“La Justicia es una mierda”

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Ayer, el Juzgado Correccional Nº 3, a cargo de la jueza Susana Amelia González La Riva, absolvió a Norberto Maximiliano Metz, gerente local de Camin Cargo Control, acusado de la muerte de Juan Cruz Manfredini.

Por homicidio culposo, la Fiscalía había pedido una pena de cuatro años de prisión y para la familia del joven que solicitó cuatro y medio y 200 mil pesos de multa.

Juan Cruz murió el 21 de octubre de 2010 tras cuatro días de agonía. Tenía el 95 por ciento de su cuerpo quemado por una explosión en el dúplex de Cuyo 1388 donde funcionaba clandestinamente el depósito de muestras de combustibles y fertilizantes donde trabajaba.

Durante el proceso judicial, los testimonios de los trabajadores, especialistas y funcionarios públicos que dieron cuenta de la clandestinidad en que la empresa llevó a cabo su proyecto, generaron cierta expectativa sobre la posibilidad de una decisión judicial orientada en un sentido contrario a la adoptada por González La Riva.

“Esperábamos una condena ejemplar para que esto no vuelva a pasar”, dijo a FM De la Calle Mónica Dambolena, mamá del joven trabajador. “Se demostró que Juan no tuvo responsabilidad alguna”, agregó.

Por su parte, Federico Mandredini, papá de Juan Cruz, sostuvo que “deja mucho que desear el fallo de la jueza. Porque en el juicio quedó demostrado que el lugar no estaba habilitado, que no estaban las condiciones dadas, que no tenían el lugar habilitado, inclusive cómo se produjo la explosión. Quedó también demostrado que Juan no alcanzó a manipular nada. A la jueza no le alcanzó esto”.

Marcando las condiciones laborales a las que se vieron sometidos los trabajadores en el dúplex, Manfredini recordó que “había muestras semi enterradas del año 2008. Cuando fueron los peritos de la universidad se agarraban la cabeza porque decían que eso es una bomba ambiental”.

La cocina judicial

“Ayer fui la voz de mucha gente común que trabaja, que cumple con la cosas. Me preguntaron ¿qué piensa de la justicia? Y… la Justicia es una mierda, dije”, agregó Federico.

“Nos quedamos con las manos vacías, peor que antes. Porque tuvimos una ilusión que fue borrada. Ayer cayó un muchacho en una obra en construcción. Te da a pensar que la justicia no va a resolver nunca nada y no sabes qué pensar y para dónde ir”, cuestionó Gino Manfredini, hermano de la víctima.

La estrategia de absolución se basó en que el gerente también era empleado y con ello relativiza su responsabilidad. Sin embargo, Norberto Metz “sabe cómo actúo y sabe perfectamente bien que es culpable”, recalcó Federico.

Según Mónica, el absuelto “no fue en toda la semana previa al accidente a la oficina. Estuvo toda la semana cerrada ahí es donde se convierte ese anfo”. “Eso es su responsabilidad. Tenía un trabajo extra al que le dedicaba mayor responsabilidad y los chicos le hacían el trabajo a él”, agregó Manfredini.

Además de absolver a Metz, la jueza no hace ninguna consideración concreta acerca de quién tuvo la responsabilidad. “Ya sabíamos que es una jueza que se tira a favor de las empresas. El hecho de que Metz no haya estado en la audiencia marcaba que lo iban a dejar libre”.

Según la familia de Juan Cruz, el hecho de que el letrado que representó al imputado no haya presentado una defensa férrea daba la sensación de que “estaba todo cocinado”.

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Tarifazo: “Puedo matar una vaca pero no puedo comprar un kilo de asado”

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Trabajadores del frigorífico INCOB visitaron esta mañana FM De la Calle y comentaron la difícil situación que atraviesan por la caída de la producción y el tarifazo en los servicios públicos. De faenar medio millar de animales por semana en 2015 hoy matan con suerte 150. De pagar 12 mil pesos por la factura de luz hoy deben afrontar 62 mil. “Es imposible juntar el retiro semanal de los compañeros (…) yo puedo matar una vaca pero no puedo comprar un kilo de asado”, graficó Esteban. 76 familias viven de la empresa recuperada.

“La propuesta de la Cooperativa INCOB es poder reorganizarnos entre todos los sectores que habitamos Bahía Blanca, centros culturales, clubes de barrio, centros de jubilados, cooperativas, pymes, realmente nos sentimos todos afectados, y creemos que si solamente INCOB sale a la calle va a tener respuesta pero solo para INCOB, queremos que esto se normalice para todos los argentinos”, agregó.

La semana pasada fueron invitados por sus pares del Hotel Bauen a participar en una asamblea en la ciudad de Buenos Aires. “El martes hicimos una manifestación en Plaza de Mayo junto con clubes de barrios de todo el país” y “el jueves fue la manifestación de la multisectorial, fue interesante, nos trajimos buena respuesta de varios compañeros porque sinceramente acá en Bahía Blanca no le veíamos salida al tema del tarifazo”, explicó Esteban acompañado por Agustín y Pocho.

“El Ministerio de Energía propuso pagar el 50 por ciento en efectivo y el otro 50 en tres meses, te estaban cobrando lo mismo pero con la excusa de que en esos meses el otro 50 por ciento lo pongas dentro de tus costos. Pasa que hoy la producción de cualquier empresa, como está el país, no avanza. Si tuviéramos la que teníamos hace un año atrás tranquilamente podemos pagar ese monto, pero hoy el país no se mueve, de matar 500 o 600 animales semanales estamos matando 140 o 180. La producción bajó muchísimo”, dijo.

Esteban explicó que “somos prestatarios del servicio, de acuerdo a la producción que tenemos es el retiro semanal que se lleva cada compañero. Se trató de hacer un fondo en la cooperativa por unos meses, la veníamos sobrellevando bastante bien pero lo que nos deja mucha plata es el cuero, bajó el cuero, aumentaron las tasas de SENASA, aumentó la luz, nos aumentó todo. La cooperativa hoy en día se ve obligada a salir a la calle porque es nuestro derecho de poder manifestarnos democráticamente, creemos que esto es injusto porque no podemos llegar a fin de mes”.

Para comunicarse con la Cooperativa INCOB pueden llamar al 0291 454 5138.

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Veto a saber

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Este jueves, durante la sesión ordinaria, el Honorable Concejo Deliberante insistió en la modificación de la ordenanza 12.711, en los aspectos que regulan el funcionamiento del Consejo Cultural Consultivo. El 11 de mayo, con las firmas del intendente Héctor Gay y del Director del Instituto Cultural Ricardo Margo, el ejecutivo estrenó la facultad del veto contra dicha modificación, propuesta por la comunidad artística.

El lunes, la Asociación Argentina de Actores y la Unión de Müsicxs del Sur emitieron un comunicado conjunto en el que sostuvieron que el veto implicaba “una gestión cultural de espaldas a la comunidad artística”.

En el mismo sentido, quienes integran el Consejo Consultivo en representación de los trabajadores y las trabajadoras de la cultura pidieron una audiencia con el intendente el día martes a la mañana. Lo hicieron a través de una nota ingresada por mesa de entrada en la que expresaron al jefe comunal que “los considerandos de dicho veto contienen inexactitudes y elementos desacertados que pueden provenir de la desinformación, dado que confiamos en que Ud. como jefe político de la ciudad electo democráticamente, seguramente estará de acuerdo con la comunidad artística en que es deseable que la opinión de la sociedad organizada sea considerada en el seno del gobierno (independientemente del color partidario del mismo) a través de la participación en órganos de Estado y que en un sistema democrático siempre es preferible una opinión fundada en debates y resoluciones colectivas de base amplia por sobre las opiniones de individuos, por más idóneos que ellos sean”.

De esta forma, apelaron “a la reconsideración de estos elementos y a que acceda a recibirnos para poder hacerle llegar la información que creemos necesaria, confiando en que su expresa voluntad de diálogo no se vea opacada en esta oportunidad en la que, dentro de sus potestades, se encuentra vetando una ordenanza resuelta también democráticamente por los representantes de la sociedad en el Poder Legislativo comunal”.

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Sin que medie respuesta, el día jueves se trató el proyecto sobre tablas en el recinto deliberativo local, con la presencia de trabajadores y trabajadoras de la cultura exigiendo que el diálogo que permite esta herramienta no sea acallado a través del veto, sostuvieron carteles cuyas leyendas rezaban “si hay veto no hay diálogo” y “no al veto”.

Para insistir sobre el proyecto, luego de haber sido vetado, hacía falta obtener mayoría especial y así ocurrió. Exceptuando a los y las ediles que conforman el bloque del frente Cambiemos (PRO y UCR) que no votaron a favor y tampoco expusieron los fundamentos de esa posición política contraria a los reclamos ciudadanos, los bloques del Frente para la Victoria (que impulsó el tratamiento), Integración Ciudadana, Unidos por la Libertad y el Trabajo, Compromiso Bahía y Frente Renovador respaldaron el proyecto.

Por su parte, en la jornada de hoy consejeros, consejeras, asesores y asesoras que integran el órgano ratificado expresaron que sostienen y refuerzan la convocatoria a la asamblea de mañana, sábado 11 de junio, a las 11 en el Teatro El Tablado (Chiclana 453) porque mantienen “la enorme preocupación pues esta insistencia se da contra una serie de consideraciones y dichos desacertados por parte del Director del Instituto Cultural, que sustentaron con frágiles argumentos (como lo entendió el HCD) un veto que no prosperó en lo jurídico, pero cuyo espíritu coincide con la actitud del titular de Cultura hacia el Consejo Consultivo”, quien formando parte del cuerpo hace tres meses que no da lugar a las reuniones correspondientes.

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Fotos: Juan Ignacio Valenzuela

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Alternativas a la prohibición

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El periodista Emilio Ruchansky presentará en Bahía Blanca su libro “Un mundo con drogas”. Será este viernes a las 18 en Sarmiento 54. Dos horas antes disertará sobre “actualidad legislativa y jurisprudencial en drogas” a instancias de la Defensoría local y el Departamento de Derecho de la UNS. Inscripciones en www.derechouns.com.ar

El integrante del staff de la Revista THC y columnista de la TV Pública investigó las experiencias alternativas a la prohibición en países como Suiza, España, Estados Unidos, Uruguay, Bolivia y Holanda y las contrastó con las políticas represivas de la prohibición que generaron “una multiplicidad de problemas graves que saltan a la vista: cebo transgresor para adolescentes, proliferación de mercaderías descontroladas, mafias clandestinas enquistadas en diversos estamentos del Estado, negocios multimillonarios para unos pocos y cadenas de crímenes cada vez más espantosos”. Aquí la charla con el autor durante el programa En Eso Estamos de FM De la Calle antes de su llegada a la ciudad.

-¿Qué es Un mundo con drogas?

Es un libro que empieza a gestarse en 2012 en un viaje a Holanda donde pude entrevistar a biólogos que hacen semillas feminizadas de cannabis, ir a los coffee shops y hablar con los dueños, conocer un poco el ambiente del activismo holandés que es bastante desconocido acá y juntar materiales de la política pública de ellos, por qué decidieron permitir los coffee shops, que tiene que ver con separar el mercado de heroína con el de cannabis, es decir, que la gente que quiere cannabis solamente tenga cannabis y no tenga contacto con los dealers.

A partir de que la puerta de entrada es el dealear y no el cannabis o el alcohol, ellos plantean esta política de separación que funciona. Yo ya conocía el caso de Suiza con las salas de consumo controlado que también tiene que ver con evitar el contagio de Hepatitis C y HIV en usuarios de heroína o cocaína inyectables en Europa, fui juntando los casos, también España con los clubes de cultivo, Estados Unidos con los dos estados que legalizaron, yo fui a Colorado para ver cómo se gestó, cómo se votó -eso fue un plebiscito-, y cómo es la legislación interna.

El libro tiene una preocupación y yo a veces lo encuentro hasta pesado de detalles de legislación, por eso también la invitación de los defensores del Departamento de Bahía Blanca, porque hay mucha letra fina sobre cómo se puede legislar en drogas y qué resultados tiene pensar y actuar de una manera distinta. Dejar de basarnos solamente en la represión y empezar a atender el problema respetando la voluntad de las personas, sin internación coactiva o judicial sino acercándose y aceptando que consumen y viendo cómo se puede mejorar eso y cuáles son los objetivos que se puede plantear esa persona.

También fui a Bolivia por el tema de la hoja de coca y a Uruguay que es hoy el país más avanzado en políticas de drogas en el mundo.

-¿Qué valoración hacés de estos primeros meses de esas políticas públicas en Uruguay?

Solamente con los clubes de cultivo cooperativo más el autocultivo, que no está todo registrado, hay cuatro mil personas registradas, ya tienen un 40 por ciento del cannabis circulante que es uruguayo. Es decir, cuarenta por ciento menos de ganancia para las mafias de cannabis paraguayo, esto involucra a las mafias locales más la plata que pagarán para entrar al país, etcétera. Es positivo en el sentido de que se logran los objetivos que es dejar de alimentar al mercado negro, dejar de financiar a la persona que supuestamente decís combatir.

Hay que ver que va a pasar con las farmacias, están hablando de agosto, creo que se va a retrasar pero hay dos empresas licitadas, una es argentina, ganaron la licitación y va a haber venta en farmacias, con lo cual ahí ya el sistema realmente va a tomar la dimensión que tiene que tomar porque no todo el mundo tiene tiempo de cultivar en su casa o un club cannabico cerca, ni es tan sibarita que es el estilo de los clubes. La venta en farmacia lo va a poner en el acceso a los consumidores a un nivel más masivo y ahí sí va a empezar a funcionar el mercado bajo la consigna uruguaya que también es la segmentación de mercados de marihuana y pasta base, el que quiera marihuana que no se le ofrezca pasta base, cocaína y otras drogas. Si funcionó en Holanda no tiene porque no funcionar en Uruguay.

-¿Cuando planteas la regulación lo haces para cualquier droga?

La regulación hasta lo que pude investigar para el libro se ha vuelto sobre el tema del cannabis. Son cosas distintas, hay otras drogas que por la peligrosidad uno tendría que evaluar cómo regularlas. Obviamente que la prohibición no sirve para ninguna sustancia, hay algunas que creo que son más regulables como el éxtasis. Más allá de que lo que pasó en Time Warp, que nos quieran llenar la cabeza con que a los chicos los mató una pastilla, todos sabemos que había el doble de gente y no había agua, había cuestiones básicas que cualquier persona que consume éxtasis sabe que tiene que tener.

Primero te diría, un milagro a la vez. Hay que probar cómo funciona con el cannabis, qué nuevos problemas genera, porque acá no hay soluciones mágicas, la regulación lo que trae aparejado son nuevos problemas comerciales, controlar a las empresas, que no haya publicidad. Fijate que mal nos fue con el tabaco que nunca se aclaró que causaba cáncer abiertamente, solamente se decía que era perjudicial para la salud, y fijate que mal nos está yendo con el alcohol que tiene publicidad en televisión, esponsorea partidos siendo hoy el principal problema de consumo de la Argentina y de la región.

-Y muchas veces no lo consideramos como una droga…

Me ha pasado de dar charlas y personas indignadas me decían que no es una droga, ‘cómo me vas a decir que es una droga’.

MMM2014-1-Emilio, ¿qué opinás respecto del discurso de algunos curas de villas de Capital que suelen plantear que todo bien despenalizar para cierto sector de la sociedad pero que en los barrios sería una catástrofe?

Creo que no todos los curas opinan lo mismo en las villas, los Curas de Opción por los Pobres no creo, existe un cura en particular que es el padre Pepe que se viene oponiendo sistemáticamente a la despenalización bajo criterios inentendibles. Porque él está de acuerdo en no criminalizar a las personas que padecen una adicción y cuando le decís que es necesario despenalizar para no criminalizar te dice ‘no, despenalizar es una mala señal’. Y así al infinito, es irresponsable.

Y ya la Organización de los Estados Americanos está planteando que sin despenalización no hay estrategia de salud. No podés esperar que la gente se acerque a los servicios médicos si la estás criminalizando, si pueden ir presos por tener sustancia. Esto de defender con el garrote no sirve. Portugal lo demostró, cuando se despenalizó no aumentó el consumo, aumentaron las consultas médicas porque la gente se sintió más segura.

Siempre nos van a decir que no estamos preparados, no lo entiendo, ¿no estamos preparados para qué? Estamos preparados para seguir metiendo gente presa, consumidores, persiguiéndolos, para que la policía siga recaudando con las mafias de venta de sustancias, para seguir encerrando chicos con órdenes judiciales sin respetar su voluntad, creo que es muy inhumano lo que está pasando pese a tener una gran Ley de Salud Mental en la Argentina.

-Me tocó estar en Uruguay en un momento en que se llevaban detenidas a un grupo de personas que cultivaban pero que no estaban inscriptas en un registro del Estado. Hay quienes se oponen a este tipo de registros por la información que le dan a un Estado que en última instancia conserva características represivas, ¿cuáles son los riesgos en ese sentido?

En el caso del registro, en el libro está explicado por la persona que armó la regulación que es Julio Calzada, era algo necesario para el momento y hay que ver si se sostiene en el futuro. A nadie le gusta registrarse, son cuestiones privadas, para comprar cerveza no tenés que estar registrado y estamos de acuerdo en que hasta es ridículo. Ahora, el gobierno uruguayo plantea que necesita saber el volumen del cannabis que se está cultivando al menos legalmente, sea autocultivo, sean clubes o farmacias, porque Uruguay también puede correr el riesgo de transformarse en un país productor de cannabis y exportador. Ahí solucionas el tema de las mafias pero generas tal vez nuevas. Es una primera regulación, no hay experiencias a nivel de estados nacionales, si en el caso de Estados Unidos, Holanda nunca completó la regulación del cannabis, permite la tenencia y la venta pero no la producción, es raro pero es así.

Es importante que los Estados se involucren, la consecuencia grande que puede tener, que está en Colorado y es para debatir, es que pueden encarecer el producto la cantidad de controles y si se encarece el cannabis el del mercado negro va a seguir estando. Si tu objetivo es sacar el mercado negro, es lo que dice Pepe Mujica, contra los bombazos de cien dólares no hay forma de ganar la guerra. Hay que copar el mercado, claro, pero si el Estado se burocratiza demasiado y eleva el precio del cannabis tenés un problema de nuevo.

Son cuestiones complicadas, hay que salir del fracaso de las drogas que ya lo reconoce (el presidente de Colombia, Juan Manuel) Santos, (el de México Enrique) Peña Nieto, hay presidentes que no son los ex sino en ejercicio diciéndolo, y de los países más afectados. Evidentemente la salida no va a ser fácil y va a haber complicaciones. Uruguay tuvo un camino valiente, es importante que el Estado intervenga porque hasta ahora la regulación la tenían los transas, los narcos, la policía.

cannabis-5-¿Qué fue el Proyecto Cocaína de la OMS?

Es una investigación, hecha en Cochabamba, San Pablo, Rio de Janeiro e Ibadán -en Nigeria-, es el estudio más importante que se hizo sobre cocaína y sobre hoja de coca. Incluye pasta base, crack, clorhidrato y formas inyectables también y fue realizado por la OMS pero nunca se pudo publicar porque Estados Unidos presionó con dejar de financiar al organismo de salud si lo hacían. Lo que dice es que el clorhidrato de cocaína no genera una epidemia sanitaria ni nada parecido. Y también que la hoja de coca tiene utilidades médicas. Según el psiquiatra que hizo el estudio, lo que más molestó a los delegados estadounidenses fue el tema de la hoja de coca y no la cocaína, aunque suene increíble.

El estudio es muy interesante, lo pude rescatar, está publicado por Wikileaks y el National Institute y lo que hice es reconstruir cómo se gestó, porque la OMS en un momento tuvo un área que se llamó Abuso de Sustancias que se cerró cuando terminó el Proyecto Cocaína y es una investigación comparativa que hizo un antropólogo barcelonés que ya había trabajado con investigaciones de cocaína pero en Europa, comparando Barcelona, Ámsterdam y Roma. Es un estudio en territorio donde hablan los pastabaseros, la gente que está más en el horno, y también gente que le va bien, de buenos ingresos económicos que toman cocaína los fines de semana, que no tienen un problema de consumo.

También publiqué unas cosas que no existen en un sitio que se llama unmundocondrogas.com, está el proyecto, algunas cosas más y las taquigráficas de Uruguay, algunas cosas sobre Suiza en inglés, siempre pido una mano a ver si me pueden ayudar a producir muchos de los materiales, mi idea no es vender libros sino acercar materiales a las personas que investigan, que hacen política con esto o tienen que ver con la tensión desde el lugar que les toque.

-Venimos de una marcha mundial muy concurrida como la de los últimos años y la posibilidad de avanzar en el cannabis medicinal, ¿que hay en concreto y en el marco del nuevo gobierno en cuanto a la posibilidad de despenalizar en el país?

El martes que viene tenemos una reunión en la comisión de Salud para ver el tema del cannabis medicinal y te diría que el avance va a ser ese por ahora. No hay todavía en el gobierno una postura muy clara sobre este tema, hay un ala más dura -Burzaco, Patricia Bullrich- y por otro lado, gente más liberal como Pinedo. Hay que ver cómo se da ese debate interno.

De todas formas la ministra planteó fijar cantidades mínimas, no es algo que a nosotros desde la Revista THC nos parezca ideal pero ayuda. Por lo que pude hablar con Pinedo hay toda una expectativa de lo que está haciendo Uruguay, yo creo que eso va a influenciar mucho. Uruguay fue pionero en algunas cosas como el divorcio como nosotros fuimos pioneros con matrimonio igualitario, Ley de Identidad de Género, es interesante que ellos tomaron el tema de la despenalización y la regulación al lado del aborto, del matrimonio igualitario, etcétera, dentro de ese paquete de derechos, cosa que acá no se hizo.

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#NiUnaMenos: femicidio en Dorrego

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Liliana Díaz, de 29 años, fue asesinada ayer en Coronel Dorrego. El femicida sería su ex pareja Marcelo Fabián Camarero, de 48,  quien se presentó a medianoche en la comisaría junto a su representante legal y quedó detenido. La víctima fue encontrada sin vida dentro de un automóvil.

Según los medios del lugar, Liliana cursaba la carrera de Educación Física en la Escuela Secundaria Nº2 y habría sido atacada en un playón de estacionamiento ubicado enfrente. Luego, Camarero habría llevado el auto hasta una cochera de calle Yrigoyen, entre Lequeric y Santagada donde lo encontró la policía. La mujer era bombera voluntaria y residía en El Perdido.

“Hay algo que se fue de las manos evidentemente, pensar en nuestro pueblo, de 2008 hasta acá son muchos los casos que se van sucediendo, tratás de ver cuál es el punto en común y el único es el ser mujer”, dijo a FM De la Calle Eliset Nomdedeu, integrante del programa feminista “Y que los platos los lave otro” y enumeró: “Katherine Moscoso, Verónica Vaca hace unos años, Marcela García, el caso de Rocío secuestrada y violada, son muchos”.

La Unidad Fiscal Descentralizada de Dorrego informó: “Un sujeto de sexo masculino se encuentra aprehendido imputado de Femicidio (art. 80 inc. 11 del Codigo Penal) Se trata de Marcelo Fabián Camarero, DNI 18377613, quien cerca de las 21 de ayer, le habría quitado la vida a Liliana Díaz, su ex pareja, mediante disparo de un arma de fuego calibre 9 mm.. El hecho acaeció en el interior del vehículo del aprehendido, Peugeot 308., se procura determinar lugar exacto. Interviene UFIJ 5 temática de homicidios subrogada por Mauricio Del Cero. Colabora esta Ayudantía Fiscal. Están en curso medidas probatorias fundamentales. Ampliaremos”.

Según pudo constatar FM De la Calle, el viernes 16 de enero de 2015 el Boletín Oficial dio cuenta de la solicitud para la tenencia y portación de una pistola 9mm. por parte del femicida “a efectos de que cualquier ciudadano, habitante de la Nación Argentina y entidades de la sociedad que tengan interés, puedan oponerse”.

camarero boletin efemedelacalle“Estamos despertando, yo me enteré anoche a pocas horas que había pasado y es como que uno no alcanza a acomodar la cabeza, hace una semana estuvo la marcha y ya vino mucha menos gente que otros años, pasas por distintos ciclos, el hartazgo, la bronca, preguntarte qué hay que hacer o qué falta”, afirmó Nomdedeu.

Agregó que es “una mujer más, de tanto años, y el tema de cómo lo tratan los medios, era ‘su autor’, el uso de los eufemismos para no decir el asesino y enfatizando que no se quiso fugar, que ya es un justificativo del homicidio”, opinó.

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El #NiUnaMenos en Dorrego

Video: Pablo Rodríguez.

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Juicio a la precarización: “Podría haber muerto mucha más gente”

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El  lunes a mediodía la jueza Susana González La Riva dirá si Norberto Metz es penalmente responsable del homicidio culposo de Juan Cruz Manfredini. Así lo es para la Fiscalía que pidió una pena de cuatro años de prisión para el ex gerente local de Camin Cargo Control S.A. y para la familia del joven que solicitó cuatro y medio y 200 mil pesos de multa.

Juan Cruz murió el 21 de octubre de 2010 tras cuatro días de agonía. Tenía el 95 por ciento de su cuerpo quemado por una explosión en el dúplex de Cuyo 1388 donde funcionaba clandestinamente el depósito de muestras de combustibles y fertilizantes donde trabajaba. El juicio analizó la responsabilidad de Metz y próximamente deberá ser juzgado el representante nacional de la firma, Marcelo Camin.

Hugo Fernández, abogado de la familia Manfredini, comentó a FM De la Calle que fue una investigación con mucha prueba aunque “uno no puede decir qué pasó por la cabeza de un juez”. Destacó que “lo importante es que se haya debatido”, más teniendo en cuenta el intento del primer fiscal de la causa de acordar una pena de tres años en un juicio abreviado para el gerente de la empresa Marcelo Camin.

“Cuando se va a debate hay que reproducir todo lo que se hizo en forma oral, a riesgo de eso, la familia prefirió en honor a la memoria de su hijo que esto salga a la luz, que se debata y se conozca cómo trabajan estas empresas, esto es un tema de precarización laboral donde para ofrecer un producto barato, a bajo costo, la empresa pone en riesgo a los trabajadores y a un montón de gente”.

Fernández explicó que se trata de “una empresa internacional con sede en Houston” y otra que se llama Camin Cargo Argentina. “El gerente de Argentina es Marcelo Camin y está imputado también pero, por un recurso de Casación, todavía no llegó su debate. Con respecto al jefe local lo que había que demostrar era el nivel y grado de responsabilidad que teníaal manejar la delegación de Bahía Blanca, ese fue el nudo principal. Se apuntó a tratar de demostrar claramente que esta persona tenía toma de decisión”.

“Es importante porque no hay muchos antecedentes de gente de una empresa, del personal jerárquico, que sea responsable penalmente. Muchos terminan en un abreviado, en una probation, y si no tienen antecedentes pareciera como que no debería ir preso una persona. Pero, la pucha, no solamente mató una persona -no tuvo la intención de matarlo pero es un homicidio culposo- (…), era una bomba de tiempo, no podés poner en una vivienda tipo dúplex, en un edificio acostado, muchas viviendas, ¿cuánta gente que va por recreación al Parque de Mayo sabía que a media cuadra había una bomba?”, se preguntó.

El abogado dijo que para probar a qué se dedicaba -dedica- Camin Cargo Control hubo que escuchar a muchos especialistas. “Cuando viajan productos inflamables en buque se toma una muestra local y se hace un resguardo, se contrata a estas empresas para que cuando el buque llega a destino, si hay un tema de contaminación, tengan un respaldo de muestra. Por eso la actividad principal es guardar muestras, uno espera que lo hagan en un lugar seguro y no en un departamentito que alquilaron como casa habitación”.

“La peligrosidad estuvo dada porque se almacenaron productos incompatibles entre sí. Había muchos tipos de gasolina que salen del puerto, naftas, gasolinas especiales que son altamente explosivas. Incluso como también hacían muestreo de fertilizantes había urea granulada, nitrato de amonio. Pareciera que no son peligrosos por sí solos pero los especialistas en explosivos nos explicaron que si mezclas fuel oil con nitrato de amonio se denomina ANFO, un explosivo casero con el que se voló la AMIA. Para que uno tenga dimensión de la peligrosidad. Podría haber muerto mucha más gente acá”, advirtió.

1969323_850202271677011_6882888788721100430_nFernández agregó que “esta gente para ahorrar costos no tenía, como explicaron los técnicos, los productos peligrosos separados y en un lugar habilitado. Obviamente vino la jefa de Habilitaciones y dijo que esto no podía estar por el lugar directamente, es residencial, tendría que haber estado en el puerto o el parque industrial, un lugar preparado para tener este tipo de producto, no en el medio de la ciudad”.

“Más de una empresa debería poner las barbas en remojo y por lo menos si contratan a una empresa para tomar una muestra requerir dónde la llevan. En el sistema penal se imputan personas determinadas pero posiblemente esto desemboque en alguna investigación, espero, es difícil entender la actividad porque los únicos que saben son los que la realizan”.

“Esto es un contrato entre una empresa internacional que viene de afuera a buscar un producto -a la cual ni siquiera conocemos- y contrata un buque y el que vende el producto acá. Esas dos personas contratan a un tercero para queguarde la muestra. Esto debería reverse y las autoridades deberían mirar un poco más. Esa es la lucha de la familia, nadie les va a devolver el hijo, incluso en un momento se trató de desvirtuar esto como que había sido una mala manipulación de una garrafa de este muchacho. Le echaron la culpa al muerto que es lo más fácil”, dijo.

En ese sentido comentó que ” los médicos explicaron que estaba quemado el 95 por ciento del cuerpo y que si manipulas una garrafa lo lógico es que te quemes adelante, no que tengas una quemadura tipo V en la espalda, es imposible. El ambiente donde ponían estos productos generaba vapores, algoque detonó eso levantó una temperatura terrible e hizo lo que técnicamente se llama deflagración, una explosión”.

La sentencia se conocerá el lunes a las 12 en el Juzgado Correccional Nº3 de Estomba 34. Más información en Exigimos Justicia para Juan Cruz Manfredini.

Otras entrevistas:


Foto familiar: Facebook Gino Manfredini.

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Decreto 721: un globo de ensayo para las fuerzas armadas

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A principios de mes se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 721/2016 del presidente Mauricio Macri a través del cual derogó la disposición tomada en 1984 por el gobierno de Raúl Alfonsín para restar autonomía a los militares y dejar en manos de las autoridades elegidas democráticamente las decisiones vinculadas con la órbita castrense. La medida provocó el rechazo de organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas.

La especialista en temas de Defensa Nacional, Estrategia y Geopolítica y secretaria del Centro de Militares por la Democracia, Elsa Bruzzone, dijo a FM De la Calle que el decreto “ratifica lo que ya se venía haciendo, manejo de cuarteles, traslados, tareas administrativas y de funcionamiento interno” y no representa “ninguna autonomía”, aunque lo calificó como “un globo de ensayo para ver si pueden acostumbrarnos a que las fuerzas armadas puedan intervenir en los asuntos internos del país”.

Bruzzone explicó que la Ley de Defensa 16.970 de la dictadura de Onganía no distinguía las funciones de las FFAA en torno a la defensa nacional y la seguridad interior, lo que “permitió la utilización de las mismas en las tareas de represión interior con los resultados por todos conocidos”.

Al asumir Raúl Alfonsín, mientras se redactaba una nueva Ley de Defensa, aprobó el decreto recientemente derogado y “controló” a las fuerzas”. “Cuando la ley es sancionada en 1985, y más después con la reglamentación de la ley bajo el gobierno kirchnerista, este decreto ya prácticamente queda sin efecto porque tiene que ver con tareas administrativas, con el con el manejo hacia adentro de las FFAA”.

“Como bien lo explica el Decreto 721, el poder civil sigue teniendo el control y el manejo en los ascensos, a partir de coronel y los grados superiores se sigue requiriendo el acuerdo del Senado, en los puestos más altos el Poder Ejecutivo con el Ministerio de Defensa designan, los planes de estudios siguen estando en manos del Ministerio, las hipótesis de conflicto las fija el gobierno nacional”.

Bruzzone dijo que “el peligro es que se pudiera avanzar más adelante en una modificación de la Ley de Defensa Nacional donde con una simple letra que dijera ante una agresión externa o interna permitiera que la FFAA intervinieran en tareas de represión interior o en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Hay presiones desde hace cuatro o cinco años del Departamento de Defensa norteamericano a través del Comando Sur”.

“Estas intervenciones han tenido resultados nefastos en México, en Colombia o inclusive en Honduras. Acá está prohibido pero se han reanudado las presiones y las hay también de integrantes de la política, de los grupos económicos, de nuestra justicia, que pretenden que esta línea divisoria caiga”, afirmó y agregó que las contradicciones de la ley, por ejemplo, abarcan el envío de tropas a supuestas misiones de paz de Naciones Unidas que en realidad son ocupaciones de países “donde los integrantes de las misiones realizan tareas de seguridad interior, la mayor parte de las veces con resultados catastróficos para las poblaciones locales porque se producen violaciones a los derechos humanos”.

Bases militares

12.Elsa-Bruzzone“EEUU tiene en su mente la instalación de bases militares ya sean descubiertas o encubiertas, disfrazadas bajo el concepto de ayuda humanitaria ante desastres naturales, epidemias, pandemias, bases científicas para realizar estudios, o bases de control de la no proliferación de armas nucleares y de destrucción masivas. (…) Ellos tienen que tener libre acceso y control de recursos naturales que ya no poseen para seguir siendo la potencia dominante en el mundo”, manifestó.

Tras mencionar las bases yankees o de la OTAN en Colombia, Haití, Guantánamo, Puerto Rico, Perú, Chile, Paraguay y Malvinas, Bruzzone destacó que pretenden instalar una de carácter científico en Ushuaia “con acceso libre a la Antártida” que, junto a la de Malvinas, habilitaría el control del Atlántico Sur y su conexión con el Pacífico a través del Estrecho de Magallanes y el Canal de Beagle con proyección hacia el océano Índico.

“Además permite una presencia en zona donde toda la plataforma continental nuestra alrededor de las islas tiene yacimientos de hidrocarburos y minerales estratégicos e industria pesquera y tanto Ushuaia como Malvinas son la puerta de entrada a la Antártida que no solamente es la mayor reserva de agua dulce congelada del mundo sino que también -en el sector donde se superponen los reclamos de soberanía de Argentina, Chile y Gran Bretaña- se encuentran los mayores yacimientos de hidrocarburos del continente antártico”. Hasta 2041 rige la prohibición de toda explotación de los bienes comunes aunque EEUU intentará impedir su prórroga por otros cincuenta años.

En San Ignacio, Misiones, también podrían construir una base. “En lugar de utilizar a Hamas o a Hezbollá en la zona de la Triple Frontera, que es uno de los puntos más importantes de carga y recarga del Acuífero Guaraní, (…) reflotan el fantasma de la presencia del Daesh o ISIS, como lo llaman en occidente, o del Frente al Nusra que está vinculado a Al Qaeda para reflotar las presiones que en su momento se hicieron sobre De la Rúa y Duhalde”. “Dependerá de nosotros impedir que se consume”, dijo.

El discurso de Gay

gayLa integrante del CEMIDA se refirió además al discurso del intendente Héctor Gay del 25 de mayo en el cual habló de la existencia de enemigos internos y externos y “grupos perfectamente organizados que no tienen patria ni bandera, pero que sí quieren subvertir valores y adueñarse fundamentalmente de nuestros ideales y de nuestra juventud”.

“Este discurso me remite a la Doctrina de la Seguridad Nacional (…), me remite a tiempos que hemos vivido y a los cuales no quiero volver. No quiero volver a la década de 1930, a 1955, de ahí en adelante tampoco quiero volver a un 24 de marzo del 76 que es a lo que él me está remitiendo. El que no tiene patria ni nación es él porque la patria y la nación no son pasiones inútiles y un verdadero patriota y alguien que ama profundamente a su patria y a su pueblo no ve en el otro, en el pueblo, al enemigo”, dijo.

Bruzzone reconoció que “tenemos enemigos de adentro” aunque apuntó a “los grupos económicos de poder, las corporaciones trasnacionales, los organismos financieros internacionales, estamos llenos de cipayos al servicio de intéreses foráneos”. “Tenemos enemigos de afuera, sí señor, todo imperio, todo aquel que ejerce colonialismo, eso es enemigo, enemigo es el capitalismo que destruye vida humana, vida vegetal, vida animal, que destruye a la naturaleza y al planeta”.

Sobre la aclaración del intendente, quien comentó que se refería al narcotráfico, la especialista afirmó: “Usted va a escuchar que utilicen el narcotráfico o el terrorismo, que los agiten como bandera, pero en realidad los destinatarios de eso son el pueblo, las organizaciones sociales, políticas, culturales, todos aquellos que luchan por la justicia social, por la independencia económica, por la soberanía política y la paz, el capitalismo”.

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“No queremos una gestión cultural de espaldas a la comunidad artística”

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La Asociación Argentina de Actores y la Unión de Músicxs del Sur emitieron un comunicado conjunto en el que expresan que “el veto de la reforma de la Ordenanza 12.711 representa un innecesario golpe a la voluntad de la comunidad artística organizada”.

Las reformas vetadas implican “el simple reconocimiento por parte del Concejo Deliberante local de las formas de funcionamiento en que el Consejo Consultivo del Instituto Cultural de Bahía Blanca se desenvuelve desde sus comienzos. Esto es, la elección por asambleas de las personas que representan a cada área y la regularidad de las reuniones del Consejo”.

Respecto de los fundamentos del veto, las organizaciones sostuvieron que “redundan en una serie de opiniones infundadas que ha venido manifestando el Director del Instituto Cultural, Ricardo Margo, quien sostiene que las modificaciones requieren un ‘consenso mayor’”. En este sentido, se preguntaron “¿cuál consenso es mayor que las expresiones de la propia comunidad artística que viene discutiendo en asamblea y mandatando a sus consejeros y asesores desde hace seis años? ¿Cuál consenso mayor que el trabajo mancomunado desde siempre con el HCD?”.

Actores y UMSur creen que “el problema no es el consenso de los trabajadores y las trabajadoras de la cultura sino que el director de Instituto Cultural no está de acuerdo con que la comunidad participe activamente en las decisiones de gobierno en lo referido a cultura. ¿Cuál es el problema con escuchar las voces de los y las protagonistas? ¿Acaso no quiere que sean públicos los debates en torno de hacia dónde se destinan los fondos públicos, como por ejemplo el Fondo Municipal de las Artes? ¿Por qué hace tres meses no recibe a los Consejeros y Asesoras? ¿Qué es lo que no quiere mostrar?”.

“Impulsar el veto a las reformas sobre el funcionamiento del Consejo Consultivo expresa una visión de gestión del Instituto Cultural basada en gobernar de espaldas a la comunidad”.

A su vez, señalaron que “la misma gestión que gastó al menos $250 000 para que se lleve a cabo en la ciudad el programa provincial ´AcercArte´, dejando a los artistas locales como mero participantes de un concurso, es la que ´no dispone de recursos´ para el normal funcionamiento de proyectos de impacto social y cultural, como la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar, sobre la que se dijo que habría un aumento del 40 % y no se cumplió, ya que al día de la fecha no ha sido percibido en las remuneraciones”.

“La misma gestión que dilata las audiencias pedidas por los hacedores de cultura de la ciudad, pero no demora un segundo en acordar prebendas con el sector privado”.

En defensa del trabajo regional, el comunicado señala que “Bahía Blanca cuenta con cantidad y calidad de artistas que observan una vez más cómo hay recursos para proyectos que se gestan en oscuras oficinas, en lugar de utilizar los fondos públicos de los contribuyentes bahienses para el desarrollo de sus expresiones culturales”.

Exigieron “la marcha atrás de la medida y el trato correspondiente al Consejo Consultivo así como a las propuestas y demandas de todos los trabajadores y las trabajadoras de la cultura de la ciudad, sin dilaciones”. A su vez, manifestaron “al intendente municipal Héctor Gay y al conjunto de ediles que” no quieren “una gestión cultural de espaldas a la comunidad artística”.

“Por una política cultural participativa y construida democráticamente”, firmaron las organizaciones sindicales.

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Condenaron a ex concejala por usar pasajes del Penna

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Gabriela Bustos Arnst fue condenada por falsificación de documento público y fraude a la administración pública y uso de instrumento público falsificado y fraude a la administración pública en un juicio refrendado por el juez José Luis Ares. La pena fue de dos años de prisión en suspenso, 15 mil pesos de multa, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y 200 horas de trabajo comunitario. Fue absuelta por uso de documento público adulterado, delito por el cual serán investigados su padre, su madre y su hermana.

Se trata de la utilización de pasajes del Ministerio de Salud ortorgados al Hospital Penna para presentar ante la empresa Transportes Plaza S.A.C. entre los días 11 de enero y 1 de diciembre de 2011. Para ello, se falsificó la firma al director César Comezaña.

“Con dicho accionar y ardid desplegado, se provocó fraude engañando a la Administración Pública, quien, como consecuencia de ello, resultó perjudicada patrimonialmente por el pago efectuado de los pasajes emitidos a personas no autorizadas”, dijo el juez Ares.

El fiscal Gustavo Zorzano, el defensor particular Gustavo Giorgiani y la propia Bustos Arnst, acordaron el juicio abreviado. El Ministerio Público calificó el ilícito como fraude en perjuicio de la administración pública, falsificación y uso de documentos públicos adulterados y solicitó la imposición de la pena de tres años de prisión de ejecución condicional con la obligación de cumplir con las siguientes reglas de conducta por el plazo de tres años: fijar residencia, someterse al control del Patronato de Liberados y realizar trabajos no remunerados en favor del estado o de institución de bien público, fuera de los horarios habituales de trabajo, durante el tiempo que dure la ejecución de las reglas de conducta establecidas, hasta alcanzar la cantidad de trescientas horas (a razón de cien horas por año), multa de veinte mil ($20.000) e inhabilitación especial perpetua para desempeñar cargos públicos. La defensa prestó conformidad a la calificación y pena junto a su asistida”.

El juez correccional absolvió a la imputada respecto a varios hechos por no haber sido probados y en otros supuestos aplicó el criterio unánime en la doctrina y la jurisprudencia de que no corresponde condenar por el uso del documento falsificado al autor o autora de la falsificación (el uso queda absorbido por la falsificación). Por ello, redujo la pena pactada por las partes y ordenó investigar a familiares de Bustos.

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Ruidos en la termoeléctrica

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Nuevamente la empresa Central Piedra Buena S.A. fue infraccionada por el Comité Técnico Ejecutivo por la emisión de ruidos molestos. Se recibieron 17 denuncias. Así lo informó hoy la Secretaría de Gestión Ambiental. Otras dos sanciones por el mismo motivo se habían registrado la primera semana de abril.

El hecho más reciente se produjo el viernes 3 de junio a las 20:01 “como consecuencia de la salida de servicio de la unidad 29, provocando la apertura de las válvulas de seguridad de la caldera y emitiendo a la atmósfera vapor de agua”.

“La emisión fue registrada por la estación de monitoreo acústico continuo del CTE y constatada por los inspectores. Luego de analizados los registros de niveles sonoros y realizados los cálculos correspondientes se determinó que el mismo superó los límites legales para emisión sonora en horario de descanso”, afirmaron desde la oficina ambiental.

El acta de infracción será enviada, junto a un informe de lo sucedido, al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) donde deberían estar en análisis las labradas por Rosana Cappa y Matías Espósito los días 6 y 8 de abril.

Entre las 13:19 y las 13:32 del 8 de abril los ruidos fueron consecuencia de la salida de servicio de la unidad 30: “Se abrieron las válvulas de seguridad de la caldera y se emitió la atmósfera vapor de agua. El ruido fue constatado por los inspectores del CTE superando los límites legales para emisión sonora en horario diurno por lo cual se infraccionó a la empresa. Se recibieron 38 denuncias vecinales y, según informó el municipio, personal del CTE se comunicó con cada unx de lxs vecinxs para comunicarles las actuaciones que se estaban llevando a cabo”.

Según informamos oportunamente, el miércoles 6 de aquel mes, Central Piedra Buena S.A. violó la misma normativa cuando aproximadamente a las 15:09 salió de servicio de la unidad 29 motivando la apertura de las válvulas de seguridad de la caldera y emitiendo a la atmósfera vapor de agua. En dicha ocasión se recibió solo una denuncia.

El OPDS fue duramente cuestionado por el juez correccional José Luis Ares por el “sospechoso”, “sistemático” y “burdo accionar dilatorio” de sus funcionarios en causas de contaminación ambiental. Además dio intervención al Ministerio Público Fiscal ante la posible comisión de delitos de acción pública, tales como abuso de autoridad, omisión o retardo de actos del oficio, violación de los deberes de funcionario público, entre otros, por parte de integrantes del organismo provincial que en Bahía Blanca tiene sede en la mismísima Unión Industrial.

El intendente Héctor Gay se comprometió a gestionar el traslado de la delegación a dependencias de la Secretaría de Gestión Ambiental aunque, por el momento, fue solo otro anuncio.

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CICOP cerró un 25% hasta agosto

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La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud provincial, CICOP, alcanzó un acuerdo “integral” con el gobierno bonaerense tras varias semanas de paros y protestas que incluye la recomposición salarial, mejora en las condiciones laborales y avances en la situación previsional.

El presidente del gremio, Fernando Corsiglia, dijo a FM De la Calle que en cuanto a lo salarial se plantó “un esquema a ocho meses con un 25 por ciento de aumento promedio de bolsillo en agosto. En lo que hace a condiciones de trabajo tiene que ver con compromisos que realizó el Ministerio de Salud en relación a cargos, se compromete a 300 cargos y llevar a adelante el proceso de una alta por cada baja que se produzca. Se comprometió a realizar refacciones en 21 establecimientos por un valor de 450 millones de pesos y un aumento de 120 por ciento al presupuesto para insumos en relación al 2015”.

En el aspecto previsional se dará “continuidad a las jubilaciones que estaban en espera, acordamos que los que tienen 60 años de edad o más y 35 años de servicio o más puedan jubilarse, cosa que hasta ahora estaba detenida, sin pagar ningún cargo adicional. Se jubilarían por el viejo régimen. Tenemos 120 días de plazo para discutir acerca de la implementación del decreto actual en relación al cambio jubilatorio”.

En cuanto a la evaluación del prolongado conflicto con el gobierno, Corsiglia aseguró que lograron “instalar en la agenda mediática la cuestión de la salud pública y al mismo tiempo quedó abierta la discusión para todos los problemas que seguimos teniendo. Desde el punto de vista del gremio fue positivo y para la salud pública es un pasito para intentar mejorar”.

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#NiUnaMenos: “La marcha de todas”

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“Soy Mónica Cid, la mamá de Micaela Ortega. A Mica la mataron por su condición de ser mujer. A Mica la mataron porque no se pudo defender. Hoy no es la marcha de Mica, es la marcha de todas. Y vamos a pedir que se haga justicia por todas esas mujeres que son víctimas. Víctimas de la mano de un hombre o de la mano de un ser aberrante. Me conmueve mucho ver a muchos hombres acá porque esta lucha tiene que ser de todos”.

La mujer abrió la histórica jornada del segundo #NiUnaMenos bahiense, parada en una tarima frente a la Municipalidad, con frente alta y puño apretado. Mica sonreía en su remera que anunciaba “otro ángel” en el cielo y el recuerdo eterno. Atrás, acompañaban familiares de Ivonne Gallardo, de Leticia Cayuli, de Kathy.

“Como saben, el caso de Katherine Moscoso todavía sigue impune, hace un año y once días que venimos luchando, mi familia y compañeros de Justicia por Kathy seguimos reclamando justicia y verdad. Seguimos viviendo con asesinos en Monte Hermoso, seguimos con impunidad. Siguen mujeres asesinadas. Las matan por ser mujer. Queremos justicia por Micaela. Por ella. Pero a diferencia de Mica, que sabemos quién es su asesino y tiene que pagar por lo que hizo, por Katherine todavía no. Hay mucha mugre bajo la alfombra de Monte Hermoso”, dijo la prima Wanda Banegas.

wanda monica efemedelacalleCuatro mil. Cinco mil. Siete mil. Diez mil. Más que el año pasado. Menos. Las que sean que entren en más de cuatro cuadras hasta las manos. Así fue el reclamo por “ni una muerta más” y contra la violencia machista en Bahía Blanca con la consigna “El Estado es responsable”.

Daniela Epuñan, leyó un comunicado de las Mujeres Originarias por el Buen Vivir: “Mari mari pu peñi, mari mari pu lamgen. Con la Conquista del Desierto las mujeres originarias pasamos una situación de esclavitud que a lo largo de la historia de este país se fue sosteniendo y perpetuando. Esa conquista significó la esclavitud física, sexual y doméstica de las mujeres. Estas violaciones sistemáticas fueron impulsadas por el sistema colonizador y mantenida por el Estado argentino. En la actualidad los pueblos originarios vivimos un genocidio por omisión ya que se intenta invisibilizar la realidad que vivimos hoy en las ciudades y zonas rurales”.

“Utilizamos el término feminicidio porque entendemos que es una planificación intrínsecamente vinculada con las corporaciones, los asesinatos no han terminado”, dijo. Y habló de sus cuerpos-territorio enfermados y asesinados por las corporaciones el extractivismo. De Diana Itatí Piñeiro, guaraní de 17, en Puerto Esperanza, Misiones. De Juana Gómez, qom de 15, que no volvió de un festival: “Fue abusada sexualmente y brutalmente asesinada, dos días después la encontraron semidesnuda colgada de un árbol. Fueron dos hombres que creyeron como tantos otros que pueden dominar por su género”.

ni una menos efemedelacalle 2Las organizaciones que realizaron la convocatoria local destacaron el aumento de los femicidios desde el primer #NiUnaMenos. “Muchos de ellos continúan impunes, como es el caso del crimen de Katherine Moscoso. Hace pocos días, se cumplió un año de su asesinato y la principal línea de investigación en este caso toca a allegados al ex intendente K de Monte Hermoso, Marcos Fernández. En Pehuén Co, desapareció Andrea Esnaola, quien prácticamente dejó de ser buscada. Luciana Moretti fue descuartizada e incinerada, sin embargo la justicia decidió darle a Cuchán, su femicida, la libertad”.

“Se cumple una semana desde que se encontró el cuerpo de Micaela Ortega. Los gobiernos municipal y provincial fracasaron estrepitosamente en encontrarla y demostraron permanentemente que intervinieron sobre la base de responsabilizar a la propia Mica y su entorno familiar, reproduciendo e instalando prejuicios aberrantes, incluso en declaraciones a través de los medios, lo cual explica las enormes irregularidades de todo el proceso de investigación”, opinaron.

furh aborto efemedelacalleEn el documento consensuado plantearon que “en todos estos hechos, confluyen todo tipo de violencias hacia las mujeres y las niñas: institucional, simbólica, mediática. Las trabas y las desviaciones del foco de atención hacia la culpabilización de las víctimas y su entorno son moneda corriente, y las legitiman los propios funcionarios públicos, los medios de comunicación, y la sociedad en general. Son muestra más que suficiente de este sistema patriarcal que se pone de manifiesto y continúa instalado como reproductor de un régimen social que está putrefacto”.

Explicaron que el Estado es responsable porque “cuando hablamos de femicidios, no se trata de un conflicto privado entre dos personas, ni tampoco de un crimen pasional, está basado en una desigualdad sistemática en la que el Estado tiene responsabilidades, no sólo para penalizar al femicida, sino fundamentalmente para evitar los femicidios”. Y es poco lo que se hace para cambiar esta realidad: por ejemplo, los fondos del Consejo Nacional de las Mujeres, responsable de implementar la ley de protección integral contra la violencia de género, representa “tan sólo el 0,0055 por ciento del total del presupuesto nacional, lo que equivale a 4,50 pesos por mujer para prevenir la violencia machista”. En la ciudad “el presupuesto otorgado a política de género es nulo”.

moretti efemedelacalleEl texto fue firmado por: Suteba, CEHUM, Colectiva Feminista, CTA, Kumelen Newen Mapu, Comunismo Revolucionario PMLM, Acciones Feministas, Socorristas en Red, Desbandadas, ATE, Mujeres Originarias por el Buen Vivir, Plenario de Trabajadoras-PO, Partido Solidario, Cardumen, Puño y Letra UNS, Artistas por la no Violencia, Watu Corriente Comunista, Colectivo Pueblo en Lucha, FM De la Calle, Pan y Rosas- PTS- Tesis XI, Subcomisión de Mujeres del Sindicato Químico y Petroquímico, Asociación Judicial Bonaerense, G83 en solidaridad + igualdad, Biocentro, CEIA avanza.

Las demandas: basta de violencia hacia las mujeres y de vaciamiento de políticas de protección a la mujer; por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito; basta de impunidad, que aparezcan con vida ya Andrea Esnaola, María Cash, Marita Verón y todas las mujeres víctimas de las redes de trata; por el respeto de la cosmovisión y filosofía de vida de los pueblos originarios; por los derechos de las mujeres trabajadoras. Basta de femicidios. “Ni una menos! Ni una muerta más… Nos queremos vivas!”.

El documento completo y galería de imágenes de FM De la Calle AQUÍ.

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#NiUnaMenos: El Estado es responsable

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Desde la Colectiva Feminista de Bahía Blanca convocaron a “encontrarnos para gritar y denunciar que no queremos Ni Una Menos”. Desde las 16:30 sonarán en la Plaza Rivadavia las cuerdas de candombe llamando a la movilización que comenzará a las 17.

“Un año pasó de la histórica jornada del 3 de Junio de 2015, donde centenares de miles, en todo el país, expresamos en las calles el grito profundo de #NiUnaMenos. Sin embargo los casos de femicidios no cesan y por el contrario, aumentan. En todos estos hechos, confluyen todo tipo de violencias hacia las mujeres y las niñas: institucional, simbólica, mediática. Las trabas y las desviaciones del foco de atención hacia la culpabilización de las víctimas y su entorno son moneda corriente, y las legitiman los propios funcionarios públicos, los medios de comunicación, y la sociedad en general”, aseguraron desde la Colectiva.

Agregaron que “son muestra más que suficiente de este sistema patriarcal que se pone de manifiesto y continúa instalado como reproductor de un régimen social que está putrefacto. El Estado tiene responsabilidades fundamentalmente para evitar la situación en la que miles de mujeres nos encontramos hoy; aún seguimos esperando que las promesas se materialicen”.

Por todo esto volvemos a decir:
Basta de violencia hacia las mujeres
Basta de vaciamiento de políticas de protección a la mujer
Por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito
Basta de impunidad! Que aparezcan con vida ya Andrea Esnaola, Maria Cash, Marita Verón y todas las mujeres víctimas de las redes de trata
Por el respeto de la cosmovisión y filosofía de vida de los pueblos originarios
Bastaa de feminicidios
Por los derechos de las mujeres trabajadoras
EL ESTADO ES RESPONSABLE
NI UNA MENOS, NI UNA MUERTA MAS, VIVAS NOS QUEREMOS

niunamenos

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Cambios en la Agencia Federal de Inteligencia

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Expresiones sobre el femicidio de Mica en el Concejo

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La responsabilidad de funcionarios municipales, medios de comunicación e integrantes de las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial en el femicidio de Micaela Ortega (12) fue motivo de manifestaciones en la sesión del Concejo Deliberante de este jueves. Hoy a las 17 en Plaza Rivadavia se realizará la movilización por #NiUnaMenos.

Desde Integración Ciudadana, Miriam Iantosca dijo: “Ya va a volver. Es una travesura. Se fue por sus propios medios. Mientras que pasaban los días fueron las palabras que escuchó su familia, su madre, cuando se encontró con funcionarios que no le creyeron. Y eso es lo que manifestó su madre cuando nos visitó aquí en el Concejo. Fue la culpa de Micaela que aumentaron los robos en la ciudad. Fue la culpa de la familia. ¿Fue la culpa de la escuela? ¿Fue la culpa de las redes sociales? ¿Lo que usaba o dejaba de usar? Cuántos dichos, por favor. Cuántas frases y actitudes machistas. Violación de la privacidad de la familia y de los derechos humanos de la menor”.

“También se escuchó: es difícil buscar a alguien que no quiere ser encontrado. Lo dijo la persona encargada y responsable de la seguridad de la ciudad. Aunque gracias a dios esas palabras no desalentaron el esfuerzo de muchos que siguieron buscándola, investigando y acompañándola. Y quiero creer que no es verdad que se mostraron y divulgaron algunas de las comunicaciones de la menor. Cuánto para revisar que tenemos”, concluyó.

“El femicidio constituye un fenómeno global que ha alcanzado proporciones alarmantes en el mundo, sus víctimas son mujeres en diversa etapa de desarrollo, condiciones y situaciones de vida”, leyó la concejala del Frente para la Victoria Paola Ariente. “Los Estados deben contar con sistemas de justicia adecuados que aseguren a las mujeres víctimas de la violencia el acceso a los mecanismos de justicia penal y restaurativa. Investigar y analizar una muerte violenta desde la perspectiva de género permite evitar juicios de valor sobre las conductas o el comportamiento anterior de la víctima y romper con la carga cultural  y social que responsabiliza a la víctima de lo que pasó”.

“Las personas intervinientes en las diferentes etapas de la investigación deben prestar atención a los prejuicios obvios acerca de los roles que supuestamente deben cumplir las mujeres y las niñas en las sociedades, ya que por su aparente carácter incuestionable no suele ser evidente ni para la justicia ni para la sociedad. Por eso, y en vísperas de una marcha, es que necesitamos que se haga cada vez más fuerte y más colectivo el grito de ‘ni una menos'”.

La concejala de Compromiso Bahía, Vanina González, manifestó que “Bahía está de duelo” y que la sociedad tiene que replantearse lo que se hizo. “Micaela marcó un antes y un después en Bahía Blanca, necesitamos un trabajo conjunto, pero un trabajo serio y comprometido para prevenir estos casos. (…) Puede ser uno de nuestros hijos, tenemos que cambiar la mentalidad, no se trata de juzgar a un adolescente, no se trata de detenerse a ver cómo se vestía o en las fotos que se sacaba”.

Martín Salaberry (FULT) recordó que “se escuchó por los medios plantear que en virtud de la carta que había dejado Micaela podría haber sido una travesura de una persona menor y que podría haber regresado al otro día” y afirmó que “el Estado no puede dudar cuando hay una persona que es desaparecida”.

“Hay que ir más a fondo y encontrar los responsables desde el Estado de esta salida transitoria que fue violentada, que venía desde el año 2014 en la provincia de Río Negro, de una persona a la cual se le da la salida transitoria pero que nunca vuelve al lugar donde debió haber estado que es la unidad penitenciaria de Gral. Roca”, dijo.

“Este es un momento de silencio y acompañamiento a los padres, familiares y amigos, entendemos que de acá a un tiempo se tendrán que hacer los análisis y evaluaciones correspondientes, seguramente el señor intendente cite al Consejo de Seguridad para realizarlos”, expresó Sergio Massarella (FpV).

La oficialista Soledad Martínez opinó que “no podemos permitir como sociedad más femicidios y violencia de género en todas sus formas, la expresión ‘ni una menos’ nos compromete a pensar y abogar por una sociedad más justa, debemos construir un mundo basado en la igualdad de derechos y oportunidades”.

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Retratos no aptos para tibios

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En línea con la lucha contra los “enemigos” que integran “grupos perfectamente organizados que no tienen patria ni bandera, pero que sí quieren subvertir valores y adueñarse fundamentalmente de nuestros ideales y de nuestra juventud”, declarada por el intendente Héctor Gay en su arenga del 25 de mayo, el municipio convocó a un espía del servicio de inteligencia de la dictadura como jurado de un concurso fotográfico.

Se trata del ex “agente de reunión” del Destacamento de Inteligencia 181 del Ejército, Gustavo Jorge Lobos, quien “debido a su trayectoria y prestigio”, brindó “su colaboración de manera gratuita” en la iniciativa “Retratando mi ciudad“, avalada por el Instituto Cultural a cargo de Ricardo Margo. El funcionario ya le había abierto las puertas del palacio comunal para que el ex espía organizara la muestra “30 años 30 fotos”, una retrospectiva de su maestro Pedro Luis Raota.

El Destacamento de Inteligencia, en el marco de la “lucha contra la subversión“, reglamentariamente realizaba tareas de reunión de información, contrainteligencia, sabotaje, subversión, y actividades psicológicas secretas respondiendo órdenes del Departamento II Inteligencia del Comando del V Cuerpo de Ejército. Varios de los jefes del ex fotógrafo de La Nueva Provincia fueron condenados a prisión perpetua por su participación en crímenes de lesa humanidad.

La pertenencia de Lobos al sistema central del genocidio quedó en evidencia con la publicación de la “Nómina del Personal Civil de Inteligencia que revistó en el período 1976/1983” publicada por el Archivo Nacional de la Memoria en 2010. El docente de la diplomatura de Arte Fotográfico de la Universidad Salesiana compartía el prontuario con los ex Triple A Miguel Ángel y Héctor Oscar Chisu, el ex presidente de la Cámara Federal de Apelaciones Néstor Luis Montezanti, el todavía juez de faltas Ricardo Antonio Germani y el “periodista” del diario de Vicente Massot, Jorge Soldini.

lobos muni efemedelacalleRespecto a la existencia de civiles de Inteligencia en el staff de La Nueva Provincia, el fiscal Miguel Ángel Palazzani dijo meses atrás a FM De la Calle que “es simbólico por lo que significa un fotógrafo como PCI, la posibilidad que da ese disfraz de trabajador de prensa pero cumpliendo otro rol claramente criminal porque estaba colaborando con el secuestro y las muertes posteriores”. La investigación de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad probó que LNP y los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas mantenían “una relación fluida y justamente hacían operación psicológica e inteligencia, incluso más, los reglamentos marcan esa relación”.

“Dice que el oficial de inteligencia y el oficial de operaciones psicológicas forman un equipo. Y que por momentos incluso en la sala de torturas, para dejar los eufemismos de lado, el oficial de inteligencia requerirá de la acción psicológica para que le indique qué interrogar. Porque el que hizo acción psicológica sabe en otro plano dónde estaba situada la víctima, en qué lugar -la universidad, el gremio, el barrio, la parroquia- las personas de acción psicológica tenían por lo menos que abastecer a la inteligencia de ese tipo de información para saber qué preguntar”, explicó Palazzani.

El verdadero corazón del plan de exterminio fue el Batallón 601 ubicado en la esquina porteña de Callao y Viamonte. Como señaló el abogado y ex preso político Jorge Pedraza, de “la totalidad del Personal Civil de Inteligencia que revistaba en el organismo, unos 800 lo hacían como Agentes de Reunión (como Lobos o Germani) y Agentes de Producción, que eran quienes se infiltraban en sindicatos, universidades, y organizaciones políticas y sociales para recabar información (buchones)”.

“Los encargados de analizar y clasificar estos informes eran los Agentes de Apoyo y Procesamiento, 475 en total, repartidos en distintas especialidades: agentes, asesores generales, asesores informáticos y asesores universitarios (como Montezanti). Estos últimos eran en su mayoría docentes que monitoreaban los contenidos académicos en busca de posibles ‘mensajes subversivos’ camuflados. Se los consultaba además sobre las distintas actividades estudiantiles que se desarrollaban en sus universidades.

“La información clasificada era la base sobre la cual se definían los ‘blancos’ para los Grupos de Tareas. Por último estaban los Agentes de Seguridad, el grupo más numeroso con alrededor de 900 hombres, que podían ser eventualmente utilizados en los operativos”.

“Nuestra idea era plasmar en fotografías cómo los jóvenes ven los distintos paisajes urbanos y naturales de la ciudad. Próximamente vamos a repetir el concurso”, dijo la directora de Juventud pro, Florencia Bustelo. Tiempo de “argentinos que queremos restaurar valores”, “argentinos de bien”, diría el intendente.

No sean tibios. Digan whisky!

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Femicidio de Mica: “La realidad demuestra que el Estado es responsable”

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La abogada de la familia de Micaela Ortega, Fernanda Petersen, dijo a FM De la Calle que trabajan en la reconstrucción de los hechos ocurrido el 23 de abril para “saber qué es exactamente lo que pasó y poder acreditar la totalidad de los agravantes que se le han imputado a (Jonathan) Luna el día que se negó a declarar, que es el homicidio agravado criminis causa”.

“Esto es: que mató a la víctima para ocultar otro delito agravado por alevosía y por violencia de género, es decir, por femicidio. Creemos que el móvil de Luna era el abuso sexual y ante la imposibilidad de llevarlo adelante mató a Micaela y luego, como última alternativa, robó alguna de sus pertenencias”.

El martes la madre y el padre de Micaela se reunieron con la dra. Rodríguez, secretaria de la Fiscalía, quien los acompañó y contuvo desde lo personal durante la búsqueda. “La investigación obviamente que tiene fallas porque si no no se hubiera llegado a este desenlace, no me refiero solamente a la muerte de la nena, sino que se podría haber dado con ella antes y se hubiera evitado este calvario de 35 días de búsqueda donde no solamente la familia sino toda la sociedad estaba involucrada”.

“No podemos ser tan ingenuos de pensar que no va a haber más casos como el de Micaela en Bahía Banca o en la zona y las fuerzas de seguridad no están capacitadas para investigar un hecho por fuera de lo que se denomina inseguridad o un robo común o un robo simple. Lo toman en principio como una cuestión intrafamiliar, que es una discusión”, comentó Petersen y agregó que “lo primero que se hace es victimizar a la víctima olvidando el rol que tiene dentro de la investigación que es esto, el de víctima. Probablemente el desenlace lo demuestre pero, mientras tanto, se van investigando y se van poniendo en tela de juicio actitudes o características de la personalidad y eso influye en la mirada que se le da desde lo judicial y desde lo político a la investigación”.

La abogada destacó que “la realidad es que en esto se demuestra que el Estado es responsable. Es responsable por la falta de asignación de recursos, porque no supervisa y porque cuando hay que dirigir una investigación en la cual lo que se investiga es la posible muerte de una mujer, el cometimiento de un femicidio, todavía no estamos a la altura de tener una investigación con perspectiva de género y de comprender realmente cuál es la problemática que se está atravesando”.

En cuanto a la estigmatización de Micaela, Petersen opinó que “determinados medios de comunicación lo pusieron como tema fundamental, que tenía determinada cantidad de perfiles de Facebook, cómo se vestía, si era o no adecuado su comportamiento para su edad. Desde el poder político local también, desde el momento en que el intendente dice que Micaela era la responsable por su búsqueda de que hubiera hechos de inseguridad en la ciudad -el secretario de Seguridad es responsable de esta situación- demuestra que se minimiza la búsqueda cuando se trata de una niña y más si se trata de una niña que no pertenece a determinada clase social o a determinadas familias o casta bahiense”.

“Todo lo que dijo la madre desde el primer momento, que Micaela había sido captada por las redes sociales, que había sido víctima de esto, el sábado a la noche quedó acreditado y todo lo que desde el poder político y desde determinados medios de comunicación se decía, una vez más lo que muestra es el prejuicio y el desconocimiento de la problemática que atañe a todas las mujeres y que no es casualidad que estemos de vuelta frente a la movilización del 3 de junio del #NiUnaMenos”, dijo.

Sobre la situación de la concubina de Luna, María Espinosa, la abogado aseguró que “podría haber tenido otro tipo de actitud” para colaborar con la investigación y por eso analizarán “las posibilidades de futuras imputaciones”. Por otra parte, adelantó que pedirán el juicio político al juez de Ejecución Penal Pablo Chirinos, quien autorizó la salida transitoria del acusado que posibilitó su fuga, porque “tal vez si esta persona no hubiera estado en libertad, Micaela hoy estaba con vida”.

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Con la excusa narco

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La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires manifestó su oposición a los proyectos de ley 0007-PE-2016 de “Técnicas especiales de investigación” para delitos complejos y el 1345-D-2016 que incorpora la figura del “arrepentido”-, y manifestó su preocupación ante su tratamiento apresurado, sin consulta ni previa convocatoria al debate a juristas y organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil. Ambos ayer obtuvieron media sanción en Diputados.

“Estos procedimientos resultan de dudosa constitucionalidad y atentan contra las garantías del debido proceso. Están inscriptos claramente en la doctrina de las ‘nuevas amenazas’ según las líneas de trabajo trazadas por las agencias internacionales especializadas de los Estados Unidos -con las que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, mantuvo numerosas reuniones durante estos meses- y se contraponen con el tratamiento de la problemática desde una perspectiva de derechos humanos”, advirtieron.

Los proyectos pretenden incorporar las figuras de “agente encubierto”, “agente revelador” , “entrega vigilada” que implican la intervención e infiltración de agentes de las fuerzas policiales y de seguridad en la trama delictual, en pos del esclarecimiento de delitos o redes delictivas. Se pretende también incorporar al “informante”, quien actuará en el proceso bajo reserva de identidad a cambio de una compensación económica o un beneficio procesal. Por otro lado, se pretende ampliar la figura ya existente del “arrepentido”, a quien se le podrá reducir o incluso eximir de pena a cambio de información que sirva para esclarecer otros delitos.

En reiteradas oportunidades la CPM se manifestó en contra de políticas y proyectos que, como éstos, proponen la eliminación de garantías fundamentales mediante regímenes de excepción. Tal fue el caso de la sanción de la denominada ley antiterrorista. También ha sido reiterada la denuncia de la militarización de los barrios pobres mediante fuerzas federales no previstas para la interacción con la población civil, en el marco de la proclamada guerra contra el crimen o el narcotráfico.

La llamada guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado operan hoy legitimando un nuevo paradigma belicista de las políticas públicas en materia de seguridad en el que claramente se inscriben los proyectos, en procura de- según los objetivos difundidos- “dotar a la Justicia y a las fuerzas de seguridad y policiales de nuevas herramientas para la investigación de los delitos complejos”.

La CPM destacó que en nuestro país las fuerzas de seguridad y policiales actúan como reguladores de la expansión del narcotráfico y el crimen organizado. Los casos de las policías de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba así lo demuestran. En ese contexto, dotar a esas fuerzas de estas arbitrarias y cuasi ilegales herramientas investigativas solo ahondarán su involucramiento con estas modalidades delictivas.

“Particularmente preocupante resulta el intento tácito de incluir a estas figuras en los delitos de lesa humanidad, lo que encubre la posibilidad de aplicar una ‘obediencia debida’ o ‘indulto’ de carácter judicial. De acuerdo a los compromisos internacionales que tiene nuestro Estado y refrendados por leyes nacionales, estos crímenes no pueden ser pasibles de amnistía, indulto ni conmutación de penas”, opinaron.

El organismo mostró además su preocupación por “la reafirmación del sistema inquisitivo –en abierta contradicción con el nuevo Código Procesal Penal de la Nación que se encuentra a la espera de aplicación efectiva-, ya que la utilización y aplicación de estas técnicas de investigación en muchos casos quedan al arbitrio de los jueces de la Nación, en desmedro de los fiscales. Esta situación se agrava con la injerencia del Poder Ejecutivo en el proceso penal, a través del Ministerio de Seguridad”.

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