La Asociación de Profesionales de la Salud solicitó al intendente Héctor Gay la readecuación salarial dado que, por la crisis sanitaria, el sector no tendrá paritarias y permanecen con el sueldo congelado desde diciembre.
“Es un ajuste de los salarios de todo el personal de salud que está trabajando ininterrumpidamente. No estamos pidiendo aumento sino un ajuste porque no se han abierto las paritarias por la crisis económica y sanitaria. Pedimos que se considere que nuestros sueldos no queden congelados con el tiempo, no queremos ganar más sino lo que normalmente ganamos”, comentó Marina Papucci.
Respecto del cobro del bono de cinco mil pesos anunciado por Nación, la presidenta de la Asociación de Profesionales Municipales de la Salud mencionó que “algunos cobramos y otro no, hicimos ese reclamo”.
El pago se realizó a quienes se desempeñan en lugares con internación como el Hospital Municipal. “Son cuatro cuotas y cobramos la primera. Los de unidades sanitarias no cobraron el bono y estamos con la gestión con Municipio y Nación”.
Previamente habían enviado otra carta al jefe comunal en la cual expresaban: “Vemos con asombro que no son consideradas las recomendaciones de los expertos en estas contingencias, abonando así las causas de la expansión del virus con las decisiones que se toman a nivel local”.
Papucci señaló que “comenzó a haber más diálogo y toda la información que se publica ahora es más creíble y real que la se venía publicando”.
“Estamos en el pico en la cantidad de casos, el Municipio está con planes de detección en barrios populares, se trabaja desde las unidades sanitarias y centros respiratorios”, comentó
En relación al Operativo DetectAr dijo que “comenzaron a hacer muchos más testeos, era lo que le pedíamos al intendente, y la habilitación de las Unidades de Cuidados Mínimos. Es el día de hoy que se están haciendo testeos en los barrios periféricos, se ve plasmado en los análisis en los hisopados”.
“A veces parecían pocos casos para la cantidad de población y el grado de vulnerabilidad con los barrios. El hecho de acercarse a los vecinos y preguntarles cuando una hace un testeo le da un marco de cómo está esa familia. El plan DetectAr es ir a barrios populares y no solo tiene que ver con testeos sino con la educación de los vecinos”, finalizó.
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El sábado a la madrugada, durante un operativo policial en el barrio Tolosa de La Plata, policías de la provincia de Buenos Aires detuvieron a un joven de 17 años, lo golpearon con culatazos del arma y lo trasladaron a la comisaría 6ª.
En la dependencia policial, lo torturaron durante horas con golpes y picana eléctrica, exigiéndole que confiese el robo y quiénes eran sus cómplices.
Además de torturarlo, el interrogatorio fue sin la presencia de un abogado defensor y sin la presencia de su madre, violándose garantías constitucionales esenciales. También lo amenazaron de muerte si denunciaba. El cuerpo médico tampoco constató las lesiones sufridas.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó la denuncia penal luego de entrevistarse con el joven en el centro cerrado Almafuerte. También denunció los hechos a la Auditoría General de Asuntos Internos y reclama el cese de estas graves violaciones de derechos humanos ejecutadas por la policía bonaerense.
En la dependencia policial, lo alojaron en un calabozo sin ningún mobiliario, lo obligaron a permanecer de pie durante más de 9 horas al mismo tiempo que tres policías, de manera sistemática, le aplicaron descargas eléctricas con una picana para sacarle información. Mientras esto ocurría, los mismos policías filmaban las sesiones de tortura, imágenes que ellos mismos difundieron por las redes sociales.
El interrogatorio ilegal buscaba que el joven no sólo declarara contra sí mismo sino que incrimine también a más personas. A pesar de tener menos de 18 años y de estar imputado de un delito, durante todas esas horas, las declaraciones se realizaron sin presencia de un abogado o un defensor oficial y sin la compañía del padre, madre o tutor del adolescente.
Se violaron garantías constitucionales esenciales, incluyendo la Convención de derechos del Niño.
Recién en la tarde del sábado, los policías lo llevan a reconocimiento médico; durante el traslado en el patrullero, siguieron aplicándole descargas con la picana. Ninguna de las lesiones que tenía fue registrada.
Casi diez horas después de su detención, interviene por primera vez un funcionario judicial, sin embargo no se generaron las condiciones para que pueda contar lo sucedido. Los mismos policías lo esperaban para trasladarlo.
Finalmente, el joven fue alojado en el centro cerrado Almafuerte; momento de ingresar, por temor a represalias, el joven no dio cuenta de las lesiones que tenía producto de los golpes y torturas en la comisaría, y el personal médico hizo una revisión superficial y registró sólo algunas de las múltiples y visibles lesiones que tenía el joven en el cuerpo.
Tras la detención del joven, intervino la UFI 3 de La Plata que, a pesar de la ilegalidad del operativo, convalidó desde el primer momento todo lo actuado por la policía.
Ante este nuevo hecho, la CPM reclama el cese de estas graves violaciones de derechos humanos ejecutadas por la policía de la Provincia, agravadas en este periodo de cuarentena dónde se incrementaron los índices de letalidad policial y denunciaron gran cantidad de casos de gatillo fácil, uso letal de los patrulleros y torturas y malos tratos. A esto debe sumarse la investigación sobre la presunta desaparición forzada de Facundo Astudillo a manos de la policía bonaerense.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2020/07/comisaria-sexta-Tolosa.jpg?fit=800%2C396&ssl=1396800FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2020-07-29 07:38:102020-07-29 07:38:12Policías torturaron con picana eléctrica y golpes a un joven de 17 años
El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad revisar el concurso mediante el cual Erica Gutiérrez ratificó su cargo como jefa de Parques Municipales en 2016. En aquel entonces fue desoído por el oficialismo el fuerte cuestionamiento de la familia de Daiana Herlein y de integrantes de la Comisión de Arbolado.
“El concurso fue cerrado, a medida. La ley es clara, dice que tenía que ser ingeniera forestal o agrónoma con incumbencia forestal. Ella tenía el título solo de ingeniera agrónoma y no tenía las incumbencias para concursar”, dijo a FM De la Calle la ex concejala Mercedes Insausti. Recordó la “soledad” en la cual se opusieron, la falta de apoyo del Municipio y lamentó “el tiempo perdido”.
En su última sesión, el deliberativo requirió al Municipio que “dentro de la mayor brevedad posible y tomando todos los recaudos jurídicos y administrativos que sean necesarios, en salvaguarda de los intereses de todos los bahienses, evalúe la posibilidad de revisar y, llegado el caso, reformular y volver a efectuar el concurso”.
Insausti sostuvo que “lo que se objetaba en ese momento era el no ajuste a la ley provincial en la nominación de la jefatura en el concurso cerrado que se hizo y el jurado que no respondía a las exigencias de la ley provincial”.
-¿Era un concurso a medida?
Sí, totalmente. Si uno lee los considerandos faltaba poner el nombre y el apellido. La ley es muy clara, el jurado tiene que ser de expertos en temas forestales y, si vemos quiénes avalan esta jefatura, una era la directora de Espacios Públicos que era ingeniera electricista, el secretario de Infraestructura que era ingeniero electricista, la subdirectora de RRHH y el Sindicato de Municipales. Ningún experto forestal.
Entre los considerandos del proyecto firmado por “todos los bloques” destacan que con la creación de la Secretaría de Movilidad Urbana y Espacios Públicos “se ha incorporado personal idóneo y se han efectuado reacomodamientos de recursos humanos en procura de dotar al área de nuevas ideas, capacidad de gestión técnica y compromiso con una cuestión de profunda gravitación pública”.
A los “atendibles argumentos” planteados por la Comisión de Arbolado al conocerse el llamado a concurso en 2016, se sumó el aporte reciente por parte de Lorena Zerneri a la Secretaría de Movilidad de “nueva documentación ampliatoria que podría respaldar estos argumentos” y también se recibió en el HCD “un amplio documento” en respuesta a un pedido de informes.
De allí, dijeron oficialismo y oposición, “surge la posibilidad de que, en efecto, aquel concurso pueda no haber estado ajustado a derecho, más allá de que por el tiempo transcurrido, deba analizarse si jurídica y administrativamente, dicho cargo no está consolidado”.
Insausti destacó que “el diálogo con la directora siempre es bastante duro dentro de la Comisión de Arbolado por su forma de ser. La soberbia es una limitante a la hora de plantear políticas de Estado. Si atrás de la soberbia hay más soberbia, que es el propio Ejecutivo quien la avala, se hace un camino difícil”.
“Venimos pidiendo saber a dónde vamos. El censo de arbolado del 2016 se instaló como un gran hallazgo que se haga mediante una aplicación. Cualquiera que sepa de arbolado lo desmiente, cualquier vecino podía censar su propio árbol. Así todas las políticas que se han venido desarrollando, hasta el 2019 con una directora de áreas públicas que era la jefa de este sector, que a mi entender era poco idónea en la materia: cuando algo se venía abajo venía la topadora”, agregó.
La iniciativa del Concejo plantea que, ahora, “parecería existir entre todas las partes involucradas (funcionarios provinciales y municipales del rubro, empleados municipales, sindicato de trabajadores municipales y vecinos interesados en la cuestión) una muy buena predisposición y una uniformidad de criterios para reformular y corregir rumbos, a partir de una saludable toma de conciencia generalizada respecto la acuciante necesidad de intervenir con urgencia en la gestión de la forestación de la ciudad y su consideración como una auténtica ‘Política de Estado'”.
Finalmente reconocen que la ciudad “necesita revertir muchos años de errores, abandono, desidia y malas decisiones en la materia, no sólo para mantener mínimamente las condiciones de seguridad necesarias para que el simple acto de concurrir a una plaza o un parque no implique un riesgo para la integridad física de nadie, si no también para, en beneficio de las futuras generaciones, diseñar una ciudad más habitable, sana y sustentable desde una perspectiva ambiental”.
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Mañana y pasado desde las 9 continuará el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos por integrantes de la Triple A. Las audiencias serán transmitidas por el canal de YouTube de la Universidad Nacional del Sur y por juiciobahiablanca.wordpress.com
Esta semana fueron convocados testigos del homicidio de David “Watu” Cilleruelo, caso que comenzó a analizarse desde el inicio de las testimoniales.
También se abordará el crimen de Alberto Mario Pojomovsky, militante del Partido Comunista y del Partido Revolucionario de los Trabajadores. El 29 de junio de 1975 fue atacado por un grupo armado mientras conducía su vehículo en compañía de su esposa. En ese contexto recibió varios impactos de armas de fuego calibre 22 y 45. Producto de aquellas heridas, la víctima falleció veinte días después del ataque, en un hospital bahiense.
El jueves y viernes pasado se escucharon siete testimonios que describieron el clima de persecución que se desató en la ciudad hacia fines del año 1974 y el accionar del grupo integrado, entre otros por los imputados.
Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero son juzgados por el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, también por el homicidio de Cilleruelo.
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Los organismos de Derechos Humanos nacionales manifestaron este lunes su solidaridad y acompañamiento a Cristina Castro por la lucha que lleva adelante por la aparición con vida de su hijo Facundo.
Reclamaron “que no haya impunidad y que tanto las autoridades políticas como el Poder Judicial, adopten todas las medidas imprescindibles que lleven al efectivo esclarecimiento de este gravísimo hecho”.
“Hacemos nuestro el pedido de apartamiento del Fiscal de la causa, Santiago Ulpiano Martínez, quien fue recusado por los abogados de la familia por entender que es responsable de maniobras para entorpecer la investigación y encubrir a los responsables”, afirmaron luego del encuentro virtual.
Los organismos recordaron que ya “impugnado en más de una oportunidad a Santiago Ulpiano Martínez por entorpecer el avance de las causas de lesa humanidad con el objeto de lograr la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado. Por lo que, de acuerdo a lo planteado por los abogados de la familia y a los antecedentes del fiscal cabría, cuanto menos, disponer su inmediato apartamiento de esta causa”.
“Reiteramos que es indispensable el compromiso de todas las instancias del Estado para que efectivamente se avance en el caso y se logre el esclarecimiento de qué fue lo que pasó con Facundo así como la identificación, enjuiciamiento y castigo a los responsables de su desaparición forzada”.
Participaron del encuentro representantes de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, APDH, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Asociación Buena Memoria, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, APDH La Matanza, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz y Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte.
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El fiscal Santiago Ulpiano Martínez rechazó la recusación planteada en su contra por parte de la mamá de Facundo Castro Astudillo. En un comunicado oficial, la Fiscalía afirmó que “la petición carece de fundamentos que permitan encuadrar el caso en alguno de los supuestos que la habilitan”.
El planteo se analizó el viernes en una audiencaia virtual y ahora deberá definir la situación la jueza Gabriela Marrón.
El fiscal destacó “el deber impuesto al Ministerio Publico Fiscal de abordar con la misma firmeza y objetividad, tanto aquellas medidas tendientes a la investigación del hecho delictivo como las que orientan de un modo u otro a la búsqueda de Facundo. Resaltó la dinámica e impulso de una vasta cantidad de requerimientos tendientes a despejar ambos extremos”.
Por otra parte, el comunicado difundido este lunes, da cuenta de la continuidad de la toma de declaraciones y la incorporación de uno de los testimonios requeridos por la querella institucional de la Comisión Provincial por la Memoria.
El informe detalla, además, las siguientes medidas:
Cumplimiento de las órdenes de allanamiento, secuestro y presentación
En cumplimiento de las órdenes de presentación libradas por la jueza federal Maria Gabriela Marrón, efectivos del Comando de Prevención Rural de Villarino, de la Subestación de Policía Comunal de Mayor Buratovich y del Puesto de Vigilancia de Teniente Origone hicieron entrega de los Libros obrantes en esas dependencias. Asimismo, se tomaron placas fotográficas de los móviles policiales de los dos establecimientos mencionados en primer término.
Por otro lado, arrojó resultado negativo el procedimiento llevado a cabo en la Subestación de Policía Comunal de Mayor Buratovich con la intervención de los canes de Búsqueda de Restos Humanos de la División Canes de la Superintendencia Federal de Bomberos, de Rastros Específicos de la División Canes de los Bomberos Voluntarios de Punta Alta y del asesor de canes Marcos Darío Herrero, de la especialidad de Identificación de Rastros Biológicos.
Durante el sábado 25 se llevó a cabo un rastrillaje localizado del cual participaron efectivos de la Policía Federal, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Gendarmería Nacional, y personal de Cinotecnia de la División Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad de la Nación, que llevaron sus canes
Además, personal de Prefectura Naval realizó un buceo por debajo de los puentes ferroviarios, efectuando un palpado de la zona, mientras que otros miembros de la misma fuerza examinaron el canal de desagüe en Cabeza del Buey.
Por su parte, efectivos de Policía Federal acompañaron con un dron de la División Comunicaciones las tareas realizadas por la Prefectura y accedieron de esa forma a imágenes de las zonas pantanosas.
Personal del Escuadrón Aéreo hizo el soporte y en todo el recorrido de los canales tomó vistas aéreas del lugar.
Asimismo, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria estuvieron a cargo del rastrillaje sobre y debajo de las vías, de ambos lados. También contactaron a personas residentes en la zona a fin de verificar si vieron a Facundo, con resultados negativos.
Al regresar por las vías, utilizando como medio de transporte un móvil de Ferroexpreso Pampeano, se detectó que el agua cuyo caudal en la mañana era abundante había reducido y los canales se encontraban lodosos pero con mayor visibilidad. Por tal motivo, se dispuso que los equipos de drones hicieran un nuevo barrido; no surgió información de interés.
La medida continuó durante el domingo y se programó para que continúe en la jornada en curso.
Otras medidas probatorias
El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires aportó el informe requerido sobre Sistema de Localización Automática Vehicular (AVL). Aclaró que existían patrulleros identificables municipales con dispositivos AVL, que eran monitoreados desde otro usuario al que no poseían acceso y que esos móviles no figuraban en el listado de la Flota Automotriz Ministerial. Ese organismo aportó la información obrante en sus registros sobre el móvil o los móviles policiales que fueran asignados al puesto policial de Teniente Origone, el personal policial que se encontraba prestando servicio, los equipos trunking que fueran asignados a ese personal, su geo posicionamiento y los registros de modulaciones de radios del 30 de abril, entre las 13.00 y las 17.00 horas.
La misma información y los informes de AVL completo de distintos móviles se solicitaron a la Comisaría de Mayor Buratovich.
En tanto, la Anses aportó información relacionada con la prestación de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de la que es titular Facundo José Astudillo Castro. A raíz de los datos aportados, se requirió al Banco de la Nación Argentina que informara los datos correspondientes a la cuenta bancaria generada a nombre de Facundo José Astudillo Castro, a través de la cual cobraría el beneficio, como también si ese beneficio fue cobrado en los últimos cinco meses. Como respuesta a lo solicitado, se aportaron los datos de la cuenta mencionada y se informó que los importes acreditados en la misma no fueron cobrados.
El Honorable Concejo Deliberante de Villarino comunicó que ponía a disposición del Ministerio Público Fiscal de la Nación y del Ministerio de Justicia de la Nación una suma dineraria para ser destinada a una recompensa pública, con los respectivos protocolos, para otorgarla a quien brinde información que permita dar con el paradero de Facundo Astudillo Castro.
En virtud de la información requerida por la Dirección de Contencioso Internacional en Materia de Derechos Humanos, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, en relación a la Solicitud de Medida Cautelar MC-691-20-Astudillo Castro, Facundo José- del registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, se libró un oficio dirigido a ese organismo en el cual se aportan las correspondientes observaciones.
Por su parte, la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) propuso una serie de medidas a fin de avanzar con la investigación.
En consonancia con lo propuesto, a fin de actualizar los datos y ante la posibilidad de existir novedades, se requirió a la División Búsqueda de Personas de la Policía Federal que constatara con los servicios de emergencia, hospitales y morgues del país si existen registros del ingreso de una persona que responda a las características de Facundo.
También se le solicitó a la misma División la realización de diligencias tendientes a dar con el paradero de una persona que habría trabajado con Facundo.
Además, se requirió a la División Operaciones Tecnológicas Especiales que procediera a la extracción de la información de los tres handys que fueron secuestrados en el marco del allanamiento realizado el pasado 8 de julio en la Comisaría de Mayor Buratovich.
En virtud del análisis integral de información probatoria producida por la PROCUVIN en el marco de la investigación con específica referencia al Sistema de Localización Automática Vehicular (AVL) de los móviles policiales RO 23.360 y 22.788, como así también de los otros doce móviles policiales que se informó circularon por la traza de la Ruta Nacional 3 en la jornada del 30 de abril, se solicitó a esa División Operaciones Tecnológicas Especiales la determinación del kilometraje y ubicación de la localidad exacta en la que cada uno de los catorce móviles allí consignados hubieran detenido su marcha en las franjas horarias de interés. Se solicitó también que proporcionara la misma localización en relación a los informes remitidos con anterioridad, correspondientes al teléfono de Facundo. Se determinó dónde fueron los impactos registrados el 30 de abril de este año, y su georreferencia. En un mapa se marcaron los impactos de las líneas telefónicas consignadas en el informe antes mencionado, entre las 15.00 y las 19.00 horas del 30 de abril.
A la División de Apoyo Tecnológico de la Policía Federal Argentina se le solicitó que practicara los estudios periciales para extraer la información obrante en el teléfono Samsung, de utilización diaria por parte de los efectivos que prestan funciones en el Destacamento de Teniente Origone. En relación a este mismo dispositivo móvil se solicitó información a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DaJuDeco).
Teniendo en cuenta que los informes relacionados a la línea telefónica perteneciente a Facundo habían sido remitidos junto con los recibidos de Facebook y Google a la División de Tecnologías Aplicadas de la Policía Federal Argentina, se enviaron también los obrantes en la investigación provincial.
En atención a que las conclusiones arribadas en el informe pericial del que se desprende que el joven que aparecía en la vista fotográfica publicada en un medio periodístico podía ser Facundo, se solicitó a la Auditoría General de Asuntos Internos dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que informara la identidad del agente policial que también figura en esa imagen fotográfica, lo cual fue cumplido.
Se requirió al Municipio de Villarino que informara si existía registro de que el automóvil marca Chevrolet Corsa —en el que se habría trasladado la agente policial que mencionó haber llevado a Facundo— y distintos móviles policiales, hubieran transitado por la Ruta Nacional nº 3, entre la localidad de Pedro Luro y la Ciudad de Bahía Blanca, el 30 de abril pasado entre las 8.00 y las 16.00. El Municipio aportó la información obrante en sus registros.
Idéntico pedido se hizo al puesto de control fitosanitario ubicado en las cercanías de General Cerri, sobre la Ruta Nacional nº 3.
Se realizan peritajes sobre tres handys secuestrados en el allanamiento realizado el 8 de julio en la Comisaría de Mayor Buratovich.
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“Desde hace muchos años en la literatura de políticas sociales se viene discutiendo sobre la necesidad de un ingreso universal. Es un ingreso mínimo asegurado a las personas por el solo hecho de ser ciudadanos y que no está atado a ninguna condición laboral, es por fuera de lo que uno gane en el trabajo”, dijo Agostina Costantino en su columna de FM De la Calle.
La economista mencionó que la CEPAL, que no suele “proponer políticas muy revolucionarias”, abonó la creación “de ingresos universales” y destacó “la importancia de las tareas de cuidado”.
“Ahora, trabajando en casa, nos damos cuenta de la necesidad de que alguien se encargue de niños, niñas y adultos mayores y también visibilizó la necesidad de que todas las personas tengan garantizado el ingreso para vivir dignamente”.
El organismo propone un ingreso básico de emergencia por seis meses “equivalente a la línea de pobreza. Actualmente es 43 mil pesos por familia tipo, pareja y dos hijos. Después de ese período se puede pensar cómo recalcular esa cifra pero mantener la política de ingreso universal”.
La CEPAL calcula que en América Latina “unos 215 millones de personas están en condiciones de pobreza o el 34% a nivel regional. Esta cifra en Argentina no está actualizada y los pronósticos indican que va a estar por encima del 40 y cerca del 50 cuando finalice este proceso de aislamiento. Esto le costaría a los Estados en promedio un 2% del PBI, siempre que alcance a todas las personas pobres, lo cual parece algo bastante razonable”.
¿Qué es lo que se sabe?
“La poca información que tenemos es que después de agosto, cuando es el tercer cobro del IFE, se convertiría en una renta universal. Ya no lo cobrarían las ocho millones de personas que lo cobran ahora, sino tres millones. Se habla de personas en alta vulnerabilidad. Lo más probable es que los desocupados cobren. Sabemos que no va a ser incompatible con AUH y Asignación por Embarazo y que el monto que se piensa es el equivalente a un salario mínimo de $16.875”, aseguró la economista.
Costantino agregó que “si esta renta universal es por persona, el monto es razonable. Ahora, si es por familia al igual que IFE, resulta poco. Tampoco hay precisiones respecto a cuándo empezará a pagarse”.
Mientras tanto, “sigue sin discutirse el impuesto a las grandes fortunas, posibles impuestos a los bancos, arreglar o no la deuda. Hay expectativas de que si se arregla la deuda podrían bajar fondos para que se reconstruya la economía, pero esto atado a que se arreglen los bonistas”.
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La Secretaría de Salud anunció que este lunes comenzó el Operativo DetectAr en Villa Nocito. Se trata de una etapa de vigilancia epidemiológica activa planificada, a partir de un abordaje territorial integral.
“Entendemos que puede haber circulación barrial, por eso hemos decidido comenzar por ahí con la búsqueda activa. Es casa por casa, entrevistando a cada vecino en función de detectar aquellas personas que puedan tener sintomatología con la definición de caso sospechosos y realizar el hisopado”, destacó Ezequiel Jouglar, subsecretario de Atención Integral de la Salud.
Agregó que es “integral porque se va a hacer revisión de libretas sanitarias para ver la vacunación antigripal que también se va a ofrecer. Se va trabajar con consejería para la promoción de hábitos saludables y con la prevención del Aedes Aegypti que es el agente vector del dengue”.
Asimismo, se pretende detectar casos febriles en aquellos barrios que sean más vulnerables a la pandemia debido a la frecuencia de aparición de casos o historial de propagación.
El secretario de Salud, Pablo Acrogliano, sostuvo que en una primera etapa y en el marco del Plan DetectAr, hasta el viernes próximo, desde el centro de salud Piñeiro se hará un recorrido por sectores aledaños, siguiendo los nexos epidemiológicos registrados y realizando hisopados en caso de ser necesario.
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El 12 de julio se conmemoró el Día de la Medicina Social. El doctor Horacio Romano repasó en su columna de FM De la Calle, los hitos que dieron origen a esta disciplina que apunta a pensar la medicina no solo desde lo biológico sino contemplando aspectos socioambientales en el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades.
“Uno de los primeros pensadores fue por 1850, en Alemania, Rudolf Virchow. Fue anatomista, político, descubrió después de una huelga que la gente se enfermaba mucho y una de las causas a las adujo eso fue que era un territorio anexado, al que no se le dejaba hablar su idioma y por eso la gente estaba triste, estaba mal y eso se relacionaba con el aumento de la enfermedad”, comentó.
En contrapartida, el médico alemán Robert Koch, “descubre el bacilo de Koch y del cólera y se empieza a relacionar bacterias con enfermedad y, de alguna forma, esto echa por tierra lo social y político. En el siglo XX, cuando se empieza a utilizar medicamentos, la medicina biologicista se impone y dice que para cada enfermedad hay una cura con un remedio, la causa es tal o cual y no hay nada más que discutir”.
“Lo que viene a plantear la medicina social en Latinoamérica en los ’70 es que es cierto que hay un bacilo de la tuberculosis pero no es lo mismo para quien está bien nutrido, en una casa adecuada con con calefacción adecuada, que aquel que sufre hambre, tristeza, depresión, angustia y malas condiciones de vida”, agregó Romano.
El médico señaló que “la Organización Latinoamericana de la Medicina Social viene trabajando esto desde la década del ’80 y en el ’83 se suma Argentina. Esto engancha con la medicina colectiva, que es la atención primaria de la salud, que en Argentina tiene mucha importancia. Esta medicina plantea el tema de las determinaciones sociales de la salud. Es cierto que en las enfermedades hay una cuestión en parte genética, de predisposición personal, se relaciona a hábitos, a modos de vidas, a cuestiones de vida y ambientales y se relaciona también a la política”.
“Cuando uno quiere encontrar una salida en términos de salud busca en estos determinantes. Los determinantes los va a nombrar la OMS allá por el 2010 y 2012, nunca nombrando a los latinoamericanos como Jaime Breilh, que tiene que ver con una idea de origen marxistas de la situación sistémica, nada es porque sí, nada está aislado, todo es una cuestión de complejidad y donde confluyen muchas cosas. La medicina social y la medicina colectiva tienen esta cuestión de sacarle lo biológicamente puro y llevarlo a otro tipo de medicina”.
Romano destacó que en la carrera de Medicina en la UNS, “cuando allá por el 2005 hubo que rearmar el programa, una de las áreas que se pensó es la salud colectiva y de manera transversal se ha tratado de que esto vaya recorriendo todos los campos”.
“Nuestra carrera tiene que ver con formación basada en problemática. No es la tradicional cátedra sino que cada unidad recorre desde los social a lo biológico. El sistema después te lleva para otro lado, no es fácil tratar de encausar esto desde otra mirada, no solo es la educación, sino la educación más lo propio, más un sistema”.
En relación a las políticas públicas, mencionó que, “en general, siempre terminan tiradas para el lado de la medicina tradicional. La medicina social en relación al Coronavirus va a decir: ¿quién se ve más afectado? Seguramente las barriadas más humildes. ¿Y de dónde van a provenir los pacientes con mayores problemas de salud? Seguramente de las barriadas más pobres, que son las más contaminadas, las que están menos alimentadas. Es una conjunción, no es el Covid solo”.
Concluyó que la discusión debe ser amplia y para eso la salud “no tiene que ser un trabajo del médico o enfermero sino interdisciplinario porque, si las condiciones políticas y sociales no mejoran, es poco lo que se puede hacer desde el sistema de salud”.
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El Estado argentino presentó ayer su respuesta a la petición de acción urgente del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas por el caso de Facundo Castro Astudillo.
El informe firmado por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, sostiene que las autoridades de la Nación y de la provincia de Buenos Aires expresaron su “absoluto compromiso con la búsqueda e investigación de la desaparición de Facundo, al tiempo que han puesto a disposición de la familia todos los recursos del Estado”.
Reporta que en la investigación participan la justicia federal, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, el Ministerio de Seguridad de la Nación y las distintas fuerzas de seguridad federales.
Menciona la “actuación coordinada” de las Direcciones de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. También se requirió el asesoramiento del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
“La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, así como otras dependencias del Estado, ha estado en contacto con la madre de Facundo, Cristina Castro, y sus abogados y les ha ofrecido la asistencia del Programa Nacional de Protección a Testigos y el acompañamiento psico-social del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos ‘Dr. Fernando Ulloa'”, comunicó Pietragalla.
Por último, el comunicado oficial afirma que “la protección y apoyo a las víctimas de violaciones de derechos humanos constituye una política de Estado en la Argentina”.
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El ex dirigente estudiantil y militante del Partido Comunista, Juan Larrea, denunció durante su declaración en el juicio contra integrantes de la Triple A que el imputado Juan Carlos Curzio intimidó a otra testigo, hija de una víctima del terrorismo de Estado.
“Curzio no tuvo problema en levantar el teléfono, llamar a María Cristina Leiva y decirle: ‘mirá, yo todo lo que hice, lo hice por plata, ¿por qué no me dejan de molestar? Eso ya pasó hace tiempo, yo nunca tuve que ver con nada’. En un tono amenazante, ‘terminenlá conmigo'”, contó Larrea a FM De la Calle.
Leiva debe declarar en la causa. “Es el colmo de la impunidad. Hay un sentido común que indica que este señor después de 50 años de los homicidios terribles, pueda llamar a una señora que ha sido víctima -porque su familia ha sido perseguida- y tener el descaro de llamarla. Eso quiere decir que el hombre se considera en condiciones de intimidar y, si tuviera espacio, no se qué otra cosa haría”, agregó .
El sentido común del “algo habrán hecho”
Anteriormente, Larrea aseguró que “la sociedad bahiense fue construyendo el sentido común que permitió que todas estas cosas ocurrieran. Me preguntaría: si volvieran a cometerse estos crímenes qué diría el hombre y la mujer común de la calle, ¿estarían dispuestos a convivir, temor de por medio, con esta situación?”.
Este modo de vida “se construyó desde hace varios años cuando se consintió que la fuerza aérea naval fuera y bombardera la Plaza de Mayo, matara más de 300 personas y nadie respondiera por eso. Entonces, con ese clima se empezó a vivir en las escuelas secundarias, con ese clima de persecución contra adolescentes judíos que era una rémora de lo que se había vivido durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque los nazis habían sido derrotados había mucha gente que pensaba como ellos”.
“A principios de los 70 ya los vimos en acción, nunca me olvido de lo que pasó en el Salón de los Deportes, en el Encuentro Nacional de los Argentinos. Era el clima que se vivía a pesar de que la UNS y el movimiento obrero estaban en lucha por sus reivindicaciones. Había un sentido común en la sociedad bahiense que fue tomando cuerpo y se expresó en el ’74 , ’75 cuando esta ola de terrorismo con amparo estatal tuvo su cumbre con los asesinatos de Negrito García y Watu. Hubo decenas, entre 25, 30 jóvenes asesinados en la época, hubo un consentimiento silencioso”.
Respecto al rol colaboracionista de La Nueva Provincia, el testigo mencionó que la represión “tenía un comando. Estaba básicamente en los servicios de Inteligencia donde jugó siempre un papel central el Servicio de Informaciones Navales, su vinculación permanente con LNP y la dirección general de la política de la embajada americana, gente que tenía una conexión fenomenal”.
Destacó “el papel central y la conducción personal de Diana Julio, una mujer de una brutalidad personal, con una definición política e ideológica determinante. Eran fascistas”.
“Esta sociedad es responsable de que 50 años después tengamos que estrujarnos la memoria para hacer justicia”
Larrea puntualizó que “en el 75 había orden constitucional, los que van a reclamar por un crimen terminan presos, eso era lo que se vivía y se consentía. Esto ocurría no solo en un Estado terrorista en ascenso, esto fue con consentimiento. Era la sociedad la que toleraba esto, y era la sociedad la que los aceptaba”.
“Yo les decía a los abogados que reconocía la importancia de lo que están haciendo pero llega tarde. Tan tarde que nos resulta ridículo que nos pregunten detalles de lo que todo el mundo conocía. Teníamos que demostrar, como si tuviéramos una cámara, que el que apretó el gatillo disparándole por la espalda (a Watu) fue Argibay y de un lado estaba su hijo Pablo y Aceituno del otro”.
Larrea destacó que “esta sociedad es responsable de que 50 años después tengamos que estrujarnos la memoria para hacer justicia pero también esta sociedad disfruta de la posibilidad de que se haga justicia”.
“Le reclamamos, no solamente al Poder Judicial sino a la sociedad que se haga cargo, que se masacró a una juventud. Lo reclama la historia. Fue un crimen fenomenal del cual la sociedad se va a tener que encargar no solo de decir Nunca Más sino de un suceso práctico, esto es terrible no puede volver a ocurrir”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2020/07/curzio1.png?fit=633%2C317&ssl=1317633FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2020-07-24 15:27:512020-07-24 15:27:55Curzio amenazó a testigo: “Todo lo que hice lo hice por plata, ¿por qué no me dejan de molestar?”
El Instituto Cultural envió una carta documento a la Asociación Argentina de Actores señalando que no se llevará a cabo la Comedia Municipal del segundo semestre.
La directora, Matilde Canese, afirmó en un comunicado que desde el 22 de abril presentó varias propuestas para la adaptación del proyecto al contexto de aislamiento pero que nunca hubo una respuesta concreta de parte del Municipio.
Canese agrega que “es una decisión tomada por el Instituto Cultural desde antes, lo cual explica las evasivas, dilaciones y el destrato al que fui sometida yo y, por extensión, la comunidad bahiense que no gozará del derecho al acceso a la cultura”.
“La situación de la Comedia Municipal está en peligro, porque no hay un presupuesto destinado a la comedia, esa es la respuesta que se nos da hace tiempo. Esto hace que la Comedia del segundo semestre peligre y no hay una alternativa para que se lleve a cabo”, comentó a FM De la Calle, Belén López, delegada de Actores.
“El funcionamiento de la ordenanza de la Comedia Municipal establece plazos, una Comedia en el primer semestre, otra en el segundo y mientras transcurre una, la otra se prepara para el segundo semestre. Tendrían que haber sido las audiciones el 1 de junio y la convocatoria en mayo”, agregó.
Respecto a Canese, López mencionó que “elaboró propuestas alternativas, que no fueron respondidas nunca y cuando llega el momento, en junio, le hacen la promesa de que la obra va a salir, pero son promesas que uno no ve que se puedan concretar. Como sindicato accionamos, emitimos carta documento y mientras a la directora se le decía que la Comedia salía, la respuesta a la carta a documento a Actores era que la Comedia no se iba a realizar. La única respuesta pública fue la que se nos dio a Actores. Esto tira abajo un ordenanza de más de 25 años, donde la Comedia va a caer en una situación grave de falta de respeto a un organismo del Estado, hay una historicidad detrás”.
“Cuando una va a Gobierno Abierto, ve cuánta plata por mes se va en pauta de medios hegemónicos. En solo un mes, una sola persona de los medios se lleva lo que la Comedia necesita para un semestre. Son 2 millones 700 mil pesos, repartidos en seis meses. Un solo proveedor se lo llevó en junio”, argumentó la delegada.
Por último, López destacó que “es una falta de ética para con trabajadores y para con la comunidad. Abramos los ojos porque esta plata se va por la puerta del costado”.
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El director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski, solicitó a la jueza federal Gabriela Marrón que evite las filtraciones de información de la causa por la desaparición forzada de Facundo Castro Astudillo.
El planteo fue en función del reclamo recibido por parte de la familia del joven desaparecido el 30 de abril y “en virtud de dejar a resguardo la responsabilidad internacional del Estado Argentino”.
“Rogamos a Ud. se sirva extremar las medidas con quienes tienen a su cargo la investigación, a los fines de evitar que la información del expediente llegue a los medios de comunicación antes de ser notificada fehacientemente a las partes”, afirmó el funcionario.
Aclaró que el “requerimiento es en el marco de la cooperación y coordinación y de ninguna manera implica intervenir en facultades constitucionales exclusivas de otros poderes del Estado”.
Cristina Castro manifestó su preocupación ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación “por enterarse a través de medios de prensa de algunas novedades de la investigación, previo a que las mismas les sean comunicadas a las partes, sobre todo a la querella de la familia de Facundo”.
En la argumentación de la nota, Przybylski sostuvo que los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, advierten que “las víctimas deben ser informadas y consultadas antes de que las autoridades pasen la información a los medios”.
“Los funcionarios encargados de la búsqueda deben tener formación en protección con enfoque diferencial y estar capacitados para comunicarse con empatía y respeto con los familiares y las demás personas participantes en la búsqueda, y tener conocimiento y sensibilidad por las consecuencias que la participación en la búsqueda puede tener para la salud mental y física de las víctimas”.
Naciones Unidas señala que “durante el proceso de búsqueda, la dignidad de las víctimas requiere su reconocimiento como personas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y riesgo, titulares de derechos que deben ser protegidos y que tienen conocimientos importantes que pueden contribuir a la eficacia de la búsqueda”.
“Los funcionarios públicos tienen que ser capacitados para realizar su trabajo con enfoque diferencial. Deben actuar con conciencia de que trabajan para garantizar los derechos de las víctimas y orientar todo su trabajo en favor de ellas”, agregan.
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El gobierno negocia con China la instalación de granjas de producción industrial de cerdos para exportación, por cual, el país pasaría de producir entre seis y siete millones a cien millones por año. La noticia es celebrada por el agronegocio y repudiada por organizaciones ambientalistas.
“La preocupación, que excede el acuerdo con Argentina, es que la cría industrial de animales se ha convertido en una amenaza para la humanidad. La cría de cerdos, vacas y aves de corral está siendo fuente de gravísimos problemas. La ganadería industrial es una de las responsables de las grandes crisis climáticas y es una fuente de multiplicación de enfermedades vinculadas a las pandemias, no específicamente de las que sufrimos ahora como el Covid, pero sí vimos cómo la gripe aviar y la porcina tuvieron su origen en granjas de crías industriales”, señaló a FM De la Calle, Carlos Vicente, miembro de GRAIN.
Agregó que “China fue afectada por una gripe porcina africana y tuvo que sacrificar casi el 50% de su plantel de cerdos durante el año pasado. De ahí nace el interés de China de no repetir este modelo de cría industrial y la propuesta de hacerlo en Argentina”.
Vicente argumentó que la cuestión central es el aumento del consumo de carne: “Si se produjera en pequeñas fincas en armonía con la producción agropecuaria, como hicieron los campesinos y productores familiares, no tiene ningún problema. Pero el volumen de carne que se propone consumir es insostenible para el planeta. Nosotros hemos pagados los costos de producir la soja para ese animal y ahora quieren que produzcamos la carne de cerdo”.
¿Qué significa la producción a gran escala o feedlot?
“Las vacas naturalmente se alimentan con pasto pero, como esos pastizales se han desplazado por la soja, se las encerró y empezó a alimentarse con granos. Cuando uno hacina millones cerdos como se pretende, se ve en la obligación de darle forrajes industriales, soja y maíz, y se generan condiciones sanitarias que exigen darle químicos, antobióticos, por ejemplo. En segundo lugar, la materia fecal crea charcos asquerosos que son una fuente de multiplicación de virus y bacterias que mutan en esos mismos espacios y tiene el riesgo de convertiste en un patógeno para los humanos”.
Vicentin, producción de cerdos y soberanía alimentaria: ¿son modelos compatibles?
“La producción industrial de cerdos no tiene nada que ver con la soberanía alimentaria. Es carne para exportación que sería alimentada por soja transgénica. Argentina no tiene la capacidad de producir los cerdos que China necesita, de manera artesanal, lo cual requiere una infraestructura que no es compatible con la pequeña producción”.
Por otro lado, “la producción de Vicentin no tiene nada que ver con la soberanía alimentaria pero reivindicamos el derecho del Estado a expropiar una empresa que ha robado dinero y estafado a sus trabajadores. Sin dudas, en términos de lo que vivimos, podría tener un rol importante en la regulación de precios de exportación y en la transformación productiva trabajando con cooperativas y pequeños productores, el aceite de girasol es un de los principales aceites consumidos y Vicentin podría tener un rol preponderante trabajando con pequeños productores y no con los grandes terratenientes”.
La salida
Vicente afirmó que un pacto eco social “es una iniciativa valiosa, hay que rediscutir el futuro, la cuestión ecosocial es fundamental. Discutir los capitales financieros y el poder que tienen. Desde el norte se plantea un nuevo gran acuerdo que no cuestiona el modelo de capitalismo financiero, sin discutir eso no podemos avanzar a otra sociedad porque los daños que estamos sufriendo necesitan replantear todo”.
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El perito Marcos Herrero confirmó a FM De la Calle que su perro Yatel fue “concluyente” al marcar que Facundo Castro Astudillo estuvo en el móvil que conducía el policía Alberto González. El can encontró rastros con menor intensidad en el móvil de Mario Sosa y Jana Curruhinca, quienes detuvieron a Facundo la mañana del 30 de abril y en el Corsa de Siomara Flores.
“Determinado esto, derrumbaría los testimonios de algunas personas que dijeron que lo llevaron al Fitosanitario, que volvieron para atrás, a izquierda o derecha. Lo que pasó ayer desconcertó a muchos del ambiente policial por la efectividad del trabajo del perro. Yo me hago cargo, porque me empezaron a preguntar por qué los otros no marcaron, no sé cómo será su técnica”, afirmó el perito de la querella.
Herrero adelantó que entre hoy y mañana “tendría que haber un quiebre para decir dónde está Facundo”. Se están organizando nuevos rastrillajes y allanamientos en Teniente Origone que podrían confirmar la identidad de los responsables de la desaparición forzada.
Ayer participaron también canes de los grupos K9 de la Policía Federal y los Bomberos de Punta Alta.
Los perros trabajaron sobre los móviles policiales 23.360 y 22.788 -camionetas Hilux verde, azul y blanca y negra y blanca, respectivamente- y el Chevrolet Corsa Classic, dominio FYK 677.
“Previamente fueron trabajados por el gabinete científico de la Policía Federal con químicos reactivos de luminol y había un auto que había dado positivo de manchas hemáticas de sangre, entre otros elementos”, aclaró.
Herrero comentó que “trabajaron primero los otros equipos de perros, la idea es que el perro tenía que pasar con autonomía y concentrarse en uno de los móviles para ver si tenían alguna determinación en cuanto a marcaje. Pasó el grupo de la Federal, pasó el grupo del K9 de los Bomberos de Punta Alta y, por último, pasó mi persona con otra temática”.
“Los móviles estaban en fila, mi persona tenía que pararse enfrente a diez o doce pasos, soltar el perro y el perro tiene que trabajar suelto dando un marcaje. Previamente se rompe la medida de seguridad de los autos para abrir la puerta, todo esto filmado y con actas judiciales”.
El perito describió que “durante una marcación sobre el auto civil, si bien el dueño es policía, el perro tuvo injerencia en la parte del baúl. Sobre la alfombra hay unos cartones, pudo haber sido escencia de Facundo pero no tiene tanta injerencia. El perro ahí solamente gimió y rascó. Es un punto importante. (…) Puede ser que haya tocado a Facundo, puede estar en transportación, puede ser que el cartón haya estado en la última camioneta y lo hayan puesto ahí”.
En cuanto al móvil que detuvo a Facundo por la mañana del 30 de abril, Herrero contó: “Ahí el perro hizo más hincapié, saltó sobre la parte interior de la caja de la camioneta y empezó a gemir y a rascar, se metió adentro y trabajó. Tuvo un muy buen interés”.
Pero el punto más destacado está relacionado al móvil del policía Alberto González, al cual tres testigos afirman que lo vieron subir a Facundo alrededor de las 15:30.
“En esa el perro estuvo muy concentrado y motivado, saltanto totalmente con autonomía en la caja de la camioneta, revisando punto por punto, más que nada sobre la cubierta de auxilio, la cual se corrió y ahí sí el perro empezó a ladrar, a rascar y a gemir. Luego saltó impulsivamente de la camioneta, se metió en la parte de atrás, en la parte de adelante e hizo hincapié entre los dos acompañantes pero, más específicamente, sobre el volante y la parte inferior, donde están los pedales de la camioneta empezó a ladrar, a rascar, de tal forma que rompió la parte del medio del asiento”.
Agregó que “los asientos están cubiertos de goma espuma y cualquier mancha -que puede ser porque se te caiga agua- lo absorve. El perro empezó a romper, a ladrar y a rascar y adentro se vio con la poca luz que había, que había manchas hemáticas de sangre. Ese fue el móvil que había sido peritado con luminol y que teóricamente -yo me guió cuando estén los informes pero me quedó con la efectividad del 99% de mi perro- dio marcación activa”.
El perito explicó que Yatel es un perro “funcional”. “Para hacer esta temática el perro trabaja con un rastro específico. Yo le di la toma de olor de Facundo Castro la cual estuvo almacenada, en custodia y reconocida por la mamá de Facundo que fue quien la aportó. Fue un gorrito negro de unos días antes de que desapareciera”.
“Yatel determinó que en algún momento en el tiempo Facundo Astudillo ha estado en alguno de esos vehículos. La diferencia con el resto de los perros K9 de la Federal y de los Bomberos es que son perros de RH que determinan si hay olor cadavérico”.
“Yo rompo con los esquemas porque no trabajo con perro condicionado. Muchos dicen el perro en su cerebro tiene olor a cadáver y no puede trabajar vivo. El perro es un ser vivo y puede determinar con la temática dependiendo de la toma de olor que le das si vas a buscar a una persona viva o una persona muerta”, manifestó.
Según publicó Infobae el 16 de julio, los peritajes de la Policía Federal detectaron posibles rastros en el patrullero de González: “Fueron hallados sobre panel de la puerta del conductor, en el volante, en la tapa de la guantera, en el asiento trasero izquierdo y en la caja trasera. Además, dijeron que se secuestraron muestras de pelo encontradas en el interior del vehículo, junto a una colilla de cigarrillo y una media color azul. En el peritaje no se encontraron huellas dactilares”.
El mismo artículo, refirió que en el Corsa “se obtuvieron muestras de rastros de posible sangre en la tapa de la guantera y en el interior del baúl. Asimismo, se secuestraron muestras de pelo y una hebilla metálica para cabello tipo invisible color negro y un plástico color negro, también en el baúl del auto”.
Resultado negativo en Buratovich
Ayer se allanó y relevó también la Subestación de la Pólicía Comunal de Mayor Buratovich. Herrero trabajó con su perro en “todos los perímetros” y “no se encontró ningún elemento de Facundo”. Personalmente le llamó la atención una mochila quemada en “una especie de fogón”, la cual si bien era marca Wilson como la de Facundo era de un color verde oscuro diferente a la del joven desaparecido.
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La abogada de la familia de Santiago Maldonado, Verónica Heredia, se refirió en FM De la Calle a la causa del crimen del cual se cumplirán tres años el próximo 1 de agosto y advirtió sobre circunstancias que hoy se repiten en la desaparición forzada de Facundo Castro.
“El Ministerio Público Fiscal no quiere investigar porque tiene que investigar a las propias fuerzas de seguridad con las que trabaja. Al día siguiente, ¿con quién trabaja el fiscal si tiene que investigar a la persona que le abre la puerta todos los días y le entrega un preventivo de lo que él tiene que investigar? ¿Y el juez a quién va a investigar? Si, sobre todo los jueces federales, trabajan con las fuerzas de seguridad”, aseguró.
Sostuvo que “en la causa de Santiago, el Poder Judicial continúa cumpliendo su rol para mantener la impunidad de una desaparición forzada en democracia. Todavía no tenemos juez porque la Cámara de Comodoro y de Casación Penal insisten en que deber ser el juez Lleral. Él ya dijo que no puede ser porque no va a cambiar su posición de que Santiago prácticamente se suicidó, por lo tanto, no hay nadie responsable, no hay nada que investigar”.
La abogada agregó que Lleral siente “violencia moral con la familia porque el 29 de noviembre de 2018 llamó a la madre Santiago. Ella dice que el juez le dijo que había sido apretado para cerrar la causa. Esto lo niega Lleral. Todas estas irregularidades son cuestiones objetivas que deberían los jueces de otras instancias reconocer que el Lleral no puede investigar algo que dice que no existe. La demora garantiza la impunidad y que las pruebas se vayan perdiendo en el tiempo”.
Heredia informó que “hace más de un año esperan que la Corte diga si es posible que en un habeas corpus donde se buscaba a Santiago le hayan pinchado el teléfono a (su hermano) Sergio, que también es víctima porque es la persona que denuncia. Esa cuestión tan elemental todavía la Corte Suprema no la resolvió como tampoco resuelve habilitar la investigación por la desaparición forzada”.
–¿Cuál es el estado de la investigación respecto a qué pasó con Santiago?
Seis jueces ya han dicho que lo que había dicho Lleral -que Santiago prácticamente se suicidó, que no había responsables de su muerte- no es así. Los seis jueces dijeron que ni siquiera la famosa autopsia que decía que Santiago se ahogó solo dice eso y que ni siquiera dice la fecha de muerte de Santiago. Lo que pasa es que destruir, volver a instalar la verdad cuando se instaló una mentira judicial y mediática es muy complicado”.
“¿Qué es lo que hay que investigar? Todo, excepto la desaparición forzada. La discusión que la familia tiene es que si no se sabe qué pasó con Santiago no vamos a descartar la desaparición forzada, estuvo desaparecido 78 días. La Corte Suprema tiene que decirnos si se va a habilitar también a investigar la desaparición forzada. Se tienen que investigar todas las hipótesis, desde el abandono de personas que sería lo mínimo hasta las responsabilidades de Gendarmería en un homicidio”.
Caso Facundo: “Lamentablemente vemos una vez más el ciclo de una desaparición forzada”
La letrada afirmó que “se repite todo: desde que comienza la policía amparándose ya sea con una averiguación de antecedentes, con flagrancia o ahora deteniendo porque no se cumple con aislamiento. La última vez que se lo ve a Facundo es al lado de policías, es lo último que se sabe, como es lo último que se conoce con Luis Espinoza, Luciano Arruga, Iván Torres, de todos los jóvenes desaparecidos en democracia. Y, luego, el camino tortuoso del Poder Judicial”.
“El Ministerio Público Fiscal no quiere investigar porque tiene que investigar a las propias fuerzas de seguridad con las que trabaja. Al día siguiente, ¿con quién trabaja el fiscal si tiene que investigar a la persona que le abre la puerta todos los días y le entrega un preventivo de lo que él tiene que investigar? ¿Y el juez a quién va a investigar? Si, sobre todo los jueces federales, trabajan con las fuerzas de seguridad”, aseguró.
“Ni el sistema político, ni el judicial han adecuado ni modificado las prácticas para garantizar el Nunca Más. No se ha garantizado ni política ni jurídicamente el Nunca Más y por eso hoy tenemos a Facundo desde el 30 de abril desaparecido”, aseveró Heredia.
La familia de Facundo exigió que no se disponga una recompensa para quienes aporten datos sobre su desaparición. Heredia afirmó que “nunca funciona la recompensa en una desaparición forzada. Incluso esta búsqueda que hacen con las fotos y ponen a las personas desaparecidas y a las víctimas de desaparición forzada en la misma cartilla, es una lógica perversa porque hace desaparecer al desaparecido. Si uno pone una recompensa, ¿quién va a venir? ¿El propio policía que estuvo al lado del que cometió el hecho? Es un absurdo”.
“Es un delito que comete el propio Estado, es el Estado el que tiene que la responsabilidad de investigarse a sí mismo. Como esto es imposible estamos pidiendo que las investigaciones sean realizadas por personas ajenas al sistema. No va a funcionar con una recompensa que además habilita a que mucha gente empiece a llamar y se empiecen a instalar un montón de versiones”, agregó.
Señaló que, en el caso concreto de Santiago, están “pidiendo desde agosto de 2017 la conformación de un grupo de expertos independientes que conozcan la complejidad de una desaparición forzada en democracia, como han jugado políticamente los medios de comunicación que han instalando una mentira histórica”.
“Hemos pensado también en un tribunal de investigación popular. Se habla de la reforma judicial, que el presidente pareciera tener voluntad en modificar la estructura del Poder Judicial que garantiza la desaparición forzada, pensamos en un tribunal de gente que no esté involucrada en ningún sistema y que lleve adelante una investigación. Que investigue al propio Estado”, explicó.
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La Fiscalía Federal informó que fueron negativos los resultados de los allanamientos realizados ayer en la Subestación Policía Comunal de Mayor Buratovich en busca de elementos que pudieran contener registros biométricos de Facundo Castro Astudillo.
Del operativo, llevado adelante por la Policía Federal, participaron los canes K9 y, a pedido de la querella, el adiestrador Marcos Herrero y su perro Yatel.
Los allanamientos incluyeron el puesto de vigilancia de Teniente Origone y el domicilio del policía Alberto González, con el fin de secuestrar los libros de guardia y la libreta original con las anotaciones correspondientes al 30 de abril.
Se requirió, además, que la Subestación Policía Comunal Mayor Buratovich y la Patrulla Rural aporten los registros de la totalidad de los móviles operativos y no operativos, identificables y no identificables, asignados a esas dependencias el día de la desaparición.
La Fiscalía trasladó a la jueza Gabriela Marrón el pedido de la querella para que se secuestre el celular del testigo Jorge Agustín Galarza, un policía cuyo testimonio fue interrumpido para que no se autoincrimine. La familia de Facundo sostiene que Galarza “forma parte del plan de encubrimiento y seguramente ha recibido instrucciones de distintos policías, para la continuidad del estado de desaparición de Facundo”.
Se requirió al Gabinete Científico de la Policía Federal Argentina que adelantara un informe preliminar con las conclusiones arribadas de la pericia practicada sobre los Libros de Guardia que fueron secuestrados en la Comisaría de Mayor Buratovich. Al respecto, se informó que la foja 128, correspondiente a anotaciones consignadas el 30/4/20, presentaba un borrado con líquido corrector, modificando la palabra “polad” por “cores”, comprobándose que no existían faltantes de hojas ni se advertía la presencia de maniobra adulteradora alguna que permitiera suponer la existencia de alteración de su contenido. Las conclusiones se notificaron a las partes querellantes.
La delegación local de Policía Federal Argentina presentó el informe confeccionado sobre el análisis del contenido de los CDs que resguardaban información extraída de la línea telefónica de la ex pareja de Facundo.
Se requirió a la División de Tecnología Aplicada de la Policía Federal Argentina que elaborara un análisis de los informes recibidos de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) en relación a los datos del teléfono celular de Astudillo Castro, aportados por la compañía Claro, con las conclusiones a las que que arribare respecto de los últimos movimientos o impactos visualizados desde el teléfono (mensajes de texto, tráfico de datos, llamadas entrantes y salientes, etc.). También se les solicitó que extrajera información del correo de Gmail de Facundo, aplicando la tecnología adecuada. En relación a esta última medida, el perito de la Sección Obtención de Evidencia Digital de la Policía Federal Argentina intentó ingresar con los datos aportados a la cuenta que fuera suministrada como perteneciente a Facundo Astudillo Castro, arrojando la medida resultado negativo debido a que las credenciales no eran válidas.
La Policía Federal Argentina remitió las actuaciones labradas que dan cuenta de las labores de extracción de información practicadas con la tecnología UFED en relación a los cuatro dispositivos móviles secuestrados. Los soportes magnéticos fueron enviados a la División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas y Personal de Investigación de Homicidios para su análisis.
Declaraciones testimoniales
Sin perjuicio de que se continuará con la celebración de audiencias, se designaron nuevas fechas para recibirles declaración testimonial a otras personas, en tanto pueden ser de interés para precisar los eventos que fueron relatados en el transcurso de la investigación. Ello de conformidad con lo sugerido por la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN).
Otras medidas
Se recibieron actuaciones labradas por la Delegación Viedma de la Policía Federal Argentina, relacionadas con las tareas encomendadas. Arrojaron resultado negativo. Por su parte, la Prefectura Naval Argentina también envió las actuaciones labradas respecto a la pesquisa en la zona conocida como “Paraje El Guanaco”, con igual resultado.
La División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas remitió el informe del análisis del móvil 23360.
Se requirió a Interpol que insertara una Notificación Amarilla respecto de Facundo Astudillo Castro.
Al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires se le pidió que aportara los informes de AVL (localización) correspondientes a los móviles operativos y no operativos, identificables y no identificables, asignados a la Subestación de la Policía Comunal de Mayor Buratovich y a la Patrulla Rural con incidencia en esa misma localidad, a la fecha del 30 de abril y en la franja horaria comprendida entre las 15 y las 16 horas.
Se solicitó al Sistema de Atención Telefónica de Emergencias del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires la remisión de los audios de llamados a la línea 911
Por su parte, Google Inc. informó que pudo preservar registros de una cuenta de Gmail asociada a la línea usada por la víctima, por lo cual la Fiscalía solicitó al Juzgado que libre un nuevo oficio a la compañía, requiriendo la entrega voluntaria de la información de suscriptor asociada a aquella.
Se recibió la contestación del oficio librado a la Cooperativa Obrera Ltda. de Consumo y Vivienda, en la que se hizo saber que el joven no consta en su sistema informático como asociado.
De conformidad con los Principios Rectores Para la Búsqueda de Personas Desaparecidas -en particular el Principio 13- aprobados por el Comité de la ONU Contra la Desaparición Forzada, y tal como se precisó desde el inicio, el Ministerio Público Fiscal orienta la investigación tanto a establecer o corroborar la hipótesis delictual incriminada por el artículo 142 ter del Código Penal, que castiga la desaparición forzada de personas, como a la exhaustiva búsqueda de Facundo Astudillo Castro.
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Este jueves y viernes desde las 9 continuarán las declaraciones testimoniales del juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A. Las audiencias serán en Colón 80, sin presencia de público y con transmisión en vivo por el canal de youtube de la UNS y por juiciobahiablanca.wordpress.com.
El debate comenzó en marzo y fue suspendido por el aislamiento obligatorio. El 3 de julio se reanudó con la presentación de José Luis Santagada, Daniel Esquivel, Juan Díaz y Marta Bustos.
Les ex militantes comunistas y peronistas bahienses relataron la presencia impune y criminal de la banda paraestatal que respondía al diputado nacional y secretario de la CGT, Rodolfo Ponce, y al interventor de la UNS, Remus Tetu. Aquí se reseñan sus testimonios. Sigue leyendo →
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