Bicentenario sin independencia

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(Por Laura García Vazquez) El presidente Mauricio Macri en su discurso frente a la Asamblea Legislativa dijo: el año del Bicentenario sin nombrar la palabra Independencia. Similar “olvido” sucedió durante su jura, en este caso la olvidada fue la palabra “patriotismo”.

Como hemos venido señalando, y en esto las palabras ganadas o perdidas son cruciales, en una economía gobernada por los países dominantes con el papel destacadísimo de las empresas llamadas “transnacionales” defender el “interés nacional” en sentido soberano es una condición de defensa fundamental para cualquier país dependiente y nosotros somos uno de ellos. Por eso la política basada (solamente) en llevar adelante negocios privados y extranjeros  es funesta para los países dependientes, como el nuestro.

Este período, el de los primeros meses de gobierno de Cambiemos, está produciendo muchos daños, pero, es necesario señalar el daño cultural que promueve hacia toda la sociedad en lo que representa la desaparición simbólica del país, de la nación, de la soberanía, no solamente por la falta de un proyecto sino también por las ausencias simbólicas de los intereses que todos los argentinos debiéramos defender. Me refiero puntualmente a la palabra Independencia, justamente, en el año del Bicentenario. El gobierno profundiza la dependencia y no pronuncia la palabra Independencia, es decir, la hace “desaparecer”.

Este hecho trajo a mi pensamiento una frase de John Berger, de su libro “Modos de ver”:  “Una persona o una clase que es aislada de su propio pasado tiene menos libertad para decidir o actuar que una persona o una clase que ha sido capaz de situarse a SÍ misma en la historia. “

Parece una trampa del destino, una ironía cruel de la historia, algo que todos nuestros hermanos que han dado la vida por la descolonización de nuestro país no merece, que el año 2016, el del Bicentenario de la declaración de nuestra INDEPENDENCIA nos encuentre en esta situación, con un gobierno recientemente elegido que cínicamente habla sólo de la igualdad de oportunidades, un concepto inconsistente si contemplamos el aumento de los alimentos en estos meses y lo comparamos con los salarios, y también habla, de esperar años para que lleguen las “supuestas mejoras”, mientras todas sus medidas económicas han empobrecido al pueblo y profundizado la desigualdad. No hay medidas compensatorias, porque, según el presidente Mauricio Macri,  todo depende de cada uno.

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Absuelven a Polisur y denuncian “sistemático y burdo accionar dilatorio” de OPDS

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El juez correccional José Luis Ares absolvió del pago de 150 mil pesos a la empresa PBB Polisur por prescripción de una causa por haber emitido humos negros durante casi veinte minutos el 20 de abril de 2011 en la planta LHC I dedicada a la fabricación de polietileno en Ingeniero White. En su fallo el magistrado insistió en la necesidad de modificar las leyes en cuestión y denunció como “sospechoso el sistemático y burdo accionar dilatorio de los funcionarios del OPDS”.

Por ello, dio intervención al Ministerio Público Fiscal ante la posible comisión de delitos de acción pública, tales como abuso de autoridad, omisión o retardo de actos del oficio, violación de los deberes de funcionario público, entre otros, por parte de integrantes de dicho organismo ambiental provincial que en Bahía Blanca tiene sede en la mismísima Unión Industrial.

“Algo está fallando en la sistemática normativa y/o en su interpretación, en cuanto a la proporcionalidad y razonabilidad, cuando la acción contravencional por cruzar un semáforo en rojo o contaminar con la combustión de un automóvil, tiene un plazo de prescripción de cinco años y la acción por contaminar el ambiente a través de una planta industrial prescribe al año, dada una interpretación analógica (que no comparto), por existir un vacío legal”, escribió Ares.

El magistrado sostuvo que “existió una incomprensible e injustificable demora en la tramitación del proceso, en un largo y tortuoso camino hasta” sus manos: “la resolución sancionatoria, que como se dijo fuera dictada el 9/05/12, recién se notificó a la empresa imputada el 22/11/13, es decir un año y medio después. El recurso de apelación fue interpuesto el 2/12/13 y recién fue concedido el  9/12/14, es decir un año después. Y el ingreso a este juzgado, previo registro y sorteo por parte de la Cámara Penal departamental, se produjo un año después, el 9/12/15”.

Ares afirmó que “es esta cuestión de la calidad de vida de mis convecinos y los riesgos implicados en la actividad industrial en esta ciudad, que posee un enorme complejo petroquímico, la que genera preocupación por la cancelación de toda posibilidad de sancionar a las empresas que de algún modo contaminen el ambiente”.

“Es que sin perjuicio de que resulte difícil establecer el grado de motivación en la norma por parte de las empresas, y el efecto preventivo de la amenaza de sanciones pecuniarias, que generalmente resultan exiguas, cuando no insignificantes, en relación al poderío económico de las mismas, lo cierto es que con un plazo de prescripción de un año siempre la acción contravencional se va a extinguir sin poderse ejecutar las multas aplicadas, si es que se aplican, por cuanto las enormes, incomprensibles e injustificadas demoras en la tramitación de estos procesos por parte del OPDS, en casos que, en su mayoría no presentan complejidad y se resuelven con las actas y el descargo, hacen que muy probablemente lleguen a los juzgados correccionales ya operada la prescripción (como en el presente caso), o bien ello ocurra al recurrir la empresa a las instancias superiores (Cámara y Suprema Corte)”, falló.

La resolución firmada a principios de marzo fue enviada no solo a las autoridades de la Fiscalía General platense, a cargo de Héctor Ernesto Vogliolo, sino también a las autoridades políticas locales y provinciales en la figura del ministro de Gobierno bonaerense, Federico Salvai, el intendente Héctor Gay y el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Vitalini.

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Ex funcionarios imputados por la muerte de Daiana

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El fiscal Gustavo Zorzano imputó a tres ex funcionarios del gobierno de Gustavo Bevilacqua por su responsabilidad en la muerte de Daiana Herlein tras la caída de una rama sobre su cabeza en el Parque de Mayo.

Se trata de los ex directores de Parques Municipales Marcelo Caramelli y Oscar Abraham, acusados de homicidio culposo e incumplimiento de deberes de funcionario municipal y del ex titular de la Agencia Urbana, Marcelo Lenzi, a quien se le achaca el incumplimiento de sus deberes.

“Es un avance, esperamos que a partir de estas indagatorias, específicamente la que pueda aportar el señor Abraham, pueda llegar a decir en la justicia lo que ya ha dicho en el Concejo Deliberante acerca de las maniobras realizadas por (el ex secretario privado del intendente Martín) Laplace, enviado por Bevilacqua imagino, para que consiga un contacto en Buenos Aires y frene la causa”, dijo a FM De la Calle el abogado Leandro Aparicio.

El representante de la familia de la adolescente agregó que “estamos convencidos que no tiene la misma responsabilidad Abraham que Caramelli. Caramelli estuvo durante mucho tiempo en el parque, sabía todo lo que pasaba, en el parque lo que hacía era coimear, pedir plata para sacar árboles, no sacar los árboles que tendría que haber sacado, vender árboles nuevos a distintos hornos. Abraham estuvo solamente un mes y pico y creemos que él no tenía conocimiento de lo que estaba pasando, tuvo buena voluntad como para no solamente ponerse a disposición de la familia después del incidente sino decir las cosas que dijo”.

“También queremos probar cómo la municipalidad trató de encubrir cuando mandaron a sacar el árbol después de que cayó sobre la nena. Esa circunstancia también se la dijo la misma Lorena Zerneri el mismo día y el fiscal, a 25 cuadras de donde estaba él con un coche oficial a las 11 de la mañana un día hábil, no se tomó la molestia de ir a corroborar lo que le estaba diciendo la víctima sino que dijo ‘yo no puedo desconfiar de la gente que está haciendo su trabajo'”, comentó.

El abogado no descartó que en las próximas instancias la mamá y el papá d Daiana soliciten el cambio de la acusación que pesa sobre los ex funcionarios de homicidio culposo a homicidio doloso.

“Porque alguien no hizo lo que debía hacer murió alguien”

A dos años de la muerte de Daiana, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad en su última sesión un proyecto de ordenanza por el que se reserva el nombre de “Daiana Herlein” a un sector del Parque de Mayo de nuestra ciudad. La iniciativa del ex edil Manuel Mendoza no había reunido los votos con la composición anterior del cuerpo.

“Tiene que ser un reconocimiento para que especialmente quienes cumplimos la función pública aprendamos de lo que pasó con Daiana Herlein, y si va a tener algún efecto didáctico el Paseo Daiana Herlein va a ser que cuando pasemos por allí nos acordemos qué fue lo que pasó y cuánto tenemos que aprender de lo que pasó”, declaró el concejal Gustavo Mandará y destacó que por “esta tragedia, accidente, llámenlo cómo quieran” y “porque alguien no hizo lo que debía hacer, murió alguien”.

El presidente del bloque del FpV recordó también que las acciones del gobierno del ahora diputado nacional del Frente Renovador, Gustavo Bevilacqua, derivaron en una “larga serie de desaciertos que sometieron a la ciudad a un dolor político como me parce no hubo antecedentes”.

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Debates y desafíos en la CTA Autónoma

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(Por Jorge Cardelli y Julio C. Gambina)

I

El ataque a los derechos de los/as trabajadores/as es una política explícita y deliberada del gobierno Macri, en los marcos de la profundización de la dependencia, por lo que es necesario discutir qué tipo de Central necesitamos.

A más de dos meses, las medidas anunciadas son claramente a favor de las empresas más concentradas y monopólicos: devaluación que no cesa y por ahora en torno a los 16 pesos por dólar (70% desde los 9 pesos por dólar); quita de retenciones que favorece a los exportadores y agrava el déficit fiscal; acuerdo con los fondos buitres en camino y con incremento de la deuda pública por lo menos en 15.000 millones de dólares; sumados a otros préstamos por 5.000 millones de dólares.

Parte de las medidas son los despidos de estatales y la habilitación a cesantías y suspensiones en el sector privado; la burla de actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y tirar las reformas impositivas hacia adelante; desfinanciamiento del Estado para agravar la crisis fiscal y así fundamentar el ajuste. Situación agravada con la presentación y aplicación del protocolo de represión en el marco de la vigencia de la ley antiterrorista y la criminalización de la protesta.

La inflación en curso es expresión de la impunidad de los fijadores de precios y la respuesta del gobierno se concentra en política monetaria restrictiva ejercida desde el BCRA y búsqueda de deuda pública por el Ministro de Economía. Mientras tanto, la carestía la sufren los de abajo, los sectores de menores ingresos que somos la mayoría de la sociedad. El tarifazo energético es expresión del traslado de la crisis inflacionaria sobre el pueblo.

Para nosotros, compañeros afiliados a la CTA Autónoma, es un momento para profundizar nuestro carácter de Central clasista, anticapitalista y antiimperialista.

Es un momento para más unidad y más  debate fraterno sobre el momento y los desafíos políticos. El mayor desafío que tenemos es promover la unidad del Movimiento popular. Para esto es clave la unidad de nuestra Central. Por eso sostuvimos el paro de ATE y otras organizaciones sindicales del 24/2 y promovimos la máxima unidad de acción posible para enfrentar el ajuste en la nueva situación generada desde el gobierno Macri.

Las/os trabajadoras/es somos los creadores de la riqueza social que es apropiada fundamentalmente por los sectores más concentrados del capital local y por el capital imperialista. Por lo que no solo se trata de disputar las orientaciones políticas al gobierno Macri, sino al poder económico, político y social de las estructuras del capitalismo mundializado de los monopolios.

II

Resulta imprescindible discutir el modelo de organización de las/os trabajadoras/es. El régimen capitalista se ha modificado sustancialmente en el último tiempo, desde la ofensiva neoliberal de los centros imperialistas del capitalismo a partir de la crisis mundial de los 70´. En nuestro país promovió la Dictadura Genocida del 76 cuyas consecuencias se proyectan hasta nuestros días, por lo que ante este 40° aniversario del golpe promovemos la organización de iniciativas de movilización unitarias que articulen al movimiento popular.

El principal motivo del terrorismo de Estado apuntó a debilitar al movimiento obrero, su lucha y su organización. La propuesta era desorganizar y desarticular al movimiento gestando salidas individualistas, acompañadas de flexibilización laboral, salarial, precariedad y variados procesos de tercerización y fragmentación de la condición laboral.

Este proyecto continuó con el menemismo en los 90 y contó con la complicidad de muchos dirigentes sindicales. Ante eso nos propusimos responder en 1990 con un nuevo modelo sindical y no dudamos en confrontar con el unicato hegemónico de la CGT. Fuimos por la organización de una nueva Central, que además de desafiar los límites del posibilismo y el sindicalismo de negociación, tuviera como horizonte la autonomía y la libertad y democracia sindical.

El posibilismo fracasó en todo el mundo y destruyó la rica tradición combativa del movimiento obrero, subordinando la estrategia de la clase obrera a la ofensiva capitalista.

Más que nunca debemos orientar nuestro accionar desde los intereses y las necesidades de las/os trabajadoras/es, rompiendo las fronteras de lo posible e imaginando las condiciones de unir al conjunto de la clase, gran parte de la cual está fuera de los sindicatos.

Nuestra respuesta fue y es hacia el conjunto de las/os trabajadoras/es y por eso no somos Central sindical y si una Central de trabajadoras y trabajadores.

III

Necesitamos discutir porqué ganó Macri y su coalición para entender la etapa que nos toca enfrentar.

El gobierno obtuvo votos sustentados en el deterioro del consenso electoral al kirchnerismo, y que este espacio político no reconoce ni errores ni limitaciones de su proyecto que abrió las puertas al gobierno Macri.

Más aún, algunos buscan chivos expiatorios en quienes fuimos críticos en estos 12 años previos, desde la lucha por la democracia y la libertad sindical, en la búsqueda de la construcción de un nuevo modelo sindical que imaginamos con la CTA en su fundación.

Por eso es que el momento actual acrecienta nuestra definición por un nuevo modelo sindical, sustentado en la libertad y la democracia en nuestras organizaciones, que tienen que abrir las puertas a todas y todos las trabajadoras y trabajadores, inclusive a los movimientos sociales, a Pueblos originarios y organizaciones de defensa de derechos ambientales, civiles, de consumidores, etc.,  y no cerrarse corporativamente como reclama el viejo sindicalismo.

Pensamos que es momento de fortalecer al sindicalismo y especialmente a la Central en el carácter de expresión necesaria de la convocatoria a las/os trabajadoras/es en momentos de extensión de la informalidad y la súper explotación de la fuerza de trabajo.

En ese marco, sostenemos que la unidad de acción no es nueva, ni de la última etapa, sino histórica en el movimiento obrero local y mundial. Ahora debe privilegiar articulaciones de nuestra Central con otras organizaciones sindicales y con los movimientos populares. La unidad propuesta con la CTA de los trabajadores es en la lucha y no supone planteos de unidad orgánica.

La unidad de acción tiene años de existencia y no se la puede apropiar nadie y menos expropiando el contenido decidiendo arbitrariamente a quienes se excluye y a quienes no de la actividad unitaria.

Nuestros debates en la CTA están asociados a la caracterización del presente, pero también a un balance de estos 12 años, de la crisis del 2001 y en definitiva de la ofensiva de los centros imperialistas del capitalismo en 40 años desde el golpe de la dictadura genocida. En año del bicentenario de la independencia recuperamos la lucha de los pueblos originarios y de todas las generaciones que propusieron alternativas soberanas contra toda forma de dominación.

Somos conscientes que los motivos que nos convocaron a conformar la CTA siguen vigentes y que no es tiempo de refugiarse en las organizaciones sindicales, por muy grandes que ellas sean o crean ser. Lo estratégico es la CTA, su nuevo modelo sindical y la pretensión de articular un bloque popular amplio en la perspectiva histórica de la lucha por la emancipación social.

IV

El gobierno Macri promueve la función esencial del Estado capitalista por las ganancias, la acumulación y la dominación en condiciones de crisis mundial del capitalismo, que integra las diferentes dimensiones: alimentaria, energética, medio ambiental, económica, financiera, civilizatoria.

Por eso el gobierno Macri se muestra amigable con el imperialismo y los principales jefes de Estado del capitalismo mundial, tanto como con los principales dueños y ejecutivos de las transnacionales de la producción y los servicios, especialmente la banca, a quien se le apunta como muleta para sustentar este momento crítico del capitalismo local y global.

Su propuesta se asienta en los cambios regresivos construidos desde hace 40 años y no modificados esencialmente en tiempos constitucionales, aún con el discurso crítico al neoliberalismo de estos últimos años. Por eso alentamos una gran movilización unitaria para este próxima 24/3 en repudio al golpe genocida y sus consecuencias sobre nuestro pueblo, y muy especialmente contra la ley antiterrorista y el protocolo de la represión.

Desde la concentración y extranjerización construida en estos años y profundizada en la actualidad, pretenden ir por más en la consolidación del modelo productivo, de desarrollo y consumo, basado en el agro-negocio, saqueo de nuestros recursos naturales y súper-explotación de los trabajadores. Ello nos convoca a discutir y disputar consenso sobre otro modelo productivo y de desarrollo, para lo que es imprescindible la fuerza de los trabajadores y en consecuencia alentar el nuevo modelo sindical propuesto de nuestra CTA. Nuestro programa es el de la soberanía popular y ante la crisis alimentaria y energética sostenemos la propuesta de la soberanía alimentaria y energética, por los derechos a la alimentación y la energía.

La cuestión no es macrismo vs. kirchnerismo como estas fuerzas pretenden instalar. El Kirchnerismo se asume como el límite de lo posible y el macrismo como el “gran cambio”. Así se constituyen como par binario que disputa todo el espacio político. Nosotros pretendemos ir más allá, construir una verdadera propuesta política alternativa e irrumpir con decisión y voluntad en la disputa del espacio político.

Nuestro desafío es la autonomía del movimiento obrero, por eso la unidad de acción contra el ajuste y la promoción de la lucha anticapitalista. La autonomía es uno de los pilares en materia de principios desde la fundación de la CTA. Es autonomía de los gobiernos, de las empresas y de los partidos políticos.

Estamos desafiados a romper ese carácter binario de la política institucional expresado en las elecciones de noviembre del 2015. El proyecto alternativo emerge más allá de la polaridad macrismo y kirchnerismo.

Pretendemos partir de lo reivindicativo concreto para disputar consenso social para otra sociedad contra y más allá del capitalismo y sus estructuras de dominación imperialista.

Nos proponemos la participación activa de la Central y el movimiento popular en la toma de decisiones, en el Consejo del salario, el empleo y la productividad, que sigue siendo un objetivo fundamental de nuestra CTA Autónoma la lucha por un Pueblo sin Hambre y sin Pobreza; la recuperación de las instituciones de la seguridad social y previsional, así como el protagonismo en todos los espacios que están asociados a la vida de las/os trabajadoras/es y de los pueblos originarios.

Aspiramos a una sociedad que privilegie el interés de la mayoría contra todo intento de reposicionar el libre comercio, aspiración sostenida desde el derrotado ALCA y que ahora se manifiestan en los acuerdos del Mercosur con Europa o la Alianza del Pacífico. Son todas formas de privilegiar el interés de los grandes capitales hegemónicos del sistema mundial.

Nosotros estamos por instalar la consigna de que otro mundo es posible, y por eso luchamos y nos organizamos por la reforma agraria, la defensa y promoción del hábitat asociado a la autogestión, como a todas las demandas sustentadas desde el movimiento popular.

Sustentamos la iniciativa de luchar por construirnos como sujetos para el cambio y al mismo tiempo construir el programa articulador de todas las proposiciones que constituyen al movimiento popular. Será esa nuestra contribución a la construcción de alternativa.

Desde la reivindicación por la participación en la toma de decisiones y nuestra convicción por discutir el modelo productivo de consumo y de desarrollo, es que nos proponemos ir más allá en la disputa del poder.

V

Convocamos a recuperar los sueños y la imaginación creativa de los 90´, que nos otorgó en la CTA la mística de la disputa del poder y nos presentó en sociedad como expresión de una nueva institucionalidad popular.

Debemos analizar críticamente lo que hace dos décadas nos permitió romper con el unicato sindical y luego, con la iniciativa del poder se promovió la división política y orgánica de la Central.

Hoy estamos desafiados, como en los inicios de los 90´ para pensarnos críticamente y definir una amplia política de alianza en la lucha contra el Estado capitalista y el poder empresario del capitalismo, siempre desde la autonomía de gobiernos, patrones y partidos.

No se trata solo de un análisis nacional o local, sino que es un desafío mundial y que también discute el movimiento obrero. Están los que defienden el viejo modelo sindical desde la lucha por lo posible y los que se definen en una amplia unidad de acción para intentar lo imposible en la lucha de la clase obrera contra el capitalismo y el imperialismo.

Debemos continuar y profundizar nuestra política de unidad y lucha con diferentes organizaciones y movimiento sociales en un sentido multisectorial. Y en este plano ratificar la vigencia del programa de los 33 puntos elaborados  por la Multisectorial que integra nuestra Central.

Por eso debemos retomar el espíritu originario de la Central, relativo a la autonomía de todas las centrales internacionales del movimiento obrero y promover sólidos vínculos con todas las centrales y sin la asociación a una en especial, lo que se manifiesta en el espíritu que compartimos en el Encuentro Sindical Nuestra América, ESNA.

La agresión del gobierno Macrí es fuerte. Es tiempo de respuesta en unidad de un amplio movimiento popular que fortalezca a la CTA como núcleo organizador de la ofensiva que necesitamos para superar el momento y construir el poder del pueblo.

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Las CGT acordaron propuesta para delegación de Trabajo

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Los dos sectores en que se expresa la CGT en Bahía Blanca llegaron a un acuerdo respecto de que “el próximo titular de la Delegación del Ministerio de Trabajo en nuestro medio, debe provenir de las filas sindicales”.

A través de un comunicado, esta central obrera informó que solicitaron “una urgente reunión al intendente Héctor Gay para terminar de definir al sucesor de Carlos Moreno”.

El abogado y dirigente de La Bancaria, Walter Larrea, es una de los dirigentes “de consenso” que estas organizaciones sindicales proponen para ocupar el cargo.

Al respecto, Larrea dijo a FM De la Calle que “es un espacio de contención y de garantía de los derechos de los trabajadores en el marco de la conflictividad y me atrevería a decir inclusive de la prevención ante las eventuales diferencias que pudieran surgir. Llegado al caso del conflicto el Ministerio tiene la función de velar por el sector más desprotegido”.

“El tema es que desde los gremios estamos planteando que, por esta características de la naturaleza de la delegación ministerial, no es lo mismo la presencia de un funcionario, profesional o no, que se erija como una suerte de tercero imparcial” a que el lugar sea ocupado “por una persona representante de los sindicatos”.

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Atentados contra organizaciones políticas

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La concejal del FpV, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Honorable Concejo Deliberante del partido de General Pueyrredón (Mar del Plata) y referente política de La Cámpora, Marina Laura Santoro, dijo a FM De la Calle que  “a las 0:59 (del domingo) impactaron cinco disparos de un arma de guerra sobre el frente de nuestro local. Es el local central de la agrupación. Queda en pleno centro de Mar del Plata en calle 9 de julio y 20 de septiembre”.

Durante la mañana de hoy, asistieron a una conferencia de prensa en repudio de lo sucedido “representantes del poder político, legislativo, dirigentes de todos los partidos políticos, una representación en nombre del obispo, la universidad nacional, la universidad privada, un fiscal provincial, el poder judicial. O sea que hemos logrado, gracias a Dios, un repudio de la gran mayoría del poder político de Mar del Plata y de toda la sociedad”

“Esto es lo que hace falta, porque estos grupos son una minoría organizada cada vez más violenta, los que están operando y perpetrando estos hechos repudiables vengan de quién vengan. Han recibido hoy el repudio de toda la sociedad en su conjunto”.

nuevo enucentroPor su parte, ayer a las 14:40 referentes de Nuevo Encuentro denunciaron, a través de una conferencia de prensa acompañada por personalidades de la política, movimientos sociales y la cultura, otro ataque con armas de fuego cuando se encontraban reunidxs en la inauguración de un nuevo local en el barrio de Villa Crespo (Padilla y Gurruchaga), el sábado por la noche.

Fueron heridas dos mujeres, una de 30 años y otra de 19. La última, llevaba a su hermana menor en brazos al momento del ataque. Ambas fueron derivadas al Hospital Durand y se encuentran fuera de peligro.

Durante la tarde hoy, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recibió al titular de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, quién reclama al gobierno argentino que repudie enérgicamente el atentando a esta organización política democrática. También participaron de la reunión Gabriela Cerruti y el ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada.

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Trámite buitre acelerado en el Congreso

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(Por Francisco J Cantamutto) El viernes pasado, el ministro Prat Gay presentó ante la comisión de Presupuesto y Hacienda la propuesta oficial de arreglo con los buitres. Una entrega sin reparos.

Continuando el camino del Gerente de la Nación, que abrió las sesiones ordinarias del Congreso el martes, el ministro Prat Gay fue el viernes a presentar el pre-acuerdo con los fondos buitres a la comisión de Presupuesto y Hacienda. La propuesta, que se difundió en la edición matutina del diario La Nación antes de ingresar al Congreso, va en línea con lo que ya conocíamos del pre-acuerdo negociado en Nueva York. El gobierno abiertamente pidió por un tratamiento veloz, que permita tener dictámenes –por mayoría y minoría- para tratarlo en pleno del Congreso esta misma semana. Un apuro evidente para poder cumplir con la exigencia del juez Griesa de tener el acuerdo cerrado antes del 14 de abril, para que el acuerdo tenga validez.

El borrador de proyecto tiene 17 puntos, que incluyen la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, y la habilitación para emitir nueva deuda por 15.000 millones de dólares. Como ya explicamos, la derogación de las leyes apunta a un acuerdo político amplio, que el gobierno se está esforzando en conseguir (la actividad de Marcos Peña en este sentido es frenética). El Frente Renovador ha hecho críticas tibias para poder obtener algo a cambio en la negociación: al igual que el resto de los gobernadores peronistas, están interesados en conseguir fondos de la co-participación para sus alicaídas finanzas. El Frente para la Victoria tampoco tomó posición contundente, disponiéndose a negociar. El Frente de Izquierda, en cambio, ya expresó su repudio.

La presencia del ministro en la comisión tuvo su momento mediático ante los cruces con su predecesor en el cargo y actual diputado, Axel Kicillof. Más allá de las chicanas, el intercambio puso de soslayo algunas continuidades reales. Prat Gay defendió el acuerdo como “una cuestión de Estado”, lo que se acerca de manera evidente a la declaración del pago de deuda como de  “interés público”, tal como figura en la Ley de Pago Soberano del kirchnerismo. Se trata, en efecto, de una auténtica política de Estado, de continuidad que excede a las fuerzas políticas en el gobierno, garantizando los intereses de los acreedores por encima de los vaivenes nacionales. Tal como Prat Gay retrucó a Kicillof, la gestión de este último convalidó los pagos al Club de París, a REPSOL y los juicios ante el CIADI. El actual acuerdo de Cambiemos es apenas una versión menos camuflada de este mismo rumbo.

En efecto, el “equipo Cambiemos” no tiene reparos en dar cuenta de su intención de gobernar para unos pocos poderosos. El Financial Times –genuino representante mediático del poder financiero estadounidense- editorializó que este arreglo se trataba de una conquista de los fondos buitres. En esa nota, se explicó que estos operadores estarían obteniendo ganancias que van de 846% hasta 3.186% del capital invertido, un negocio formidable que no tiene nada que ver con los supuestos recortes que promociona Prat Gay. Los fondos buitres están obteniendo ganancias siderales por este arreglo, que percibirán en efectivo. Una bicoca de 11.648 millones de dólares, que se obtendrían mediante nuevos bonos, que pagan el 7,5% de interés anual –por los que se pide autorización al Congreso. Es la emisión de deuda más grande de un país periférico en los últimos 20 años. El remanente por el que se pide autorización tiene que ver con otros fondos que aún no entran al arreglo (en Nueva York, Alemania y Japón, principalmente). Es decir, la farsa no termina aquí, sino que las entregas continuarán.

Según el ministro, se espera que tras arreglar con estos fondos, Argentina podrá endeudarse al 6% de interés, lo que representaría un punto y medio menos que lo que paga actualmente. Esto resulta interesante, porque nos explica cuál es el beneficio esperado de este arreglo, que sería el endeudamiento más barato. Ahora bien, para que los intereses ahorrados superen el costo de este arreglo, habría que emitir nueva deuda por… ¡778.933 millones de dólares! Esto es aproximadamente (usamos el último dato oficial conocido) el triple de la deuda pública actual, o diez veces la deuda pública externa. O, puesto de otra manera, es cerca de dos PBI completos de Argentina. Una auténtica locura: la única manera de “amortizar” el arreglo con los buitres sería endeudarnos hasta la médula.

Cuando el ministro habla de que es la única vía para frenar el ajuste, simplemente está chantajeando. Aunque los perfiles de vencimiento de esta nueva deuda van de los 5 a los 30 años, los pagos de intereses anuales consumirán fondos públicos que deberán quitarse de otros usos, llevando, de manera directa, al ajuste. Dado que el gobierno entiende que la presión fiscal argentina es excesiva, no se pueden prever incrementos de la tributación: ¿a qué tasa debería crecer el país para que el Estado tenga fondos para pagar esta deuda sin ajustar? A una tasa mayor a la que promete por intereses, es decir, por encima del 7,5% anual, lo cual constituiría una auténtica proeza en el marco global recesivo actual. Si el país no crece a esas tasas y el Estado no aumenta la recaudación, no queda otra salida que el ajuste. Es decir, arreglar con los buitres significa más ajuste.

El argumento de que la deuda se utilizará para invertir en infraestructura es simplemente una pantalla para negociar con los gobernadores. La inversión pública, salvo por contados insumos, se paga en pesos, por lo que la deuda en dólares no es necesaria para financiarla. Y, de cualquier modo, está por verse que los mercados estén dispuestos a prestar más fondos después de la gigantesca emisión de bonos para pagarle a los buitres.

Argentina no tiene por qué aceptar este arreglo. No traerá ningún beneficio económico al país, aunque sí suculentas ganancias a los peores actores del sistema financiero internacional. Argentina no se cae del mundo por no aceptar este acuerdo, más bien cae al abismo en caso de aceptarlo. La deuda que se reclama es ilegal, ilegítima y usurera. El fallo de Griesa es cuestionable por todos sus ángulos: Argentina no tiene por qué aceptarlo como válido. Detener los pagos y auditar es el camino: no sólo por legítimo y legal, sino por económico.

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Nuevo espacio político

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El sábado por la tarde, militantes políticos lanzaron en Bahía Blanca la Corriente Comunista David Watu Cilleruelo. Lo hicieron a través de un encuentro del que participaron referentes y distintos espacios sociales, sindicales y políticos de la región y el país a quienes se les entregó un documento con las principales ideas que expresan los objetivos del espacio.

En ese marco, José Lualdi, quien fue por mucho tiempo Secretario General del Partido Comunista Regional Bahía Blanca, expresó los motivos del lanzamiento del espacio político por fuera del PCA. De esta forma, el dirigente explicó que no fueron solo las definiciones de “voto táctico” las que alejó a este grupo político de la organización, sino prácticas “inaceptables para cualquier persona que se diga de izquierda” que cerraron los debates internos.

Por su parte, Gabriel Cena hizo referencia a quiénes integran este espacio y cómo proponen su trabajo militante al servicio de diversas construcciones sindicales y sociales de la comunidad.

Finalmente, hubo una ronda de opiniones en línea con el objetivo del encuentro de recoger miradas acerca de la necesidad de construir una alternativa política desde los sectores críticos del capitalismo y la posibilidad de intervenir también en la lucha electoral a tales efectos.

Participaron también referentes nacionales como Carlos Chile (CTA), Néstor Jeifetz y Carla Rodríguez (MOI) y referentes del Movimiento Territorial Liberación.

 

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Villa Olga: “Justicia direccionada”

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Así definió la CTA Bahía Blanca-Coronel Dorrego al fallo del juzgado en lo Correccional Nº3 de Bahía Blanca, a cargo de la Jueza Susana Gonzalez La Riva, en el marco del juicio oral contra 5 trabajadores que tomaron en 2012 el frigorífico Villa Olga.

“Se consumó un atropello contra el legítimo derecho a la protesta social de los trabajadores. En la sentencia se condena a uno” de ellos, “Hugo Cartagena y se absuelve a los otros cuatro acusados. Se le imputa al trabajador el delito de ‘usurpación’, al tiempo que se restituye la propiedad del frigorífico a la familia Siracusa”.

Para el abogado de dos de los trabajadores criminalizados, Claudio Lofvall, el juicio “nunca debió haber llegado al ámbito penal ya que se trata de un conflicto que debía dirimirse en la justicia laboral”.

A través de un documento, la CTA recordó que “en el 2012 la legislatura bonaerense votó una ley que lo declaraba de ‘utilidad pública sujeto a expropiación´. En aquel momento se hizo un acto en las puertas del frigorífico con la presencia de los diputados del FpV Sonia Larraburu y Marcelo Feliú y se hicieron promesas de reactivación. Las mismas nunca se efectivizaron ni tampoco se concretó la expropiación. Ahora bien, en todo esto, los trabajadores no tienen responsabilidad alguna. Llama la atención que nadie del sector político que impulsó la ley estuviera en el juzgado”.

Criminazliación de la proyesta

Para la CTA, “la sentencia sienta un precedente en tanto criminaliza la decisión de 187 trabajadores despedidos en el 2012 de defender sus puestos de trabajo ante el vaciamiento patronal”. Además, el texto expresa que “en un momento en que se producen despidos tanto en el ámbito estatal como el privado, la justicia produce un fallo por el cual inclina claramente la balanza a favor de las patronales”.

Para la fiscal Olga Herro, según se puede escuchar en el audio extraído de una entrevista otorgada a este medio, no había ningún conflicto laboral que justifique la toma y se mostró únicamente abocada a observar el delito de usurpación sin contemplar el contexto en el que se llevó adelante la medida de fuerza. En este sentido, la central sostuvo que “usurpación es apoderarse injustamente y de forma violenta de una propiedad o de un derecho que pertenece a otra persona. Los trabajadores no se apoderaron de nada ni utilizaron la violencia. Frente a una patronal que primero los explotaba obligándolos a asociarse a una cooperativa fraudulenta y luego los despedía y comenzaba a llevarse las máquinas de trabajo para vaciar la planta acordaron conjuntamente la defensa del trabajo”.
Enrique Gandolfo, referente de la CTA regional, dijo a FM De la Calle que “nosotros hablamos de una justicia direccionada en este caso desde la fiscalía y convalidad por la jueza en el sentido de que hay una justicia que se saca la venda, abre bien abiertos los ojos y decide con una mano premiar a los empresarios, le devuelve la propiedad que había sido declarada de utilidad pública y sujeta a expropiación y por otro lado castiga a los laburante”.

“La fiscal, cuando habla de los trabajadores, habla de esta gente. No es gente como ella”.

Reforzando lo antedicho, el dirigente que estuvo presente en los pasillos palaciegos contó que, mientras esperaban la lectura del fallo, “a dos metros de los trabajadores estaba la familia Siracusa (dueños de la firma). Pasa la fiscal: abrazos, besos con la familia, con la abogada. Un rato después la sentencia le da la razón a la patronal”.



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El pre-acuerdo carroñero irá al Congreso

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(Por Francisco J Cantamutto) Macri dio inicio a las sesiones ordinarias del Congreso, y adelantó el pedido de aval para el pre-acuerdo con los fondos buitres.

Luego del anuncio informal de pre-acuerdo, el mediador Pollack y el ministro argentino Prat Gay confirmaron la semana pasada los términos de la negociación. Según el ministro de la JP Morgan y el Gerente de la Nación, se termina así el prolongado conflicto y el país verá llover crédito barato. “Mucho se habló del acuerdo con los holdouts. Ahora dependerá del Congreso si terminamos o no de cerrar este conflicto que lleva 15 años. Confío en que va a primar la responsabilidad sobre la retórica”, explicó Macri en el Congreso. Sin embargo, sus afirmaciones son fruto de la imaginación o simples falsedades.

¿El conflicto lleva 15 años?

En el 2001 se declaró el default de la mitad de la deuda pública, dando inicio a una serie de prolongadas negociaciones que llevaron adelante Duhalde, Kirchner y Fernández a través de sus equipos. En el curso de esas negociaciones, se pagó por adelantado al FMI y a otros organismos internacionales de crédito, se arregló con el Club de París, se aceptaron los reclamos ante el CIADI del Banco Mundial. En todos estos casos se pagó toda la deuda, más intereses caídos, punitorios y costas de juicios.

Pero además, se realizó el mega-canje en 2005, reabierto en 2010 y en 2013, regularizando así el 93% de la deuda originalmente defaulteada. Para esto, se realizó una quita de capital, pero se reconocieron todos los intereses caídos, capitalizándolos (integrándolos al principal de la deuda) con excelentes rendimientos financieros, y en algunos casos con premios atados al crecimiento del PBI. La enorme parte de estos bonos canjeados habían sido comprados tras el default por debajo de su valor (algunas compras se hicieron al 20% del valor nominal), por lo que se trató de un excelente negocio para los acreedores.

La presidenta Cristina Fernández aseguró –acertadamente- que su gobierno era un “pagador serial”, dispuesto a asociar a los acreedores en el crecimiento del país. En tal brío, la última información oficial indica que el país pagó 192.000 millones de dólares durante la “década larga” kirchnerista. La orientación general fue: abonar deuda a privados, en especial, deuda en moneda extranjera, colocando deuda en el mercado interno, en especial, dentro del propio Estado. Este cambio tiene la ventaja de un manejo más fácil (el Estado negociando consigo mismo), pero de ninguna forma resolvió el problema de fondo. Tanto así, que una de las primeras medidas de Macri fue canjear bonos intransferibles en manos del Banco Central por títulos negociables, que vendió a 5 bancos extranjeros a precio vil (pagaron la mitad de su valor) y pagando el elevadísimo interés del 7,8% anual. El cambio, aun si valorado positivamente, era superficial.

En estos 15 años, los sucesivos gobiernos se esforzaron denodadamente por cumplir con el capital financiero mundial, pagando y negociando hasta el único límite de la sustentabilidad: pagar “sólo” hasta donde se pudiera pagar.

Cambiamos, empeoramos

La negociación macrista fue una concesión entre pares. Enviar a negociar a JP Morgan-Prat Gay y a Deutsche-Caputo con viejos camaradas no podía tener un resultado diferente. Desesperados por obtener fondos para su programa de ajuste –que está llevando la economía a una recesión-, abiertamente aceptaron cualquier reclamo. La quita promocionada del 25% se trata de una estafa: la deuda en negociación fue adquirida por la séptima parte de su valor, representando este pago una descomunal ganancia para los buitres.

No en vano, finalmente aceptaron la oferta NML Capital y Aurelius, los fondos buitres administrados por Paul Singer, beneficiarios de las sentencias del juez Griesa. Con ellos y los fondos que ya habían aceptado, quedaría regularizado el 85% de los holdouts, que son un 7% de la deuda total defaulteada en 2001. Este dato es muy relevante, porque entonces aún queda un 1% de acreedores sin acordar, que bien podrá iniciar nuevos juicios al país para obtener más concesiones. Desconocemos aún si el 93% que canjeó su deuda antes no abrirá también reclamos para obtener las ventajas, encontrando su propio Griesa que interprete la ley según lo que convenga al acreedor.

El pre-acuerdo incluye una cláusula política. Se trata del pedido de derogación de la ley Cerrojo (N° 26.017) y la mal llamada de Pago Soberano (N° 26.984). La primera está de hecho suspendida desde 2013, pero en su texto señala que no podrían ofrecerse mejores condiciones a los acreedores que las del canje 2005. La segunda, aunque declara de interés público el pago de deuda, obstaculiza los pagos y la jurisdicción extranjera (aunque no los prohíbe). Ninguna es un problema real para el arreglo, pues ambas se pueden sortear: la preocupación es política. Sabiendo que este pre-acuerdo implicará un cuantioso pago en efectivo (un total de 6.500 millones de dólares, según el propio gobierno) en el marco de un programa de un brutal ajuste social, es esperable que tarde o temprano desate una reacción popular. Los buitres quieren asegurarse el apoyo de toda la camarilla política ante este acuerdo, no sólo el gobierno; tal es el motivo de este requisito.

El gobierno de Cambiemos –como reverso del kirchnerismo- nos quiere convencer que, en efecto, el discurso previo era un enfrentamiento real, y que llegó la hora de suavizar las cosas. Que si cedemos en todas las demandas, lloverán fondos para el país. Además de lo falso del diagnóstico sobre lo pasado, la idea de que nuevos fondos llegarán y que además serán baratos es la expresión del más puro deseo, sin ningún aval real. No se ha ofrecido ningún dato que muestre: 1) que los intereses que pagará el país vayan a bajar (la emisión de bonos de enero fracasó en este sentido); 2) si esa potencial baja de intereses será mayor que el costo de pagar este arreglo; 3) si esos posibles fondos tienen alguna beneficio para el pueblo, o seguirán financiando más pagos al capital (o sea, deuda para la deuda).

Es prioritario y urgente bloquear la aprobación de este acuerdo en el Congreso, y repudiarlo en las calles. Este negocio entre camaradas no traerá nada bueno para el pueblo argentino. Hay que reactivar la comisión de investigación, con participación de las organizaciones sociales.

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La Argentina dislocada

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(Por Alfredo Grande) La revista dislocada fue un programa, de tinte humorístico, que debutó en Radio Argentina en 1952 y su día y horario inicial era el domingo, entre las 12.30 y las 13.30. Posteriormente, pasó a Radio Splendid y en 1959 se trasladó a Canal 7. Más tarde, se emitió por el Canal 13, emisora en la que permaneció hasta 1973 cuando fue prohibido bajo la dictadura de Alejandro Lanusse. La popularidad de “deben ser los gorilas, deben ser…” también es un aporte de la Revista Dislocada. Wikipedia permite precisiones que la memoria desdibuja.

La palabra “dislocada” se asocia con “alocada” y desde ahí hay un pequeño paso a la “asociación libre” siempre ponderada por los psicoanalistas. Alocada, dislocada, trastocada, hacen referencia a la pérdida de una idea directriz. Y no por asumir la creatividad de líneas de fuga rizomáticas como diría un deleuziano, sino a mi sencillo criterio, por una manera estéril y suicida de irse siempre por las ramas. Por las lianas lo hacía Tarzán, un blanco inglés criado por gorilas. Metáfora de cuya potencia histórica dejaremos para otros trabajos. Actualmente la argentina dislocada es la argentina del converso, del oficialista serial (como le gustaba decir al inefable Bernardo Neustadt), quien en una noche de alucinógenos lo vio a Menem alto, rubio y de ojos celestes.

“En una cultura no represora
siempre que llovió no paró.
Lloverá hasta ahogar
a toda la canalla gobernante.”
(Aforismo implicado A. G.)

Quizá lo profetizó a Macri, pero los profetas siempre generan desconfianza y temor. La verdad a futuro no es muy popular en estos pagos. Lo dislocado alude también a los súbitos cambios de lugares. O estar de los dos lados del mostrador. O del bando privatizador y años después del bando nacionalizador, sin que haga mella ni nadie cuestione demasiado. Poliladrones de guante blanco, aunque por la reiteración de eso que llaman corrupción, cada vez están más grises. Supongo que algunos me contestarán desde la teoría del caos. O desde el principio de incertidumbre. O desde la física cuántica. Pero la política que es el movimiento real de la lucha de clases, nada sabe de estas sutilezas. Las incoherencias, las falsedades, las verdades a medias que son mentiras sin medias, están en la superficie. Pero no es una superficie plana. Tiene pliegues, recovecos, sus cavernas y sus penínsulas. No hay tarifa plana para conocer e intentar transformar la realidad. Entendiendo la realidad como modo de producción de cosas y personas. Hay fábricas con trabajadores (algunas quedan) y hay cárceles con esclavos y esclavos que producen especialmente ropa y sexoplacer. Pero están en diferentes planos.

La cultura represora anhela una realidad aplanada y achatada. Dos planos como máximo, sin la dimensión del tiempo histórico ni del espacio de la lucha política. Todas las formas de la esclavitud corporal, mental y social. Gracias al sitio “El Sudaméricano” me reencuentro con este texto de Simón Bolívar en su discurso de Angostura: “La esclavitud es la hija de las tinieblas; un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción; la ambición, la intriga abusan de la credulidad y de la inexperiencia de hombres ajenos de todo conocimiento político, económico o civil; adoptan como realidades las que son puras ilusiones; toman la licencia por la libertad, la traición por el patriotismo, la venganza por la justicia. Semejante a un robusto ciego que instigado por el sentimiento de sus fuerzas marcha con la seguridad del hombre más perspicaz, y dando en todos los escollos no puede rectificar sus pasos” (15 de Febrero de 1819 Citado por Silvio Frondizi en La Realidad Argentina)

Es lo que denomino el “alucinatorio social”. Los espejos que deforman y pervierten al vero icono, o sea, la verdadera imagen. Hoy el anti macrismo se nutre de todas las izquierdas, pero también es una estrategia del “robusto ciego” que gobernó una década y más y nos regaló como opción al “absoluto mal” el “relativo mal” del peor gobernador que en la provincia ha sido. Daniel el Tranquilo fue elegido y luego, despreciado. Y antes también, así que tenía una vacuna contra el veneno del deprecio.

“Tenemos que construir lugares para resistir y para insistir.
Pero resistir al represor
y para insistir con el deseo.”
(Aforismo implicado A. G.)

El anti macrismo único es una estrategia canalla. Porque se están colando aquellos que todo hicieron para que llegara lo que ahora pretenden combatir. El recurso de buscar al peor para extrañar al malo. No es casual que a diferencia del 83 cuando Luder vio hundirse su proceso de reconstrucción nacional, no hayan aparecidos mariscales o mariscalas de la derrota. Lo que transforma la derrota en fracaso. Se derrotó a sí mismo el otrora Frente para la Victoria. Eligieron un candidato para sabotearlo. Con alevosía agravada por el vínculo. Un antimacrismo brutal permitirá que “mister músculo” lave toda la inmundicia de la suicida estrategia electoral. Suicida y homicida porque ha entregado indefensos a trabajadores precarizados hace más de 5 años a las fauces del tiranosaurios rex.

La Argentina dislocada es como un Tetris psicótico donde nada encaja. La fragmentación, la dispersión, la dislocación del llamado campo popular, que es un campo minado por el oportunismo, por la demagogia y por todas las formas de corrupción, incluyendo las ideológicas, obligan a una tarea previa a intentar la Unidad. A la que me permito denominar “UNIÓN EN LA DIVERSIDAD”. Como fundante diferenciar lo diferente de lo incompatible. Lo incompatible son los relatos que postulan la comunidad organizada y la anulación del conflicto. O sea: la abolición de la lucha de clases. Lo incompatible: discriminar en el Instituto que lucha contra todas las formas de la discriminación. El Inadi echó por mail a 60 de sus 400 empleados como vienen haciendo de a miles otras áreas del Estado.

Es la Argentina dislocada. No conozco otro remedio para esta letal enfermedad, este dengue psicosocial y político que insistir con el deseo y resistir al represor. Y construir como en la película Kamchatka “lugares desde donde resistir”. O sea: colectivos militantes. Donde haya ternura con el compañero y dureza con el enemigo.

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“Montezanti se declaró culpable”

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Lo dijo a FM De la Calle el testigo directo de crímenes cometidos por la banda de la Triple A bahiense y querellante en la causa judicial, Alberto Rodríguez, tras conocer que el Poder Ejecutivo Nacional publicó el decreto 427/2016, firmado por el presidente Mauricio Macri y el ministro de Justicia, Germán Garavano, aceptando la renuncia del camarista Néstor Luis Montezanti.

“En segundo lugar, se declaró cobarde. Y en tercer lugar, el pueblo le pagará la jubilación de por vida, al haber el PEN aceptado la renuncia a alguien que va a ser condenado”, agregó. En este sentido, Rodríguez se preguntó: “¿Qué haría el Poder Ejecutivo ante algún morocho con gorrito dado vuelta si lo detienen por robo de gallinas y se arrepiente? ¿Lo liberaría? Creo que no. Por lo tanto, como siempre, la clase dominante exculpa a sus aliados y condena a los humildes. Nada nuevo bajo el sol”.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación debía resolver este mediodía si removía o no al ahora ex juez acusado por mal desempeño de sus funciones. Montezanti había sido  suspendido en septiembre por el Plenario del Consejo por sus vínculos con la Triple A y su pasado como personal civil en el Destacamento de Inteligencia 181 durante el terrorismo de Estado.

Según manifestó Rodríguez “había elementos suficientes para que el fallo del jury fuera desfavorable para el ex camarista. Si presentó la renuncia una semana antes es porque un señor como Montezanti tiene las amistades necesarias para contarles los votos y avisar cómo le iba a ir. Él sabía que iba a ser condenado”.

Por su parte, el titular de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre, José Schulman, organismo que había pedido al PEN que rechazara el pedido de renuncia, sostuvo que “lo más importante desde el punto de vista de la consecuencias es que pierde los fueros: pasa a ser un ciudadano común. Ahora el juzgado de instrucción de Bahía Blanca no tiene otra opción que llamarlo a declaración indagatoria” en el marco de la causa Triple A en la cual está imputado junto a cinco integrantes de la patota que se encuentran detenidos.

“El poder lo sigue defendiendo. Faltaban dos días para leer la sentencia. ¿Por qué razón se apura Macri a aceptar la renuncia?”, se preguntó el dirigente y recordó que el jury del Consejo de la Magistratura “se constituyó por dos denuncias: una es la de los trabajadores judiciales de Bahía Blanca que durante mucho tiempo han denunciado toda clase de maltratos, agravios, actos del machismo más brutal”.

“Y en segundo término, nosotros hemos apoyado desde siempre una antigua denuncia de Alberto Rodríguez, primero y de Dante Patrignani, luego, sobre la vinculación del doctor Montezanti con la Triple A”.

La imputación hacia el ex camarista como integrante de la Triple A “fue discutida hace muchos años en un juicio que el propio Montezanti abrió contra Rodríguez por supuestas injurias y agravios. Fue el primer momento en que se discutió la cuestión de la Triple A en Bahía Blanca. Fue una batalla realmente importante, donde pudimos confrontar dos maneras de entender la vida”.

A su vez, Schulman invitó a considerar la renuncia de Montezanti como “una victoria enorme, ética. En general las ratas huyen de los barcos cuando los barcos se hunden. Pobre Montezanti que es una rata pero que tuvo que huir de un barco que en realidad está en el momento más glorioso: ha recuperado el gobierno, el sobrino de Massot es presidente del bloque (del PRO), Macri habla de la teoría de los dos demonios con una impudicia… pero los procesos son contradictorios y nuestros más de 10 años de lucha fructificaron ahora”.

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Confirmaron falta de mérito a Massot

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La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca confirmó la falta de mérito del dueño de La Nueva Provincia, Vicente Massot, imputado por crímenes de lesa humanidad, y declaró abstracto el pedido de nulidad de lo actuado por el abogado Claudio Pontet, quien benefició al empresario en marzo de 2015.

Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia habían cuestionado aquel fallo ante la Alzada local, cuyo ex presidente Néstor Luis Montezanti presentó ayer la renuncia al cargo -en el cual estaba suspendido- jaqueado por un jury que le reprocha su pasado como personal civil de inteligencia del Destacamento 181 y sus vínculos con la Triple A. Con la lectura del veredicto establecida para el próximo jueves, el Ministerio de Justicia deberá decidir si acepta o rechaza la dimisión. En la causa Massot se había involucrado para exonerar al juez Álvaro Coleffi.

Ayer, Pablo Candisano Mera y el camarista marplatense Jorge Ferro firmaron la sentencia y dijeron que, “por el momento”, no se encuentra acreditada la responsabilidad de Massot como coautor de los homicidios de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola y de haber efectuado “aportes esenciales” en los secuestros, torturas y asesinatos de otras 35 personas a través de tareas de acción psicológica desplegadas por su multimedio.

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Pablo Candisano Mera.

En cuanto a la validez de la intervención de Pontet, Candisano Mera validó sus actos y afirmó que su designación no adolece de vicio alguno y, en ese sentido, el Consejo de la Magistratura solo se limitó a no ratificarla”. Ferro contrapuso que el letrado “no estaba en condiciones legales ni reglamentarias para acceder a tal cargo” aunque coincidió en que finalmente el pedido fiscal, con el juez fuera de la causa, “cae en abstracto”.

Los magistrados manifestaron que las operaciones psicológicas, según su lectura de las normativas militares, eran planificadas y desarrolladas por los uniformados y que “el control y fiscalización gubernamental de los medios de comunicación en la lucha contra la subversión también estaba consagrado reglamentariamente”.

“No es posible considerar como lo hacen los fiscales que toda esta responsabilidad recayera en una empresa privada, o en un civil, siendo más lógico y razonable, a la par de legal y reglamentario, que el Jefe de Operaciones de la Zona 5 se valga de aquellos elementos que le puedan resultar útiles en su planificación, resultando La Nueva Provincia ineludible en esta ciudad y alrededores, especialmente por su posición en el mercado local y su enfoque ideológico abiertamente expuesto”, dijo el autor del primer voto.

El veredicto compartió la “cuasi legalidad de la época” planteada por Pontet reconociendo los decretos del gobierno de Isabel Perón para “aniquilar la subversión”. “En ese marco de violencia política, dado fundamentalmente por el accionar, por un lado, de agrupaciones como Montoneros y el ERP y, por el otro, de grupos parapoliciales apañados por el Estado como la Triple A, el golpe militar no fue resistido por la sociedad, sino más bien aceptado, en algunos casos con resignación, en otros con entusiasmo, en especial en los medios de prensa”.

Como “para ciertos sectores de la sociedad”, entre ellos la empresa de la familia Massot, “la subversión armada era un peligro actual, real y palpable, por lo que la acción psicológica militar sobre ella, solo tendría que acentuar el miedo sin necesidad de convencer. Por ello es que no puede considerarse acreditado que el diario y/o sus directivos tuvieran un conocimiento previo y certero respecto de la realidad de la lucha contra la subversión”, entendió Candisano.

Al amparo de la “libertad de prensa”, agregó: “De allí también que la línea editorial, si bien no era muy diferente antes, alentara y proclamara la necesidad de aniquilar la subversión de la que legítimamente podían sentirse blanco, y dicho mensaje no era más que el oficial y, aún sin saberlo, hasta legal, según los cánones de legalidad de la época”.

La Fiscalía ubicó al actual director del diario dentro del “núcleo duro” de administración del multimedios, en una segunda línea compartida con su hermano Federico, subordinada a la madre de ambos, Diana Julio. Para ello destacan su carácter de dueño, de ser el encargado de representar internacionalmente a la empresa, de queintervino en forma directa y personal en los conflictos laborales haciendo labrar actas notariales, que tuvo reuniones con jerarcas de las fuerzas represoras y que cobraba sueldo como editorialista. Los jueces opinaron que nada de ello fue probado.

Por ejemplo, su rol de correo entre los genocidas Guillermo Suárez Mason y René Azpitarte, en medio de una interna militar, no significa “elemento cargoso alguno, pues dada la presencia prácticamente hegemónica del diario a nivel local y regional, resulta razonable que guardaran buenas  relaciones con las distintas autoridades asentadas en la ciudad, ya sean nacionales o  provinciales, civiles o militares”.

“La extensa y compleja imputación fiscal fue tratada en profundidad por el a quo y descartada por falta de elementos probatorios que la confirmen, pues no se ha acreditado que el imputado tuviera algún grado de participación en los hechos endilgados, teniendo en cuenta la edad, lugar de residencia  y su actividad al momento de los hechos”, culminó Candisano Mera.

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Jorge Ferro.

El marplatense Jorge Ferro, presidente del Tribunal Oral que ordenó investigar el rol de La Nueva Provincia tras condenar a 17 represores del V Cuerpo de Ejército, firmó que “hasta el momento no se han podido acreditar” los delitos imputados, “pues la sola circunstancia de publicar ciertas ideas más afines a  gobiernos dictatoriales o una línea editorial que muestra el perfil que sostiene el diario La Nueva provincia, no obstante que no se compartan tales ideales, por sí solo no dan la idea acabada de haber formado parte del plan criminal y formar una asociación ilícita a partir del Terrorismo de Estado”.

“Si bien he dicho en la causa N° 982 que le resulta arbitraria la consideración que los militares ‘utilizaron’ a La Nueva Provincia y admitieron una acción psicológica, imputar por ahora a todos los directores de diarios sería aplicar la lógica de libre convicción ya que, insisto, hasta el momento no  se valoró elemento alguno que lo acredite”, escribió.

En la misma línea, subrayó que “tampoco ha sido demostrado ni siquiera indiciariamente” que “el imputado asumió voluntaria y conscientemente su parte en el plan delictivo, realizando actividad de inteligencia, en las especialidades  de selección de blancos, construcción del enemigo, actividad psicológica de persuasión, compulsión y sugestión de la población, enmarcada incluso en los reglamentos militares, hasta el momento y con la indulgencia de las pruebas que exige este estado procesal”.

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Balance del encuentro de los organismos con Macri

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El presidente Mauricio Macri recibió el martes a organismos de Derechos Humanos “preocupados por algunas decisiones que viene tomando la nueva administración en esta materia”. Junto a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo concurrieron Haydeé Gastelu, por Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora; Carlos Pisoni por H.I.J.O.S; Lita Boitano por Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y Gastón Chillier por el CELS quien comentó los resultados del encuentro a FM De la Calle.

-El presidente Macri recibió a los organismos luego de negarles una audiencia a principios de año y delegar esa tarea en su jefe de gabinete Marcos Peña, ¿qué significado tuvo poder concretarlo ahora?

Por esa razón me parece que el encuentro en sí mismo es una buena noticia, como lo planteó Estela de Carlotto y el CELS también comparte mucho esa idea, los organismos desde la transición democrática hasta ahora hemos participado y hemos aportado muchísimo para la construcción de las instituciones democráticas y políticas respetuosas de los derechos humanos.

En ese sentido, tener este encuentro con el presidente de la Nación fue un avance y también fue un avance poder plantear toda la agenda de preocupaciones que tenemos los organismos en temas de derechos humanos, desde la agenda tradicional -ahí creo que fue el único punto en que hubo un compromiso explícito de apoyo a los juicios por crímenes de lesa humanidad y donde no va a haber regresión- hasta los otros temas que hubo diferencias y que en particular el CELS plantea con mucha preocupación como es el tema de la represión de la protesta social a partir del protocolo del Ministerio de Seguridad, de la criminalización de la protesta a partir de la detención irregular de Milagro Sala por protestar al principio y ahora por otros delitos pero sin resolución judicial por su situación procesal, la cuestión de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la vuelta al paradigma donde el mercado prevalece sobre el derecho a la comunicación y los temas de violencia institucional y policial donde hubo un intercambio con el presidente sobre la represión brutal de Gendarmería a los integrantes de una murga, niños muchos de ellos, de la Murga Los Reyes del Ritmo de la Villa 1-11-14 y el apoyo explícito de la ministra a los miembros de la Gendarmería en lugar de garantizar una investigación que dé respuesta a las víctimas de esa represión brutal

-¿Y en esos casos qué dijo Macri? ¿Qué excusas hubo?

En el caso de la protesta dijo que había que avanzar en la dirección de garantizar la libertad de circulación. Ahí planteamos básicamente la diferencia entre el paradigma de la resolución de los conflictos por una vía política o la resolución de los conflictos por la vía represiva como es el protocolo.

En el caso Milagro Sala planteó que el gobierno era respetuoso de la independencia del Poder Judicial de Jujuy y yo ahí respondí que el CELS está muy interiorizado de las causas judiciales y la detención de Sala nace irregular por las causas que se le aplica sedición e instigación a cometer delitos por protestar y al trata de emprolijarla sigue siendo irregular porque todavía mucho tiempo después no se resolvió su situación procesal. Sí me parece que hay que investigar a cualquier delito de corrupción o cualquier denuncia que haya pero en el 99% de esos casos las personas imputadas tendrían libertad y en este está presa, con lo cual uno no puede dejar de pensar que hay una intencionalidad política. Ahí es donde veo que la cuestión es la inconsistencia del gobierno en plantear, por ejemplo, la detención y la condena de Leopoldo López en Venezuela como un preso político y al mismo tiempo mantener una detención arbitraria con muchos cuestionamientos legales a una líder social en Argentina.

En relación con la cuestión de la represión brutal a la murga y a los niños de a murga la respuesta fue que sí estaba investigando el Ministerio de Seguridad y lo que planteamos nosotros fue que pedimos una información sobre qué se estaba haciendo y la respuesta del Ministerio fue ambigua. No está claro que estén investigando y la respuesta pública de la ministra Bullrich fue el peor mensaje posible, apoyar a los que reprimieron brutalmente y de alguna manera no dar ninguna respuesta a las víctimas. Eso dije en la reunión al presidente, es el peor mensaje que se le puede dar a las fuerzas de seguridad. Es decir, un apoyo a prácticas  violatorias de los derechos humanos y con ninguna consecuencia sobre esas prácticas.

-Respecto al 24 de marzo y la llegada de Barack Obama ¿qué plantearon los organismos?

El planteo fue que se debía, o se le pidió al gobierno, garantizar la marcha histórica que hacen los organismos desde el 83 en adelante y ahora particularmente por ser el aniversario número 40 y que el dispositivo, en caso de que exista, por la llegada del presidente Obama no obstaculice y no limite esa marcha.

Ahí hubo una respuesta positiva del presidente Macri y de los funcionarios de que de ninguna manera se iba a afectar la marcha o todas las marchas que iba a haber en la ciudad de Buenos Aires durante la visita del presidente de Estados Unidos, Obama.

-¿Su probable presencia en la ex ESMA qué representa para ustedes?

Hay diferencias. Para el CELS nos parece apropiado, yo creo que cualquier presidente o mandatario de todo el mundo debería como obligación, o sería deseable, que visite el principal campo de concentración de la Argentina como lo hacen cuando visitan Auschwitz en Polonia, el mensaje al mundo de que esto no tiene que volver a pasar. Independientemente de lo que uno opine sobre la política de Estados Unidos en América Latina que es una cuestión compleja porque por un lado han apoyado las dictaduras pero por otro, en relación con Argentina, la gestión de Carter ha apoyado las denuncias y ha posibilitado y ha sido fundamental para que la Comisión Interamericana visite en el 79 el país, que fue un punto de inflexión en las denuncias de la dictadura.

Eso no significa que los organismos deban participar, pero bueno hay otras organizaciones como H.I.J.O.S. que no está de acuerdo. Para nosotros la ESMA justamente es patrimonio de la sociedad argentina y del mundo y, en ese sentido, que se visite nos parece positivo. Eso no implica que uno discuta después la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos en la región o inclusive ahora como hacemos desde el CELS, exigir que se investiguen las torturas sistemáticas que cometió el gobierno y comete Estados Unidos en Guantánamo o en la llamada guerra contra el terrorismo como lo hacemos en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

A continuación compartimos el documento consensuado por los organismos que asistieron a la reunión y presentado al presidente:

Sr. Presidente de la Nación

Ing. Mauricio Macri

Trascurridos dos meses de su gobierno, los organismos de derechos humanos queremos expresarle nuestra profunda preocupación por aspectos centrales de las políticas de derechos humanos en el país:

  1. Continuidad de las políticas de Estado de Memoria, Verdad y Justicia.
  • Los juicios por delitos de lesa humanidad. Usted ha manifestado que el Poder Judicial debe continuar con los juicios a los genocidas. Sin embargo, también es fundamental que el Poder Ejecutivo a través de diversas agencias continúe impulsando estos procesos. En este sentido, es decisivo que se sostenga la actuación como querellante de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación en los juicios en curso, independientemente de su estado procesal y con especial énfasis en los juicios que se desarrollan en las provincias. Además, es imprescindible que se continúe acompañando a víctimas y testigos, a través del “Centro Ulloa” y del “Programa de Protección” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
  • El Poder Ejecutivo Nacional debe facilitar el acceso a la información en manos de distintos organismos públicos y realizar relevamientos sistemáticos de archivos y legajos. Parar ello, es primordial que continúe la labor de las direcciones de Derechos Humanos de los Ministerios de Defensa y Seguridad de la Nación y sus áreas equivalentes en la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central. También es fundamental que continúen las investigaciones y apoyos que presta el “Programa Verdad y Justicia”.

También señalamos que debe garantizarse la preservación del acervo documental del Archivo Nacional de la Memoria y su accesibilidad para la Justicia, los organismos de derechos humanos y la sociedad en general.

El avance de las investigaciones sobre la responsabilidad de los sectores civiles en el plan sistemático de desaparición y exterminio también requiere una participación activa del Poder Ejecutivo que le de continuidad a las investigaciones iniciadas. También es necesario el compromiso de los legisladores de la alianza Cambiemos para la puesta en marcha de la “Comisión Bicameral de la Verdad, la Memoria, la Justicia, la Reparación y el Fortalecimiento de las Instituciones de la Democracia.”

  • Debe respetarse el mandato constitucional de la Procuradora General de la Nación, quien ha impulsado decisivamente estos procesos y constituye una garantía de que el Ministerio Público Fiscal seguirá teniendo un rol protagónico en la búsqueda de verdad y justicia.
  • Búsqueda de los jóvenes apropiados y nacidos en cautiverio. Es preciso el fortalecimiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) y del Banco Nacional de Datos Genéticos, como pilares fundamentales del compromiso y la obligación del Estado en la búsqueda de los nietos y nietas que todavía nos falta encontrar y quienes siguen privados de su derecho a la identidad. En este sentido, señalamos que se deben respetar los compromisos asumidos por el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el “Acuerdo de Solución Amistosa” del caso “Pegoraro” (decreto 1800/09). En particular, es fundamental asegurar la continuidad de la labor del “Grupo Especial de Asistencia Judicial” en el Ministerio de Seguridad de la Nación para realizar procedimientos de obtención de ADN, así como garantizar la cooperación de la Cancillería para la búsqueda de los nietos y nietas en el exterior.
  • Búsqueda e identificación de los cuerpos de los miles de desaparecidos. Es primordial la continuidad del financiamiento de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas, programa a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación.
  • Los sitios y espacios de memoria. Los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio deben seguir siendo preservados como pruebas judiciales, debidamente señalizados y conservados. Además, se requiere sostener los recursos humanos y materiales de los espacios de memoria que han sido refuncionalizados, para enseñar a las futuras generaciones el respeto por los derechos humanos.
  • La búsqueda de los prófugos. Todavía hay más de 70 personas acusadas por delitos de lesa humanidad que son buscadas por el Poder Judicial. Los Ministerios de Justicia y Seguridad deben continuar y fortalecer el trabajo para encontrarlos.
  • Control de ascensos militares. Es importante que se garantice la continuidad del mecanismo de consulta pública y acceso a la información sobre ascensos militares y nombramientos de otros funcionarios públicos tal como se realiza desde el retorno a la democracia.
  • Sostener las políticas de Memoria, Verdad y Justicia también implica:
  • No incorporar a la administración pública a personas vinculadas al Terrorismo de Estado o apologistas de sus crímenes.
  • No aceptar el negacionismo de los crímenes cometidos, porque es una de las prácticas que atenta contra la construcción del Nunca Más. Por eso expresamos nuestra preocupación por los dichos de algunos funcionarios del actual gobierno nacional y de referentes de la Alianza Cambiemos en este sentido.
  • El rechazo al encuentro mantenido en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, con el CELTYV. Estos encuentros no pueden ocurrir jamás en estos espacios de construcción de la memoria de la vida y militancia de nuestros familiares detenidos-desaparecidos.
  1. Derecho al trabajo. Manifestamos nuestra profunda preocupación por los despidos masivos en el Estado y el sector privado, porque el Estado debe garantizar y velar por el derecho al trabajo y no ser el promotor del desempleo ni la estigmatización y/o persecución a los trabajadores y trabajadoras. En este sentido, desde hace dos meses, vemos cómo las medidas de ajuste que el gobierno nacional instaló está retrocediendo en los avances logrados sobre el derecho al trabajo digno.

En cuanto a los despidos en las áreas de derechos humanos de diferentes Ministerios, es importante destacar que si no se garantiza la continuidad laboral de los profesionales con experiencia, tampoco pueden garantizarse las políticas de Estado de Memoria, Verdad y Justicia.

  1. Derecho a la protesta social.

El gobierno nacional ha tomado decisiones que afectan gravamente el ejercicio del derecho a la protesta. La puesta en vigencia del “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas” pone en riesgo aspectos esenciales de la democracia y su aplicación afecta los derechos a la vida, a la integridad, de reunión, de petición a las autoridades y la libertad de expresión. Este protocolo pone en riesgo la integridad física y la vida de las personas que participan de manifestaciones públicas, ya que no prohíbe que las fuerzas de seguridad porten armas de fuego ni restringen el uso de las llamadas “armas no letales” como las balas de goma. Además, limita el ejercicio de la libertad de expresión y restringe la labor periodística, dificultando la posibilidad de registrar prácticas de violencia institucional. Por estos motivos, solicitamos que el Protocolo sea derogado.

Además de este protocolo represivo, nos encontramos con un caso gravísimo de criminalización de la protesta social. Milagro Sala se encuentra detenida desde el 16 de enero. Su primera detención fue consecuencia de haber convocado a una manifestación pública en reclamo a medidas de gobierno. Exigimos su inmediata liberación y manifestamos que este hecho representa una amenaza a la vigencia de las libertades democráticas. Milagro Sala es una presa política, no hay fundamento legal alguno para su prisión preventiva y cualquier investigación en su contra debe desarrollarse sin vulnerar el principio de inocencia ni el derecho a la libertad personal. Por lo tanto, exigimos que el Poder Ejecutivo garantice el derecho a la libertad y al debido proceso judicial de Milagro Sala. Ha sido notoria la presión e intervención del gobierno provincial jujeño sobre el Poder Judicial. Como familiares de ex presos políticos y de detenidos-desaparecidos, no podemos dejar de ver este hecho como un enorme retroceso en la historia democrática de nuestro país.

  1. Violencia institucional.

En noviembre pasado la Policía Metropolitana fue responsable de un hecho grave de violencia institucional en el que Lucas Cabello resultó herido de gravedad por tres disparos policiales. En enero de este año, efectivos de la Gendarmería nacional dispararon balas de goma contra la murga “Los Auténticos Reyes del Ritmo”, integrada por niños y niñas del Bajo Flores. En ambos episodios, la primera reacción de los funcionarios del gobierno fue justificar el accionar violento de las fuerzas de seguridad. Es imprescindible que estos hechos sean investigados de manera adecuada, sus responsables sancionados y que las autoridades políticas de las fuerzas de seguridad brinden mensajes políticos claros sobre que estas prácticas policiales violatorias de derechos humanos no serán toleradas.

  1. Derecho a la comunicación

Una de las primeras medidas del gobierno nacional, en diciembre pasado, ha sido transformar por completo el rol del Estado en las políticas de comunicación. Las modificaciones, por decreto, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual redujeron drásticamente el papel del Estado en la regulación del sistema de medios y habilitan que se consolide la concentración. También se realizaron reformas que reducen la participación de la sociedad civil en las instancias de toma de decisiones sobre las políticas públicas en este campo. Estas medidas afectan negativamente el pluralismo y el ejercicio del derecho a la comunicación en nuestro país. Al mismo tiempo, consideramos que el espacio en el que se deben discutir las políticas que afectan a la libertad de expresión es el Congreso nacional.

  1. 24 de Marzo. Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.

Los organismos de derechos humanos, como todos los aniversarios del golpe de Estado, realizaremos una manifestación en la Plaza de Mayo y centenares de plaza en todo el país. Requerimos que se nos garantice el derecho a manifestarnos libremente y que no haya interferencias producto de la visita del Presidente de los Estados Unidos de América. Ninguna razón de seguridad puede esgrimirse para interferir con esta conmemoración popular a 40 años del golpe.

Por último, resulta fundamental que el Estado argentino reclame al más alto nivel la entrega de archivos aún no desclasificados por el gobierno estadounidense sobre el período dictatorial y demande la cooperación de este país para la búsqueda de los posibles nietos apropiados que viven allí, así como la extradición del Capitán (R) Roberto Bravo por su activa intervención en la Masacre de Trelew.

Por lo antes expresado, le solicitamos un canal de diálogo sincero, expeditivo y efectivo para temas que requieren urgente resolución y decisiones políticas respetuosas de los derechos humanos. Lo saludamos atentamente.

Abuelas de Plaza de Mayo
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas
H.I.J.O.S.
C.E.L.S.

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Massot fue contacto de la DINA chilena

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El espía chileno Arancibia Clavel dejó asentado en su archivo que su “amigo” Vicente Gonzalo Massot era parte de sus contactos en Buenos Aires. En un informe de 1974 -hallado recientemente por la Dirección de Comunicación de la PGN-, el agente revela que el empresario bahiense le pidió información para hacer una campaña en los medios “sobre la penetración soviética en América Latina”. Para la Fiscalía, los documentos fortalecen la acusación a Massot sobre instigación al genocidio.

El director del diario de Bahía Blanca La Nueva. (ex La Nueva Provincia) pidió en 1974 información al agente secreto de la Dirección Nacional de Inteligencia chilena (DINA), Enrique Arancibia Clavel, “para hacer una campaña” en sus medios “sobre la penetración soviética en América Latina”, según dejó plasmado el propio espía trasandino en su archivo, que es parte de la prueba del histórico juicio en el que se juzga la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur, la Operación Cóndor. En los mensajes dirigidos a sus jefes, el agente indicó que lo unía “una antigua amistad” con Massot y que se reunía semanalmente con la redacción de la revista Cabildo, de Buenos Aires, donde el empresario justamente se desempeñaba como secretario de redacción.

Los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos de Bahía Blanca, Miguel Palazzani y José Nebbia, presentarán la prueba documental en la causa que tiene al empresario periodístico con pedido de procesamiento por “instigación al genocidio”. La escandalosa falta de mérito que le dictó el juez subrogante Claudio Pontet -separado luego de la causa- está siendo analizada por estos días por la Cámara Federal de esa ciudad.

La Fiscalía bahiense accedió a la información de inteligencia gracias a la colaboración prestada por el fiscal general Pablo Oviña, de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos, que interviene en el juicio oral por la Operación Cóndor, donde ya pidió la condena de 17 de los 18 acusados que llegaron a la instancia final del debate.

El informe que menciona a Massot como contacto de la DINA en Buenos Aires fue hallado por personal especializado de la Dirección de Comunicación Insitucional de la Procuración General de la Nación entre cientos de cables e informes de diferentes embajadas en base a los cuales se publicó en el sitio www.fiscales.gob.ar la nota sobre los documentos que prueban la Operación Cóndor. A raíz del hallazgo, desde la Dirección de Comunicación Institucional se avisó a ambas dependencias del Ministerio Público.

El documento hallado fortalece la acusación de la fiscalía. Massot, que en 1974 tenía 25 años, se encuentra imputado, precisamente, de realizar operaciones psicológicas para las Fuerzas Armadas, como presentar públicamente los fusilamientos de las víctimas como “enfrentamientos”. Los fiscales señalaron que realizó -junto a otros miembros fallecidos del clan, como su madre, Diana Julio- “aportes esenciales”, que “consistieron en el ocultamiento deliberado de la verdad” en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas a través de tareas de acción psicológica desde las páginas del diario antes, durante y después de la última dictadura cívico-militar. También está acusado como coautor del homicidio, entre el 30 de junio y el 4 de julio de 1976, de los obreros gráficos del diario, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, tras un conflicto sindical registrado el año anterior en la empresa.

Arancibia Clavel fue detenido en 1978 por el Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal en medio del conflicto con Chile que casi termina en guerra por la disputa del Canal de Beagle. Tiempo después de la mediación Papal, fue liberado. En esa época el espía chileno era conocido por diferentes contactos de las Fuerzas Armadas argentinas, pues era enlace de la Operación Cóndor en nuestro país. En el juicio oral en curso se ventilaron pruebas sobre su participacion en el secuestro en 1977, en Buenos Aires, de Laura Elgueta y Sonia Díaz Ureta, junto a policías federales. El propio fiscal Ouviña señaló en su alegato la paradoja de dos países que, pese a considerarse potenciales enemigos, compartían como objetivo común la persecución -para la eliminación- de la resistencia a las dictaduras.

En la década del ’90, Arancibia Clavel regresó a vivir a la Argentina y fue detenido, juzgado y condenado por el asesinato del jefe del Ejército chileno del gobierno de Salvador Allende, Carlos Prats, y de su esposa, Sofía Cuthbert, perpetrado en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974 en el marco de una asociación ilícita. Ambos murieron por la detonación de un explosivo colocado en su vehículo. El caso judicial sentó jurisprudencia, pues la Corte Suprema señaló en agosto de 2004, un año antes de declarar inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que el delito de asociación ilícita por el que había sido condenado Arancibia Clavel era imprescriptible, por integrar la categoría de crímenes de lesa humanidad. En 2011, el ex agente chileno apareció muerto, apuñalado en el pecho, en su departamento del centro de Buenos Aires, donde cumplía el arresto domiciliario por la condena.

“Gonzalo”

LH_Banner_2Según se desprende de los documentos hallados, Massot pretendía alertar desde los medios que controlaba sobre la compra de armas por parte del gobierno militar del peruano Juan Velasco Alvarado (1968-1975), que despertó preocupación en las dictaduras vecinas del continente porque su principal proveedora fue la Unión Soviética. Pinochet era además uno de los principales interesados, pues Perú era considerado en Chile entre las hipótesis más serias de conflicto bélico.

Con 30 años de edad en 1974, Arancibia Clavel enviaba semanalmente partes desde la Embajada en Buenos Aires a la DINA, la organización creada por la dictadura de Pinochet para perseguir a los opositores al régimen dentro y fuera de sus fronteras. En un informe fechado el 29 de octubre de 1974 en la Capital de nuestro país, a menos de un mes del atentado que culminó con la vida de Prats y su esposa, Arancibia incluyó un acápite sobre los “contactos establecidos” en Argentina y puntualmente señaló: “Gonzalo Massot, subdirector de la revista CABILDO (nacionalista de derecha y dueño del diario, televisión y radio de Bahía Blanca, me pidió material informativo sobre el armamentismo peruano para hacer una campaña en los medios que el controla sobre la penetración soviética en America Latina. También con Gonzalo me une una antigua amistad” (sic).

El encabezado del documento indica que se trata del “Memorándum 5” con destino a Luis Gutiérrez, en Santiago de Chile. Ese nombre, en realidad, no corresponde a ninguna persona, sino que era una clave de la DINA. En el juicio oral por la Operación Cóndor el documento fue identificado como 17A. Al final del documento el espía indica, pero no firma, su nombre de cobertura: Luis Felipe Alemparte.

En otro documento, nominado “Memorándum 9-A”, fechado el 3 de diciembre de 1974, Arancibia describe a la revista Cabildo, como lo hace con otras publicaciones, y pone de relieve que se reúne de forma “semanal” con su redacción: “CABILDO, revista mensual, nacionalista de derecha, antiperonista, normalmente tiene artículos sobre geopolítica en que atacan a Chile por problemas limítrofes, en el aspecto ideologico son defensores de la Junta. Mi relación con su equipo de redacción son muy buenAS y mantengo una reunión semanal con ellos. Envío el último número que corresponde a noviembre” (sic).

“Engranaje continental”

Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia, que preparan la presentación de estos documentos, ponderaron que “siguen apareciendo evidencias que fortalecen una hipótesis que no ofrece ni ofrecía dudas sobre el rol de Vicente Massot, no sólo en el esquema de poder del grupo La Nueva Provincia, sino como un engranaje a nivel continental nada menos que con Arancibia Clavel, conocido agente de la DINA en Argentina”.

Palazzani y Nebbia agregaron que estos “documentos muestran que su participación personal en operaciones psicológicas con coordinación continental data de 1974 y que el contacto con la inteligencia de la dictadura chilena era semanal”.

“También, nos muestra la importancia de la preservación y el acceso a los archivos que construyen la memoria colectiva”, consideraron, al tiempo que pusieron de relieve el “gran trabajo del fiscal Ouviña y del equipo de comunicación de la Procuración General”, que permitió dar con esta información.

Fuente: fiscales.gob.ar

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Indignación por el arresto domiciliario de Caramelli

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Lorena Zerneri, mamá de la adolescente fallecida tras la caída de una rama en el Parque de Mayo y denunciante en la causa que investiga a Marcelo Caramelli por coimas y extorsión, se mostró indignada por la obtención del arresto domiciliario mediante el pago de 45 mil pesos de fianza por parte del ex titular de Parques.

“Lo que más me indigna es la argumentación de la jueza -Marisa Promé- que obviamente habrá tenido una pericia o informe médico como para tomar esa decisión, pero no me parece que argumente que en estos casi tres meses, desde el 25 de noviembre, su salud haya ido deteriorando sin responsabilizar al penal. Directamente, su salud empeoró por una deficiencia en la alimentación y lo mandan a la casa”, dijo a FM De la Calle.

La madre de Daiana Herlein agregó: “¿El penal no está dando la asistencia de salud que tiene que dar a los presos? Bueno, entonces como esta persona que va a su casa que abran la puerta y que saquen a todos los que tienen diabetes o alguna enfermedad similar”.

Tanto el fiscal Gustavo Zorzano como el representante de Zerneri, Leandro Aparicio, trabajan por estas horas en la apelación del arresto domiciliario del ex funcionario de las intendencias del actual diputado nacional Gustavo Bevilaqcua y el ex ministro de la Producción sciolista Cristian Breitenstein. “Más allá del video -en el que se ve a Caramelli recibiendo una coima de un comerciante- había mucho más para investigar que tiene que ver con esta causa o que se puede desprender en otras”, manifestó Lorena.

Al ser consultada sobre la causa que investiga las responsabilidades penales por la muerte de su hija, Zerneri informó que “corren los plazos, ya son casi dos años, eso el fiscal lo tiene presente y me dijo que está trabajando también en las imputaciones de cada uno de los imputados, que no sé quiénes son, no me lo dijo. En el próximo mes o dos meses deberían estar saliendo. Mientras él necesite el tiempo para poder argumentar de mejor manera, más sólida, su trabajo, me parece perfecto”.

Por último, Lorena comentó lo conversado con el intendente Héctor Gay, a quién le preguntó sobre “el estado de los sumarios ya empezados y de los que aún no se empezaron” y acerca del rol del abogado y empleado comunal Sebastián Martínez: “Está defendiendo a un delincuente que en nombre de la Municipalidad estafó a un ciudadano”.

La nota completa:

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Sigue el juicio contra trabajadores del ex Villa Olga

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Desde el lunes se realiza el juicio oral por el delito de usurpación del frigorífico. Ayer declararon los testigos de la Fiscalía, encabezada por la dra. Olga Herro, y hoy lo hicieron los de la defensa patrocinada por el dr. Claudio Lovfall. Cinco son los imputados en la causa: Hugo Cartajena, Enrique Orlando Garaggiola, Hugo Almada, Daniel Wenderlich y Pablo Cañiuqueo. Mañana serán los alegatos.

Entre las personas que prestaron testimonio este martes se encontraba el ex presidente del Concejo Deliberante, Carlos Alberto Moreno Salas, actualmente titular de la delegación bahiense del Ministerio de Trabajo. El ex edil afirmó que la cooperativa habría sufrido un “fraude laboral”, porque “los trabajadores no tenían acceso a la contabilidad de la cooperativa, ya que eran socios”, “ni cobertura social ni recibo de sueldo” y agregó que “era una relación de dependencia encubierta”.

Posteriormente se sometió a un careo con Silvio Siracusa, el dueño del frigorífico convocado por la Fiscalía. Discutieron los puntos de un acta acuerdo firmada en septiembre del 2011. El pacto entre el municipio y la cooperativa Fortín Cuatreros planteaba que Siracusa debía pagarle 500 pesos a cada trabajador y comprometerse a seguir faenando para reactivar el frigorífico. Además, hablaron sobre una supuesta cifra propuesta por el SENASA para poner en marcha la producción nuevamente. Según Moreno Salas, este acuerdo nunca se cumplió y la cifra del SENASA nunca fue aceptada, por eso debió intervenir la municipalidad otorgándo un subsidio.

Luego testificaron dos trabajadores. Jorge Mario Cabrera fue el primero, expuso que tuvo un juicio laboral contra la cooperativa porque su hijo falleció electrocutado en las inmediaciones de Villa Olga. “Me pagaban si yo no demandaba al frigorífico”, denunció.

En último lugar, declaró Perrone, quien mantiene un juicio laboral contra Fortín Cuatreros por haber tenido un accidente por el cual posteriormente fue despedido.

Mañana a partir de las 9:30, en Estomba 32, el Juzgado Correccional Nº 3, declararán los cinco acusados y comenzaran los alegatos.

Cobertura: Giuliana Crucianelli – FM De la Calle.

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Piden reglamentar el boleto estudiantil

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Consejeras y consejeros del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur presentaron una nota a la gobernadora María Eugenia Vidal en la cual piden la implementación del boleto estudiantil gratuito en la provincia de Buenos Aires. Pretenden “contribuir con los derechos de los jóvenes” bonaerenses “para que no encuentren vedado su derecho a recibir una educación plena, y en este caso, gratuita”.

El texto lleva las firmas de Dorina Linda Perez, Carolina Jesica Orieta, Nicolás Alan Paggi y Matías Barrón, integrantes de Grupo Académico, y advierte “sobre la falta de reglamentación de la Ley 14.735, que expresa que desde el ciclo lectivo 2016 el boleto inicial, primario, secundario, terciario y universitario debe ser gratuito en toda la provincia. La historia del boleto gratuito, que en los momentos más oscuro de nuestros país se llevó la vida de muchos compañeros, hoy nos exige no conformarnos solo con la APROBACIÓN DE LA LEY sino trabajar firme y mancomunadamente para transformarlo en una realidad efectiva. Esto requiere la participación activa de nosotros, los estudiantes, para que este reclamo no sea invisibilizado”.

“La reglamentación de dicha ley permitiría que los estudiantes de diversas clases sociales puedan a acceder a la educación, derecho que nuestra Constitución Nacional se encarga de reconocer y proteger, eliminando barreras de tipo económico que impiden el pleno acceso a la misma. Por eso, creemos que de no ser reglamentada antes del inicio del ciclo lectivo de este año no podría ser implementado en la totalidad del territorio provincial, causando grandes perjuicios a la población estudiantil”, agrega la carta.

Carolina Orieta aseguró esta mañana en FM De la Calle que el financiamiento “ya está dispuesto porque en el presupuesto del año pasado se estableció una partida”.

“Actualmente nos estamos comunicando con distintas agrupaciones de la provincia, donde ellos en La Plata teniendo la posibilidad de tener un contacto más directo con las autoridades están formando una mesa de trabajo con el secretario para poder reglamentar o establecer os parámetros básicos para lograr la reglamentación”, manifestó.

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