es el cuerpo, poder contar con maquinaria de este estilo significa que no se levantan a las tres o cuatro de la mañana. Eso que no se puede cuantificar y que está acompañando por instituciones hace que estos espacios mejoren la calidad de vida estos integrantes de esta red».

Otro gran desafió es la autonomía. Huentenao resaltó «lo positivo que ha sido el momento de crisis que nos lleva a pensar alternativas. Se constituyeron bancos de herramientas, un fondo rotativo para la producción de harinas y de alimentos balanceado que nace desde Cáritas y habilita la compra de insumos de manera colectiva con un pequeño interés para generar fondos y ampliarlo».

«Estamos acompañando todo el paso previo para que la producción vaya tomando escala de a poco para que no se termine autoexplotando el productor si no que sea un crecimiento paulatino», finalizó.

La madre de Facundo, Cristina Castro, dialogó con FM De la Calle a un mes de cumplirse el primer aniversario de la desaparición forzada seguida de muerte del joven de Pedro Luro.

El lunes, la querella denunció la desaparición de un testigo clave, quien fue localizado varias horas después. Se había escondido por temor a las amenazadas recibidas en el marco de la causa que tiene a la Bonaerense en la mira de la justicia.

“Buscan amedrentar, yo perdí el miedo el día que me mataron a mi hijo. Seguimos en pie de lucha sin importar quién caiga, son muchas las personas que están cubriendo este asesinato”, dijo Cristina.

Como cierre de la semana de la Memoria, afirmó que “cambiaron los Falcon por la Hilux. Estamos viendo una vena de la dictadura que no logramos cerrar. Es lo mismo, solo que en democracia avalados por muchos, por el poder político y judicial”.

“Lamentablemente me tocó pasar por lo mismo que les pasó a las Madres y las Abuelas. Me acordaba de tantas cosas, veo que la lucha de Facu era genuina, tuve que empezar a estudiar historia de verdad, tuve que aprender de lucha”.

En relación al testigo de identidad reservada contó que “desapareció, venía siendo amenazado de muerte él, su familia, su hijo. Nos dijeron que habían activado protocolos de búsqueda. Estos policías tienen un abogado, la jueza (Gabriela) Marrón levantó el secreto de sumario, así tuvieron acceso a las iniciales de estos chicos y empezaron a amenazarlos”.

“Gendarmería tardo casi cinco horas en llegar a Luro y ni siquiera fueron a la casa del chico. Yo creo que apareció por la presión de las redes, los grupos activaron el protocolos de búsqueda”, enfatizó.

Cristina relató que “la ministra Frederic me aseguraba que ya lo habían localizado y estaba todo bien y no era así. Terminé de hablar con ella y a los cinco minutos tenía a la familia en mi casa diciendo que no, que era mentira lo del mensaje de voz, que era un mensaje escrito por Whatsapp, y nos pidieron que no lo dejáramos de buscar hasta que apareciera, que querían verlo con vida. A la madrugada cuando apareció hicieron lo mismo y me pidieron que tuviera un poco de calma y pidiera reserva y tranquilidad para ellos, imagináte el momento que pasaron”.

Respecto a las pericias judiciales realizadas esta semana, en las cuales el perro del adiestrador Marcos Herrero volvió a señalar los patrulleros que detuvieron a Facundo el 30 de abril, Castro destacó la marcación de la Hilux del Puesto de Origone: “Ni bien soltó a Yatel, se clavó en el patrullero, no hay dudas de que mi hijo estuvo ahí y lo trasportaron en ese móvil”.

Consultada sobre el pedido de revisión del teléfono del presidente del Concejo Deliberante de Villarino, Omar Promenzio, explicó que está relacionado a una testigo “que se presenta a declarar de forma espontánea algo que escuchó. No la conozco, ella se acercó, tuvo una entrevista conmigo y después de un tiempo de animó a declarar porque tiene mucho miedo. Recuerden que a los amigos de Facundo los están persiguiendo todo el tiempo, tenemos ocho cartas documentos por un valor de 200 mil pesos cada una (por realizar pintadas). La policía los sigue hostigando, no pueden salir porque les ponen un patrullero atrás”.

“Esta testigo hace referencia a la jueza Marrón y a su amiguismo particular con la familia Bevilacqua, el intendente de Villarino. Nos resulta extraño que siga al frente de la causa cuando dijo que iba a cerrar el caso a finales del año pasado. Vamos a seguir peleando hasta las últimas consecuencias. Estamos esperando resultados para las imputaciones, la salud me jugó una mala pasada, no puedo estar al frente, están mis abogados y mi familia ocupándose”.

Los policías sospechados -Siomara Flores, Mario Gabriel Sosa, Jana Curruhinca y Alberto González- “siguen trabajando y portando un arma, siguen desparramados por acá. Es inevitable no cruzarlos, siguen gozando de un sueldo que le pagamos los ciudadanos y ahora están patrocinados por un abogado que puso el Municipio”.

“Vamos por lo que el Flaco peleaba, por un Nunca Más en serio, porque en Villarino no nos vuelva a desaparecer ni un pibe, porque no los golpeen en las comisarías, porque no tengamos más femicidios, por todo eso. Sabemos que la lucha es larga y contra gigantes, pero no se preocupen que desde este lado les vamos a dar pelea”, concluyó.

Foto: Cristina Castro junto a los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolin en el Puesto Policial de Origone.

Cintia Villega denunció por violencia de género en reiteradas oportunidades al padre de su hija, Gustavo San Román. El 21 de agosto el hombre se llevó a la nena de nueve años impidiéndole todo contacto con la madre.

En la puerta de la Fiscalía General, la mujer junto a su abogada y organizaciones sociales reclamaron celeridad para que la niña pueda volver con su familia y que citen a declarar al agresor.

“Hace nueve años estoy juntada con él, siempre me amenazó con que me la iba a sacar y lo hizo, manipuló la situación. A mi hija la tiene manipulada, no la vi más a la nena. No se cómo está, la sacó de la vida que ella tenía, iba a natación, inglés, él la veía todos los días. Se enojó conmigo, me pegó y se la llevó”, dijo Cintia a FM De la Calle.

Relató que fue a la Comisaría de la Mujer a denunciar que la “ahorcó” aunque “justo el servicio local estaba con otro caso”.

“Me cruzo un amigo de él que le avisa que estoy ahí. Él va con Sofía a la comisaría, le dice al servicio local si puede tener a la nena durante tres días porque era el cumpleaños del hermano y no me la trajo nunca más”.

La abogada Alicia Busteros afirmó que “la justicia tiene que ser más expeditiva porque si no no es justicia. La criatura tiene un problema de salud grave, no se la medica en tiempo y forma. Ahora se agravó porque tampoco la lleva a la escuela”.

“La escuela fue la que dio aviso de que no estaba yendo la nena, el servicio local nos dijo ‘vamos a comunicarnos la semana que viene'”, señaló.

Hay varias denuncias: una está radicada en el Juzgado de Familia Nº3 y otra en la UFIJ Nº3 a cargo de la fiscal Agustina Olguín.

Busteros destacó que el hombre se “manifiesta humillando a la madre, golpeándola físicamente, psicológicamente. El servicio local no se había dado cuenta que se ejercía violencia psíquica contra ella porque la violencia que ejercía contra la madre era siempre enfrente de la nena”.

Por último, Cintia contó que “Sofía estaba todos los días conmigo, ella hacía deportes, iba a canto, estaba todos los días con los hermanos. Tiene a su perro, su gato, su rana, todo en mi casa. Ella no se quedaba nunca a dormir con él porque no quería. No puedo creer que hace siete meses que la tiene y que no se cómo está. Necesito que me ayuden”.

En el aniversario 45º del Golpe de Estado cívico-eclesiástico- militar, FM De la Calle realizó un programa especial de En Eso Estamos.

Se escucharon los testimonios del secretario de Derechos Humanos de la CTA, Dante Patrignani y de Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén invitando a un conversatorio a 145 años de terrorismo de Estado contra el pueblo mapuche.

Por otro lado, Pablo Stefanoni, autor del libro “¿La rebeldía se volvió de derecha?”, analizó cómo calan en la sociedad la reconversión de los discursos de extrema derecha.

Escuchalo acá.

En un recorrido por el arco político local se compartimos las voces de referentes y referentas de organizaciones sociales, políticas, sindicales y culturales reflexionando sobre el significado de este nuevo aniversario del golpe genocida.

Saira Millaqueo, coordinadora de Ciudadanas Trans y Viviana Marfil, secretaria general de ATE.

Fernanda Petersen, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal y Alberto Rodríguez, miembro del Centro Cultural La Panadería.

Miguel Aolita, secretario general de la Asociación Empleados de Comercio y la CGT y Nahuel Blanco, integrante de la organización barrial Talita Kum.

Ana Canullo, primera secretaria de Derechos Humanos de SUTEBA y Elisardo Tunessi, representante de la Red de Espacios Culturales Independientes.

Pilar, integrante de Sureando y Verónica Bajo, activista de Acciones Feministas.

Luciano, miembro del Centro de Estudiantes del Colegio La Piedad y Carolina, integrante de la organización social El Puente.

Anabella Tarabelli, integrante de la Comisión del Sindicato de Prensa y Diego Dorcazberro, referente de Sureando.

Juan y Victoria, estudiantes de la FES.

María Belén López, delegada general de la Asociación Argentina de Actrices y Actores.

Los relatos de las y los sobrevivientes, su voz, el ejercicio de recordar juntas y las materialidades del Centro Clandestino de Detención y Exterminio La Escuelita de Bahía Blanca son reflejados en el primer corto del Ciclo Zaranda.

Se trata de un proyecto colaborativo impulsado desde el programa Arqueología en cruce del Departamento de Humanidades de la Universidad del Sur.

Cecilia Simón comentó a FM De la Calle que “la idea de zaranda atraviesa todo el ciclo, es un objeto muy significativo y característico de la práctica arqueológica y tiene una funcionalidad que va en diálogo con cómo trabaja la memoria, qué cosas quedan, qué cosas pasan”.

“Aparte es un objeto muy bello, si algo aprendimos a partir de este diálogo con el teatro de objeto es que se pueden resignificar y tener una belleza que no le habíamos dado. Es un material educativo, estamos trabajando en cuadernillos que van a acompañar el corto para que ingrese y se trabaje en las aulas de los distintos niveles. Estamos todas muy contentas porque fue un trabajo muy lindo”.

El punto de partida fue la propuesta de Ina Morales y Cata Corredor, actrices y manipuladoras integrantes de Ciclo Objeto, “para pensar que la materialidad alberga memoria y tiene la capacidad de contar historias”.

“El primer capítulo es sobre La Escuelita, para eso trabajamos conjuntamente con las chicas de H.I.J.O.S. y de Red x la Identidad. A través de encuentros virtuales fuimos pensando distintas historias y objetos que se asocian a La Escuelita. Fueron muy importantes los relatos de Alicia Partnoy, el material que se recolectó en la práctica de campo que se hizo en 2011 y declaraciones testimoniales de quienes sobrevivieron”, contó Simón.

Agregó que “a partir de esos hilos y discursos fuimos armando este relato que se apoya y se hace con objetos y con todo lo que se dispone alrededor. Le dimos mucha importancia a los sonidos, a la iluminación, a recuperar el paisaje”.

Mirá:

1025 genocidas fueron condenados tras la reapertura de las causas de lesa humanidad hace 15 años y 165 personas fueron absueltas. En total, son 3490 las investigadas de las cuales solo un cuarto está privado de la libertad.

Según información de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, hay 618 procesadas, 623 solamente imputadas, otras 104 fueron sobreseídas y hay 169 con falta de mérito, es decir con una situación aún no definida.

Tampoco está definida la situación de otras 42 personas indagadas sobre las que aún no hubo resolución de mérito, mientras que suman 29 los prófugos y prófugas.

En la actualidad existen 626 causas en todo el país en las que se investigan los delitos del terrorismo de Estado: 278 se encuentran en etapa de instrucción, 254 obtuvieron sentencia, 73 están elevadas a juicio y 21 se encuentran actualmente con el debate en curso.

Entre febrero y marzo inicaron los debates de cinco causas y para abril se espera el inicio de otra. La situación de emergencia sanitaria influyó en la continuidad de los juicios: de los procesos iniciados antes de la cuarentena, doce tuvieron sentencia y diez aún continúan en trámite. Entre estos últimos, el debate de la causa Triple A de Bahía Blanca.

De los juicios que se iniciaron con posterioridad al decreto, once continúan en trámite y uno obtuvo sentencia.

A lo largo del proceso de verdad y justicia fallecieron 715 personas antes de que se dictara sentencia a su respecto.

De las 3490 personas investigadas por delitos de lesa humanidad desde la reapertura de las causas 1661 -es decir, un 47% del total- transitan los procesos en libertad, mientas que 859 -un 25%- se encuentran privadas de su libertad. De todas ellas, 636 cumplen el arresto en su domicilio. Esta modalidad de detención predomina desde 2016.

La Procuraduría destacó, además, que en relación al tiempo que insume la tramitación de estas causas, transcurren cinco años y dos meses desde el requerimiento de elevación a juicio hasta el último fallo de la Corte Suprema para que una sentencia quede firme.

Analizado ese lapso por tramos, el organismo estableció que en promedio transcurren cinco meses entre el requerimiento de elevación a juicio y la clausura de la instrucción; dos años y cuatro meses desde la elevación a juicio hasta el veredicto; y tres años y siete meses entre la sentencia y el fallo del último recurso ante la Corte Suprema.

El secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano García, dijo a FM De la Calle que el testigo de identidad reservada cuya desaparición se denunció ayer, “está otra vez con su familia, muy afectado y asustado por todo lo que le viene pasando”.

Afirmó que se trata de “una serie de llamados telefónicos, amenazas y hostigamientos, hacia él y su familia, todo en función de haber sido testigo en la causa de Facundo”.

Respecto a la protección judicial que debió tener el testigo, Cirpiano contó que “es bastante deficiente, lo venimos señalando, ha costado mucho que la justicia se haga cargo de la protección de testigos, funciona con intermitencias y desprolijidades. Son testigos que hay que cuidarlos mucho porque aportaron información muy importante”.

“En algún momento el temor y el terror que sentía por esos llamados y el involucramiento de algunos de sus familiares lo llevó a esconderse por temor a que esas amenazas se convirtieran en algo real. Después conversando con sus familiares regresó con ellos. Estamos haciendo presentaciones para que se lo cuide y se le de un tratamiento adecuado”, agregó.

En cuanto al estado de la investigación por la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo, el abogado de la CPM comentó que “hay muchos elementos que dan cuenta de la participación de la Bonaerense en el hecho. Tenemos un problema serio con la jueza que claramente quiere imponer la versión del accidente y no está dispuesta a investigar la pista policial”.

“El fiscal Martínez lo mismo, ahora se inhibió en la causa y están los otros dos fiscales designados especialmente para esto. Pero la jueza tiene una actitud, incluso extraña, de negar prueba pertinente y necesaria. Hubo que recurrir a la Cámara, tendría que aceptar que se investiguen todas las pistas, no la que ella cree que debe ser. Creemos que tiene intenciones de cerrar la causa y en función de eso la hemos recusado”.

Días atrás, el Municipio de Villarino facilitó un defensor para los policías sospechados. Recordemos que el intendente Carlos Bevilacqua pretendió vincular a Facundo con el narcotráfico mientras el joven permanecía desaparecido.

Se trata del abogado Sebastián Martínez, quien ahora vela por los intereses de Mario Sosa, Jana Curruhinca, Siomara Flores y Alberto González.

Cipriano destacó que aun “no hay una imputación concreta” aunque “hay muchos elementos que relacionan a estas personas con la causa”. Para avanzar con pedidos de indagatoria esperan que se defina la continuidad o no de la jueza recusada: “Cada vez las pruebas nos van convenciendo más de la hipótesis de la responsabilidad policial”.

En julio del 76 Guillermo Quartucci se fugó de los genocidas que lo habían secuestrado junto a un grupo de profesores. Corrió una fría noche por los campos pampeanos de Jacinto Arauz, caminó seis días y llegó a Bahía Blanca. Permaneció en la clandestinidad por tres meses y emprendió el exilio mexicano.

Juan Pablo Felix y el bahiense Esteban Garelli dirigen la película “Fuerzas vivas” en la cual relatan la historia del Operativo Arauz. Se podrá ver a partir de mañana en el festival del BAFICI de manera presencial en CABA y estará disponible online durante 72 horas.

“Conocí la historia de Guillermo hace mucho tiempo y siempre fue increíble. Fue secuestrado en el Operativo Arauz, logró fugarse y la fuga es un relato apasionante pero hay mucho más detrás de eso. Surgieron cosas muy interesantes, no solo sobre lo que pasó sino por qué sucedió ese operativo”, comentó Garelli a FM De la Calle.

Señaló que “Guillermo, antes de salir del país, estuvo clandestino tres meses, durante muchos años borró este episodio de su vida. Hasta que a principios del siglo, cuando se reabrieron los juicios, se metió de lleno en la investigación de lo que pasó con su detención. La película también cuenta cómo llegó a descubrir estas denuncias que hicieron las fuerzas vivas del pueblo”.

El largometraje se grabó en abril del 2018 y estuvo listo para estrenarse el año pasado pero la pandemia cambió los planes. Durante el rodaje “sucedieron muchas cosas fuertes”, dijo el director.

“Los profesores secuestrados de las aulas del colegio frente a sus alumnos fueron ocho. Algunos fueron liberados el mismo día, quedaron cuatro en un puesto caminero. Tres estuvieron presos blanqueados en Santa Rosa y Guillermo se escapó. Ninguno había vuelto a la escuela, Guillermo pudo volver, reconocer el aula de dónde fue sacado por los militares y hablar con los alumnos actuales del colegio. También pudo visitar el puesto caminero de la Ruta 35, en el límite entre Buenos Aires y La Pampa, donde estuve en cautiverio una tarde y de allí se escapó”.

1La historia de persecución estuvo oculta durante mucho tiempo: “Si se contaba era como una anécdota, pero nunca se iba a contar a fondo por qué pasó. Eso es lo que plantearon como querellantes, ir más allá, entender que los militares llegaron a ese pueblo con un operativo desmesurado a raíz de denuncias de vecinos que decían que en ese colegio se estaba contaminando las mentes de la juventud”.

“Hay diferencias en las visiones de acuerdo a las diversas generaciones. Ahora los chicos están recibiendo otra información sobre eso que pasó y están pudiendo construir una nueva mirada. Seguramente sigue habiendo resistencias a que se destape el tema, en la misma escuela y en el pueblo, hoy conviven familiares de denunciantes y de denunciados. Siempre fue difícil hablar del tema porque fue una herida abierta”.

El estudio Buenos Aires Arquitectura Grupal ganó el concurso para rediseñar el Parque Independencia. Se trata de una puesta en valor en la que planean reutilizar y conservar la infraestructura actual, construir un anfiteatro y abrir una calle que comunique D’Orbigny con Balboa.

“Es un parque público que tiene una cercanía privilegiada con la ciudad y el centro y está en un proceso de degradación hace varios años. Es importante ver ideas para revitalizarlo. El parque tiene que ser convocante y útil, garantizar su permanencia y continuidad en el tiempo. Eso garantiza el uso y movimiento continuo. El parque empieza a ser útil e incluso sustentable”, comentó a FM De la Calle Bruno Marcolini, uno de los arquitectos, oriundo de la ciudad.

Ex zoológico y nuevo paradigma

El profesional mencionó que el parque responde a un paradigma de hace 100 años con respecto a la fauna y la flora: “Se traían especies de plantas foráneas y con los animales la lógica era la del zoológico. Bahía por suerte dio un paso adelante y mostró una apuesta superadora pero quedó en abandono”.

“Nuestra idea en general es reutilizar toda la infraestructura del parque salvo aquella que no esté en condiciones. En general hemos utilizado todas las prexistencias, dándole un uso y una nueva propuesta. Las jaulas son espacios dentro de un parque público que puede usarse como apoyo para realizar actividades o para guardar equipamiento y mobiliario”, dijo.

Entre la infraestructura propuesta hay “un gran espacio multifunción, puede servir para show, para anfiteatro, para manifestaciones. Eso se ubica en el corazón del parque donde estaba la pista de carreras hípicas”.

“Se plantea una recuperación y fomento de la diversidad regional, allí conviven varios ecosistemas y de ellos se puede aprender. Garantizar un mantenimiento, una permanencia de las especies. Sería una idea inteligente empezar a tener un plan a largo plazo de forestación”, destacó.

La Feria del Parque

Dentro de las pocas actividades que hay actualmente en el espacio, la feria es la más importante. “Ese impulso lo tiene gracias a la familias. Decidimos ubicar a la feria en otro lugar del parque de mayor centralidad. Planteamos incluso la apertura de una calle que separa el parque y el Tiro Federal que vendría a ser como un fondo. Para interpretar ese borde aparece una calle que incluso abastece y nutre la feria y el patio gastronómico. Se planeta descomprimir Balboa y Pringles y se plantean ingresos y estacionamientos”.

La fuente con la forma de la provincia de Buenos Aires

“La volvemos a usar como una fuente, no como un espejo de agua, entendiendo algunas lógicas de humedal y estuario de ciertas especies de fauna autóctona, donde se puede tener un ojo de agua receptor de lluvias”, mencionó Marcolini.

Tránsito y circulación hacia el parque

“La no planificación urbana ha dejado al parque con barreras para llegar. Entre el Paseo de las Esculturas, el Parque de Mayo, el Paseo de la Mujer y La Carrindanga generan continuidades urbanas vehiculares, peatonales y recreativas y eso le da impulso”.

Destacó que “es importante realizar una intervención urbana en el área circundante del parque porque si no quedaría en un punto intermedio sin que se garantice un mejor recorrido. Tenemos propuesta para articular con el Boronat que a su vez articula con el Paseo de las Esculturas”.

Por último, comentó que los próximos pasos hasta la concreción del proyecto dependen de reuniones con el Municipio.

Yatel, el perro de Marcos Herrero, volvió a marcar rastros de Facundo Astudillo Castro en dos patrulleros de la Policía Bonaerense. De la pericia judicial participó personal de Gendarmería Nacional, testigos y el abogado Leandro Aparicio.

El relevamiento se realizó un predio de Vialidad donde se encuentran los patrulleros de Buratovich, Origone y el auto particular de la oficial Siomara Flores, quien aseguró haber acercado a Facundo hasta la entrada de Origone.

Los coches ya habían sido peritados por Herrero y su can en la sede de la Policía Federal con resultados positivos. “Había identificado un filamento o cabello con ADN de Facundo, a pesar del tiempo, nuevamente el perro volvió a reconocer, ahora en mejor medida porque el auto fue desarmado y periciado detalladamente, se pidió un barrido, que se analice la caja, los asientos, los paneles. Eso se puede hacer ahora con efectividad con personal de Gendarmería y el recurso canino”.

En diálogo con FM De la Calle, el adiestrador agregó que se secuestraron pequeños objetos y filamentos de cabellos que deberán ser analizados en el laboratorio. Este martes continuará la tarea personal de Gendarmería.

Los dos patrulleros señalados por Yatel son las camionetas Toyota Hilux N° 23360 -delante de la cual la oficial Jana Curruhinca fotografió a Mario Gabriel Sosa posando junto a Facundo- y la N°22788 que conducía el efectivo de Teniente Origone Alberto González, quien detuvo al jóven la tarde del 30 de abril en el km 750 de la Ruta 3.

“Gendarmería Nacional y el equipo de Criminalística y Estudios Forenses se trasladaron con el móvil pericial a la balanza que se encuentra sobre la parte de Vialidad. Todo estaba precintado y fajado”, explicó Herrero.

Agregó que “se trabajó con una toma de olor que estaba en la sede judicial, fue transportada y mostrada a los peritos de Gnedarmería. Se le dio una toma de olor a Yatel, se les explicó a los testigos el procedimiento y luego pasé con correa al perro por cada uno de los vehículos para que identifiquen uno de estos”.

“Al perro le llamó la atención el vehículo con el N° 22788, que es el de Teniente Origone, el perro fue muy determinante, hizo una marcación ladrando sobre la parte de atrás, en la compuerta de la caja y luego en la parte de lo que sería el dibujo de la parte de atrás de las cubiertas. Seguí con correa trabajando sobre el mismo vehículo de la foto de Facundo, ahí el perro si bien no ladró tuvo una alerta porque tuvo un cambio en el lenguaje corporal por lo tanto procedí a alejarme unos diez pasos y a soltar el perro sin correa. Recorrió cada uno de los vehículos y específicamente volvió a marcar el de Origone. Si bien le dio una alerta al vehículo de la foto de Facundo, giró alrededor, movió la cola, olfateó cada una de las puertas, pasó con tal insistencia que se subió al capot de un vehículo que estaba al lado y ladró sobre el de Origone”.

Al patrullero Toyota Etios de Buratovih y al Corsa blanco de Flores “no les dio atención, si bien el perro fue muy minucioso al buscar punto por punto, en las aberturas de las puertas, en la parte del baúl”.

“Era un medio ambiente abierto, si bien es un predio que está cerrado, el perro se concentró en esos dos patrulleros. El perro los reconoció mediante la impronta de olor de la ropa de Facundo Astudillo Castro, por eso es tan importante la pericia”, afirmó el perito.

En el Día Mundial del Agua vecinos y vecinas autoconvocados marcharán para pedir la adecuación de ABSA al amparo colectivo presentado semanas atrás y que la empresa presente un plan real de contingencia ante la falta del servicio.

“En el barrio Pacífico hubo gente que casi no tuvo agua, pese a que la temperatura baja y la demanda es menor, ABSA no puede garantizar una distribución adecuada domiciliaria y hay gente que requiere de los camiones para que le recarguen los tanques”, dijo Alejandro Méndez a FM De la Calle.

Agregó que “el amparo judicial colectivo obliga a la empresa a tener un un plan de contingencia pero parece que hay conflicto ente ABSA y el sindicato porque los empleados no pueden subirse a los techos. Muchos vecinos mayores no están en condiciones de subirse a su techo”.

En relación a la reunión que mantuvieron integrantes de la Mesa del Agua con el subsecretario de Recursos Hídricos en La Plata, Méndez aseguró que “no hay novedades”.

Mañana habrá una nueva reunión en el Concejo Deliberante. Sin embargo, como oficialismo y oposición “saben que el problema es de fondo y que implicaría una revisión, nadie está dispuesto a ponerle el pecho y darle una respuesta a la gente”.

La situación no está superada: “No se ve un plan de obras y de adecuación, es todo bastante lamentable, todos se tiran la pelota, Bahía está en una crisis hídrica que no garantiza el servicio a usuarios pero sí sabemos que está garantizado el servicio a las plantas del polo”, comentó Méndez.

“Hay gente que está vendiendo sus casas porque no tienen agua casi nunca, Chañares, Palos Verdes, hay gente que tiene agua de cinco a ocho de la mañana y no es solo de ahora”, argumentó.

Vecines de Aldea Romana realizaron un abrazo a la unidad sanitaria del sector para pedir su reapertura. Reclamos similares se realizaron en Villa Serra y Villa Mitre.

“Estamos trabajando, haciendo limpieza afuera, y este abrazo solidario para la reapertura. Está cerrada desde hace un año. En su momento tuvo que ver con la pandemia, pasó el tiempo, tuvimos una reunión con el secretario de Salud pero no tuvimos solución”, comentó a FM De la Calle Patricia Rodríguez.

Las respuestas ante el cierre “tienen que ver con el personal, que tienen que acomodar, que tienen que poner el protocolo. Sabemos que se han cerrado varias unidades sanitarias y no queremos que eso suceda”.

En el barrio se prestaban servicios de medicina general, pediatría, ginecología para mujeres embarazadas y trabajo social. “Hay mucha gente vulnerable que lo necesita”.

Rodríguez señaló que “nos mandan a atendernos desde Aldea Romana a Villa Muñiz, a Loma Paraguaya, nos queda muy lejos y de una punta a la otra”.

“Debería abrir primeramente para la gente adulta, acá se recibe medicación que si no está la sala medica no llega, la gente se tiene que trasladar a buscar la medicación a otros sectores, medicaciones para mayores, para enfermedades crónicas, chicos con asma, controles para embarazadas”.

“Nos mandan a tomarnos el colectivo a 14 de julio para que vayamos a Villa Harding Green porque esa es nuestra delegación”, dijo la vecina.

Por último, acotó que el edificio de la sala médica “está muy abandonado, vino el Municipio, dejaron unos pilones de hojas, no juntaron nada. La sala no tiene matafuegos, va pasando el tiempo y se va viendo la dejadez, decidimos poner manos a la obra y trabajar los vecinos”.