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El Senado bonaerense aprobó la media sanción al proyecto de ley de Alcohol Cero. La norma prohíbe el consumo de alcohol para conductores menores de 21 años y principiantes y agrava las sanciones para conductores/as con registros superiores a los 0,5 establecidos por la normativa vigente.

La inciativa reunió los proyectos de Federico Susbielles (UC) y Walter Lanaro (Cambiemos). El bahiense explicó que “aunque nuestra propuesta inicial contemplaba el ´alcohol cero´ para todos los conductores, entendemos que el corte a los 21 años pedido por Cambiemos es al menos un primer paso, sobre el que podremos volver en el futuro cuando las cifras de siniestralidad demuestren una baja que es previsible, y entonces todos entendamos que beber y conducir es una irresponsabilidad a cualquier edad”.

“Esta ley no busca mayor punitividad sino que apunta a lograr un cambio cultural. Queremos lograr algo similar a lo que sucedió hace 15 años cuando se aprobó la ley contra el tabaquismo porque hoy vemos que a nadie se le ocurre fumar en un lugar cerrado”, dijo.

En cuanto al próximo debate en la Cámara de Diputados, Susbielles manifestó que “sabemos que no es fácil, que hay presiones y que hay llamados para que esta ley no salga, por eso le pedimos a los diputados de todos los bloques que se mantengan firmes, porque estamos defendiendo la vida de los ciudadanos bonaerenses”.

La familia de Facundo Sacoccia y otras víctimas del tránsito de la provincia presenciaron la sesión.

¿Qué establece el proyecto de ley?

-Conductores/as principiantes y menores de 21 no podrán tener alcohol en sangre

-Ordena sanciones para quienes infrinjan la ley:

A) arresto.

B) inhabilitación para conducir vehículos o determinada categoría y para conductores/as con licencia habilitante, se retiene la misma.

C) multa: cuando la infracción sea por conducción con nivel de alcoholemia en sangre, el monto de la multa se incrementará.

D) concurrencia a cursos especiales de educación vial, su incumplimiento triplica el valor de la multa.

El fiscal Antonio Castaño manifestó su bronca en FM De la Calle tras las absoluciones de Víctor Hugo Iglesias y otros dos imputados por el delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual y se mostró confiado en que la Cámara de Casación revoque la sentencia del Tribunal Oral.

El funcionario judicial fue quien realizó junto a su par de la Protex, Marcelo Colombo, la investigación desde 2014 e intervino en la causa hasta su elevación a juicio. “Si en Bahía no hay trata tampoco hay droga”, ironizó al responder dichos de la defensa.

Si bien los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu aún no difundieron sus fundamentos, el fallo estaría basado en “que no existe prueba porque no han podido ser citadas a declarar las víctimas”.

“La idea de los imputados de llevar a juicio a quienes fueron víctimas de este flagelo hace nada más que volver a revictimizarlas. Es imposible que declaren frente a estos personajes que, como todos sabemos, las tienen atemorizadas, las tienen amenazadas, saben dónde viven, dónde se desenvuelven”, dijo Castaño.

Las redes de trata “permiten que esas mismas personas circulen por distintos lugares, cuyos propietarios tienen relación con los propietarios de los demás lugares por donde las víctimas han pasado. Son blanco fácil de poder ubicar”.

Castaño remarcó que entre la prueba “teníamos declaraciones testimoniales brindadas en el ámbito de nuestra Fiscalía Federal con todas las garantías del proceso, porque no solamente he estado yo sino también las defensas de los imputados. Lo que no permitió el tribunal es que esas declaraciones que estaban en forma escrita sean leídas en el debate. Fue a pedido de las defensas, más vale, quieren que las víctimas vayan al lugar y que lógicamente lo que van a declarar no va a ser lo que realmente han pasado”.

Martín Vargas, Víctor Hugo Iglesias, Alfredo García y Eduardo Gutt.

Para ejemplificar las situaciones de riesgo y las intimidaciones padecidas por las testigos víctimas, recordó que para una de las mujeres cuyo testimonio fue “totalmente contundente en cuanto a la operatoria de Víctor Iglesias” tuvo que solicitarle a la jueza Mirta Filipuzzi una custodia permanente ante su domicilio.

Dicha tarea la asumió la Prefectura, la cual informó luego que durante su tarea “se habían acercado distintos personajes a los efectos de, según ellos, invitarla a comer un asado a esta testigo, personajes relacionados con los imputados de la causa”.

“Esto lógicamente va a ser apelado por el fiscal de juicio, el dr. Santiago Roldán. Hay antecedentes en Casación de estas circunstancias, así que tenemos plena fe con el fiscal de juicio que esto va a ser revertido pero queda la sensación de impotencia tanto mía como de toda la gente que trabajó denodadamente en esta causa”.

El fiscal destacó el poder alcanzado por algunos imputados: “Son personas con mucho poder económico, vinculadas normalmente a cuestiones políticas y enquistados en nuestra sociedad como grandes señores, hoy son empresarios y así se seguirán manejando”.

“Lo de Gutt está comprobado.

Hoy tiene la posibilidad de volver a la Prefectura, es una barbaridad desde todo punto de vista”.

El Tribunal Oral dio a conocer el viernes el veredicto tras prohibir la participación del público y la prensa durante las audiencias. El fiscal Roldán desistió de acusar al dueño de El Gran Chaparral, Martín Vargas, quien recuperó su libertad tras los alegatos. Lo mismo sucedió al día siguiente con Iglesias y el ex prefecto Eduardo Horacio Gutt.

El administrador del Bar Broadway, Alfredo García, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por facilitación de la prostitución.

Foto Castaño: De la Bahía.

El intendente Héctor Gay recibirá mañana a integrantes de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría, quienes reclamaron conocer su posición sobre la contaminación del estuario.

El compromiso fue asumido el lunes cuando el grupo de trabajadores se presentó en Alsina 65 para manifestar su preocupación por la pérdida de su tradicional fuente laboral.

En diálogo con FM De la Calle, el abogado Lucas Beier precisó que pretenden saber si se va a proteger el ambiente del estuario o será “como hicieron hasta ahora: controlar, monitorear pero, pese a los resultados, no hacer más que eso”.

-La Municipalidad es una de las partes involucradas en las causas judiciales, ¿qué expectativas tienen al abrir este otro camino más allá de lo que discuta la justicia?

Desde el primer momento nosotros consideramos que el camino de la gestión administrativa o del Poder Ejecutivo, del Estado, es el más idóneo. No obstante eso, como no teníamos una respuesta en su momento, recurrimos a la vía judicial. Nunca dejamos de plantear la posibilidad de un encuentro o de una gestión directa del Poder Ejecutivo porque, en el mejor de los casos, lo que va a pasar en el proceso judicial es que el juez le ordene al Poder Ejecutivo realizar algo. Lo cual después va a depender del presupuesto, de gestiones, y va a ser prácticamente empezar de nuevo.

Tenemos el caso en Argentina de lo que pasó con el Riachuelo, con la causa donde se creó la ACUMAR, donde pese a la sentencia de la Corte, desde el 2006 hasta la actualidad, está todo igual que antes. Con denuncias penales a los funcionarios por incumplimientos, con sanciones, con multas, pero la contaminación sigue.

Queremos evitar que suceda algo más o menos parecido y, si es posible, acordar algo con la administración que sea posible de cumplimiento y que sea realmente un beneficio. Lo que se puede realizar es: si bien hay una gran cantidad de empresas que están arrojando sustancias que generan un agravamiento de la situación, el mayor problema que tenemos son las cloacas de Bahía, entonces si podemos eliminar esa fuente de contaminación sería una gran mejora para la calidad ambiental. Y un compromiso de las empresas en reducir sus desechos más la eliminación de la cloaca sería un gran beneficio.

-Les van a hablar de los avances de la obra que lleva adelante ABSA…

Una obra importante, sin lugar a dudas. Pero en realidad lo que están tratando ahí son las materias orgánicas, que obviamente generan una gran contaminación, principalmente lo que es la demanda biológica de oxígeno. Pero también por las cloacas van muchísimas sustancias que no son orgánicas, o sea, muchos de los metales pesados que se encontraron en los peces también ingresan por el sistema cloacal.

Entonces, no está ni siquiera en proyecto hacer un tratamiento de esas sustancias y, como te dije, eso sumado al polo petroquímico más grande de Sudamérica que tenemos acá, genera prácticamente una conjunción perfecta para la contaminación.

-Más allá de que el juez no se dé por enterado, ese polo petroquímico más grande de Sudamérica pretende crecer aún más y no hay ningún tipo de reparo al planteo que ustedes hacen.

No, no, es como si no pasara nada. Obviamente lo importante de un juez es la sentencia. Antes, son todas pequeñas medidas que puede tomar y no estamos muy lejos de la sentencia. Ahí es donde realmente el juez se expide y donde el juez emite su dictamen y el juez habla. Pero, más allá de la sentencia, podría haber tomado alguna medida cautelar que la rechazó. Y bueno, del Poder Ejecutivo auspician estas inversiones de empresas del polo petroquímico y nunca se toca el tema de la calidad ambiental que ya hoy es mala y constantemente se sigue agravando. Lo lógico es que dentro de un año esté peor que hoy y así sucesivamente y más aún si el polo petroquímico va a crecer.

-Si el intendente ratifica lo que viene manifestando la Municipalidad en la causa o incluso lo que fueron las declaraciones de la subsecretaria de Gestión Ambiental en cuanto a la inexistencia de riesgo para la salud, ¿hay algún camino a seguir o pretenden ratificar la falta de interés de cambiar el rumbo por parte del municipio?

El paso a seguir nuestro tendría que hablarlo con la gente. Acá hoy principalmente, este pedido de reunión fue porque ya se encuentran en un estado bastante preocupante los pescadores, hablo del estado económico. Se  aproximan las fiestas y ellos ya lo están previendo y para ellos siempre es un problema llegar a fin de año y no tener plata ni para comprar un pan dulce, les afecta muchísimo.

Es una fecha bastante clave y ya me están llamando para decirme ‘Lucas acordáte que vienen las fiestas’, les empieza a agarrar como una desesperación. Sinceramente no hemos hablado, por lo pronto el jueves nos reuniremos con el intendente, va a ir un grupo de 4 o 5 nada más, nos pidieron eso desde la Municipalidad. Y si se puede trabajar en conjunto bienvenido sea y si hacen como hicieron hasta ahora de imaginarse que este conflicto no existe, seguirán ellos tomando las medidas que sean necesarias y yo desde la parte judicial también seguiré insistiendo.

-La subsecretaria Chanampa lo que decía, sintetizándolo a modo de título, es “yo comería sin problemas pescado de la ría’. Ahora, en la circulación de la pericia, la Municipalidad advirtió que hay ciertas alertas respecto a algunas especies por parte del Comité Técnico Ejecutivo, ¿cómo es eso?

Sí. Chanampa, más allá de lo desafortunado y poco político de su expresión, primero se contradice con los informes de la Municipalidad y, segundo, miente. Porque dice que el SENASA controla la presencia de metales pesados, lo cual no es verdad y, además de eso, la propia Municipalidad -no lo hizo público porque obviamente ellos quieren mantener todo lo más oculto posible- pero ya emitió un informe diciendo que las ostras del estuario no son aptas para consumo y recomiendan a toda la población no consumirla. Hoy la ostra invadió prácticamente todo el estuario.

Toda la información sobre #ContaminaciónenlaRía

 

Desde Cerri, Punta Alta, cualquiera puede acercarse a la costa y recoger ostras fácilmente, sabemos que es un alimento bastante rico y supuestamente saludable, entonces muchos se acercaban, las sacaban de la costa y las consumían. Bueno, la Municipalidad desaconseja esto por la mala calidad que tienen y por el peligro que puede implicar ingerir consumir estas sustancias.

Está en el expediente, lo tuvieron que poner como una especie de defensa, como diciendo: ‘la Municipalidad ya advirtió esta situación’. Pero la realidad es que yo me enteré por el expediente, nunca había escuchado de ningún informe ni hablar a Chanampa ni a nadie andar diciendo esto en los medios. Así que sí, es una contradicción grande que tiene la funcionaria y no creo que lo salga a aclarar.

-¿La Municipalidad asegura que lo sabía pero no lo difunde?

Uno de los pilares del derecho ambiental, justamente, es la información ambiental. Como ciudadanos tenemos derecho a la información y el estado tiene la obligación de informar. No sé si recordarás que en 2010 salió a la luz el acuerdo de confidencialidad que tenía el IADO con la Municipalidad. O sea, el IADO no puede publicar nada si previamente no lo autoriza la Municipalidad.

Todo el tema ambiental es muy complejo, sabemos los intereses que hay en juego y por eso tomar una decisión, que el Estado diga ‘esto no va a ser más una reserva natural, acá no se pesca nunca más y va a ser un basural’… Bueno, que tomen la decisión y después se verá, pero la realidad es que no hacen ni una cosa ni la otra, ponen como pantalla eso del CTE, los monitoreos, los controles que todos sabemos no sirven para nada.

Lo sabemos con certeza científica porque después de 20 años de controles los resultados dieron 40 veces por encima de lo permitido, entonces los controles sirvieron para poco. No sé si la decisión del Ejecutivo hoy es continuar así o realmente cambiar un poco el rumbo.

(Por Agus Vera) Dos años y medio laburando precarizada. Dos años y medio pidiendo por favor un franco pago. Dos años y medio sin obra social. Dos años y medio sin ART. Dos años y medio en los cuales se me pinchó la moto mucho, me accidenté dos veces y no cobré porque no iba a trabajar, me intentaron robar la moto y salió carísimo el arreglo (por supuesto lo pagué yo).

Dos años y medio pagando la nafta de mi bolsillo. Mientras la vianda subía de precio, los sueldos quedaban fijos. Dos años y medio con horas extras que nadie reconocía. Dos años y medio trabajando feriados sin cobrar el doble incluido 1º de mayo, navidad y año nuevo.

Dos años y medio escuchando excusas y mentiras. Dos años y medio viendo cómo compañeras de trabajo cobran 50 pesos la hora. Dos años y medio de privilegio a los compañeros varones. Dos años y medio diciendo que “no dan los costos” mientras remodelaban el local y abrían locales nuevos. Dos años y medio de mentiras, maltratos y violencia machista.

Fui operada de tobillo en un momento, tenía un objeto extraño dentro que quedó de una cirugía anterior y me pinchaba generando un dolor terrible. Pagué dos días de reposo de mi bolsillo y seguí laburando.

Dos años y medio de escuchar la chicana de que yo podía faltar cuando quisiera porque no era empleada, cuando en realidad usaba mi dinero para pagarme un día y poder hacer las cosas que me gustan, reposo si estaba enferma o que simplente no podía ir a trabajar porque tenía que llevar la moto que ponía yo como capital al mecánico. Cuántas veces pedí una moto prestada para trabajar porque no podía tomarme los dos días que el mecánico necesitaba para arreglarme la mía.

Dos años y medio sin poder pelear un sueldo digno.

Dos años y medio laburando con lluvia sin pago extra, ni ropa de trabajo. La única vez que no trabajé con lluvia fue cuando hacía viajes a Cerri, que por supuesto no cobraba, y tenía que escuchar cómo habían tenido que salir corriendo porque yo no quería manejar de noche en la ruta con lluvia. Qué atrevida que soy de negarme a arriesgar mi vida por 150 pesos.

Dos años y medio en donde le tuve que enseñar a cada persona que pasó por Baraka cómo se hacían las planillas del hospital donde llevábamos comida porque nunca las hacían bien. Por supuesto los viajes extras no me los pagó nadie.

Dos años y medio en donde me llamaron cada vez que necesitaron algo y siempre fui. Pero cuando yo quería algún derecho laboral mínimo tardaban un mes en atenderme el teléfono, una semana más para darme una reunión en donde establecíamos acuerdos que no cumplían.

Dos años y medio de todo esto y de tantas cosas más…compañeros que cobran más que las compañeras, compañeros que no trabajaban feriados en todo el año y entre las mujeres había que cubrir. Compañeros con trabajo registrado, compañeras con sueldo de misera.

Para no faltar a la verdad, digo que el año pasado tuve bronquitis y necesitaba hacer cinco días de reposo. Después de rogar que me pagaran los días y recibir una respuesta agresiva seguida de una disculpa me dijeron: “Sí, te pagamos los días por ESTA vez”. Cinco días de reposo en dos años y medio. También en un gesto que agradecí infinitamente fue que una vez no trabajé en navidad y año nuevo (aunque no era más que lo que correspondía). Después de autoalabarse diciendo “no somos tan terribles, somos humanos” y que me hacían este “favor” porque me querían.

Hace unos días me dieron a elegir: me voy con una “indemnización de 30 mil pesos o me quedo con la promesa de que todo lo que saliera iba a ser mío y lo que hay lo compartimos entre el otro cadete y yo”. Por ejemplo el delivery de la noche, que hace más de un año que me prometieron que salía y que me lo iban a dar. Resulta que pusieron delivery de noche pero llamaron a otro cadete, un sobrino de la hermana del dueño (o del dueño). Pero claro, un día no fue y ¿a quién creen que llamaron para reemplazarlo? A mí. La cara como una piedra de ocultar esto solo para decírmelo cuando me necesitaban.

Hoy me echaron… el encargado de las viandas me pagó el día porque no sabía que no me querían pagar a pesar de que fui. Y aun así me dijeron que no correspondía que me paguen. Se ve que les hace un agujero en el bolsillo los 250 pesos de lástima que me dieron.

Hoy les llegó el telegrama que los obliga a acomodar mi situación laboral. Hoy me echaron. Hoy estoy liberada de estas lacras explotadoras. Acá los espero… sin mi indemnización no se van a librar de mí. Tengo la ley de mi parte, un sindicato espectacular que me acompaña en este proceso de una manera espectacular y una abogada. Además de todas las personas que están dispuestas a ayudarme hasta que pase la tormenta. No tengo apuro.

La vergüenza de quedarme sin trabajo no es mía, es de ellos.

Luego de la absolución de Víctor Hugo Iglesias y otros dos imputados por el delito de trata de mujeres para explotación sexual, desde “Bahía contra la Trata” solicitaron que las autoridades nacionales y el Consejo de la Magistratura incorporen la perspectiva de género como requisito para la futura conformación del Tribunal Oral y la Fiscalía de juicio.

Gabriela Galetti dijo a FM De la Calle que apelan a “la no naturalización de la explotación” y agregó que “muchas veces la explotación sexual tiene que ver con la vulnerabilidad de las mujeres que habían sido sometidas, con la falta de oportunidades, con el silencio y con la complicidad”.

La organización reclamó que el fiscal Santiago Roldán apele el fallo de los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu “para que estas causas avancen” y que la justicia “actúe con celeridad”. “Por ejemplo en la causa del club Kaos, que todavía no se elevó a juicio” y que involucra a Víctor Hugo Iglesias, uno de los absueltos.

“Consideramos que ya hay un inicio en el cambio cultural. Como sociedad tenemos que evitar la naturalización y que los proxenetas sean condenados. La ley de Trata es del 2008, recién en 2012 se establece el tema del aparente consentimiento porque hay que ver las oportunidades que tuvieron esas mujeres. El consentimiento no quita que se esté cometiendo un delito por parte del tratante. Esa complejidad también tiene que darse desde la justicia”, comentó Galetti.

Señaló que pretenden un pacto social: “Nos preguntamos: todo el sistema prostibulario que la sociedad bahiense conoce que existía en Ingeniero White, en la zona del puerto, en los cabarets, ¿era una ficción , un montaje que no existió?”.

Una absolución “no niega la realidad ni controvierte lo que toda la sociedad bahiense vio y calló por años”, concluyó.

Con la lectura de la acusación arrancó este viernes el sexto juicio por crímenes de lesa humanidad de Bahía Blanca. Es el segundo tramo de la causa que investiga crímenes del terrorismo de Estado ordenados y ejecutados en jurisdicción de la Base Naval Puerto Belgrano.

De los 18 imputados uno solo llegó esposado en un móvil del Servicio Penitenciario. Otros tres se acercaron por su cuenta a Colón 80 desde sus prisiones domiciliarias y el resto hizo lo propio, hacia sedes judiciales de Capital Federal y Necochea, para seguir la audiencia por videoconferencia.

El fiscal Miguel Ángel Palazzani afirmó que el debate mostrará una vez más “el circuito de Baterías, Comando de Operaciones Navales y la comunidad de la Armada Argentina operando junto con el V Cuerpo de Ejército. Vamos a escuchar algunas cosas que ya conocemos como hechos notorios y otras que se van a ventilar por primera vez, con todo lo que significa la realización de un juicio para seguir construyendo la memoria, la verdad y obtener justicia”.

Las próximas audiencias serán el jueves 1 y el viernes 2 de noviembre desde las 15.

El tribunal está integrado por los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu. Mónica Fernández Avello y Walter Larrea representan las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos y de H.I.J.O.S. y APDH, respectivamente.

El fiscal Palazzani destacó ante FM De la Calle que “hay un contexto discursivo, simbólico, de cierta regresión. Es la instalación de discursos que uno pensaba que estaban superados a esta altura”.

“Es una conquista de toda la sociedad argentina, hay un hecho notorio -y eso tiene su significación judicial, es un hecho que no debemos probar ni discutir- que es la existencia del terrorismo de Estado. Y uno viene escuchando en ciertas esferas de producción discursiva reverberancias de la teoría de los dos demonios, de la palabra guerra, de reivindicaciones del sector que fue victimario y no víctima”, afirmó.

Miguel Ángel Palazzani.

Miguel Ángel Palazzani.

Palazzani aseguró que ver “en el público algunos cursos de chicos del secundario” hace que los juicios “tengan sentido”.

Consultado respecto a la generalización de las detenciones domiciliarias, el fiscal explicó que fueron recurridos en Casación y en la Corte todos los casos que consideran injustos o en los cuales los genocidas, incluso con alguna dolencia, pueden ser atendidos dentro del Servicio Penitenciario Federal. “El resultado es este que estamos viendo. Fiscalía no deja recurso ni petición por efectuar. Luego, los que deciden son los jueces”.

Mario José Bilesio.

Mario José Bilesio.

 

Minutos antes del inicio de la audiencia, integrantes de la Agrupación H.I.J.O.S. leyeron un comunicado en el cual repudiaron las domiciliarias y el escaso tiempo dedicado por el Poder Judicial para las causas de lesa humanidad.

“En momentos de profundos retrocesos en materia de derechos humanos y de derechos en general en nuestro país, a lo largo y ancho de Argentina, se sigue juzgando genocidas gracias a la convicción y valentía de los sobrevivientes y testigos, de un sector del Poder Judicial que continúa avanzando a pesar de las dificultades y del compromiso de organismos y ciudadanos que sostenemos los juicios”.

Luis Oscar Conti y Carlos Enrique Lacoste.

Luis Oscar Conti y Carlos Enrique Lacoste.

El secretario de Derechos Humanos de la CTA Bahía Blanca-Cnel. Dorrego, Dante Patrignani, afirmó que estamos atravesando “un momento histórico en el cual desde el gobierno se están ralentizando estas cuestiones y hay una clara política en contra de la memoria, la verdad y la justicia, desde el negacionismo de Lopérfido a poco de asumir el gobierno pasando por el intento del 2×1 se trata de silenciar todo esto y, como organización de los trabajadores, teníamos que estar presentes”.

El dirigente agregó que la designación como fiscal del ex juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez, a pesar de las impugnaciones presentadas por organismos de derechos humanos por su complicidad con los genocidas, va “en la misma dirección que el nombramiento de Carlos Rosenkrantz (como presidente de la Corte) y las presiones hacia los jueces que cumpliendo las normas legales se niegan a seguir las directivas del gobierno. Hay toda una ofensiva del Poder Ejecutivo, de los pro genocidas del gobierno, para que el Poder Judicial se someta a sus políticas”.

Arturo María Quintana.

Arturo María Quintana.

Tras la lectura de la acusación, la Fiscalía adelantó que su alegato contendrá el pedido para que los delitos sexuales cometidos o avalados por varios de los imputados sean considerados de manera autónoma a las torturas, tal como se plasmó en la sentencia del primer debate de la causa.

Las defensas se escandalizaron aun antes de escuchar el planteo fiscal y deberán argumentar su oposición en la apertura de las sesiones de principios de noviembre.

El ex presidente de Huracán Víctor Hugo Iglesias y el prefecto Eduardo Horacio Gutt fueron absueltos por el tribunal oral en el mayor juicio por trata de mujeres para explotación sexual de la historia judicial bahiense. El administrador del Bar Broadway, Alfredo García, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por facilitación de la prostitución.

El fiscal Sebastián Roldán había requerido ayer una pena de diez años para Iglesias por trata y facilitación de la prostitución, cinco años y medio para García y cinco años para Gutt. Respecto al propietario de El Gran Chaparral, Martín Vargas, había pedido su absolución por falta de pruebas.

En los próximos días los jueces Luis Salas, Oscar Albrieu y Marcos Aguerrido darán a conocer los fundamentos del fallo. Víctor Hugo Iglesias, quien fue defendido por Maximiliano De Mira y Dámaso Larraburu, deberá afrontar otro juicio oral por una investigación iniciada en 2012.

Antes de la lectura de los alegatos, un conjunto de organizaciones realizaron un llamamiento para que “la explotación sexual no quede impune y que se brinde una reparación integral a las mujeres victimizadas”.

Nora Dinoto, integrante de la Red Local de Violencia de Género y firmante del documento, agregó que consideran a la trata de personas “como una forma de violencia extrema en el que se vulneran todos los derechos; el derecho a la identidad y a la vida misma. Lógicamente la ciudadanía y los organismos que peleamos por los derechos humanos tenemos que estar presentes aquí para reivindicar una vida digna para todas las personas”.

Además opinó sobre la actuación del tribunal: “Tendrían que haber difundido más toda esta cuestión que está en discusión. Hay que evitar la revictimización de las víctimas rescatadas en toda esta situación de trata pero sí quedaron algunas cosas pendientes que nos hubiera gustado que se manejaran de otra manera”.

Miriam Iantosca, integrante de Bahía Contra la Trata, aseguró a FM De la Calle que “se debatió muchos años y costó mucho. Verlos acá y que tengan que rendir cuentas hace que nosotros sigamos luchando, por esto que es una violación a los derechos humanos. A las mafias hay que seguirles los pasos, porque estas mafias mutan, hay que perseverar y permanecer en esta lucha porque es la única manera que vamos a estar rescatando a las niñas, niños y ahora, adolescentes”. Antes de conocer el veredicto afirmó que “lo que queremos es que queden adentro, lo que parece es que puede haber un poco de impunidad”.

Para la concejala de Unidad Ciudadana Gisela Ghigliani el juicio fue “hermético”, con irregularidades y poca información. “Hay algunas cuestiones con las pruebas que fueron bastantes dudosas, en un juicio que ha sido el operativo más grande en la ciudad de Bahía Blanca. Nos preocupa porque seguimos viendo que se declama desde los estados municipales, provinciales y nacionales pero cuando vamos a la práctica, cuando realmente tenemos que demostrar lo que se hace y dar fallos ejemplificadores, todo queda muy licuado. Ellos mismos solicitaron la Declaración de Emergencia en Materia Social de Violencia de Género que sigue vigente y hemos pedido dentro del marco de la emergencia saber qué medidas se tomaron. Acá murieron tan solo este año cuatro mujeres y nos parece que el Ejecutivo al no responderte claramente nos está diciendo qué es lo que hace”.

Al ser consultada por los vínculos de Iglesias con el peronismo y en particular con el dirigente Dámaso Larraburu, Ghigliani dijo que “cuando estuvo en la interna del Partido Justicialista nosotros fuimos en la otra lista y es uno de los puntos que planteamos y, por suerte, ganamos la interna porque nos parecía que era aberrante que figurara como si fuese una persona que pudiera venir a decidir en un espacio político partidario”.

El documento leído este jueves frente al tribunal fue firmado por más de cuarenta organizaciones. La ex diputada nacional Virginia Linares, integrante del Frente Julieta Lantieri, aseveró que “Bahía y Punta Alta le han dado la espalda a la trata de personas, como si no existiera en esta ciudad. La idea es empezar a decir esto: existe en Bahía Blanca la trata de explotación sexual y también la laboral y que hay que empezar a denunciar”.

Verónica Bajo de Acciones Feministas brindó un marco más amplio desde dónde pensar la explotación sexual: “Siempre decimos que la prostitución es la cosificación extrema de un ser humano, de las mujeres en este caso. Es la conjunción máxima entre capitalismo y patriarcado. Usar a las mujeres para hacer un ejercicio de poder sobre los cuerpos es la visibilización más patriarcal que hay. Y no es casual que hoy estemos asistiendo a un juicio que ha sido invisibilizado por los medios donde hay un silencio muy grande y donde hay complicidad. No es casual que sea uno de los negocios más grandes del mundo, tiene complicidad de los estados, de los gobiernos, de los poderes económicos y de la justicia”.

Ana Canullo, integrante de CTA Bahía Blanca-Coronel Dorrego, instó a que “la gente que va a la Cantina Royal  sepa a dónde va, que sepa quién es el dueño de la cantina y dónde se sienta a comer. Evidentemente estas cuestiones de poder son tan dificiles de desenmarañar que es una tarea de las militantes salir a denunciar”.

Finalmente Laura García Vázquez, secretaria adjunta de CTA Autónoma Provincia de Buenos Aires, agregó que “lo importante es todo lo que se ha avanzado en conciencia social. Hace unos años parecía que estar en contra de la trata estaba bien pero daba un poco de miedo. (…) Lamentablemente todos estos delitos aberrantes para la condición humana, y en este caso para las mujeres, cuentan con el apoyo del poder real: económico, político, judicial. Y esa es una batalla muy grande que tenemos que dar por las mínimas garantías democráticas”.

Este viernes a las 9 comenzará el debate oral del segundo tramo de la causa Armada. Mientras, se demoran una cuarta parte de Ejército, el juicio a integrantes de la Triple A y otras investigaciones contra responsables civiles del genocidio en Bahía Blanca y la región.

18 imputados, 64 víctimas, casi un tercio de ellas desaparecidas. Las audiencias orales y públicas serán cada quince días en Colón 80. Habrá alrededor de veinte testigos y, probablemente, solo un represor en la sala. El resto seguirá el debate por videoconferencia.

Es el sexto juicio que se realizará en el aula magna de la Universidad Nacional del Sur. Es el lento camino de una etapa del Juicio y Castigo iniciada en junio de 2011.

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En septiembre de 2012 fue la histórica sentencia con condenas de prisión perpetua para 14 genocidas y otras tres de entre 17 y medio y 18 años. El grupo de criminales estaba conformado por integrantes del Comando V Cuerpo de Ejército, del Batallón de Comunicaciones 181, del Destacamento de Inteligencia 181, de la Policía Federal de Viedma y por ex responsables de la Unidad Penal 4 de Villa Floresta.

Además, el fallo incluyó decisiones relevantes en el proceso judicial como fue la orden de abrir y profundizar investigaciones contra genocidas civiles: el clan Massot y La Nueva Provincia, el capellán Aldo Omar Vara y de quienes ocuparon la Secretaría del Juzgado Federal: Hugo Mario Sierra y Gloria Girotti.

En diciembre de 2013, el Tribunal Oral Subrogante de Bahía Blanca difundió el segundo veredicto en la Causa 05/07 que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo jurisdicción del V Cuerpo de Ejército.

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Hubo cuatro penas a prisión perpetua y el resto a once, cuatro y tres meses y tres años y cinco meses. Los siete condenados pertenecían al Batallón de Comunicaciones 181 y al V Cuerpo de Ejército, entre ellos se destacaba un grupo de guardias del centro clandestino de detención, torturas y exterminio La Escuelita.

Los magistrados ordenaron abrir una investigación sobre la responsabilidad del ex juez provincial Francisco Bentivegna durante el terrorismo de Estado y, a modo de reparación, dictaron la nulidad absoluta de una sentencia del Consejo de Guerra del V Cuerpo.

El 25 de noviembre de 2015 el TOF bahiense condenó a prisión perpetua a 18 genocidas y a penas de entre ocho y 18 años a otros cuatro. Los sentenciados fueron miembros de la Armada, el Ejército, la Prefectura Naval, la Policía Bonaerense y el Servicio Penitenciario provincial, quienes cometieron crímenes de lesa humanidad “en el marco del genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívico militar”. Nueve marinos fueron castigados por la violencia sexual ejercida en los centros clandestinos.

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Además, los jueces ordenaron que una vez quede firme la sentencia, “el diario LaNueva. (ex La Nueva Provincia) publique la rectificación, como acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria, de la información oportunamente vertida en ese periódico donde se comunicaba a la ciudadanía” que ocho militantes peronistas “fueron detenidos o abatidos en enfrentamientos militares, cuando quedó debidamente acreditado en este proceso que fueron objeto de secuestro, tortura y, en su caso, fusilamiento por parte del personal militar de la época, haciendo expresa mención de la fecha, página y sección en la cual fueron vertidas tales noticias”.

Por otra parte, se solicitó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que señalice “el predio donde funcionó la Séptima Batería de la Base de Infantería de Marina Baterías” como Sitio de la Memoria del terrorismo de Estado y que el juzgado federal realice en el lugar “trabajos de prospección orientados a recolectar pruebas vinculadas a los hechos ventilados”.

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En mayo de 2017, el comisario Gustavo Abel Boccalari fue condenado a prisión perpetua por secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer a Julio Argentino Mussi. Tras el debate los jueces Luis Roberto Salas, Pablo Ramiro Díaz Lacava y Marcos Javier Aguerrido ordenaron señalizar como “sitio de la memoria del terrorismo de Estado” el predio de Chile y España donde funcionó el centro clandestino de detención de la División Cuatrerismo.

En octubre del mismo año, 21 genocidas fueron condenados a penas de prisión perpetua en el mayor juicio por crímenes de lesa humanidad de la provincia de Buenos Aires. Fue el Juicio Ejército III, en el cual otros nueve represores recibieron castigos de entre tres y catorce años y uno fue absuelto.

El tribunal aceptó nuevamente el pedido de derecho a réplica colectivo requerido por la Fiscalía y ordenó que, una vez firme la sentencia, La Nueva Provincia “publique la rectificación como acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria” de ediciones en las cuales varias de las víctimas aparecen como “detenidos o abatidos en enfrentamientos con militares, cuando quedó acreditado que fueron objeto de secuestro, tortura o fusilamiento por parte del personal militar de la época”.

Luego de realizarse la audiencia preliminar del juicio que ahora comienza, los jueces Jorge Ferro, Martín Bava y José Triputti renunciaron a sus subrogancias en el tribunal oral y fueron reemplazados por Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu.

16 de los imputados serán juzgados por primera vez en la ciudad. Otros dos ya fueron condenados a prisión perpetua en el primer tramo del juicio. De todos ellos, uno solo está en la cárcel.

Organizaciones sociales, políticas, sindicales y feministas convocamos a la comunidad a la lectura del documento “No a la impunidad” en el marco del juicio por trata de mujeres para explotación sexual más importante de la historia judicial bahiense.

Será este jueves a las 11 frente al Tribunal Oral de Chiclana y Lavalle donde se escucharán los alegatos contra el dirigente del Club Huracán, Víctor Hugo “Piraña” Iglesias, el administrador del Bar Brodway, Alfredo “Beto” García, el prefecto Eduardo Horacio Gutt, alias Moisés, y Martín Vargas, propietario de restaurante El Gran Chaparral.

La investigación del fiscal Antonio Castaño y del titular de la Protex, Marcelo Colombo, destacó la “evidente connivencia policial y política” con la que actuaban los proxenetas en Ing. White. 25 mujeres y niñas fueron rescatadas.

Martín Vargas, Víctor Hugo Iglesias, Alfredo García y Eduardo Gutt.

 

ANTE EL JUICIO DE TRATA MÁS IMPORTANTE

DE LA HISTORIA DE BAHÍA BLANCA, NO A LA IMPUNIDAD

En el marco de un juicio histórico por trata de personas con fines de explotación sexual que se está llevando a cabo en la ciudad, queremos transmitir un mensaje claro.

Se llega a esta instancia judicial con evidencias concretas de un armado en red, destinado a la trata de mujeres. En este marco, se efectuó el mayor operativo de desarme de tramas de explotación sexual en la ciudad, en el cual fueron rescatadas 25 mujeres. Asimismo, señalamos que en este caso se destacó la connivencia entre los explotadores y las fuerzas de seguridad, lo cual constituye una de las principales características de este delito a nivel mundial. Nuestro objetivo es hacer ver lo que se pretende silenciar o invisibilizar: que la explotación sexual es una forma de vulneración de Derechos Humanos, la cual no puede ser tolerada, naturalizada, ni avalada por los Poderes de la República.

Es por lo mencionado que, desde organizaciones y referentes sociales, políticas/os, sindicales y feministas, hacemos un llamamiento a que la explotación sexual no quede impune, y a que se brinde una reparación integral a las mujeres victimizadas, en pos de restituir todos sus derechos vulnerados.

ADHIEREN:

Bahía Contra la Trata – Frente Julieta Lanteri – Red Local de Violencia de Género – Consejo Local de las Mujeres – Observatorio de Género y Diversidad Sexual de la Universidad Nacional del Sur – Grupo de investigación UNS Prostituir es tratar – El Nido – Acciones Feministas – Desbandadas – Comisión de Género y Diversidades sexuales del Colegio de Psicólogos Distrito 1 – Bahiensas Feministas – Asociación Civil Manos Entrelazadas de Punta Alta – Colegio de Psicólogos – La Misión – Centro de estudiantes de trabajo social Bahía Blanca – Centro de pensamiento jurídico Inclusivo – FM De la Calle – Centro de estudiantes de Abogacía UNS – Cáritas Arquidiocesana Bahía Blanca – Equipo de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, Congregación Claretiana Bahía Blanca – Comisión de Cultura y Deportes venezolana de Bahía Blanca – Programa Aquelarre Radio Urbana Bahía Blanca.

Ate Bahía Blanca – Suteba Bahía Blanca– Sadop – Adef Bahía Blanca – CGI (Comisión Gremial interna) Banco Credicoop – Jaime Linares Senador Nacional MC – Frente feminista nacional y popular – Integración Ciudadana – Nuevos Vientos – Unidad Ciudadana – Bloque de Concejales Cambiemos – Bloque de Concejales PJ Cumplir – Frente de Mujeres Nuevo Encuentro – Juventud Radical – Jóvenes Pro Bahía Blanca – Puño y Letra Comunismo Revolucionario – Juventud Sindical Peronista – Socialistas para la Victoria – Melina Rebollo secretaria de DDHH e igualdad de género Secasfpi Anses – CTA Autónoma Nacional Pablo Micheli secretario general y Dora Martinez secretaria adjunta – CTA Provincia de Buenos Aires Cristian Echeverría secretario general, Laura García Vazquez, secretaria adjunta – Jesús Felix, secretario general CTA Autónoma Bahía Blanca Coronel Dorrego.

(Por Mauro Llaneza) La justicia rechazó medidas cautelares solicitadas por la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría en el marco de las causas que investigan la contaminación del estuario.

En el ámbito federal se negó llamar a indagatoria a directores de empresas del polo petroquímico, ABSA y funcionarios del OPDS, el Municipio y el Consorcio del Puerto y prohibir el vertido de efluentes o, en su defecto, conformar una mesa de abordaje de la problemática que establezca un plan de saneamiento.

En el fuero contencioso administrativo se rechazó prohibir la pesca -tal como sugirieron los expertos-, difundir el resultado de la pericia realizada por la Facultad de Agronomía de la UBA que concluyó que las especies no son aptas para el consumo humano, prohibir ampliaciones y nuevas radicaciones industriales y la distribución de dividendos de las empresas.

Los representantes de los pescadores habían solicitado a la justicia federal la citación a indagatoria a los directores de ABSA S.A., Compañía Mega S.A, Solvay Indupa SACI, Cargill S.A.,  Petrobrás Argentina S.A., Profertil S.A., Dow Argentina S.A., Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y a funcionarios del OPDS y la Secretaría Ambiental de Bahía Blanca.

“Los directores de cada una de las empresas han tomado la decisión, con conocimiento y voluntad, de instalarse en una zona con características morfológicas particulares que provocan que el agua no sea renovable, que asimismo es una zona de reproducción y cría de muchas especias marinas y en donde se ha instalado una ‘polo petroquímico’, sabiendo que cada una de las empresas incorporan sinérgicamente sustancias nocivas al ambiente”, denunciaron.

No hay estudios que certifiquen que el aporte individual de contaminantes de cada empresa del polo petroquímico genere daño ambiental en un área sin renovación de agua y donde se reproducen y crían muchas especies marinas.

Sin embargo, los directivos decidieron instalarse allí y “continuar produciendo y arrojando sus desechos industriales constantemente al estuario” sabiendo que su “aporte no es el único” y que “la sumatoria de todos los desechos industriales son los que realmente importan cuando se debe prevenir la contaminación”.

Por ello, el abogado Lucas Beier y el fiscal Alejandro Cantaro solicitaron oportunamente la prohibición del vertido de sustancias no permitidas o la conformación de una mesa con todas las partes para establecer un plan de saneamiento.

La jueza Gabriela Marrón, a instancias del fiscal subrogante Horacio Azzolín, falló que aun con el resultado de la pericia realizada por la UBA y la Policía Federal es “prematuro” aceptar las medidas cautelares.

En el fuero contencioso administrativo los pescadores artesanales insistieron al juez Agustín López Coppola que dicte medidas precautorias ante el riesgo para la salud de la población por la contaminación y para frenar el crecimiento de las empresas que lo generan.

En todos los casos el magistrado sostuvo que, a pesar de las conclusiones de la pericia de la FAUBA, “nada ha cambiado” para alterar los argumentos con los cuales había rechazado acciones similares en 2009.

“Sabiendo que el estuario no admite más carga de contaminantes y que este proceso judicial seguramente durará muchos años más hasta tener una sentencia firme, el dictado de una medida cautelar es la única medida idónea para cumplir el mandato legal y constitucional de prevenir más efectos nocivos”, le reprochó el abogado Lucas Beier en su apelación.

Más allá de la pericia, en nueve años y decenas de miles de fojas, la causa incorporó resoluciones ministeriales, del Comité de Control y Monitoreo y documentos en los cuales las propias empresas reconocen “la constante y continua deposición final de sustancias peligrosas en el estuario”.

“¿Que sería más prudente, preventivo y responsable ante la afirmación científica de que existe un concreto riesgo en la salud de la población pasible de consumir estas especies que prohibir su captura y consumo?”, se preguntó el abogado.

Toda la información sobre #ContaminaciónenlaRía

 

El juez argumentó que la pericia está en etapa de “bilateralización” -durante la cual las partes analizan el estudio- y si bien el análisis “será ampliado y explicado luego de las impugnaciones”, vale destacar que ya no es posible pedir su nulidad.

El magistrado rechazó dar a publicidad los resultados de la pericia y advertir a la población sobre los riesgos del consumo de peces del estuario aunque aclaró que la querella podría realizarlo por su cuenta y destacó que, de hecho, la noticia fue difundida por los medios de prensa.

En su apelación, Beier recordó al juez que “ningún acto de las partes puede suplir los actos de imperio del juez que, dicho sea claramente, son también actos de gobierno” y que sobre su cabeza pesa “cumplir los objetivos y principios de la Política Ambiental Nacional”.

López Coppola se contradijo al no impedir ampliaciones y nuevas radicaciones industriales que utilicen el estuario para descargar sus efluentes argumentando que los pescadores no informan sobre una fecha precisa de inicio o existencia de proyecto en ese sentido.

“La consideración de lo público y notorio por parte del juez es errónea por parcial pues ha considerado la difusión mediática de ciertos aspectos de la pericia de la UBA pero no ha considerado que, previamente, se viene informando por los mismos medios de prensa que existen concretas intenciones de grupos empresarios, inclusive parte de las empresas demandadas, de invertir sumas millonarias en ampliaciones industriales en el Polo Petroquímico Bahía Blanca, complejo industrial que tiene al estuario homónimo como cuerpo receptor de todos sus detritos nocivos y contaminantes”.

El punto no solo alcanza a firmas del polo sino de cualquier industria cuyos residuos líquidos lleguen por la red cloacal a la ría sin tratamiento. Por obvio, excluyen de la prohibición reclamada a “las que lo hacen en forma clandestina”.

Este jueves la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur realizará elecciones para renovar su Comisión Directiva y la Revisora de Cuentas.

La Lista 1 “Docentes por la Unidad en la acción” con 144 avales está encabezada por Sergio Zaninelli y Ana Tablar, mientras que la Lista 2 “Recuperación Gremial (La Naranja + Independientes)” con 65 avales propone a Juan Cappa y a Eugenia Fermento para la conducción gremial.

Días atrás, el actual secretario general y candidato a renovar el cargo, Sergio Zaninelli y su compañera de lista Ana Tablar visitaron FM De la Calle y presentaron su proyecto.

“La intención es seguir siendo protagonistas fundamentalmente de la unidad en acción teniendo en vista quién hoy nos gobierna; un gobierno netamente conservador, oligarca, que claramente quiere destruir a la educación pública y, obviamente, a la universidad tal cual la concebimos. Ese es nuestro norte y nuestro norte particular es seguir reclamando y trabajando por la plena aplicación de nuestro convenio colectivo de trabajo, que también es una herramienta que venimos construyendo, desarrollando y trabajando en el marco de la comisión paritaria que tenemos en la Universidad Nacional del Sur”, afirmó Zaninelli.

Agregó que “este espanto que nos gobierna movilizó a sectores docentes que quizás años anteriores estaban más calmos y fundamentalmente movilizó al sector estudiantil, eso es indudable. La potencia y la vitalidad que recobró el plan de lucha de la docencia tuvo que ver también con el posicionamiento que tuvieron los estudiantes de todos los niveles cuando regresamos del proceso invernal”.

Sobre los desafíos que se están debatiendo en el ámbito académico universitario Ana Tablar aseguró que “hay muchas cosas que tenemos que resolver: la incorporación de titulares en los concursos ordinarios de gente que ha venido trabajando de forma interina, eliminar la forma de asignaciones complementarias, eso requiere un esfuerzo constante de discusión porque la universidad es bastante compleja en su estructuración. (…) También en las escuelas medias tenemos un proceso de titularización que todavia no se ha completado, en ese sentido tenemos mucho trabajo por delante”.

Añadió que estas discusiones están relacionadas “con lo que se está configurando a nivel nacional, en lo que es el movimiento de trabajadores universitarios”. Respecto a la situación  de los y las docentes universitarios/as dijo que “la lucha cobró la dimensión que tomó porque se trabajó con otras federaciones. Conadu Histórica ha sido históricamente la confederación combativa pero esa unidad es lo que nosotros pretendemos, creemos que en esta lucha es indudable que tenemos que hacerlo en conjunto y eso en la lista ha sido nuestro ideario”.

El actual secretario general de ADUNS opinó sobre las articulaciones políticas opositoras que se están generando en el contexto actual como el 21F: “Mientras tengamos claro quién es el principal enemigo de nuestra clase, de nuestro país, mientras tengamos claro que la salida es luchar, movilizar, hacerse presente, desde ADUNS,  nos va a encontrar presente y articulando como venimos haciendo fundamentalmente desde el  10 de diciembre de 2015, cuando el ataque se perpetuó virulento a la educación. Y así venimos trabajando la articulación con sindicatos históricos como puede ser el sindicato de SUTEBA Bahía Blanca, pero también con otros sindicatos que antes por ahí no articulábamos porque estaban más retraídos a la hora de luchar. Lo cierto es que antes no veíamos el ataque a nuestra clase, por eso no era tan necesario pegar con un solo puño. Mientras estén claros estos factores, desde de ADUNS siempre vamos a estar presente apelando al no sectarismo. Creo que el sectarismo termina beneficiando a quienes nos están gobernando”.

Consultado sobre su universidad “ideal”, Zaninelli aseguró que le “gustaría una universidad donde haya más debate, más discusiones pensando en qué país queremos, pensar la universidad como un gran cerebro, una gran maquinaria que defina las grandes líneas de un país, de una gran república; como una gran fábrica de ideas para construir un país, algo que le falta a la Universidad del Sur. Las autoridades deberían ser más confrontativas cuando del otro lado hay ajuste y achique”.

Por su parte, Tablar invitó a pensar la matriz de desarrollo científico que propone la UNS: “¿Qué queremos nosotros? ¿Qué queremos desarrollar? ¿Ciencia para qué? ¿Con qué proyecto? El rol de la universidad nacional en el proyecto nacional tendría que ser debatido y yo creo que eso estamos lejos de hacerlo. Lo mismo con la formación de nuestros profesionales (…) En cuanto a derechos humanos tenemos los claros o la luz para que la universidad ceda espacios para los juicios, tenemos la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, pero por otro lado tenemos un juicio a Gloria Girotti que todavía no terminó y eso es toda una contradicción”.

Consultá el padrón acá

Mesa 1: Av. Alem 1253 (Hall de ingreso UNS) de 8 a 18h
Mesa 2: 11 de Abril 445 (Hall de ingreso EMUNS) de 8 a 20h
Mesa 3: Av. Cabrera 3300 (Escuela de Agricultura y Ganadería) de 8 a 18h
Mesa 4: 12 de Octubre y San Juan (Hall de ingreso Humanidades UNS) de 8 a 20h
Mesa 5: Campus UNS Altos de Palihue (Hall ingreso Departamento de Cs. de la Administración) de 8 a 18h

 

“Tenemos el primer vencimiento y no tenemos la plata”, dijo a FM De la Calle, Rubén Panciroli, secretario del Club Vista Alegre. Es la primera factura de EDES que reciben tras reconectar el medidor en julio.

Son más de 300 chicos y chicas los que asisten a la institución. Tienen ocho categorías de fútbol infantil y menores en Liga del Sur. Dos equipos femeninos en la Liga Interbarrial de Fútbol Femenino y un equipo de sub 23.  También ofrecen ajedrez.

“Los chicos tienen que entrenar, la mayoría de los entrenamientos son a partir de las seis de la tarde y no hay posibilidad en invierno y, por más que le pedimos poner los horarios lo más temprano posible, los técnicos son voluntarios que tienen su trabajo y cuando salen van a club, no es que nosotros le pagamos y podemos fijarle un horario”, dijo Panciroli.

El dirigente comentó que pidieron al Concejo “una reunión con la Comisión de Cultura y Acción Social para ver qué posibilidades hay de llegar un acuerdo y también pensábamos en ir a la parte de Deportes del Municipio”.

La cuota social es de 50 pesos aunque son pocos quienes pueden abonarla. “Un club de barrio en Bahía Blanca no es una prioridad para el gobierno, esperemos que a nivel local podamos llegar a alguien con un poco más de sensibilidad que el gobierno nacional”.

Quien quiera colaborar puede acercarse a Coulin 2051, entre Santa Cruz y Río Atuel, desde las 18.

Les pibes en la escuela. Hombres y mujeres martillan los restos de las viviendas de chapa que ayer destrozó la policía. Se organizan entre sí. Este rato ayudan a una mujer a levantar lo poco que le tiraron. Otro rato ayudan a otra vecina a colocar el techo. Trabajadores/as sin trabajo. Uno de ellos despedido recientemente de Servicios Integrados Bahía Blanca.

Esta mañana, presentaron un recurso de amparo. “Vinieron sin orden de desalojo”, dijo Juliana a FM De la Calle, y reprimieron “sabiendo que hay chicos menores”. “Se metieron a las casas”, agregó su vecina, en situación de calle con dos niños a cargo. “Hay menores con balas de goma”.

Ambas se acercaron a la municipalidad, en otras oportunidades, frente a la difícil situación económica que atraviesan. “En este caso vivieron con agresión y amenazas” sin mediar diálogo político.

“Por algo estamos acá” suma Luciano, quien recuerda que están anotados en “planes de vivienda desde el 2006. Son tierras que el municipio quiere negociar porque es mucha plata. Queremos un lugar donde poder vivir dignamente”.

“No queremos que nos lleven a un hogar donde hay más mugre que acá. Queremos una respuesta. Queremos que se haga cargo el intendente. Que se haga responsable. Que no se olvide que estamos en un rincón de Bahía Blanca. Que les dé una solución a la familia. No estamos usurpando. Estamos ocupando un lugar que nos pertenece como bahienses. No queremos que nos den materiales, lo vamos a levantar de cero”.

A su vez, denunciaron que durante la represión de ayer el municipio les “robó lo poco que teníamos. Se llevaron chapas, todo. Buscan que nos peleemos entre pobres y no lo van a lograr”.

Mientras tanto, el intendente Héctor Gay, junto a un puñado de dirigentes nacionales, lanzan la Unión Industrial de la Patagonia Argentina en el Teatro Municipal.

Por 33 votos a favor y 20 en contra el Senado aprobó ayer el pliego de Santiago Ulpiano Martínez para que asuma la titularidad de la Fiscalía Federal Nº2 de Bahía Blanca. De esta manera, la mayoría de las y los senadores desoyó las graves denuncias de los organismos de derechos humanos y de víctimas del genocidio.

“Ulpiano Martínez es parte de la estrategia del gobierno de Mauricio Macri para garantizar la impunidad para los culpables de crímenes de lesa humanidad”, afirmaron Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, H.I.J.O.S. Bahía Blanca, H.I.J.O.S. Capital, Centro de Estudios Legales y Sociales, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno, y Rosana Heinrich -hija de Enrique Heinrich, obrero gráfico de La Nueva Provincia asesinado por la última dictadura cívico-militar-.

Una de las impugnaciones presentadas en abril fue realizada por el CELS y planteaba que Martínez “carece de idoneidad para el cargo” dado que “sus tres años a cargo del Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca dejaron un cuadro de atraso y falta de organización de las causas sobre las cuales debía resolver. Además, tuvo determinación por entorpecer y frenar el avance del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad”.

En cuanto a las investigaciones sobre el genocidio, los organismos destacaron que las “reiteradas irregularidades” se “convirtieron en estrategias de impunidad”.

“Entre los beneficiados está Vicente Massot, uno de los responsables de La Nueva Provincia, acusado por el secuestro y asesinato de Enrique Heinrich, secretario general del Sindicato de Artes Gráficas, y Miguel Ángel Loyola, tesorero del mismo sindicato”.

“Además, Ulpiano Martínez se negó a investigar los delitos sexuales cometidos en la órbita del V Cuerpo del Ejército, rechazó el pedido de detención de Aldo Vara, capellán acusado por delitos de lesa humanidad, lo que facilitó que se fugara y muriera impune, y omitió informar sobre prisiones preventivas cuyos plazos estaban vencidos”.

El comportamiento irregular de Ulpiano Martínez fue informado por el juez Alejo Ramos Padilla, su sucesor como juez subrogante del Juzgado Federal Nº 1 de Bahía Blanca, ante el Consejo de la Magistratura y la Comisión Interpoderes.

Ayer votaron a favor: Federico Pinedo, Julio Cobos, Miguel Ángel Pichetto, Esteban Bullrich, Luis Naidenoff, Ángel Rozas, Néstor Braillard Poccard, Humberto Schiavoni, Carlos Espínola, Roberto Basualdo, Inés Blas, Inés Brizuela y Doria, Miriam Boyadjian, Mario Fiad, Julio Catalán Magni, Eduardo Costa, Alfredo De Angelli, Silvia Giacoppo, Gladys González, Daniel Lovera, Ernesto Martínez, Julio Martínez, Dalmacio Mera, Claudio Poggi, Blanca Porcel de Riccobelli, Laura Rodríguez Machado, Guillermo Pereyra, Magdalena Solari Quintana, María Belén Tapia, José Uñac, Marta Varela, Silvia Beatriz Elías de Pérez y Pamela Verasay.

En tanto, los votos en contra fueron los de: Anabel Fernández Sagasti, María Inés Pilatti Vergara, Eduardo Aguilar, Ana Almirón, Norma Durango, Marcelo Fuentes, Silvina García Larraburu, Nancy González, Pedro Guastavino, Ana María Ianni, Alfredo Luenxo, José Mayans, Beatriz Mirkin, María de los Ángeles Sacnún, María Odarda, José Ojeda, Juan País, Eugenia Catalfamo, Sigrid Kunath y María Teresa González.

La Policía Bonaerense reprimió y desalojó a más de una decena de familias que habían instalado viviendas precarias en terrenos ubicados entre Avda. Arias y 18 de julio.

La Municipalidad no brindó alterativas habitacionales. Tres jóvenes fueron heridos con balas de goma y uno fue detenido por “resistencia a la autoridad”.

En diálogo con FM De la Calle, Marisol relató que “estaba durmiendo, a las 6 de la mañana vinieron y empezaron a tirar ranchito por ranchito”.

“Estaba con mi nene de nueve meses adentro, vino una milica y me dijo que ya tenía que desalojar. Y si no salís ahora te vamos a sacar el guacho y te vamos a mandar al Servicio Local, a vos te vamos a llevar presa y al guacho vas a tener que hacer un montón de apeles para recuperarlo. Me dijeron barbaridades, insultándome, para apurarme”, agregó.

Marisol comentó que luego “empezó el quilombo del tiroteo, con los tiros le pegaron a varios, en la espalda, el pecho, dos menores estaban en el hospital, a una chica también, a mi vecina que vivía enfrente y está embarazada le empezaron a dar ataques”.

“A mí me daban hasta mañana con el Servicio Local, venían para solucionar todo esto pero después qué hago yo, me dan una bolsita de alimentos y nada más. Si me dan una pensión para alquilar es un mes y arreglate, yo no tengo trabajo y mi marido hace changuitas nomas”, manifestó.

Finalmente adelantó que las familias se reubicarían en el lugar: “Me voy a quedar acá, no tengo a donde ir”.

Semanas atrás, el intendente Héctor Gay ordenó una “limpieza profunda” en terrenos que la provincia traspasó al municipio en el barrio Miramar. Funcionarios y policías acompañaron a las topadoras que derribaron las viviendas de varias familias que fueron temporalmente asistidas con el pago de alquileres.

Fotos: Radio UNS.

Vecinas y vecinos e integrantes de organizaciones e instituciones del Barrio Noroeste, Bajo Rondeau y Villa Caracol volverán a manifestarse esta mañana frente a la delegación municipal para entregar un petitorio al representante del intendente, Juan Campos.

Prentenden mostrar su “profunda preocupación por el impacto que las medidas económicas y las decisiones del gobierno están ocasionando en quienes vivimos y trabajamos aquí”. El viernes marcharon hasta la oficina del funcionario quien, aunque fue avisado oportunamente, no concurrió a la cita.

“Nos negamos a naturalizar vivir en el barro, con las calles llenas de agua, con desempleo y con merenderos y comedores barriales. Tenemos derecho a tener viviendas en condiciones que no perjudiquen la salud de quienes las habitamos, contar con calles transitables, con escuelas seguras para nuestros hijos e hijas, con unidades sanitarias que tengan lo necesario para atender a las familias y prevenir enfermedades”, afirmaron.

El informe presentado advierte que:

  • Se han recortado o eliminado recursos municipales que estaban destinados a paliar las situaciones de vulnerabilidad de la comunidad de estos barrios.
  • Se han eliminado las tarjetas sociales y ayudas económicas a organizaciones barriales que las necesitaban para desarrollar sus actividades solidarias y culturales.
  • En los últimos dos años, han aumentado los merenderos que se sostienen por donaciones y sin ninguna ayuda del Estado, que alimentan a una cantidad creciente de familias golpeadas por el desempleo y por la suba constante de precios.
  • Ha comenzado a producirse escasez de algunos medicamentos para los niños, niñas y sus familias en la Unidad Sanitaria.
  • Las calles del barrios están en pésimo estado y se deterioran cada día más.
  • En la Escuela Secundaria N°313, se carece de la cantidad suficientes de cupos para el comedor escolar, lo que ocasiona que las alumnas y alumnos roten el día que les toca almorzar.

Por ello, demandan al intendente y su delegado:

  • Que el Municipio designe las partidas presupuestarias para contar con todos los recursos necesarios para asistir las situaciones de vulnerabilidad de los/as vecinos/as.
  • Que sostenga los merenderos y comedores barriales, hasta tanto las familias contemos con nuestros propios recursos ya que seguimos sosteniendo que queremos almorzar y cenar en nuestras casas.
  • Queremos que todas las calles del barrio sean transitables. En la actualidad hay sectores donde no pueden acceder ambulancias ni bomberos, dejándonos en riesgo. No nos oponemos a las obras de infraestructura como las que se están llevando a cabo, pero necesitamos que esas calles sean accesibles, ya que son el acceso obligado a la Delegación, la Unidad Sanitaria, el Centro de Primera Infancia, el Jardín 950 y la Escuela Especial 510.
  • Que las autoridades provinciales gestionen lo necesario para que la totalidad de alumnos y alumnas de la secundaria 313 puedan almorzar, desayunar y merendar en el comedor escolar.
  • Que el delegado. Sr. Campos, de respuesta efectiva y soluciones cuando los vecinos, vecinas e instituciones lo demandan, porque hasta ahora no la hemos tenido.

El viernes se realizó una nueva entrega de la bolsa con Producciones de la Agricultura Familiar y FM De la Calle emitió desde Avellaneda 416 un programa especial de En Eso Estamos con entrevistas a integrantes de las organizaciones impulsoras de la iniciativa, de los grupos de productores/as asociados/as, consumidoras y consumidores.

La iniciativa llegó a Bahía Blanca a partir de la experiencia de la Mesa de Soberanía Alimentaria de Villa María -Córdoba-, un grupo de organizaciones e instituciones que desarrollan una lógica de consumo organizado, teniendo en cuenta tres líneas de trabajo: compra directa a productores; compras en el mercado de frutas que no se producen en la localidad; y compra a productores nucleados en pequeña cooperativas.

Aquel espacio nacido en la red de Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria impulsa, además, el debate acerca de la cadena de producción de los alimentos que consumen, la formación de precios y cómo lograr un comercio justo.

Luego de participar de una jornada de trabajo en Villa María, integrantes del área de Economía Solidaria de Cáritas Bahía Blanca convocaron al CFP 401 Anexo UP4, al INTA Pro Huerta, a Cambio Rural y a FM De la Calle para proyectar la iniciativa a nivel local.

El objetivo era lograr que Pro.Sau.Chi, un grupo de productores del Sauce Chico, vendan más, a un precio justo, de forma directa y sin intermediarios. Luego se incorporaron emprendedoras asociadas con capacidad de producir en mediana escala.

Se trata Moras Brix, un grupo de mujeres que elaboran conservas, Runtu Thani, productoras de huevos frescos, e internos de la Unidad Penal de Villa Floresta, quienes aportan lombricompuesto, hongos comestibles y la serigrafía de las bolsas. También participan pescadores artesanales de Pehuen Co, quienes están en proceso de regularización de su actividad.

Marina Huentenao, integrante del equipo de Ecosol de Cáritas Bahía Blanca


 

Castorina Chamorro y Alejandra Millán, productoras de mermeladas y panificados


 

Celina Diotto y Carlos Mojica, INTA Pro Huerta y Runtu Thani


 

Antonio Gareca, integrante de Productores del Sauce Chico


 

Pablo García y Alicia Torre, Cambio Rural y FM De la Calle


 

Eliana Soto y Sonia Zamora, productoras de huevos de Runtu Thani


 

Analía Guerrero, integrante de La Feria del Lago


 

“Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alí Babá. Pero quizá desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable”.

Eduardo Galeano.

Más del 40 por ciento de los comercios bahienses achicó su actividad y otros tantos manifestaron su estancamiento según una encuesta realizada por el Centro de Economía Política Argentina.

El economista Juan Cruz Lucero comentó las conclusiones del estudio en diálogo con FM De la Calle.

El relevamiento se realizó en septiembre en un centenar de negocios de 25 barrios de la ciudad. Siete de cada diez manifestaron caída en las ventas y un 63% no realizó inversiones en el año.

El 64% indicó que no hubo variación en la cantidad de empleados, con la particularidad de que tres cuartas partes de los comercios expulsaron trabajadorxs el año pasado y que, en muchos casos, pasaron de tener empleados a que los dueños se encargan de los locales comerciales. Sólo el 4 por ciento aumentó su plantilla laboral.

Los principales problemas manifestados son: el costo de los servicios públicos (8.4), la disminución de la rentabilidad (7.2), la caída de ventas (6.82) y los elevados costos de alquiler (6.81).

Por otro lado, los que menor valoración tienen, de acuerdo con las empresas encuestadas, son: las dificultades para conseguir financiamiento (4), el aumento de los costos de mano de obra (5.1) y la fuerte competencia en el mercado interno (5.7).

En cuanto a las expectativas, el 56% de los encuestados considera que las ventas disminuirán en los próximos meses, mientras que el 10% supone que aumentarán.