Integrantes de los equipos técnicos del programa Envión mantienen conversaciones desde principios de mes con las nuevas autoridades municipales para garantizar la continuidad del programa y terminar con la precariedad laboral que padecen desde hace más de cinco años.

“En cuanto a la modalidad de contratación sigue igual, por lo tanto, la precarización se mantiene. Lo que hemos logrado obtener de la reunión, como saldo si se quiere positivo, es que ante el recambio de autoridades, obviamente estaba en nosotros la duda de la continuidad del programa como política pública. Bueno, el secretario (de Políticas Sociales Fabio Pierdominici) reconoció que es una política pública fundamental para el trabajo con jóvenes en la ciudad de Bahía Blanca y lo que planteó es que va a seguir”, dijo esta mañana a FM De la Calle, Clemente San Martín.

Son treinta profesionales -que deberían ser 42, siete por equipo en cada una de las seis sedes- que trabajan bajo la modalidad de contrato de obra que se renuevan cada cuatro meses, no perciben aguinaldo ni antigüedad y deben hacerse cargo de la cuota del monotributo e ingresos brutos. Los salarios son de aproximadamente seis mil pesos en mano con una carga horaria de cien horas mensuales. Si bien no se prometieron cambio a ese panorama, “sí quedó planteado que van a continuar las conversaciones y en el caso de que la provincia no se haga cargo, el municipio tomaría las riendas”.

“Ya lo hemos planteado el año pasado cuando comenzamos este reclamo, los que nos contratan es el municipio, firmamos contrato con el municipio, los que supervisan nuestro trabajo, inclusive hacen la selección del personal que entra es el municipio. Por lo tanto, desconocer su responsabilidad respecto a nuestra situación contractual para nosotros es casi una burla pero es un punto donde no nos ponemos de acuerdo”, agregó el licenciado.

San Martín afirmó que “no solo es una cuestión de reclamo laboral o de nuestra situación contractual sino lo que queremos, más allá de los nombres porque no es que regularicen mi situación o la de algún compañero puntualmente, obviamente los que hacen mucho tiempo que están, sino darle estabilidad a la política pública del programa Envión”.

“Muchos de nuestros compañeros a veces tienen que resignar continuar en este trabajo por otras cosas y con ellos se pierden experiencias, el contacto con los jóvenes, el vínculo que se puede haber creado que para el trabajo con adolescentes es fundamental”, concluyó.

El maestro Miguel Ángel Carra falleció este jueves a los 77 años. Fue director del Patronato de la Infancia de Bahía Blanca durante seis meses en 1985 y desde el 1 de octubre de 1987 hasta el 16 de febrero de 2006 cuando se dio por despedido por los directivos y marcó el “fin de una época” en una institución que continuó con un derrotero plagado de demandas laborales y causas judiciales por maltrato a las niñas y niños y desmanejos en la administración de dinero, donaciones y propiedades.

“La formación integral de los niños y el respeto por el derecho a la identidad” fueron las prioridades que “el dire Carra” estableció durante su gestión en la institución. Tal como lo recuerda la antropóloga Belen Noceti, “el discurso de Carra gira siempre en torno a un eje rector ‘la educación es lo único que puede ayudar a estos chicos a defenderse en la vida’, enfatiza en ejemplos de ex-internos que hoy han comenzado sus estudios terciarios o universitarios, considerando que, de alguna forma, ‘ha cumplido su labor de maestro'”.

En su memoria compartimos un fragmento del trabajo “Patronato de la Infancia, cien años de constitución y reproducción de menores y familias inviables” en el cual la investigadora destaca el perfil de la tarea de Carra en el Patronato.

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La formación integral de los niños y el respeto por el derecho a la identidad

 

(Por María Belén Noceti) Miguel Ángel Carra fue el director del Patronato durante prácticamente 20 años. Para el “dire Carra” -como se lo recuerda en cada rincón de la institución-, los 20 años de trabajo transcurridos tuvieron como objetivo la formación integral de los niños. El énfasis dado en el proceso educativo de cada pequeño tutelado tiene que ver con la formación profesional del director, maestro, por sobre todas las cosas.

Carra lleva adelante numerosas reformas todas ellas tendientes a propiciar que los niños tuvieran la oportunidad de expresar y desarrollar su personalidad de manera diversa. Apunta a no homogeneizar y lucha contra las clasificaciones de normalidad hasta el momento impuestas.

Como forma de priorizar la diversidad y el respeto por la diferencia, Carra suprime todas aquellas actividades relativas a la fe católica apostólica romana como única creencia.

“…los Estatutos de la Institución mostraban una inclinación hacia la fe católica; pero el ingreso de los chicos demostraba que los chicos venían de familias con distintas creencias –mormones, testigos de Jehová, entre otros-por eso suspendimos el rezo  antes de la comidas . Por entender que el chico de las instituciones no debía dar las gracias por nada. Eran los adultos los que debían hacerlo, ya que por su internación  se les brindaba a los adultos la posibilidad de tener un sueldo y por ende, seguridad  económica a los hijos propios”. 

                                                                                                Miguel Ángel  Carra, 2-11-06

Algunas de sus acciones son por ejemplo el armado de roperos para varones y para nenas, con el fin de que cada niño tenga sus mudas de ropa con sus iniciales bordadas. De esta manera se posibilita o no el préstamo de la indumentaria a otros niños según los deseos de cada uno. Este tipo de acción fomenta responsabilidades paulatinas en el cuidado de lo propio y lo ajeno, la solidaridad y el respeto; valores esenciales para la  convivencia social.

Cada acción supone aprendizajes del adulto en relación con el niño, de manera dialéctica. A su vez existen cajoncitos donde guardar “tesoros” de propiedad personal de cada interno  y al cual solo el propietario tiene acceso.

El director realiza también, el seguimiento escolar de cada niño. No solo revisando cuadernos -actividad que realiza diariamente en su despacho-; sino que acude a cada escuela cuando resulta necesario. Lucha contra las discriminaciones al interior de los establecimientos escolares, prosiguiendo con el modelo de asistencia escolar impulsado por Emilio Fernández.

Uno de los logros que menciona “el dire” es que se reduce el grado de repitencia de los niños, fortaleciendo la actividad de las maestras de apoyo y la intervención psicopedagógica por fuera de la institución. En su gestión se conforma la actual biblioteca de estudios.

Siguiendo con el objetivo de fortalecimiento de la identidad y de la autoestima de los niños propicia el armado de  mochilas con útiles escolares nuevos anualmente para cada niño, dejando en claro la no necesidad de donación por parte de la escuela. De esta manera espera que los niños sean considerados “chicos comunes” sin trato preferencial por ser del patronato. Un elemento clave resulta ser, entonces,  el desarrollo de la responsabilidad y autonomía progresiva.

 “En los primeros años –al comenzar las clases- entregábamos a las escuelas una caja con útiles escolares de mayor uso. Les pedíamos a las maestras que si algún chico del Patronato no trabajaba por falta de algún elemento, se lo prestara de la caja y pidiera luego su restitución. Pedimos complicidad a las maestras porque nuestros chicos no tenían estructurado el sentido de pertenencia, como la institución proveía constantemente, los chicos cambiaban los útiles por golosinas, bolitas, figuritas, etc. No valoraban los útiles ante la posibilidad del constante repuesto de los mismos.”

                                                                                                              Miguel Ángel Carra 2-11-06

  Carra agrega la necesidad de que los hermanos acudan al mismo establecimiento y buscando el fortalecimiento de los vínculos filiales propicia el libre acceso de los hermanos en las secciones en las que se encuentran internados, ante todo -según sus propias palabras- “respetar los afectos”.

Los niños realizan actividades recreativas, talleres y deportes a contraturno del horario escolar. A través de un proyecto de padrinazgo de vecinos de la comuna que Carra vincula al patronato se logra que un grupo de adolescentes estudie manejo de PC en un prestigioso instituto de enseñanza de nuestra ciudad.

El ex-director logra que en 1996 se ponga en marcha un taller literario a cargo de la Prof. Mirta Colángelo, y con el objeto de propiciar mediante actividades lúdicas el desarrollo de la creatividad de los niños. Dado que esta actividad adquiere un desarrollo muy particular será descripta en el apartado siguiente.

 Carra elabora un menú alimenticio diario a fin de reorganizar la cocina teniendo en cuenta una dieta balanceada, para que las carnes se coman en el horario del mediodía en que se encuentran presentes los semi-internos, por lo general chicos de hogares carenciados que necesitaban refuerzos en su alimentación. Consigue donaciones diversas para afrontar el gasto en víveres y elementos de limpieza.

 Durante su dirección los niños que se destinan a los hogares sustitutos eran grupos de hermanos, o niños que no tenían posibilidad de egreso con sus familias de origen y que estaban ya en el sistema de adopción. En su discurso remarca constantemente las dificultades que trae aparejado el sistema  y lo difícil que es conseguir adultos capaces de constituirse en referentes. Para él es importante como modo de aprendizaje de los internos la participación en cada actividad referida al hogar tales como, hacer las compras, cocinar, limpiar, ordenar.

 Los hogares padrinos fruto de la gestión de Emilio Fernández, son suspendidos por un tiempo ante la aparición de denuncias de abuso por parte de adultos que los fines de semana se llevan de paseo a los niños. Posteriormente esta modalidad se retoma a través de la intervención de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes y existiendo, por otra parte, un exhaustivo control de los padrinazgos.

Respecto a reformas edilicias la dirección propone y lleva adelante en esta época, además de la biblioteca, el salón de usos múltiples, el comedor para infantes, una sala de enfermería para chicos con enfermedades contagiosas, dos baños y el techado del área de fogón. El gobierno provincial otorga un subsidio para estas reformas mientras que los materiales de construcción fueron en parte donados por las empresas Codimat y Gilli.

El compromiso de los empleados durante los años 1989 y 1990 para con el Patronato es innegable. Carra señala varios episodios a través de los cuales el personal genera acciones a fin de recaudar fondos para el pago de los sueldos y sin abandonar la actividad de servicio a los niños. Recuerda entre otros, el festival de la pasta, el festival de la pizza, la cena americana.

 A fin de propiciar momentos de encuentro familiar con significados diversos, la escuela Nº18 dona un árbol de la vida. Cada niño sabe de esta historia y lo cuida, se planta en el jardín de flores frente al edificio, donde se construyen plataformas de ladrillo para que las visitas familiares, protegiendo el significado del árbol se cobijaran bajo su sombra.

Entre otras medidas relacionadas con la conformación de identidad de los niños, se implementa la individualización de los cumpleaños. Cada fecha es festejada con torta y regalo particular para el niño agasajado. Se finaliza con los cumpleaños masivos una vez por mes.

 En marzo del año 2003 se pone en funcionamiento en la sección cuna, el programa de estimulación temprana. El municipio en conjunción con la provincia conceden el sueldo de la maestra especializada que se hará cargo de las acciones de seguimiento y acompañamiento de cada niño involucrado.

 En otro orden, en 1992; la artista bahiense Raquel Partnoy, contribuye a través de un taller de plástica con el diseño de tarjetas navideñas y de fin de año hechas por los mismos niños. Las mismas son impresas en Buenos Aires y vendidas durante 4 años generando beneficios económicos a la institución. Junto a los niños del Patronato y sus alumnos de la Escuela de Artes Visuales, la artista bahiense pinta murales al interior del establecimiento. Años más tarde, Mirta Colángelo continúa con el diseño de tarjetas en el contexto del taller literario, proyectando así el espacio de creatividad de los niños.

Como se observa, el discurso de Carra gira siempre en torno a un eje rector  “la educación es lo único que puede ayudar a estos chicos a defenderse en la vida” , enfatiza en ejemplos de ex-internos que hoy han comenzado sus estudios terciarios o universitarios, considerando que, de alguna forma, “ha cumplido su labor de maestro”.

Foto: “Nuestro querido Miguel Carrá observando una de mis clases de arte, foto que conservo con cariño”. De Raquel Partnoy.

Imagen: “Nena que llora”, por Valeria Manosalva. Obra producida en uno de los talleres que Carra supo impulsar junto a Mirta Colángelo en el Patronato.

 

(Por Helen Turpaud Barnes) El Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras y el Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia tienen varios ejes en común. Afortunadamente, el 24 de marzo no ha sufrido una banalización tan extrema como el 8 de marzo, pero bien vale trazar algunas continuidades.

La reivindicación de los derechos de las mujeres se suele perder en una marea de ideas edulcoradas. Particularmente las mujeres somos objeto de un modo específico de representación de la opresión como adorno y elogio. La subestimación de las mujeres no es nada desconocido: el rol supuestamente prioritario de estas en la crianza de hijos e hijas (por lo cual no tendrían por qué estar en otros lados), la aparentemente indiscutible “diferencia de fuerza física” entre hombres y mujeres (criterio que no se aplica entre varones más fuertes y varones menos fuertes), la gran sensibilidad atribuida a nosotras (lo cual implica desmerecer nuestra racionalidad), etc. El problema no es solo lo discutible de estas nociones, sino su estetización. Con esto me refiero al hecho de considerar que la opresión y los estereotipos de género serían algo “lindo”. Tratar a las mujeres de manera condescendiente y paternalista sería un modo de “protegerlas”, es “galante”, “las hace sentir bien”, la caballerosidad es “elegante”, etc.

Hace décadas, el filósofo Walter Benjamin decía en su artículo “La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica” que “estetizar la pobreza es un modo de fascismo”. A nuestro modo explicaríamos esta frase diciendo que ver la pobreza como algo “pintoresco”, atribuir a la gente pobre condiciones esencialistas ennoblecedoras como “humildad”, “gran capacidad de vivir con poco” y “desapego” es un modo de ocultar el hecho de que la pobreza es producto de modos puntuales (y nada nobles) de explotación. Así, ampliando la idea de Benjamin, podríamos decir que la condescendencia en el trato hacia las mujeres tiene una veta de fascismo (aunque no se sea consciente de ello), desde la caballerosidad tan “apreciada” que las pone en un lugar de seres esencialmente vulnerables e inútiles (código de conducta que tiene por otra parte un origen también clasista y racista), hasta el tutelaje de los derechos de las mujeres no dejándolas decidir por sí mismas sino decidiendo por ellas. La corporación médico-psiquiátrica, la Iglesia o el Estado “sabrían” lo que es “bueno” para nosotras. Así, seguimos teniendo que reclamar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito o la atención de calidad en materia de salud reproductiva. El que decidan por nosotras es lamentablemente aún considerado un modo de “defendernos” y “cuidarnos”. Las mujeres siguen siendo “débiles”, y por lo tanto hay que llevarles el bolso aunque ellas no quieran, hay que decidir por ellas si tienen hijos/as o no, hay que considerarlas sujetos secundarios en las luchas sindicales, hay que considerarlas muy “sensibles” (o bien muy “mandonas”) para la arena de los debates políticos, etc. Así, en estos últimos días, incluso las mentes más progresistas toman partido en la discusión entre Alejandro Fantino, Guillermo Moreno y Eduardo Feinmann que consistió en prepoteos entre “machos” diciendo cuánto ellos iban a permitir o no que se maltratara a las mujeres, como si fuera una cuestión de honor masculino y no un tema de derechos humanos y laborales básicos.

Estar en esta situación a 2016 nos recuerda que la historia no es lineal y que el discurso de que los derechos de las mujeres estarían avanzando irremediablemente hacia más y más amplitud es cuanto menos un resabio de la idea positivista de que el progreso de la humanidad es homogéneo e imparable (recordemos que esta idea es de mediados del siglo… XIX).

La conquista de derechos se da en zigzag, con avances y retrocesos, con luchas y oposiciones, no es un camino pavimentado en la pampa, sino un sinuoso sendero de montaña, donde muchas veces se pierde altura, se dan rodeos, se llega a falsas cumbres. Son precisamente las conquistas de derechos las que llevan a los sectores más reaccionarios a repensar y rearmar sus estrategias para volver atrás esas conquistas. Ningún opresor se queda tranquilo cuando le han sacado su poder. Así, en una época de progresiva organización de las mujeres en vistas de sus nuevas luchas, la reacción del patriarcado no se hace esperar con cada vez más femicidios, mayor “feminización” de la pobreza, mayor explotación sexual de las mujeres en redes de trata, etc.

Entonces, este discurso anticuado y positivista de que “hombres y mujeres avanzan hacia la igualdad día a día” no es solo erróneo sino que también es usado nada ingenuamente por muchos sectores para deslegitimar las luchas feministas porque dicen que “mujeres y hombres ya tienen los mismos derechos”, “¿qué más quieren?”, “ya se pasan al otro lado”, etc. En consonancia con el espíritu de tutelaje característico del machismo, nos dicen desde fuera cuál debe ser nuestra meta, y si seguimos caminando, nos quieren hacer creer que nos pasamos de largo.

Así, ambas ideas –la de la supuesta necesidad de tutelar los cuerpos y discursos de las mujeres, y la ilusión del progreso lineal de sus conquistas- convierten a las mujeres en sujetos políticos de posición compleja. Por un lado, hay que seguir decidiendo por nosotras, y así no se nos reconoce plena legitimad a nuestra voz.  Y por el otro lado, supuestamente “ya está”, “ya no hace falta más nada”, y entonces se nos niega sentido a nuestras luchas.

El 8 de marzo tenemos que seguir repitiendo que no celebramos sino que falta mucho.  Y de cara al 24 de marzo también tenemos luchas específicas que encarar: la necesidad de seguir visibilizando las agresiones sexuales en los centros clandestinos de detención como delitos de lesa humanidad, la importancia de las luchas de las mujeres durante y después de la dictadura, la emergencia de las voces de sexualidades disidentes, etc. Y también necesitamos luchar contra la virilización de la política que se restituyó en ese entonces (recordemos que una de las cosas que el poder dictatorial no podía soportar era que muchas mujeres participaran de la conducción partidaria o de la lucha armada, y de hecho esas historias siguen siendo invisibilizadas hoy incluso en ciertos sectores “progresistas”). Ahora mismo en 2016 esta virilización parece recrudecer con el macrismo: la mayor confianza en “hombres fuertes” o la presentación de figuras femeninas como “ornamentales”, “complementarias de los hombres”, incluso en los casos de mujeres de carrera política. La multiplicación ad infinitum de la cantidad de efectivos de las filas represivas también es una cuestión de género: subyace la idea de que la violencia social, el muy conveniente fantasma del narcotráfico y la imprecisa “inseguridad” se solucionan por la fuerza, aquella que en el imaginario social machista predominante es una prerrogativa solo masculina. Cambiar el sentido de la fuerza como privilegio del opresor a la fuerza como derecho y organización es crucial.

Ahí también está nuestra lucha: que la fuerza esté con nosotras.

La CTA Bahía Blanca – Dorrego rechazó “la decisión política que se apresta a votar el Parlamento para convalidar el pago a los buitres y dar inicio a otro ciclo de re endeudamiento de la economía nacional”. Asimismo, repudiaron “el mensaje extorsivo utilizado por el presidente Macri al presentar el pago como una necesidad sin la cual habrá más ajuste e hiperinflación” ya que quienes se sustentan a  través “de un salario o una jubilación ya estamos viviendo al ajuste con los despidos en ámbito estatal y privado, con el derrumbe del poder adquisitivo del salario por la brutal remarcación de precios y con el aumento de las tarifas de los servicios públicos.

“A 200 años de la declaración de la independencia quienes voten la derogación de dos leyes, porque eso reclama un juez extranjero como Griesa, nunca podrán hablar en nombre de un país soberano porque viven de rodillas ante el capital financiero internacional”.

Para la central obrera, “el pago de la deuda a los buitres es una estafa cuyo origen está marcado por la negativa de los sucesivos gobiernos constitucionales a suspender los pagos de la deuda externa y realizar una investigación exhaustiva de la misma”.

En este sentido, la organización recordó que hay “477 ilícitos comprobados por la justicia argentina en el año 2000, ante la denuncia de Alejandro Olmos que fue convalidada por el fallo del juez Ballesteros. Allí se determinó el carácter fraudulento e ilegitimo de la deuda que se nos reclama y los sucesivos intentos de legitimarla a cargo de los políticos de los partidos mayoritarios”.

A su vez, recordaron que “el gobierno anterior pagó en 12 años, 190 mil millones de dólares y hoy la deuda pública está por encima de los 240 mil millones con la diferencia que ahora  la  deuda intra pública (con el Tesoro Nacional, ANSES) supera a lo que corresponde a deuda externa”.

De esta forma, reafirmaron “lo votado en todos los congresos de la CTA en cuanto a suspender los pagos de la deuda y realizar una investigación completa del origen de esta sangría de recursos públicos que determine responsables y beneficiarios nacionales y extranjeros de la misma”.

“El conflicto que se está viviendo en este momento en Brasil tiene que ver con la gran corrupción que es una enfermedad constante del sistema político de América Latina y que en Brasil es imposible de tapar” dijo a FM De la Calle la Maestra en Sociología, Julia Gimenez.

“No es que la corrupción es de ahora y es del gobierno PT sino que viene de hace muchos años y en estos últimos años algunos casos de corrupción fueron punidos”.

La licenciada suma a ese contexto el elemento del “desgaste por la forma en que se gerenció la política, es decir, un diálogo constante y fluido con sectores de la derecha”. Es preciso tener en cuenta “las alianzas que ha realizado (el PT) y al mismo tiempo un diálogo fluido con sectores del campo popular pero que sin embargo no le permitió posicionarse”.

“Las consecuencias son un sector de una nueva derecha que se está viendo en América Latina que está tomando una fuerza potente y Argentina es el ejemplo clave como para comprender los procesos que se están dando”, agregó.

De esta forma, “sectores populares que, si bien se sintieron mínimamente beneficiados por algunas políticas que el PT había implementado, se quedó corto y no terminó de profundizar un proceso real de disminuir las brechas sociales que dañan tanto a Brasil hoy”.

“Y en este contexto de crisis, hay una incomodad social muy grande porque hay realmente una crisis económica que se le está respondiendo con medidas liberales. Entonces se siente el ajuste, la inflación, se siente que uno no llega a fin de mes, se siente que aumenta el transporte, que bajan los servicios sociales, que hay una crisis en la educación”.

Nuestra corresponsal observó que “se mezcla todo eso y el PT” no se posicionó y no dio respuesta. Ante esto, “quienes están alienados por los grandes medios de comunicación encuentran su salida en esas convocatorias de los sectores empresariales con un discurso tan vacío como peligroso. Porque es un vacío en contra de la política pero donde no hay un más allá de la política y cuando aparece es un llamado al golpe militar”.

En este sentido, cabe preguntarse “¿cómo es que no se logró en estos casi 15 años haber realizado una verdadera batalla cultural para que este llamado no sea posible?”. El PT no logró “construir una agenda diferente”.

Escuchá el análisis completo:

Foto: Midianinja

A cuatro décadas del último golpe de Estado cívico militar la Comisión de Apoyo a los Juicios junto a organizaciones políticas, estudiantiles, gremiales y sociales convocan a una concentración el próximo jueves 24 a las 16:30 en Plaza Rivadavia (frente al municipio) para marchar hacia la Plaza de la Memoria y la Resistencia (ex del Sol) donde se leerá un documento y se realizarán actividades artísticas.

En memoria de lxs 30 mil desaparecidxs; contra la impunidad de ayer y hoy; y por el no al ajuste, el saqueo y la represión de Macri y los gobiernos provinciales, participarán la Central de Trabajadores Argentinos, Suteba, Partido Obrero, UJS, Plenario de Trabajadoras, Agrupación Naranja ADUNS, Tribuna Estatal, Nueva Izquierda, Juntas y a la Izquierda, Juventud socialista, Comunismo Revolucionario (MLM), Corriente Clasista René Salamanca, Puño y Letra UNS Estudiantes por la Liberación, Cardumen, PTS en el Frente de Izquierda, Tesis XI, Pan y Rosas, Agrupación Marrón Suteba, Grupo 83 Solidaridad Igualdad, Emancipación Sur, Cehum, Corriente Comunista David Watu Cilleruelo, Colectivo Pueblo en Lucha, FM De la Calle, Nuevos Vientos, Biocentro UNS, CEI Avanza y PSTU, con la adhesión de la Asociación Judicial Bonaerense.

En tanto, H.I.J.O.S., APDH, Red x el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, Mesa x el Juicio y Castigo Unidos y Organizados Y Nietos harán un acto por la mañana en el predio donde funcionó el CCDTyE La Escuelita y se movilizarán desde la antigua sede de La Nueva Provincia hacia el Teatro Municipal a partir de las 15.

Otras actividades se desarrollarán desde este fin de semana en Bahía Blanca. El sábado de 10 a 13 Emancipación Sur y ATE Bahía Blanca pondrán una muestra en Plaza Rivadavia “A 40 años 30.000 mariposas – Memoria, Verdad y Justicia”. Y para 18:30 organizaron una charla-debate en San Martín 760 “desde la mirada de HIJOS que siguen buscando a sus padres”, a cargo de Emiliano Hueravilo, Germán Mogilner y Laura García Vázquez.

El domingo 15:30 el Colectivo Pueblo en Lucha – Espacio Cultural Ernesto Che Guevara invita a una charla mateada por la memoria colectiva en Villa Nocito, “Historias de vida de vecinxs y reflexionar a 40 años del golpe de estado cívico militar”. Luego, a las 19, la Iglesia Metodista propone un Culto Especial en Belgrano 355 con “momentos de recuerdos de los desparecidos y desaparecidas y testimonios sobre el fiscal Hugo Cañón fallecido en el mes de enero”.

El Departamento de Agronomía de la UNS recordará el lunes a las 16 al ingeniero y docente Juan Carlos Prádanos, al cumplirse cuarenta años de su asesinato. “Los que tuvimos la alegría de conocerlo y tratarlo queremos hacerlo en conjunto, quienes puedan y quieran acercarse a San Andrés al 800, Altos de Palihue, serán bienvenidos”.

El martes a las 19 en ADUNS, Pasaje Tres Arroyos 538, la Comisión de Apoyo a los Juicios organiza la charla abierta “Justicia y Dictadura” con un panel a cargo del abogado querellante en los juicios de lesa humanidad, Walter Larrea, la integrante de la Fiscalía General María Tieser, y lxs militantes y ex presxs políticxs Dante Patrignani y Carmen Ortiz.

La Comisión y el Bloque del Frente para la Victoria 27 de Octubre, impulsan el homenaje a quien fuera presidente del Concejo Deliberante, Jorge Valemberg, y al ex titular del bloque del FREJULI, Gerardo Carcedo. El acto fue convocado para el miércoles 10:30 en el recinto deliberativo de Sarmiento y Estomba.

El mismo día a las 19:30, en 25 de Mayo 64, la Comisión y la Asociación Judicial Bonaerense reivindicarán la trayectoria del ex fiscal Hugo Cañón y del miembro de la CONADEP y fundador de la delegación local de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Ernesto Malisia.

La noche del 23, el Centro Cultural La Panadería y Grupo Nuevodrama Teatro propone compartir la vigilia del aniversario del golpe con la presentación gratuita de la obra teatral “Arturo Ui”, desde las 21 en Lamadrid 544. A partir de las 22:30 se abrirá un espacio de expresión para músicxs, poetas y otrxs artistas.

“No olvidaremos la injusticia de ayer, tampoco la injusticia del hoy. La represión es un mal de todos los tiempos, los seres humanos aún no hemos aprendido a crear un mundo pacífico, a convivir en armonía con quien piensa o actúa diferente que nosotros”, afirmaron desde La Nave Espacio Cultural al anunciar la Varieté por la Memoria que harán el sábado 26 desde las 17 en Rondeau 998.

Memoria rosaleña

El Movimiento por la Memoria, la Verdad y la Justicia en Punta Alta (Movejupa) comenzará este viernes su programa aniversario por los 40 años del último golpe cívico militar. Será en el Instituto de Formación Docente N°79 -Rivadavia 140-, a las 19, con  la disertación del sociólogo Fortunato Mallimaci y presentación de su libro “El mito de la Argentina laica”, acompañado por la historiadora Virginia Dominella.

El lunes a la misma hora el secretario adjunto de la CTA de los Trabajadores, Daniel Pérez Guillén, brindará una charla titulada “El rol del Poder Judicial durante los gobiernos de facto” y el miércoles 23 a las 21 comenzará la vigilia con participación del voluntariado del Programa Jóvenes y Memoria y el grupo musical “Mate” en el Mural de la Memoria – Parque Sarmiento.

Finalmente, el jueves 24 a las 10 tendrá lugar el acto central por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia – Homenaje a las víctimas del Terrorismo de Estado en el hall del Concejo Deliberante puntaltense.

Integrantes de organizaciones ambientales de la ciudad participaron ayer en la Cámara de Diputados de un encuentro para debatir un proyecto de ley que logre “un equilibrio entre salud y comunicaciones” en la regulación de radiofrecuencias, “fijando límites de protección similares a las normativas más estrictas implementadas en distintos Estados” para mejorar “la calidad y objetividad de la información brindada a los usuarios sin perjudicar la eficacia o factibilidad de los servicios”.

Gladys Girotti, presidenta de Salud Ambiental en Acción y vocera del nutrido grupo de agrupaciones que participaron de la jornada consultiva, comentó a FM De la Calle que el encuentro surgió tras el “escandaloso proyecto 1941 que trataba de que las telecomunicaciones móviles fueran nombradas de interés público nacional y, de esta manera, podían poner antenas en las propiedades de todas las personas sin necesidad de pedir autorización”.

Las ONG´s y sindicatos, con el acompañamiento de lxs legisladorxs Gabriela Troiano, Carlos Rubín, Diana Conti y Carolina Gailalrd, revisaron y reimpulsaron una iniciativa que ya fue presentada en 2011, 2012 y 2014 por lxs diputadxs Verónica Benas y Antonio Riestra sin lograr su tratamiento. “Hicimos algunas modificaciones que creíamos necesarias pero los fundamentos son los mismos solo con mayor aval científico”, explicó Girotti.

Las jornadas consultivas contaron con la participación del dr. Ignacio Casas Parera, especialista en neurooncología, jefe del Departamento de Neurología del Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, quien analizó la incidencia de tumores del sistema nervioso central; la dra. María Inés Sasiain, integrante del consejo directivo de CICOP, quien se refirió al costo que representaría al Estado un incremento eventual en el número de pacientes oncológicos. Por otra parte, el bioquímico Eduardo Legaspe explicó los efectos biológicos de las radiofrecuencias y el ingeniero Guillermo Defays discutió los aspectos técnicos involucrados en la normativa.

Girotti destacó que profesionales de la salud se involucren en el tema dado que muchas veces “reconocen a sus pacientes que la causa de su enfermedad pueda ser por las antenas pero al momento de tener que salir a investigar y hablar públicamente no quieren meterse en discusiones”.

El Concejo prorrogó plazos para que las empresas adecuen sus antenas

Durante la entrevista, la titular de Salud Ambiental en Acción se mostró sorprendida por la prórroga de los plazos para que las empresas ajusten su tecnología a la normativa local. “La ordenanza 17.130 pedía que en el plazo de noventa días las empresas presentaran la declaración jurada de todo lo que tenían instalado y a partir de ahí había 18 meses para adecuación de la tecnología que tenían instalada más lo que vayan a instalar para bajar los niveles de potencia”.

 “Nos sorprendió que el miércoles, sin que haya llegado con tiempo como para que los concejales pudieran analizar la situación, se pidiera un plazo de prórroga para la presentación de estas obligaciones que tenían las empresas y darles un plazo de 24 meses. Son cosas que no entendemos, en primer lugar, por qué ampliar rápidamente los plazos, que llegue a la mañana algo para votar al mediodía que los concejales no tienen tiempo para analizar y muchos ni siquiera saben lo que es una torre antena, la mayoría no intervino cuando se votó la ordenanza en 2013. En segundo lugar, ¿para qué quieren prórroga en una ordenanza que está suspendida? Recordemos que la Municipalidad, el gobierno anterior, no presentó apelación en su defensa cuando la judicializó por quinta vez Telecom, dejó que se vencieran los plazos cuando en las cuatro veces anteriores había sido respaldada por la justicia federal”, se preguntó Girotti.

Adhieren a la iniciativa presentada en el Congreso las ONG’s Aletheia por la Vida, Nuevo Ambiente, Consumidores Responsables, Red de Barrios Irradiados, Vecinos Subestación  Sobral Ezpeleta, Asamblea Rigolleau, CTA Autónoma Provincia de Buenos Aires, ATE Provincia de Buenos Aires, Vecinos Autoconvocados de Campo Quijano (Salta), Vecinos autoconvocados de Gral. Güemes (Salta), AVDA  Asociación Vecinal en Defensa del Ambiente Gral. Cerri (Bahía Blanca), Sociedad de Fomento y Cultura de Villa Amaducci (Bahía Blanca), Sociedad de Fomento Ing. Pedro Pico, Ayuda-Le “Ayuda al leucémico” (Bahía Blanca), Vecinos Autoconvocados de Gral. Roca, Foro de la Niñez Bahía Blanca, FUNAM, Asociación Vecinal Dr. Enrique Finochietto Ciudad Autónoma,  ONG Ambiente Comarca (Tornquist), UETTEL (Unión de empleados y técnicos  de las telecomunicaciones) y Salud Ambiental en Acción Bahía Blanca, con el valiosísimo apoyo del Servicio de Paz y Justicia que preside Adolfo Pérez Esquivel.

Trabajadorxs despedidos por el gobierno de más de 100 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) en todo el país, dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, denunciaron su situación. Se trata de más “más de 170 trabajadores de los Centros de Acceso a la Justicia y los telegramas siguen llegando”.

“En Bahía Blanca se desarticuló el organismo, ya que de sus tres trabajadores 2 fueron despedidos sin justificación ni causa”.

Desde este organismo “se ofrecía a la comunidad un servicio gratuito de asesoramiento jurídico, derivación institucional, acompañamiento psicosocial y mediación comunitaria, como así también la constante articulación con los distintos organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal con el fin de garantizar el ejercicio de derechos”.

Por esto denuncian que Bahía Blanca se encuentra “sin acceso a la Justicia. El CAJ de nuestra ciudad se ve imposibilitado de poder cumplir con sus tareas como es debido, asimilándose así su situación a los más 60 Centros cerrados en todo el país por no contar con personal que los atienda, dejando a la comunidad sin este recurso fundamental que ya ayudo a más de 2 millones de personas”.

Comenzó el paro por 48 horas en la Universidad Nacional del Sur a partir de las resoluciones del último congreso de Conadu Histórica, federación que definió un plan de lucha nacional reclamando la inmediata apertura de las negociaciones que permitan un incremento salarial del 45%. Además de este miércoles y jueves, desde ADUNS se plegarán a las medidas anunciadas para el martes 29 y miércoles 30.

“La paritaria de 16 meses que nos desplazó del ciclo común de discusión de todos los estatales fue firmada, no por la Conadu Histórica, en el 2013. Hoy nuestra paritaria vence el 30 de mayo de 2016 con lo cual empezaríamos a discutir un salario a partir del mes de junio”, dijo a FM De la Calle Sergio Zaninelli, secretario general de ADUNS y gremial de la ConaduH.

La docencia universitaria, además de la apertura de paritarias, reclama la plena aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo en todas las Universidades Nacionales, derogación del impuesto a las ganancias, contra el ajuste presupuestario y en defensa de la educación pública.

Zaninelli afirmó que “si uno ve el nivel de adhesión a la medida de fuerza de hoy, claramente dejó de ser el paro exclusivo de los docentes de las escuelas medias sino que también hay un alto grado de adhesión en docentes de la universidad porque objetivamente ven que en estos primeros noventa, cien días de gobierno de Macri el ajuste al bolsillo, al poder adquisitivo de nuestros salarios, ha sido demoledor”.

Por otra parte, el congreso de ConaduH votó por unanimidad generar un encuentro con otras federaciones docentes, Conadu sería una de ellas, con la intención de coordinar un plan de lucha unificado y la redacción de un documento que describa la situación actual y los reclamos de toda la docencia universitaria y preuniversitaria.

“Se han iniciado gestiones de coordinación con otras federaciones, lo bueno es que Conadu ya ayer definió un paro de 24 horas el 30 de marzo, o sea que quizás es la primera vez en muchos años que la dos federaciones más grandes del país vayamos a un plan de lucha conjunto y eso también habla a las claras del grado de depreciación de nuestros salarios”, sostuvo el dirigente.

En tanto, las asociaciones de base de la Conadu Histórica confluirán mañana en la jornada contra la criminalización de la protesta y por la derogación del Protocolo anti piquetes lanzada por las Federaciones Universitarias de Buenos Aires (FUBA), La Plata (FULP), Comahue (FUC) y Patagonia (FUP).

“En un marco de decisiones macroeconómicas que reasignan miles de millones de dólares a los que más tienen, a nuestros chicos se les restringe la leche y el pan”, aseguraron el ex concejal Raúl Ayude, integrante de la agrupación Nuevos Vientos, y el ex consejero escolar Roberto Jarque, miembro de la Corriente Comunista David Watu Cilleruelo.

Los dirigentes repudiaron en un comunicado el anunciado recorte de los cupos en los comedores escolares y destacaron que “los desayunos, almuerzos y meriendas cumplen un rol indispensable para la educación de muchos de los alumnos, complementando la alimentación familiar deficiente”.

“Durante 2015 hubo 20.017 cupos de Desayuno Merienda Complementaria los que fueron recortados, según nota de la Dirección General de Cultura y Educación, a 16.578. 3.439 cupos menos. Por cada cupo se abona diariamente $3,95. Lo que correspondería a $300.000 mensuales. Durante 2015 hubo 3.815 cupos de Servicio Alimentario Escolar cuyo recorte en 2016 fue a 3.315, 500 menos. Por cada cupo se abona diariamente $6,30. Equivaldría a unos $ 70.000 mensuales”.

Ayude y Jarque recordaron que dichos montos no fueron actualizados desde 2014 y, por ende, perdieron poder adquisitivo, agravádose la situación con los aumentos de más del 40% en alimentos básicos desde noviembre hasta la fecha. “Sobre eso, el recorte”.

“Las escuelas hacen milagros para poder cumplir con su tarea con los montos recibidos, sufriendo el aumento de necesidad por la coyuntura económica actual. Con estas decisiones las autoridades provinciales y locales muestran hasta donde están dispuestos a llegar, presionan sobre las cooperadoras y docentes de las escuelas, intentando que estos se paren en la puerta del comedor para designar quien come y quién no”, manifestaron.

Para los referentes, “mientras se decide quitar retenciones al agro y a las mineras, se devalúa el peso con relación al dólar, con la consiguiente alza del valor de los alimentos básicos, aumentan los servicios, aumentan los alquileres, el detenimiento de la obra pública con el aumento del desempleo y la baja de las changas con las que muchas de las familias más humildes cubrían sus necesidades. La decisión que toma el Estado en ese sentido es de recortar los cupos de los comedores, único espacio de contención alimentaria de nuestros chicos”.

“Lejos de avanzar hacia pobreza cero, se avanza hacia un aumento de las necesidades y un recorte en los paliativos. Trabajo digno es la solución y nunca los comedores y las ayudas, pero estas asistencias alimentarias, en un marco de emergencia como este, se vuelven urgentes e indispensables”, opinaron.

Finalmente, desde sus agrupaciones exigieron “que se respeten los cupos solicitados por cada escuela, se actualicen los montos y se releven las necesidades de los comedores, ya que en muchos casos los chicos comen por turnos por faltas de utensilios o deficiencia en las instalaciones”.

Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia solicitaron la acumulación de cuatro causas en donde se investiga la responsabilidad de integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad en crímenes de lesa humanidad cometidos en el ámbito del V Cuerpo del Ejército.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal fundamentaron el pedido en aras de lograr mayor celeridad en las actuaciones y una valoración adecuada e integral del abundante material probatorio, y “en orden a la conexidad intrínseca existente entre los eventos que componen cada una de las causas mencionadas”.

Con 65 integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad sentados en el banquillo -25 de ellos ya recibieron condenas- por delitos de lesa humanidad contra 233 víctimas, la acumulación de las cuatro causas implica el primer “mega-juicio” en Bahía Blanca. El Tribunal que llevará adelante el debate oral y público de las cuatro causas posee la misma integración.

Comunidad de actuación

Los fiscales solicitaron la acumulación en el marco de la causa “González Chipont, Julio Guillermo y otros s/privación ilegal de la libertad”, en la que a fines de diciembre de 2014 la Cámara Federal de Casación Penal había rechazado los recursos interpuestos por las defensas de los distintos imputados y que actualmente se encuentra elevada a juicio, idéntico estado procesal que los otros tres expedientes. A la hora de argumentar el pedido de unificación, Palazzani y Nebbia señalaron la “estrecha conexidad” de este expediente con las causas “Ayala”, “Araoz de Lamadrid” y “Araujo” en cuanto a una comprensión acabada del fenómeno criminal que constituye su objeto procesal.

En este sentido, indicaron que quedó debidamente acreditada la “comunidad de actuación” de las fuerzas de seguridad, tanto en lo que respecta a la actividad de inteligencia como en la fase operativa desplegada por las unidades de la Armada y el Ejército Argentino, y las fuerzas represivas que funcionaron bajo la órbita de una y otra. Como contraparte, la persecución política en la actividad delictiva se centró en todos los casos, sobre víctimas que compartían grupos y espacios de militancia y actividad social, circunstancia “determinante” de la calidad de blanco del ataque contra la población.

“Como primera característica a señalar, todos los hechos sucedieron en el mismo espacio y período, como parte del mismo plan criminal de exterminio, ejecutado por las fuerzas armadas –el Ejército y la Armada-, y de seguridad estatales, en coordinación con factores civiles y eclesiásticos”, destacaron. Los representantes del MPF expresaron además que la segmentación del proceso en diferentes juicios iría en detrimento de una adecuada valoración de la prueba, ya que se impediría que el fenómeno criminal en toda su dimensión y complejidad pueda ser abordado y examinado de manera global en un acto único, “en claro perjuicio de la fiel reconstrucción de la verdad histórica, y de la íntegra ponderación de las responsabilidades penales”.

Impunidad biológica

La presentación de los fiscales hace hincapié en que, por la complejidad propia del terrorismo de Estado, la metodología adoptada en todo el país ha sido aquella por la cual en la medida en que se encuentre completa la investigación respecto de determinados hechos y sus responsables, la instrucción sea clausurada y elevada en tramos. Uno de los riesgos que se busca evitar es la denominada “impunidad biológica”, que se configura cuando la muerte impide el juzgamiento de los imputados, “máxime considerando que en las causas ‘Araoz de Lamadrid’ y ‘Araujo’ la mayoría de los encartados superan los 70 años, llevan varios años detenidos, y de no hacerse lugar a la unificación, deberán esperar por más de dos años para ser juzgados”.

El escrito de Palazzani y Nebbia menciona la resolución PGN 13/08 de la Procuración y la Acordada 42/08 de la Corte Suprema de Justicia, en la que el máximo tribunal señaló la “legítima preocupación por la demora en la sustanciación de los demás procesos en curso”, y el “legítimo derecho a una respuesta por parte de las víctimas y deudas”. Por último, pone de manifiesto que en algunas jurisdicciones la acumulación de causas se dispuso en la etapa de debate oral, como es el caso de las causa conocida como “ESMA III –o ESMA unificada-; en Córdoba, con el expediente 136/2009 “Menéndez, Luciano Benjamín; el juicio de La Perla; o incluso lo que sucedió con la causa “Plan Cóndor”, donde hay dos expedientes que no se unificaron pero que se sustancian en el mismo debate. “Una modalidad diferente pero con el mismo fin”, concluyeron.

Fuente: fiscales.gob.ar

La Secretaría de Gestión Ambiental del municipio informó ayer que el Comité Técnico Ejecutivo (CTE) labró un acta de infracción a la empresa Cargill S.A.C.I. por un derrame de aceite de girasol sobre el agua del estuario en el sector de “Puerto Piojo”. La empresa comunicó que el producto se derramó durante la carga de un vagón alcanzando la descarga pluvial de la planta.

Se le imputó falta al Artículo 2 de la Ley 5965 debido a que se encuentra prohibido que las entidades públicas y privadas, envíen efluentes residuales sólidos, líquidos o gaseosos, de cualquier origen, a la atmósfera, a canalizaciones, acequias, arroyos, riachos, ríos y a toda otra fuente, cursos o cuerpo receptor de agua, superficial o subterráneo, que signifique una degradación o desmedro del aire o de las aguas de la provincia, sin previo tratamiento de depuración o neutralización que los convierta en inocuos e inofensivos para la salud de la población o que impida su efecto pernicioso en la atmósfera y la contaminación, perjuicios y obstrucciones en las fuentes, cursos o cuerpos de agua.

También se le reprochó falta al Artículo 4, Inciso d, del Decreto Reglamentario 3970/90 de la Ley 5965 por la descarga de efluentes que contienen sustancias flotantes (aceite de girasol), que cambie el aspecto natural o propio de un cuerpo receptor ni ocasionar cualquier otro inconveniente.

Finalmente Cargill faltó al Artículo 1 del Decreto Reglamentario 1741/96 de la ley 11459, por incumplimiento de la Resolución 1221/00 del OPDS, debido a que no notificó inmediatamente a la Municipalidad de Bahía Blanca sobre este hecho producido en sus instalaciones, que causó la alteración e intranquilidad de los pescadores del sector.

“Se le ha solicitado se informe acerca de las medidas a tomar por parte de la empresa para evitar que este tipo de evento vuelva a producirse. Cabe aclarar que en emergencias marítimas en eventos de contaminación, Prefectura Naval Argentina es la autoridad competente”, advirtieron desde la comuna.

El acta de infracción será enviada junto a un informe de lo sucedido al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) y a la Autoridad del Agua (ADA).

Foto: @claudioaluciani

Este lunes el Local de Comercio Justo “Reloj de Arena- Estamos a tiempo si todxs ponemos nuestro granito” festejó su quinto aniversario y lo hizo inaugurando sede en Rodríguez 78. “Es una expectativa nueva, un nuevo emprendimiento que esperemos que sea para bien, van a haber muchos productos nuevos aparte de los que estaban acostumbrados a ver en el local (del Mercado Municipal) y esperamos a todos que pasen”, dijo a FM De la Calle la emprendedora Nancy Pérez.

Desde Cáritas aseguraron que “muchos aprendizajes y el trabajo constante nos llevan al desafío de seguir creciendo y mudarnos a un lugar más amplio. En este nuevo espacio, que es el fruto del trabajo de muchas familias, se comercializarán productos de emprendimientos productivos artesanales locales. La atención estará a cargo de 10 mujeres y algunxs voluntarixs que suman a la propuesta la vinculación con otros espacios que acompañamos desde la institución (producciones de la UP N°4, un banco de insumos para serigrafía y retazos del banco de telas solidario)”.

Para las productoras que forma parte también de la Feria del Lago es otro gran desafío. “Todas han crecido en estos años y esta posibilidad de venta diaria es un salto en la escala de producción, de fortalecimiento del emprendimiento y una apuesta a la organización familiar, por todo eso que sigan acompañándonos en este tramo del camino es clave”.

“Vamos a tener plantas, artesanías, ropa deportiva, ropa colegial, cosas impresas en sublimación, serigrafía, cosas personalizadas que también se pueden hacer, tejido croché y estilo country, tejido mapuche, muchas cosas lindas van a ver”, detalló Nancy.

 Durante el encuentro se comentó que todas las emprendedoras son monotributistas sociales y que desde Cáritas continúan trabajando para pasar del permiso de funcionamiento a la habilitación permanente del espacio comercial.

reloj horarios

El senador provincial Andrés de Leo se refirió esta mañana a la denuncia del juez José Luis Ares respecto al “accionar dilatorio” del Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible para controlar y sancionar a empresas contaminantes garantizando así la absolución de las mismas por la prescripción de las causas y aseguró que está trabajando en la reformulación de los plazos legales.

“He instruido al grupo de abogados que viene colaborando con nosotros en la tarea legislativa recabar toda la información para promover en el ámbito legislativo la modificación para que la prescripción se lleve por lo menos a un plazo de cinco años”, dijo a FM De la Calle el legislador de Cambiemos, quien se manifestó “en todo de acuerdo con Ares”.

En ese sentido, afirmó: “Me parece un despropósito que las contravenciones en materia ambiental sean tan breves, por varias razones. La primera porque es una mala señal hacia la sociedad que estas infracciones que a veces son de montos (altos) por la envergadura de las multas, puedan caerse cuando una multa menor por infracciones de tránsito tardan mucho tiempo en prescribir. En segundo lugar nos pone a resguardo de accionares negligentes o dolosas que pudieran haber existido en la administración pública”.

Respecto a las sumas que suelen aplicarse a las empresas contaminantes, Ares aseveró en su fallo que “generalmente resultan exiguas, cuando no insignificantes, en relación al poderío económico de las mismas”.

Al ser consultado al respecto, De Leo sostuvo que “quiero ser prudente, serio y responsable, no puedo caer en el facilismo de decir esto es poco o es mucho porque la verdad que no tengo los elementos para llegar a esa aseveración que ha hecho el juez, pero indudablemente de ser así, esto también sería materia de modificación. Lo que pasa es que en ese caso habría que ver si es por error de la legislación o por falta de criterio en la aplicación de los montos”.

La semana pasada se conoció la sentencia en la cual Ares absolvió del pago de 150 mil pesos a la empresa PBB Polisur por prescripción de una causa por haber emitido humos negros durante casi veinte minutos el 20 de abril de 2011 en la planta LHC I dedicada a la fabricación de polietileno en Ingeniero White. En su fallo el magistrado insistió en la necesidad de modificar las leyes en cuestión y denunció como “sospechoso el sistemático y burdo accionar dilatorio de los funcionarios del OPDS”.

Por ello, dio intervención al Ministerio Público Fiscal ante la posible comisión de delitos de acción pública, tales como abuso de autoridad, omisión o retardo de actos del oficio, violación de los deberes de funcionario público, entre otros, por parte de integrantes de dicho organismo ambiental provincial que en Bahía Blanca tiene sede en la mismísima Unión Industrial.

gay dowEste sábado se registró un episodio similar en Dow-PBB. Según la información oficial “el Comité Técnico Ejecutivo emitió un acta de infracción a la empresa PBB Polisur por la emisión de humo más allá de los valores legales permitidos. El incidente se produjo en la antorcha que funciona en la planta Cracker 1, tras un inconveniente en un instrumento de un compresor de hidrogenación”.

Al ser consultado sobre el cuestionamiento del magistrado, el titular del CTE César Pérez, opinó que “para estas causas un año puede ser poco tiempo para poder determinar o necesitamos que los entes que se encargan de aplicar las sanciones trabajen con celeridad en estos temas. Nosotros en un lapso de diez días elevamos el informe al OPDS. (…) Sabemos que hay trámites que tienen su demora porque necesitan alguna inspección u otro tratamiento, nosotros solamente ejecutamos la fiscalización de las empresas”.

Proyecto en el Concejo

El concejal Juan Manuel Martínez Eizaguirre solicitó mediante un proyecto de resolución a lxs legisladorxs provinciales que amplíen el plazo de prescripción previsto en el art. 33 del Decreto Ley 8031/73, a fin de evitar la prescripción sistemática de las causas contravencionales.

De igual modo, requirió a la gobernadora María Eugenia Vidal que intervenga para dar la mayor celeridad en la tramitación de las causas del OPDS.

“La demora en la tramitación de las causas por parte del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible suele provocar como resultado la prescripción de los procesos, quedando impunes los hechos que las originaron, con evidente perjuicio para el interés público toda vez que los infractores de las normas ambientales no reciben las sanciones previstas en el ordenamiento positivo, que entre otras funciones tiene una finalidad correctiva”, aseguró el edil.

(Por Francisco J Cantamutto) La política económica de Cambiemos se ha destacado por generar un notable aumento de la inflación, superando con creces cualquier herencia. El ataque al bolsillo.
Pocos fenómenos económicos tienen un impacto tan visible y directo como la inflación, notable en las compras cotidianas, que permiten a cualquiera tener una noción. Y sin embargo, la discusión científica sobre su medición y sus causas es compleja, normalmente en el debate por marcados sesgos ideológicos.
Los últimos años han sido muy prolíficos en este debate, debido a la evidente reaparición del fenómeno. Argentina tiene una larga historia con la inflación, encontrando incluso episodios hiperinflacionarios que sirvieron de excusa para programas económicos muy regresivos: el ocasionado por Celestino Rodrigo en 1975 (prolegómeno de la avanzada neoliberal), las explosiones en la sucesión de Alfonsín a Menem (1989 y 1990, prolegómeno de la Convertibilidad). La lógica es relativamente simple, y no por eso menos efectiva: crear caos económico para justificar medidas regresivas, vendidas como la solución. Sin que nos hayamos siquiera acercado a una híper, lo cierto es que la dinámica inflacionaria de dos dígitos que arrastramos desde hace algunos años sirvió de excusa a la entonces oposición para fomentar el programa de ajuste que hoy aplican en el gobierno.
Es posible que la explicación más difundida de la inflación es la promovida por el neoliberalismo, repetida hasta el hartazgo: el Estado gasta de más y para financiarse usa la “máquina de imprimir billetes”, lo que genera inflación. Cuando además se acusa al gobierno de populista, se repite otro anatema neoliberal –legado de un pésimo estudio de Dornbusch, autor muy leído en los cursos de macroeconomía básica- que es señalar que este gasto estatal busca redistribuir “lo que hay”, dañando la producción. El legado último del populismo sería entonces estancamiento e inflación. No es difícil ver –no hay que ser economista para entenderlo- que se trata de un dogma político, que se esfuerza por enseñar que el más mínimo intento de modificar la situación social se paga caro (ver si no, la evidente avanzada política sobre los gobiernos populares de la región).
El mérito neoliberal es haber vuelto sentido común este dogma, que se pretende como argumento aún cuando carece de pruebas. La ventaja política es simple y perversa: siempre desde un punto de vista liberal, se presenta al Estado como una entidad ajena, separada incluso, extraña a la sociedad, cuyo accionar siempre es opresivo. Si hay inflación, la culpa no tiene que ver con clases o dinámicas propias de la sociedad y el mercado: se trata del monstruo que imprime billetes. Y si este es el problema, la solución es su subversión: evitar que emita billetes, evitar que gaste.
El programa de Cambiemos es explícito y claro en esto: el ataque a la inflación viene por la vía de reducir cierto gasto público y evitar monetizar lo que quede. La reducción del gasto está expresada en el recorte de subsidios de las tarifas y los despidos masivos, mientras que otros gastos no se tocan –como los sueldos de funcionarios políticos. Para evitar emitir por el saldo restante, su proyecto es financiarlo con deuda: por ello el énfasis obsesivo del gobierno para arreglar con los fondos buitres. Vale aclarar que la nueva toma de deuda financiaría el mismo programa de ajuste, incrementando sus costos vía intereses, con lo cual ese camino sólo lleva a mayores problemas que los actuales.
¿Y qué está pasando con la inflación? Son conocidos los problemas de credibilidad que arrastra el INDEC desde la intervención en 2007. Como “solución”, el nuevo gobierno ha procedido a un “apagón” de información, dejándonos sin datos hasta agosto. Si usamos los datos de las consultoras privadas, auspiciados en el Congreso, o el del instituto de estadística de CABA, el resultado es incontrovertible: la inflación, aunque alta, venía desacelerándose el último año, y a partir de noviembre ha sufrido una marcada aceleración. Esto significa, sin dudas, que Cambiemos le agregó varios puntos a la “herencia”.
¿Cómo los agregó? Mediante el anuncio de la devaluación en campaña, su puesta en práctica inmediata al asumir, la quita de retenciones y liberación de cuotas para la exportación de productos de la canasta básica, el aumento de tarifas de electricidad (y anuncio de aumento de gas y transporte), la nueva devaluación de febrero y la desarticulación del programa Precios Cuidados (despidos filmados incluidos). Todas resoluciones del nuevo gobierno que elevaron la inflación, que son de su exclusiva responsabilidad.
Los datos relevados muestran que estas medidas han acelerado el ritmo de aumento de precios. Haciendo números redondeados, la tasa mensual fue del 4% en diciembre y enero, y 5% en febrero. Ese ritmo marca un 35% de inflación respecto del año pasado. Pero si extendemos este ritmo al resto de 2016, indicarían un incremento total del 60%. Un trabajo firmado por Panigo, Rosanovich, García y Monteagudo –provenientes de diversas universidades nacionales- calculan que el efecto dispar de esta aceleración, que afecta particularmente a las clases populares, debido a la mayor incidencia de la canasta de alimentos y servicios básicos en su consumo, que son justamente los rubros de mayor aumento relativo (frente a otros servicios). Así, calculan que en CABA, mientras que quienes se ubican en el primer decil de la distribución de ingresos (los hogares más pobres) perdieron casi 24% de su ingreso en los últimos meses, quienes se ubican en el decil 10 (los hogares más ricos encuestados), perdieron “apenas” el 11%. Es decir, el costo de la inflación no se reparte parejo. Vale recalcar que en este cálculo no incluye –debido al alcance de la encuesta- a los verdaderos ricos del país, los dueños de las grandes empresas, quienes difícilmente hayan perdido.
Es que, en última instancia, son los despidos y la reducción del salario real los que llevarán a una caída de la demanda y una recesión –ambas ya en curso. La recesión será la que ponga límite al aumento de precios. El gobierno contribuye activamente a esta recesión, al elevar la tasa de interés de referencia del Banco Central al 38%, con la excusa de atraer capitales, lo que hace inviable cualquier inversión productiva. Al evitar monetizar, genera iliquidez, lo que impulsa la recesión. De allí que las expresiones sobre el impulso a la inversión, y la toma de deuda como salida al ajuste son simples engaños, como nos acostumbró Cambiemos desde la campaña. El ajuste ya está en curso, y las políticas de este gobierno van en esa misma dirección.
Qué parte de este programa es perversidad y qué parte ideología pura, es difícil de determinar. Lo que queda claro es que es un programa a favor de unos pocos. Quizás su crítica a la inflación durante el kirchnerismo era que no lo hacían con suficiente brutalidad.

(Por Laura García Vazquez) El presidente Mauricio Macri en su discurso frente a la Asamblea Legislativa dijo: el año del Bicentenario sin nombrar la palabra Independencia. Similar “olvido” sucedió durante su jura, en este caso la olvidada fue la palabra “patriotismo”.

Como hemos venido señalando, y en esto las palabras ganadas o perdidas son cruciales, en una economía gobernada por los países dominantes con el papel destacadísimo de las empresas llamadas “transnacionales” defender el “interés nacional” en sentido soberano es una condición de defensa fundamental para cualquier país dependiente y nosotros somos uno de ellos. Por eso la política basada (solamente) en llevar adelante negocios privados y extranjeros  es funesta para los países dependientes, como el nuestro.

Este período, el de los primeros meses de gobierno de Cambiemos, está produciendo muchos daños, pero, es necesario señalar el daño cultural que promueve hacia toda la sociedad en lo que representa la desaparición simbólica del país, de la nación, de la soberanía, no solamente por la falta de un proyecto sino también por las ausencias simbólicas de los intereses que todos los argentinos debiéramos defender. Me refiero puntualmente a la palabra Independencia, justamente, en el año del Bicentenario. El gobierno profundiza la dependencia y no pronuncia la palabra Independencia, es decir, la hace “desaparecer”.

Este hecho trajo a mi pensamiento una frase de John Berger, de su libro “Modos de ver”:  “Una persona o una clase que es aislada de su propio pasado tiene menos libertad para decidir o actuar que una persona o una clase que ha sido capaz de situarse a SÍ misma en la historia. “

Parece una trampa del destino, una ironía cruel de la historia, algo que todos nuestros hermanos que han dado la vida por la descolonización de nuestro país no merece, que el año 2016, el del Bicentenario de la declaración de nuestra INDEPENDENCIA nos encuentre en esta situación, con un gobierno recientemente elegido que cínicamente habla sólo de la igualdad de oportunidades, un concepto inconsistente si contemplamos el aumento de los alimentos en estos meses y lo comparamos con los salarios, y también habla, de esperar años para que lleguen las “supuestas mejoras”, mientras todas sus medidas económicas han empobrecido al pueblo y profundizado la desigualdad. No hay medidas compensatorias, porque, según el presidente Mauricio Macri,  todo depende de cada uno.

El juez correccional José Luis Ares absolvió del pago de 150 mil pesos a la empresa PBB Polisur por prescripción de una causa por haber emitido humos negros durante casi veinte minutos el 20 de abril de 2011 en la planta LHC I dedicada a la fabricación de polietileno en Ingeniero White. En su fallo el magistrado insistió en la necesidad de modificar las leyes en cuestión y denunció como “sospechoso el sistemático y burdo accionar dilatorio de los funcionarios del OPDS”.

Por ello, dio intervención al Ministerio Público Fiscal ante la posible comisión de delitos de acción pública, tales como abuso de autoridad, omisión o retardo de actos del oficio, violación de los deberes de funcionario público, entre otros, por parte de integrantes de dicho organismo ambiental provincial que en Bahía Blanca tiene sede en la mismísima Unión Industrial.

“Algo está fallando en la sistemática normativa y/o en su interpretación, en cuanto a la proporcionalidad y razonabilidad, cuando la acción contravencional por cruzar un semáforo en rojo o contaminar con la combustión de un automóvil, tiene un plazo de prescripción de cinco años y la acción por contaminar el ambiente a través de una planta industrial prescribe al año, dada una interpretación analógica (que no comparto), por existir un vacío legal”, escribió Ares.

El magistrado sostuvo que “existió una incomprensible e injustificable demora en la tramitación del proceso, en un largo y tortuoso camino hasta” sus manos: “la resolución sancionatoria, que como se dijo fuera dictada el 9/05/12, recién se notificó a la empresa imputada el 22/11/13, es decir un año y medio después. El recurso de apelación fue interpuesto el 2/12/13 y recién fue concedido el  9/12/14, es decir un año después. Y el ingreso a este juzgado, previo registro y sorteo por parte de la Cámara Penal departamental, se produjo un año después, el 9/12/15”.

Ares afirmó que “es esta cuestión de la calidad de vida de mis convecinos y los riesgos implicados en la actividad industrial en esta ciudad, que posee un enorme complejo petroquímico, la que genera preocupación por la cancelación de toda posibilidad de sancionar a las empresas que de algún modo contaminen el ambiente”.

“Es que sin perjuicio de que resulte difícil establecer el grado de motivación en la norma por parte de las empresas, y el efecto preventivo de la amenaza de sanciones pecuniarias, que generalmente resultan exiguas, cuando no insignificantes, en relación al poderío económico de las mismas, lo cierto es que con un plazo de prescripción de un año siempre la acción contravencional se va a extinguir sin poderse ejecutar las multas aplicadas, si es que se aplican, por cuanto las enormes, incomprensibles e injustificadas demoras en la tramitación de estos procesos por parte del OPDS, en casos que, en su mayoría no presentan complejidad y se resuelven con las actas y el descargo, hacen que muy probablemente lleguen a los juzgados correccionales ya operada la prescripción (como en el presente caso), o bien ello ocurra al recurrir la empresa a las instancias superiores (Cámara y Suprema Corte)”, falló.

La resolución firmada a principios de marzo fue enviada no solo a las autoridades de la Fiscalía General platense, a cargo de Héctor Ernesto Vogliolo, sino también a las autoridades políticas locales y provinciales en la figura del ministro de Gobierno bonaerense, Federico Salvai, el intendente Héctor Gay y el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Vitalini.

El fiscal Gustavo Zorzano imputó a tres ex funcionarios del gobierno de Gustavo Bevilacqua por su responsabilidad en la muerte de Daiana Herlein tras la caída de una rama sobre su cabeza en el Parque de Mayo.

Se trata de los ex directores de Parques Municipales Marcelo Caramelli y Oscar Abraham, acusados de homicidio culposo e incumplimiento de deberes de funcionario municipal y del ex titular de la Agencia Urbana, Marcelo Lenzi, a quien se le achaca el incumplimiento de sus deberes.

“Es un avance, esperamos que a partir de estas indagatorias, específicamente la que pueda aportar el señor Abraham, pueda llegar a decir en la justicia lo que ya ha dicho en el Concejo Deliberante acerca de las maniobras realizadas por (el ex secretario privado del intendente Martín) Laplace, enviado por Bevilacqua imagino, para que consiga un contacto en Buenos Aires y frene la causa”, dijo a FM De la Calle el abogado Leandro Aparicio.

El representante de la familia de la adolescente agregó que “estamos convencidos que no tiene la misma responsabilidad Abraham que Caramelli. Caramelli estuvo durante mucho tiempo en el parque, sabía todo lo que pasaba, en el parque lo que hacía era coimear, pedir plata para sacar árboles, no sacar los árboles que tendría que haber sacado, vender árboles nuevos a distintos hornos. Abraham estuvo solamente un mes y pico y creemos que él no tenía conocimiento de lo que estaba pasando, tuvo buena voluntad como para no solamente ponerse a disposición de la familia después del incidente sino decir las cosas que dijo”.

“También queremos probar cómo la municipalidad trató de encubrir cuando mandaron a sacar el árbol después de que cayó sobre la nena. Esa circunstancia también se la dijo la misma Lorena Zerneri el mismo día y el fiscal, a 25 cuadras de donde estaba él con un coche oficial a las 11 de la mañana un día hábil, no se tomó la molestia de ir a corroborar lo que le estaba diciendo la víctima sino que dijo ‘yo no puedo desconfiar de la gente que está haciendo su trabajo'”, comentó.

El abogado no descartó que en las próximas instancias la mamá y el papá d Daiana soliciten el cambio de la acusación que pesa sobre los ex funcionarios de homicidio culposo a homicidio doloso.

“Porque alguien no hizo lo que debía hacer murió alguien”

A dos años de la muerte de Daiana, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad en su última sesión un proyecto de ordenanza por el que se reserva el nombre de “Daiana Herlein” a un sector del Parque de Mayo de nuestra ciudad. La iniciativa del ex edil Manuel Mendoza no había reunido los votos con la composición anterior del cuerpo.

“Tiene que ser un reconocimiento para que especialmente quienes cumplimos la función pública aprendamos de lo que pasó con Daiana Herlein, y si va a tener algún efecto didáctico el Paseo Daiana Herlein va a ser que cuando pasemos por allí nos acordemos qué fue lo que pasó y cuánto tenemos que aprender de lo que pasó”, declaró el concejal Gustavo Mandará y destacó que por “esta tragedia, accidente, llámenlo cómo quieran” y “porque alguien no hizo lo que debía hacer, murió alguien”.

El presidente del bloque del FpV recordó también que las acciones del gobierno del ahora diputado nacional del Frente Renovador, Gustavo Bevilacqua, derivaron en una “larga serie de desaciertos que sometieron a la ciudad a un dolor político como me parce no hubo antecedentes”.