La presidenta del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vázquez, en diálogo con FM De la Calle aseguró  que el organismo está avanzando en la cobertura de tres vacantes de la Cámara Federal de Bahía Blanca, el análisis de las denuncias presentadas contra su presidente, el ex PCI Néstor Luis Montezanti, y el concurso para designar al titular del Juzgado Federal Nº1 que tiene como aspirantes a Álvaro Coleffi y Santiago Martínez, dos protagonistas del “festival de subrogancias” en la jurisdicción.

“Tengo 33 años de tribunales y en todos estos años que llevo trabajando no recuerdo que en vigencia de la democracia se haya vivido una situación de tanto conflicto, un conflicto tan prolongado y tan intenso. Había denuncias penales cruzadas entre funcionarios y magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, excusaciones, recusaciones, un festival de subrogancias sin participación del Consejo de la Magistratura”, advirtió.

Sobre la exoneración de Coleffi, quien intervino en investigaciones contra civiles partícipes en el terrorismo de Estado, manifestó que “nunca vi una cesantía de un secretario en tan poco tiempo” y, por otra parte, calificó como “un despropósito” la participación en “política partidaria” de la Asociación de Magistrados.

Objetivo Bahía Blanca

Respecto de la no renovación de la subrogancia de Santiago Martínez, lograda por el desempate de su voto en el plenario del 18 de junio, explicó que el eje fue plantear “cuál es la función que tiene el Consejo de la Magistratura según la Constitución Nacional. El art. 114 dice que fue creado para asegurar una eficaz prestación de los servicios de justicia”.

Por ello, “cuando la Cámara Federal de Bahía Blanca nos remite los oficios el 30 de diciembre de 2014 y el 11 de marzo de 2015 referidos a la subrogancias de los dres. Martínez y Pontet, es la misma Cámara (la que) puntualiza que es este Consejo de la Magistratura la autoridad competente para resolver sobre la designación de subrogantes y nos pide una manifestación expresa acerca de las subrogancias prolongadas que había dispuesto la Cámara sin intervención del Consejo. Fue la primera vez que tuvimos la oportunidad de decidir”.

“Estudiamos lo que estaba pasando en la jurisdicción, escuchamos a todos los actores, al dr. Santiago Ulpiano Martínez, leímos las numerosas presentaciones que hizo Martínez, los fiscales Palazzani y Nebbia, el consejero académico Daniel Candis fue a la jurisdicción, conversó con la jueza Marrón, con la Cámara, con otros funcionarios, y la verdad que yo tengo 33 años de tribunales y en todos estos años que llevo trabajando no recuerdo que en vigencia de la democracia se haya vivido una situación de tanto conflicto, un conflicto tan prolongado y tan intenso”, repasó.

Vázquez agregó que la intervención del cuerpo que preside fue motivada por esas “denuncias penales cruzadas entre funcionarios y magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, excusaciones, recusaciones” y el “festival de subrogancias” no soló sin la participación del Consejo sino “designadas incluso por un solo camarista”.

A eso sumó “todo ese desasosiego social que hemos visto, con movilizaciones masivas y, como corolario y consecuencia, la demora y las incertidumbres en las causas de lesa humanidad que la Corte Suprema nos ha ordenado a todos los jueces y juezas que debemos sustanciar sin demoras” y los compromisos internacionales para garantizar el derecho humano de acceder a la justicia.

Luego se refirió a la cesantía  “en tiempo record” de Álvaro Coleffi, subrogante en las causas contra los represores civiles Vicente Massot, Hugo Sierra y Aldo Vara. “Tengo entendido que el funcionario Coleffi pidió una reconsideración en la Cámara Federal de Bahía Blanca que nunca le fue proveída, nunca le contestaron. Incluso hay miembros de la Cámara con denuncias hechas por la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, en lo concreto respecto del juez Montezanti“.

Otros pedidos de juicio político contra el camarista fueron motivados por sus supuestos vínculos con la Triple A -fue comprobada judicialmente su presencia junto a la patota parapolicial en una toma universitaria en 1974-, su pertenencia al Batallón 601 del Ejército como Personal Civil de Inteligencia y su más reciente intervención en la exoneración de Coleffi tras reasumir, sin motivo justificable, funciones para las cuales estaba excusado.

Vázquez evitó hacer consideraciones sobre imputaciones que deberá analizar como consejera y se limitó a informar que “estamos sustanciando las denuncias que se realizaron”, que el camarista ya fue notificado y que la Comisión de Acusación y Disciplina debe decidir si lo cita o no a “una suerte de indagatoria en un proceso disciplinario”. Este último punto fue incluido en la orden del día que la Comisión tratará este jueves.

La presidenta del Consejo de la Magistratura afirmó a FM De la Calle que apuntan a cubrir las tres vacantes de la Cámara Federal – “ese concurso está en trámite y pronto se van a enterar cuál es la fecha de la prueba”- y que antes se resolverá la titularidad del Juzgado Federal Nº1, para lo cual resta una audiencia para “conocer” a los postulantes y pedirles opinión “sobre temas importantes que hacen a la comunidad, a la sociedad y al Derecho”.

Disputa política

Durante la primera parte de la entrevista, la dra. Gabriela Vázquez explicó lo actuado por el organismo en el caso de Luis Cabral, el juez ordinario al que no se le renovó la subrogancia en la Cámara de Casación Penal, acto que motivó la reacción de factores del poder judicial, político y mediático que denuncian al gobierno nacional por atacar la “independencia judicial” y “la república”.

Para la funcionaria, Cabral “no debió ser designado en la Casación porque no se hizo el sorteo, fue a dedo y ni siquiera entre los jueces que estaban llamados a ocupar ese lugar” y tampoco cumplía el servicio de justicia: “Era una sala que estaba produciendo muy poquito, este año sacaron 305 sentencias mientras que la Sala III donde había otro subrogante sacaron 958 y en la Sala IV del dr. Borinsky, que fue ratificada su designación, sacó 1177”.

Ante la convocatoria de la Asociación de Magistrados y la Federación de Colegios de Abogados a concentrarse “en defensa de la Constitución” el próximo 7 de julio, la presidenta del Consejo opinó que es “un despropósito” y que “los jueces y las juezas no debemos participar en política partidaria”.

“Me parece que la Asociación de Magistrados, sin el aval de la Lista Celeste a la que pertenezco, está haciendo reuniones con partidos políticos, se está metiendo en política partidaria y eso es un temperamento que no corresponde a los jueces y las juezas. Si bien tenemos ideologías -si no, no seríamos personas- y además diseñamos políticas públicas y las llevamos a cabo conjuntamente con otros poderes del Estado, no podemos de ningún modo intervenir en política partidaria como está haciendo la Asociación de Magistrados en este momento, sacándose fotos en febrero con Sergio Massa y hace dos días con todos los diputados de la oposición al oficialismo”.

La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, apoyó el pedido efectuado por el Consejo de Defensores Generales provinciales en el que solicitan revisar la situación de superpoblación en cárceles y comisarías. En una presentación, la funcionaria reclamó a la Corte Suprema de la Nación que haga lugar a un recurso presentado ante la gravedad institucional de los derechos fundamentales violados.

La Defensora Graciela Cortazar dijo FM De la Calle que “esta fue una presentación que hicimos intentando en la Corte de la Provincia de Buenos Aires, llevar esta realidad que estábamos viendo de superpoblación carcelaria para ser tratada en el marco de aquel habeas corpus que lleva el nombre de Horacio Verbistsky. Hace muchos años la Corte de la Nación, ante una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), le ordena a la provincia de Buenos Aires que revea, no solamente las políticas carcelarias, sino también la cuestión normativa, y demanda a los jueces no utilizar excesivamente la prisión preventiva. El relevamiento que se había hecho por entonces ponía en severo riesgo de responsabilidad institucional por violación a los derechos humanos a la nación Argentina”.

En esa oportunidad, “lo que hizo la Corte de la Provincia de Buenos Aires fue dejar abierto el habeas corpus del CELS en lo que significaba cumplir con lo que la Corte de la Nación había dicho. Algunas cosas se hicieron”.

Sin embargo, Cortazar expresó que “a lo largo de estos años, después de un primer momento en donde hubo una modificación legislativa favorable y alguna merma en la cantidad de población carcelaria, luego de este primer momento, todo volvió a ser peor”.

Ante esta situación verificada por las defensorías, realizaron la presentación ante “la Corte de la provincia para que vea como desde aquel caso Verbitsky, y no solamente que nada cambió sino que las cosas han empeorado. Un poco en sintonía con lo que ahora planteó la Comisión Provincial por la Memoria”.

La defensora explicó que finalmente la corte provincial respondió que “el fallo Verbistky ha sido cerrado y ustedes tienen que ir por la vía ordinaria en lugar de una acción colectiva”.

Frente a la negativa, “nos fuimos a la corte de la Nación y ahí surge este dictamen (de Gils Carbó) que nos llena de muchísima esperanza porque lo que hace es ordenarle a la Corte (Suprema de Justicia de la Nación) que se aboque a analizar que esta acción colectiva y resuelva verificar qué es lo que está pasando nuevamente en la Provincia de Buenos Aires con los lugares de encierro”.

En el distrito que ocupa a la Defensoría ubicada en Bahía Blanca “tenemos un observatorio”. Allí se constata que “las únicas intervenciones que el Estado hace es en realizar más espacios para alojar gente. Es cierto que la provincia está interesada en que no se produzcan violaciones o falta de atención de derechos en las cárceles y comisarías. Pero lo cierto también es que, en la medida que los jueces y los legisladores sigan produciendo resoluciones que lleven al encierro, no vamos a poder encontrar una solución porque la superpoblación nos va a volver a superar en estas intenciones de no afectar los derechos de las personas. Lo que hay que bajar son los niveles de prisionización”.

Según Cortazar, “hay que buscar alternativas. El encierro preventivo debe ser usado ocasionalmente y aquí se lo usa como regla. Y esto no solamente es una afectación de los derechos sino que es generadora de reincidencia (delictiva). En este sentido me parece que el Estado se está equivocando reincidiendo en la idea de encerrar como respuesta al conflicto penal”.