El  lunes a mediodía la jueza Susana González La Riva dirá si Norberto Metz es penalmente responsable del homicidio culposo de Juan Cruz Manfredini. Así lo es para la Fiscalía que pidió una pena de cuatro años de prisión para el ex gerente local de Camin Cargo Control S.A. y para la familia del joven que solicitó cuatro y medio y 200 mil pesos de multa.

Juan Cruz murió el 21 de octubre de 2010 tras cuatro días de agonía. Tenía el 95 por ciento de su cuerpo quemado por una explosión en el dúplex de Cuyo 1388 donde funcionaba clandestinamente el depósito de muestras de combustibles y fertilizantes donde trabajaba. El juicio analizó la responsabilidad de Metz y próximamente deberá ser juzgado el representante nacional de la firma, Marcelo Camin.

Hugo Fernández, abogado de la familia Manfredini, comentó a FM De la Calle que fue una investigación con mucha prueba aunque “uno no puede decir qué pasó por la cabeza de un juez”. Destacó que “lo importante es que se haya debatido”, más teniendo en cuenta el intento del primer fiscal de la causa de acordar una pena de tres años en un juicio abreviado para el gerente de la empresa Marcelo Camin.

“Cuando se va a debate hay que reproducir todo lo que se hizo en forma oral, a riesgo de eso, la familia prefirió en honor a la memoria de su hijo que esto salga a la luz, que se debata y se conozca cómo trabajan estas empresas, esto es un tema de precarización laboral donde para ofrecer un producto barato, a bajo costo, la empresa pone en riesgo a los trabajadores y a un montón de gente”.

Fernández explicó que se trata de “una empresa internacional con sede en Houston” y otra que se llama Camin Cargo Argentina. “El gerente de Argentina es Marcelo Camin y está imputado también pero, por un recurso de Casación, todavía no llegó su debate. Con respecto al jefe local lo que había que demostrar era el nivel y grado de responsabilidad que teníaal manejar la delegación de Bahía Blanca, ese fue el nudo principal. Se apuntó a tratar de demostrar claramente que esta persona tenía toma de decisión”.

“Es importante porque no hay muchos antecedentes de gente de una empresa, del personal jerárquico, que sea responsable penalmente. Muchos terminan en un abreviado, en una probation, y si no tienen antecedentes pareciera como que no debería ir preso una persona. Pero, la pucha, no solamente mató una persona -no tuvo la intención de matarlo pero es un homicidio culposo- (…), era una bomba de tiempo, no podés poner en una vivienda tipo dúplex, en un edificio acostado, muchas viviendas, ¿cuánta gente que va por recreación al Parque de Mayo sabía que a media cuadra había una bomba?”, se preguntó.

El abogado dijo que para probar a qué se dedicaba -dedica- Camin Cargo Control hubo que escuchar a muchos especialistas. “Cuando viajan productos inflamables en buque se toma una muestra local y se hace un resguardo, se contrata a estas empresas para que cuando el buque llega a destino, si hay un tema de contaminación, tengan un respaldo de muestra. Por eso la actividad principal es guardar muestras, uno espera que lo hagan en un lugar seguro y no en un departamentito que alquilaron como casa habitación”.

“La peligrosidad estuvo dada porque se almacenaron productos incompatibles entre sí. Había muchos tipos de gasolina que salen del puerto, naftas, gasolinas especiales que son altamente explosivas. Incluso como también hacían muestreo de fertilizantes había urea granulada, nitrato de amonio. Pareciera que no son peligrosos por sí solos pero los especialistas en explosivos nos explicaron que si mezclas fuel oil con nitrato de amonio se denomina ANFO, un explosivo casero con el que se voló la AMIA. Para que uno tenga dimensión de la peligrosidad. Podría haber muerto mucha más gente acá”, advirtió.

1969323_850202271677011_6882888788721100430_nFernández agregó que “esta gente para ahorrar costos no tenía, como explicaron los técnicos, los productos peligrosos separados y en un lugar habilitado. Obviamente vino la jefa de Habilitaciones y dijo que esto no podía estar por el lugar directamente, es residencial, tendría que haber estado en el puerto o el parque industrial, un lugar preparado para tener este tipo de producto, no en el medio de la ciudad”.

“Más de una empresa debería poner las barbas en remojo y por lo menos si contratan a una empresa para tomar una muestra requerir dónde la llevan. En el sistema penal se imputan personas determinadas pero posiblemente esto desemboque en alguna investigación, espero, es difícil entender la actividad porque los únicos que saben son los que la realizan”.

“Esto es un contrato entre una empresa internacional que viene de afuera a buscar un producto -a la cual ni siquiera conocemos- y contrata un buque y el que vende el producto acá. Esas dos personas contratan a un tercero para queguarde la muestra. Esto debería reverse y las autoridades deberían mirar un poco más. Esa es la lucha de la familia, nadie les va a devolver el hijo, incluso en un momento se trató de desvirtuar esto como que había sido una mala manipulación de una garrafa de este muchacho. Le echaron la culpa al muerto que es lo más fácil”, dijo.

En ese sentido comentó que ” los médicos explicaron que estaba quemado el 95 por ciento del cuerpo y que si manipulas una garrafa lo lógico es que te quemes adelante, no que tengas una quemadura tipo V en la espalda, es imposible. El ambiente donde ponían estos productos generaba vapores, algoque detonó eso levantó una temperatura terrible e hizo lo que técnicamente se llama deflagración, una explosión”.

La sentencia se conocerá el lunes a las 12 en el Juzgado Correccional Nº3 de Estomba 34. Más información en Exigimos Justicia para Juan Cruz Manfredini.

Otras entrevistas:


Foto familiar: Facebook Gino Manfredini.

A principios de mes se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 721/2016 del presidente Mauricio Macri a través del cual derogó la disposición tomada en 1984 por el gobierno de Raúl Alfonsín para restar autonomía a los militares y dejar en manos de las autoridades elegidas democráticamente las decisiones vinculadas con la órbita castrense. La medida provocó el rechazo de organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas.

La especialista en temas de Defensa Nacional, Estrategia y Geopolítica y secretaria del Centro de Militares por la Democracia, Elsa Bruzzone, dijo a FM De la Calle que el decreto “ratifica lo que ya se venía haciendo, manejo de cuarteles, traslados, tareas administrativas y de funcionamiento interno” y no representa “ninguna autonomía”, aunque lo calificó como “un globo de ensayo para ver si pueden acostumbrarnos a que las fuerzas armadas puedan intervenir en los asuntos internos del país”.

Bruzzone explicó que la Ley de Defensa 16.970 de la dictadura de Onganía no distinguía las funciones de las FFAA en torno a la defensa nacional y la seguridad interior, lo que “permitió la utilización de las mismas en las tareas de represión interior con los resultados por todos conocidos”.

Al asumir Raúl Alfonsín, mientras se redactaba una nueva Ley de Defensa, aprobó el decreto recientemente derogado y “controló” a las fuerzas”. “Cuando la ley es sancionada en 1985, y más después con la reglamentación de la ley bajo el gobierno kirchnerista, este decreto ya prácticamente queda sin efecto porque tiene que ver con tareas administrativas, con el con el manejo hacia adentro de las FFAA”.

“Como bien lo explica el Decreto 721, el poder civil sigue teniendo el control y el manejo en los ascensos, a partir de coronel y los grados superiores se sigue requiriendo el acuerdo del Senado, en los puestos más altos el Poder Ejecutivo con el Ministerio de Defensa designan, los planes de estudios siguen estando en manos del Ministerio, las hipótesis de conflicto las fija el gobierno nacional”.

Bruzzone dijo que “el peligro es que se pudiera avanzar más adelante en una modificación de la Ley de Defensa Nacional donde con una simple letra que dijera ante una agresión externa o interna permitiera que la FFAA intervinieran en tareas de represión interior o en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Hay presiones desde hace cuatro o cinco años del Departamento de Defensa norteamericano a través del Comando Sur”.

“Estas intervenciones han tenido resultados nefastos en México, en Colombia o inclusive en Honduras. Acá está prohibido pero se han reanudado las presiones y las hay también de integrantes de la política, de los grupos económicos, de nuestra justicia, que pretenden que esta línea divisoria caiga”, afirmó y agregó que las contradicciones de la ley, por ejemplo, abarcan el envío de tropas a supuestas misiones de paz de Naciones Unidas que en realidad son ocupaciones de países “donde los integrantes de las misiones realizan tareas de seguridad interior, la mayor parte de las veces con resultados catastróficos para las poblaciones locales porque se producen violaciones a los derechos humanos”.

Bases militares

12.Elsa-Bruzzone“EEUU tiene en su mente la instalación de bases militares ya sean descubiertas o encubiertas, disfrazadas bajo el concepto de ayuda humanitaria ante desastres naturales, epidemias, pandemias, bases científicas para realizar estudios, o bases de control de la no proliferación de armas nucleares y de destrucción masivas. (…) Ellos tienen que tener libre acceso y control de recursos naturales que ya no poseen para seguir siendo la potencia dominante en el mundo”, manifestó.

Tras mencionar las bases yankees o de la OTAN en Colombia, Haití, Guantánamo, Puerto Rico, Perú, Chile, Paraguay y Malvinas, Bruzzone destacó que pretenden instalar una de carácter científico en Ushuaia “con acceso libre a la Antártida” que, junto a la de Malvinas, habilitaría el control del Atlántico Sur y su conexión con el Pacífico a través del Estrecho de Magallanes y el Canal de Beagle con proyección hacia el océano Índico.

“Además permite una presencia en zona donde toda la plataforma continental nuestra alrededor de las islas tiene yacimientos de hidrocarburos y minerales estratégicos e industria pesquera y tanto Ushuaia como Malvinas son la puerta de entrada a la Antártida que no solamente es la mayor reserva de agua dulce congelada del mundo sino que también -en el sector donde se superponen los reclamos de soberanía de Argentina, Chile y Gran Bretaña- se encuentran los mayores yacimientos de hidrocarburos del continente antártico”. Hasta 2041 rige la prohibición de toda explotación de los bienes comunes aunque EEUU intentará impedir su prórroga por otros cincuenta años.

En San Ignacio, Misiones, también podrían construir una base. “En lugar de utilizar a Hamas o a Hezbollá en la zona de la Triple Frontera, que es uno de los puntos más importantes de carga y recarga del Acuífero Guaraní, (…) reflotan el fantasma de la presencia del Daesh o ISIS, como lo llaman en occidente, o del Frente al Nusra que está vinculado a Al Qaeda para reflotar las presiones que en su momento se hicieron sobre De la Rúa y Duhalde”. “Dependerá de nosotros impedir que se consume”, dijo.

El discurso de Gay

gayLa integrante del CEMIDA se refirió además al discurso del intendente Héctor Gay del 25 de mayo en el cual habló de la existencia de enemigos internos y externos y “grupos perfectamente organizados que no tienen patria ni bandera, pero que sí quieren subvertir valores y adueñarse fundamentalmente de nuestros ideales y de nuestra juventud”.

“Este discurso me remite a la Doctrina de la Seguridad Nacional (…), me remite a tiempos que hemos vivido y a los cuales no quiero volver. No quiero volver a la década de 1930, a 1955, de ahí en adelante tampoco quiero volver a un 24 de marzo del 76 que es a lo que él me está remitiendo. El que no tiene patria ni nación es él porque la patria y la nación no son pasiones inútiles y un verdadero patriota y alguien que ama profundamente a su patria y a su pueblo no ve en el otro, en el pueblo, al enemigo”, dijo.

Bruzzone reconoció que “tenemos enemigos de adentro” aunque apuntó a “los grupos económicos de poder, las corporaciones trasnacionales, los organismos financieros internacionales, estamos llenos de cipayos al servicio de intéreses foráneos”. “Tenemos enemigos de afuera, sí señor, todo imperio, todo aquel que ejerce colonialismo, eso es enemigo, enemigo es el capitalismo que destruye vida humana, vida vegetal, vida animal, que destruye a la naturaleza y al planeta”.

Sobre la aclaración del intendente, quien comentó que se refería al narcotráfico, la especialista afirmó: “Usted va a escuchar que utilicen el narcotráfico o el terrorismo, que los agiten como bandera, pero en realidad los destinatarios de eso son el pueblo, las organizaciones sociales, políticas, culturales, todos aquellos que luchan por la justicia social, por la independencia económica, por la soberanía política y la paz, el capitalismo”.

“Soy Mónica Cid, la mamá de Micaela Ortega. A Mica la mataron por su condición de ser mujer. A Mica la mataron porque no se pudo defender. Hoy no es la marcha de Mica, es la marcha de todas. Y vamos a pedir que se haga justicia por todas esas mujeres que son víctimas. Víctimas de la mano de un hombre o de la mano de un ser aberrante. Me conmueve mucho ver a muchos hombres acá porque esta lucha tiene que ser de todos”.

La mujer abrió la histórica jornada del segundo #NiUnaMenos bahiense, parada en una tarima frente a la Municipalidad, con frente alta y puño apretado. Mica sonreía en su remera que anunciaba “otro ángel” en el cielo y el recuerdo eterno. Atrás, acompañaban familiares de Ivonne Gallardo, de Leticia Cayuli, de Kathy.

“Como saben, el caso de Katherine Moscoso todavía sigue impune, hace un año y once días que venimos luchando, mi familia y compañeros de Justicia por Kathy seguimos reclamando justicia y verdad. Seguimos viviendo con asesinos en Monte Hermoso, seguimos con impunidad. Siguen mujeres asesinadas. Las matan por ser mujer. Queremos justicia por Micaela. Por ella. Pero a diferencia de Mica, que sabemos quién es su asesino y tiene que pagar por lo que hizo, por Katherine todavía no. Hay mucha mugre bajo la alfombra de Monte Hermoso”, dijo la prima Wanda Banegas.

wanda monica efemedelacalleCuatro mil. Cinco mil. Siete mil. Diez mil. Más que el año pasado. Menos. Las que sean que entren en más de cuatro cuadras hasta las manos. Así fue el reclamo por “ni una muerta más” y contra la violencia machista en Bahía Blanca con la consigna “El Estado es responsable”.

Daniela Epuñan, leyó un comunicado de las Mujeres Originarias por el Buen Vivir: “Mari mari pu peñi, mari mari pu lamgen. Con la Conquista del Desierto las mujeres originarias pasamos una situación de esclavitud que a lo largo de la historia de este país se fue sosteniendo y perpetuando. Esa conquista significó la esclavitud física, sexual y doméstica de las mujeres. Estas violaciones sistemáticas fueron impulsadas por el sistema colonizador y mantenida por el Estado argentino. En la actualidad los pueblos originarios vivimos un genocidio por omisión ya que se intenta invisibilizar la realidad que vivimos hoy en las ciudades y zonas rurales”.

“Utilizamos el término feminicidio porque entendemos que es una planificación intrínsecamente vinculada con las corporaciones, los asesinatos no han terminado”, dijo. Y habló de sus cuerpos-territorio enfermados y asesinados por las corporaciones el extractivismo. De Diana Itatí Piñeiro, guaraní de 17, en Puerto Esperanza, Misiones. De Juana Gómez, qom de 15, que no volvió de un festival: “Fue abusada sexualmente y brutalmente asesinada, dos días después la encontraron semidesnuda colgada de un árbol. Fueron dos hombres que creyeron como tantos otros que pueden dominar por su género”.

ni una menos efemedelacalle 2Las organizaciones que realizaron la convocatoria local destacaron el aumento de los femicidios desde el primer #NiUnaMenos. “Muchos de ellos continúan impunes, como es el caso del crimen de Katherine Moscoso. Hace pocos días, se cumplió un año de su asesinato y la principal línea de investigación en este caso toca a allegados al ex intendente K de Monte Hermoso, Marcos Fernández. En Pehuén Co, desapareció Andrea Esnaola, quien prácticamente dejó de ser buscada. Luciana Moretti fue descuartizada e incinerada, sin embargo la justicia decidió darle a Cuchán, su femicida, la libertad”.

“Se cumple una semana desde que se encontró el cuerpo de Micaela Ortega. Los gobiernos municipal y provincial fracasaron estrepitosamente en encontrarla y demostraron permanentemente que intervinieron sobre la base de responsabilizar a la propia Mica y su entorno familiar, reproduciendo e instalando prejuicios aberrantes, incluso en declaraciones a través de los medios, lo cual explica las enormes irregularidades de todo el proceso de investigación”, opinaron.

furh aborto efemedelacalleEn el documento consensuado plantearon que “en todos estos hechos, confluyen todo tipo de violencias hacia las mujeres y las niñas: institucional, simbólica, mediática. Las trabas y las desviaciones del foco de atención hacia la culpabilización de las víctimas y su entorno son moneda corriente, y las legitiman los propios funcionarios públicos, los medios de comunicación, y la sociedad en general. Son muestra más que suficiente de este sistema patriarcal que se pone de manifiesto y continúa instalado como reproductor de un régimen social que está putrefacto”.

Explicaron que el Estado es responsable porque “cuando hablamos de femicidios, no se trata de un conflicto privado entre dos personas, ni tampoco de un crimen pasional, está basado en una desigualdad sistemática en la que el Estado tiene responsabilidades, no sólo para penalizar al femicida, sino fundamentalmente para evitar los femicidios”. Y es poco lo que se hace para cambiar esta realidad: por ejemplo, los fondos del Consejo Nacional de las Mujeres, responsable de implementar la ley de protección integral contra la violencia de género, representa “tan sólo el 0,0055 por ciento del total del presupuesto nacional, lo que equivale a 4,50 pesos por mujer para prevenir la violencia machista”. En la ciudad “el presupuesto otorgado a política de género es nulo”.

moretti efemedelacalleEl texto fue firmado por: Suteba, CEHUM, Colectiva Feminista, CTA, Kumelen Newen Mapu, Comunismo Revolucionario PMLM, Acciones Feministas, Socorristas en Red, Desbandadas, ATE, Mujeres Originarias por el Buen Vivir, Plenario de Trabajadoras-PO, Partido Solidario, Cardumen, Puño y Letra UNS, Artistas por la no Violencia, Watu Corriente Comunista, Colectivo Pueblo en Lucha, FM De la Calle, Pan y Rosas- PTS- Tesis XI, Subcomisión de Mujeres del Sindicato Químico y Petroquímico, Asociación Judicial Bonaerense, G83 en solidaridad + igualdad, Biocentro, CEIA avanza.

Las demandas: basta de violencia hacia las mujeres y de vaciamiento de políticas de protección a la mujer; por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito; basta de impunidad, que aparezcan con vida ya Andrea Esnaola, María Cash, Marita Verón y todas las mujeres víctimas de las redes de trata; por el respeto de la cosmovisión y filosofía de vida de los pueblos originarios; por los derechos de las mujeres trabajadoras. Basta de femicidios. “Ni una menos! Ni una muerta más… Nos queremos vivas!”.

El documento completo y galería de imágenes de FM De la Calle AQUÍ.

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(Por Mauro Llaneza) La escritora Alicia Partnoy presentará tres de sus libros esta tarde, durante la celebración del cumpleaños de La Masmédula. Será a las 18 en Rondeau 29. Venganza de la manzana y los flamantes Las ramas hacia el mundo y Escuchá son los títulos que compartirá la autora del emblemático La Escuelita, en el cual reúne relatos testimoniales sobre su cautiverio en el centro clandestino de detención bahiense.

“Rompe totalmente con el exilio”, dijo en los estudios de FM De la Calle sobre Escuchá, cuentos y versitos para los más chiquitos, escrito junto a su hija Ruth e ilustrado por su madre Raquel. Lo editó la cooperativa pampeana 7 Sellos con el impulso de la periodista Yanina Lofvall, fallecida días atrás en un choque de autos.

Los libros y la lectura de algunas de sus líneas coparon la charla aunque bastaron unos segundos para poner en caja al intendente PRO y su lucha contra los enemigos que quieren “subvertir valores y adueñarse de nuestros ideales y de nuestra juventud”. “Creíble pero tremendo, ¿seguirá a sueldo de La Nueva Provincia?”, se preguntó.

El primer puente que le tendió Yanina fue a partir de La Escuelita. Buscaba información sobre su primo Andrés, primero desaparecido en el campo de concentración que da nombre al libro y luego asesinado por los terroristas de Estado. Mientras hablaban del pibe del apellido difícil de retener cuando te lo susurran en cautiverio, Alicia le comentó que tenía los relatos que escribió a su nena en el penal de Devoto.

“Yanina además es una heroína, haber denunciado su cautiverio con una secta católica, ella fue víctima, es sobreviviente. Viene desde esa perspectiva y se acerca mientras hace su investigación para la tesis de maestría que estaba haciendo en la Universidad de La Plata el año pasado. Se trataba de recuperar la memoria porque en su familia no se hablaba de Andrés. Se trataba de recuperar la memoria de Andrés y de Nancy Cereijo, su compañera, de ella sí tenemos toda una familia movilizada, hablando durante décadas”.

Juntas materializaron Escuchá, cuentos y versitos para los más chiquitos, publicado por la editorial cooperativa 7 Sellos de La Pampa. “Yanina era un sol de energía y esto que podría haber sido una fiesta, que estaba programado por ella como una fiesta, se convirtió en un luto tremendo pero también en un homenaje a su labor”.

El último 24 de marzo la obra de Alicia llegó a varias escuelas de Santa Rosa. “A pesar de lo que algunos académicos me habían señalado de que esto no parece un texto testimonial, los chicos recuperan el valor testimonial a través del contexto. Se conmueven mucho, me han escrito, tenés que ver las cartas (…) cosas maravillosas. Y después fila para que les firme autógrafos”.

La cooperativa, como homenaje a Yanina, regaló un libro a cada pibe, a cada piba. “Me decían sí, los dibujitos suyos son horribles pero son tiernos. Como dijo una de las maestras: ‘No te idealizan, te ven como esa mamá y lloran, se conmueven porque se colocan en el lugar de la nena'”, dijo Alicia.

La nena es Ruth, la poeta que le dio tres nietos. El año pasado vino a Bahía Blanca y leyó lo que escribió para abrir Escuchá. “Todos lloramos porque es la perspectiva de la nena que extraña a su mamá desaparecida. Los demás son los poemitas y cosas que mandábamos en las cartas”. En Devoto se veían cada 45 días a través de un vidrio. Se hablaban por un tubo. Escuchá “es el eco de un poema” para “desafiar esa comunicación”.

Su visita a La Pampa fue declarada de interés legislativo. “Fue un evento muy reparador este reconocimiento por parte del Estado de nuestra labor y lo recibí en nombre de las madres presas en Villa Devoto, en las cárceles de la dictadura, que peleábamos por tratar de romper el aislamiento y resistirlo y comunicarnos con nuestros chicos a través de este tipo de textos muy censurados, no siempre salían, a veces volvían, dibujitos que no se podían sacar porque alegaban que eran planos para escaparse de la cárcel, cosas así”.

“Cuando salí de la cárcel no me pude llevar un cuaderno, no estaba permitido. Pero de pronto estaba en el exilio y alguien me trae un libro de México publicado por un Comité de Derechos Humanos, me parece que era la APDH de aquí que publicó poemas escritos en las cárceles, y ahí estaba mi Julita la mariposa, alguien lo había sacado, no tenía mi nombre pero ese era el objetivo en aquel momento, que sirviera para comunicarnos”, recordó.

La memoria familiar

El aniversario de La Masmédula tendrá a Alicia presentando Escuchá y también Venganza de la manzana y Las ramas hacia el mundo. La venganza es su primer poemario, editado en 1992 en versión bilingüe y recuperado en 2010 por Diego Rosake de Hemisferio Derecho. El más reciente “es una aventura muy loca” que reúne textos de la familia Partnoy. Del padre contador que cuenta cuentos, de la madre que escribió Ciudad de Rojos Horizontes, una tapa “muy zarpada” de su primo Mauricio, textos del otro primo Gustavo y de sus tíos.

“Denuncias, cosas regionales, de Bahía, de la historia de la ciudad, hay un relato y algo que escribí de chiquita, dibujos de mi hermano que se suicidó apenas terminada la dictadura, dibujos de mi nieta que tiene seis años. Es un librito muy querido y creo que todos encontrarán algo aquí que les va a gustar”, detalló.

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Foto: Editorial 7 Sellos.

(Sandra Crucianelli – Solo Open Data) La lista de bahienses con empresas creadas en paraísos fiscales, como las Islas Vírgenes Británicas, no se agotó. Tres nuevos casos surgieron en los últimos días, tras el relevamiento de la base de datos conocida como “Panamá Papers”, que administra el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, a partir de una filtración de archivos que recibió el diario alemán Süddeutsche Zeitung, a principios de 2015. Se trata de millones de correos electrónicos, hojas de cálculo, imágenes y documentos en distintos formatos que manejó el estudio jurídico de Mossack Fonseca, entre 1977 y el año pasado.

Los datos revelan de qué manera las familias más poderosas económicamente han eludido impuestos o evadido, en el peor de los casos, a través de compañías ficticias. El primer caso de esta tercera entrega, es el de Juan Ignacio Elías, hijo del vicepresidente de la Unión Industrial de Bahía Blanca, Gustavo Fabián Elías. En los documentos, el citado aparece como uno de los apoderados de la empresa Orkin Managment Corporation,  creada en Panamá en Julio de 2008 con un capital de 10.000 dólares, aunque en la base de datos que se hizo pública las acciones figuran al portador.

Sin embargo, otros documentos, como este, muestran que la empresa les confirió un poder por tres años a Juan Ignacio Elías y a Carlos Daniel Duval. En esa escritura, constan los DNI de ambos, quienes fijaron residencia en un edificio de la calle Plaza Independencia, en Montevideo, Uruguay.  Finalizado el mandato, en junio de 2011, el poder les fue revocado (ver aquí y en este enlace). Además de formar varias sociedades en nuestro país, Juan Ignacio Elías aparece como director de la empresa LimaVictor SA, en la que comparte directorio con Cristiano Santiago Argentino Rattazzi, el actual presidente de FIAT Argentina. Se trata de una compañía que administra vuelos privados.

El segundo caso es el de Oscar Saúl Jaratz, quien junto a su esposa, Laura Ester Schulzinger y el hijo de ambos, Andrés Jaratz, crearon en Lovix Trading Ltd, en septiembre de 2003, bajo la jurisdicción de las Islas Vírgenes Británicas. Oscar Saúl Jaratz, es el hijo de Enrique Jaratz, quien fue durante muchos años dueño del ex Banco del Sud. La empresa funcionó hasta mayo de 2015 en que se le dió de baja. Pero los mismos actores, crearon en Panamá, en marzo de 2015, una empresa de nombre similar, Lovix Trading Inc., la que se encuentra activa. Los documentos muestran que aunque las reuniones de los accionistas se realizaron en Punta del Este, (ver aquí), la dirección postal se fijó en Suiza (ver aquí).

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Finalmente, el tercer caso fue un hallazgo a partir de una pista que proporcionada por un colega de FM De la Calle, quien nos solicitó verificar el nombre de Héctor Furlong, que apareció en la base de datos que contiene información liberada.

En este caso, se trata de Héctor Esteban Furlong, nacido en 1968-. Es uno de los hijos del primer matrimonio deHéctor Diego Furlong (fallecido en 2014, ex presidente del Colegio de Abogados local y quien fuera el esposo de la actual senadora provincial por Cambiemos, Nidia Moirano)

Para el caso que nos ocupa, Furlong fijó residencia en calle Cerrito de Montevideo, Uruguay, para crear -en las Islas Vírgenes Británicas- la empresa Archibald International Ltd. Fue en agosto de 2011, junto a su socio Tomás Ortuño. La empresa, oficialmente dedicada a la importación y exportación de alimentos, se encuentra en estado activo.

Furlong es socio con Ortuño de otras sociedades creadas en nuestro país, como Fobtrading SRL, dedicada a la importación y exportación de productos alimenticios.

2 Furlong

Una nueva avanzada de la oposición venezolana y la derecha internacional padece el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro. Días atrás, el presidente decretó el “estado de excepción”, llamó al pueblo a participar de entrenamientos militares y a tomar las fábricas que estén paralizadas y poner presos a los empresarios que cesen la producción para “sabotear el país”. El mandatario advirtió que “llegó la hora” y que él está “listo” para tomar las empresas que hayan sido paralizadas por sus dueños, entregársela a los trabajadores y “radicalizar la revolución”.

El periodista y militante Modesto Emilio Guerrero, durante la emisión del martes pasado del programa En Eso Estamos de FM De la Calle, contextualizó las nuevas medidas y la actualidad política y social en su país. El biógrafo de Hugo Chávez escribió recientemente “Venezuela. Revolución o Derrota. Por qué retroceden los gobiernos progresistas“.

-¿Qué significa el pedido de intervención de Venezuela por parte de una fuerza internacional realizado por Álvaro Uribe y la respuesta de Nicolás Maduro?

Se da en un contexto de una presión de nuevo tipo, más bien oportuna, de parte de Estados Unidos y algunas otras fuerzas internacionales. Estados como España, algún país de Europa como Francia, pero sobre todo Estados Unidos y España están presionando fuerte para ver cómo logran completar la tercera pieza en el continente que sería Venezuela. Argentina, Brasil, Venezuela. Justamente los tres países fuertes del arco progresista, todos los demás eran débiles, pequeños.

Ese es el objetivo en términos internacionales y Uribe les viene perfecto porque no depende de nadie, es un loco suelto, es un tipo que tiene incluso problemas serios con el gobierno de Juan Manuel Santos, su ex aliado en el combate a las guerrillas y en el asesinato múltiple de centenares de miles de personas de ese país. Les viene bien porque es un ex presidente, salió con mucha alta imagen popular del gobierno, 70 u 80 por ciento, una cosa demencial para lo asesino que es pero la historia lamentablemente tiene esas cosas.

Además Uribe trabaja con una organización internacional llamada Internacionalismo para la Democracia, es una fundación que él organizó donde cobija a los miles de paramilitares desactivados que no pueden trabajar dentro de Colombia y los pone a trabajar como asesores militares para policías, por ejemplo en Paraguay o en la gobernación de la Ciudad de Buenos Aires para el entrenamiento de la policía política de la Policía Metropolitana. En Centroamérica también, tienen veinte años matando en Colombia, entonces son los que tienen más experiencia en el arte de la guerra y de asesinar. Además Uribe tiene ya paramilitares instalados en Venezuela, en San Cristóbal, ciudad fronteriza y otras dos o tres ciudades, nunca se supo bien cuántos pero son centenares. Hace dos días atraparon in fraganti a tres jefes paramilitares en San Cristóbal, se presume que tienen sus grupos, están activos.

El segundo aspecto de la respuesta de Maduro es que Venezuela vive una situación interna muy complicada en términos políticos porque la derecha interna está presionando fuerte. Uno, para que el gobierno capitule y negocie un acuerdo político con ellos. Dos, para hacer una andanada de violencia en caso de que eso no prospere, unas guarimbas nuevas, insurrección violenta. Ya lo anunció el propio Capriles: si no es por las buenas es por las malas. Eso significa tiros.

Y el gobierno que es víctima de sí mismo. Ese es el tercer aspecto, está metido en una traba interna con un colapso del sistema de consumo y depende de una red de negocios con la importación, sectores del gobierno que se han enriquecido y se han vuelto burócratas millonarios y están atados a la red de negocios de importación. Y Maduro, que no es parte de eso, lo que hace es salir por izquierda convocando a la acción -el domingo hubo muchas movilizaciones chavistas- y ahora a la militarización. Esperemos en qué concluye eso para saber qué dinámica toma.

apaprensa Modesto-guerrero-A la par la oposición, que durante las últimas elecciones tuvo una avanzada muy fuerte y la intención clara de ir a por el referéndum revocatorio. ¿Qué chances les quedan por esa vía?

Eso está complicadísimo porque la oposición recogió tres o cuatro o cinco veces más firmas de las requeridas por el Estado para promover un referéndum para el 2016. Aunque haya sido el doble y no cinco veces como dice la oposición, ya tiene una ventaja ganada y constituye de hecho una suerte de plebiscito por anticipado. Es una señal de que la oposición está casi segura de ganar.

¿Qué le queda al gobierno? Atrapado y casi sin salida, en una situación donde ya no es un problema de la oposición sino del voto popular, ¿qué vas a hacer? No puedes decir que el voto popular es gorila, como dicen acá, o escuálido, como decimos allá. Tiene que jugar de otra manera, entonces está haciendo cosas que me parecen incorrectas como maniobras jurídicas y procedimentales, imponerle trámites a la oposición para validarle las firmas que presentó. Eso es incorrecto, no porque sea malo o bueno moralmente, es incorrecto porque te sale mal, porque cuando tienes ese fenómeno social ya instaurado esto de las firmas es solo expresión electoral, más tarde o más temprano esa misma gente que quiere un desplazamiento del gobierno porque ni una cosa ni otra, ni radicaliza completo ni se entrega completo, esa misma gente va a votar contra ti. ¿Vas a prohibir las elecciones a gobernadores también a finales de noviembre? ¿Vas a postergarlas? (…).

El gobierno está atrapado entre haber llegado por el voto y no querer seguir por el voto. Yo no quiero que se vaya, para eso soy de la opinión de que tiene que radicalizar completamente y transformar lo que es un gobierno atrapado en un gobierno en proceso revolucionario. O sea, expropiar al pequeño grupo de gran empresas que quedan, son pequeños en la economía pero grandes en el comercio importador, y eliminarse el problema de la importación, que el Estado asuma todo eso.

Ahora, si no haces eso no te queda más que someterte a la prueba del voto. Si no, ¿qué? Entonces, el gobierno intenta llevar hasta el 22 o 23 de enero el retardo del referéndum porque al pasar de enero ya no corresponde para este año, corresponde otro procedimiento, el vicepresidente asume la presidencia. Ya no hay elecciones.

Esa trampa le puede salir caro por dos cosas. Uno, puede generar mucha violencia de la oposición militante, con apoyo activo o no de sectores de la población que antes eran chavistas. El gobierno cree que la gente es tonta, que no va a entender que le hicieron maniobras a la oposición. La otra opción es que cuando haga las elecciones de gobernadores y las parlamentarias que vienen en año y medio la reacción sea tan arrasadora que el chavismo quede colgado en el aire. No tiene salida, o radicalizas o te tienes que ir por el voto y rearmarte.

-Planta parada, planta entregada al pueblo va en esa línea.

Va en la línea de reaccionar por la vía de radicalización del proceso igual que el armamento o la práctica militar. Yo estuve en la de enero-febrero del año pasado, hicimos las prácticas con asesoría rusa. Eso está bien, pero era contra Obama. Era mucho más claro. Aquella vez el gobierno de Obama decreto a Venezuela un Estado enemigo, luego de eso se sabe que viene si no una invasión una intervención por vía de Naciones Unidas o la OEA. La propia oposición se dividió en opinión, por lo menos, en a favor y en contra porque era la Nación, la sociedad, la amenazada.

Yo lo apoyo, está bien llamar al armamento y a la práctica militar y está bien que diga que va a ocupar las fábricas que paralice o vacíe el grupo Polar, que es como hablar acá de Techint pero para alimentos nada más. Bueno, pero hágalo. Porque si renuncias y no lo haces estás colaborando con el Grupo Polar y toda la oposición en que sigan vaciando. Es como una huelga, no la puedes anunciar, la preparas, cuando la anuncias es porque la tienes ya lista.

Además, pones en una situación difícil a los movimientos sociales que se van a entusiasmar y en algún momento pueden tomar por la suya esa consigna. Si la toman por la suya y no es parte de la opinión de todo el gobierno, ¿vas a reprimir a los obreros porque tomaron las fábricas si el presidente lo dijo?

Lo que ocurre acá es que Maduro está atrapado entre tres fuerzas. Una es el sector militar que está muy corrompido y es dueño de la economía nacional. Diosdado Cabello y otros. Dos, el pueblo chavista que aun reducido en una parte de su capacidad activa es muy grande, muy fuerte, y todavía mantiene esa capacidad de acción ofensiva. Y tres, el sector acuerdista dentro y fuera del chavismo que está presionando para un acuerdo que evite la violencia. O evita la violencia revolucionaria del poder popular o evita la violencia contrarrevolucionaria de parte de un golpe de cualquier combinación. Lo veo atrapado más que convencido o decidido de ir hasta el final. Pero lo veo colocado en el correcto camino de convocar a la gente y proponer medidas radicales.

1462372121436-Pensando en el libro “Venezuela, revolución o derrota. Por qué retroceden los gobiernos progresistas”, ¿qué elementos comunes encontrás en el resto de los países de Latinoamérica que han tenido ese retroceso?

Básicamente el mismo dilema expresado en cada país mediante formulaciones y prácticas distintas porque cada caso es particular, se formó con una génesis y un desarrollo propio.

Las causas que condujeron al desastre del PT en Brasil, que llevó a la derrota político parlamentaria de Dilma Rousseff en el Senado, las causas de fondo son la misma. Es haber iniciado un proceso progresista y haberlo dejado. Primero haber pactado con el equivocado que es Michel Temer, Acunha y el del PMBD, el partido de la gran burguesía brasileña. Si tú vas a hacer un gobierno con tu enemigo, aguanta después al enemigo que tienes adentro. Es más difícil sacarlo que combatirlo afuera. Segundo, las políticas aplicadas por el PT fueron claramente neoliberales y los resultados de los primeros cambios progresistas -como darle dentadura nueva a cuarenta millones de brasileño, elevar el nivel de consumo, casi de clase media, a 25 millones de trabajadores- es muy bueno, pero si no lo continúas se acaba, porque es consumo, sube y baja. Eso es lo que se acabó desde hace cuatro años cuando el país entró en crisis.

Lo mismo le pasó a Venezuela. La diferencia es que en Brasil los movimientos fueron desactivados y ahora están activados por sí mismos. En Venezuela no necesitas que convoquen a los movimientos, son activos. Pero en los dos lados, como en Argentina, al iniciar un proceso de cambios en algunos aspectos que tienen un carácter progresista y no continuarlos, no consolidarlos o integrarlos a otros dentro y fuera del país y desarrollarlos hasta el final enfrentando a los poderes que lamentablemente tienes que enfrentar, entonces esos poderes se rearman, se repotencian y terminan sacándote el poder por el voto, por la trampa, por negocios, comprándote gente o a los tiros como en Honduras y en Paraguay. En Paraguay fue el Senado el que echa a Lugo con el voto de Lugo pero antes hubo una masacre. No se comprende el golpe blando sin el golpe duro en el caso paraguayo.

Al dejarlo a mitad de camino se te devuelve. Todo lo que no avanza, retrocede.

Juli tiene 26 años y hace 23 padece epilepsia refractaria, secuela de la meningoencefalitis herpética que sufrió en su niñez. Recibió diversos tratamientos, combinaciones de antiepilépticos, hizo dieta cetogénica. A veces mejoraba pero “las caídas no se resolvieron”. Su familia descartó la alternativa terapéutica quirúrgica que podrían hacerle en Estados Unidos por las pocas chances de que resulte positiva. “Si podemos mejorarle en un porcentaje importante su epilepsia, la calidad de vida va a ser otra para ella y para el resto de la familia”, pensó su mamá Ana María.

A la mujer le llamó la atención el caso de Charlotte Figi que mostraba el documental en CNN. El Síndrome de Dravet le provocaba 300 ataques epilépticos por la semana. La nena consumió marihuana alta en cannabidiol y disminuyeron en un 99%. La cepa no psicoactiva de Colorado hoy lleva su nombre y es solicitada por familias de todo el mundo.

“Hace alrededor de veinte años el doctor Rafael Mechoulam descubrió que tenemos un sistema endocannabinoide con un sistema de cerradura llave, de receptores, y de una marihuana endógena que nosotros fabricamos. A partir de ahí comencé a andar un camino de búsqueda, no teníamos ya nada más para ofrecerle a Juli y esta era una posibilidad”, contó Ana María Nicora a FM De la Calle.

El primer impacto fue contra el desconocimiento académico, científico, jurídico y social en el país. “Cuando como mamá y como médica vi que el desconocimiento es total y los pacientes están solos, decidimos construir un canal de información que en su momento fue CAMEDA, pero vimos que no alcanzaba para encontrarnos con el paciente sino que tenía que ser para todos”.

Cannabis Medicinal Argentina es un grupo de pacientes, cannabicultores, madres, padres, profesionales de la salud, la biología y la química, quienes se unieron para conseguir la regulación del uso del cannabis para fines medicinales, terapéuticos y científicos. El 7 de mayo, junto a sus hijas e hijos, encabezaron la Marcha Mundial de la Marihuana en Buenos Aires. La Revista THC informó que este año fueron 170 mil personas en 19 ciudades las que salieron a gritar “¡No más presos por cultivar! – Regulación del cannabis ya”. Exigieron el cese urgente de la criminalización de quienes usan y cultivan cannabis y la urgente regulación del cannabis medicinal y el inicio de investigaciones para desarrollar su potencial terapéutico e industrial.

Las pibas y los pibes que marcharon tienen, como Juli, epilepsia refractaria. No responden a la medicación, tiene convulsiones diarias y diversas crisis que cortan su autonomía, se caen, se lastiman, se fracturan, se queman al intentar tomar mate. “La atención es de 24 horas”, dijo Ana María.

Recordó que “en 23 años hemos hecho de todo pero lo que uno sí termina dándose cuenta es que mientras siga desconectada todo el tiempo es como un prende y apaga, la epilepsia es muy difícil. Aparte porque con tanta medicación los chicos están muy abúlicos, sin ganas de nada, están tirados todo el tiempo y un poquito eso es lo que yo veía en mi hija, que era la nada ¿no?”.

El tratamiento con aceite de cannabis redujo a la mitad los anticonvulsivantes y las crisis bajaron. “Si bien tiene por ahí algunas mioclonías, algunas sacudidas en el día, la verdad que las recaídas se reducen notablemente, a veces una o dos por semana, venimos caminando en un ensayo desde hace más o menos un año y medio porque recién ahora los neurólogos empiezan a acompañar. Lo más llamativo es la conexión que ella ha tenido con los objetos, con el otro, está despierta todo el día, está inquieta, la verdad es que a veces parece que durante 23 años hemos sido en esta casa el espejo de ella y ahora ella nos está imitando en cómo se maneja y la autonomía que tiene, el orden, absolutamente todo, se despertó a la vida. Nada más ni nada menos que eso”.

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados analiza varios proyectos. El bloque del FIT convocó a una audiencia pública este lunes. Participaron Nilda Garré el FPV y legisladores del Frente Renovador de La Plata. La diputada Soledad Sosa presentó un proyecto de ley que, entre otras cosas, propone que “el Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de importación de semillas, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización, distribución, uso y consumo de cannabis para fines medicinales y/o de investigación científica”.

“El dolor no puede esperar, CAMEDA somos todos los argentinos porque se conecta gente de toda la Argentina y estamos trabajando para todos. Esperamos construirlo rápido porque los chicos se mueren y los pacientes, más allá que no sea epilepsia, sufren dolor. Pacientes con cáncer, dolor neuropático, oncológico, no oncológico, Parkinson, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, hay múltiples patologías con las cuales está la posibilidad de tratamiento”, comentó Ana María Nicora a FM De la Calle.

Mañana se conmemora el Día Internacional de la Lucha Contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia en memoria del 17 de mayo de 1990, cuando la Organización Mundial de la Salud desclasificó la homosexualidad como trastorno mental. En Bahía Blanca una marcha partirá de Plaza Rivadavia a las 18:30. “Porque queremos igualdad, basta de discriminación. Somos libres de amar, vive y deja vivir, ama y deja amar”, es la consigna.

Cecilia Serafini es una de las organizadoras del encuentro en el cual se reclamará la incorporación de la discriminación por orientación sexual o identidad de género al texto de la Ley Antidiscriminatoria Nº 23.592.

“Están expresados específicamente algunos actos discriminatorios hacia algunos tipos de personas, por religión, por nacionalidad, por ideología, pero esa misma ley -que es bastante útil obviamente- dice aplicación para discriminación por sexo primero, no dice en ninguna parte discriminación por orientación sexual o diversidad de géneros lo cual en un país que tiene leyes de matrimonio igualitario y de identidad de género bastante avanzadas a nivel mundial es una deuda pendiente importante”, dijo a FM De la Calle.

Otro punto destacado este año es la alta tasa de travesticidios como el que recientemente tuvo como víctima a la militante Diana Sacayán. “La edad promedio de las personas trans es de alrededor de 35 años, es bajísimo, en Latinoamérica y el Caribe el promedio no sube mucho más, es más o menos 40 años y el 80 por ciento de las muertes violentas a personas trans se dan en América Latina y el Caribe. La realidad es que las personas trans son las que más sufren esta problemática de violencia y de fobia, de no tolerancia”.

“Bueno, eso es otra cosa, la tolerancia no es algo que estamos buscando sino la aceptación y ya. Somos personas  igual que todas y en este país todavía los crímenes de odio a las personas homosexuales, trans y de cualquier tipo de orientación sexual o de género que no se aplique a las normas regulares, sigue siendo moneda corriente”, dijo Serafini.

Finalmente, consideró “totalmente repudiables” las declaraciones del intendente Héctor Gay, quien días atrás habló de un “orden natural de las cosas” en una entrevista radial. “Da a entender que no hay una aceptación al colectivo LGBT de ninguna manera de este gobierno local”.

En el mundo hay alrededor de ochenta países que todavía criminalizan la homosexualidad y en diez llegar a condenarla con pena de muerte. En 2013 la Asociación Americana de Psiquiatría modificó el “Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales” eliminando el término “trastorno de la identidad de género” y recién en marzo de 2016, la Organización Mundial de Psiquiatría publicó un comunicado oficial repudiando las “terapias de conversión” y reconociendo que, tanto ni orientación sexual ni la identidad de género deberían ser tratadas como enfermedades.

El estuario de la Bahía Blanca fue nominado como “sitio de importancia regional” de la Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras (RHRAP). La Red es una estrategia de conservación internacional que tiene como misión preservar especies de aves playeras y sus hábitats mediante una red de sitios claves en todo el continente americano. En la actualidad cuenta con unos 90 sitios en 14 países y más de 13 millones de hectáreas de hábitats vitales para estas aves protegidos.

“Las aves playeras uno de los rasgos más importantes que tienen es que realizan una de las migraciones más largas del reino animal. Estamos hablando de aves de unos 120 gramos que pueden volar ocho mil a diez mil kilómetros sin detenerse y que, año tras año, a lo largo de sus migraciones utilizan el estuario y toda la alta productividad que hay alojada en los cangrejales, en el barro, una serie de organismos que viven ahí para alimentarse, engordar y seguir viajando”, dijo el biólogo Pablo Petracci a FM De la Calle.

El reconocimiento abarca a seis sectores: la Reserva Costera Municipal de Bahía Blanca, el Área Protegida Humedal Puerto Cuatreros, las reservas naturales provinciales Bahía Blanca, Falsa y Verde e Islote de la Gaviota Cangrejera, los humedales de Villa del Mar y Área Natural Arroyo Pareja-Isla Cantarelli, cubriendo una superficie de más de 260.000 hectáreas en los partidos de Bahía Blanca, Coronel Rosales y Villarino.

Petracci explicó que si bien la nominación no prohíbe la alteración del estuario, sí aporta argumentos para su defensa. “Ninguna de las declaraciones internacionales que tenemos -incluso Ramsar o la Convención de Bonn- podría llegar a frenar un proyecto, no obstante sirven para generar un cerco legal. Ahora quedamos al nivel de Península de Valdés, de la Bahía Samborombón, del Parque Nacional Laguna de los Pozuelos, de toda la costa atlántica de Tierra del Fuego. Nadie podría llegar a pensar en tocar Península de Valdés para hacer un polo industrial”.

Este reconocimiento fue el resultado del apoyo y trabajo mancomunado entre la Universidad Nacional del Sur, los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, la Subsecretaría de Actividades Portuarias-Delegación Puerto Rosales, el Club de Pesca y Náutica de Gral. Daniel Cerri y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, y contó con el aval de numerosas Ongs locales y de la región.

 “Ahora nos queda una nueva etapa que es salir a contarle a la comunidad de Bahía Blanca, Coronel Rosales y Villarino de qué se trata esto”, finalizó Petracci.

Foto: Facebook Ría Bahía Blanca

El abogado Guillermo Néstor Montezanti, hijo del ex espía del terrorismo de Estado y ex camarista federal Néstor Luis Montezanti, y el empresario Gustavo Elías, titular de Chenyhi SA y copropietario de la radio La Brújula 24, aparecen vinculados en la compañía offshore Tranway Finance Ltd. con domicilio en la capital uruguaya, según la nueva apertura de los Panamá Papers.

Así lo adelantó a FM De la Calle Sandra Crucianelli, incorporada recientemente al equipo de periodistas argentinos con acceso a la enorme filtración de datos que el periódico alemán Süddeutsche Zeitun compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

“Hay una empresa situada en las Islas Vírgenes Británicas que se llama Tranway Finance Ltd, y es Guillermo Néstor Montezanti quien fija domicilio en la misma oficina que Gustavo Fabián Elías, que es el vicepresidente de la Unión Industrial, y triangulan la formación de esta compañía a través de un estudio llamado Estudio Víctor Paullier, que sería el facilitador, así como acá el currier o el facilitador para los Torello fue Diego Polini, en este caso ellos recurrieron a un facilitador uruguayo para crear Tranway Finance Ltd”, dijo en diálogo con el programa En Eso Estamos.

Tras la segunda apertura parcial de la documentación sobre paraísos fiscales, Crucianelli identificó además a los bahienses Michel Medus y su esposa Fabiana Limanski, María Eugenia Torello y Juan Martín Luque, Diego Polini, entre otros.

“Es gente con muchos millones de dólares armando compañías en paraísos fiscales. Podemos hablar de una maniobra de elusión impositiva, a nadie le gusta pagar impuestos, pero también podemos pensar en maniobras de lavado o de evasión fiscal, que son delitos. Acá la AFIP tendría que ver si esas empresas están declaradas”, explicó.

Según publicó Crucianelli, las Islas Vírgenes Británicas, ubicadas al este de Puerto Rico, en el Mar Caribe, suman un total de 40 islas, de las cuales sólo 11 están habitadas. La más grande es Tórtola, sede de todas las empresas de los citados bahienses. Entre los beneficios que obtienen allí, se cuentan: no pagar ningún tipo de impuestos; privacidad, la información no queda registrada en ningún repositorio web; costos competitivos; y la posibilidad de dedicarse a cualquier tipo de negocio.

Más información:

Panamá Papers: Los Vínculos entre Elías, Montezanti y el Transporte

 

La Corte Suprema resolvió que la justicia de San Juan es competente para investigar el derrame de cianuro en el río Potrerillos que se produjo desde la mina Veladero, operada por la empresa Barrick Gold en el Departamento de Iglesia. A raíz de este episodio, se originaron dos procesos penales, uno en la justicia provincial y otro en  la federal de la ciudad de Buenos Aires.

“Hace mucho tiempo que tanto los directivos de Barrick como las autoridades de San Juan estaban tratando de quitarle la causa al juez federal Casanello porque venía a investigarlos de manera impecable, avanzando sobre la verdad de las cosas, con medidas judiciales muy importantes”, dijo a FM De la Calle el abogado ambientalista Enrique Viale.

En San Juan se investiga a los directivos de la empresa y a funcionarios provinciales del Ministerio de Minería y del Ministerio de Salud y Ambiente, mientras que en la justicia federal de la Capital Federal se investiga el comportamiento de Sergio Lorusso y Jorge Mayoral ex secretarios de Ambiente y Minería de la Nación, así como el de funcionarios provinciales y directivos de la empresa.

El abogado explicó que las responsabilidades provinciales alcanzan al ex gobernador y flamante presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja: “No es casual que todo ocurra en las misma semana, son poderes muy grandes, me resulta extraño que los análisis políticos sobre la nueva conducción del PJ no pongan el acento y la lupa sobre esta relación que tiene el ex gobernador Gioja con la Barrick, una relación espuria de muchos años”.

La Corte Suprema decidió que la justicia provincial debe determinar la responsabilidad de los directivos de la empresa  Barrick Gold y de los funcionarios del gobierno provincial por la posible violación a la Ley de Residuos Peligrosos, y que el juez federal debe investigar la conducta de los ex secretarios de Minería y de Ambiente nacionales. Además, enfatizó la importancia de resguardar la jurisdicción de los jueces provinciales dado que la Constitución Nacional garantiza como principio fundacional del federalismo el reconocimiento de su autonomía.

En el marco de la causa que investiga el derrame, la Asociación de Abogados Ambientalista impulsa una medida cautelar para cerrar la mina mientras continúa el trámite judicial y por existir riesgo de nuevos derrames y de violación de la Ley de Glaciares. “Justamente quedaban pocos días para que el juez Casanello resuelva ese pedido” en base a un informe de un comité de expertos. “Fue muy oportuna para los intereses de Barrick la decisión de quitarle la causa a Casanello y ahora va a un juez más complaciente, un juez de San Juan y quedará en la impunidad una vez más un caso como este”.

“La Corte lamentablemente en los últimos fallos en materia socioambiental ha jugado de esta manera, una vez más jugando a favor de los poderosos. Vamos a seguir con mucha fuerza y también el pueblo de Jáchal, impulsando la causa ante el juez Casanello porque creemos que a pesar de haberle recortado la competencia hay muchas cosas por hacer”, afirmó Viale y mencionó entre ellas, insistir en el cumplimiento de la Ley de Glaciares “que prohíbe expresamente la actividad minera en el ambiente glaciar y periglaciar y Veladero está ahí”.

(Por Francisco J Cantamutto) El gobierno emitió la deuda por 16.500 millones de dólares y pagó a los buitres con juicios ganados. ¿Se viene una nueva ronda de endeudamiento?

Los buitres se anotaron la gran conquista que buscaban. El gobierno les presentó el pre-acuerdo en la corte de Thomas Griesa y los fondos aceptaron. Para ello, Cambiemos llevó a la negociación el apoyo político alineado entre la mayor parte de las fuerzas políticas representadas en el Congreso, constituyendo una auténtica política de Estado: la garantía de continuidad del arreglo más allá de cualquier vaivén gubernamental. Se dificultó así, como lo hizo el canje de 2005 y el pago al FMI de 2006, la posibilidad de una auditoría integral de la deuda, cuyos orígenes ilegales e ilegítimos están ya probados.

Con este apoyo del establishment político, que aprobó la emisión de deuda por hasta 16.500 millones de dólares, el gobierno presentó la oferta a los fondos buitres que litigaron en Nueva York, entre los cuales se encontraba el más conocido de todos, NML Capital, de Paul Singer. La recepción fue excelente, pues se les propuso el pago completo de capital, intereses atrasados y punitorios, costas de juicios, comisiones y  otros rubros no especificados. Con la anuencia de los litigantes, el juez Griesa otorgó el permiso para el pago y levantó las medidas cautelares que dificultaban a Argentina emitir nueva deuda en Estados Unidos.

Con el mismo apuro que ha mostrado el gobierno para resolver todas las necesidades del capital concentrado, el 22 de abril se lanzaron al mercado los nuevos bonos autorizados por el Congreso. Un total de 16.500 millones de dólares, a una tasa de interés anual promedio de 7,14%, con maduración a 3, 5, 10 y 30 años. La operación marcó el evidente apoyo del capital financiero al rumbo elegido: el gobierno recibió una demanda cercana a los 67.000 millones, 4 veces más que lo ofertado. Es decir, Cambiemos fue capaz de colocar la nueva deuda emitida para pagar a los buitres, y constató la ansiedad del empresariado por participar en una nueva ronda de endeudamiento masivo. Debe señalarse que esta emisión fue la más grande de un país periférico en los últimos 20 años.

Los bancos colocadores de los bonos cobraron una comisión de casi 30 millones de dólares. Se trató del JP Morgan, Deutsche, Citibank, HSBC, Santander, BBVA y UBS. Los cuatro primeros habían participado de la estafa de diciembre, cuando se hicieron de títulos en manos del Banco Central cobrando un interés de 7,8%. Los dos primeros son las entidades donde trabajaron el ministro Prat Gay y el secretario Caputo.

Los 9.300 millones ya fueron depositados para pagar a los fondos buitres. El 26% de la transferencia fue a manos de Paul Singer, quien no demoró en calificar de “campeón de las reformas” a Macri en la conocida revista Time. Parece que pagar escribas para obtener adulación es una práctica válida para este gobierno también. El gobierno anunció que finalizó así el conflicto de “15 años”. Sin embargo, aún queda cerca de un 1% de bonos en manos de holdouts sin arreglar, y ya comenzaron los reclamos de los buitres que habían participado de arreglos previos (el fondo Greylock, que canjeó en 2010, presentó un reclamo por trato desigual). Incluso la prensa amiga del gobierno detectó que el riesgo de nuevos litigios no es nulo, al menos mientras se continúe operando bajo la ley estadounidense.

El remanente de la emisión de deuda, de poco más de 7.000 millones de dólares, fue a apuntalar las reservas del Banco Central, que de esta forma superaron su nivel de 2015. La constante salida de dólares del Central no ha mermado: el primer trimestre del año cerró con déficit comercial –fruto de la avalancha de importaciones-, los grandes operados agroexportadores siguen sin liquidar operaciones y la presión ahorrista se sostiene. El Banco que preside Sturzenegger está librando una batalla cotidiana por contener el tipo de cambio, vendido dólares en el mercado cambiario y “tentando” a los inversores con ofertas “atractivas”. Se trata de la emisión de LEBAC en pesos, que están pagando hasta 38% anual en plazos que van desde los 35 días, permitiendo un negocio formidable a la banca, empresas con liquidez e incluso algunos ahorristas minoristas (que alcanzaron el 5% del mercado). El retorno de la bicicleta financiera a través de LEBAC y NOBAC ha llevado el pasivo del Central a 507.000 millones de dólares, una cifra comparable con el PBI nacional.

Ante el interés del capital financiero, el gobierno ya anunció –a través del secretario Caputo- que realizará nuevas colocaciones de deuda. El déficit fiscal proyectado para el 2016 es de 24.283 millones de dólares, que se suman a vencimientos de deuda por 12.463 millones más. Para compensarlos, se prevé tomar deuda con organismos internacionales de crédito, con el Banco Central, con la ANSES y colocar en el mercado interno.

Este último punto es clave: el gobierno de Cambiemos prevé sostener la oferta de opciones financieras muy rentables dentro del mercado interno, buscando captar excedentes disponibles en el país. Las políticas aplicadas desde diciembre han favorecido al conjunto del empresariado más concentrado, que se encuentra con recursos invertibles, pero que no está dispuesto a colocar si no es en negocios de muy elevada rentabilidad. Esto desmorona -dentro del propio discurso del gobierno- la idea de que a la economía argentina le faltan recursos para invertir y sea necesario buscar capitales en el exterior. La búsqueda de capitales en el exterior que inició Macri en Davos es una opción de política y no una “necesidad”, como el gobierno pretende difundir.

El arreglo con los buitres en Nueva York no significa “la vuelta de Argentina al mundo” (¿a dónde se habría ido si no estaba en allí?), sino el inicio de una nueva ronda de endeudamiento externo. Esta ruta es la que, con reparos pero en el mismo sentido, inició el gobierno previo en 2014, cuando decidió pactar en el CIADI y arreglar con el Club de París. La cúpula empresarial se encuentra con bajos niveles de deuda y está tentada por ingresar en esta nueva fase de expansión financiera. La toma masiva de deuda, además, podría permitir financiar el consumo de los sectores sociales que sobrevivan el ajuste, fungiendo como mecanismo legitimador. Para las clases populares, ningún beneficio se puede prever de este rumbo. Más bien al contrario, como se vio la semana pasada con las protestas de la comunidad universitaria, el uso de recursos para los pagos de deuda parece estar desplazando otros gastos fiscales… como la educación. Lamentablemente, lógica de este ajuste ya la conocemos, y no termina bien.

(Por Julia Giménez) El domingo 17 de abril, Brasil entero asistió en la Cámara de Diputados a las votaciones del pedido de impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff. Entre los discursos de los legisladores que dieron la victoria a la continuidad del proceso contra la presidenta, el del diputado Jair Bolsonaro, del Partido Progresista de Rio de Janeiro (PP-RJ), recibió el repudio internacional, al dedicar su voto al coronel Carlos Alberto Bilhante Ustra, responsable de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura en Brasil.

Para analizar este hecho, Brasil de Fato se comunicó con la abogada Nadine Borges, miembro de la Comisión de la Verdad y coordinadora de Relaciones Exteriores de la Universidad Federal de Rio de Janeiro. Con una larga trayectoria en la lucha por los derechos humanos, Nadine afirmó que “todos pudimos asistir a lo que hablamos todo los días los defensores de derechos humanos […] Ahora puedo hablar con gente y decir: ‘¿te acuerdas lo que pasó el domingo? Así es el Congreso, así son los que deciden sobre nuestra vida’. Y eso si la gente acepta y la gente pasa a mirar esto con una nueva mirada. Porque lo que la prensa hace es impedir, imposibilitar que la gente sepa lo que pasa. Pero el domingo todos pudimos mirar lo que está pasando y creo que eso puede ayudarnos a quienes defendemos los derechos humanos en Brasil”.

Durante la entrevista, Nadine criticó la falta de avances en las políticas de memoria, verdad y justicia en Brasil y reivindicó la necesidad de avanzar en una nueva regulación del sistema de comunicación en el país.

Brasil de Fato – ¿Cómo es posible que estos discursos pro dictadura y que reivindican el accionar de represores y torturadores siga vigente en la Cámara de Diputados de Brasil?

Nadine Borges – Aunque sea diputado y tiene el derecho de decir de lo que quiere, porque vivimos en una democracia, lo que habló es criminoso. Pero sólo habló eso porque en Brasil no abrimos los archivos de las Fuerzas Armadas y tampoco hicimos una revisión de la Ley de Amnistía, una nueva interpretación de ella. Después de la Comisión de la Verdad, seguimos sin saber lo que pasó en la dictadura en Brasil. Y si la gente no puede saber, tipos como ese no se pueden meter en la cárcel, no se puede hacer justicia, asi como no se pudo hacer con [Carlos Alberto Brilhante] Ustra, como no se pudo hacer con todos los otros torturadores, no sólo de Dilma, sino también con una generación que fue molestada, torturada, desaparecida. Y bueno, seguimos sin revisión de la amnistía, seguimos sin saber lo que pasó. Y como seguimos así, no se pude decir que vivimos en una democracia plena.

En las calles se ven carteles que llaman a la dictadura, como si la solución de la crisis está en una intervención militar y en un quiebre violento de la institucionalidad democrática. ¿Hay una relación entre los procesos de memoria, verdad y justicia, y estos discursos que nos permitan repensar las democracias?

Por suerte, no son tantos carteles. Lo que pasa es que los medios, la gran prensa – que el gobierno no hizo nada para cambiar el sistema de comunicaciones del Brasil -, hace que esos pocos parezcan muchos. Por suerte son pocos, te juro que tengo mas familiares que carteles en la calle que dicen que vuelva la dictadura. Pero es un peligro, porque hay una nueva generación de jóvenes que siguen sin saber lo que pasó porque seguimos con la amnistía y los torturadores siguen caminando por la calle. Entonces, es posible que en poco tiempo tengamos más carteles.

Todavía no hay tantos, por suerte no tenemos. Porque la gente que está en el gobierno, son personas que fueron torturadas, detenidas como la presidenta Dilma, pero los que vienen, los que hicieron el domingo en el Congreso Nacional, ellos si pueden estar con eso carteles, y eso es lo dramático y lo más peligroso para toda Sudamérica. Porque tenemos una ola conservadora que empezó en Colombia, en la municipalidad de Bogotá, después siguió con la elección de Macri para la presidencia de Argentina, y ahora tenemos en Brasil un escenario muy malo, porque lo que Dilma intentó hacer con una nueva política económica y relaciones internacionales, el capitalismo nunca va a aceptarlo. No importa que es lo que hace cualquier gobierno que sea mínimamente de izquierda, no va a tener éxito mientras la religión y las empresas sigan involucradas en el Congreso. No tenemos un Congreso, tenemos una empresa. Eso es lo que tenemos en Brasil.

¿Existe algún tipo de medida que se pueda realizar contra el diputado Bolsonaro por estos discursos que son un aval a las dictaduras, a las prácticas de tortura?

Él tiene fueros privilegiados, que es un asco. Pero claro que se pueden hacer denuncias en el Supremo Tribunal Federal de Brasil, que es otro problema, porque quien está en el Tribunal son personas que fueron ubicadas en un espacio de poder muy grande y como llegaron allá es una cuestión que tampoco nadie entiende, porque tienen posiciones que son contrarias a la democracia, que no son justas, que no son legales, que no poseen el sentido de justicia social. Entonces, hacer eso es una opción, otra son denuncias internacionales, son los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos como la ONU [Organización de Naciones Unidas], como la OEA [Organización de los Estados Americanos].

Pero pasa que Brasil sigue sin acatar la sentencia de la Corte Interamericana que condenó al país por los crímenes contra la Guerrilla de Araguaia [en Pará]. Entonces no es que no crea en el sistema interamericano, yo creo porque trabajo con eso y sé que es importante que en el mundo sepa lo que pasa en Brasil. Pero si el país no hace lo mínimo para garantizar una sentencia de condena sobre lo que pasó en la dictadura, como vamos a creer que va a pasar algo con Bolsonaro si su caso llega a la Corte. Quizá cambie la manera de Brasil de respetar los tratados internacionales de derechos humanos, y quizás un día tengamos una responsabilidad efectiva, pero aun no tenemos.

Durante la sesión del domingo (17) El diputado por el Partido Socialismo y Libertad de Río de Janeiro (Psol-RJ) Jean Wyllys – reconocido defensor de derechos humanos y referente en la lucha LGBTT – escupió en la cara de Bolsonaro. ¿Cuál es tu mirada sobre la actitud de Jean Wyllys?

Pienso que cualquier diputado, cualquier persona que tiene una posición pública no debe tener una actitud así. Pero el caso de Jean Wyllys es muy distinto de cualquier otro que uno puede comparar. Porque él sufre todos los días, desde el momento que despierte, hasta que vuelve a su casa. Y el Congreso Nacional es el órgano más sexista, misógino y machista que hay en el país. Entonces, todos los días, todos los días, durante las 24 horas de su vida, sufre las más distintas violaciones de todos aquellos hombres blancos, ricos y creo que fue el momento que el país todo, toda la gente que acredita en los derechos humanos, que lucha por los derechos humanos, tenía ganas de escupir en Bolsonaro.

Lo que hizo como diputado no podía hacer algo así, sabemos que no se pude, pero tampoco Bolsonaro pude decir lo que dijo. Entonces la defensa de Jean Wyllys tiene que ser algo incontestable, porque me parece que las fuerzas conservadoras que hay en el Congreso Nacional es suficiente si para sacar a Jean Wyllys de la Cámara. Pero tener fuera de la Cámara a una de las personas más importantes de Brasil en la defensa de los derechos humanos, por ese grupo conservador que tiene soporte en la gran prensa de Brasil, eso no me parece imposible que suceda.

Tu has sido presidenta de la Comisión de la Verdad del Estado de Rio de Janeiro y asesoras la Comisión de la Verdad Nacional, que durante los años 2014 y 2015 se desarrolló intensamente gracias a abogados, defensores y, principalmente, familiares y víctimas. ¿En que quedó todo eso?

Bueno lo que le quedó es que un montón de gente que no tenía como hablar sobre eso, porque no tenía instrumentos gales ni garantía del Estado, empezaran a hablar. Pero la gente que habló fue la gente que sufrió con la dictadura; y los que cometieron los crímenes hablaron muy poco, siguen sin hablar y seguimos sin saber. Por suerte, hay gente que tuvo condiciones de hablar. Pero hay un montón de gente que son grandes y que no sabemos cuánto tiempo van a estar entre nosotros, y eso es lo más dramático. Porque aunque los archivos no sean más secretos – que eso tenemos también la Ley de Acceso a la Información –, antes del 2035 las cosas que fueron consideradas secretas en el último año de la dictadura [1985], aun no saberemos que son. Y los militares dicen que destruyeron todo, pero sabemos que no destruyeron. Aunque un día tengamos condiciones de abrir todo, ese día no tendremos a ninguna persona vida. Eso es algo que no podemos perdonar.

Por eso tenemos que garantizar la democracia y garantizar que lo que ha pasado con Dilma, lo que ha pasado con tanta gente que ha sido torturada desaparecida, que no vuelva a pasar. Porque esto no pasa sólo una vez. Nunca pasa sólo una vez. Lo que pasó en Alemania con el nazismo, lo que pasó en Italia con Mussolini, lo que pasa todos los días en el contiene africano, lo que pasa todos los días en las favelas de Rio de Janeiro, eso va a seguir pasando mientras que la gente que hace crímenes como Bolsonaro sigan cometiendo crímenes y no pasa nada con ellos. No se trata sólo de justicia penal, se trata de justicia social. Porque personas así no pueden estar donde están. No pueden. Y solo están porque la prensa lo soporta. Y esa es una gran responsabilidad de los gobiernos de Dilma y de Lula, que no han movido un paso para cambiar el papel de los grandes medios en Brasil. Y eso lo estamos pagando muy caro.

(Por Julio Gambina) El Parlamento de la Argentina autorizó al gobierno de Mauricio Macri a tomar deuda pública por 12.500 millones de dólares para el pago a los inversores holdouts, entre los que destacan los fondos buitre. Sin embargo, el Ministro de Economía, Alfonso Prat Gay salió a colocar bonos de la deuda por la suma de 15.000 millones de dólares.

En rigor, los acuerdos negociados a cancelar en las próximas horas podrían alcanzar entre los 8.000 y los 10.500 millones de dólares. Todavía resta para cancelar toda la deuda en cesación de pagos. Aun así, el poder ejecutivo demanda deuda por la totalidad de lo autorizado, resultado de un acuerdo entre parlamentarios del oficialismo y de la oposición, incluidos legisladores del espacio kirchnerista.

Queda claro que ese amplio espectro político se niega a la auditoria de la deuda. Se perdió la ocasión de hacerlo con la bicameral dispuesta por la ley de pago soberano entre 2014 y 2015 y no se asumen las investigaciones judiciales, especialmente la sentencia de junio del 2002, derivada de la causa impulsada por Alejandro Olmos sobre la deuda en tiempos de la dictadura. En esa tendencia se prueba el carácter fraudulento de la deuda.

La diferencia entre lo que se abonará y el máximo autorizado engordará por un tiempo las reservas internacionales, con un oneroso costo financiero, hasta tanto se negocie con el conjunto de acreedores que explican la continuidad del default iniciado en 2001. Claro que también podrá crecer litigios de quienes ingresaron a los canjes del 2005 y 2010 y se ven perjudicados por las nuevas ofertas de pago a especuladores y buitres,

Igual, los 2.500 millones de dólares más allá de la autorización por 12.500 millones de dólares del “partido de la deuda” serán aplicados a financiar el enorme déficit fiscal, problema que comparten las provincias y la Nación.

Vale mencionar sobre el partido de la deuda, un bloque político, que siendo opositores u oficialistas siempre acuerdan privilegiar a los acreedores externos por sobre la deuda social con millones de argentinos. Pueden discutir sobre diferentes aspectos, pero en lo esencial cumplen con su papel funcional a los objetivos de las clases dominantes.

En rigor, el camino del endeudamiento público asumido hipoteca al pueblo argentino y aleja posibilidades de satisfacer necesidades con recursos fiscales, los que se orientarán a satisfacer la cancelación de intereses. Es una situación que se acompañará de renovaciones recurrentes de los vencimientos de capital para reincidir en el cuento de nunca acabar con una deuda vieja que se recompone con nuevo endeudamiento. La deuda pública obliga a pagos futuros, imposibilitando demandas de millones de argentinos, por salud, educación, empleo, salarios, jubilaciones, y otros derechos.

Nuevo negociado por deuda

Casi 27 millones de dólares se pagarán en comisión para 7 bancos transnacionales: J P Morgan, HSBC, Deustche Bank, Santander, Citigroup, BBVA y UBS que colocan los 15.000 millones de dólares desde la próxima semana. Los primeros cuatro actúan en el armado del negociado, definiendo las características de los bonos. Los otros tres se suman como colocadores en el ámbito mundial.

Casi siempre se menciona a los fondos buitre como los grandes beneficiarios del negociado en cuestión, sin embargo, sin la banca sería imposible la circulación de papeles de la deuda de los diferentes países. El Sistema financiero mundial festeja la orientación de los recursos públicos de la Argentina hacia acreedores en default, pero también por una nueva oportunidad de rentabilidad bancaria en tiempos de crisis capitalista.

El FMI, cabeza del sistema financiero mundial, celebra los acontecimientos y se apresta a desembarcar en el país para auditar las cuentas nacionales e intervenir sin mediaciones en la formulación de políticas de Estado.

La tasa de interés que alegra al equipo económico, a los profesionales de la deuda y a la prensa afín es usuraria, entre el 7 y algo más del 8%, cuando otros países de la región se endeudan a tasas entre el 4 y 5%. Festejan la reducción de tasas superiores a dos dígitos, obviando que siendo Argentina un recurrente pagador de deuda, el riesgo país se mantiene elevado.

El paquete de bonos a ofrecer en estos días para pagar vieja deuda nos hipoteca con títulos a 5, 10 y 15 años, lo que supone el compromiso de destinar parte importante del trabajo social local al pago de intereses y la recurrente renovación del capital.

Violencia de la deuda

Se trata de una gigantesca bola de nieve que se acumula en un ciclo de deuda pública iniciado con el terrorismo de Estado hace cuatro décadas y que se proyecta por años.

La deuda tiene que ser investigada, y mientras suspender los pagos. Hay que seguir argumentando a favor de la investigación de la deuda pública y la suspensión de los pagos. Algunos preguntan si eso es posible y nosotros decimos que sí, que se puede y se debe, ya que el pueblo no es deudor, sino acreedor de una deuda varias veces cancelada.

Fue la deuda uno de los mecanismos para favorecer la libre circulación de capitales, que junto al libre comercio, constituyen hoy la esencia del programa de los capitales más concentrados.

En el origen está la violencia de la deuda en tiempos de dictadura cívico militar y la afectación de los derechos humanos, y hoy como ayer continúan violentados los derechos de la mayoría de la población.

(Por Francisco J Cantamutto) El escándalo conocido a nivel mundial como los Papeles de Panamá recién empieza a desplegarse. En Argentina,  el impacto fue inmediato, dado que involucra al propio presidente Macri y todo su entorno familiar. Hasta el momento las explicaciones son escasas y las pruebas directamente nulas, apelando –como ya es costumbre- a la fe y la buena voluntad.

El origen del escándalo

La cantidad de documentos hackeados del estudio Mossack Fonseca es varias veces más grande que los involucrados en el Wikileaks, del que aún surgen novedades. Procesarlo demanda mucho tiempo, y los alcances del escándalo están lejos de conocerse. Esta ha sido la razón aducida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (International Consortium of Investigative Journalists – ICIJ), que procesa los documentos mediante un software de reconocimiento gráfico.

Si bien esto probablemente sea cierto, esta asociación de periodistas creada en 1997 no es exactamente neutral. Según denunció Julian Assange, la misma es financiada por Organized Crime and Corruption Reporting Project y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Níkolás Stolpkin completa la lista con otros destacados aportantes: Rockefeller Brothers Fund, Rockefeller Family Fund, Open Society Foundations, Ford Foundation, Carnegie Corporation of New York. Open Society Foundations responde al especulador global George Soros, mientras que la Ford tiene conocidas relaciones históricas con la CIA. Aunque la fuente del hackeo es anónima, su procesamiento claramente responde a urgencias de geopolítica estadounidenses. Esto explicaría por qué no abundan en la lista del escándalo nombres de esta nacionalidad.

Pero el origen no debe opacar los hallazgos reales, sino más bien explicar el foco de énfasis al inicio: por qué aparecen unos nombres antes que otros. De hecho, dado que Estados Unidos cuenta con sus propias zonas de secrecía -Delaware, Wyoming, Nevada-, de mucha mayor escala que Panamá: los estadounidenses pueden aprovechar sus propios “paraísos”. En el listado se ha visto afectado, por ejemplo, el primer ministro David Cameron, que tras mentir públicamente 3 veces al respecto, debió aceptar haber obtenido rédito de una sociedad creada por su padre. Como participan del consorcio grandes medios de comunicación de la mayor parte del mundo, con agendas sólo en parte homogéneas, lo que dificulta contener la información. De hecho, el diario alemán Süddeutsche Zeitung (aquí traducción) se sorprendió del trato amable que la prensa argentina dio al presidente Macri.

Es que los representantes por Argentina en el ICIJ son periodistas de La Nación y Canal 13. Su objetivo de búsqueda primario era la ex presidenta Cristina Fernández, y “tropezaron” con estos casos alrededor del ahora presidente Macri. Mostrando lo sesgado e interesado de su investigación, el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon reconoció que poseían esta información sensible antes de la segunda vuelta electoral, y decidieron evitar su estado público hasta ahora. Información que sin dudas hubiera incidido en el resultado, pues hubiera puesto en duda la transparencia promocionado por Cambiemos.

El impacto local

Las cuentas offshore son instrumentos financieros utilizados a escala mundial, con el objeto de ocultar información y evitar el pago de impuestos. Apañados por leyes locales que permiten estas prácticas, las empresas y los empresarios más poderosos toman provecho de ellas, incluyendo actividades ilícitas. Las acciones de Cambiemos desde que inició su gobierno no han contribuido a controlar el uso de estas cuentas, sino más bien lo contrario. La quita de controles a los movimientos de capitales (incluyendo la desaparición del mal llamado “cepo”) y los despidos masivos en la Unidad de Investigación Financiera facilitan los usos ilícitos de las cuentas offshore.

Ahora bien, esto no debe sorprender que en el marco de un gobierno cuyas figuras centrales están implicadas en este tipo de prácticas. La investigadora de CONICET y UNSam, Ana Castellani, ubicó a 7 funcionarios del gabinete nacional con cuentas offshore:

– Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Involucrado en Kalushy SA, en Panamá. Avruj señaló que la empresa fue creada por la ONG B’nai B’rith, para la que trabajó. La organización lo negó de manera contundente.

– Carlos Augusto Lo Turco, Subsecretario Legal del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. Involucrado en Marbira SA, en Panamá.

– Jesús María Silveyra Subsecretario de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agroindustria. Involucrado en Trafimex SA Holding Corporation, en Panamá.

– Clarisa Lifsic, Secretaria de Promoción de Inversiones del Ministerio de Comunicaciones. Involucrada en 4 empresas en Chipre desde mediados de los años ´90, de las cuales tres continúan activas a la fecha. Orsett Investments Limited, Emerging Ukranian Limited, Ukranian Dolphin Limited y Prior Investments Limited.

– Hugo Darío Miguel, Subsecretario de Planeamiento en la Secretaría de Tecnología de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Comunicaciones. Involucrado en TESACOM Panamá SA.

– Jorge Braulio Norverto, Subsecretario de Ciberdefensa en el Ministerio de Defensa. Involucrado en La Jotabe, en Florida.

– Maria Paula Schiappapietra, Subsecretaria de Comercialización de la Economía Social de la Secretaria de Coordinación y Monitoreo Institucional del Ministerio de Desarrollo Social. Involucrada en Los Didis, en Florida.

Por supuesto, hay que agregar al listado al presidente Mauricio Macri, con al menos dos sociedades registradas en Panamá que lo ubican como director, Fleg Trading y Kagemusha. La última en operatoria y la primera vigente entre 1998 y 2008, ambas sin declarar por el presidente. De esta segunda, Macri dijo que no tuvo operatoria porque el negocio en Brasil no prosperó. Sin embargo, ha trascendido recientemente que el negocio en cuestión, la expansión del Pago Fácil en el país vecino, ocurrió bajo el mando del consorcio Macri durante el período 2001-2006, para ser luego vendido al socio Western Union. Es decir, el presidente habría mentido en su declaración jurada y en su excusa pública, siguiendo el patrón del inglés Cameron. Como señalamos, todo el entorno familiar de Macri está implicado con cuentas de este tipo en Panamá, lo que favorece la naturalidad con la que Macri reacciona ante las preguntas: forma parte de lo “normal” para el empresario.

El gobierno no ha dado hasta ahora ninguna explicación, y no ha aportado pruebas: todo se reduce a la voluntad de quien quiera creer. Los libros de las cuentas offshore podrían ser aportados por sus titulares si así lo quisieran. Como ya dijimos, no sólo la sospecha por actividades ilegales, sino la evasión y elusión impositiva, además de la falsedad de las declaraciones juradas, son elementos para cuestionar el accionar del gobierno. El discurso de la transparencia queda muy rápidamente desprestigiado.

(Por Julio Gambina) El 3 de abril se difundió el informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por su sigla en Inglés) sobre empresas offshore y fuga de capitales[1]. Allí aluden a información sobre más de 11,5 millones de registros financieros y legales, que expone un sistema de “delincuencia, corrupción y maldad, oculto por las empresas offshore secretas.”

Tal es el escándalo por la difusión de esa información renunció Sigmundur David Gunnlaugsson, presidente de Islandia tras las protestas masivas por revelaciones de que había sido propietario de una empresa offshore con su esposa.[2] La filtración de la información causó también conmoción en Nuestramérica, especialmente en la Argentina ante la presencia del Presidente Mauricio Macri entre los involucrados con empresas offshore en las Bahamas, conocido paraíso fiscal.[3]

Más allá de la filtración y las sospechas que genera la información[4], lo cierto es que evidencia la práctica generalizada de la Fuga de Capitales sostenida desde la facilitación de la circulación mundial del dinero. En un estudio sobre los tratados de libre comercio, presentado en el VII° ESNA[5] realizado en Montevideo entre el 31 de marzo y el 2 de abril, se informa que éstos no son “acuerdos comerciales”, sino “instrumentos de protección de las inversiones extranjeras”[6]. En la presentación se informa sobre los paraísos fiscales, que son resultado del proceso de liberalización que empujan los tratados de libre comercio y los tratados bilaterales de inversión.

Sobre los paraísos fiscales se informa de la difusión de los mismos en todos los continentes, destacando el caso del Estado de Delaware, en EEUU, en donde  aparecen “registradas 6.500 empresas. Dos tercios de las empresas del listado Forbes 500 tienen domiciliada alguna empresa en este domicilio, entre ellas Ford, American Airlines, General Motors, Coca-Cola y Kentucky Fried Chicken.” Informa sobre 830.000 compañías registradas en las islas Vírgenes Británicas, donde la población apenas llega a los 19.000 habitantes. Estiman en 2 billones de dólares “el stock de flujos que salieron hacia paraísos fiscales entre 1970 y 2011”, y se destaca Brasil con 520.000 millones de dólares, un 160% de su deuda externa; México con 417.000 millones de dólares, un 224% de sus pasivos externos; Venezuela con 406.000 millones de dólares, 728% de su deuda externa y Argentina con 399.000 millones de dólares, dos veces su deuda externa.

Convengamos que una empresa offshore es parte de la trama de la fuga de capitales y que la fuga de capitales no puede entenderse sin la complicidad del sistema financiero. No hay paraísos fiscales sin transnacionalización de la especulación y del sistema financiero, que tiene en su cúpula el FMI y al Banco Mundial. Una empresa offshore supone el registro en el exterior de una empresa, pero nadie organiza una empresa offshore en paraíso fiscal si no es para evitar pago de impuestos en el país propio o de la inversión. La filtración, más allá de las consecuencias políticas que supone, habilita a discutir la cuestión de fondo, que debiera reactualizar el fin de los paraísos fiscales, un tema que estuvo en la agenda del G20 desde que se auto consideró “ámbito de discusión de la crisis” a partir de sus inicios en noviembre del 2008.

En rigor, la cuestión de fondo es el capitalismo, ya  que el capitalismo de época es el delito, el contrabando, la trata de personas, el narcotráfico, la venta de armas. Son los asuntos, entre otros, que motivan el lavado de dinero y la fuga de capitales. Se trata de esconder las grandes acumulaciones que generan socialmente una tremenda brecha entre muy pocos ricos y muchos sectores empobrecidos. No debe sorprender la existencia de empresas y cuentas offshore de gobernantes y famosos, ya que se trata de una práctica usual de las clases dominantes en el capitalismo contemporáneo. Es la forma cotidiana de expresión del capitalismo especulativo y normal. Para terminar con el negocio offshore hay que terminar con la especulación y la economía del delito, es decir, con el capitalismo.

Mañana a las 10, el gobierno de Mauricio Macri deberá responder ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los decretos firmados durante el primer mes de su mandato, que significaron un avasallamiento contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, desconociendo los estándares elaborados por el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos. La audiencia se concedió tras un pedido del CELS y un grupo de organizaciones que integran la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD).

El debate será seguido en vivo desde el auditorio del anexo A del Congreso de la Nación en la Ciudad de Buenos Aires y en varios puntos en todo el país. Para la audiencia que se realizará en Washignton, los peticionantes enviarán una comitiva encabezada por Horacio Verbitsky e integrada por representantes de los distintos sectores que integran la CCD: por los organismos de derechos humanos, Damián Loreti (AMARC-CELS); por los medios comunitarios, Néstor Busso (FARCO-ALER); por el sector universitario, Daniel Badenes (UNQ-REDCOM); por los medios pyme, Osvaldo Francés (ARBIA) y por el movimiento cooperativo, Oscar Nocetti (Cooperativa Popular Eléctrica de Santa Rosa, La Pampa-CCD). También acompañarán la rectora Ana Jaramillo (UNLa) y el investigador Martín Becerra (UNQ), especialista en temas de economía de los medios y ex asesor del Directorio del AFSCA por el radicalismo.

“Es una comitiva multisectorial y plural, que expresa que esta no es la lucha de un sector político sino de un amplio sector de la sociedad que entiende a la comunicación como un derecho humano y no como un negocio”, sostuvo Badenes, quien también es vicepresidente de AReCIA. “Llegamos a la CIDH por el avasallamiento de la ley audiovisual, que fue ejemplar, pero mucho de lo que vamos a decir también vale para el sector gráfico: para asegurar la libertad de expresión hay que poner límites a la concentración, a las posiciones dominantes, y tener un estado que fomente los medios populares y no sea garante de las corporaciones”.

Hace un mes, el auditorio del Congreso fue testigo del lanzamiento de los Nuevos 21 Puntos durante el Congreso de la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), con más de 500 representantes de 16 provincias, legisladores y organizaciones políticas, sindicales y de la comunicación.

La audiencia podrá seguirse desde este sitio, el de la coalición -www.coalicion.org.ar- o a través del aire de FM De la Calle 87.9Mhz.

Si vos, tu organización o alguien cercano no firmó aún los Nuevos 21 Puntos, en este vínculo está el formulario:http://goo.gl/forms/tBjo6aChDX ¡Compartilo!

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(Por Francisco J Cantamutto) Se desató esta semana un nuevo escándalo mundial por la filtración de documentos de sociedades offshore en Panamá. Escándalo político y ético que involucra a Macri.

A fines del siglo XIX los isleños de Gran Caimán salvaron a los tripulantes de un navío inglés encallado, y por esa acción, el rey Eduardo III los eximió para siempre del pago de impuestos. Así se resume la historia del primer paraíso fiscal, atando en el mismo relato la expansión de ultramar, el colonialismo y las necesidades del capital. El problema se ha vuelto mucho mayor en este siglo XXI. El escándalo estalló esta semana con la filtración de 11,5 millones de documentos secretos del estudio jurídico Mossack Fonseca (cuarto creador de sociedades offshore a nivel mundial) sobre la actividad empresarial en Panamá, entidad clasificada como paraíso fiscal en casi cualquier índice que se consulte. Entre 140 políticos en el mudo, apareció el nombre del Gerente de la Nación Mauricio Macri.

¿Qué son los paraísos fiscales?

Hay acuerdo en que… no está claro. Algunas organizaciones prefieren hablar de jurisdicciones de secrecía, para enfatizar el rasgo central. Se pueden enumerar 4 características:

  1. Laxa regulación financiera. Se permite realizar múltiples actividades económicas casi sin control alguno. Esto implica no sólo la facilidad para constituir y desmembrar sociedades casi sin requisitos, sino el énfasis en el secreto bancario, razones que facilitan la llegada de dinero cuyos dueños no quieren preguntas.
  2. Baja o nula tributación. Estas jurisdicciones usan la baja fiscalidad para atraer inversiones, lo que implica que una facilidad para evitar pagar impuestos en sus países de origen y en los que actúan.
  3. Carácter de enclave. Muchas veces las facilidades de los puntos anteriores aplican sólo para no residentes, estableciendo un doble estándar difícil de justificar con los residentes. El enclave significa que estas actividades no generan encadenamientos en el resto de la economía, más allá de su ínfimo impacto en el empleo. Se produce así una dualidad en la jurisdicción a todo nivel.
  4. Autarquía de la jurisdicción. No necesariamente se trata de países, muchas zonas de secrecía son provincias o territorios de ultramar (colonias). Sólo requiere la posibilidad de definir reglas de tributación y regulación de la actividad económica. El caso más conocido por los fraudes en Argentina es el del Estado de Delaware, en Estados Unidos.

La proliferación de estas zonas de secrecía tiene directa relación con la mundialización del capital en la etapa abierta a fines de los años ’70. A partir de allí, la desregulación financiera y comercial ha sido la regla, fomentando la competencia entre países para atraer inversiones en condiciones cada vez más ventajosas para los capitalistas y con menos impacto en la economía “huésped”. Esta lógica aplica en general para la inversión extranjera: incluso la CEPAL –de postura favorable a la atracción de esta inversión- ha indicado en sus últimos informes que este pasivo implica salidas sistemáticas para la región que llevan a sobrepasar el monto de los ingresos. Si en nuestro país tenemos discusiones sobre qué efecto positivo puede conllevar el incentivo a las inversiones, por ejemplo, en la megaminería, estas dudas se expresan con más claridad en estas jurisdicciones: elevados beneficios para los inversores y muy poco para los receptores.

Aún con estas  características básicas, las estimaciones son difíciles de realizar. La organización de justicia impositiva (Tax Justice Network) encuentra 72 paraísos, mientras que la OCDE, bajo la presión de las principales potencias, detectó en 2009 la existencia de apenas 42. La mirada de esta organización evita pronunciarse de manera contundente sobre las prácticas de secrecía en países desarrollados. La base de datos del Índice de Secrecía Financiera estimó un ranking que consideró no sólo la falta de regulación sino el peso de cada paraíso, y muestra en primer lugar a Suiza, seguido por Hong Kong y Estados Unidos. Luxemburgo ocupa el sexto lugar, Alemania el octavo, Japón el 12° y Reino Unido el 15°. Es decir, no se trata de pequeños países sin recursos.

Aunque la secrecía impide estimaciones precisas, hay algunos datos contundentes. La OCDE señala que el 84% de los fondos que operan en estas jurisdicciones tiene origen ilegal. Es decir, se trata del lugar de lavado de dinero sucio proveniente del tráfico de armas, narcóticos, personas, órganos, corrupción. Entre los países dependientes, sin embargo, la proporción parece invertirse: según la ONG Global Financial Integrity de los 1,1 billones de dólares salidos de estos países durante 2013, el 83% corresponden a manipulaciones de precio por parte de empresas trasnacionales. Esto significa subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones por operaciones internas a la propia empresa, lo que se conocen como precios de transferencia del comercio intra-firma (el 60% del comercio mundial). Es decir, no sólo delincuentes utilizan estas zonas, sino también “respetables” empresas de renombre. Ese año salieron de Argentina 17.171 millones de dólares, suficiente para cubrir todo el déficit fiscal. El experto Jorge Gaggero ha estimado que los montos de fuga de dólares al exterior han estado asociados al endeudamiento externo, lo que quiere decir: la deuda –como la que quiere tomar el gobierno-va fundamentalmente a financiar estas salidas.

Doble moral, y doble ganancia

El uso de los paraísos, entonces, conlleva una fuerte sospecha de ilegalidad junto a la certeza de elusión de impuestos. Aunque podemos dudar sobre lo primero, sobre lo segundo no hay ambigüedad. El peso del escándalo de los Papeles de Panamá recae entonces por varias vías sobre el actual presidente Mauricio Macri. El mismo aparece sindicado como director de la empresa Fleg Trading Ltd. entre 1998 y 2008, y de una segunda llamada Kagemusha, constituida en 1981 y aún en operatoria. En ambos casos, Macri eludió presentar este dato en sus declaraciones juradas como servidor público: siendo diputado desde 2005, jefe de gobierno porteño entre 2007 y 2015 y actual presidente, se trata de una omisión sospechosa. En primer lugar, porque no queda si participó como accionista –debido a que las acciones están sin nominar-, en cuyo caso correspondía informarlo. En segundo lugar, hay una zona gris legal en la AFIP respecto de si debía declarar su rol como director, pero no hay dudas al respecto si por esa actividad tuvo algún tipo de ingresos: ¿es acaso creíble que sea director por más de 3 décadas de una empresa que no le retribuye un centavo? En ambos casos, Macri habría infringido la ley. Hasta el momento, no ha ofrecido pruebas que respalden sus comentarios en la materia.

Pero aún si no violó la ley, caben objeciones de orden político y ético. Por lado, Cambiemos ha enfatizado la necesidad de reducir el déficit fiscal, recortando subsidios y planes sociales, volcando el ajuste sobre los sectores más vulnerables. En el mismo sentido ha justificado los masivos despidos en el Estado, entre los cuales están los más de 100 de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), dedicada a investigar estas prácticas ilícitas. Y sin embargo, mostrando un doble estándar de moral entre discurso y práctica, Macri decide colocar sus recursos en un paraíso fiscal, evitando pagar impuestos en el país. Es decir, una injusta exención impositiva para quienes fugan recursos de nuestra economía. Por otro lado, resulta también reñido con el objetivo declarado de atraer inversiones la práctica de hacer sus propias inversiones en estos paraísos: ¿qué clase de confianza busca infundir entre sus colegas si él mismo no está dispuesto a invertir su riqueza en su país?

Macri no parece esforzarse en justificarse, como buen empresario. Tanto los despidos en la UIF como la rápida y profunda desregulación del mercado cambiario (que incluyen el levantamiento del “cepo”) van en la línea de habilitar más de estos desmanejos e ilícitos empresariales. No se trata de un efecto lateral, es el proyecto mismo de Cambiemos.