Jair Bolsonaro coronó este domingo el triunfo fascista en Brasil al obtener el 55,1% de los votos en la segunda vuelta frente a Fernando Haddad, el candidato del PT, quien se quedó con el 44,9% de los sufragios.

Horas antes de la votación, el director de la Izquierda Diario, Fernando Rosso, participó en Bahía Blanca en la charla “Cómo enfrentar a Bolsonaro y la derecha en Brasil” -organizada por la Agrupación Tesis XI en el Departamento de Humanidades- y conversó con FM De la Calle.

El portal de noticias “La Izquierda Diario” tiene ya cuatro años de trabajo digital y se ha posicionado como fuente de consulta de muchos sectores organizados. Rosso comentó cómo surgió el periódico digital: “Si dejamos que solo la derecha utilice los medios más avanzados, como por ejemplo está haciendo ahora Bolsonaro en Brasil, con lo que hizo con las redes sociales, con whatsapp, las fake news, y nosotros nos quedamos en lo conservador de la tradicionalidad de la izquierda, sin cambiar necesariamente, ni las ideas, ni el programa, ni la estrategia y buscamos llegar… (…) Estamos entendiendo que cuanto más masivo no es que aggiornas el discurso pero sí tratás de no hablar en la comodidad de la zona de confort, de la jerga”.

Respecto a la situación de la política actual, Rosso adjudicó parte del avance de las políticas del macrismo a quienes le otorgan gobernabilidad al actual gobierno, entre los que también se encuentran, según él, la mayoría de los sindicatos.

“Hay que trabajar sobre los sindicatos para pensar cómo es la relación entre las conducciones y las fuerzas en Argentina. La diferencia que tenemos con Brasil, es que vivimos un momento sindical, que pese a todo el retroceso que tuvo el movimiento sindical en el mundo, hay una relación de fuerza que se le hace mucho más difícil a Macri, que si pudiese en términos de programa  económico  sería  como el de Bolsonaro o más y no puede.  Me parece que hay que pensar qué utilidad se le da a esas organizaciones porque pensando sólo en términos electorales  o parlamentarios Macri hasta ahora sigue avanzando”.

El periodista y conductor del programa de radio “El Círculo Rojo”, el cual se emite todos los domingos por Radio con Vos, afirmó que hay un sector empresario que comienza a soltarle la mano al actual presidente:  “No porque no tenga acuerdo con lo que Macri plantea, sino porque no creen en la capacidad de lo que pueda hacer”.

“El 17 de octubre  estuvo el aniversario en Tucumán y ahí sectores empresarios como por ejemplo Hugo Sigman, que es dueño de un oligopolio de laboratorios acá y en el mundo, Daniel Vila de América y otros de los que participaron… empezaron a poner fichas en la posibilidad de lo que llaman un ‘peronismo racional’, es decir alguien que gobierne bajo la perspectiva que dejó planteada Cambiemos pero que pueda hacer las cosas: que pueda hacer la reforma laboral, que pueda hacer un ajuste negociado, que pueda menemizarse. Insisto no porque no lo apoyen, sino porque creeen que se está debilitando demasiado y un segundo gobierno agónico de Macri puede ser peligroso para la estabilidad”.

En este sentido, analizó los antecedentes de la llegada de Bolsonaro a Brasil y el avance de la derecha. “Las causas son múltiples y ninguna es despreciable. Si las democracias en general tienen muchas distorsiones, en el caso de Brasil es una cosa distinta. Hubo un golpe institucional que destituyó a Dilma Rouseff en 2016, hubo una gran operación que es la Operación Lava Jato que la encabeza el juez Sergio Moro  y que juzga a unos y deja libre a otros (…), después se dio la proscripción del principal candidato que tenía el 40%  de intención de votos según las encuestas, que es el caso de Lula, (…) todo eso fue favoreciendo a Bolsonaro, más los medios y las fake news”.

“También hay una desilusión sobre todo con lo que fue el segundo gobierno del PT de Dilma, que había empezado un ajuste importante que se expresó en jornadas como las del 2013, manifestaciones en la calle… y que si uno va al núcleo, el motivo de fondo de muchos de los votantes es económico. Nosotros lo vemos y no lo podemos creer, pero tampoco es una tendencia tan loca: estaba Trump, está la derecha italiana; hay como una bronca con los sistemas políticos tradicionales, no necesariamente reaccionaria de conjunto. La gente que ve la corrupción, que la pasa mal y que ve que se enriquece,  tiene una bronca justa. Después si no hay salidas progresivas es muy probable que terminen canalizadas por demagogos de este tipo ¿no?”.

Rosso aseguró que el modelo de Bolsonaro para Brasil “desde el punto de vista económico propone un neoliberalismo radicalizado. Paulo Bede que es el que va a poner como ministro de Economía estudió en el Chile de Pinochet la economía ultra neoliberal. Además propone privatizar un montón de las empresas estatales que quedan en Brasil. Para el tema laboral propuso derecho con trabajo o trabajo sin derechos; propuso declarar como terroristas al MST y al Movimiento Sin Techo”.

“Y no sé si va a poder hacer todo eso, porque una narrativa de Estado de ese tipo puede desatar en términos clásicos una lucha de clase peligrosa para el orden, por lo cual, quizás lo quieran contener las propias Fuerzas Armadas, que algunos dicen que tienen intereses más nacionalistas, o el propio poder judicial que está manejando como árbitro el régimen político y no quiere largar eso. (…)  Lo que Bolsonaro haga depende de cuánta organización y cuánta resistencia haya”.

El Senado bonaerense aprobó la media sanción al proyecto de ley de Alcohol Cero. La norma prohíbe el consumo de alcohol para conductores menores de 21 años y principiantes y agrava las sanciones para conductores/as con registros superiores a los 0,5 establecidos por la normativa vigente.

La inciativa reunió los proyectos de Federico Susbielles (UC) y Walter Lanaro (Cambiemos). El bahiense explicó que “aunque nuestra propuesta inicial contemplaba el ´alcohol cero´ para todos los conductores, entendemos que el corte a los 21 años pedido por Cambiemos es al menos un primer paso, sobre el que podremos volver en el futuro cuando las cifras de siniestralidad demuestren una baja que es previsible, y entonces todos entendamos que beber y conducir es una irresponsabilidad a cualquier edad”.

“Esta ley no busca mayor punitividad sino que apunta a lograr un cambio cultural. Queremos lograr algo similar a lo que sucedió hace 15 años cuando se aprobó la ley contra el tabaquismo porque hoy vemos que a nadie se le ocurre fumar en un lugar cerrado”, dijo.

En cuanto al próximo debate en la Cámara de Diputados, Susbielles manifestó que “sabemos que no es fácil, que hay presiones y que hay llamados para que esta ley no salga, por eso le pedimos a los diputados de todos los bloques que se mantengan firmes, porque estamos defendiendo la vida de los ciudadanos bonaerenses”.

La familia de Facundo Sacoccia y otras víctimas del tránsito de la provincia presenciaron la sesión.

¿Qué establece el proyecto de ley?

-Conductores/as principiantes y menores de 21 no podrán tener alcohol en sangre

-Ordena sanciones para quienes infrinjan la ley:

A) arresto.

B) inhabilitación para conducir vehículos o determinada categoría y para conductores/as con licencia habilitante, se retiene la misma.

C) multa: cuando la infracción sea por conducción con nivel de alcoholemia en sangre, el monto de la multa se incrementará.

D) concurrencia a cursos especiales de educación vial, su incumplimiento triplica el valor de la multa.

(Por Astor Vitali) Como se sabe, en la aprobación de presupuesto se define en números cómo será favorecido o atacado cada sector social. La jornada de ayer fue el ABC del manual de la vieja política: números herméticos, un dictamen votado a ciegas, acción de los servicios de inteligencia para distraer, funcionalidad de diputados opoficialistas para rotar el eje del debate y, finalmente, aprobación express bajo una jornada represiva pero aprobación bajo el estado derecho al fin (aunque para todxs resulte una parodia).

Vos dirás ¿cómo aprobación express si debatieron 20 horas? Es que más allá de la puesta en escena de la cámara baja y su transmisión online, hay que decir que la última versión del presupuesto 2019 fue entregado a cada bloque la noche anterior al día de debate. Quienes dicen, por derecha, que hay que dejar de ser un país bananero ¿cómo sostienen esto? Necesitaban aprobarlo sin mayores discusiones para tener media sanción en el tiempo acordado con Lagarde. De un día para otro ningún diputado puede arrogarse haber analizado el presupuesto.

Que el oficialismo esté haciendo los mandados al FMI así como a las familias enriquecidas a costa del saqueo al pueblo no es sorpresa. Tal vez tampoco debería sorprender, pero no por eso deja de joder, que ninguno de estos pasos aplicados por el oficialismo sería posible si dentro del opoficialismo no desplegaran ese juego perverso entre opositores “duros” y “serios”.

El sector “duro” sería el que denuncia todo y el “serio” el que vota el presupuesto para sostener la “gobernabilidad”. Esta división es tan cómoda como cínica y ofrece como resultado la funcionalidad al proyecto Cambiemos en connivencia con el de quienes tienen la manija a nivel trasnacional.

Ni Lousteau se cree ese argumento de que “hay que votar el presupuesto porque si no ejecutan discrecionalmente el del año anterior” porque el cómo resolverá el gobierno los problemas en los que él mismo se mete no es un problema de la oposición que fue votada, en este esquema de democracia epidérmica, para frenar las medidas que aparecen como “excesos”.

Quienes votan el presupuesto tal como está votan el proyecto oficial, ni más ni menos, y no fue para eso que han recibido el favor del sufragio opositor.

No son excesos, ni son oposición. Al igual que la reforma previsional, el congreso de la democracia sesiona y es parte del mismo estado que reprime fuera de los pasillos palaciegos. Esto no es legislar desde y para el pueblo: esto es imponer para el FMI y el proyecto de Cambiemos (que no deja de ser una alianza donde además del macrismo explícito participan la UCR y el partidito un poco de Carrió y otro poco de la Embajada).

No hay errores ni excesos en esta política. Son lo que son. Militantes del proyecto político Cambiemos con al menos dos objetivos claros: llevar adelante una transferencia de recursos económicos de los sectores menos pudientes a los más pudientes y avanzar lo más posible en la construcción de una subjetividad contemporánea sin perspectiva de pueblo y mucho menos clasista en el que la gente sería una suma de individuxs en igualdad de condiciones (¡!) que compiten (¡!) y trabajan para mejorar (¿?) a diario a través de su esfuerzo personal.

En este sentido, podemos decir que la reforma laboral ya está en ejecución, al margen de que no se haya aprobado su ley. Masivas monotributarizaciones, ataque sistemático a las organizaciones gremiales, pase de Ministerio a Secretaría de Trabajo, no otorgamiento de inscripciones gremiales simples ni personerías y campañas mediáticas que evangelizan acerca del discurso del emprendedurismo.

Cualquier acción que tienda a legitimar en el marco democrático estos dos objetivos centrales, como la aprobación del presupuesto y la relativización en el discurso de la defensa de las organizaciones de la clase trabajadora, convierte a quien las realiza en oficialista de hecho, más allá de palabreríos para el Instagram.

Claramente, para quienes buscamos justicia social, el cuestionar la parodia de la democracia que protagonizan estos mamarrachos profesionales que ofician de políticos, no es construir el clima de un discurso contra la política. Ese razonamiento dice que si la democracia no sirve entonces que venga alguien con mano fuerte. Y esa historia ya sabemos cómo termina. Pero lo que sí está claro es que las estructuras políticas con representación legislativa mayoritariamente se representan a sí mismas y sus negociados.

Diputado transero, dígame ¿qué pasa por su cabeza cuando negocia por alguna nimia dádiva, comparado con lo que se juega en el presupuesto, el hambre estructural? ¿Qué tan lejos de su prójimo tienen que estar su cabeza y su espíritu para aceptar una transa personal o para “los suyos” en alguna oscura oficina? Usted representa sus propios intereses y no los de sus votantes.

Por ende, no es a la política a lo que aparece como cuestionable sino la evidencia de que este esquema de funcionalidades garantiza la gobernabilidad y además el detalle de los designios macristas. Es decir, hace falta otra representatividad política que no se parezca en nada a las construcciones políticas opositoras que dicen que no en el discurso pero asienten con su voto.

Por derecha, tienen claro el descontento general de la sociedad con la política tradicional. Tal desencanto que se votó el presupuesto y, más allá de las organizaciones tradicionales de lucha, en la calle sigue todo más o menos igual. Por izquierda, entonces, cabe preguntarse cómo ganar ese espacio de desencanto con los políticos de pacotilla a la seducción de una herramienta que recoja la desazón y la transmute en proposición desde abajo.

El sintagma déficit cero debería traer a la memoria del pueblo argentino, a la memoria a corto plazo, la foto del ajuste estructural de De la Rúa y su consecuente represión. La diferencia, propuesta por el Fondo, de ajustar con inversión en materia de contención social constituye una diferencia que no alcanzará para contener el malhumor general.

El término clase política siempre me pareció despreciable, ya que no hay tal cosa sino políticxs que emanan de clases sociales determinadas. Pero la parodia de debate democrático de ayer merece al menos el mote de secta política de la que son parte decenas de personas que le hablan al “señor presidente” de la cámara a sabiendas de que no están realizando ninguna acción política concreta en favor de su pueblo sino, por el contrario, construyendo el escenario necesario para que Cambiemos diga en el exterior lo que finalmente ha ocurrido (gracias a ustedes): lxs representantes del pueblo votados democráticamente para defender sus intereses en el máximo órgano de debate político han aprobado la construcción de una gran guadaña sobre la que descansará el cuello de las clases medias y populares de Argentina: el presupuesto 2019.

Desde nuestras redes de radios, canales de TV y otros medios comunitarios denunciamos el nuevo recorte brutal que el proyecto de Presupuesto infringe al Fomento legalmente establecido por ley 26.522, agravando a una escala inédita la millonaria deuda que el Estado arrastra con el sector.

Hasta acá, el incumplimiento venía dándose por tres vías: asignando menos de lo que la ley indica; ejecutando menos de lo asignado vía rechazo de proyectos con argumentos absurdos o inexistentes en reglamentos; y estirando meses y hasta años las definiciones y pagos con procedimientos complicados y engorrosos. Esto viene acumulando deudas por: 35 millones de concursos ganados y nunca pagos de 2015, 58 millones de concursos no adjudicados en 2016, 160 millones de concursos todavía en proceso de 2017, 300 millones correspondientes a concursos 2018 aún no abiertos y varios cientos más por diferencias acumuladas entre lo dispuesto por la ley y lo asignado año tras año.

Esta es la primera vez que a todo esto se le suma una baja de lo asignado el año anterior: de 180 millones asignados en el Presupuesto 2018 (contra 300 que correspondían por ley, según recaudación del gravamen a la comunicación audiovisual del año anterior), bajamos a 140 millones para este ejercicio (sobre una recaudación que va a ser obviamente mayor, que el acumulado 2018 es de 258 millones faltando todavía 3 meses).

Esto constituye: una burla a los compromisos asumidos por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) luego de muchas manifestaciones y “mesas de diálogo” que son inconducentes sin recursos; una expresión más del vergonzoso Presupuesto del Ajuste dictado por el FMI; un nuevo ataque al Derecho a la Comunicación y la pluralidad de voces que la ley debe garantizar con este mecanismo; y el agravamiento de un incumplimiento sistemático de esta ley por parte del propio Estado y sus funcionarios, reteniendo o usando para otros fines fondos de asignación específica, lo que es un delito.

Reclamamos:

-A legisladores y legisladoras que no convaliden este nuevo atropello, ni el vergonzoso proyecto de Presupuesto del FMI que lo contiene junto a muchos otros más

-Al gobierno nacional y las autoridades del ENaCom, organismo de aplicación de esta ley y esta política pública, que cumplan los compromisos asumidos y la ley sin más trampas ni dilaciones.

Espacio InterRedes:

Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) / Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CONTA) / Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC Argentina) / Red Colmena (Cooperativas de Trabajo-CNCT) / Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA)

El fiscal Antonio Castaño manifestó su bronca en FM De la Calle tras las absoluciones de Víctor Hugo Iglesias y otros dos imputados por el delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual y se mostró confiado en que la Cámara de Casación revoque la sentencia del Tribunal Oral.

El funcionario judicial fue quien realizó junto a su par de la Protex, Marcelo Colombo, la investigación desde 2014 e intervino en la causa hasta su elevación a juicio. “Si en Bahía no hay trata tampoco hay droga”, ironizó al responder dichos de la defensa.

Si bien los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu aún no difundieron sus fundamentos, el fallo estaría basado en “que no existe prueba porque no han podido ser citadas a declarar las víctimas”.

“La idea de los imputados de llevar a juicio a quienes fueron víctimas de este flagelo hace nada más que volver a revictimizarlas. Es imposible que declaren frente a estos personajes que, como todos sabemos, las tienen atemorizadas, las tienen amenazadas, saben dónde viven, dónde se desenvuelven”, dijo Castaño.

Las redes de trata “permiten que esas mismas personas circulen por distintos lugares, cuyos propietarios tienen relación con los propietarios de los demás lugares por donde las víctimas han pasado. Son blanco fácil de poder ubicar”.

Castaño remarcó que entre la prueba “teníamos declaraciones testimoniales brindadas en el ámbito de nuestra Fiscalía Federal con todas las garantías del proceso, porque no solamente he estado yo sino también las defensas de los imputados. Lo que no permitió el tribunal es que esas declaraciones que estaban en forma escrita sean leídas en el debate. Fue a pedido de las defensas, más vale, quieren que las víctimas vayan al lugar y que lógicamente lo que van a declarar no va a ser lo que realmente han pasado”.

Martín Vargas, Víctor Hugo Iglesias, Alfredo García y Eduardo Gutt.

Para ejemplificar las situaciones de riesgo y las intimidaciones padecidas por las testigos víctimas, recordó que para una de las mujeres cuyo testimonio fue “totalmente contundente en cuanto a la operatoria de Víctor Iglesias” tuvo que solicitarle a la jueza Mirta Filipuzzi una custodia permanente ante su domicilio.

Dicha tarea la asumió la Prefectura, la cual informó luego que durante su tarea “se habían acercado distintos personajes a los efectos de, según ellos, invitarla a comer un asado a esta testigo, personajes relacionados con los imputados de la causa”.

“Esto lógicamente va a ser apelado por el fiscal de juicio, el dr. Santiago Roldán. Hay antecedentes en Casación de estas circunstancias, así que tenemos plena fe con el fiscal de juicio que esto va a ser revertido pero queda la sensación de impotencia tanto mía como de toda la gente que trabajó denodadamente en esta causa”.

El fiscal destacó el poder alcanzado por algunos imputados: “Son personas con mucho poder económico, vinculadas normalmente a cuestiones políticas y enquistados en nuestra sociedad como grandes señores, hoy son empresarios y así se seguirán manejando”.

“Lo de Gutt está comprobado.

Hoy tiene la posibilidad de volver a la Prefectura, es una barbaridad desde todo punto de vista”.

El Tribunal Oral dio a conocer el viernes el veredicto tras prohibir la participación del público y la prensa durante las audiencias. El fiscal Roldán desistió de acusar al dueño de El Gran Chaparral, Martín Vargas, quien recuperó su libertad tras los alegatos. Lo mismo sucedió al día siguiente con Iglesias y el ex prefecto Eduardo Horacio Gutt.

El administrador del Bar Broadway, Alfredo García, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por facilitación de la prostitución.

Foto Castaño: De la Bahía.

El intendente Héctor Gay recibirá mañana a integrantes de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría, quienes reclamaron conocer su posición sobre la contaminación del estuario.

El compromiso fue asumido el lunes cuando el grupo de trabajadores se presentó en Alsina 65 para manifestar su preocupación por la pérdida de su tradicional fuente laboral.

En diálogo con FM De la Calle, el abogado Lucas Beier precisó que pretenden saber si se va a proteger el ambiente del estuario o será “como hicieron hasta ahora: controlar, monitorear pero, pese a los resultados, no hacer más que eso”.

-La Municipalidad es una de las partes involucradas en las causas judiciales, ¿qué expectativas tienen al abrir este otro camino más allá de lo que discuta la justicia?

Desde el primer momento nosotros consideramos que el camino de la gestión administrativa o del Poder Ejecutivo, del Estado, es el más idóneo. No obstante eso, como no teníamos una respuesta en su momento, recurrimos a la vía judicial. Nunca dejamos de plantear la posibilidad de un encuentro o de una gestión directa del Poder Ejecutivo porque, en el mejor de los casos, lo que va a pasar en el proceso judicial es que el juez le ordene al Poder Ejecutivo realizar algo. Lo cual después va a depender del presupuesto, de gestiones, y va a ser prácticamente empezar de nuevo.

Tenemos el caso en Argentina de lo que pasó con el Riachuelo, con la causa donde se creó la ACUMAR, donde pese a la sentencia de la Corte, desde el 2006 hasta la actualidad, está todo igual que antes. Con denuncias penales a los funcionarios por incumplimientos, con sanciones, con multas, pero la contaminación sigue.

Queremos evitar que suceda algo más o menos parecido y, si es posible, acordar algo con la administración que sea posible de cumplimiento y que sea realmente un beneficio. Lo que se puede realizar es: si bien hay una gran cantidad de empresas que están arrojando sustancias que generan un agravamiento de la situación, el mayor problema que tenemos son las cloacas de Bahía, entonces si podemos eliminar esa fuente de contaminación sería una gran mejora para la calidad ambiental. Y un compromiso de las empresas en reducir sus desechos más la eliminación de la cloaca sería un gran beneficio.

-Les van a hablar de los avances de la obra que lleva adelante ABSA…

Una obra importante, sin lugar a dudas. Pero en realidad lo que están tratando ahí son las materias orgánicas, que obviamente generan una gran contaminación, principalmente lo que es la demanda biológica de oxígeno. Pero también por las cloacas van muchísimas sustancias que no son orgánicas, o sea, muchos de los metales pesados que se encontraron en los peces también ingresan por el sistema cloacal.

Entonces, no está ni siquiera en proyecto hacer un tratamiento de esas sustancias y, como te dije, eso sumado al polo petroquímico más grande de Sudamérica que tenemos acá, genera prácticamente una conjunción perfecta para la contaminación.

-Más allá de que el juez no se dé por enterado, ese polo petroquímico más grande de Sudamérica pretende crecer aún más y no hay ningún tipo de reparo al planteo que ustedes hacen.

No, no, es como si no pasara nada. Obviamente lo importante de un juez es la sentencia. Antes, son todas pequeñas medidas que puede tomar y no estamos muy lejos de la sentencia. Ahí es donde realmente el juez se expide y donde el juez emite su dictamen y el juez habla. Pero, más allá de la sentencia, podría haber tomado alguna medida cautelar que la rechazó. Y bueno, del Poder Ejecutivo auspician estas inversiones de empresas del polo petroquímico y nunca se toca el tema de la calidad ambiental que ya hoy es mala y constantemente se sigue agravando. Lo lógico es que dentro de un año esté peor que hoy y así sucesivamente y más aún si el polo petroquímico va a crecer.

-Si el intendente ratifica lo que viene manifestando la Municipalidad en la causa o incluso lo que fueron las declaraciones de la subsecretaria de Gestión Ambiental en cuanto a la inexistencia de riesgo para la salud, ¿hay algún camino a seguir o pretenden ratificar la falta de interés de cambiar el rumbo por parte del municipio?

El paso a seguir nuestro tendría que hablarlo con la gente. Acá hoy principalmente, este pedido de reunión fue porque ya se encuentran en un estado bastante preocupante los pescadores, hablo del estado económico. Se  aproximan las fiestas y ellos ya lo están previendo y para ellos siempre es un problema llegar a fin de año y no tener plata ni para comprar un pan dulce, les afecta muchísimo.

Es una fecha bastante clave y ya me están llamando para decirme ‘Lucas acordáte que vienen las fiestas’, les empieza a agarrar como una desesperación. Sinceramente no hemos hablado, por lo pronto el jueves nos reuniremos con el intendente, va a ir un grupo de 4 o 5 nada más, nos pidieron eso desde la Municipalidad. Y si se puede trabajar en conjunto bienvenido sea y si hacen como hicieron hasta ahora de imaginarse que este conflicto no existe, seguirán ellos tomando las medidas que sean necesarias y yo desde la parte judicial también seguiré insistiendo.

-La subsecretaria Chanampa lo que decía, sintetizándolo a modo de título, es “yo comería sin problemas pescado de la ría’. Ahora, en la circulación de la pericia, la Municipalidad advirtió que hay ciertas alertas respecto a algunas especies por parte del Comité Técnico Ejecutivo, ¿cómo es eso?

Sí. Chanampa, más allá de lo desafortunado y poco político de su expresión, primero se contradice con los informes de la Municipalidad y, segundo, miente. Porque dice que el SENASA controla la presencia de metales pesados, lo cual no es verdad y, además de eso, la propia Municipalidad -no lo hizo público porque obviamente ellos quieren mantener todo lo más oculto posible- pero ya emitió un informe diciendo que las ostras del estuario no son aptas para consumo y recomiendan a toda la población no consumirla. Hoy la ostra invadió prácticamente todo el estuario.

Toda la información sobre #ContaminaciónenlaRía

 

Desde Cerri, Punta Alta, cualquiera puede acercarse a la costa y recoger ostras fácilmente, sabemos que es un alimento bastante rico y supuestamente saludable, entonces muchos se acercaban, las sacaban de la costa y las consumían. Bueno, la Municipalidad desaconseja esto por la mala calidad que tienen y por el peligro que puede implicar ingerir consumir estas sustancias.

Está en el expediente, lo tuvieron que poner como una especie de defensa, como diciendo: ‘la Municipalidad ya advirtió esta situación’. Pero la realidad es que yo me enteré por el expediente, nunca había escuchado de ningún informe ni hablar a Chanampa ni a nadie andar diciendo esto en los medios. Así que sí, es una contradicción grande que tiene la funcionaria y no creo que lo salga a aclarar.

-¿La Municipalidad asegura que lo sabía pero no lo difunde?

Uno de los pilares del derecho ambiental, justamente, es la información ambiental. Como ciudadanos tenemos derecho a la información y el estado tiene la obligación de informar. No sé si recordarás que en 2010 salió a la luz el acuerdo de confidencialidad que tenía el IADO con la Municipalidad. O sea, el IADO no puede publicar nada si previamente no lo autoriza la Municipalidad.

Todo el tema ambiental es muy complejo, sabemos los intereses que hay en juego y por eso tomar una decisión, que el Estado diga ‘esto no va a ser más una reserva natural, acá no se pesca nunca más y va a ser un basural’… Bueno, que tomen la decisión y después se verá, pero la realidad es que no hacen ni una cosa ni la otra, ponen como pantalla eso del CTE, los monitoreos, los controles que todos sabemos no sirven para nada.

Lo sabemos con certeza científica porque después de 20 años de controles los resultados dieron 40 veces por encima de lo permitido, entonces los controles sirvieron para poco. No sé si la decisión del Ejecutivo hoy es continuar así o realmente cambiar un poco el rumbo.

Con la lectura de la acusación arrancó este viernes el sexto juicio por crímenes de lesa humanidad de Bahía Blanca. Es el segundo tramo de la causa que investiga crímenes del terrorismo de Estado ordenados y ejecutados en jurisdicción de la Base Naval Puerto Belgrano.

De los 18 imputados uno solo llegó esposado en un móvil del Servicio Penitenciario. Otros tres se acercaron por su cuenta a Colón 80 desde sus prisiones domiciliarias y el resto hizo lo propio, hacia sedes judiciales de Capital Federal y Necochea, para seguir la audiencia por videoconferencia.

El fiscal Miguel Ángel Palazzani afirmó que el debate mostrará una vez más “el circuito de Baterías, Comando de Operaciones Navales y la comunidad de la Armada Argentina operando junto con el V Cuerpo de Ejército. Vamos a escuchar algunas cosas que ya conocemos como hechos notorios y otras que se van a ventilar por primera vez, con todo lo que significa la realización de un juicio para seguir construyendo la memoria, la verdad y obtener justicia”.

Las próximas audiencias serán el jueves 1 y el viernes 2 de noviembre desde las 15.

El tribunal está integrado por los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu. Mónica Fernández Avello y Walter Larrea representan las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos y de H.I.J.O.S. y APDH, respectivamente.

El fiscal Palazzani destacó ante FM De la Calle que “hay un contexto discursivo, simbólico, de cierta regresión. Es la instalación de discursos que uno pensaba que estaban superados a esta altura”.

“Es una conquista de toda la sociedad argentina, hay un hecho notorio -y eso tiene su significación judicial, es un hecho que no debemos probar ni discutir- que es la existencia del terrorismo de Estado. Y uno viene escuchando en ciertas esferas de producción discursiva reverberancias de la teoría de los dos demonios, de la palabra guerra, de reivindicaciones del sector que fue victimario y no víctima”, afirmó.

Miguel Ángel Palazzani.

Miguel Ángel Palazzani.

Palazzani aseguró que ver “en el público algunos cursos de chicos del secundario” hace que los juicios “tengan sentido”.

Consultado respecto a la generalización de las detenciones domiciliarias, el fiscal explicó que fueron recurridos en Casación y en la Corte todos los casos que consideran injustos o en los cuales los genocidas, incluso con alguna dolencia, pueden ser atendidos dentro del Servicio Penitenciario Federal. “El resultado es este que estamos viendo. Fiscalía no deja recurso ni petición por efectuar. Luego, los que deciden son los jueces”.

Mario José Bilesio.

Mario José Bilesio.

 

Minutos antes del inicio de la audiencia, integrantes de la Agrupación H.I.J.O.S. leyeron un comunicado en el cual repudiaron las domiciliarias y el escaso tiempo dedicado por el Poder Judicial para las causas de lesa humanidad.

“En momentos de profundos retrocesos en materia de derechos humanos y de derechos en general en nuestro país, a lo largo y ancho de Argentina, se sigue juzgando genocidas gracias a la convicción y valentía de los sobrevivientes y testigos, de un sector del Poder Judicial que continúa avanzando a pesar de las dificultades y del compromiso de organismos y ciudadanos que sostenemos los juicios”.

Luis Oscar Conti y Carlos Enrique Lacoste.

Luis Oscar Conti y Carlos Enrique Lacoste.

El secretario de Derechos Humanos de la CTA Bahía Blanca-Cnel. Dorrego, Dante Patrignani, afirmó que estamos atravesando “un momento histórico en el cual desde el gobierno se están ralentizando estas cuestiones y hay una clara política en contra de la memoria, la verdad y la justicia, desde el negacionismo de Lopérfido a poco de asumir el gobierno pasando por el intento del 2×1 se trata de silenciar todo esto y, como organización de los trabajadores, teníamos que estar presentes”.

El dirigente agregó que la designación como fiscal del ex juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez, a pesar de las impugnaciones presentadas por organismos de derechos humanos por su complicidad con los genocidas, va “en la misma dirección que el nombramiento de Carlos Rosenkrantz (como presidente de la Corte) y las presiones hacia los jueces que cumpliendo las normas legales se niegan a seguir las directivas del gobierno. Hay toda una ofensiva del Poder Ejecutivo, de los pro genocidas del gobierno, para que el Poder Judicial se someta a sus políticas”.

Arturo María Quintana.

Arturo María Quintana.

Tras la lectura de la acusación, la Fiscalía adelantó que su alegato contendrá el pedido para que los delitos sexuales cometidos o avalados por varios de los imputados sean considerados de manera autónoma a las torturas, tal como se plasmó en la sentencia del primer debate de la causa.

Las defensas se escandalizaron aun antes de escuchar el planteo fiscal y deberán argumentar su oposición en la apertura de las sesiones de principios de noviembre.

El ex presidente de Huracán Víctor Hugo Iglesias y el prefecto Eduardo Horacio Gutt fueron absueltos por el tribunal oral en el mayor juicio por trata de mujeres para explotación sexual de la historia judicial bahiense. El administrador del Bar Broadway, Alfredo García, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por facilitación de la prostitución.

El fiscal Sebastián Roldán había requerido ayer una pena de diez años para Iglesias por trata y facilitación de la prostitución, cinco años y medio para García y cinco años para Gutt. Respecto al propietario de El Gran Chaparral, Martín Vargas, había pedido su absolución por falta de pruebas.

En los próximos días los jueces Luis Salas, Oscar Albrieu y Marcos Aguerrido darán a conocer los fundamentos del fallo. Víctor Hugo Iglesias, quien fue defendido por Maximiliano De Mira y Dámaso Larraburu, deberá afrontar otro juicio oral por una investigación iniciada en 2012.

Antes de la lectura de los alegatos, un conjunto de organizaciones realizaron un llamamiento para que “la explotación sexual no quede impune y que se brinde una reparación integral a las mujeres victimizadas”.

Nora Dinoto, integrante de la Red Local de Violencia de Género y firmante del documento, agregó que consideran a la trata de personas “como una forma de violencia extrema en el que se vulneran todos los derechos; el derecho a la identidad y a la vida misma. Lógicamente la ciudadanía y los organismos que peleamos por los derechos humanos tenemos que estar presentes aquí para reivindicar una vida digna para todas las personas”.

Además opinó sobre la actuación del tribunal: “Tendrían que haber difundido más toda esta cuestión que está en discusión. Hay que evitar la revictimización de las víctimas rescatadas en toda esta situación de trata pero sí quedaron algunas cosas pendientes que nos hubiera gustado que se manejaran de otra manera”.

Miriam Iantosca, integrante de Bahía Contra la Trata, aseguró a FM De la Calle que “se debatió muchos años y costó mucho. Verlos acá y que tengan que rendir cuentas hace que nosotros sigamos luchando, por esto que es una violación a los derechos humanos. A las mafias hay que seguirles los pasos, porque estas mafias mutan, hay que perseverar y permanecer en esta lucha porque es la única manera que vamos a estar rescatando a las niñas, niños y ahora, adolescentes”. Antes de conocer el veredicto afirmó que “lo que queremos es que queden adentro, lo que parece es que puede haber un poco de impunidad”.

Para la concejala de Unidad Ciudadana Gisela Ghigliani el juicio fue “hermético”, con irregularidades y poca información. “Hay algunas cuestiones con las pruebas que fueron bastantes dudosas, en un juicio que ha sido el operativo más grande en la ciudad de Bahía Blanca. Nos preocupa porque seguimos viendo que se declama desde los estados municipales, provinciales y nacionales pero cuando vamos a la práctica, cuando realmente tenemos que demostrar lo que se hace y dar fallos ejemplificadores, todo queda muy licuado. Ellos mismos solicitaron la Declaración de Emergencia en Materia Social de Violencia de Género que sigue vigente y hemos pedido dentro del marco de la emergencia saber qué medidas se tomaron. Acá murieron tan solo este año cuatro mujeres y nos parece que el Ejecutivo al no responderte claramente nos está diciendo qué es lo que hace”.

Al ser consultada por los vínculos de Iglesias con el peronismo y en particular con el dirigente Dámaso Larraburu, Ghigliani dijo que “cuando estuvo en la interna del Partido Justicialista nosotros fuimos en la otra lista y es uno de los puntos que planteamos y, por suerte, ganamos la interna porque nos parecía que era aberrante que figurara como si fuese una persona que pudiera venir a decidir en un espacio político partidario”.

El documento leído este jueves frente al tribunal fue firmado por más de cuarenta organizaciones. La ex diputada nacional Virginia Linares, integrante del Frente Julieta Lantieri, aseveró que “Bahía y Punta Alta le han dado la espalda a la trata de personas, como si no existiera en esta ciudad. La idea es empezar a decir esto: existe en Bahía Blanca la trata de explotación sexual y también la laboral y que hay que empezar a denunciar”.

Verónica Bajo de Acciones Feministas brindó un marco más amplio desde dónde pensar la explotación sexual: “Siempre decimos que la prostitución es la cosificación extrema de un ser humano, de las mujeres en este caso. Es la conjunción máxima entre capitalismo y patriarcado. Usar a las mujeres para hacer un ejercicio de poder sobre los cuerpos es la visibilización más patriarcal que hay. Y no es casual que hoy estemos asistiendo a un juicio que ha sido invisibilizado por los medios donde hay un silencio muy grande y donde hay complicidad. No es casual que sea uno de los negocios más grandes del mundo, tiene complicidad de los estados, de los gobiernos, de los poderes económicos y de la justicia”.

Ana Canullo, integrante de CTA Bahía Blanca-Coronel Dorrego, instó a que “la gente que va a la Cantina Royal  sepa a dónde va, que sepa quién es el dueño de la cantina y dónde se sienta a comer. Evidentemente estas cuestiones de poder son tan dificiles de desenmarañar que es una tarea de las militantes salir a denunciar”.

Finalmente Laura García Vázquez, secretaria adjunta de CTA Autónoma Provincia de Buenos Aires, agregó que “lo importante es todo lo que se ha avanzado en conciencia social. Hace unos años parecía que estar en contra de la trata estaba bien pero daba un poco de miedo. (…) Lamentablemente todos estos delitos aberrantes para la condición humana, y en este caso para las mujeres, cuentan con el apoyo del poder real: económico, político, judicial. Y esa es una batalla muy grande que tenemos que dar por las mínimas garantías democráticas”.

Este viernes a las 9 comenzará el debate oral del segundo tramo de la causa Armada. Mientras, se demoran una cuarta parte de Ejército, el juicio a integrantes de la Triple A y otras investigaciones contra responsables civiles del genocidio en Bahía Blanca y la región.

18 imputados, 64 víctimas, casi un tercio de ellas desaparecidas. Las audiencias orales y públicas serán cada quince días en Colón 80. Habrá alrededor de veinte testigos y, probablemente, solo un represor en la sala. El resto seguirá el debate por videoconferencia.

Es el sexto juicio que se realizará en el aula magna de la Universidad Nacional del Sur. Es el lento camino de una etapa del Juicio y Castigo iniciada en junio de 2011.

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En septiembre de 2012 fue la histórica sentencia con condenas de prisión perpetua para 14 genocidas y otras tres de entre 17 y medio y 18 años. El grupo de criminales estaba conformado por integrantes del Comando V Cuerpo de Ejército, del Batallón de Comunicaciones 181, del Destacamento de Inteligencia 181, de la Policía Federal de Viedma y por ex responsables de la Unidad Penal 4 de Villa Floresta.

Además, el fallo incluyó decisiones relevantes en el proceso judicial como fue la orden de abrir y profundizar investigaciones contra genocidas civiles: el clan Massot y La Nueva Provincia, el capellán Aldo Omar Vara y de quienes ocuparon la Secretaría del Juzgado Federal: Hugo Mario Sierra y Gloria Girotti.

En diciembre de 2013, el Tribunal Oral Subrogante de Bahía Blanca difundió el segundo veredicto en la Causa 05/07 que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo jurisdicción del V Cuerpo de Ejército.

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Hubo cuatro penas a prisión perpetua y el resto a once, cuatro y tres meses y tres años y cinco meses. Los siete condenados pertenecían al Batallón de Comunicaciones 181 y al V Cuerpo de Ejército, entre ellos se destacaba un grupo de guardias del centro clandestino de detención, torturas y exterminio La Escuelita.

Los magistrados ordenaron abrir una investigación sobre la responsabilidad del ex juez provincial Francisco Bentivegna durante el terrorismo de Estado y, a modo de reparación, dictaron la nulidad absoluta de una sentencia del Consejo de Guerra del V Cuerpo.

El 25 de noviembre de 2015 el TOF bahiense condenó a prisión perpetua a 18 genocidas y a penas de entre ocho y 18 años a otros cuatro. Los sentenciados fueron miembros de la Armada, el Ejército, la Prefectura Naval, la Policía Bonaerense y el Servicio Penitenciario provincial, quienes cometieron crímenes de lesa humanidad “en el marco del genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívico militar”. Nueve marinos fueron castigados por la violencia sexual ejercida en los centros clandestinos.

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Además, los jueces ordenaron que una vez quede firme la sentencia, “el diario LaNueva. (ex La Nueva Provincia) publique la rectificación, como acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria, de la información oportunamente vertida en ese periódico donde se comunicaba a la ciudadanía” que ocho militantes peronistas “fueron detenidos o abatidos en enfrentamientos militares, cuando quedó debidamente acreditado en este proceso que fueron objeto de secuestro, tortura y, en su caso, fusilamiento por parte del personal militar de la época, haciendo expresa mención de la fecha, página y sección en la cual fueron vertidas tales noticias”.

Por otra parte, se solicitó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que señalice “el predio donde funcionó la Séptima Batería de la Base de Infantería de Marina Baterías” como Sitio de la Memoria del terrorismo de Estado y que el juzgado federal realice en el lugar “trabajos de prospección orientados a recolectar pruebas vinculadas a los hechos ventilados”.

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En mayo de 2017, el comisario Gustavo Abel Boccalari fue condenado a prisión perpetua por secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer a Julio Argentino Mussi. Tras el debate los jueces Luis Roberto Salas, Pablo Ramiro Díaz Lacava y Marcos Javier Aguerrido ordenaron señalizar como “sitio de la memoria del terrorismo de Estado” el predio de Chile y España donde funcionó el centro clandestino de detención de la División Cuatrerismo.

En octubre del mismo año, 21 genocidas fueron condenados a penas de prisión perpetua en el mayor juicio por crímenes de lesa humanidad de la provincia de Buenos Aires. Fue el Juicio Ejército III, en el cual otros nueve represores recibieron castigos de entre tres y catorce años y uno fue absuelto.

El tribunal aceptó nuevamente el pedido de derecho a réplica colectivo requerido por la Fiscalía y ordenó que, una vez firme la sentencia, La Nueva Provincia “publique la rectificación como acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria” de ediciones en las cuales varias de las víctimas aparecen como “detenidos o abatidos en enfrentamientos con militares, cuando quedó acreditado que fueron objeto de secuestro, tortura o fusilamiento por parte del personal militar de la época”.

Luego de realizarse la audiencia preliminar del juicio que ahora comienza, los jueces Jorge Ferro, Martín Bava y José Triputti renunciaron a sus subrogancias en el tribunal oral y fueron reemplazados por Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu.

16 de los imputados serán juzgados por primera vez en la ciudad. Otros dos ya fueron condenados a prisión perpetua en el primer tramo del juicio. De todos ellos, uno solo está en la cárcel.

Organizaciones sociales, políticas, sindicales y feministas convocamos a la comunidad a la lectura del documento “No a la impunidad” en el marco del juicio por trata de mujeres para explotación sexual más importante de la historia judicial bahiense.

Será este jueves a las 11 frente al Tribunal Oral de Chiclana y Lavalle donde se escucharán los alegatos contra el dirigente del Club Huracán, Víctor Hugo “Piraña” Iglesias, el administrador del Bar Brodway, Alfredo “Beto” García, el prefecto Eduardo Horacio Gutt, alias Moisés, y Martín Vargas, propietario de restaurante El Gran Chaparral.

La investigación del fiscal Antonio Castaño y del titular de la Protex, Marcelo Colombo, destacó la “evidente connivencia policial y política” con la que actuaban los proxenetas en Ing. White. 25 mujeres y niñas fueron rescatadas.

Martín Vargas, Víctor Hugo Iglesias, Alfredo García y Eduardo Gutt.

 

ANTE EL JUICIO DE TRATA MÁS IMPORTANTE

DE LA HISTORIA DE BAHÍA BLANCA, NO A LA IMPUNIDAD

En el marco de un juicio histórico por trata de personas con fines de explotación sexual que se está llevando a cabo en la ciudad, queremos transmitir un mensaje claro.

Se llega a esta instancia judicial con evidencias concretas de un armado en red, destinado a la trata de mujeres. En este marco, se efectuó el mayor operativo de desarme de tramas de explotación sexual en la ciudad, en el cual fueron rescatadas 25 mujeres. Asimismo, señalamos que en este caso se destacó la connivencia entre los explotadores y las fuerzas de seguridad, lo cual constituye una de las principales características de este delito a nivel mundial. Nuestro objetivo es hacer ver lo que se pretende silenciar o invisibilizar: que la explotación sexual es una forma de vulneración de Derechos Humanos, la cual no puede ser tolerada, naturalizada, ni avalada por los Poderes de la República.

Es por lo mencionado que, desde organizaciones y referentes sociales, políticas/os, sindicales y feministas, hacemos un llamamiento a que la explotación sexual no quede impune, y a que se brinde una reparación integral a las mujeres victimizadas, en pos de restituir todos sus derechos vulnerados.

ADHIEREN:

Bahía Contra la Trata – Frente Julieta Lanteri – Red Local de Violencia de Género – Consejo Local de las Mujeres – Observatorio de Género y Diversidad Sexual de la Universidad Nacional del Sur – Grupo de investigación UNS Prostituir es tratar – El Nido – Acciones Feministas – Desbandadas – Comisión de Género y Diversidades sexuales del Colegio de Psicólogos Distrito 1 – Bahiensas Feministas – Asociación Civil Manos Entrelazadas de Punta Alta – Colegio de Psicólogos – La Misión – Centro de estudiantes de trabajo social Bahía Blanca – Centro de pensamiento jurídico Inclusivo – FM De la Calle – Centro de estudiantes de Abogacía UNS – Cáritas Arquidiocesana Bahía Blanca – Equipo de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, Congregación Claretiana Bahía Blanca – Comisión de Cultura y Deportes venezolana de Bahía Blanca – Programa Aquelarre Radio Urbana Bahía Blanca.

Ate Bahía Blanca – Suteba Bahía Blanca– Sadop – Adef Bahía Blanca – CGI (Comisión Gremial interna) Banco Credicoop – Jaime Linares Senador Nacional MC – Frente feminista nacional y popular – Integración Ciudadana – Nuevos Vientos – Unidad Ciudadana – Bloque de Concejales Cambiemos – Bloque de Concejales PJ Cumplir – Frente de Mujeres Nuevo Encuentro – Juventud Radical – Jóvenes Pro Bahía Blanca – Puño y Letra Comunismo Revolucionario – Juventud Sindical Peronista – Socialistas para la Victoria – Melina Rebollo secretaria de DDHH e igualdad de género Secasfpi Anses – CTA Autónoma Nacional Pablo Micheli secretario general y Dora Martinez secretaria adjunta – CTA Provincia de Buenos Aires Cristian Echeverría secretario general, Laura García Vazquez, secretaria adjunta – Jesús Felix, secretario general CTA Autónoma Bahía Blanca Coronel Dorrego.

(Por Mauro Llaneza) La justicia rechazó medidas cautelares solicitadas por la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría en el marco de las causas que investigan la contaminación del estuario.

En el ámbito federal se negó llamar a indagatoria a directores de empresas del polo petroquímico, ABSA y funcionarios del OPDS, el Municipio y el Consorcio del Puerto y prohibir el vertido de efluentes o, en su defecto, conformar una mesa de abordaje de la problemática que establezca un plan de saneamiento.

En el fuero contencioso administrativo se rechazó prohibir la pesca -tal como sugirieron los expertos-, difundir el resultado de la pericia realizada por la Facultad de Agronomía de la UBA que concluyó que las especies no son aptas para el consumo humano, prohibir ampliaciones y nuevas radicaciones industriales y la distribución de dividendos de las empresas.

Los representantes de los pescadores habían solicitado a la justicia federal la citación a indagatoria a los directores de ABSA S.A., Compañía Mega S.A, Solvay Indupa SACI, Cargill S.A.,  Petrobrás Argentina S.A., Profertil S.A., Dow Argentina S.A., Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y a funcionarios del OPDS y la Secretaría Ambiental de Bahía Blanca.

“Los directores de cada una de las empresas han tomado la decisión, con conocimiento y voluntad, de instalarse en una zona con características morfológicas particulares que provocan que el agua no sea renovable, que asimismo es una zona de reproducción y cría de muchas especias marinas y en donde se ha instalado una ‘polo petroquímico’, sabiendo que cada una de las empresas incorporan sinérgicamente sustancias nocivas al ambiente”, denunciaron.

No hay estudios que certifiquen que el aporte individual de contaminantes de cada empresa del polo petroquímico genere daño ambiental en un área sin renovación de agua y donde se reproducen y crían muchas especies marinas.

Sin embargo, los directivos decidieron instalarse allí y “continuar produciendo y arrojando sus desechos industriales constantemente al estuario” sabiendo que su “aporte no es el único” y que “la sumatoria de todos los desechos industriales son los que realmente importan cuando se debe prevenir la contaminación”.

Por ello, el abogado Lucas Beier y el fiscal Alejandro Cantaro solicitaron oportunamente la prohibición del vertido de sustancias no permitidas o la conformación de una mesa con todas las partes para establecer un plan de saneamiento.

La jueza Gabriela Marrón, a instancias del fiscal subrogante Horacio Azzolín, falló que aun con el resultado de la pericia realizada por la UBA y la Policía Federal es “prematuro” aceptar las medidas cautelares.

En el fuero contencioso administrativo los pescadores artesanales insistieron al juez Agustín López Coppola que dicte medidas precautorias ante el riesgo para la salud de la población por la contaminación y para frenar el crecimiento de las empresas que lo generan.

En todos los casos el magistrado sostuvo que, a pesar de las conclusiones de la pericia de la FAUBA, “nada ha cambiado” para alterar los argumentos con los cuales había rechazado acciones similares en 2009.

“Sabiendo que el estuario no admite más carga de contaminantes y que este proceso judicial seguramente durará muchos años más hasta tener una sentencia firme, el dictado de una medida cautelar es la única medida idónea para cumplir el mandato legal y constitucional de prevenir más efectos nocivos”, le reprochó el abogado Lucas Beier en su apelación.

Más allá de la pericia, en nueve años y decenas de miles de fojas, la causa incorporó resoluciones ministeriales, del Comité de Control y Monitoreo y documentos en los cuales las propias empresas reconocen “la constante y continua deposición final de sustancias peligrosas en el estuario”.

“¿Que sería más prudente, preventivo y responsable ante la afirmación científica de que existe un concreto riesgo en la salud de la población pasible de consumir estas especies que prohibir su captura y consumo?”, se preguntó el abogado.

Toda la información sobre #ContaminaciónenlaRía

 

El juez argumentó que la pericia está en etapa de “bilateralización” -durante la cual las partes analizan el estudio- y si bien el análisis “será ampliado y explicado luego de las impugnaciones”, vale destacar que ya no es posible pedir su nulidad.

El magistrado rechazó dar a publicidad los resultados de la pericia y advertir a la población sobre los riesgos del consumo de peces del estuario aunque aclaró que la querella podría realizarlo por su cuenta y destacó que, de hecho, la noticia fue difundida por los medios de prensa.

En su apelación, Beier recordó al juez que “ningún acto de las partes puede suplir los actos de imperio del juez que, dicho sea claramente, son también actos de gobierno” y que sobre su cabeza pesa “cumplir los objetivos y principios de la Política Ambiental Nacional”.

López Coppola se contradijo al no impedir ampliaciones y nuevas radicaciones industriales que utilicen el estuario para descargar sus efluentes argumentando que los pescadores no informan sobre una fecha precisa de inicio o existencia de proyecto en ese sentido.

“La consideración de lo público y notorio por parte del juez es errónea por parcial pues ha considerado la difusión mediática de ciertos aspectos de la pericia de la UBA pero no ha considerado que, previamente, se viene informando por los mismos medios de prensa que existen concretas intenciones de grupos empresarios, inclusive parte de las empresas demandadas, de invertir sumas millonarias en ampliaciones industriales en el Polo Petroquímico Bahía Blanca, complejo industrial que tiene al estuario homónimo como cuerpo receptor de todos sus detritos nocivos y contaminantes”.

El punto no solo alcanza a firmas del polo sino de cualquier industria cuyos residuos líquidos lleguen por la red cloacal a la ría sin tratamiento. Por obvio, excluyen de la prohibición reclamada a “las que lo hacen en forma clandestina”.

Durante el fin de semana se realizará en Trelew el 33º Encuentro Nacional de Mujeres, Lesbianas, Trans y Travestis que cada año reúne mayor cantidad de participantes.

Miles de mujeres llegan desde todo el país y del exterior para participar de un evento único. Este año se esperan más 50 mil participantes durante las dos intensas jornadas de debate y aprendizaje.

“Llegar a un encuentro no te garantiza que vas a salir feminista pero sí que vas a descubrir el movimiento de mujeres y ver cuantas hay viviendo historias como la tuya, vas a dimensionar lo que está sucediendo en América Latina donde las mujeres estamos demandando derechos, un mundo más justo, más igualitario, donde el mercado no nos lleve puesta a nosotras y a las generaciones futuras”, dijo a FM De la Calle Marcela Rodríguez.

El Encuentro comenzará con un acto de apertura en el cual se leerá un documento consensuado por quienes integran la comisión organizadora. En ese momento se toman las inscripciones opcionales y las participantes hacen un aporte de dinero para solventar los gastos.

Durante todo el año, la comisión organizadora gestionó alojamiento y comida para las participantes del evento. Este año habrá por primera vez una Feria Gastronómica “Al horno el patriarcado”.

“Tener que abastecer a tanta gente de comida demando la necesidad de esta feria. La idea es que tenga precios accesibles, esta desde la calle Edison hasta el centro y unas cuadras más adelante empieza todo el paseo de feria artesanal. Esta feria tiene el nombre de ‘Evelyn Moli Artesana de Sueños’, era una artesana que murió víctima de femicidio”, comentó Rodríguez.

Otra de las particularidades del encuentro de este año es la Campaña por un Encuentro Plurinacional que llevan adelante las mujeres de los pueblos originarios.

Las escuelas se abren para alojar a las viajeras y para ser cede de los 73 talleres, se incorporan dos nuevos “Mujeres y fútbol” y “Mujeres por la libre autodeterminación de los pueblos” y centenares de actividades culturales en paralelo.

Es un encuentro festivo, donde las diferentes demandas del movimiento de mujeres y feminista confluyen en un solo evento que finaliza con una marcha multitudinaria de todas las organizaciones en conjunto con independientes. Y finalmente se realiza un acto de cierre donde se elige la próxima sede.

“Estamos exigiendo al gobierno provincial que no haya medidas de represión, no pedimos seguridad de Gendarmería ni de la Policía en los momentos en que nosotras nos encontramos y transitamos por los espacios públicos”, dijeron desde la organización.

“El encuentro es un espacio de maravillosos, de crecimiento y formación para cada una que participa. Esta sociedad patriarcal y machista nos genera experiencias que no son agradables, nos deja las marcas del patriarcado en la sensibilidad de la piel, en la memoria. Eso es lo que nosotras seguimos construyendo, proponiendo nuevas formas de relacionarnos, de entender y mirar el mundo”.

Por 33 votos a favor y 20 en contra el Senado aprobó ayer el pliego de Santiago Ulpiano Martínez para que asuma la titularidad de la Fiscalía Federal Nº2 de Bahía Blanca. De esta manera, la mayoría de las y los senadores desoyó las graves denuncias de los organismos de derechos humanos y de víctimas del genocidio.

“Ulpiano Martínez es parte de la estrategia del gobierno de Mauricio Macri para garantizar la impunidad para los culpables de crímenes de lesa humanidad”, afirmaron Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, H.I.J.O.S. Bahía Blanca, H.I.J.O.S. Capital, Centro de Estudios Legales y Sociales, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno, y Rosana Heinrich -hija de Enrique Heinrich, obrero gráfico de La Nueva Provincia asesinado por la última dictadura cívico-militar-.

Una de las impugnaciones presentadas en abril fue realizada por el CELS y planteaba que Martínez “carece de idoneidad para el cargo” dado que “sus tres años a cargo del Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca dejaron un cuadro de atraso y falta de organización de las causas sobre las cuales debía resolver. Además, tuvo determinación por entorpecer y frenar el avance del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad”.

En cuanto a las investigaciones sobre el genocidio, los organismos destacaron que las “reiteradas irregularidades” se “convirtieron en estrategias de impunidad”.

“Entre los beneficiados está Vicente Massot, uno de los responsables de La Nueva Provincia, acusado por el secuestro y asesinato de Enrique Heinrich, secretario general del Sindicato de Artes Gráficas, y Miguel Ángel Loyola, tesorero del mismo sindicato”.

“Además, Ulpiano Martínez se negó a investigar los delitos sexuales cometidos en la órbita del V Cuerpo del Ejército, rechazó el pedido de detención de Aldo Vara, capellán acusado por delitos de lesa humanidad, lo que facilitó que se fugara y muriera impune, y omitió informar sobre prisiones preventivas cuyos plazos estaban vencidos”.

El comportamiento irregular de Ulpiano Martínez fue informado por el juez Alejo Ramos Padilla, su sucesor como juez subrogante del Juzgado Federal Nº 1 de Bahía Blanca, ante el Consejo de la Magistratura y la Comisión Interpoderes.

Ayer votaron a favor: Federico Pinedo, Julio Cobos, Miguel Ángel Pichetto, Esteban Bullrich, Luis Naidenoff, Ángel Rozas, Néstor Braillard Poccard, Humberto Schiavoni, Carlos Espínola, Roberto Basualdo, Inés Blas, Inés Brizuela y Doria, Miriam Boyadjian, Mario Fiad, Julio Catalán Magni, Eduardo Costa, Alfredo De Angelli, Silvia Giacoppo, Gladys González, Daniel Lovera, Ernesto Martínez, Julio Martínez, Dalmacio Mera, Claudio Poggi, Blanca Porcel de Riccobelli, Laura Rodríguez Machado, Guillermo Pereyra, Magdalena Solari Quintana, María Belén Tapia, José Uñac, Marta Varela, Silvia Beatriz Elías de Pérez y Pamela Verasay.

En tanto, los votos en contra fueron los de: Anabel Fernández Sagasti, María Inés Pilatti Vergara, Eduardo Aguilar, Ana Almirón, Norma Durango, Marcelo Fuentes, Silvina García Larraburu, Nancy González, Pedro Guastavino, Ana María Ianni, Alfredo Luenxo, José Mayans, Beatriz Mirkin, María de los Ángeles Sacnún, María Odarda, José Ojeda, Juan País, Eugenia Catalfamo, Sigrid Kunath y María Teresa González.

La Policía Bonaerense reprimió y desalojó a más de una decena de familias que habían instalado viviendas precarias en terrenos ubicados entre Avda. Arias y 18 de julio.

La Municipalidad no brindó alterativas habitacionales. Tres jóvenes fueron heridos con balas de goma y uno fue detenido por “resistencia a la autoridad”.

En diálogo con FM De la Calle, Marisol relató que “estaba durmiendo, a las 6 de la mañana vinieron y empezaron a tirar ranchito por ranchito”.

“Estaba con mi nene de nueve meses adentro, vino una milica y me dijo que ya tenía que desalojar. Y si no salís ahora te vamos a sacar el guacho y te vamos a mandar al Servicio Local, a vos te vamos a llevar presa y al guacho vas a tener que hacer un montón de apeles para recuperarlo. Me dijeron barbaridades, insultándome, para apurarme”, agregó.

Marisol comentó que luego “empezó el quilombo del tiroteo, con los tiros le pegaron a varios, en la espalda, el pecho, dos menores estaban en el hospital, a una chica también, a mi vecina que vivía enfrente y está embarazada le empezaron a dar ataques”.

“A mí me daban hasta mañana con el Servicio Local, venían para solucionar todo esto pero después qué hago yo, me dan una bolsita de alimentos y nada más. Si me dan una pensión para alquilar es un mes y arreglate, yo no tengo trabajo y mi marido hace changuitas nomas”, manifestó.

Finalmente adelantó que las familias se reubicarían en el lugar: “Me voy a quedar acá, no tengo a donde ir”.

Semanas atrás, el intendente Héctor Gay ordenó una “limpieza profunda” en terrenos que la provincia traspasó al municipio en el barrio Miramar. Funcionarios y policías acompañaron a las topadoras que derribaron las viviendas de varias familias que fueron temporalmente asistidas con el pago de alquileres.

Fotos: Radio UNS.

El secretario de Energía Javier Iguacel dispuso el cobro a las y los usuarios de una compensación para las distribuidoras de gas producto de la diferencia que tuvieron las empresas con la suba del dólar. Los repudios y los amparos judiciales no tardaron en llegar.

FM De la Calle dialogó con Marcos Rebasa, integrante del Observatorio de Tarifas de la UMET, quien dijo que el aumento retroactivo “es totalmente ilegal e inconstitucional, el gobierno no sabe qué hacer, desorientado termina de darle la razón a las petroleras por un conflicto que ellos no pudieron resolver y se lo terminan trasladando a los usuarios”.

Detalló  que “el Código Civil tiene un principio que dice que el pago hecho es cancelatorio. Si usted pagó su factura, se canceló esa obligación, no puede luego volver con un aumento”.

El principal argumento del gobierno en defensa del cobro extra es que las tarifas están dolarizadas. Rebasa afirmó que “no es un problema entre las distribuidoras y los usuarios sino entre las distribuidoras y las generadoras. Las empresas generadoras les cobraban en dólares y las distribuidoras aceptaron pero tienen las tarifas en pesos, entonces no le pueden trasladar un contrato que tenían con sus proveedores a sus usuarios porque no es jurídicamente correcto”.

En cuanto al mentado exceso de subsidios el dirigente aclaró que eso ocurría con la energía eléctrica pero que en el caso del gas nunca los hubo, por ende, “la gente pagaba lo que valía”.

Al ser consultado sobre la versión oficial que promete una baja de tarifas a partir de la producción de Vaca Muerta, Rebasa explicó que “es bueno que Vaca Muerta funcione, que salga el gas de ahí. Si el Estado la quiere financiar que la financie, lo que pasa es que eso lo financiamos nosotros con los impuestos. Las empresas petroleras son empresas de riesgo, tienen que invertir pero no a costa de los usuarios”.

Vecinas y vecinos e integrantes de organizaciones e instituciones del Barrio Noroeste, Bajo Rondeau y Villa Caracol volverán a manifestarse esta mañana frente a la delegación municipal para entregar un petitorio al representante del intendente, Juan Campos.

Prentenden mostrar su “profunda preocupación por el impacto que las medidas económicas y las decisiones del gobierno están ocasionando en quienes vivimos y trabajamos aquí”. El viernes marcharon hasta la oficina del funcionario quien, aunque fue avisado oportunamente, no concurrió a la cita.

“Nos negamos a naturalizar vivir en el barro, con las calles llenas de agua, con desempleo y con merenderos y comedores barriales. Tenemos derecho a tener viviendas en condiciones que no perjudiquen la salud de quienes las habitamos, contar con calles transitables, con escuelas seguras para nuestros hijos e hijas, con unidades sanitarias que tengan lo necesario para atender a las familias y prevenir enfermedades”, afirmaron.

El informe presentado advierte que:

  • Se han recortado o eliminado recursos municipales que estaban destinados a paliar las situaciones de vulnerabilidad de la comunidad de estos barrios.
  • Se han eliminado las tarjetas sociales y ayudas económicas a organizaciones barriales que las necesitaban para desarrollar sus actividades solidarias y culturales.
  • En los últimos dos años, han aumentado los merenderos que se sostienen por donaciones y sin ninguna ayuda del Estado, que alimentan a una cantidad creciente de familias golpeadas por el desempleo y por la suba constante de precios.
  • Ha comenzado a producirse escasez de algunos medicamentos para los niños, niñas y sus familias en la Unidad Sanitaria.
  • Las calles del barrios están en pésimo estado y se deterioran cada día más.
  • En la Escuela Secundaria N°313, se carece de la cantidad suficientes de cupos para el comedor escolar, lo que ocasiona que las alumnas y alumnos roten el día que les toca almorzar.

Por ello, demandan al intendente y su delegado:

  • Que el Municipio designe las partidas presupuestarias para contar con todos los recursos necesarios para asistir las situaciones de vulnerabilidad de los/as vecinos/as.
  • Que sostenga los merenderos y comedores barriales, hasta tanto las familias contemos con nuestros propios recursos ya que seguimos sosteniendo que queremos almorzar y cenar en nuestras casas.
  • Queremos que todas las calles del barrio sean transitables. En la actualidad hay sectores donde no pueden acceder ambulancias ni bomberos, dejándonos en riesgo. No nos oponemos a las obras de infraestructura como las que se están llevando a cabo, pero necesitamos que esas calles sean accesibles, ya que son el acceso obligado a la Delegación, la Unidad Sanitaria, el Centro de Primera Infancia, el Jardín 950 y la Escuela Especial 510.
  • Que las autoridades provinciales gestionen lo necesario para que la totalidad de alumnos y alumnas de la secundaria 313 puedan almorzar, desayunar y merendar en el comedor escolar.
  • Que el delegado. Sr. Campos, de respuesta efectiva y soluciones cuando los vecinos, vecinas e instituciones lo demandan, porque hasta ahora no la hemos tenido.

El viernes se realizó una nueva entrega de la bolsa con Producciones de la Agricultura Familiar y FM De la Calle emitió desde Avellaneda 416 un programa especial de En Eso Estamos con entrevistas a integrantes de las organizaciones impulsoras de la iniciativa, de los grupos de productores/as asociados/as, consumidoras y consumidores.

La iniciativa llegó a Bahía Blanca a partir de la experiencia de la Mesa de Soberanía Alimentaria de Villa María -Córdoba-, un grupo de organizaciones e instituciones que desarrollan una lógica de consumo organizado, teniendo en cuenta tres líneas de trabajo: compra directa a productores; compras en el mercado de frutas que no se producen en la localidad; y compra a productores nucleados en pequeña cooperativas.

Aquel espacio nacido en la red de Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria impulsa, además, el debate acerca de la cadena de producción de los alimentos que consumen, la formación de precios y cómo lograr un comercio justo.

Luego de participar de una jornada de trabajo en Villa María, integrantes del área de Economía Solidaria de Cáritas Bahía Blanca convocaron al CFP 401 Anexo UP4, al INTA Pro Huerta, a Cambio Rural y a FM De la Calle para proyectar la iniciativa a nivel local.

El objetivo era lograr que Pro.Sau.Chi, un grupo de productores del Sauce Chico, vendan más, a un precio justo, de forma directa y sin intermediarios. Luego se incorporaron emprendedoras asociadas con capacidad de producir en mediana escala.

Se trata Moras Brix, un grupo de mujeres que elaboran conservas, Runtu Thani, productoras de huevos frescos, e internos de la Unidad Penal de Villa Floresta, quienes aportan lombricompuesto, hongos comestibles y la serigrafía de las bolsas. También participan pescadores artesanales de Pehuen Co, quienes están en proceso de regularización de su actividad.

Marina Huentenao, integrante del equipo de Ecosol de Cáritas Bahía Blanca


 

Castorina Chamorro y Alejandra Millán, productoras de mermeladas y panificados


 

Celina Diotto y Carlos Mojica, INTA Pro Huerta y Runtu Thani


 

Antonio Gareca, integrante de Productores del Sauce Chico


 

Pablo García y Alicia Torre, Cambio Rural y FM De la Calle


 

Eliana Soto y Sonia Zamora, productoras de huevos de Runtu Thani


 

Analía Guerrero, integrante de La Feria del Lago


 

“Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alí Babá. Pero quizá desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable”.

Eduardo Galeano.

Más del 40 por ciento de los comercios bahienses achicó su actividad y otros tantos manifestaron su estancamiento según una encuesta realizada por el Centro de Economía Política Argentina.

El economista Juan Cruz Lucero comentó las conclusiones del estudio en diálogo con FM De la Calle.

El relevamiento se realizó en septiembre en un centenar de negocios de 25 barrios de la ciudad. Siete de cada diez manifestaron caída en las ventas y un 63% no realizó inversiones en el año.

El 64% indicó que no hubo variación en la cantidad de empleados, con la particularidad de que tres cuartas partes de los comercios expulsaron trabajadorxs el año pasado y que, en muchos casos, pasaron de tener empleados a que los dueños se encargan de los locales comerciales. Sólo el 4 por ciento aumentó su plantilla laboral.

Los principales problemas manifestados son: el costo de los servicios públicos (8.4), la disminución de la rentabilidad (7.2), la caída de ventas (6.82) y los elevados costos de alquiler (6.81).

Por otro lado, los que menor valoración tienen, de acuerdo con las empresas encuestadas, son: las dificultades para conseguir financiamiento (4), el aumento de los costos de mano de obra (5.1) y la fuerte competencia en el mercado interno (5.7).

En cuanto a las expectativas, el 56% de los encuestados considera que las ventas disminuirán en los próximos meses, mientras que el 10% supone que aumentarán.