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En el marco de la investigación por las causas de la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro, los fiscales Horacio Azzolin y Andrés Heim recusaron a la jueza María Gabriela Marrón, titular del Juzgado Federal N° 2 de Bahía Blanca por considerar que había perdido la imparcialidad que debe tener como jueza del caso.

Los fiscales solicitaron, además, se declare la nulidad de la decisión de la jueza de ordenar de oficio una medida de prueba por considerarla una intromisión en las facultades privativas de los fiscales, con un fundamento aparente y a pesar de otras diligencias de prueba que se están realizando en un sentido similar.

En el marco de la instrucción delegada que tienen los fiscales se han dispuesto una serie de medidas de prueba que buscan despejar interrogantes relacionados con diversas circunstancias de la causa entre las que se encuentran las razones por las cuales el cuerpo de Facundo Astudillo Castro fue hallado en el estuario de Bahía Blanca.

Entre esas diligencias, el 23 de octubre pasado se ordenó realizar un estudio de mareas sobre el estuario durante el período comprendido entre el 30 de abril y el 12 de septiembre, con el objetivo de determinar, entre otras cosas, la altura que tuvo la marea en los lugares donde fue hallado el cuerpo de la víctima, en donde fue hallada su mochila y donde, según el GPS, reportó un móvil policial. El estudio se encomendó al el Instituto Argentino de Oceanografía (IADO-CONICET) y al Servicio de Hidrografía Naval (SHN).

El 2 de febrero de pasado el IADO-CONICET, el SHN y el Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona Semiárida – CERZOS (CONICET/UNS), acompañaron un informe titulado “Análisis de los niveles de inundación por marea en la zona interna del Canal Principal de Bahía Blanca”. Los fiscales consideraron que el estudio no se correspondía a la totalidad de los puntos del peritaje y que presentaba irregularidades formales, razón por la cual el 5 de febrero decidieron solicitar a los peritos que subsanen estas cuestiones y presenten un nuevo informe.

El mismo día en que se presentara el informe referido, en nombre del IADO se presentó también otro documento titulado “Análisis de la situación en el campo con relación al caso Coirón N° 46030/2020 – FBB 8640/2020”. A criterio de los fiscales el documento era inusual: un integrante de una de las instituciones que debían hacer el peritaje había decido presentar un informe en el que se reflejaba un estudio de campo realizado sin autorización de los investigadores ni control de las partes. El trabajo, además, sostenía hipótesis y arribaba a conclusiones que no se le habían solicitado sin contar con todos los elementos del caso.

Los fiscales resolvieron devolver el informe, recordándole al firmante que su actuación se debe ajustar a las directivas encomendadas expresamente. En ese mismo contexto, la jueza María Gabriela Marrón intimó a los fiscales a subir al sistema de gestión Lex100 el informe del IADO ordenado por esta parte, cosa que se hizo. Se excluyó, desde luego, el informe no ordenado y devuelto.

Sorpresivamente para los fiscales, el 10 de febrero la jueza Marrón dispuso ordenar al IADO un estudio de campo sobre el estuario de Bahía Blanca, argumentando que era complementario de la autopsia que ella había ordenado. Invocó como cita legal el instituto de las “medidas para mejor proveer” y consideró que eso no implicaba reasumir la instrucción del caso, cuya instrucción se encuentra delegada en el Ministerio Público Fiscal en función de lo previsto en el artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación.

Azzolin y Heim consideraron que esta última decisión era nula y así lo solicitaron. En su presentación indicaron que en el marco de la instrucción delegada le está vedado a los jueces adoptar medidas de oficio, ya que las mismas afectan la independencia del Ministerio Público, conforme el artículo 120 de la Constitución Nacional, y violan el debido proceso. Valoraron además que la fundamentación era aparente, ya que el instituto de “medidas para mejor proveer” está previsto para otro proceso (el civil y comercial), para otra etapa del proceso (el plenario) y para otros presupuestos (hechos contradictorios) y, por eso, inaplicable al proceso penal. Consideraron además equivocada la mención a que la decisión no implicaba reasumir la instrucción del sumario; por el contrario, entendieron que cuando un juez actúa de esa forma esta, en los hechos, tomando a su cargo la investigación del caso.

Además de nula, los fiscales consideraron que la decisión de la jueza de forzar la realización de ese estudio, que no había sido ordenada inmediatamente después de la devolución del informe, implicaba cristalizar su postura sobre el caso, que había insinuado previamente, y que se traduce en que Facundo Astudillo Castro falleció ahogado accidentalmente en el estuario de Bahía Blanca el cual habría pretendido cruzar a pie. Los fiscales indicaron que esto implica perder la imparcialidad debida a todos los jueces y por eso solicitaron su apartamiento.

Azzolin y Heim, titulares de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) y de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), respectivamente, firmantes del pedido de recusación, fueron designados el pasado 28 de agosto de 2020 -mediante la Resolución PGN 197/20– para intervenir en la investigación  en forma conjunta o alternada con el fiscal de la causa, Santiago Ulpiano Martínez.

Hugo Héctor Álvarez, vicepresidente del PJ y dirigente local y nacional del gremio de la AFIP, declaró en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A. Convocado por la defensa de Osvaldo Pallero siguió el mismo camino del desmemoriado titular del justicialismo, Adalberto Simón

Embanderado en el “ejemplo” de José Ignacio Rucci afirmó que -aún hoy- no podría explicarles a sus hijos qué fue la Alianza Anticomunista Argentina que funcionó durante el gobierno de Juan Domingo Perón y María Estela Martínez.

Pallero es un ex militante de la Juventud Sindical Peronista e integrante de la seguridad de Remus Tetu. Según el ex interventor de la UNS, integró la primera tanda de represores contratados porque “habían enfrentado los ‘problemas subversivos’ en la UTN y, en tal carácter, se habían postulado espontáneamente para hacer lo propio en la UNS”.

Álvarez conoció al imputado en las colonias de Maldonado durante su infancia. Según manifestó, entre 1973 y 1976 no lo frecuentó. “Yo seguí la carrera de técnico automotor, teníamos taller a la mañana y clases a la noche. En el mediodía mi padre, que era ferroviario, se iba a Darregueira y yo tenía que encargarme de unas vacas”.

Tras la vuelta de la democracia se reencontraron en la militancia en distintas líneas del peronismo aunque no recordó a cuál pertenecía el acusado. Dijo que Pallero trabajaba en la Junta Nacional de Granos y que no le consta que haya sido empleado de la Universidad del Sur.

Respecto a la banda parapolicial comandada por Rodolfo Ponce y Remus Tetu, el dirigente afirmó que “lo que uno veía es lo que mandaban los diarios, no estaba en eso (…) Decían que había una Triple A y las cosas que decían los periódicos en ese momento. No le podría especificar”.

Recordó que José López Rega “fue ministro” aunque no sabe si se lo vinculaba con la organización paraestatal. Ignora si Pallero participó en algún grupo violento: “Nunca lo vi armado ni me contaron”.

Con el correr de los años tampoco conoció más que “lo que llegaba en los diarios” sobre los crímenes que hoy son juzgados. Dijo que eso no se habla “en nuestro ámbito de militancia”.

Consultado si en alguna ocasión se enteró de la vinculación de Ponce con grupos armados declaró: “Le tengo que contestar lo mismo, tenía una edad diferente en ese momento, ellos eran más grandes, no lo conocía a Ponce, lo que decían los medios lo decían los medios”.

“Si lo tuvo ni me acuerdo tampoco”, dijo cuando el fiscal le preguntó si el diputado nacional del FreJuli  y secretario de la CGT bahiense había ocupado algún cargo.

Rodolfo “Fito” Ponce.

-¿Hoy tiene algún conocimiento, si le tuviera que explicar a sus hijos, sobre qué era la Triple A?, preguntó la querella.

-No.

-¿Escuchó hablar de la patota de Ponce?

-Por los diarios, que había una patota, que había un Falcon verde.

-¿Qué actividad tenía?

-No me acuerdo.

En cuanto a los crímenes de militantes en la época dijo: “Me acuerdo en la universidad, lo que decían los diarios es que parece que estaban repartiendo volantes, vino alguien y le pegó un tiro”. No sabe si Remus Tetu tenía guardia de seguridad o alguna relación con Ponce.

Álvarez afirmó que José Ignacio Rucci es “un ejemplo” para él aunque desconoció si Ponce tenía la misma línea política que el ex jefe de la CGT nacional.

El presidente del Partido Justicialista de Bahía Blanca, Adalberto Mario Simón, declaró esta mañana en defensa de Héctor Ángel Forcelli, uno de los cuatro ex integrantes de la Triple A juzgados por crímenes de lesa humanidad.

Afirmó que sabía “muy poco” sobre la actuación de la banda parapolicial que cometió decenas de homicidios de militantes políticos y que atemorizaba a la población patrullando la ciudad y haciendo ostentación de armas en ámbitos sindicales y universitarios.

“Hablar de eso sería mentirle”, dijo al tribunal y manifestó que desconoce “totalmente” que haya funcionado una célula en Bahía Blanca. Consultado por el jefe de la patota, Rodolfo Ponce, quien fuera diputado nacional del FreJuLi y secretario general de la CGT en la época, respondió: “Creo que fue legislador nacional”.

Este viernes declara el vicepresidente del PJ, Hugo Álvarez, convocado por la defensa de Osvaldo Pallero.

Simón comentó que a Forcelli se lo presentó Ezequiel Crisol en el marco de la campaña que proponía al dirigente de Empleados de Comercio como candidato a intendente a principios de la década del 90. Comiendo en el Club Olimpia sellaron su amistad: “Si hubiese llevado armas no sería amigo mío”.

El ex legislador provincial se afilió al Partido Justicialista en 1971. Durante el período de acción de la Triple A era empleado de Entel y militaba en el gremio telefónico. “Nunca me enteré de todo este tema, de esta patota, nada”.

Supo que entre las filas del peronismo hubo víctimas del terrorismo de Estado, “un compañero y una compañera, pero no recuerdo sus apellidos”.

Desde 2018 Simón transita su tercer período como presidente del peronismo bahiense. Ya había ocupado el mismo cargo en 1991 y en 2003. Sin embargo, apenas escuchó hablar de Ponce, nunca registró alguna vinculación del ex secretario de la CGT con las patotas, ni supo ni sabe de la existencia de líneas internas en su partido durante la década del 70.

A René Bustos, referente del peronismo enfrentado a Ponce, lo conoció “porque fue concejal conmigo en 2003”.

Por último, el presidente del PJ respondió a la abogada de H.I.J.O.S., Mónica Fernández Avello, que mantuvo “dos o tres reuniones” con integrantes de la agrupación. “Hubo un acto del 17 de octubre por el Día de la Lealtad en la plaza del Noroeste, Forcelli participó y tuve algunos reclamos de los sectores de izquierda. Desde el partido les explicamos que fue un acto a puertas abiertas y Forcelli podía participar como afiliado al peronismo”.

El hecho ocurrió en 2018 luego que la justicia federal otorgara la excarcelación al represor por el vencimiento del plazo de prisión preventiva.

https://youtu.be/WU8RhCLVFGM?t=8026

La jueza federal Gabriela Marrón homologó un acuerdo entre la Fiscalía y la empresa Profertil en la causa que investiga la contaminación del estuario de Bahía Blanca y la destrucción de la pesca artesanal.

En junio de 2019 la Cámara de Apelaciones dispuso la formulación de «un plan concreto» para «diagramar inversiones futuras y asegurar el desarrollo integrado y sustentable de la Ría de Bahía Blanca, que establezca un equilibrio entre el desarrollo y la preservación del ambiente».

Profertil afirmó que el acuerdo “no implica el reconocimiento de hechos, ni otorgar validez a las pruebas que pudieren encontrarse incorporadas, ni la asunción de responsabilidad penal en el asunto”.

El convenio establece que la empresa deberá informar el avance y cumplimiento de la propuesta en forma trimestral y por el plazo de 18 meses. Las medidas serán evaluadas por el Instituto Argentino de Oceanografía (IADO) y/o autoridad técnica “imparcial” que la Fiscalía designe.

“La conciliación queda supeditada al cumplimiento del presente acuerdo y los restantes convenios que suscriban y ejecuten los sujetos vinculados al objetivo trazado por la Alzada. Por lo que, oportunamente, corresponderá tratar la extinción de la acción penal”, afirmó Marrón.

La causa impulsada por pescadores artesanales apunta a los vertidos de Solvay Indupa, TGS, Petrobrás Argentina, Compañía Mega, ABSA, Profertil, Cargill, Consorcio de Gestión del Puerto, PBB Polisur y Azurix Buenos Aires.

Toda la información sobre #ContaminaciónenlaRía

La fábrica de fertilizantes propuso mejorar la calidad del efluente; mantener parámetros de vuelcos más rigurosos a los exigidos por la normativa medioambiental vigente, optimizar la utilización de
recursos hídricos y un “compromiso de alto impacto condicionados al proyecto de ampliación + UREA”.

El 29 de diciembre Santiago Martínez solicitó la homologación judicial del acuerdo suscripto con el abogado de Profertil, Ariel Diego Blázquez. Entendió que resulta “superador del conflicto planteado”.

El fallo de la Cámara de 2019 daba «fuerza probatoria» a la pericia de la Facultad de Agronomía de la UBA que demostró científicamente la existencia de “altas concentraciones bioacumuladas de cadmio, plomo, cromo y cobre en branquias e hígado de todas las especies analizadas”.

Ordenaba, además, la conformación de una mesa de abordaje con todas las partes que contemple la incorporación de nuevas tecnologías para el tratamiento de efluentes y reformular la normativa referida al vuelco de contaminantes “teniendo en cuenta la particular morfología del estuario y la cantidad de empresas radicadas en el polo industrial”.

Profertil aseguró a la justicia que “no utiliza metales pesados en todo su proceso productivo” y destacó que “los elementos químicos, incluidos los metales pesados, se encuentran en la naturaleza y, por lo tanto, en el agua en distintas concentraciones. Profertil recibe el agua que proviene del Dique Paso Piedras ya con presencia de dichos elementos químicos”.

¿En qué consiste la propuesta?

Compromisos para mejorar la calidad del efluente

Mejora industrial en el sistema de agua de enfriamiento, construcción de planta piloto para optimizar el tratamiento de agua, rediseño de la planta de tratamiento Branch e incremento de frecuencia de controles-análisis periódicos de elementos relevantes.

Compromisos para mantener parámetros de vuelcos más rigurosos a los exigidos por la normativa medioambiental vigente

Establecer como límite interno de aportes al efluente, la mitad de los exigidos por la normativa actual para metales pesados.

Compromisos para optimizar la utilización de recursos hídricos

Rediseño del sistema de enfriamiento para reducir el consumo de agua y el caudal de efluente, y un proyecto para recuperar vapor de agua venteado a la atmósfera para reutilizarla en el proceso.

Compromiso de alto impacto condicionados al proyecto de ampliación + UREA

Utilización de nuevas tecnologías de última generación en la construcción de la ampliación de la planta y la instalación de un nuevo sistema de tratamiento de efluente para su reutilización.

Se realizó una marcha para pedir justicia por las víctimas de femicidios. La movilización partió desde la Plaza Rivadavia y pasó por la Comisaría de la Mujer. La convocatoria respondió al malestar colectivo luego del femicidio de Úrsula Bahillo a manos de su ex pareja y agente de la Policía Bonaerense, Matías Ezequiel Martínez.

La joven había denunciado al policía en 17 oportunidades y tenía una perimetral. Le había escrito a una amiga “si no vuelvo, rompan todo”. Días más tarde, Martínez la asesinó.

“Hoy nos volvemos a convocar en las calles para visibilizar el panorama trágico y desalentador que el Estado maneja hacia las mujeres y disidencias. Desde el gobierno consideran que se han dispuesto políticas para ayudar a las víctimas de violencia machista durante la pandemia, cosa que vemos a diario que no es así. Tenemos un Estado vacío de contenido estructural y económico, para hacer de su discurso un acto real mientras nosotras seguimos siendo asesinadas”, señaló ayer Daniela, una de las manifestantes.

Agregó que “las muertes violentas del relató mediático oficial no son hechos aislados, son crímenes de odio generados por un sistema patriarcal legitimado. El femicidio nuestro de cada día parece no activar los resortes de un Estado que degrada sus recursos y abdica su responsabilidad, el extremo de un abanico de violencias de género solo enfrentada por los colectivos organizados”.

“Denunciar no sirve cuando la policía es cómplice de un Estado que no garantiza nuestro cuidado. Las relaciones de poder siguen siendo desiguales y hasta que eso no cambie la realidad seguirá siendo desigual para las mujeres e identidades disidentes, tenemos una asistencia pública precarizada, hay una relación directa entre derechos económicos y vulnerabilidad en las violencias”, señaló.

Daniela agregó que “la vida, los derechos y las libertades de las mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries no se cuida con presupuestos recortados, políticas vaciadas y trabajadoras precarizadas, no alcanzan las leyes si no se cumplen, no alcanzan los cursos si no tienen perspectiva de género, no alcanza que denunciemos si la policía es cómplice, nos prostituye, nos viola, nos golpea y nos desaparece. Nos faltan las pibas, nos sobran los machos, el Estado es responsable”.

Será esta tarde a las 19 en la Plaza Rivadavia, “Nos autoconvocamos por Úrsula y todas las víctimas de violencia machista”, dice el llamado.

Se trata de una movilización que tiene origen en el reclamo por el femicidio de la joven de 18 años de la localidad de Rojas, provincia de Buenos Aires. Úrsula fue asesinada por su ex pareja, Matías Ezequiel Martínez, agente de la Policía Bonaerense.

El lunes por la noche cuando amigos, amigas y familiares se presentaron en la comisaría de dicha localidad para pedir justicia, la policía disparó balas de goma e hirió a varios manifestantes desde adentro de la dependencia.

Úrsula había denunciado en, al menos, 17 oportunidades a Martínez por amenazas y violencia de género. El policía tenía una medida de restricción perimetral que había violado dos días antes del crimen.

Según datos del Observatorio Ahora que sí nos ven, en lo que va del 2021 se produjo un femicidio cada 25 horas. El 70% de los femicidas son parejas o exparejas. Cuatro de ellos son integrantes de las fuerzas de seguridad.

Se presentó un amparo colectivo para que ABSA ponga en marcha un plan de obras que regularice la provisión de agua en la ciudad. También se intimó a la Municipalidad a que realice un plan de contingencia “serio”.

Se trata de una medida que interpuso la abogada representante de vecinos y vecinas autoconvocados, Sandra Vulich: “Se pide que en un plazo breve y razonable la prestadora ABSA presente un plan de obras de gestión, que contemple el estudio, el proyecto y la construcción de la infraestructura necesaria para que el bahiense tenga el recurso en cantidad y calidad que se necesita”.

“Basta de promesas, que se presente de manera escrita, con los plazos y que se cumplan, que se diga cuánto dinero se va a usar, de dónde se va a sacar, cómo se hacen las entregas de dinero”, señaló Vulich a FM De la Calle.

Respecto a la gestión municipal le corresponde “presentar un plan de contingencia serio sobre qué protocolo van a implementar los días que la gente no tiene agua. No un número de WhatsApp, no es posible que dos días antes pidas el camión cisterna. Es poco seria la respuesta que le está dando a su votantes”.

Por otra parte, la medida “obliga al entre contralor, que es la Autoridad del Agua, a que monitoree y controle una vez que empiecen las obras y, en caso de incumplimiento, se aplique la sanción que es la función que tiene la ADA y no está haciendo”.

La letrada destacó que “acompaña el amparo con un amicus curiae la Cátedra de Educación y Derechos Humanos y el Proyecto de Investigación en Derechos Humanos del Departamento de Humanidades de la UNS junto con la Dra. Mariana Katz y el Dr. Leandro Aparicio”.

Dentro del segundo objeto de la medida, Vulich mencionó que se busca “volver al sistema de facturación anterior, que no sea por valuación fiscal de inmueble sino por metro cúbico. Es un sistema injusto. De esta manera se logra que cada usuario pague por lo que utiliza, que se transparente la facturación y que se motive a la gente a hacer un uso razonable del recurso. Se solicita, además, que se interrumpa la facturación, que no se facturen los conceptos de agua potable ni el mantenimiento de la red. Se pide que no se pague hasta tanto no se empiecen las obras”.

Representantes vecinales, sindicales y concejales recorrieron la Planta Patagonia de ABSA. Se manifestaron sorprendidos por la ausencia de integrantes de la Autoridad del Agua. Desde la empresa proveedora señalaron que una vez que dispongan de los fondos comenzarán con las mejoras.

“Las obras iniciales que se va a hacer a corto plazo son pequeños retoques a los acueductos internos a la ciudad, van a aliviar un poco el caudal y la presión del agua, en algunos casos son de cinco mil o tres mil metros, dependiendo la zona”, señaló a FM De la Calle el vecino Dante Lange.

Además de Lange, Angélica Lauquen y Ángeles Montes de Oca en representación de los grupos barriales, asistieron el concejal del Frente de Todos, Carlos Moreno y la edila de Juntos por el Cambio María Laura Biondini. Francisco Fernández Solari concurrió por el Municipio y Paulo Mónaco por SOSBA. Por ABSA estuvieron el gerente regional Gustavo Bentivegna y el jefe del área de Producción, Marcelo Viola.

“Si bien el volumen de agua alcanza porque la cota del dique es buena, no alcanza el volumen de potabilización que tiene la planta sobre todo los días de mucho calor donde hay más consumo. La Planta Patagonia no tiene un reservorio, no tiene una cisterna gigante para almacenar agua. La planta se para, no en un 100% pero se le saca capacidad de potabilización porque no hay demanda”, agregó Lange.

Señaló que “a medida que más demanda tiene la ciudad la planta trabaja a pleno, pero si un día hace frío y llueve van desconectando bombeos para inyectar menos cantidad de agua a la red. Si tuvieran una cisterna se podría almacenar agua”.

Según manifestaron desde ABSA “han hecho un informe y un plan de obras que ellos creen que va a aliviar el problema del agua. Lo que estamos acordando es hacer un seguimiento de ese pedido para que el ADA le de curso”.

En el corto plazo “ofrecieron ampliar más el reparto de agua en camiones. Si no hay obras el cambio no se va a notar mucho, independientemente que de tres cuadrillas que había ahora haya veinte, eso ayuda a reparar las pérdidas y al cambio de válvulas. Lo que va a ayudar es que los vecinos tomemos conciencia de que tenemos que ser más cuidadosos en el uso del recurso”.

(Por Adriana Meyer – Ojos Vendados) Tras un análisis minucioso de los elementos forenses de todo el expediente que ubican a Facundo en vida y luego de su desaparición, así como del hallazgo y posterior autopsia del cuerpo, la médica forense y criminóloga Virginia Creimer como perita de la familia Castro concluyó que esa investigación fue «ineficaz, ineficiente, tardía y defectuosa», y que por lo tanto quedan abiertos los interrogantes principales sobre lo sucedido. «Hay preguntas que desde el 30 de abril de 2020 se hacen Cristina Castro, el resto de su familia y buena parte de la sociedad, pero aún no han sido respondidas fehacientemente por el Estado: ¿Qué pasó con Facundo Astudillo Castro? ¿Cuándo murió? ¿Dónde murió? ¿Qué hechos y circunstancias ocasionaron su muerte violenta por asfixia por sumersión? ¿Qué hechos y circunstancias llevaron a que, con excepción de una de sus zapatillas, casi todas sus pertenencias aparecieran en diversos momentos y lugares, tan disímiles como un calabozo y un patrullero de Origone, un patrullero de Bahía Blanca y otra zona del cangrejal de Villarino Viejo?», se preguntó la perita Creimer.

Resulta que «de las 15 especies de diatomeas que aparecieron en la médula ósea de Facundo solo cinco coinciden con la toma de agua del lugar donde fue encontrado el cadáver». Por lo tanto, entre las medidas de prueba que el juzgado se niega a proveer, está el «análisis del agua de las dependencias policiales» por donde habría pasado el joven. La experta puso de manifiesto la insistencia del resto de los peritos que participaron en la autopsia para descartar lesiones en vida, y luego así aventurar que no hubo terceras personas en la escena del crimen. Pero la paradoja es que si no hubo lesiones vitales tampoco pudo haberse tratado de un «accidente».

El peritaje de Creimer indicó que la custodia del cuerpo y la ropa de Facundo no debió estar a cargo de una fuerza policial, y cuestionó la forma en que se realizó su levantamiento. Según ella, las conclusiones de la autopsia ignoraron el contexto descripto en la causa, como por ejemplo el hallazgo de una de las zapatillas del joven en perfecto estado al lado de sus restos esqueletizados, y de un cabello en uno de los patrulleros que coincide con el ADN de Facundo, entre otros varios elementos. Creimer arribó a diferentes conclusiones con los mismos datos, a saber: el informe de entomología sobre las especies encontradas sobre sus huesos «habilita a pensar en la posibilidad de que Castro no haya muerto en ese lugar y que sus restos hayan sido plantados».

El documento de casi 200 páginas servirá como punta de lanza en la nueva batalla judicial que emprenden Cristina Castro y sus abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio en los tribunales internacionales, luego de denunciar «sucesivas trabas» del juzgado a cargo de María Gabriela Marrón, recusada por la familia pero ratificada en la causa por la Cámara Federal de Bahía Blanca. Así, a nivel local podría consolidarse un estancamiento, más allá del esfuerzo de los fiscales especiales Andrés Heim y Horacio Azzolín y los propios letrados de Cristina que siguen sumando nuevos elementos para profundizar su hipótesis respecto al protagonismo de la Policía Bonaerense en la desaparición forzada del joven.

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Si bien la Cámara ordenó a la magistrada la realización de las medidas de prueba pendientes que piden los fiscales y la familia, nada se ha movido en su juzgado en tal dirección. Marrón y el fiscal Ulpiano Martínez fueron acusados por la querella particular y la que encabeza la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) de «contribuir al encubrimiento del hecho para beneficiar a los uniformados, con la estrategia de abonar la hipótesis de un presunto accidente en el que Facundo habría perdido la vida». 

El año pasado, en ocasión de la reunión donde surgieron las conclusiones de la autopsia, la perito de la familia firmó en disidencia. Virginia Creimer sostenía que debía ser un «ateneo» para debatir las conclusiones pero cuando llegó el informe final ya estaba redactado. En ese momento, le hizo saber de tal irregularidad a la jueza Marrón, pero ante la inacción de la magistrada, Creimer procedió revisar punto por punto el informe y a marcar sus acuerdos y disidencias, tal como quedó plasmado en el acta de ese día. El artículo 262 del Código Procesal Penal establece que «los peritos practicarán unidos el examen, deliberarán en reunión secreta, a la que sólo podrá asistir el juez, y si estuvieren de acuerdo redactarán su informe en común. En caso contrario, harán por separado sus respectivos dictámenes”. Este sitio junto a La Izquierda Diario accedieron ese dictamen de la experta y perita de parte de la familia, que ya forma parte del expediente.

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Creimer indicó: «Por el propio carácter de parte de esta perita, pero sobre todo por los resultados obtenidos tras un minucioso análisis de todas las evidencias científicas obrantes en la causa, se concluye que las respuestas a las preguntas precedentes deberían ser respondidas a partir de la producción de otras medidas de prueba, rastrillajes y peritajes que nos acerquen lo más ajustadamente a la verdad de los hechos. En ese marco, no hay más que considerar lo que ya expresó la querella a la que asisto, a través de dos pedidos de recusación al fiscal de la causa, una apelación por negativas de la jueza a producir medidas de prueba determinantes y un recurso de queja presentado ante la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca. En todas esas instancias la propia madre de Facundo Castro aseguró que la falta de respuestas a esas preguntas aún irresueltas se debe a una ineficaz, ineficiente, tardía y defectuosa investigación por parte del Estado y sus instituciones. Esa sentencia exime a esta perita de mayores argumentaciones. De lo que sí está respondido científica y pericialmente, lo que sigue es todo cuanto puedo informar:

* Dónde estuvo y qué hizo Facundo antes de su desaparición

Surge de las declaraciones testimoniales de Virginia María Gongora, Daniel Gayte y Juan Francisco Cardona que Facundo, luego cenar en la casa de su amigo Daniel Gayte y de permanecer allí la madrugada del día 30 de abril, aproximadamente a las 4 o 5 de la mañana salió hacia Bahía Blanca, adonde planeaba llegar caminando o haciendo dedo. Se dirigía a la casa de Daiana González, con quien había mantenido una relación de pareja mucho tiempo. Góngora, mamá de Daniel, confirma que el 29 de abril Facundo se encontraba en su casa, se quedó a cenar y al día siguiente, cuando ella se despertó, el joven ya no estaba. Cuando le consultó al hijo, éste le dijo que a las 4 am se había ido. Que su hijo le escribió a Facundo y éste no volvió a responder. En su declaración adjuntó capturas de pantalla de una conversación que tuvo con Daiana González el día 3 de junio de 2020, donde la joven le dice que Facundo debía haber ido a su casa el 29 de abril, pero nunca llegó.

Juan Francisco Cardona, también amigo de Facundo, confirmó que Facundo se encontraba viviendo en su casa y trabajando con él en su cervecería, Turmalina. Que el día 27 de abril le pidió a Facundo si podía irse, ya que no tenían espacio porque llegaba su hermana a la casa. El 30 de abril a las 20:21 pm Cardona recibe un mensaje de texto (SMS) desde el número de Facundo, que dice que se había quedado sin señal, sin batería y que después lo llamaba. Nunca lo llamó. El 1 de mayo Cardona envió un nuevo mensaje a Facundo, que no fue entregado.

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En la causa consta la declaración de Nancy Moncada, quien al tomar conocimiento de que se estaba buscando a Facundo se presentó espontáneamente en la dependencia comunal de la localidad de Hilario Ascasubi. La vecina de Mayor Buratovich dijo que en los últimos días del mes de abril, entre las 8:30 y 9, mientras se dirigía desde Ascasubi a Buratovich, sobre la Ruta 3, cerca del Puente Blanco, vio a un joven haciendo dedo. Ella le dijo que podía llevarlo hasta la entrada de Buratovich. Él subió y se pusieron a conversar, Facundo le dijo que tenía que ir a Bahía Blanca urgente, que se había quedado sin trabajo y que le quedaban 50 pesos en el bolsillo. Es posible inferir que Facundo fue dejado por Moncada en el ingreso a Buratovich, aproximadamente entre las 9 y 9:30 del jueves 30 de abril. Como corroboración científica de la presencia de Facundo allí se puede ver el informe de la empresa AMX CLARO donde surgen tres llamados salientes del celular de Facundo, a las 7:07, 9:05 y 9:06, que impactaron sobre la antena de Ascasubi.

A partir de la llegada a Buratovich, tal como consta en el expediente, Facundo tomó contacto con personal policial de la zona en distintas oportunidades y en el siguiente orden: primero con Jana Curuhuinca y Mario Sosa (fs. 70), luego con Siomara Flores y finalmente con Alberto González. A partir de las diversas declaraciones testimoniales se reconstruye que el 30 de abril de 2020 Facundo se encontraba caminando por la Ruta Nacional 3 en dirección Pedro Luro-Bahía Blanca cuando fue detenido, al menos, en dos oportunidades por agentes de la Policía de la provincia, uniformados y con móviles de la fuerza a su disposición. Los agentes Sosa y Curuhuinca detuvieron a Facundo mientras transitaban por la calle San José Obrero y la Ruta 3, km 779. Allí lo interceptaron en virtud del DNU 297/20, identificándolo como Facundo Astudillo. Al declarar el joven que no poseía permiso de circulación, le notificaron de la infracción al artículo 205 de Código Penal.

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Asimismo, consta el asentamiento de la prevención a Facundo en el libro de la comisaría de Buratovich. En el celular de Curuhuinca (fs. 1547) quedó registrado ese contacto, mediante una fotografía en la que Facundo aparece de espaldas junto a Mario Sosa y de frente al móvil 23.630 (de Buratovich) y dos imágenes (anverso y reverso) del DNI del joven. Mediante informe pericial se establecen las semejanzas entre Facundo y la persona de espaldas de la fotografía. A su vez, el informe de DATIP concluye, luego de realizar un análisis sobre la imagen, que Facundo en ese momento tenía la zapatilla izquierda puesta.

Sosa y Curuhuinca declararon que, luego de constatar el domicilio de Facundo, lo dejaron seguir camino a Bahía Blanca por la ruta. Cristina Castro declaró que a las 13:33 habló con Facundo, que él le dijo que estaba en Buratovich, que mantuvieron una discusión hasta que en un momento la madre del joven escuchó un golpe seco, como que se golpeó el celular de Facundo, y luego se cortó la comunicación. Esa llamada se encuentra científicamente probada mediante el informe de AMX CLARO.

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La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) corrobora que del informe de AMX CLARO sobre el teléfono de Facundo se desprende que hasta el 29 de abril se produjeron comunicaciones a través de celdas de Pedro Luro; que el día 30 las primeras 3 comunicaciones se cursaron a través de una celda de Ascasubi. A las 10 surge que el efectivo de la policía bonaerense Delgado le dice al efectivo de la policía bonaerense Sosa “si se hace el pajero, bajalo”. Las siguientes 7 llamadas del celular de Facundo se hicieron a través de una celda ubicada en Buratovich, con un último registro de llamada saliente a las 13:33 hs. A partir de ese momento no se encuentran datos técnicos positivos sobre la ubicación de Facundo.

* Dónde estuvo Facundo después de su desaparición

En la búsqueda de Facundo se solicitó el 20 de julio el allanamiento, registro y secuestro de elementos policiales de la subestación Policía Comunal de Teniente Origone, y el secuestro de elementos que puedan pertenecer a Facundo. El Poder Judicial designó formalmente como perito de parte de la querella particular al adiestrador canino Marcos Herrero. En ese allanamiento se encontró el primer elemento perteneciente a Facundo en forma fehaciente: una bolsa con un paquete de cigarrillos y una esfera con forma de sandía con una vaquita de San Antonio dentro, la cual Cristina Castro reconoce como pertenencia de su hijo. Luego lo demostraría presentando amuletos iguales pertenecientes a los hermanos de Facundo (todos regalados por la abuela materna una década atrás). 

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De los sucesivos peritajes de móviles policiales, tres camionetas Toyota Hilux y un auto particular Chevrolet, dieron resultado positivo con el can Yatel; el mismo perro encontró en la comisaría de Origone la bolsa con los cigarrillos y el amuleto de Facundo; el can Duke marcó rastros en una casa color rosada; Yatel también marcó restos óseos y en el patrullero Toyota Etios de Bahía Blanca marcó con insistencia el asiento de atrás, tanto desde el interior como desde el baúl (…) Se recomendó efectuar un nuevo peritaje con desarmado de asientos del vehículo con el asesoramiento de licenciado en criminalística, experto en accidentología vial (peritaje mecánico) para el correcto desarmado de los elementos del móvil. En ese nuevo peritaje Yatel halló un trozo de mineral conocido como turmalina que es compatible con el colgante que Facundo usaba siempre y llevaba el día de su desaparición.

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* Qué pasó con el hallazgo del cadáver, el lugar donde apareció, su levantamiento e identificación y los peritajes posteriores

El 15 de agosto a las 17 la delegación Bahía Blanca de la Policía Federal (PFA) recibió un llamado de la Fiscalía Federal 1 de Bahía Blanca. El propio fiscal Santiago Ulpiano Martínez avisó que “un señor de nombre Maximiliano -quien sería pescador-, tendría información trascendente con relación a la búsqueda de Facundo». Por orden de Martínez, la PFA se dirigió al lugar marcado por Maximiliano y realizó una inspección en el canal “Cola de ballena”, donde se logra avistar sobre el suelo que, a simple vista, se trataría de un cuerpo humano en estado cadavérico.

Pocas horas después del hallazgo (entre las 21 y las 22) se hicieron presentes en la delegación Bahía Blanca de la PFA los ciudadanos Pablo Daniel Núñez Pablo y Damián Orlando Garcés (ninguno de nombre Maximiliano). Ambos afirmaron que esa tarde estaban pescando en Villarino Viejo cuando a la orilla de un canal, sobre una zona de barro húmedo y matorrales bajos, vieron un esqueleto enterrado en el barro. En fecha 16 de agosto se comienza un rastrillaje del lugar abierto siendo las 13:30, «con un perímetro SIMPLE de 100 m de largo x 30 mts de ancho». Interviene en el levantamiento del cuerpo el Equipo Argentino de Antropología Forense. «En este acto debe destacarse que no se observan los protocolos internacionales básicos de intervención pericial en los hallazgos de cuerpo, a través de un equipo interdisciplinario conformado por Fotógrafos, Planimétricos, Criminalistas, Rastros y Médicos Forenses. El análisis del lugar del hecho resulta de esta manera incompleto, circunstancia que se corrobora al encontrarse en forma posterior otros restos humanos correspondientes al mismo cadáver», afirmó Creimer.

A las 11:40 llega el EAAF, a las 12 comienza la inspección y a las 13:30 se produce el hallazgo de un cadáver humano incompleto. Estaban presentes la Policía Federal, la Prefectura y la Gendarmería. Se hizo presente Cristina Castro, acompañada por Virginia Góngora y los letrados de la querella en autos. Llama la atención que, atento el estado de esqueletización del cuerpo hallado, la zapatilla encontrada a pocos metros, que se correspondería con la que vestía Facundo al momento de su desaparición, se encuentre en total estado de indemnidad. También apareció un trozo de tela con elástico con tela camuflada de varios colores, trozos de telas de otros colores que corresponderían a vestimenta, una plantilla de zapatilla e incluso un trozo de cuarzo. Se efectuaron levantamientos fotográficos y métricos respecto de una huella dispuesta en el suelo y que corresponderían a un vehículo.

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En el marco de estas claras fallas en el análisis del lugar del hecho primigenio, se realiza el 21 de agosto un nuevo relevamiento del área donde se encontró el cuerpo hallándose nuevos restos óseos (un humero, una escápula, entre otros) y más restos de ropas. Sin tener en cuenta las directivas internacionales y nacionales de no involucrar a las fuerzas de seguridad en casos de lesiones, vejámenes y torturas (Protocolo de Estambul) y/o muerte en custodia o con participación de personal policial (Protocolo de Minnesota), se ordena a la Policía Federal Argentina la recolección de agua del lugar para posible cotejo posterior. Pero esta toma se realizó cinco días después del hallazgo y a 80 metros de donde estaba el esqueleto.

El 1 de septiembre se realiza un nuevo levantamiento de restos óseos en las cercanías del hallazgo primario, siendo descartados para la investigación. «A lo largo de toda la diligencia se mantuvo una interacción permanente con el doctor Luis Fondebrider, director ejecutivo del EAAF, quien manifestó que ‘la mandíbula es humana’, y que ‘esos huesos no le faltan al cuerpo que levantamos nosotros‘». Este hallazgo hizo sospechar a los abogados de la querella sobre la posibilidad de que el sitio fuera un cementerio clandestino utilizado por la policía local.

* Qué pasó en la autopsia realizada en la ex ESMA

Una vez reunido el equipo de profesionales propuesto por el Equipo Argentino de Antropología Forense en causa 8604/2020 caratulada: N.N. s/AVERIGUACIÓN DE DELITO, se procedió a la realización de los estudios con el objeto de determinar la identidad, la data, causal, y modo de la muerte. «Es de destacar que, si bien quien había sido encomendado a dirigir el procedimiento fue el EAAF, fue el doctor Cohen del Cuerpo Médico Forense (CMF) quien decidió el orden y la metodología de exposición de las conclusiones preliminares de cada equipo/profesional presente en la autopsia, cuando sólo era un perito más de los convocados, lo cual se encuentra corroborado por las filmaciones de la autopsia», indicó Creimer en sus conclusiones del peritaje de casi 200 fojas.

Creimer expresó que fue «llamativa la insistencia con la cual Cohen pretendía descartar las circunstancias violentas de la muerte de quien se presumía como Facundo Astudillo Castro. Esto es, tras cada exposición pericial, sin requerimiento de persona alguna, el perito hacía una ‘traducción’ de lo expresado remarcando la ausencia de lesiones vitales». La paradoja es que tal insistencia también se lleva puesta la hipótesis del «accidente», porque esa también es una muerte que deja en el cuerpo signos de lesiones vitales.

Para la médica forense y criminóloga, las conclusiones científicas aplicadas al análisis forense global del caso indican que:

– La última acción de Facundo comprobada en la causa fue la conversación telefónica con su madre a las 13:33 hs del 30/4/2020, lo que está certificado tanto por el testimonio de Cristina Castro como por el informe de AMX CLARO de las llamadas recibidas por Facundo, ubicando la celda de su celular en Mayor Buratovich. A partir de ese momento no se encuentran datos técnicos positivos sobre la ubicación de Facundo.

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– En la búsqueda de Facundo se allanó y registró parte de la subestación Policía Comunal de Teniente Origone, con la participación de Marcos Herrero y su perro Yatel, como perito de parte de la querella particular. Allí encontró un primer elemento perteneciente a Facundo en forma fehaciente: una bolsa con un paquete de cigarrillos y una esfera con forma de sandía con una vaquita de San Antonio dentro, la cual Cristina Castro reconoció indubitablemente como pertenencia de su hijo.

– Mientras que otros elementos pertenecientes a Facundo, incluyendo material genético (coincidencia con Cristina), también fueron hallados en otros rastrillajes y peritajes; tanto el hallazgo del cuerpo del joven como su mochila fueron protagonizados por eventuales pescadores que (supuestamente) pasaban de casualidad por los sitios indicados.

– Como consta en las actas de la PFA, el 15 de agosto tres pescadores (uno por un lado y dos por otro), aparentemente de forma espontánea, dieron aviso de la existencia de un cadáver en el canal “Cola de ballena” de Villarino Viejo. Inmediatamente la Policía Federal, cumpliendo órdenes de la Fiscalía Federal 1 de Bahía Blanca, se hace cargo del arribo al lugar y de la custodia de la escena hasta el día siguiente.

– El 16 de agosto el Equipo Argentino de Antropología Forense interviene en el levantamiento del cuerpo. A las 13:30 se comienza un rastrillaje del lugar abierto, con un perímetro simple de 100 metros de largo x 30 de ancho. En este acto debe destacarse que no se observan los protocolos básicos de intervención pericial en los hallazgos de cuerpo, a través de un equipo interdisciplinario conformado por Fotógrafos, Planimétricos, Criminalistas, Rastros y Médicos Forenses. El análisis del lugar del hecho resulta de esta manera incompleto, circunstancia que se corrobora al encontrarse en forma posterior otros restos humanos correspondientes al mismo cadáver.

Llama la atención que, atento el estado de esqueletización del cuerpo hallado, la zapatilla encontrada a pocos metros, que se correspondería con la que vestía Facundo al momento de su desaparición, se encuentre en total estado de indemnidad.

– El 25 de agosto se realizó la autopsia al cuerpo encontrado, en el Laboratorio del EAAF ubicado en la ex ESMA. Allí la doctora Marta Maldonado (odontóloga forense CMF) fue clara y contundente sobre la impregnación hemática de los dientes del maxilar inferior de la víctima de autos (Pink Teeth), estableciendo que se trataba de un fenómeno vital y violento, como lo había hecho en casos previos. Allí el doctor Jorge Pereyra (radiólogo forense CMF) estableció preliminarmente que no existían fracturas de tipo vital en huesos largos, lo que descartaría una caída accidental desde altura, una posibilidad ventilada en algunos medios a partir de las versiones filtradas desde la fiscalía de Martínez y el juzgado.

– Del examen de la médula ósea extraída de Facundo se obtuvieron muestras cuyo resultado fue el hallazgo de numerosas cubiertas celulares y fragmentos identificables de al menos 15 especies diferentes de diatomeas. En la muestra de agua, se identificaron 17 especies de diatomeas, de las cuales 5 estuvieron presentes en la muestra de médula ósea. «El hallazgo de diatomeas en la médula de un cuerpo establece que su muerte ha sido violenta, por asfixia por sumersión. Dicha aseveración confirma que Facundo murió por el ingreso de un medio líquido (como el agua) que poseía en suspensión microorganismos como las diatomeas identificadas en el análisis de referencia.

El hallazgo de diatomeas en la médula de un cuerpo establece que su muerte ha sido violenta, por asfixia por sumersión. De las 15 especies encontradas en la médula de Facundo, sólo 5 coincidían con las 17 obtenidas en el agua colectada por la Policía Federal cinco días después del hallazgo y en una zona alejada del sitio donde fue encontrado el cuerpo de Facundo. En tanto que se obtuvieron datos fehacientes sobre la presencia de objetos perteneciente a Facundo en las dependencias policiales donde fue apercibido, sería procedente analizar también el agua de las dependencias, a fin de determinar la existencia de diatomeas en las mismas. 

– Desde el punto de vista lesionológico, los Dres. Roberto Cohen (médico forense CMF) y Alejandro Rullán Corna (médico forense CMF), establecieron que no se encontraban en los restos encontrados desprovistos de partes blandas, lesiones de características vitales. 

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– El entomólogo deja en claro que mínimamente la muerte de Facundo se produjo 40 días antes de su intervención, pero no puede establecer ni el momento en el cual se produjo la muerte ni siquiera un plazo máximo estimativo. Resulta de gran interés remarcar que el mismo constata la presencia de especies que colonizan los cuerpos en avanzados estados de putrefacción o directamente cuando ya se encuentran esqueletizados. Por ello, no se puede descartar que la muerte de Facundo no se haya producido en este lugar y que su cuerpo haya sido plantado en el mismo. Del análisis realizado por el médico radiólogo se puede concluir que Facundo no posee en el cráneo ni en los huesos largos traumatismos compatibles con fracturas secundarias a jumping ni a defenestración (caídas de altura coincidentes con el supuesto accidente). Facundo estuvo desaparecido 107 días, desde el 30 de abril al 15 de agosto. Las pericias entomológicas concluyen que el cadáver tenía al momento de la autopsia un mínimo de 40 días de fallecido, pero no pudo establecer ningún máximo. Es decir que nadie ha podido determinar aún si Facundo murió el mismo 30 de abril, o algún día de mayo, o de junio o incluso algún día de la primera quincena de julio.

– Debe quedar en claro que, la presencia o ausencia del Pink Teeth no influye en el hecho de que la muerte de Facundo fuera mediante una muerte violenta por asfixia por sumersión. Sin perjuicio de ello, podría hablarnos de una compresión extrínseca del cuello que hubiera provocado la muerte de Facundo o su pérdida de conciencia. También podría hablarnos de una sumersión violenta que hubiera provocado la muerte de Facundo por este mecanismo, tal como la doctora Maldonado sostuvo en causas previas que, de no aclarar su posición, deberán ser revisadas. (Este cuestionamiento de la perita alude a que Maldonado dijo en la autopsia que el diente rosa era un fenómeno ocurrido en vida, pero en el informe final se desdijo).

– Del minucioso trabajo del equipo tafonómico surge que el cuerpo de Facundo fue atacado por carnívoros medianos o pequeños, presumiéndose el directo accionar del zorro que habita en la zona. También se infiere que el cuerpo ha sido rotado, ya que si bien fue encontrado en decúbito ventral (boca abajo), para recibir el accionar de esta fauna debió encontrarse en posición inversa, es decir en decúbito dorsal (boca arriba). Resulta de interés adicional tener en cuenta que la bibliografía utilizada es sobre una experiencia con coyotes, teniendo estos animales un porte mayor, equivalente a aproximadamente quince kilos más que los animales sindicados en este caso. Finalmente, el tiempo de exposición en el lugar a la totalidad de la fauna de la región se estima en un plazo de 28 días.

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Para la médica forense, los peritos del Cuerpo Médico Forense se expiden sobre la presencia de lesiones postmortem descartando la posibilidad del accionar de terceras personas sin tener un conocimiento cabal y contextualizado de todo lo actuado en autos (ni elementos científicos para llegar a esa conclusión), como lo establece el Protocolo de Minnesota, mecanismo a ser aplicado en casos de desaparición forzada de personas.

Asimismo, resulta de interés el hecho de que, ante el desconocimiento de los hechos acontecidos en autos (aparición de la mochila de Facundo con toda su ropa), los profesionales hayan considerado que las mismas podrían haber sido extraídas por la fauna autóctona, es decir, que las cosas de Facundo se las habrían «llevado» los animales que atacaron su cadáver. Vale recordar, como dato de contexto, que la mochila conteniendo la ropa, el teléfono celular y demás pertenencias de Facundo apareció el 12 de septiembre a unos 4 kilómetros de donde había aparecido el cadáver y que el informe de la autopsia se presentó el 1 de octubre, 19 días después de ese hallazgo.

En definitiva, Creimer en nombre de la familia plantea que lo esencial para el esclarecimiento del caso sigue siendo un misterio. Y su informe ratifica que las respuestas a esas incógnitas las tiene el Estado, como presunto desaparecedor de Facundo Astudillo Castro.

Un episodio sucedido en noviembre debería ser suficiente evidencia de que este nuevo caso de un desaparecido en democracia no tiene «dos campanas» sino víctimas y encubridores, que vienen amenazando a la familia y a los testigos desde el día cero. Sino de qué otro modo se explica el apriete que recibió Cristina Castro en noviembre por parte de un policía que le dijo: “Quedate tranquila que la jueza cierra la causa y después te la vas a tener que ver conmigo”. La misma amenaza viene pronunciando la madre de las hermanas policías implicadas en el caso. ¿Por qué será que están tan seguros del cierre del expediente?

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Se trata de un fallo de la Jueza de Garantías N°4, Marisa Promé, quien además dictó el sobreseimiento de Teresa María Haag y Omar Navas. Los concejales de Tornquist Cristian Reising y Federico Labarthe habían sido imputados en 2019 por el fiscal Mauricio Del Cero en una causa de tenencia de estupefacientes.

“Asesorábamos a la gente en el cultivo de cannabis, en mi casa no encontraron plantas, me dedicaba ayudar a la gente que tenía certificado. La experiencia que teníamos con quienes usaban aceite era bastante mala, la premisa del autocultivo era la que estábamos usando”, señaló Reising a FM De la Calle.

A principios del 2019 Del Cero allanó la sede del INTA en Tornquist donde secuestraron diez plantas de cannabis. La jueza probó que se usaban con fines medicinales. Luego de los procedimientos encabezados por el fiscal también detuvieron a Teresa Haag de 65 años y su pareja Omar Navas de 67.

Luego de varios días, la pareja fue excarcelada ya que se demostró que utilizaban el cannabis con fines medicinales y bajo receta médica.

“Entendemos que el fiscal va apelar, lo adelantó a un medio de Bahía”, señaló Resing. “El fallo de la jueza es bastante completo, son 82 páginas de argumentos, es algo muy difícil de dar vuelta”.

Agregó que “cuando nuestros abogados hacen el pedido de sobreseimiento, él mismo (Del Cero) reconoce que no hay venta pero insistía con la cantidad de plantas y flores que llegaron a encontrar. Cuando es para uso personal al no haber venta ni provisión de estupefacientes no es delito, no entiendo porqué quiere seguir molestando”.

Fabiana Vannini, defensora oficial de uno de los concejales, señaló que “fue justicia. No puedo dejar de mencionar que Teresa tuvo que interrumpir su tratamiento a raíz del secuestro de las plantas. Se vio muy afectada a partir del inicio de esta causa, pues sus dolencias recrudecieron por falta de su medicina. Este fallo es un gran paso, un excelente precedente”.

Por último, el concejal mencionó que en Tornquist “hemos sancionado una ordenanza, creamos el registro de usuarios y cultivadores, la reglamentación del presidente Fernández reconoce el trabajo que veníamos haciendo, somos unos de los pocos municipios que entrega certificados para cultivar. Logramos que la gente esté tranquila y segura”.

El periodista Néstor Busso declaró en el juicio a cuatro integrantes de la Triple A bahiense a partir de un informe realizado por el Servicio de Documentación e Información Latinoamericana sobre el asesinato del sacerdote Carlos Dorñak y la persecución a sectores católicos progresistas.

“El clima de Bahía Blanca era de terror, pánico, miedo. Principalmente de los sectores cristianos comprometidos con los más humildes, de la comunidad salesiana”, dijo el ex director del Sedipla y agregó que, en ese contexto, la actitud del arzobispo Jorge Mayer fue “lamentable y claramente de complicidad con el poder”.

Busso dedicó su testimonio a la memoria de Eugenio Navarrete, presidente de la Asociación de Presos Políticos de Rio Negro, quien declaró en el juicio en diciembre y falleció en Viedma el 29 de enero.

El Servicio de Documentación e Información Popular Latinoamericano (Sedipla) surgió a principios de la década del 70 como iniciativa de un grupo de matrimonios vinculados a la Pastoral de la Conferencia Episcopal.

Su objetivo era difundir “la presencia de la Iglesia Católica en la realidad de la Patria Grande y el compromiso de los cristianos con los más pobres”. Dicho espíritu era fruto “del Concilio Vaticano II, la Conferencia Latinoamericana de Obispos en Medellín y su concreción en Argentina que tuvo como resultado el documento de San Miguel”.

Anoticiados del incremento de la violencia en Bahía Blanca y del asesinato del cura salesiano Carlos Dorñak, Néstor Busso viajó a nuestra ciudad junto a Alberto Aguirre el fin de semana del 25 de mayo de 1975.

“Entrevistamos a distintas personas, volví a La Plata y redacté el texto que fue publicado en la revista en junio. Fue un viaje muy intenso en un clima de mucha tensión y de gran terror”, recordó ante el tribunal.

Afirmó que “en Bahía Blanca solo estaba el padre Del Col. Santecchia y Stochetti se habían ido por las amenazas y los hechos sucedidos en marzo. Ingresé al lugar donde asesinaron a Dorñak y saqué fotografías. Era un zaguán con un hall al que daban varias habitaciones, estaba destruido, con rastros de un incendio, se veían las marcas de disparos”.

En los paredones del centro bahiense vio inscripciones con la sigla de la banda paraestatal y le llamó la atención “una leyenda en la fachada del Instituto Juan XXIII que decía ‘las AAA son nuestros compañeros, que sigan reventando zurdos’”.

“Varias personas me hablaron del trabajo de la religiosa Norma Gorriarán en Villa Nocito donde lideraba una escuela que, además, brindaba asistencia a los vecinos y vecinas. La hermana ya se había ido a causa de las amenazas y ataques que había recibido ese lugar”.

El informe del Sedipla de junio de 1975 destacaba que en aquel clima de terror “todos los entrevistados pidieron no ser identificados”. Busso mencionó que le “hablaban de la patota de Ponce y la patota de Remus Tetu”.

“Grupos armados que circulaban por la ciudad a los cuales se le atribuía los hechos de violencia. Se sumaba la presencia muy fuerte de la Marina. (…) Además de a Dorñak, esa noche asesinaron a Marisa Mendivill y a Fernando Alduvino. El padre José Zamorano, estaba en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, también fue atacado y unos días antes habían asesinado a un militante cristiano con mucha participación en la iglesia, José ‘Pepe’ González”.

El periodista dijo que “en aquel momento no había diferenciación entre las patotas y se las vinculaba con la Triple A, que tenía un discurso de defensa de la patria, anticomunista y atacaba especialmente a sectores religiosos que ellos calificaban de izquierdistas, zurdos, subversivos”.

Para justificar los crímenes estaba La Nueva Provincia: “Acusaba a las víctimas de ser los originantes de esos asesinatos y esa violencia, quienes pensaban de determinada forma debían ser eliminados”.

“Era evidente que esos hechos, ese desfile de patotas portando armas de las que muchos me hablaron, no podrían haber sucedido si no hubiera habido un ‘permiso’ de parte de las fuerzas del Estado. En el caso de Dorñak llegaron los bomberos y luego la policía apenas miró el lugar, no tengo noticias que haya habido investigaciones judiciales”.

La complicidad de Mayer

Mayer y Juan Pablo II. Foto: LNP

Busso aseguró que la actitud del arzobispo Jorge Mayer, a quien entrevistó para la publicación del Sedipla, “fue lamentable y claramente de complicidad con el poder. Muy diferente a la actitud anterior de monseñor Esorto quien había acompañado a sus sacerdotes amenazados y mantenía dialogo con las comunidades cristianas de los barrios populares”.

A Mayer lo esperó en la puerta de la Catedral un domingo de misa. “Se bajó de un auto importante vestido al estilo que usaban los obispos años antes, con una ornamentación particular. El diálogo que reproduce la revista fue tenso y al mismo tiempo respetuoso”.

“Le pregunté por qué no los protege, él hablaba de enfrentamientos, le dije que las víctima estaban de un solo lado, son los sacerdotes comprometidos con los sectores populares, las religiosas de los barrios, los grupos de jóvenes. No tuve respuesta. Supe también de sus vínculos con la Marina y La Nueva Provincia”, manifestó.

Por otro lado, Busso sostuvo que una de las entrevistas “más reveladoras” fue la que realizaron al padre Hugo “Coco” Segovia en Punta Alta. “Fuimos con mucho miedo porque se consideraba un lugar peligroso. Me contó el proceso que estaban viviendo de amenazas y ataques a Zamorano que ya se había ido, él vivía con su mamá, habían baleado su casa, estaba haciendo esfuerzos por quedarse ahí. Supe que después se trasladó a Mar del Plata”.

La carta de Pepe

En otro tramo de su declaración, el ex secretario de Derechos Humanos de Rio Negro se refirió al homicidio del obrero e integrante de la comunidad de la Parroquia San Roque, José González.

Busso recibió una carta suya en el monasterio benedictino de Los Toldos. “Me la entregaron como testimonio de un cristiano que había sido asesinado y que le mandó una carta a su amigo que poco antes había ingresado al monasterio. Me impresionó, se declaraba militante cristiano y demostraba no solo una importante formación teológica sino profundas convicciones fundadas en su fe”.

“Firma ‘Pepe’ y habla de su militancia citando textos bíblicos y del magisterio de la iglesia para fundamentar un cambio personal y de estructuras para vivir una sociedad más justa, equitativa, solidaria y fraterna. Me resulta conmovedor cómo una persona, a partir de su fe, puede entregar su vida al servicio de la comunidad”.

El testigo afirmó que “los sectores de la derecha del poder económico y del privilegio siempre pretendieron usar la fe religiosa como un justificativo de su ideología y defensa de sus intereses. En la CNU, la Triple A y los jerarcas de la dictadura estaba muy presente el discurso religioso y el odio a quienes provenían de comunidades religiosas y los consideraban subversivos o izquierdistas”.

El Sedipla y el propio Busso sufrieron amenazas del CNU. “Iba con mi esposa Olga y mi hijo mayor que tenía unos meses, me crucé en Diagonal 80 de La Plata con un señor que amenazó al bebé: a estos zurditos hay que reventarlos antes que crezcan así que tené cuidado”.

El último número de la revista se editó en marzo de 1976. En agosto, el Ejército ingresó al local, secuestró a Busso y robó los archivos del centro de documentación.

En distintos centros clandestinos de detención y torturas del Circuito Camps el periodista fue interrogado sobre la labor de Sedipla. Un par de meses después de su detención ilegal pudo salir del país y vivir en el exilio hasta 1983.

En la audiencia del miércoles 3 de febrero declaró también Raquel Barabaschi, militante por los derechos humanos y víctima del terrorismo de Estado en La Pampa. Este jueves lo hicieron Roberto Adrián Grill, Hugo Alberto Moreno y Víctor Susca en defensa del represor Juan Carlos Curzio y mañana lo harán José Manuel El Alabi, Roberto Armando Ferri y Juan Carlos Ibáñez en favor de Raúl Roberto Aceituno.

Foto cabecera: Va con firma.

Imágenes Revista Sedipla: gentileza Néstor Busso.

Vecinos y vecinas de la ciudad decidieron unirse en una mesa interbarrial en reclamo por la falta de agua. Se trata de los barrios Villa Rosas, Villa Serra, Spurr, Villa Talleres, Noroeste, Bella Vista y Rucci.

Anoche realizaron una manifestación en Ecuador y Av. Arias para pedir soluciones a corto plazo.

“Somos vecinos que decidimos juntarnos en una mesa abierta donde todos pueda participar para ver cómo solucionamos el problema del agua o, por lo menos, para llevar algún control de las obras que se están haciendo”, señaló a FM De la Calle Sergio, vecino de Spurr.

La mesa comenzó a funcionar este lunes, aunque las y los damnificados ya habían realizado acciones en conjunto, como por ejemplo enviar un petitorio al intendente para que los incorporen a la Mesa del Agua del Concejo Deliberante.

“La idea es unificar todas las luchas, este tema del agua nos está tocando a todos. Queremos hacer un llamado a los sindicatos para que se pongan codo a codo”, agregó.

Sergio destacó que “la situación del agua es la misma en toda Bahía, cuando empieza a hacer calor no alcanza para nada, el Rucci estuvo como cinco días sin agua, nosotros (Spurr) teníamos un hilito que no llenaba los inodoros. Esto es un problema crónico en Bahía”.

“De la gente que conozco es muy poca la que tiene agua normalmente. Hoy ya casi no alcanzó a llenar la mochila del inodoro en mi casa. Es una lucha larga y vamos a tener que organizarnos con los vecinos”, finalizó.

María de los Ángeles Rosón y Nicolás Marín, en representación del partido vecinalista Integración Ciudadana, sostienen que “las políticas de vaivén caracterizaron los últimos tiempos de la “gestión Gay”.

Para graficar lo dicho, en un comunicado que acercaron a FM De la Calle, esta fuerza política enumera:

  1. A comienzos  del año  2019, el Intendente pretendió derogar las ordenanzas que rigen el sector de la cultura bahiense, algunas de las cuales les aseguran  presupuesto municipal al área cultural municipal. La nueva Secretaria de Cultura Sra Morena Rosselló, llegó para quedarse y no dar su brazo a torcer. Acciones administrativas, manifestaciones y convocatorias populares, sumado a las  acciones del sector político local que integramos la Mesa de Emergencia Cultural, reclamaron fuertemente. Resultado: hoy las ordenanzas siguen vigentes y la funcionaria fue invitada a renunciar.  

Rosón y Marín señalaron que “Integración Ciudadana estuvo presente en cada lucha, en cada reclamo, con críticas, acciones  y propuestas, por eso  hoy nos permitimos afirmar que el gobierno local, avanza y retrocede después del hecho de la desaprobación popular” a la vez que solicitan “al Intendente Gay que las voces de los vecinos y vecinas sean escuchadas con anterioridad a la toma de decisiones políticas que afectan el interés público, y no solo en temas selectivos. De modo que los vaivenes de las decisiones políticas dejen de dar cuenta de las inconsistencias de Cambiemos”.

Tras la feria judicial se escuchará a los últimos testigos ofrecidos por la fiscalía: Raquel Barabaschi y Néstor Busso. Será este miércoles desde las 9 de la mañana con transmisión mediante el canal de Youtube de Audiovisuales UNS.

Los imputados son Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno. Están acusados de haber pertenecido a la Triple A y, en el caso de Aceituno, de ser uno de los autores del asesinato del estudiante y militante estudiantil David Hover “Watu” Cilleruelo.

Raquel Barabaschi es referente de los organismos pampeanos de derechos humanos y fue víctima del circuito de la sub-zona 14 durante la última dictadura cívico-militar. Su testimonio fue solicitado a fin de que declare sobre los vínculos de la Triple A de Bahía Blanca con hechos que tuvieron lugar en la provincia de La Pampa y, particularmente, sobre la intervención de Rodolfo Ponce y de su grupo armado en la persecución de sectores estudiantiles de izquierda pertenecientes a la sede de la Universidad Tecnológica Nacional de la localidad de General Pico, a principios de 1975.

Néstor Busso fue secretario de Derechos Humanos de la provincia de Rio Negro y víctima del circuito “Camps” durante la última dictadura cívico-militar. Fue convocado para que se explaye acerca del trabajo de investigación realizado por el testigo a través del Servicio de Documentación e Información Latinoamericana (SEDIPLA) en junio de 1975, respecto del asesinato del sacerdote salesiano y vicerrector del Instituto Superior Juan XIII Carlos Dorñak, como así también sobre la persecución a los sectores religiosos de izquierda de la ciudad de Bahía Blanca.

Fuente: fiscales.gob.ar

El Congreso de delegados y delegadas llevado adelante el viernes pasado resolvió la aceptación de la propuesta que el Gobierno provincial formulara en la paritaria de la Ley 10471. La misma consistió en un aumento salarial del 9 % promedio para el mes de diciembre de 2020, lo que llevó el incremento anual, sumados los tres acuerdos alcanzados en el año, a un 44,6 % promedio de bolsillo respecto a diciembre 2019. La oferta incluyó un aumento del 48,1 % para el salario inicial (36 horas de labor semanal sin antigüedad), un incremento promedio del 44 % para residentes y un 36 % para  reemplazos de guardia. Estos quedaron, a partir del 1 de diciembre, en $ 13.852 para los días de semana y $ 16.593 para fines de semana y feriados.

Según informaron desde CICOP, “en la Mesa Técnica llevada a cabo el jueves 28, el Ministerio receptó nuestra demanda de ampliación de licencias, promoviendo la posibilidad concreta de tomar nuestra licencia anual complementaria (estrés) correspondiente al año 2020, a partir del hoy. La decisión debe ser notificada por la Dirección Provincial de Hospitales en forma inmediata, a fines de poder hacerla efectiva rápidamente. Finalmente, también se acordó una Mesa Técnica por el tema previsional para el jueves 4 de febrero, la continuidad de la discusión sobre temas pendientes, como las leyes de excepción para la regularización de la Carrera y las diversas tramitaciones demoradas en curso, así como la apertura de la paritaria 2021 en el mes de febrero”.

La crónica institucional señala que quienes participaron del congreso “expresaron los debates que se produjeron en las asambleas y consultas realizadas, con una buena valoración mayoritaria del porcentaje de aumento salarial alcanzado, teniendo en cuenta las cifras acordadas en la paritaria general estatal de la provincia de Buenos Aires (38,7 % promedio), así como lo que viene sucediendo en el resto de las discusiones salariales en el Estado Nacional y en el resto del país, incluyendo las específicas de Salud. Pero, a la vez, fue señalado también que los sueldos siguen siendo bajos, con valores levemente superiores a la línea de pobreza en la categoría inicial y con la mayoría de los ingresos por debajo del valor de referencia de la canasta básica publicada por ATE-INDEC”.

“Hubo un alto consenso en que las discusiones paritarias de 2021 deberán avanzar en la recomposición salarial, profundizando sus aspectos cuantitativos y cualitativos, avanzando en el blanqueo de las sumas no remunerativas, evitando los descuentos ligados al presentismo y estirando la pirámide, valorando así también la trayectoria en la Carrera. Para ello, sigue siendo indispensable dotar de los recursos necesarios a la Salud Pública, mejorando los presupuestos y fortaleciendo un sistema que, aún con sus grandes dificultades producto de decisiones políticas erróneas que llevan años, fue capaz de brindar respuestas eficientes ante el advenimiento de una pandemia de características inéditas”.

CICOP aclaró además que “como en cada cierre de etapa, quedan muchas cuestiones por abordar y resolver. La extensión del acuerdo salarial a todos los municipios de manera perentoria se impone como desafío en el corto plazo para revertir las inequidades – muy importantes en algunos casos – y la fragmentación del sistema de Salud también en materia de derechos laborales. La continuidad de la discusión salarial, profundizándola y enriqueciéndola tanto en valores como en calidad, continúa siendo vital”.

Pandemia y Vacunación

La entidad gremial difundió, además del acuerdo paritario, una serie de consideraciones sobre la situación sanitaria: “Sin lograr ser detenida, la pandemia por Covid-19 sigue causando estragos alrededor del mundo entero. Con epicentro en el hemisferio norte y comunicación de nuevas cepas, la problemática persiste en forma alarmante. Miles de nuevos casos diarios, confinamientos, toques de queda nocturnos y tensión extrema sobre los sistemas de atención, son la consecuencia directa de un cuadro altamente preocupante. Como en 2020, en el hemisferio sur observamos con gran preocupación su evolución, habida cuenta de lo sucedido en el año anterior y con la perspectiva de padecer una situación similar”.

En nuestro país, “nos encontramos con una estabilidad en la cantidad de contagios que se comunican cotidianamente, conformando lo que se ha dado en denominar una ´meseta alta´. La mayoría de los positivos se vuelven a dar en el área metropolitana, como al inicio de la epidemia, con la provincia de Buenos Aires, CABA y Santa Fe como las más afectadas. Una ocupación de poco más del 60 por ciento de camas críticas en el AMBA nos mantiene expectantes, teniendo en cuenta que el sistema requiere de personal en las mejores condiciones para hacer frente a una segunda ola de contagios, lo que no sucede como debiera ser en todas partes”.

Todas las preocupaciones que se desprenden del cuadro de situación también “se extiende a trabajadores y trabajadoras de la salud que, aunque en menor proporción, seguimos padeciendo los efectos de la exposición al virus. Hasta la semana pasada, cerca de 35.000 contagiados y al menos 225 fallecidos corresponden al personal sanitario provincial. La demanda se sostiene y las dificultades en las condiciones de asistencia también, con la escasez de personal y el pluriempleo como manifestación sistemática. Ello constituye mayores riesgos para enfermarse, con la consiguiente afectación de los equipos de Salud y, naturalmente, de la propia salud de trabajadores, trabajadoras y sus familias”.

“En este contexto, el advenimiento de las vacunas es una gran noticia. La inmunización se viene llevando adelante en los establecimientos y, aún con algunas imperfecciones, es un dato favorable para el tiempo que viene. Contar con una respuesta inmune acorde a la necesidad nos permitirá trabajar de mejor forma para hacer frente a la atención. Todavía falta el acceso a la vacunación completa de muchxs de los integrantes de los Equipos de Salud, en particular del Primer Nivel de Atención, por lo que reclamamos que se cumplimenten los esquemas con las dosis requeridas en las próximas semanas”.

Finalmente, el gremio advierte que “una preocupación que ha surgido durante la semana que pasó es el retraso en la producción de las vacunas, lo que nos ha llevado a contar con menor disponibilidad de las mismas en los últimos días. Considerando que el proceso recién se inicia y que tenemos por delante un tiempo que demandará de un gran esfuerzo, hemos planteado en el Comité de Crisis provincial el involucramiento de los sindicatos, los comités de crisis locales, los Equipos de Salud territoriales y de todxs aquellxs que puedan contribuir a llevar adelante con éxito la tarea, ya que de ello dependerá la posibilidad de combatir una pandemia que viene asolando a todos los rincones del planeta”.

En las últimas horas, el tema que atraviesa horizontalmente a la ciudadanía bahiense es la falta de agua. Desde el mes pasado, vecinos y vecinas salieron a las calles en reclamo de soluciones. Durante la mañana de ayer, se entregó un petitorio al intendente municipal. Al anochecer, hubo manifestaciones en distantitos puntos de Bahía Blanca. Las organizaciones políticas se posicionan ante un problema recurrente y la ausencia de políticas definitivas. En este artículo, repasamos las miradas y propuestas de Nuevos Vientos e Integración Ciudadana sobre este asunto.

Nuevos Vientos sostiene que “la emergencia que vivimos como ciudad respecto a la provisión de agua vuelve urgente un plan de acción coordinado entre los gobiernos municipal, provincial, nacional y la comunidad” ya que “es impostergable tomar la iniciativa urgente que de paliativos a la necesidad de miles de bahienses en acceder a un derecho básico como es el agua”.

OTRO TEMA ESENCIAL EN EL QUE EL INTENDENTE GAY HACE “AGUA” ¿Cómo calificar las conductas de los funcionarios que por un…

Publicada por Integración Ciudadana en Lunes, 25 de enero de 2021

Recuerda que “el Bloque de Concejales del Frente de Todos presentó el Proyecto para declarar la Emergencia Pública en Materia Hídrica en Bahía Blanca en el HCD que fue aprobada por unanimidad el 17 de diciembre.  En ella se plantea la conformación de una mesa de gestión del agua que hasta el momento no se ha constituido”.

Desde este espacio reclaman “la urgente implementación por parte del municipio de la Mesa de Gestión del Agua que prevé la participación de Absa, representación de vecinos de los barrios afectados, el ejecutivo y el deliberativo local” y proponen una serie de tareas “que pueden emprenderse de forma urgente”.

Estas tareas son: realizar un “mapa actualizado diariamente de los barrios afectados por baja presión y por ausencia de agua; hacer público el plan de ABSA de mejora de la red y evaluar si son suficientes los recursos dispuestos; llevar adelante un seguimiento del cronograma de obras a licitar y su ejecución; sumar a fuerzas de seguridad y fuerzas armadas para la distribución y ensachetado de agua; sumar camiones cisternas aptos para la provisión de agua potable, conociendo lo atendido diariamente; ejecutar un programa de asistencia para personas mayores que viven solas en barrios con problemas de suministro (problemas de cantidad y calidad del agua) y uno de asistencia a edificios multifamiliares; habilitar un plan de refuerzo cuando la temperatura sea superior a 30 grados; generar una partida municipal especial para suministro de agua en barrios populares; llevar adelante controles de piletas y bombas de agua en la red en domicilios; acordar la baja en el valor del agua envasada con los principales comercios de la ciudad, con control de precio de la OMIC y promover acción de las empresas del polo para el reuso de agua industrial y disminución del consumo de agua potable durante estos meses de emergencia.

Por su parte, desde Integración Ciudadana se preguntan “¿Cómo calificar las conductas de los funcionarios que por un lado te exigen lavarte las manos y por el otro no te suministran el mínimo de agua para ello?”

Emergencia del agua en Bahía Blanca. Algunas propuestas de acción.

Publicada por Nuevos Vientos en Domingo, 24 de enero de 2021

Esta fuerza política sostiene que “la situación de carencia de agua y de saneamiento en nuestra ciudad golpea fuertemente a toda la ciudadanía y a todas las viviendas, de un modo u otro. Ya sea por la falta total del servicio, por la  disminución del abastecimiento, por los desbordes cloacales, por la ausencia de calidad, por los caños rotos en las calles y las pérdidas de agua, por las tarifas inaccesibles y por los cortes deliberados de suministro, entre otros motivos. Se suceden los gobiernos locales y la deficiencia continúa. Esta vez hay una diferencia, los vecinos y las vecinas han llegado al límite de la tolerancia. Además, el contexto de pandemia y las elevadas temperaturas agravan la situación”.

“La deficiencia y falta  de provisión de agua atenta contra la dignidad de la gente, porque el acceso al agua y al saneamiento es un derecho fundamental, que el Estado, en toda su extensión, tiene la obligación de garantizar. Sin embargo, lo que se ha recibido ante los reclamos realizados a la empresa ABSA y al Departamento Ejecutivo, es la nada misma”.

Del mismo modo, reclaman que “el municipio debe exigir a ABSA la inmediata provisión de agua y regularización del servicio de abastecimiento; que, por intermedio de las delegaciones, debe en 24hs proveer el listado de vecinos en estado de vulnerabilidad que necesitan el suministro mínimo e indispensable, detallando las situaciones especiales de merenderos, iglesias, geriátricos, y similares que atienden a los grupos de personas más desfavorecidas; ABSA debe suspender el cobro de las facturas hasta que se regularice el servicio y debe presentar el cuadro de lugares de roturas y el plazo inmediato de reparación indicando personal afectado, incluyendo contratistas; los vecinos autoconvocados deben fiscalizar el cumplimiento de estas medidas urgentes”.

Desde este enfoque, exigen “al gobierno provincial y a la empresa ABSA que cumpla con los mandatos constitucionales y convencionales de derechos humanos, dando una urgente solución de provisión mínima de agua saludable, suficiente, asequible y accesible”.

“El intendente y sus funcionarios no pueden seguir jugando más al gran bonete: no hay competencias exclusivas frente a la pandemia, las responsabilidades son concurrentes”.

Fue el viernes 22 de enero, ante la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, Sala I Departamento Judicial Bahía Blanca. Se trata de una presentación colectiva en favor de los quince jóvenes detenidos. Cuestionan la medida de prisión preventiva, apelando a la normativa vigente y a la doctrina en derecho y atendiendo a la situación de las cárceles de la Provincia de Buenos Aires, agravado por el actual contexto sanitario en contexto de pandemia.

En el escrito señalan lo desmedido de la prisión preventiva, y su empleo incorrecto por el juez de garantías Mercuri, entendiendo que “la prisión preventiva, como medida cautelar, sólo puede tener fines procesales. Su carácter procesal significa que la coerción se utiliza para garantizar la correcta averiguación de la verdad y la actuación de la ley penal. No se puede recurrir a la detención preventiva para obtener alguna de las finalidades propias de la pena”.

Enumeran fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, planteando que la CIDH “ha consagrado, dentro del contexto general de los instrumentos internacionales vigentes, que la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva, y que a su vez no debe constituir la regla general, como expresamente lo consagra el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.9°.3),pues de lo contrario se estaría privando de la libertad a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida, en violación del principio de inocencia”.

En este sentido afirman que “la prisión preventiva está limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad. Constituye la medida más severa que se puede imponer al imputado, y por ello debe aplicarse excepcionalmente. La regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad pena”.

Además piden ser reconocidos como Amicus Curiae, esta figura jurídica  tiene por objeto enriquecer la deliberación en cuestiones institucionalmente relevantes, con argumentos fundados de carácter jurídico, técnico o científico, relativos a las cuestiones debatidas.

El contexto

Desde hace un mes, en la cárcel de Villa Floresta, continúan detenidos 15 jóvenes de Puán. Esta localidad de unos 5000 habitantes vive de la agricultura y la ganadería mayoritariamente y en general las juventudes no tienen posibilidades laborales ni de estudios. El fiscal Mauricio Del Cero se dedicó a investigar lo que caracterizaría como banda de narcotraficantes, igual que el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, consultado por las detenciones ordenadas por el juez Guillermo Mercuri.

Según la agencia ANRed, ninguna de las personas detenidas tía antecedentes penales, algunas sólo eran cultivadoras de marihuana, recientemente reglamentado su cultivo con fines medicinales, todas ellas con el común denominador de ser jóvenes.

Cinco de las personas detenidas fueron liberadas, pero aún hay 15 jóvenes que continúan detenidas en condiciones deplorables de vida, como dormir en el piso sobre frazadas, con cucarachas, chinches, el estado calamitoso de higiene y salud en que se encuentran los presos en las cárceles no solo del Servicio Penitenciario Bonaerense, sino de todo el país.

Fuentes: CPM, ANRed

Foto: ANRed

(Por Giuliana Crucianelli) La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo se aprobó el 29 de diciembre pasado y se reglamentó el 15 de enero. Sin embargo, el aborto por causales ya era legal desde su incorporación en el Código Penal hace cien años. Ahora bien, ¿desde dónde partimos? ¿Qué trabajo se venía haciendo en Bahía y la región con lo que ya era ley? ¿Qué posibilidad de acceder a la interrupción legal del embarazo, estipulada por el CP, había hasta la aprobación de la ley?

En el 2012 la Corte Suprema reinterpretó el marco normativo y precisó el alcance del aborto no punible o ILE (Interrupción Legal del Embarazo). Puso fin a la incertidumbre relacionada con el alcance del artículo 86 del CP en tanto ‘algunas instancias judiciales han entendido que éste sólo se aplica respecto de la víctima de una violación que poseyera alguna discapacidad mental, criterio que llevaba a que la cuestión se judicializara a lo largo del país con resultados adversos y, en algunos casos, con riesgo a la realización del aborto o a la salud de la madre’.

Sabemos que por más de avanzada que sea la ley, si no se lleva a la práctica es letra muerta. El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires realizó el primer informe (en CIEN años) de gestión de la ILE, durante el primer semestre del 2020. Hasta entonces no existían registros ni datos oficiales sobre la interrupción del embarazo sistematizados y confiables, necesarios para la toma de decisiones y el monitoreo de la política pública. Por lo tanto, no era posible establecer la cantidad de ILEs que se realizaban en la PBA.

Región Sanitaria

En la Región Sanitaria 1, que comprende 15 municipios, quienes hasta la aprobación de la ley contaban con equipos de ILE, eran tan solo cinco: Bahía Blanca, Tres Arroyos, Coronel Suárez, Coronel Rosales y Adolfo González Chávez.

“En aquellos municipios donde no hay equipos se cuenta con derivación al (Hospital) Penna y llegan las demandas del 0800 de salud sexual para poder coordinar el acceso a esa práctica. Llega una solicitud por mail, me contacto con la persona y en el caso que no pueda trasladarse a Bahía coordinamos con el Municipio para que le garantice el acceso al viaje”, señaló a FM De la Calle, Mariana Rubio, referenta regional del Programa de Salud Sexual y reproductiva del Ministerio de Salud provincial.

En abril y mayo del corriente año las demandas de ILE a nivel provincial superaron las 500 secuencias mensuales. “La duplicación de casos en el primer semestre de este año corresponde entre otros motivos con el ASPO”, señalan en el informe.

¿Qué pasa en Bahía?

En lo regional, se estima que se realizan 50 interrupciones legales del embarazo al mes. La mitad o más corresponden a Bahía.

“Desde el primer nivel de atención, en varias Unidades Sanitarias hay equipos que garantizan el acceso hasta la semana 12. En el Hospital Penna desde la semana 12 hasta la 19 se está atendiendo la demanda (para abortos no punibles no hay límite de edad gestacional). En el Penna se atiende a las mujeres de municipios que no cuentan con equipos de ILE. El Hospital Municipal no cuenta con equipo para garantizar la ILE”, destacó Rubio.

Según el informe del Ministerio “del total de interrupciones legales de embarazo registradas en la provincia, el 57% se realizaron en el primer nivel de atención, en su mayoría en Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS); mientras que el 40% en el segundo nivel, principalmente en hospitales provinciales”.

“En Bahía, antes de la pandemia había 56 unidades sanitarias funcionando, se redujeron para efectivizar la atención, pese a que en la red somos 30 efectores, son 15 unidades en las que funcionamos. Eso significa que una persona tenga que cruzar la ciudad para dar con alguien que garantice el derecho. La mayor parte de las ILE se garantizan en el primer nivel, sin embargo, en unidades sanitarias solo el 10% de efectores lo garantizamos. Esto sobrecarga al personal y genera barreras. Estamos esperando que la Secretaría de Salud dé una respuesta, generando una sensibilización al personal de la salud», destacó la médica e integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, Belén Ferro Moreno.

Según Gabriel Peluffo, director del Hospital Penna “se trabaja en forma coordinada con la US. Se está cumpliendo lo que la ley propone, no hemos tenido grandes problemas con lo que marca la ley”.

Misoprostol

Desde el Colegio de Farmacéuticos señalaron en FM De la Calle que el precio del Misoprostol, medicación utilizada hasta la semana 14 para procedimientos ambulatorios, depende de la marca y del laboratorio. Actualmente se consiguen dos en nuestra ciudad: Oxaprost y Misop 200. Se venden bajo receta archivada, como los psicofármacos, y cuestan por encima de los 7 mil pesos la caja de 12 comprimidos.

En tanto, en el sistema de salud público, Mariana Rubio informó que “el Misoprostol viene directamente desde la provincia y el Penna recibe exclusivamente para su uso, y en Región Sanitaria hay para los municipios. A partir de marzo la provincia comenzó a garantizar la compra del Misoprostol y la distribución. El insumo esta garantizado desde allí para todos los municipios”.

Abortar acompañada de redes y organizaciones feministas

Sin embargo, por fuera del sistema de salud, también se aborta. Las Socorristas en Red contabilizaron del 1/1/2020 al 27/12/2020, 475 acompañamientos.

De esos datos se desprenden que “el 76% manifiesta haber sufrido algún tipo de violencia siendo la emocional y física las de mayores porcentajes.”

De las personas que abortaron con Socorristas “el 63% tienen hijxs. El 36% tiene trabajo formal, mientras que el 24 % trabajo informal y el resto (40%) no tiene trabajo”

La conquista de un derecho elemental para la autonomía de los cuerpos como lo fue la sanción de la Ley de IVE es un logro trascendental y ejemplificador en toda América Latina. Sin embargo, no hay que perder de vista la realidad a la que nos enfrentamos, desde dónde partimos y el trabajo que todavía resta hacer.

Será un nueva tarea de organización y pedagogía feministas poner las redes a rodar para supervisar, señalar y reclamar, cuando haga falta, la correcta implantación de la ley: sin dilaciones, sin maltrato, sin revictimización y como insistimos hace más de 30 años. Nos lo deben, nos lo merecemos.