Al parecer, el plan nacional de desarme no ha calado hondo en la justicia de Bahía Blanca. Santiago Ulpiano Martínez, el apenas secretario letrado que hasta junio pasado subrogaba el juzgado federal 1 de Bahía y tenía bajo su guarda a todos los aproximadamente 70 represores bahienses, mantenía a más de una docena de ellos detenidos en sus casas y con armas cargadas en el placard. Quedaron al descubierto el mes anterior, cuando Alejo Ramos Padilla, el juez subrogante que reemplazó a Martínez, cruzó los nombres de los reclusos que tenían detención domiciliaria con el registro de portadores de armas que lleva el R.E.N.A.R.

Así comprobó que dieciséis detenidos por violaciones a los derechos humanos en la ciudad portuaria del sur gozaban de ese riesgoso privilegio. Expeditivamente, ordenó los allanamientos, pero los resultados no fueron los mejores: sólo en cinco de los dieciséis casos las fuerzas de seguridad dieron con las armas de fuego que los reos habían declarado tener. El panorama fue detallado en un informe que el juzgado incorporó a un incidente de la causa 15000005/2007, al que accedió Infojus Noticias.

Santiago Ulpiano Martínez y el abogado Claudio Pontet fueron apartados por el Consejo de la Magistratura en junio de este año, denunciados por poner palos en la rueda de los juicios por delitos durante la última dictadura y por fallos exprés favorables para algunos sospechosos de fuste como el empresario mediático Vicente Massot. Cuando Ramos Padilla asumió la subrogancia, encontró al juzgado en una situación alarmante: los plazos de muchas prisiones preventivas y sentencias estaban vencidos, había indagatorias pendientes hasta de dos años antes, y se encontraron más de 40 panes de droga en la terraza del juzgado y más de ochenta pistolas, revólveres y escopetas, algunas con municiones, sueltas por el despacho.

Pero el caso de los condenados o procesados por crímenes en la última dictadura fue la gota que rebalsó el vaso. Ramos Padilla ordenó quitarle las armas y revocar la prisión domiciliaria, excepto a quienes por su estado de salud tienen razones de fuerza mayor. Tener armas, “acredita objetivamente un incremento de envergadura de los riesgos procesales, ya sea de entorpecimiento de la investigación o del peligro de fuga”, concluye el magistrado.

Los cinco presos armados

Raúl Oscar Otero era un oficial del Batallón de Comunicaciones 181 que lideraba la compañía de Combate. Tenía bajo su mando un grupo de soldados especialmente entrenados para la “lucha contra la subversión”. Entre sus hombres más certeros, estaba el subteniente Videla y un cabo primero de apellido Peralta a quien apodaban “el loco de la guerra” porque siempre estaba lleno de armas entre sus ropas. Otero tenía la credencial de Legítimo Usuario vencida, y estaba inhabilitado desde el año 2013 por el R.E.N.A.R.

El ex cabo José Marcelino Casanovas fue detenido en noviembre de 2013 en la ciudad patagónica de Zapala, acusado de varios secuestros agravados y un homicidio. La fiscalía federal de Bahía Blanca le imputa, además, haber ejercido violencia sexual sobre una mujer secuestrada. Entre las armas que tenía en su poder, había una Bersa calibre 22 con balas en la recámara. El R.E.N.A.R. no había hecho la inhabilitación preventiva.

Alberto Magno Nieva, ex Sargento de Infantería del Quinto Cuerpo de Ejército, integró el “Equipo de combate” y está procesado, además de por secuestros y torturas, por el homicidio calificado de Luis Alberto Sotuyo, Dora Rita Mercero de Sotuyo, Roberto Adolfo Lorenzo y Nancy Griselda Cereijo. Desde 1976 hasta 1978, obtuvo 100 puntos sobre 100 en los informes de calificaciones firmados por los generales René Azpitarte y José Antonio Vaquero: tenía muy buena puntería. El conscripto Norberto Cevedio lo oyó decir —y lo declaró en la justicia— que “había limpiado” a Sotuyo y por eso no quería ser visto por los familiares de la pareja que iban al V Cuerpo de Ejército buscando información sobre su destino. Nievas, con un estado de salud estable, tenía una credencial de legítimo usuario vencida desde 2002. Una de las armas registradas no fue hallada mientras revisaban su casa y tenía un arma Ballester calibre 22 cargada.

Walter Bartolomé Tejada fue condenado a prisión perpetua el 6 de noviembre de 2012. Se le probó ser responsable de sustracción, retención y ocultamiento de menores; cientos de privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos y homicidio calificado por alevosía de tres personas. No tenía credencial de legítimo usuario y estaba inhabilitado por el R.E.N.A.R. desde el año 2013.

Pedro José Noel es un oficial retirado de la Policía Bonaerense que fue apresado en febrero de 2012. Hasta 2011 había tenido trabajo: era el director de la Biblioteca Popular “José Hernández” de la localidad de Cerri, cercana a Bahía Blanca. Al igual que Casanovas, Noel fue acusado por haber ejercido violencia sexual sobre dos mujeres. El hombre tenía una credencial de legítimo usuario vencida desde 2005, y estaba inhabilitado por el R.E.N.A.R. Una de las armas que le encontraron —una Taurus calibre 38— estaba lista para disparar.

Los once que “no las tenían”

Los once presos restantes, ensayaron excusas más o menos insólitas para explicar por qué no tenían las armas declaradas. A seis de ellos —Juan Manuel Bayón, Oscar Lorenzo Reinhold, Mario Alberto Gómez Arenas, Gustavo Abel Boccalari, Vicente Antonio Forchetti, Luis Alberto Farías Barrera—, les revocaron sus prisiones domiciliarias. Bayón —condenado a prisión perpetua— y Gómez Arenas respondieron varios días más tarde, a través de sus abogados, que las armas estaban bajo la custodia de sus hijos.

Boccalari mostró un documento privado, de un traspaso informal de las armas a la casa de su garante. A Forchetti, que está alojado en el penal de Ezeiza y pidió la prisión domiciliaria, será difícil que se la acepten. Farías Barrera jura haber extraviado cinco armas de fuego registradas a su nombre, pero ni siquiera hizo la denuncia. Reinhold ni siquiera se molestó en dar explicaciones.

Los otros cinco mantuvieron sus prisiones domiciliarias. Luis María Delaico explicó que sus armas fueron secuestradas por el Juzgado de Instrucción 26 de la C.A.B.A. Enrique Braulio Olea demostró que una inhibición general de bienes del Juzgado Federal n° 2 de Neuquén le impide traspasarlas. José María Martínez devolvió sus tres revólveres a la Delegación Bariloche del R.E.N.A.R. Osvaldo Antonio Laurella Crippa se acogió a la entrega voluntaria del Programa Nacional del R.E.N.A.R. Y Carlos Andrés Stricker aportó documentación que prueba que entregó las suyas al R.E.N.A.R.

Fuente: InfojusNoticias.

Foto: Sol Vázquez.

Diez días hábiles. Ese es el lapso que tiene el suspendido magistrado Néstor Montezanti para contestar y, a la vez, ofrecer prueba que refute las acusaciones en su contra, luego de haber sido notificado sobre su juicio político. Además, podrá realizar otro tipo de presentaciones aunque, por el momento, Montezanti –que presidía la Cámara Federal de Bahía Blanca– no recusó a ninguno de los integrantes del tribunal que deberá juzgarlo.

“Ayer se notificó al juez acusado del traslado de la acusación y tiene diez días hábiles para contestar los cargos y ofrecer prueba”, explicaron fuentes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a Infojus Noticias. También se conocieron los nombres de los abogados que el juez designó para su defensa: se trata de Ignacio Irigaray y de Gastón Yaryura Tobias.

Irigaray fue uno de los abogados del fiscal de Saavedra, José María Campagnoli –el otro era Ricardo Gil Lavedra–, en el juicio político inconcluso que se llevó adelante contra Campagnoli en el Ministerio Público. Ahora, ya aceptó oficialmente el cargo para representar a Montezanti, mientras que Yaryura Tobias no lo hizo aún pero puede hacerlo “en cualquier momento”, explicaron.

Desde el tribunal, indicaron que según los tiempos que se manejan, el debate podría iniciarse en diciembre próximo. Hay que recordar que según el artículo 115 de la Constitución Nacional el Jurado de Enjuiciamiento tiene 180 días para emitir una sentencia en el proceso.

El 10 de septiembre pasado, el Consejo de la Magistratura suspendió y envió a juicio político a Montezanti por mal desempeño en sus funciones. El magistrado está acusado de haber pertenecido a la Triple A y de haberse desempeñado como agente de inteligencia durante la última dictadura.

El dictamen que lo envió a juicio político le endilga al magistrado “haber desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los Derechos Humanos” y la “falta de idoneidad moral y de vocación democrática”. Además del hecho de “haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes” e incluso con los consejeros.

La semana pasada, el juez federal Alejo Ramos Padilla le prohibió la salida del país a Montezanti en la causa en la que está siendo investigado por delitos de lesa humanidad, ocurridos en la última dictadura cívico–militar.

Entre otras cosas, a Montezanti se lo investiga por su participación en el secuestro, privación ilegítima de la libertad, amenazas y secuestro de Jorge Omar Riquelme Esparza, en 1977. Riquelme Esparza trabajaba en el Hospital municipal de Bahía Blanca como enfermero hasta donde llegaron policías y miembros del Ejército que se lo llevaron al Comando del Ejército.

Allí, fue interrogado sobre su ideología y sus contactos y habría sido obligado a punta de pistola por el entonces abogado apoderado de UOM –el hoy juez Montezanti–, quien le habría hecho firmar unos documentos. Abogado por aquellos años, Montezanti tenía entre sus clientes a las 62 Organizaciones Peronistas, el movimiento sindical de la ortodoxia del PJ.

El viernes de la semana pasada juraron los últimos miembros que faltaban y el tribunal para juzgarlo quedó formalmente constituido. Ésta está integrado por los jueces Miguel Caminos, del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3; y Otmar Osvaldo Paulucci, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Rosario N° 1; las senadoras Sigrid Elisabeth Kunath (FpV) y Silvia Elias de Pérez (UCR); los diputados Alejandro Abraham (FpV) y María Soledad Carrizo (UCR); y el abogado Santiago Pini.