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Un grupo de militantes que conforman la Multisectorial 21F fueron amedrentados mientras viajaban al lanzamiento a nivel nacional de dicha organización.

Desde este espacio, emitieron un comunicado en el cual destacan la impunidad con la actuaron integrantes de las fuerzas de seguridad. Allí relatan que “mientras almorzaban en una estación de servicio de Saladillo fueron demorados por policías que lisa y llanamente los acusaron de robar “algo” del interior de un automóvil Chevrolet Cruze blanco. El vehículo en cuestión pertenece, oh casualidad, al Ministerio de Justicia de la Nación”.

“Los efectivos policiales revisaron la combi de la delegación y a ningún otro de los tantos vehículos que había en el lugar, ni demoraron a ninguna de las demás personas que allí se encontraban. Revisadas las cámaras de seguridad de la estación de servicio y comprobándose lo evidente (que nadie sacó nada del auto blanco), la delegación fue autorizada a continuar el viaje”. Algo similar ocurrió también con la delegación que viajaba desde la provincia del Corrientes, quienes fueron demorados por efectivos de Gerdarmería.

El delegado de la Asociación Argentina de Actores a nivel local e integrante de dicha organización, Ángel Dantagnan, se refirió en FM De la Calle sobre este episodio y además destacó lo que fue el acto celebrado ayer en la cancha de Atlanta: “La parte interesante y lo que debería trascender es un movimiento muy interesante, muy variado. Movilizado sí, por camioneros, pero también por las dos CTA, que son los impulsores de este movimiento 21F con Yasky y Micheli a la cabeza y se han ido sumando gremios y movimientos sociales”, aseguró.

“De acá de Bahía pudieron asistir: APOPS, SUTEBA Celeste, La René Salamanca, La Norma Plá, nosotros desde Actores, el gremio de seguridad privada y camioneros. Y después de todo el país es muy variado y con un objetivo claro de pararse frente a estas políticas neoliberales de avallasamiento de derechos de los trabajadores. Los oradores fueron muy breves y Gustavo Vera, que es de La Alameda y quien también estuvo recorriendo el país, tuvo un discurso muy interesante donde se planteó un plan de lucha, con movilización de acá a noviembre cuando se armé la reunión del G-20. La idea es que el G-20 encuentre a todas las agrupaciones pertenecientes al 21F en la calle, para decirles que no nos interesan este tipo de políticas que quieren implementar y que está llevando adelante este gobierno”, manifestó.

Consultado sobre cómo se empiezan a articular los debates de la Multisectorial en nuestra ciudad, Dantagnan explicó que “está abierto a quién se quiera sumar y empezar a hacer alguna otra acción concreta de movilización en la calle, para acompañar las luchas locales de cada uno y pensando en que en algún momento la conducción, sea el partido que toque gobernar, esté atravesada directamente por los trabajadores”.

“Es interesante, es difícil, la unidad siempre es difícil pero es un camino. Lo interesante es que es muy variado y que da una esperanza para plantarse a este tipo de políticas que se llevan puesto los derechos que se han conseguido a lo largo de tantos y tantos años de lucha”, enfatizó.

En noviembre se licitará  mediante el sistema de Participación Público Privada (PPP) el tren que unirá Bahía Blanca con Añelo, por el cual se trasladarán los materiales necesarios para la explotación de combustibles no convencionales de Vaca Muerta.

La obra incluye la renovación de 24 tramos férreos que unen Ingeniero White y General Cerri. Se trata de la reactivación de la vía al Neuquén, la cual atraviesa asentamientos como Villa Caracol, Villa Nocito, Bajo Rondeau y Loma Paraguaya.

Paola Ariente manifestó en una reciente sesión del Concejo Deliberante su preocupación por el futuro de unas 500 familias que serán erradicadas de la vera de las vías.

 “El año pasado se hizo un relevamiento para la ADIF por parte del Municipio para ver a cuántas personas afectaría. Esto no es solamente de Bahía Blanca ya que va a afectar también en la zona de Cipoletti, Choele Choel y toda la zona del Alto Valle donde los asentamientos informales han ido ganándole tierra que pertenecen al ferrocarril y que para garantizar la seguridad de la carga y de las personas en muchos de los casos van a tener que ser relocalizadas. Y en esta situación estarían alrededor de 500 familias en la ciudad de Bahía Blanca”, aseguró en diálogo con FM De la Calle.

Respecto al análisis necesario sobre el impacto que la reactivación del tren tendría sobre los hogares, la concejala del bloque PJ-Cumplir manifestó que cuando la licitación se realice esto debería estar contemplado.

“Hoy desconozco porque no me lo han informado, estoy intentando averiguar si la ADIF ha presentado algún protocolo para ver qué se hace con estas personas. A mí me está preocupando porque en este sector de la ciudad y en otros también estamos consolidando viviendas a través del Municipio en lugares que quizás el día de mañana tengan que ser desafectados por este proyecto. Planificar las cosas me parece que es lo que nos está faltando”.

Para la renovación del tramo no habrá audiencias públicas porque, según explicó Ariente, “es un proyecto de una vía que ya existe”. Sin embargo la ADIF tiene la obligación de preparar un informe ambiental por cada licitación de tramo ya que, además de la afectación de las áreas habitadas por los asentamientos bahienses, este proyecto incrementará el tráfico zonal.

 “La edad promedio de estas vías son de 40 años, el 30% de estas vías tiene una velocidad máxima de 12 km por hora y la capacidad portante hoy es de 20 toneladas  y se la quiere duplicar, por lo tanto, es de esperar que el tráfico ferroviario sea mayor”.

Por último la concejala estimó que el tren para pasajeros no se considera en este proyecto y tampoco el tren urbano que “hoy por hoy no está pensándose para Bahía Blanca.

Ante la visita de la gobernadora María Eugenia Vidal a nuestra ciudad, gremios docentes se manifestaron frente al Palacio Municipal para reclamar por la paritaria y el mal estado de las escuelas. La protesta ocurrió horas después de que una nutrida columna de trabajadoras y trabajadores municipales hicieron lo propio ante la falta de respuestas de la intendencia a las demandas de mejores condiciones laborales.

Enrique Gandolfo, secretario general de la CTA Bahía Blanca-Dorrego, en diálogo con FM De la Calle sostuvo que “había que acompañar todas las propuestas de lucha y, estamos en la plaza donde están los compañeros de la CTA y de la Asociación de Profesionales de Salud, esperando que confluya la movilización del sindicato de municipales”.

Consultado sobre los reclamos por problemas de infraestructura, Gandolfo explicó que “es más que un símbolo, la gobernadora viene a la ciudad pero va a estar aparentemente lejos del centro y viene una semana después de la tragedia de la escuela de Moreno”.

“Viene una semana después sin respuesta de ningún tipo en torno a los problemas que ahora tomaron fuerza, no porque no estuvieran antes, sino porque lamentablemente lo de Moreno los visibilizó mucho más”, manifestó.

Gandolfo se refirió además a la asunción de la nueva dirigencia de la CTA local y su plataforma: “Pensamos que lo que hemos venido haciendo hay que profundizarlo, en el sentido de abogar todo el tiempo por más y más unidad, entre los y las integrantes de la clase trabajadora”.

“Creemos que es el momento de poner a un lado cualquier disputa que tenga que ver con un carácter sectorial y buscar todos los canales necesarios para dar expresiones de lucha. Y un punto más que a nosotros como clase trabajadora nos parece hay que pensar en decir, además de todos los reclamos en proyectar nuestra propia política de cómo se sale de esta situación de crisis, porque la crisis la generan los de arriba y la pagamos los de abajo”, aseguró.

El presidente de la Sociedad de Fomento de Villa Nocito, Marcos Yáñez, denunció por calumnias, falsas imputaciones y deshonra a Germán Sasso, Guillermina Machado y Patricia Díaz, periodistas radio La Brújula.

La querella es producto de las acusaciones mediáticas que Sasso desarrolló desde el 21 de febrero a partir del mensaje de un oyente que relató que durante las entregas de los bolsones de PAMI, realizadas por el Centro de Jubilados en la Sociedad de Fomento de Villa Nocito, se solicitaba dinero a los jubilados como método extorsivo para la entrega de los mismos.

En esa misma emisión, la producción del programa, se comunicó con Yáñez, quien se negó a salir al aire argumentando que los bolsones del Instituto Nacional de la Seguridad Social para Jubilados y Pensionados eran distribuidos por los centros de jubilados inscriptos ante este organismo y, por ende, la sociedad de fomento no tenía competencia alguna en el tema.

Según la transcripción del archivo de audio del programa que detalla la denuncia, el periodista -sin investigación previa- dictaminó: “Bueno que nos diga cuál es la sociedad de fomento, así denunciamos públicamente a estos chorros de mierda que le están afanando a los pobres… (…) Esto es un curro de algún puntero político, o de alguien que está ahí, o de alguno que está en la sociedad de fomento, algún ladri. (…) El nuevo robo… O sea se van modernizando en el choreo estos hijos de puta… (…) Eh… Podemos llamar en vivo, eh… ahí tenemos un teléfono de un representante… de un fomentista de Villa Nocito… Uno de los acusados. A ver, llamemos en vivo al Sr. Marcos Yáñez, está a cargo de la sociedad de fomento de Villa Nocito, a ver si está cobrando los bolsones… (…) Ahí está. Los chorros de Villa Nocito. El señor Yáñez, eh. El tránsfuga. Ya lo hemos denunciado públicamente”.

Marcos Yáñez dijo a FM De la Calle que “nos sentimos muy injuriados por el periodista. El Centro de Jubilados está a tres cuadras de la Sociedad de Fomento. Sin decirme que iba a salir al aire, yo me había negado, me sacaron diciéndome que era parte de un sistema de corrupción donde le robaba a los abuelos y yo le decía que entendía que no. Traté de explicarle de alguna manera que ese bolsón primero es de PAMI y que la Sociedad de Fomento no tiene nada que ver”.

La querella transcribe además la conversación que Sasso mantuvo en programas posteriores con Francisco Díaz Martínez y con Liliana Ciaccio, director y coordinadora de PAMI, respectivamente. Ambos aseguraron no haber recibido ninguna denuncia formal o anónima sobre la situación.

“Él se ensañó con nosotros y empezó a injuriarnos, a decirnos malas palabras, a putear al barrio. Y lo que uno no está preparado es para el público que lo oye al señor Sasso, porque la gente empezó a putearnos a nosotros como creyéndole al cien por ciento lo que estaba diciendo y nosotros lo único que le decíamos es que viniera a ver, que averigüe bien, que haga una mínima investigación, porque para él eran todas verdades las que decía, no usaba infinitivos, usaba los verbos más duros. Sus únicas pruebas eran unos mensajes de whatsapp que le enviaban y para colmo esos mensajes eran de otros barrios. Le buscaba la vuelta a todo como para decir que son unos chorros, y son abuelos”, agregó.

El Centro de Jubilados de Villa Nocito tenía 55 socios/as y actualmente reparte 280 bolsones aproximadamente. Según comentó Yáñez, luego de las acusaciones de Sasso, perdieron 15 adherentes. “Es como que le tienen todos miedo a Sasso, a nosotros nos hizo quedar mal y a PAMI no le importó quedar mejor. Los abuelos están ofreciendo un servicio gratuito para PAMI y lo hacen porque acá hay una necesidad enorme”.

Tanto las calumnias como la deshonra, no se constituyen como delito si la acusación es asunto de interés público. Respecto a este tema la denuncia presentada por Yáñez y su abogado Emiliano Tellechea, diferencia entre “interés público” o “interés del público”. En el caso, se aplicaría este último concepto en relación al interés de la audiencia del programa Bahía Hoy.

“¿Cómo es que los representantes del Interés Público no ejercieron acción alguna en su defensa? Claramente, porque no hay interés público comprometido. Tanto es así que la jurisprudencia bonaerense ha dicho: ‘No comete el delito de calumnia quien se limita a la promoción de una investigación administrativa, con la finalidad de determinar la existencia de supuestas irregularidades imputadas a los querellantes. Pero ni siquiera eso ha tenido lugar”, advierte la querella.

No es la primera vez que el denunciado tiene problemas con la interpretación del concepto. En 2009 fue condenado por el juez correccional José Luis Ares a pagar cuatro mil pesos de multa y cumplir dos días de arresto.

El magistrado probó en la causa 5375 que Sasso reveló al aire la identidad y domicilio de trece pibes y pibas en conflicto con la ley penal, acción prohibida por el art. 94 quater del Dec. Ley 8031.

El argumento del condenado en aquel entonces fue que “más allá de que sean menores, el interés público está por sobre todas las cosas”. En marzo de 2010, la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal ratificó la sentencia, tras lo cual Sasso recurrió a los buenos oficios de sus padrinos políticos para que la causa muera en un cajón de la Suprema Corte bonaerense.

Las cinco mujeres del Frente Feminista Nacional y Popular que habían sido detenidas anoche por estar pintando un paredón lindero con un terreno baldío, fueron liberadas cerca del mediodía de este martes.

Por la mañana, un grupo de personas se autoconvocó en laFiscalía General de Gorriti y Vieytes y pidió la liberación de las compañeras.

Maggie Itten, una de las cinco detenidas, habló tras su liberación y sostuvo que “nos habían dicho que nos iban a largar las dos de la mañana,  entonces cuando se hacían las siete u ocho nos preocupaban porque no sabíamos que podía pasar”.

Varias organizaciones bahienses repudiaron las detenciones y exigieron la libertad de las mujeres. Desde la CTA y en diálogo con FM De la Calle,  Dante Patrignani comentó que “no es un hecho aislado, los permisos que ha dado el gobierno y su ministra de Seguridad, habilitan para que la policía haga cualquier cosa. La verdad que es un hecho aberrante”.

Cinco mujeres fueron detenidas por pintar “Aborto legal, justicia social. Frente Feminista Nac y Popular”. El hecho ocurrió cerca de las 22:30 de anoche en el paredón de un baldío ubicado en Capitán Martínez y Chubut.

Se les imputa el delito de daño contra la propiedad y permanecen en la Comisaría 1º de Berutti al 100. La Policía informó que serán liberadas en la sede judicial de Vieytes y Gorriti luego de prestar delcaración ante la fiscala. La causa está a cargo del juez Gabriel Rojas.

“Ellas estaban por una contravención pero el juez  Rojas lo convirtió en delito por daños a la propiedad”, dijo Victoria Aure, compañera del Frente Nacional y Popular.

“Les pedimos que traten de ubicarlas en una oficina porque las compañeras están en un espacio semi cubierto. Porque no tienen disponibilidad para ubicarlas”, comentó el concejal de Unidad Ciudadana y abogado de las detenidas.

Las detenciones ocurrieron luego de una denuncia anónima de un vecino.

Comunicado del Frente Nacional y Popular:

“Las compañeras del Frente Feminista Nacional y Popular en el día de hoy lunes 6 de agosto se encontraban realizando una pintada por la Legalización del Aborto cuando fueron interceptadas por efectivos de la policía bonaerense. Les pidieron los DNI, las compañeras accedieron y sin embargo las llevaron demoradas.

Las mantienen incomunicadas y en un calabozo. Les pidieron que se bajen las bombachas para revisarlas. En el mismo grupo se encontraba un compañero, quien no fue demorado.

Lo cual demuestra violencia institucional y una clara arbitrariedad contra nosotras las mujeres.
No podrán acallar nuestras voces.

Será Ley.
Reafirmamos: Aborto legal, seguro y gratuito… Ya”.

Comunicado CTA Bahía Blanca Cnel. Dorrego:

La CTA Regional Bahía Blanca-Dorrego repudia la arbitraria detención de las compañeras Maggie Itten, Sofía Franeff, Samira Hammer, Micaela Pérez Troncoso y Florencia Fuentes, integrantes del Frente Feminista Nacional y Popular, en momentos en que realizaban una acción propagandistica en favor de la legalización del aborto.

Denunciamos este hecho como una muestra más de la prepotencia machista de las fuerzas de seguridad amparadas en la política represiva del gobierno.

La responsabilidad alcanza también el juez en lo correccional Gabriel Rojas quien decidió imputarles el delito de daños a la propiedad privada siendo que el lugar es asiduamente utilizado para pintadas y cartelería de distinto tipo.
Este accionar policial y judicial se enmarca en la brutal ofensiva de los sectores más reaccionarios de la sociedad contra la libertad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo, en un intento desesperado por frenar la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. 

Exigimos la inmediata libertad de las compañeras y reafirmamos nuestro compromiso por la libertad de expresión y nuestro apoyo a la Ley.

Se trata de la Escuela de Teatro y la Escuela 35 de Grunbein, cuyos cuerpos docentes decidieron no continuar el dictado de clases por los graves problemas de infraestructura que padecen ambas instituciones. Las falencias tomaron mayor relevancia a partir de lo ocurrido en Moreno, donde una explosión en la Escuela 49 se cobró la vida de la vicedirectora y de un auxiliar.

La delegada del SUTEBA en la Escuela de Teatro, Liliana Griskan, contó a FM De la Calle que fueron las y los estudiantes quienes corroboraron que estaba rota la bomba de agua y que “elevaron a través de las autoridades un reclamo al Consejo Escolar que recién nos envió un personal técnico”. Por la tarde realizaron un relevamiento integral del colegio de acuerdo a un formato de planillas que envió el Frente de Unidad Docente.

“Nosotros tenemos un fondo educativo sin supervisión de los sindicatos porque fue eliminada la comisión supervisora. Esto es producto de un ajuste en educación, no hay la menor duda. Y tenemos derogada la paritaria salarial docente, donde todo el mundo piensa que ahí se discuten salarios y no es así, ahí también se discute infraestructura y tampoco tenemos paritaria provincial para debatir estos temas desde el año pasado. Entonces, esto es consecuencia de un política concreta de Estado. Lo que tiene que quedar en claro es que a ningún docente le gusta cerrar una escuela, pero de ninguna manera podemos poner en riesgo a la comunidad educativa”.

Por otro lado, la delegada del SUTEBA en la Escuela 35 de Grunbein, Mabel Torachio, comentó que en el patio del colegio había presencia de aguas servidas. “En este momento no solo tenemos las aguas cloacales que están saliendo al patio. De hecho, hay un ombú en riesgo, el agua está socavando la escuela, o sea que tenemos temor a que se pueda quebrar la escuela porque ya hay paredes torcidas en algunas áreas. Por ahí hay días que las puertas no cierran bien”.

“A principio de año, una parte la escuela tenía olor a gas. Después de unos reclamos que se hicieron por parte de la dirección vinieron pero hicieron parches porque ahora está otra vez el olor a gas. Es tal el olor que hay días que tenemos las ventanas abiertas porque no se soporta o hay que apagar el calefactor”, aseguró.

En el establecimiento prevén que no se dictarán clases hasta la semana próxima.

Luego de la explosión en la Escuela N°49 de Moreno, gremios docentes y ATE convocaron a una jornada de paro y movilización en toda la provincia. En Bahía Blanca, la concentración se realizó frente al Consejo Escolar.

Durante la manifestación se plantearon situaciones de precarización y mal estado de los edificios educativos, situación que pone en riesgo no sólo a ellxs como trabajadorxs sino también a lxs cientxs de estudiantes que recorren esas escuelas a diario.

La jornada concluyó con una masiva movilización por las calles de nuestra ciudad. En paralelo con los reclamos de salarios dignos, la lucha docente se amplía en otros reclamos que, sin lugar a dudas son transversales para generar una educación de calidad.

Mañana sábado a las 10:30 en el teatro El Tablado (Chiclana 453), se realizará una asamblea convocada por el Consejo Cultural Consultivo y el Consejo Local de la Niñez, en la cual trabajarán un diagnóstico de los recortes en las áreas de niñez, salud, cultura y educación.

Cecilia Epherra y Diego Di Pasquale comentaron en FM De la Calle los objetivos del encuentro.

“Nosotros desde principio de año en el seno del Consejo Local de Niñez, comenzamos a recibir demandas e inquietudes sobre el agravamiento de la situación social en los barrios, sobretodo focalizando en el tema de la niñez”, aseguró di Pasquale.

“En ese camino recorrido, nos acercamos a algunos compañeros del Consejo Cultural Consultivo que venían viendo situaciones similares y reflexionamos juntos y decidimos proponer esta actividad, esta asamblea conjunta y abierta”.

Por su parte, la consejera por el área de música en el Consejo Cultural Consultivo, Cecilia Epherra, sostuvo que “desde el lugar de representantes de las ramas artísticas y también desde el lugar de representantes de trabajadores y trabajadoras del Instituto Cultural, se viene denunciando, ya hace varios años, el desguace en lo que es cultural. Concretamente el caso emblemático de la Orquesta de Miramar que cumpliría diez años ahora en 2018 y sin embargo la han desmantelado hace más de dos años”.

“La gente que está contratada para encargarse de las partes docentes de cultura de los talleres, que también laburan en conjunto con Educación ahora que vuelve Roselló al área de cultura como subsecretaria de Educación. En ese sentido, se viene trabajando en cuestiones muy concretas de precarización, como el tema de los contratos trimestrales, como es obligar a monotributarizarse, como trabajar desde un Estado justamente inestable de trabajo”, aseguró.

En ese sentido, Di Pasquale profundizó sobre algunas de las situaciones que se ven en los barrios y cómo los afecta el recorte de políticas públicas: “Dificultades en la familias, dificultades en los niños, aumento del consumo, abandono escolar, más familias que tienen dificultades en el acceso a lo básico”.

“Avizorábamos un año más complejo de lo que había sido el 2017, por eso es que nos atrevemos y votamos en unanimidad el pedido de emergencia. En este sentido lo que quiere hacer el Consejo Local de Niñez es dotar al Ejecutivo de una herramienta que es una declaración de emergencia que permite asignar partidas y realizar diagnósticos sobre una situación que se está complejizando”, manifestó.

La asamblea “está convocada desde un espacio de participación ciudadana al que puede asistir cualquier miembro de la comunidad que puede ser o no miembro de alguna organización. Pero la apertura es amplia, puede acercarse cualquier miembro de la comunidad que haya sentido el recorte de las políticas públicas en cualquier sector”, afirmó Epherra.

Agregó que “además de hacer un diagnóstico pormenorizado lo más profundo y amplio posible de cómo impactan estos recortes, también tiene que ver con empezar a conectarnos y a laburar en colectivo, lo que hasta el momento vienen siendo denuncias aisladas”.

El 19 de abril el Concejo Deliberante de Bahía Blanca aprobó por unanimidad un proyecto de instalación de buzones para “denunciar a narcotraficantes”. La iniciativa fue propuesta por el empresario y periodista Germán Sasso. A su vez, contó con el apoyo de funcionarios judiciales como el fiscal general Juan Pablo Fernández  y el titular de la UFIJ Nº 19 (Drogas), Mauricio del Cero.

FM De la Calle consultó a diferentes especialistas sobre la flamante ordenanza: “Fulbito para la tribuna”, “No protege a los ciudadanos”, “Es discriminatoria”, “Podría generar situaciones de violencia”, “Es una acción superficial”, fueron algunas de las respuestas.

Adriana Rossi, doctora en Filosofía y especialista en lucha contra el narcotráfico.

No me gusto para nada. El punto de partida del municipio es una política represiva y no de intervención social en el territorio. Convierte a los ciudadanos en policías, lo cual ha sido desaconsejable siempre por las derivaciones autoritarias. Se da pie a distorsiones (acusaciones por venganza, por ejemplo).

Podría tener efectos adversos. Podría transformarse en un instrumento que grupos narcos podrían utilizar para deshacerse de los rivales. No protege a los ciudadanos por el hecho mismo que al acercarse al buzón el denunciante podría quedar marcado.

Es discriminatorio porque apunta a los circuitos de venta de los barrios más marginales. Los otros circuitos para clase más alta son generalmente menos visibles y más protegidos.

Se apunta a los puntos de ventas. Se elimina uno y surge otro si no hay otro tipo de política. El consumo no se elimina con la intervención en la venta. Para enfrentar la oferta sobre todo en el narcomenudeo se debería tener en cuenta no sólo la dimensión puramente social sino también cultural para contrarrestar la cultura o subcultura que se genera en esos circuitos.

Denunciar, arrestar, solo va a atiborrar a las cárceles e institutos de menores con “delincuentes” de poca monta y, como dije antes, en lo referente a destruir un punto de venta lo mismo vale para las bandas. Sale una de la escena y se arma una violencia terrible (y no sólo narco) ejercida por pequeños grupos para apoderarse del territorio dejado libre por esa banda. La solución está por otro lado, y estas medidas, como la del buzón, terminan con la criminalización de grupos sociales desfavorecidos dejando intacto el circuito.

Carlos del Frade, diputado provincial, Santa Fe. Autor de la investigación “Geonarco, narcotráfico, poder y esperanza” y del libro “Ciudad blanca, crónica negra: historia política del narcotráfico en el Gran Rosario”.

Los buzones por la vida en Rosario y Funes, que es una localidad cercana a Rosario en el sur de la provincia de Santa Fe, fue una idea que comenzó a desarrollarse en los años 90. Después de casi 20 años de implementación arrojaron un resultado muy malo porque de hecho el desarrollo del negocio fue cada vez creciendo con mayor proporcionalidad, incluso la aritmética.

Así que estamos convencidos de la inutilidad. Supone filosóficamente que el vecino se tiene que convertir en una especie de celador y perseguidor de sus propios vecinos, algo que en realidad tiene que ver con la prevención y las tareas de las fuerzas de seguridad tanto nacional como provincial.

Allí hay una cuestión fundamental: mientras las principales fuerzas policiales de cada provincia sean en realidad las que manejan el negocio del narcotráfico en las principales provincias argentinas como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Tucumán la cosa no se va a solucionar con un buzón de denuncias anónimas contra el narcotráfico.

También es fundamental decir que los jueces federales, por lo menos en las dos grandes ciudades de la provincia, Rosario y Santa Fe, no se han caracterizado por trabajar mucho el tema. Al contrario, la principal banda narco en la provincia ha sido juzgada y condenada por asesinatos y asociación ilícita, pero no por narcotráfico.

Estas cuestiones también marcan que son respuestas espasmódicas, fulbito para la tribuna, pero nunca determinan un ataque en serio al gran corazón de todo esto que es el negocio del dinero a partir de los inversores y los que después lavan el dinero. Estamos muy lejos de encontrar una solución con los buzones de denuncias anónimas.

ILSED (Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia).

La propuesta de instalación de Buzones Anti-Narco en Delegaciones Municipales, Salas Médicas y otras reparticiones aparece como una medida innecesaria frente a la existencia de múltiples instancias en las que es factible la realización de denuncias anónimas, tal como se plantea en los mismos considerandos de la ordenanza. Así, sin sumar de manera contundente al abordaje del problema, la medida podría generar situaciones de violencia desplegadas en el territorio y en lugares en los que se carece de las herramientas de contención adecuadas frente a estas situaciones.

Como aporte a la prevención del narcotráfico en el ámbito municipal, un camino más fructífero podría ser el de avanzar en diagnósticos más precisos de las manifestaciones del problema en el territorio, generando evidencias que sustenten las políticas concretas que podrían ser impulsadas localmente.

Victoria Darraidou, Investigadora del equipo Seguridad democrática y violencia institucional del CELS.

La iniciativa ya ha sido probada en varios municipios del país, si bien no se conocen evaluaciones de los distritos que implementaron estas acciones, las mismas suelen desactivarse con el tiempo. En ese sentido, este tipo de respuesta está más orientado a generar una idea de intervención que a crear acciones involucradas en la resolución de conflictos.

Con relación a la ordenanza de Bahía Blanca: 

o    la iniciativa propone una vía de denuncia anónima, pero no facilita a los ciudadanos la posibilidad de realizar un seguimiento sobre su denuncia;

o   las denuncias no necesariamente contienen los datos esenciales para motorizar un proceso de investigación, no hay control de calidad sobre lo que se denuncia. Por otra parte, ello posibilita que muchas cuestiones que se denuncien no necesariamente constituyan delitos;

o   alienta a la participación de la ciudadanía aportando pruebas y “colaborando en la tarea investigativa”, siendo que estas no son responsabilidades de la sociedad, sino del Estado. Ello puede alentar a la escalada de intervenciones punitivistas y estigmatizaciones sobre sectores la sociedad;

o   nada indica sobre fortalecer las capacidades en investigación de las áreas de gobierno del municipio con el supuesto de nuevo caudal de denuncias;

o   tampoco detalla cómo se va a gestionar, sistematizar y evaluar la cantidad y calidad de la información recibida y cómo esa información va a ser tenida en cuenta para tareas de prevención.

Experiencias previas de este tipo de iniciativa suelen demostrar una recepción positiva por parte de las comunidades que se va desmoronando con el tiempo. Ello ocurre o bien porque la información recibida es de baja calidad, o porque los gobiernos no cuentan con estructuras con capacidad de gestión. Es por ello que este tipo de iniciativas suelen ser consideradas como acciones superficiales que poca capacidad tienen para abordar los conflictos en los territorios.

Pequeñxs productores del partido de Villarino se manifestaron en distintas localidades en defensa de las economías regionales y ante la crisis en el cultivo de cebollas.

La protesta fue organizada por la Federación Nacional Campesina y la Corriente Clasista y Combativa.  Demandan políticas de acceso a la tierra, comercialización y producción para los que menos tienen, créditos, semillas, subsidios, tarifas diferenciadas y planes sociales para los campesinos más vulnerables.

“Estamos protestando por que se abra de nuevo el monotributo social de agricultores, nosotros no sembramos mucho, somos pequeños productores y sino no tenemos cómo volver a sembrar. Estamos pidiendo que haya créditos”, dijo Rolando Rodríguez.

El precio de la cebolla es fijado por los compradores, depende de la oferta y demanda. “El kilo nos están pagando dos pesos, un peso, depende. Eso varía”, señaló Rodríguez. Entre la cosecha y la venta en la verdulería se le agregan alrededor de 15 pesos al precio final.

“Nosotros no tenemos ninguna ayuda, por ahí sembramos con lo que trabajamos, hacemos changas y con eso apostamos a sembrar dos o tres hectáreas. Yo, por ejemplo, sembré tres hectáreas. Tres años me fue mal y este año ya no sembré. Vos apostás todo a la cebolla, todo el año que vos trabajas”, comentó.

“Nos tenemos que levantar a las tres de la mañana para llegar a las diez, a veces a las doce, no tenemos horarios. En el campo se sufre”, finalizó.

El titular de La Bancaria, Néstor Barral, conversó a con FM De la Calle a propósito del incendio ocurrido en la sede central del Banco Nación la madrugada del sábado pasado.

Mencionó que “es muy doloroso ver cómo ha quedado. A mí me llamaron a las cinco y media de la mañana del día sábado, anoticiándome de esta situación. Fui hasta allá y bueno, se nos caían las lágrimas de ver cómo se iba destruyendo toda la cúpula del edificio”.

Respecto a las causas que podrían haber provocado el siniestro, argumentó que “sería muy apresurado dar una opinión. Tenemos que dejar a los técnicos que hagan la pericia oficial y después dirán. Conjeturas hay muchas pero sería irresponsable de mi parte dar alguna”.

En relación a la reunión que mantuvieron desde el gremio con el Presidente del BCRA, Javier González Fraga, argumentó que el encuentro “nos reconfortó” porque “asumió el compromiso de ponerse ya a trabajar ya en la reconstrucción del edificio, lo antes posible, así que esperemos que sea así y que otra vez la ciudad pueda tener el edificio histórico y emblemático”.

Por su parte el concejal por el bloque PJ-CUMPLIR, Maximiliano Núñez Fariña, recordó que hace tiempo desde el cuerpo se piden explicaciones a ABSA sobre el estado de las bocas de incendio sin obtener respuesta por parte de la empresa.

Explicó que “el pedido nuestro son cinco o seis puntos.Lo que yo más recuerdo es uno que dice donde se encuentran las bocas y si ha habido o no un relevamiento de las que funcionan y las que no funcionan. El otro punto importante era: si estaban y sabían donde están que le avisen a los bomberos, que es fundamental que ellos sepan, más que todo para cuando ellos arman cualquier equipo de trabajo o claro operativo”.

“Hoy por hoy, sufrimos este accidente en el centro de la ciudad de Bahía Blanca, teniendo la gran ventaja de que tenemos dos piletas de natación cerca; tenemos la gran ventaja que hay dos estaciones de servicio a 100, 150 metros que las dos, por ley, tienen que tener una toma de agua. Entonces, con eso pudimos solventar la falta de agua en el momento en que se estaba apagando el incendio”, aseguró.

Respecto a cuáles son las fallas de las bocas de incendio, Nuñez Fariña sostuvo que “desde el 2011 que no tenemos respuesta ningún concejal, más allá del color político de turno, ha tenido la respuesta ni de ABSA ni del Ejecutivo para decir porque no están y la negligencia o la impericia o la falta de gestión, generó una destrucción como la del Banco Nación. Es pura falta de gestión”.

“La realidad es que no se saben si están tapadas, sino están tapadas o donde están. Históricamente hay un mapa donde se marcan los puntos, en la esquina del banco hay un punto, que tendría que haber una toma de agua, y la realidad es que se han reasfaltado las calles, se ha ensanchado una calle, se ha ensanchado una vereda; esto hace que la toma de agua quede tapada o desplazada. Todas esas cosas se tienen que prever”, enfatizó.

El secretario nacional del Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman, se refirió en FM De la Calle al Decreto 683/2018 que habilita a las Fuerzas Armadas a intervenir en asuntos de la seguridad interior.

“Se recoge en las primeras horas mucha sensibilidad, mucha voluntad de rechazarlo. Nosotros aportamos una mirada un poco larga y un poco más amplia. La decisión de Macri se debe contextualizar en el tiempo, los milicos fueron inhibidos al final de la dictadura. Menem intentó un camino de profesionalismo, una camino de crear una fuerza pequeña, moldeable para las cooperaciones internacionales”, manifestó.

“Pero luego, cuando empezaron las luchas populares, el Estado, el menemismo primero y los gobiernos que lo sucedieron, todos apelaron a un truco que todavía muchos callan, que es usar a la Gendarmería como fuerza armada. ¿Por qué entonces esta decisión de Macri? Yo creo que hay dos temas fundamentales: uno simbólico-cultural de revancha de reivindicar al ejército asesino y otra cuestión es la internacional, es evidente que no puede enviar junto con el Comando Sur a Gendarmería a Venezuela”, aseguró.

En ese sentido, Schulman sostuvo que “hay que empezar a hablar de Macri-fascismo, no será el fascismo de Videla, no lo es, no será el fascismo de Onganía, no lo es. Pero esto tampoco es un gobierno burgués de derecha. Esto es un gobierno que no tiene límites y que ya hemos comprobado no tiene límite en matar”.

“Yo creo que hay un cambio social y también hay un cambio político (en las fuerzas armadas). No todos los militares están felices con esto. Como en tantas otras cosas, es un momento de prueba en el que se verá que es lo que es cada uno. Hasta ahora, lamentablemente en el país, pocas veces las personas que tienen armas han obrado con dignidad y con decoro. En principio, yo diría que las actitudes de los militares han sido bastantes complacientes con las concesiones en términos de soberanía”.

 

El martes 17 de julio ocurrió en Bahía Blanca un nuevo femicidio. Aída Rosa Caballín de 42 años fue encontrada en un descampado aledaño al barrio Los Chañares, luego de ser estrangulada con una soga.

Rosa Caballín es ahora una de las tantas víctimas de las redes de prostitución y proxenetas que profundizan y extreman las condiciones de pobreza y vulnerabilidad que sufren muchas mujeres, travas y trans en nuestro país.

El fiscal de la UFIJ 5, Jorge Viego, está a cargo de la causa caratulada como “homicidio calificado por mediar violencia de género” la cual tiene como principal sospechoso a Diego Hernán Rogero, alojado en la Comisaría de Carmen de Patagones luego de haberse negado a declarar por recomendación del defensor oficial, Germán Kielf.

La acusación de Rogero se produjo luego de la recopilación de imágenes provenientes de cámaras privadas y del Centro Único de Monitoreo que lo señalaban subiendo a su camioneta a la víctima. Además, las huellas del vehículo coincidieron con aquellas halladas donde Rosa Caballín fue encontrada.

A menos de un día de haberse conocido el femicidio un conjunto de organizaciones de mujeres y feministas brindaron una conferencia de prensa para pedir por el esclarecimiento del caso.

“No queremos hacer uso y abuso de la palabra víctima, pero la verdad es que la historia de Rosa es muy triste. Con este desenlace que tenemos, es la cuarta mujer asesinada en Bahía Blanca, que se suma a todos estos casos donde esperamos que no sea una caso más impune”, expresó Verónica Bajo de Acciones Feministas a FM De la Calle.

La Fiscalía tiene 15 días desde el momento de la detención, más otros 15 prorrogables, para solicitar la prisión preventiva y luego avanzar a la elevación a juicio, mientras tanto se les tomará declaración a otros/as testigos. La principal hipótesis que maneja esta unidad judicial es que Rosa fue asesinada dentro del rodado para luego ser abandonada en el lugar donde fue hallada.

Para Verónica Bajo la violencia en los cuerpos de las mujeres “no es solo el hecho en sí mismo sino que va cargado de un simbolismo; el de los cuerpos descartados, los cuerpos masacrados, los cuerpos desmembrados, ya sea en un contenedor de basura, en un poso de agua o en una vera de un camino vecinal, como es el caso de este último femicidio”.

“Este es un mensaje que lleva implícito, nosotras decimos, un terrorismo machista. Además del tratamiento mediático que ha sido bastante lamentable, principalmente en algunos medios de comunicación y también las expresiones vertidas por el fiscal el primer día, haciendo asociaciones sobre los efectos personales que Rosa tenía en la cartera, vinculándola con ciertas actividades… la verdad que han sido muy desafortunadas esas expresiones del fiscal”.

Personalidades de la política y la cultura argentina firmaron una carta dirigida a la titular del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, para advertirle que el acuerdo firmado con el gobierno nacional viola la Constitución argentina por no haber pasado por el Congreso.

En diálogo con FM De la Calle el secretario general de la CTA de los Argentinos, Hugo Yasky, sostuvo que “la intención claramente es hacer reserva de derechos, como se diría en término legal. Advertirle a Christine Lagarde y, a través de ella, a todo el directorio de ese organismo internacional que el supuesto acuerdo refrendado por el gobierno no reunió los requisitos que establece la Constitución por tratarse, en este caso, de una deuda que contrae el Estado Nacional”.

“Por otro parte se hace un pormenorizado análisis de cómo estos recursos que endeudan a la Nación argentina fueron utilizados para seguir sosteniendo la fuga de capitales que beneficia a unos pocos”.

El diputado por Unidad Ciudadana explicó que “el gobierno ha decidido seguir beneficiando a los sectores más poderosos de la economía. Ese pequeño y reducido núcleo se beneficia a tal punto que el gobierno se debate entre suspender o seguir bajando las retenciones a las exportaciones de soja cuando no duda un segundo en meterle la mano a los jubilados o hacer lo mismo con los maestros”.

“Está claro que el Fondo Monetario Internacional no es el que va a definir quienes son los que van a pagar el ajuste. Esto depende de decisiones que, si el gobierno las va a tomar, debería discutirlas por lo menos en el Congreso de la Nación. El gobierno ha decido unilateralmente volcar el peso del costo brutal de este ajuste sobre los más débiles, esto también se señala en la carta”, manifestó.

A CONTINUACIÓN TEXTO COMPLETO DE LA CARTA:

Sra. Christine Lagarde

Directora Gerente

Fondo Monetario Internacional

Washington, D.C. 20431

EE.UU.

“Artículo 75: Corresponde al Congreso:

Inciso 4: Contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación.

Inciso 7: Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”, 

Constitución Nacional de la República Argentina.

Sra. Lagarde:

El día 20 de junio del corriente año, el Directorio del FMI dio por aprobado el acuerdo stand by con la República Argentina. Pocos días antes, se había dado a conocer la Carta de Intención fechada el día 13 de junio y firmada el 07 de julio de 2018 por dos funcionarios del Poder Ejecutivo, uno de los cuales, presidente del BCRA, fue relevado de su función y el otro ascendido al cargo de Ministro Coordinador.

El propósito de esta comunicación es informarle que dicho acuerdo es rechazado por la mayoría de la sociedad argentina, la oposición política con representación parlamentaria mayoritaria y casi la totalidad de las organizaciones sociales y políticas del país. Es decir, a excepción del Gobierno, no hay quien apoye este acuerdo. El propio Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, tanto en su campaña electoral como en el ejercicio de su cargo, se comprometió explícitamente a no solicitar ningún préstamo ni a firmar un acuerdo con el FMI. Lo mismo hicieron todos los ministros del área económica.. Comprenderá Usted que, por tanto, se trata de una decisión no sólo inconsulta sino que además configura una clara violación de los compromisos asumidos por actual gobierno con una sociedad que lleva en su memoria el desastroso papel jugado por el FMI a lo largo de nuestra historia. Esta circunstancia pone claramente en cuestión la legitimidad del acuerdo.

Debemos también poner en conocimiento del FMI que en vistas de esta situación, se le exigió públicamente al Gobierno desde múltiples sectores que el Acuerdo, los montos del empréstito, los términos y condiciones aceptadas fueran sometidas a la discusión y aprobación del Parlamento. Es que según el artículo 75 de nuestra la Constitución Nacional “corresponde al Congreso contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación y arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”. El Presidente, sin embargo, basándose en ciertas interpretaciones legales, desoyó este reclamo y se negó a someterlo a un Congreso Nacional que sin duda lo rechazaría. Tampoco accedió a aplicar otros mecanismos participativos como la consulta popular o referéndum frente a una decisión de vital trascendencia para el futuro de nuestro país.

También queremos trasmitirle objeciones al uso que hará el gobierno de los créditos concedidos. La aplicación de los fondos en estos días contradice claramente no sólo la búsqueda del desarrollo humano integral en la Argentina sino los preceptos y objetivos del FMI. Más allá del llamativo esfuerzo comunicacional por aclarar que el plan económico es una decisión del señor Macri y no una imposición del organismo que Usted preside, consideramos que de no tomar inmediatas medidas ello no excusará a usted y al Directorio de su corresponsabilidad en el desfalco que se realiza con fondos del empréstito en favor de grupos financiero-especulativos privilegiados y en las desastrosas consecuencias sociales que traerá este acuerdo, en particular para los sectores más empobrecidos.

Basta para comprenderlo un ejemplo: diariamente se están rifando entre 100 y 150 millones de dólares del empréstito, mediante el cuestionable mecanismo de subastas, al que sólo acceden empresas financieras cartelizadas que compran dólares y luego provocan su suba para aumentar su rentabilidad. Los antecedentes de esta conducta son notorios y no debieron pasar desapercibidos al Organismo. Desde que asumió el Presidente Macri, en 32 meses, la deuda pública aumentó en términos netos en más de USD 80.000 millones, a través de la colocación de emisiones equivalentes a más de USD 224.000 millones, de los cuales USD 140.400 millones fueron en moneda extranjera con privados. El peso de la deuda sobre el PIB de Argentina pasó del 41% en 2015 a representar el 69,8%, según reconoció el Secretario de Finanzas ante el Congreso de la Nación el pasado 2 de julio. Es decir, pusieron al país en una situación de alto riesgo, según sostiene el propio FMI al evaluar los márgenes prudentes para esta relación. De este modo, bajo la presidencia de Mauricio Macri, la República Argentina ha sido el país de mayor emisión de deuda en el mundo en el año. Y éste, el gobierno que más títulos emitió en nuestra historia.

Estos volúmenes elevadísimos de deuda no fueron empleados ni para el desarrollo nacional ni para la inclusión social. Se destinaron a la fuga de capitales, de modo que tampoco engrosaron las reservas ni proveyeron mayor estabilidad financiera. En efecto, pese a este proceso de acelerado y cuantioso sobre-endeudamiento, las reservas internacionales, que se encontraban en USD 25.092 millones el día de la asunción, 10/12/2015, sólo ascendían a USD 48.102 millones el 19 de junio de 2018. Es decir que se incrementaron en sólo USD 23.000 millones. Para conocer el despilfarro que se ha hecho de la deuda contraída basta con repasar el balance cambiario del BCRA que muestra que en este período se erogaron USD 25.236 millones en concepto de intereses, justamente como resultado de este fuerte sobre-endeudamiento. Pero, llamativamente, la exorbitante cifra de USD 47.724 millones terminó financiando la Formación de Activos Externos, generalmente asociada a la denominada “fuga de capitales”. Es una verdadera irresponsabilidad que se contradice con los objetivos del FMI otorgar en esta oportunidad un crédito récord sin tomar ninguna medida para evitar que, con los nuevos recursos, la política económica del gobierno arroje los mismos resultados.

Seguramente sabe Usted que el actual gobierno colocó a la tasa de interés en el mercado interno en niveles elevadísimos. Los más altos del mundo. El propósito declarado por el gobierno era reducir la inflación. Aquel objetivo nunca se logró ya que la inflación alcanzó según la oficina de estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires el 41% el primer año, el 26,1% el segundo y acumula ya 15% en los primeros seis meses de 2018, totalizando más de 107,5% desde la asunción de Macri. Un nivel también récord. Sin embargo, lo que sí produjo esa elevada remuneración es una inmensa acumulación de pasivos por parte del BCRA, cuyo volumen llegó a 1,2 billones de pesos, una suma mayor que la base monetaria completa y el total de las reservas internacionales. Una verdadera bomba de tiempo financiera.

También corresponde que el Directorio conozca los números que exhiben el carácter fraudulento que tuvo la administración de la corrida cambiaria que resultara en el intempestivo pedido del empréstito en cuestión. Entre el 19 de abril al 21 de junio de 2018 tuvieron lugar a la vez tres fenómenos que nunca deberían haber ocurrido simultáneamente. La tasa de interés en pesos pasó de 26.3% a 47% anual, el tipo de cambio creció de 20,16 a $/dólar 27,55 y, por su parte, las reservas se redujeron desde USD 62.456 millones a USD 48.478 millones. En este marco, se realizaron innumerables operaciones que favorecieron intereses especulativos de inversores locales, extranjeros y a los propios funcionarios permitiéndoles la dolarización de sus carteras a tasas de cambio que resultaron ser 35% menores que las que hoy imperan. Entre las más resonantes, podemos citar el caso de JP Morgan, o el del fondo de inversión Templeton.

Por otra parte, el déficit fiscal al que se apela para justificar la colocación de deuda es en gran medida producto de una serie de decisiones gubernamentales destinadas a aumentar la rentabilidad de sectores económicos concentrados, cuyos privilegios viene a financiar este nuevo empréstito. El caso emblemático son los beneficios impositivos otorgados al complejo de los grandes agroexportadores y corporaciones mineras. La quita generalizada de retenciones ya produjo pérdidas al Estado valuadas en USD 5.500 millones, que quedaron en muy pocas manos. En el mismo sentido, la eliminación de las obligaciones vinculadas a la liquidación local de las exportaciones en plazos razonables tuvo como consecuencia una conducta especulativa que agravó esta injusticia distributiva en perjuicio del país: las divisas se retuvieron en el exterior para forzar un tipo de cambio más favorable a sus intereses, al racionar la oferta de dólares en la plaza local. La misma lógica puede aplicarse al resto de las actividades extractivas y los privilegios impositivos que beneficiaron a los sectores más acomodados como la reducción de impuestos a los bienes personales. Lejos de corregir estas injusticias que distorsionan las cuentas públicas, las medidas establecidas en el Memorándum y el Acuerdo las agravan.

Queremos, además, alertar al Directorio sobre la explosiva situación social que vive la Argentina y que seguramente se agravará a medida que se apliquen las medidas pactadas. Buscar el equilibrio fiscal ajustando el gasto social conduce al debilitamiento del mercado interno con dinámica de círculo vicioso. Las tan publicitadas “salvaguardas” que establece el Acuerdo aplicables “en caso de que las condiciones sociales empeoren” parecen una burla a quienes hoy ya ven peligrar sus haberes jubilatorios, salarios, empleos o directamente sufren hambre. Si se distribuyera la suma establecida como “salvaguarda” entre los 13 millones de pobres durante los 6 meses que restan a 2018, son USD 6 mensuales que alcanzan para consumir menos de dos kilos de pan per cápita al mes, en un contexto de suba generalizada de precios que afecta particularmente los alimentos, el trasporte público y los servicios esenciales. Es evidente que nada de ello permitirá atenuar una catástrofe anunciada.

Es por eso que los abajo firmantes no tenemos otro camino que repudiar este Acuerdo ya firmado y considerar a la nueva deuda contraída bajo sus condiciones como “odiosa o execrable”. Bregaremos, además, para que los compromisos suscriptos en el Acuerdo sean sujetos a revisión tanto de la Justicia como del Parlamento. Le solicitamos que en su carácter de Directora Gerente transmita al Directorio que este acuerdo entre el Organismo y el Poder Ejecutivo no cuenta con legitimidad jurídica, política ni social; que los fondos comprometidos se utilizarán de manera claramente fraudulenta en perjuicio del país; que el programa económico impuesto producirá una catástrofe social; y que, por lo expuesto, ante un cambio de gobierno, será puesto en crisis.

Primeras firmas

Dirigentes de organizaciones gremiales, sociales, DDHH, indígenas, mujeres

Adolfo Perez Esquivel (Premio Nobel de la Paz) – Juan Carlos Schmid  (Secretario General Confederación General del Trabajo) – Héctor Daer  (Secretario General Confederación General del Trabajo) – Esteban Castro (Secretario General Confederación de Trabajadores de la Economía Poular) – Lidia Miy Uranga “Taty Almeida” (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora) – Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo) — Víctor Santa María (Secretario General SUTERH) — Sergio Palazzo (Secretario General Asociación Bancaria) — Vanesa Siley (Secretaria General de FE.SITRAJU) – Hugo Yasky  (Secretario General de la CTA de los Trabajadores) -Pablo Micheli (Secretario General de la CTA Autónoma) – Pablo Moyano (Sindicato de Camioneros) Hugo Cachorro Godoy (Secretario General Asociación de Trabajadores del Estado) – Sonia Alesso (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina) – Roberto Baradel (Sec. Gral. SUTEBA),Roberto Pianelli (Sec. Gral. AGTSyP – Subterraneo) -Daniel Catalano (ATE Capital) (Secretario General ATE Capital) – Sergio Sánchez (Secretario General Federación de Cartoneros y Recicladores) – Eduardo López (Sec. Gral.  UTE) – Fani Espinola (Secretario General Federación de Cooperativas Textiles) – Jorge Hofffman, (Sec. Gral. ATE Santa Fe) -Rita Colli (Secretaria General Sindicato de Amas de Casa Reo Argentina Santa Fe) -Carlos De Feo, Sec. Gral. (Federación Nacional de Docentes Universitarios  -CONADU)- Emilio Pérsico (Secretario General Movimiento Evita) – Daniel Menendez (Coordinador Nacional Movimiento Barrios de Pie) -Juan Grabois (MTE/CTEP) – Deolinda Carrizo (Movimiento Nacional Campesino Indígena – CLOC) – Eduardo Murua (Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas) – Walter Correa (Secretario General del Sindicato de Obreros Curtidores-CGT) –  Cristian Miño (Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo) – Damian Gabriel Rojas (Cooperativa de Trabajo Gallo Rojo Ltda.) (Ingeniero Agronomo) – Nacho Levy (La Poderosa) – Maria Rachid (Secretaria General de la Federación LGBT de Argentina) – Fernanda Miño (Mesa Nacional de Barrios Populares) – Gervasio Muñoz (Federación de Inquilinos Nacional) -Luis  Cáceres  (Secretario Gral. UOLRA) – Flor Minici (Colectivo Ni Una Menos)- Susana Trimarco (Fundación María de los Ángeles contra la Trata de Personas) – Eugenio Zaffaroni (Jurista) – Sergio Maldonado y Andrea Antico –  Josefina  Arévalo (Karaí de Comunidad Guaraní Rincón Ava) – Ceferino Ríos (Karaí de Comunidad Guaraní Ñupy) – Miriam Sotelo (Pueblo Guaraní de Corrientes en el Consejo de Participación Indígena.) – Elida Barriga (Comunidad Mapuche Lafquenche Neuquén) – Luis Pilkiman (Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche Tehuelche de Río Negro ) – Hernán Sotelo (Karaí de Comunidad Guaraní Jahavere) – Jesica Millalonco (Nawe Wapy Ñgein) – Eduardo “Negro” Montes (Frente de Economía Social) – Hernán Sotelo (Karaí de Comunidad Guaraní Jahavere) – Ever García Lizarraga (MTE Rural CTEP) – Carlos Pissoni (H.I.J.O.S.) – Sergio Val (Fundación Che Pibe) – Gildo Onorato (Sec de politicas sociales Movimiento Evita) – Arnaldo Bocco (Ex Presidente del Banco Central, Director del Observatorio de la Deuda Externa) – Adrián Lutvak (Presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires)- Mariel Fernández  (Secretario Nacional del Movimiento Evita) – Carolina  Brandariz  (Secretario Nacional del Movimiento Evita) – Juan Manuel  Abal Medina  (Secretario Nacional del Movimiento Evita) – Gerardo  Rico  (Secretario Nacional del Movimiento Evita) – Raul “Pucho”  Lorenzo  (Secretario Nacional del Movimiento Evita) – Ernesto “Indio”  Paillialef  (Secretario Nacional del Movimiento Evita) – Lis  Díaz  (Secretario Nacional del Movimiento Evita) – Alejandro “Peluca”  Gramajo  (Secretario de Organización del Movimiento Evita) – Eduardo “Cholo”  Ancona  (Defensor del Pueblo Adjunto Buenos Aires) – Jonathan  Thea  (Seamos Libres) – Elizabeth Gomez Alcorta (Movimento de Profesionales por los Pueblos) – Natalia Vinelli (Barricada TV) Marina  Cardelli  (Seamos Libres) – Itai Hagman (Patria Grande) – Milagro Sala – Eleonora  Pedot  (Via Campesina) – Enrique Quique Viale (Abogado Ambientalista)

Dirigentes políticos

María Emilia  Soria (Diputada Nacional) – Lucila  de Ponti  (Diputada Nacional) – Felipe Solá (Diputado Nacional) Máximo  Kirchner (Diputado Nacional) – Axel  Kicillof (Diputado Nacional) – Fernando  Espinoza (Diputado Nacional) – Jorge Capitanich  (Ex Jefe de Gabinete de la Nación/ Ex Gobernador del Chaco/ Intendente de Resistencia) – Verónica Magario (Intendenta de La Matanza) – Facundo  Moyano  (Diputado Nacional) – Daniel Arroyo (Diputado Nacional) – Agustín  Rossi (Diputado Nacional) – Leonardo  Grosso  (Diputado Nacional) – José Luis Gioja (Diputado Nacional) – Silvia  Horne  (Diputada Nacional) – Fernando Pino  Solanas (Senador Nacional) – Leopoldo Moreau (Diputado Nacional) Laura  Alonso (Diputada Nacional) – – Martín  Sabbatella  (Presidente de Nuevo Encuentro) – Mario  Mazzitelli (Secretario General Partido Socialista Auténtico) – Wado De Pedro (Diputado Nacional) – Fernando “Chino”  Navarro  (Secretario Político del Movimiento Evita) – Andres Larroque (Secretario General La Cámpora) – Josefina González (Diputada Nacional) – Cristina  Britez  (Diputada Nacional) – Juan  Cabandie (Diputado Nacional) – Guillermo  Carmona (Diputado Nacional) – Pablo Carro (Diputado Nacional) – Silvina Frana (Diputada Nacional) – Carlos Castagneto (Diputado Nacional) – Daniela Castro (Diputada Nacional) – Daniel  Filmus (Diputado Nacional) – – Carlos  Kunkel (Diputado Nacional) – – Gustavo Cardesa (Presidente Partido Intransigente) – Araceli Ferreyra  (Diputada Nacional) – Nilda  Garré  (Diputada Nacional) – Mayra  Mendoza  (Diputada Nacional) – Horacio  Pietragalla (Diputado Nacional) – Gabriela Estevez (Diputada Nacional) – Monica  Macha (Diputada Nacional) – Analía Rach Quiroga (Diputada Nacional) – Oso  Leavy (Diputado Nacional) – Fernanda  Vallejos (Diputada Nacional) – Darío Martinez (Diputado Nacional) – Lucila  Masín (Diputada Nacional) – Martín  Pérez (Diputado Nacional) – Martín Doñate (Diputado Nacional) – Adrián Grana (Diputado Nacional) – Fernanda  Raverta (Diputada Nacional) – Rodrigo  Rodriguez (Diputado Nacional) – Santiago  Igon (Diputado Nacional) – Luana Volnovich (Diputada Nacional) – Rodolfo Tailhade (Diputado Nacional) – Alicia  Soraire (Diputada Nacional) – Veronica  Mercado (Diputada Nacional) – Josefina González (Diputada Nacional)- Roberto  Salvarezza (Diputado Nacional) – Marcelo Santillan (Diputado Nacional) – Alberto Siampini (Diputado Nacional) – Susana  González (Senadora Nacional) – Maria Ines  Pilatti Vergara  (Senadora nacional) – Rodolfo Filipponi (Intendente de Pascanas) – Gabriel Fernández (Intendente de Laborde) – Antonio  Bonfati  (Ex gobernador) – Silvina  Batakis (Ex Ministra PBA) – Alfredo  Beliz  (Diputado de Parlasur por Chubut) – Damian Brizuela  (Diputado de Parlasur por Provincia de Catamarca) – Jorge  Cejas  (Diputado de Parlasur por Rio Negro) – Eduardo Fuentes  (Diputado Provincial por Neuquén) – Hernán  Cornejo  (Diputado de Parlasur por Salta) – Tulio Enrique Caponio  (Diputado de Parlasur por Tucuman) – Gabriel  Mariotto  (Diputado de Parlasur por Buenos Aires) – Ana María  Corradi  (Diputada de Parlasur por Santiago del Estero) – Fernanda  Gil Lozano  (Diputada de Parlasur por Capital Federal) – Oscar Laborde  (Diputado de Parlasur por Provincia de Buenos Aires) – Cecilia  Merchan (Diputada de Parlasur por Córdoba) – Mario Metazza  (Diputado de Parlasur por Santa Cruz) – Julia Perié  (Diputada de Parlasur por Misiones) – Franco  Saillen (Legislador de la provincia de Córdoba) – Julio  Sotelo  (Diputado de Parlasur por Chaco) – Juan José  Strada  (Diputado de Parlasur por San Juan) – Jorge  Taiana (Diputado de Parlasur por Buenos Aires) – Eduardo Valdés (Diputado de Parlasur por Caba) – Diego Mansilla (Diputado de Parlasur por Santa Fé) – Patricia  Chialvo (Diputada Provincial) – Vilma Chiapell (Legisladora de la provincia de Córdoba) – Andrea  Conde  (Legisladora  CABA) – Martín Fresneda (Legislador de la provincia de Córdoba) – María Teresa Garcia (Senadora Provincial por Buenos Aires) – Patricia  Núñez (Concejal de Ciudad de Coronda) – Deborah Giorgi (Secretaria de Producción – Partido de la Matanza) – Alejandro  Karlem  (Diputado de Parlasur por Corrientes) – Carmen  Nebreda (Legisladora de la provincia de Córdoba) – Juan Monteverde (Concejal de Ciudad Futura) – Caren  Tepp  (Concejala por Ciudad Futura) – Patricia  Núñez (Concejal de Ciudad de Coronda) – Patricia “Colo”  Cubría  (Diputada Provincial) – Luis  Bhom  (Senador Provincial) – Martin  Sereno  (Diputado Provincial) – Natalia  Soria  (Diputada Provincial) – Ricardo  Vissani  (Diputado Provincial) – Eduardo  Tindiglia (Diputado La Pampa) – Cuto Moreno (Diputado Provincial por Buenos Aires) – Martín Ogando (Referente Patria Grande) – Itai Hagman (Referente Patria Grande) Florencia Saintout (Diputada Provincial por Buenos Aires) – José Ignacio Rossi (Diputado Provincial por Buenos Aires) – Facundo Tignanelli (Diputado Provincial por Buenos Aires) – Juan Agustín Debandi (Diputado Provincial por Buenos Aires) – Gabriel Godoy (Diputado Provincial por Buenos Aires) – Mariana Larroque (Diputada Provincial por Buenos Aires) – Lauro Grande (Diputado Provincial por Buenos Aires) – Fernanda Diaz (Diputada Provincial por Buenos Aires) – María Cristina Alvarez Rodríguez (Diputada Provincial por Buenos Aires) – Sergio Berni (Ex-Secretario de Seguridad de la Nación) – Maria Teresa Garcia. (Senadora Provincial) – Santiago Carreras (Senador Provincial) – Juan M Pignocco (Senador Provincial) – Cecilia Comerio (Senadora Provincial) – Gervasio Bozzano (Senador Provincial) – Gustavo Barrera (Intendente Villa Gesell) – Malena  Defuncio (Concejala 9 de julio) – Silvina  Batakis  (Ex ministra de Economia PBA) – Dario Díaz Perez Senador Provincial – Karina Nazabal Diputada Provincial (MC)

Dirigentes Religiosos

Padre Pepe Di Paola (Integrante del Equipo de Sacerdotes para las Villas de Emergencia) – Jorge Elbaum (Presidente del Llamamiento Argentino Judío) – Marcos María García (Sacerdote COMUN UNION) – Padre Toto de Vedia (Sacerdote) – Diác. Ricardo Carrizo (Integrante del Grupo de curas en la Opción por los Pobres) – Eduardo  de la Serna  (Integrante del Grupo de Curas en la Opción por los Pobres) – Ernesto  Narcisi (Sacerdote diocesano en Parroquia de Los Pirpintos, diocesis de Añatuya, Santiago del Estero) – Rodolfo  Viano (Cura franciscano en Arquidiócesis de Bahía Blanca) – Pbro. Juan Carlos  Di Sanzo (Parroquia Cristo Re, Diócesis de Chascomus) – Pbro. Ignacio J. Blanco (Parroquia Santa María Hudson, Diócesis de Quilmes) – Padre Carlos  Gómez (Parroquia Stella Maris, Arquidiocesis de La Plata) – Pbro. Gustavo Ricardo  Varela (Asesor Diocesano de Pastoral Social, Alto Valle de Rio Negro) – Padre Alejandro C.  Llorente (Parroquia Ntra. Sra. de la Merced, Arquidiócesis de Bs. As.) – Pbro. Juan Ángel  Dieuzeide (Parroquia Nuestra Señora del Carmen, Bariloche, Río Negro) – Pbro. Juan  D´Amico Parr (N. S. del Carmen dioc. B.Bca) – Natalia Noemí   Rodríguez (Grupo Justicia, Paz e Integridad de la Creación – Córdoba) – Movimiento de Misioneros de Francisco.

Intelectuales, académicos y dirigentes estudiantiles

Adrián  Paenza  – Adriana  Puiggros  – Alicia  Castro  – Daniel  Campi  – Ana  Franchi  – Marisa  Herrera  – Leandro  Andrini  – Carolina  Mera  (Decana Facultad de Ciencias Sociales UBA) – Graciela  Morgade  (Decana Filosofía y Letras UBA) – Fernando  Salino (Rector de la Universidad de La Punta) – Adrián  Lutvak (Presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires) – Alejandro  Villar  (Rector Universidad Nacional de Quilmes) – Nicolás  Trotta  (Rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo) – Jaime  Perczyk (Rector Universidad Nacional de Hurlingham) – Juan  Castelucci  (Rector Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) – Ana  Catalano  (Vice Decana de la Fac. Cs Sociales UBA) – Gabriela  Dicker  (Rectora Universidad de Gral. Sarmiento) – Ana  Jaramillo (Rectora de la UN de Lanus) – Mauricio  Erben (Decano Fac. Ciencias Exactas UNLP) – Fernando  Porta  (Economista / Docente UNQ)  – Ana  Castellani  (Investigadora Conicet-UNSAM) – Arnaldo  Bocco  (Director Observatorio Deuda Externa UMET) – Emilce  Mooler (Investigadora Peptis – Citra / UMET) – Marta Novick  (Directora CITRA – CONICET / UMET) – Mariano  De Miguel  (Director del Instituto Estadístico de los Trabajadores) – María Mercedes Ferrero (CONICET)  – Sergio F. Job (Abogado/ Docente UNC) – Candela de la Vega (Investigadora UCC/ CONICET) – Daniel  Campi  – Ana Franchi  – Marisa  Herrera  – Leandro  Andrini  – Jose  Paruelo  – Hugo  Aimar  – Raquel  Chan  – Ayelen  Petracca (Presidenta del Centro de Estudiantes Sociales UBA) – Fabiana  Rios  – Victoria  Tolosa Paz  – Paula Lenguita  (Investigadores Autoconvocados) – Mara  Brawer  – Juan Manuel  Valdes  – Alberto  Kornblihtt  – Diego  Tatian  (ensayista, Universidad Nacional de Córdoba) – Marcelo  Ruiz  – Eduardo  Dvorkin  – Juan Pablo  Paz  – Sandra  Carli  – Rolando  Gonzalez  – Felix Requejo   – Mirta  Iriondo  – Patricia  Schilardi  – Jorge  Geffner  – Osvaldo  Uchitel  – Dora  Barrancos  – Andres  Kreiner  – Federico  Thea  (UNPAZ) – Hugo  Andrade  – Juan  Castelucci  – Diego  Hurtado  – Oscar  Galante  (Secretario Vin.Tec. UNGS) – Sergio  Angel (Inv Principal Conicet en INTECH) – Federico  Machado  (Secretario Ejecutivo FUA) – Gisella  Cernadas  (Presidenta de la Federación Universitaria de la Plata)  Mariana  Gotardo (Presidenta del Centro de estudiantes de Psicología UBA) – Lucas  Tavolaro (Presidente de Centro de Estudiantes de Ciencias Exactas UBA) – Silvina Pedraza  (Secretaria General de la Federación Universitaria de Villa María) – Johana Gabriela Lacour  Consejera Superior por el claustro estudiantil UNSE – Regina González  (Presidenta del CESOC de la Facultad de CP y RRII – UNR) – Estefania  Genesio  (Presidenta del CEP Facultad de Psicología UNR) – Sabrina  Márquez (Secretaria de Articulación Obrero Estudiantil de la Federación Universitaria de Córdoba) – Melanie Infante  (Secretaria General de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales UNCo) – Juan Pablo Paz (científico) – Jorge Aliaga (CONICET) – Fernanda Beigel (CONICET – Mendoza) – María Litter (Comisión Nacional de Energía Atómica) – Andrés Kreiner (Comisión Nacional de Energía Atómica – UNSAM) – Alicia Motta (investigadora principal CONICET) – Verónica Vildosola (CONICET) – Araceli Bellota (historiadora) – Marcelo Ruiz (Universidad Nacional de Rio Cuarto) – Juan Carlos Suarez Sandin (científico) – Diego Hurtado (docente UNSAM) – Rolando González José (CENPAT –CONICET)

Artistas

Mempo Giardinelli (escritor) – Martín  Kohan (Escritor)- Luciana Abad (Distribuidora de cortos) – Hugo Alvarez Rey (Actor) – Rodolfo Balocco (Docente) – Lola Berthet (Actriz) – Erna Elena Bonfiglioni  – Luciano Borges (Actor) – Victor Alejandro Camba – Ivan Chernov – Martín Coman (Actor) – Guido D’Albo (Actor) – Ale Darin (Actriz) – Ramiro Daniel Diaz  – Enrique Dumont (Actor) – Hugo Fernandez Panconi (Músico) – Debora Fideleff (Actriz) – Luisa Kuliok (Actriz) – Soledad Leone (Actriz) – Monica Lerner  – Virginia Lombardi (Actriz) – Maria Gabriela Lombardi – Omar Lopardo (Actor y director) – Maria Jose Malvares (Fotógrafa) – Adriana Mareque (Titiritera) – Alejandra Marino (Directora de cine) – Sebastian Mogordoy (Actor) – Gabriela Moyano (Actriz) – Marina Olmi (Artista plástica/Actriz) – Juan Palomino (Actor) – Marcelo Panizza (Actor) – DANIEL  Reyes (Actor) -Ximena Rijel (Actriz)- Mario Enrique Suarez (Actor) – Delia Tedin (Artista plástica) – Gimena Tur (Fotografa) -DANIEL  Valenzuela 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El presidente de la ONG ambientalista Unión 20 de Agosto, Hernán Zerneri, se refirió en FM De la Calle a los cuestionamientos que realizaron al proyecto de ordenanza que regula los soportes para antenas de telefonía celular aprobado el jueves por el Concejo Deliberante.

“Le han dado un corte netamente orientado al aspecto civil de la antena, es decir, el montaje, la torre y demás, y dejaron en un segundo plano la cuestión ambiental, solamente abordando el tema paisajístico, cómo poder camuflar las antenas y el ruido del equipo que la hace funcionar, que es un aspecto menor”, opinó.

Agregó que en el deliberativo “parten de un concepto equivocado que es que el poder de policía solamente lo tienen ENACOM y el OPDS. Es cierto, pero hay ordenanzas locales que permiten hacer el control sin que eso implique que el municipio tenga el poder de policía”.

“La chicana es ‘los 24 concejales por unanimidad han aprobado una ordenanza’, con lo cual pareciera que los que opinamos distinto estamos en una vereda equivocada y no es así. La historia hay que contarla completa, todos los bloques tuvieron intervención porque el oficialismo abrió la discusión pero aportaron muchas más visiones que tampoco fueron tenidas en cuenta. Solamente se conformaron con participar y modificar cuestiones que no hacen al fondo”.

Uno de los artículos de la ordenanza prohíbe la instalación de soportes para antenas en escuelas, centros de salud y de ayuda a pacientes oncológicos y hogares de niñxs, ancianxs o discapacitadxs aunque las permite en los clubes.

“¿En base a qué criterio, estudio, información o principio se establece dicha restricción? ¿Es una decisión política arbitraria? ¿Es atenuar el impacto de la norma evitando posibles focos de quejas? ¿O es aplicar el principio precautorio para algunos casos pero para otros no?”, preguntó la ONG por nota al presidente del Concejo, Nicolás Vitalini.

Zerneri destacó que ante la falta de consenso sobre la afectación a la salud por parte de las radiaciones no ionizantes deben aplicarse como directrices de la política ambiental principios de congruencia, precaución y prevención.

Aplicar o no tales principios para la redacción del artículo mencionado, “estableciendo restricciones parciales a ciertos espacios sin aclarar de qué estudios científicos o de dónde surgen tales apreciaciones, constituye un claro motivo para judicializar el asunto, esta vez de nuestra parte”.

Por otra parte, desde la Unión 20 de Agosto criticaron la decisión política de eliminar el Consejo Asesor. “Es algo que no se comparte en absoluto, pero en todo caso debe ser motivo de análisis por parte de quienes poseen la mayoría de los votos en el recinto del HCD y los bloques restantes”, exigieron infructuosamente.

El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre Trafigura y el Sindicato del Petróleo, Gas y Biocombustibles por la intención de la empresa de despedir a unos 200 trabajadores.

Sin embargo, la situación sigue siendo de incertidumbre y está semana habrá una nueva reunión entre sindicato, empresa y funcionarios municipales, provinciales y nacionales.

Jorge Montero, trabajador petrolero jubilado de la Refinería Shell Dock Sud (Avellaneda), analizó la decisión de Trafigura y las políticas energéticas en FM De la Calle.

La situación de los trabajadores de la Refinería Elicabe no difiere de otros antecedentes históricos, “por la experiencia que hemos tenido esto realmente no nos sorprende. Esto lo vimos en la década del 90’ donde fundamentalmente las refinerías multinacionales del petróleo a lo que apuntaban eran a reducir el personal con la excusa de que con eso iban a reducir los costos, iban a poder trabajar en mejores condiciones e iban a poder dotar al mercado de más gasoil, más nafta y más barata; y ya sabemos lo que resultó de todo eso. Yo lo que veo es que un poco es una historia que se viene repitiendo y hoy le toca a la refinería de los compañeros de Bahía Blanca”.

Respecto a las consecuencias de la política de despidos para Montero originaría “problemas de seguridad y problemas de salud, no únicamente para los que trabajan dentro de la refinería sino para los que viven fuera de la refinería y creo que en ese aspecto Bahía Blanca ya tiene una historia bastante negra. Recuerdo bien cuando pasó los escapes de urea en el Polo Petroquímico y el enorme inconveniente que generaron esas nubes entre los habitantes de Bahía Blanca, y eso es un miedo que siempre está presente. Reducen la dotación de personal de tal manera que el mismo trabajador, que trabaja muchas horas y generalmente hace turnos rotativos, tiene que realizar dos o tres trabajos para los cuales muchos no están preparados para realizarlos; y eso origina accidentes dentro de los trabajadores e incidentes ambientales de una magnitud enorme”.

“El asunto, para ellos es sacar ganancias rápido y si no se puede sacar ganancias, amenazan con el cierre de la refinería, con despedir gente o lo que es peor, la amenaza de desabastecimiento; esa es una amenaza latente que ya han utilizado las grandes multinacionales del petróleo como para tratar de liberar el mercado, llevar el precio de las naftas al valor dólar y ahí perdemos todos. Es una pérdida total para que las multinacionales se lleven más plata”.

Jorge Montero contó a FM De la Calle que “la firma Trafigura realmente tiene una historia reciente bastante negra. Trafigura es un trader, tiene barcos fletados con los cuales llevan petróleo, combustible, de un lado al otro: son una especie de fondos buitres pero de las empresas petroleras. Es decir toman, compran, dejan las partes rentables, se deshacen de las partes no rentables o venden a un determinado precio y en realidad tienen poco manejo de la producción, de la refinación y menor manejo de la comercialización. Ellos se dedican a todo lo que sea rentable dentro de la industria petrolera, pero no están asentados como pueden ser otras multinacionales que tienen años de experiencia”.

“Acá en la Argentina uno de sus CEOS, José Latorraca, visita asiduamente la casa de gobierno y es uno de los más importantes aportantes a la campaña del PRO en política. O sea ellos van, vienen, se juntan, se abrazan con los gobiernos y siempre salen con algún negocio importante abajo del brazo y no importa quien caiga o no importa lo que cuesten esos negocios que se llevan adelante”.

Montero también expresó su análisis respecto a Vaca Muerta, “por un lado la problemática que genera el fracking, no únicamente por la fractura de tierra, sino también por la enorme cantidad de agua que se necesita y cómo esa agua con componentes químicos, que incluyen el cianuro, se contamina. Pero más allá de eso las famosas inversiones prometidas por las multinacionales extranjeras están prácticamente estancadas”.

“Yo lo que leo es que Vaca Muerta está produciendo muchísimo menos de lo que tendría que producir a esta altura del año, y que hay problemas por parte del gobierno con el tema de la infraestructura, que incluso incorporaba este famosos tren que iba a correr desde de Bahía Blanca hasta allá. Lo que sí es evidente es que el interés de los EEUU está vivo, porque por algo están montando ahí una base militar disfrazada de ayuda social a pocos kilómetros de Vaca Muerta”.

“Aparentemente la política es mantenerlo como una reserva estratégica y hacerlo operar cuando sea realmente operable, es decir que pese a los despidos, la flexibilización; la reducción de costo no es suficiente para que las multinacionales inviertan como se habían comprometido en ese famoso viaje de Macri donde se encontraría con Trump. Así que todavía el panorama de Vaca Muerta es bastante incierto y está muy lejos de generar algún tipo de autoabastecimiento en nuestro país”, concluyó.

(Por Mauro Llaneza) El Concejo Deliberante derogó por unanimidad la ordenanza 17.130 que regulaba la “instalación de estructuras soportes de antenas de telefonía celular” y exigía “la utilización de la mejor tecnología disponible para conformar una adecuada Plataforma de Comunicaciones Móviles”.

La norma había sido sancionada en 2013 ante las demandas vecinales en distintos barrios y fue resistida judicialmente por las empresas telefónicas. Cuando asumió Cambiemos se propuso “barajar y dar de nuevo” y contó para ello con el acompañamiento de los bloques de Unidad Ciudadana, PJ Cumplir y Frente Renovador.

En diciembre pasado se realizó una audiencia pública de la cual nunca se conocieron sus conclusiones. El texto del proyecto solo fue difundido una vez aprobado de manera exprés en la sesión de ayer y a pesar de los pedidos de la ONG Salud Ambiental en Acción y de vecinas y vecinos que se acercaron al recinto de Sarmiento y Estomba.

La nueva ordenanza legisla solamente sobre las torres y, si bien prohíbe su instalación en escuelas, centros de salud y de ayuda a pacientes oncológicos y hogares de niñxs, ancianxs o discapacitadxs, no establece restricciones en los clubes.

El texto refiere a las “estructuras de antenas de telefonía celular” para “sistemas radioeléctricos que operan entre 100Khz a 300Ghz de frecuencia” exceptuando a las utilizadas por radioaficionados, las de uso domiciliario, las afectadas a la defensa nacional, la seguridad pública y la defensa civil y las del Sistema Argentino de TV Digital.

Obliga a las empresas a “conservar y mantener” las estructuras con los “elementos indispensables de seguridad y señalización” y diferencia tipos de soportes, alturas y distancias de la línea municipal y ejes medianeros, según las zonificaciones del Código de Planeamiento Urbano y si son a nivel del terreno o sobre edificios o terrazas.

La prohibición para su instalación alcanza además a zonas declaradas como patrimonio histórico, cultural, artístico, reservas naturales o ambientales.

Otros “espacios verdes libres y públicos y espacios de equipamiento comunitarios” se podrán utilizar con aval municipal tras la demostración de la “necesidad de la adopción de la localización propuesta y su justificación por la no disponibilidad de sitios alternativos y necesidad de cobertura de servicio, conjuntamente con la evaluación de alternativas posibles”. Además, las empresas tendrán que realizar “obras vinculadas con el interés público dentro del sector de 100 metros radiales”.

Las torres deberán tener un tratamiento arquitectónico integrado con el paisaje circundante para atenuar el impacto visual e informar “de manera clara e inequívoca” la existencia de las antenas.

Finalmente, el Concejo estableció que “no obstante ser competencia provincial y nacional”, la Subsecretaría de Gestión Ambiental y la Secretaría de Infraestructura controlarán el cumplimiento de la ordenanza.

“En el caso de mediar denuncias o ante sospechas sobre inadecuadas condiciones de funcionamiento de un sistema irradiante, el municipio elevará la denuncia al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible y al Ente Nacional de Comunicaciones”.

Fernández Suñer, Girotti y Ghigliani analizaron la ordenanza en FM De la Calle

 

El delegado de ENACOM, Leandro Fernández Suñer, se refirió a las mediciones que realiza el organismo y afirmó que “no hay ningún nivel que pueda estar por fuera de lo que establece la Organización Mundial de la Salud”.

La titular de Salud Ambiental en Acción, Gladys Girotti, comentó que desde la oposición “dicen ‘a los clubes los sacaron porque pidieron que tienen que poner antenas porque necesitan el dinero, no estábamos de acuerdo’. Entonces, ¿si no estaban de acuerdo por qué no votaron en disidencia? ¿Por qué matan la poca democracia que tenemos?”.

Destacó que con la ordenanza anterior “el municipio podía medir” y “las asociaciones civiles podíamos participar”. “Lo que mida ENACOM siempre va a dar bien por dos razones. La primera es porque el límite de potencia máximo es tan alto que siempre va a dar dentro del parámetro establecido. La segunda, lo sabemos por experiencia porque lo ha dicho la misma gente del OPDS en reuniones que tuvimos en La Plata, es que van bajando las potencia de las antenas en la medida que se va sabiendo a dónde se va a medir”.

Por otra parte, aclaró que “la OMS no establece límites, o sea que decir que está dentro de los límites que establece la OMS es una mentira. Me parece un hecho grave que personas que están a cargo de estas instituciones no tengan la suficiente información”.

Gisela Ghigliani, concejala de Unidad Ciudadana, manifestó que algunas propuestas del bloque fueron incorporadas al proyecto y agregó que votaron a favor porque, en el oficialismo, “los votos los tenían y la ciudad se encontraba sin ningún tipo de marco regulatorio”. “Pretendíamos que los clubes estuvieran incorporados (en la prohibición) pero no fue posible”, dijo.

Al ser consultada por su opinión como médica respecto a la afectación a la salud de las radiaciones de las antenas de telefonía celular, Ghigliani afirmó que “hoy nadie puede hacer una asociación directa”.

“Ahora, nadie puede decir que los campos electromagnéticos, las radiofrecuencias, no provocan alteraciones corporales, somos seres vivientes. Una puede ser el aumento de la temperatura corporal -un grado-, pero como es tan diverso el campo de alteraciones que no necesariamente van a confluir en una enfermedad terminal es muy difícil una expresión univoca en esto. Pero no es un tema para decir no pasa nada”.