La periodista Jesica Ripodas relató algunos de los episodios de violencia que sufrió en el ejercicio de su profesión en diferentes medios y etapas de su carrera.

Lo hizo rodeada de sus compañeras de la Red de Comunicadoras de Bahía Blanca, en el marco de la presentación de los resultados de la encuesta sobre violencias realizada a más de un centenar de trabajadoras de medios locales.

“A mí me pasa algo particular que tiene que ver con el amor a la profesión -aseguró-. La primera vez que se me pasó por la cabeza trabajar de esto me encantó y le puse toda la garra. En el camino me encontré con situaciones poco felices pero nunca, nunca, ni cuando tenía 23 años, me permitieron que bajara los brazos. Por momentos me sentí mal por eso pero siempre decidí seguir adelante con la decisión de laburar pese a todas”.

“Sí hoy, de la mano de todas ellas, puedo ver que un montón de cosas no fueron gratis. Cuando tenía veinti tantos años, estaba trabajando en un medio de comunicación y, en un momento determinado, cuando el dueño decide echarme y yo respondo con la demanda desde el punto de vista laboral y legal, me cruza en la Municipalidad de Bahía Blanca -yo estaba trabajando con otro medio- y me pega una trompada”.

Recordó que “con mis veinti tantos años y con un micrófono en la mano. Tenía un par de compañeras al lado mío. Fuimos a la fiscalía a hacer la denuncia -con esa edad y con el miedo pertinente- y no sabíamos cómo iba a terminar esa situación. Yo no sabía si iba a poder conseguir otro trabajo y la seguí remando”.

“Pasaron más de diez años y cuando estaba embarazada, no hace mucho tiempo, el gerente de un canal decidió hacer lo suyo: hostigarme, maltratarme, intentar cambiar mi horario porque no era servil a algunas cuestiones que no debía serlo, honestamente creía que no. Tenía temor de perder mi trabajo y denuncié porque no corresponde. Veía el sufrimiento, primero mío cuando estaba embarazada, y cuando no me permitió amamantar porque quería hacer lo que se le antojaba conmigo, me iba llorando y él me disfrutaba. Así y todo junté las ganas que tenía o lo poco que me quedaba y me fui a hacer la denuncia”, dijo.

Ripodas destacó que “en todos los casos hice la denuncia. No sé si mañana voy a seguir teniendo trabajo, pero sí sé que me fui siempre con la frente bien alta. Y otra cosa sé: que no quiero que a ellas les pase lo mismo. Yo no lo voy a permitir”.

Se proyectará el documental Ni Un Pibe Menos, dirigido por Antonio Manco. La actividad, organizada por La Garganta Poderosa, será este sábado a las 14:30 en el espacio cultural “Casa del Pueblo” de Saavedra 282.

“Este caso es con lo que empezó La Garganta Poderosa. Se visibiliza la historia de Kevin, un nene de 9 años de Zavaleta que en una zona liberada y, tras una balacera, muere debajo de la mesa de su casa”, dijo Rocío Soto a FM De la Calle.

Agregó que a partir del hecho, “la asamblea de vecinos dijo ‘acá no tiene que morir ningún Kevin más’ y activó el control popular de la policía. Se encargan de vigilar a quienes debería cuidarnos. Se generó este espacio que hace lo que el Estado debería hacer. Hasta hoy se están recibiendo denuncias de abuso policía. Ese crimen todavía está impune, se sigue luchando, se siguen haciendo marchas para terminar con esta impunidad”.

Respecto a la militancia barrial en la ciudad, Rocío señaló que están intentando “terminar de cerrar el vagón, que está restaurado en la calle Santa Cruz al 3300 y estamos trabajando en los barrios Tierras Argentinas y Puertas del Sur”.

“Estamos trabajando la educación popular con ESI y también se están activando las escuelitas de fútbol para contención de los chicos. Estamos pensando en hacer ollas populares. En enero cierra el merendero que está dentro del barrio y los comedores, se toman un mes pero por más que se vayan de vacaciones los chicos tienen que seguir comiendo”.

El Juzgado Federal N° 1 amplió las imputaciones contra 25 acusados por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos. Uno de los tres fallos refiere a la violencia sexual ejercida sobre las mujeres en los lugares de cautiverio por parte de 15 militares.

En la causa se investigan crímenes cometidos por el Comando V Cuerpo de Ejército y/o las unidades militares, policiales y de seguridad bajo su control. La Fiscalía apeló parcialmente las sentencias por no haberse aceptado el pedido de prisión preventiva para los represores.

Los procesamientos se suman a los del oficial médico del Hospital Militar de Evacuaciones 181 Humberto Luis Fortunato Adalberti, por el secuestro agravado y los tormentos agravados en perjuicio de Mario Orlando Dalhoff, la ampiación del procesamiento del enfermero militar Adalberto Osvaldo Bonini por el secuestro agravado y los tormentos agravados de los que fue víctima Alicia Mabel Partnoy.

En el marco de la misma investigación se espera que el tribunal oral fije fecha de inicio a un nuevo debate oral. Será el juicio más grande que se haya realizado en Bahía Blanca con 46 imputados (15 de los cuales serán juzgados por primera vez), 231 víctimas (77 de las cuales llegan por primera vez a juicio) y –por el momento– más de doscientos nuevos testigos.

Los fallos

El 4 de noviembre el Juzgado amplió el procesamiento de Osvaldo Bernardino
Páez, Guillermo Julio González Chipont, Walter Bartolomé Tejada, Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel, Norberto Eduardo Condal, Osvaldo Lucio Sierra, Víctor Raúl Aguirre, Alejandro Osvaldo Marjanov, Antonio Miguel Seghighi, Alejandro Lawless, Raúl Esteban Andrés, Vicente Alfredo Flores, Enrique Stel y Eduardo Carlos Videla en relación a los abusos sexuales cometidos en perjuicio de dos mujeres mantenidas en cautiverio en el Batallón de Comunicaciones 181, una de ellas víctima de violación.

La Fiscalía informó que la acusación por el secuestro y los tormentos de ambas víctimas será analizada en el próximo juicio de la causa Ejército.

El 11 de noviembre un nuevo fallo amplió el procesamiento de 18 imputados en relación a hechos sufridos por tres víctimas. Por el homicidio bajo modalidad de desaparición forzada de Manuel Alberto Ruzo fue procesado Ricardo Claudio Gandolfo. Y respecto al homicidio agravado de Pedro Benigno Gutiérrez resultaron procesados Jorge Aníbal Masson, Mario Alberto Casela, Walter Bartolomé Tejada, Osvaldo Lucio Sierra, Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel, Norberto Eduardo Condal, Víctor Raúl Aguirre y Enrique José Del Pino.

Igual medida se dictó en relación al secuestro agravado y las torturas agravadas sufridas por María Eugenia Flores Riquelme respecto a Osvaldo Bernardino Páez, Walter Bartolomé Tejada, Guillermo Julio González Chipont, Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel, Norberto Eduardo Condal, Víctor Raúl Aguirre, Felipe Ayala, Raúl Artemio Domínguez, Desiderio Andrés González, Arsenio Lavayén, Gabriel Cañicul y Héctor Luis Selaya.

Por el último, el miércoles pasado, el Juzgado dispuso ampliar el procesamiento de Walter Bartolomé Tejada, Norberto Eduardo Condal, Carlos Alberto Taffarel y Víctor Raúl Aguirre por los secuestros agravados y las torturas agravadas cometidas en perjuicio de Carlos Gustavo Domínguez y Marina Marcela Herrero; así como el procesamiento de Jorge Horacio Granada y Guillermo Julio González Chipont por el caso de Herrero.

Concejales de Cambiemos de Coronel Suárez pretenden aprobar este jueves, en la última sesión antes del cambio de gobierno, una normativa que habilita a fumigar a 50 metros de las viviendas y a 30 metros de cursos de agua. Otro proyecto presentado por integrantes de la comunidad buscaba legislar hace más de un año en resguardo de la salud de la población.

Lucia Borsella, integrante de la ONG Evolución Ambiental señaló a FM De la Calle: “El martes presentó un proyecto un funcionario de Cambiemos, dueño de una de las agronomías dentro del pueblo, con pretensiones que se apruebe mañana (por hoy). Quieren tratarlo sobre tablas y que en la última sesión se apruebe que nos fumiguen en la vereda de enfrente a las casas”.

“Sabemos que lo necesario es la prohibición de la aplicación de agrotóxicos. Presentamos un proyecto de ordenanza que estuvo cajoneado y, meses antes de las PASO, nos dijeron que si no lo presentábamos por un bloque no iba a salir. Fuimos a ver concejales, hubo reuniones, negociamos metros, era hasta 600 metros con la promesa de año a año ir extendiendo. Llamamos a pediatras, médicos, ingenieros, venimos haciendo un trabajo profundo”, dijo.

La suarence comentó que están “rodeados de campos, los barrios que se expandieron lindan con las fumigaciones, recibimos constantemente fotos, denuncias, no hay nada que lo prohíba. Quienes están en agroindustria no tienen la voluntad de tomarnos la denuncia. Plantean que el vecino tiene que pagarles el combustible para que se acerquen a corroborar las denuncias. Quienes nos representan son los dueños de las agronomías y quienes nos fumigan. En estas cuestiones no hay grieta”.

El proyecto plantea una “zona de amortiguamiento” de mil metros, sectores donde no se puede aplicar otros productos que no estén bajo la denominación “Banda Verde”. “Uno de los productos banda verde es el glifosato”, comentó Borsella.

“En Suárez tenemos mas de 30 depósitos de expendio de agroquímicos, chicos que asisten a escuelas rurales, docentes que tienen cuestiones que les hacen ruido pero por una cuestión de dependencia laboral no se denuncia. A las docentes nos sucede que muchos de los dueños de campos donan el chancho para la rifa, sostienen algunas cuestiones que hacen que tampoco se animen y puedan cortar con este juego bastante macabro”, finalizó.

Un plenario de comisiones del Concejo Deliberante reunió a concejales, integrantes de la Comisión de Arbolado Urbano, representantes del grupo inversor y funcionarios municipales. Una vez más el tema de análisis fue la propuesta para eliminar la Plaza Lavalle para construir cocheras subterráneas y una plaza seca.

Desde la Comisión destacó la ausencia de la jefa del Departamento de Parques Municipales, Erica Gutiérrez.

“Es un proyecto bastante ambiguo, en modo de boceto de como llevar a cabo la modificación de la plaza. El gran ausente fue la pata del Estado municipal que lo propone y lo impulsa. Ahí sale a la luz que no todo es tan sencillo de llevar a cabo y algunas cosas son totalmente inaplicables como sacar el arbolado y trasladado a otro lugar”, dijo a FM De la Calle Mercedes Insausti.

Según la ex concejala, la propuesta “no es sólida en concepto, no tienen en claro cómo van a trasladar el arbolado, ellos dicen que en vez de perder verde van a ganar porque van a extender la peatonal a las calles aledañas donde se va a tratar de hacer una especie de polo gastronómico, donde se harán canteros con arbustos. Esto no garantiza la presencia de árboles y sí condicionan a una plaza seca. Para llevar a cota cero la plaza que está a un metro veinte si o si se habla de sacar árboles”, destacó.

Insausti afirmó que se pidió información concreta: “No la tenían a mano, dijeron que lo de las cochearas era un medio para poder financiar la propuesta, no lo discutimos como tal. El tema es que necesitamos mayores precisiones, no se puede perder más verde en la ciudad”.

El oficialismo busca declarar el proyecto de interés público para realizar su diagramación. “Como es algo que atañe a concejales, se pusieron a discutir y la oposición quiso saber qué alcance tenía esa declaración porque si era una carta blanca para avanzar no estaban dispuestos a hacerlo. Va a haber más reuniones, se va a avanzar sobre la idea que de existir una declaración de interés va a estar sujeta a modificaciones”.

Esta tarde se realizará un acto y una movilización desde las 18 en Plaza Rivadavia en apoyo a los pueblos den la región que son reprimidos por sus gobiernos. La propuesta surge del Comité de Solidaridad con Chile, Bolivia y Pueblos Latinoamericanos, como un espacio abierto a la participación de todos los sectores.

La feroz represión desatada contra los manifestantes con su saldo de muertes, torturas, violaciones y secuestros, exige el pronunciamiento y la movilización de quienes se sientan comprometidos con la democracia.

¡Abajo el golpe de Estado en Bolivia! Viva la rebelión popular en Chile. ¡Fuera Piñera! “La idea es la participación lo más amplia posible alrededor de esta consigna clara”, dijo a FM De la Calle el secretario de Derechos Humanos de la CTA, Dante Patrignani.

El dirigente destacó que a los casos de Bolivia y Chile ahora “se suma Colombia y algo que no tenemos muy presente que es lo que pasa en Haití donde desde hace un tiempo se viene reprimiendo ferozmente las protestas populares. Hay que multiplicar estas iniciativas de organización y difusión e incluso ver la solidaridad concreta para con estos pueblos”.

“Conscientes de que en los tiempos que vienen nuestro país va a estar rodeado por dictaduras, gobiernos neoliberales o surgidos de las urnas pero de corte netamente fascistas, misóginos y racistas como el de Bolsonaro. Esto no va a ser fácil para el gobierno ni para los ciudadanos que van a sufrir apretadas muy serias de estos sectores envalentonados”, afirmó.

Por otra parte, el próximo sábado desde las 18:30, el Centro Cultural La Panadería y FM De la Calle junto a trabajadoras/es de la cultura convocan a la jornada de resistencia Contra el Golpe de Estado !Latinoamerica despierta!

Será un espacio de manifestación y construcción de memoria frente al racismo, el colonialismo y el avance de la cultura autoritaria y golpista como esta sucediendo en Bolivia. Como también para reivindicar el derecho a la rebeldía de los pueblos.

“Las desigualdades que existen entre las comunicadoras son funcionales a que la rueda de la economía siga girando. El deterioro de las condiciones laborales y los salarios es general pero particularmente el sector de las y los periodistas es uno de los que más sufrieron las consecuencias, el que más perdió en términos reales su salario en los últimos cuatro años”, dijo la economista Agostina Costantino.

La columnista de FM De la Calle colaboró en el análisis de los datos obtenidos en la encuesta que presentó este lunes la Red de Comunicadoras de Bahía Blanca. Uno de los aspectos relevados refiere a las condiciones laborales y las violencias que padecen las mujeres en los medios locales.

“Una de las violencias que es importante y muchas veces no se llega a visualizar es la económica. Me impresionaron mucho los resultados, casi la mitad de las comunicadoras trabaja en situaciones de algún grado de precariedad. Es decir, no trabajan en relación de dependencia, con una obra social, con un aporte jubilatorio, sin ningún registro, pasando por todo un abanico de distintas formas de precariedad, contratos de tiempos parciales, monotributo”, afirmó.

Costantino comentó que se evidenció que los ingresos de las comunicadoras “eran iguales o menores al salario mínimo de cuando se realizó la encuesta que era de 12 mil pesos, lo cual obliga a buscar un segundo trabajo, cuando muchas de ellas son sostén de familia. Es una información muy importante la que consiguieron para empezar a mejorar esas condiciones, más allá de eliminar todo tipo de violencia”.

“No es una excepcionalidad, sigue la tendencia que están teniendo muchos de los sectores de la economía pero más acentuado en el sector de las comunicaciones. Los altos niveles de concentración de medios, la injerencia de las nuevas tecnologías y de acceso a la información generan un caldo de cultivo para facilitar la mayor precarización de las y los comunicadores”.

Respecto de la concentración mediática, la economista mencionó que “el presupuesto de pauta publicitaria si lo ves por cantidad de medios por dueño son uno o dos los que reciben la mayor parte”.

“Parte de eso tiene que ver con el abandono por parte del Estado de los medios como una herramienta de comunicación de las propias políticas. Se ve un desinterés por parte de los estados en los distintos niveles de brindar por sí misma la información, por eso la falta de medios públicos. Ha habido un vaciamiento y desfinanciamiento casi total y ni hablar de los medios comunitarios que siempre terminan siendo los mas perjudicados”, afirmó.

El economista Francisco Cantamutto afirmó que “en el próximo mandato van a estar venciendo pagos de deuda de alrededor de 200 mil millones de dólares. Esto equivale a alrededor de un 40% de PBI. Una parte de los vencimientos, son muy veloces, muy a corto plazo”.

“De diciembre a junio vencen 15 mil millones de dólares, sumado a otros 13 mil millones más en pesos. En la caja del Central hay 12. La cuenta da negativa, la reestructuración no es un fenómeno que se puede dilatar”, dijo a FM De la Calle.

“Se está manejando la idea de patear para adelante los pagos de capital e interés, hasta dos, tres y cuatro años. La insostenibilidad que provocaron en la deuda en menos de 4 años es tal que si se hace una negociación con quita lo hace más peligroso que extender los pagos. Es un juego de tensiones que no está resuelto: reforma laboral, alguna privatización, no creo que sea viable pero las demandas y presiones vendrían por ahí”.

Uno de los candidatos a ministro de Hacienda es Daniel Marx. Al respecto, Cantamutto señaló que “no sería una buena noticia, es responsable del negociado turbio del megacanje, no sería buen antecedente que estuviera a cargo de la reestructuración”.

En referencia al Plan contra el Hambre del gobierno próximo, el economista señaló que “necesitan hacer que parte del capital productivo agropecuario permita regular el precio y volcarlo al consumo interno. No está del todo claro que esto sea algo que les de mucho placer. Frente a esto la propuesta del gobierno es estructurar un plan de la mano de la economía popular que va a llevar tiempo y los tiempos van a ser muy acelerados a partir de diciembre. Vamos a tener que seguir a coyuntura desde cerca”.

Docentes y autoridades del Centro de Educación Física Nº125 presentaron un petitorio ante el Consejo Escolar en el cual reclamaron el pago del alquiler de las instalaciones que utilizan en el Centro Comunitario San Roque.

“Hace muchos años que se adeuda el alquiler de la sede en Estomba 2375. Este año la Comisión Directiva puso los papeles en orden, tuvieron todo el año de negociaciones y a fines de noviembre se dice desde la provincia que no hay liquidez. Sospechan que no se les va a pagar porque el expediente está parado y, como necesitan cambiar el lugar, van a cambiar la cerradura y desalojarnos”, señaló la directora del CEF, Viviana Agudo, a FM De la Calle.

La institución tiene una matrícula de más de 500 alumnos y alumnas aunque el impacto de un eventual desalojo sería aun mayor.

“Hace 25 años que trabajamos en ese lugar, tiene toda las edades desde preescolar, hasta gente mayor. Damos natación, educación física, preescolar. Estamos involucrados con salitas médicas del lugar para atender desde la salud a un sector de la comunidad con alta vulnerabilidad”, expicó Agudo.

La directora agregó que “desde el Consejo Escolar nos dijeron que nos habían pagado, ahora dicen que faltan papeles, desde la Comisión Directiva de San Roque nos dicen que falta liquidez. Hemos seguido toda la vía jerárquica, la inspectora se ha comunicado con el Consejo Escolar, he hablado con la Comisión, hacemos este petitorio a ver si tenemos un poco más de peso y se puede destrabar la situación”.

El escrutinio provisorio coloca al candidato de derecha del Frente Nacional, Luis Lacalle Pou, dos puntos por encima del referente del Frente Amplio, Daniel Martínez. El resultado definitivo lo difundirá la Corte Electoral el viernes.

La periodista Natalia Rodríguez dijo a FM De la Calle que “es un empate técnico porque la diferencia de votos es muy poca, son 28.666 votos y todavía quedan por contar 35.229. Por eso es que todavía no se puede anunciar quién es el próximo presidente de Uruguay. La tendencia indica que se va a mantener la proporción de Lacalle Pou, que es mínima, las encuestas daban que iban a ganar por un 50, 53%. El Frente Amplio tuvo una remontada estos días”.

La comunicadora uruguaya comentó que “Lacalle Pou tuvo que hacer alianza con toda la oposición. Ernesto Talmi, Y Guido Manini Ríos que es el ex comandante del Ejército destituido por Tabaré Vázquez a raíz de algunos comportamientos que tuvo en gestión. Primero lo sancionó y luego lo destituyó. A partir de eso es que genera un partido político, se posicionó como el cuarto partido con un 11%, liderado por un ex militar que a lo largo de la compaña de la 1° vuelta se separó de la lógica militar”.

Manini violó la veda electoral al difundir un video en redes sociales instando a los militares a votar por Lacalle Pou. “Lanzando mensajes como ‘sabemos quiénes son’, nos quisieron quitar derechos, haciendo alusión al Frente Amplio. Eso puso en alerta a muchos uruguayos, que si bien quieren un cambio del FA no quieren eso”.

Respecto al contexto latinomaericano, la periodista señaló que “la región esta diciéndole mucho a la sociedad uruguaya. Dentro de su programa, Lacalle Pou habla de una ley de urgencia que quiere abordar pero que el propio partido desconoce los contenidos. Sí se elaboró un documento conjunto, de esa alianza multicolor, toma algunos ítems de la reforma constitucional que se votó en la primera vuelta que incluía militarizar, habilitar los allanamientos nocturnos, reforzar la vigilancia en las fronteras contra el narcotráfico. Tienen mayoría parlamentaria, en el caso de acceder al gobierno, cuenta con una alianza que respalda”.

En cuanto a las causas del retroceso del frente gobernante, destacó que “la campaña de Daniel Martínez fue mala. No supo comunicar bien, no tuvo buen contacto con la gente. Llegó como a un 39% y cuando llegó a competir en la segunda vuelta, cambió el jefe de campaña, apuntaron al voto a voto, tratar de hablar con la gente”.

La Red de Comunicadoras de Bahía Blanca presentó ayer los resultados de una encuesta realizada a 120 trabajadoras de medios locales. Estas son sus conclusiones y algunos interrogantes que plantean las periodistas.

– En los medios de comunicación local, al igual que en otros ámbitos del mercado laboral, las mujeres no trabajan en un marco de paridad.

– Los medios locales están compuestos mayoritariamente por varones.

– Las trabajadoras de la comunicación poseen amplia formación académica y pese a ello no acceden a puestos jerárquicos de decisión.

– Solamente una de las encuestadas afirmó tener un puesto de decisión en cuestiones de contenido periodístico.

– Que los medios estén compuestos y dirigidos mayoritariamente por varones da cuenta del “techo de cristal”, es decir de los límites en la carrera profesional para las trabajadoras, pero no se trata solamente de una cuestión de poder en un esquema jerárquico. Lo que está en juego es la posibilidad de generar contenidos, prácticas y significaciones que tiendan a deconstruir la desigualdad.

– Las disidencias sexuales no están representadas en los medios locales.

– “La mayoría de las trabajadoras tiene un segundo trabajo por fuera de los medios, lo que demanda preguntarnos: ¿cuánto tiempo laboral destinamos al sostenimiento de la vida? ¿bajo qué condiciones? ¿cuánto vale nuestra elevada formación aquí recopilada en nuestras carreras profesionales?”.

– Existe una naturalización de la precarización y falta de exigencia ante el no cumplimiento de los derechos laborales.

– Las trabajadoras son la variable precarizada en la mayoría de los puestos de trabajo.

– Las violencias y realidades de desigualdad que se viven son más notorias en los medios privados. Vale destacar que son los medios privados los que se llevan el mayor monto de la pauta oficial de publicidad.

Estos resultados convocan a reflexionar sobre qué incidencia real tienen en los medios locales de comunicación, las normativas vigentes sobre equidad de género e igualdad de oportunidades.

¿A quiénes les cabe la responsabilidad de hacerlas cumplir?

¿Dónde y con qué acompañamiento cuentan las personas que denuncian estas desigualdades?

¿Puede el Estado financiar estas prácticas de opresión y discriminación laboral
a través de la pauta publicitaria oficial?

Develar esta trama y enfrentarla colectivamente será nuestro compromiso como Red de Comunicadoras Bahía Blanca.

Esta labor tendrá continuidad porque lo que nos pasó y pasa a las trabajadoras de la comunicación locales en nuestros trabajos no es una sensación individual sino una realidad colectiva.

El traslado de jóvenes alojados en centros cerrados bajo la órbita del Organismo de Niñez y Adolescencia provincial sólo puede realizarse con orden judicial. Sin embargo, sus funcionarios no respetan esta normativa.

Recientemente, el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil 2 de Bahía Blanca puso en conocimiento de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) un caso de extrema gravedad de un joven que fue víctima de violencia luego de ser trasladado de manera ilegal.

“Este caso fue muy simbólico porque el joven sufrió torturas, golpes y abusos al ser trasladado a La Plata. Ellos consideran que tienen estas atribuciones de hacer traslados sin aval judicial. A veces no son detectables pero como sufrió estas torturas el defensor se anotició que no había sido requerido el aval”, dijo Marcelo Iafolla a FM De la Calle.

La CPM pidió la intervención de la Suprema Corte para requerir que se cumpla la autorización judicial previa.

Iafolla, director de Niñez de la Comisión, comentó que “cuando este joven manifiesta lo ocurrido, se tomó la decisión de sacarlo de ese centro, se impuso el arresto domiciliario para sacarlo del circuito de encierro. Ahí está la otra parte que es el deber de cuidado que debe tener el Organismos de Niñez que es lo que estamos planteando, ellos deben cuidarlo”.

Para la CPM, el hecho es la constatación de las graves consecuencias que generan decisiones arbitrarias e irregulares por parte de los funcionarios del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA).

“Como está estructurado el Sistema Penal Juvenil lo que han creado son cárceles para jóvenes. La estructura de adultos se replica: hacinamiento, mala alimentación, ausencia de ámbitos educativos, atención de la salud muy precaria. Se piensa en niños y jóvenes como con los adultos no respetando la Ley del Sistema Penal Juvenil que habla de mínima intervención penal y de mucha intervención del sistema de promoción de derechos”, concluyó Iafolla.

La Asociación de Pensamiento Penal invita a regalar un libro con dedicatoria a las internas de la Unidad Penal N°4 de Villa Floresta.

“Es una forma de generar algún acto reflexivo, tendiendo puentes entre el afuera y el adentro, si bien la cárcel está en la ciudad es una realidad de la que no se habla o nunca se pone a pensar lo que pasa adentro de la cárcel. Esta actividad, más allá de la lectura, genera un pensar colectivo de qué se trata la cárcel, quiénes están, qué pasa”, comentó a FM De la Calle Ornela Scarano.

La invitación señala: “Sabemos que la pregunta no es fácil… puede que te genere incomodidad, que se sumen prejuicios, enojos o descontentos… pero luego de ponerte, aunque más no sea por un momento, en sus zapatos, la respuesta será transformadora para vos! Y puede llegar a transformar los días de encierro de alguna mujer”.

Scarano dijo que “la cárcel es un mundo y el pabellón de mujeres es otro mundo dentro de esa estructura. Hay que evaluar la condena, la gran mayoría cumple una condena corta, son delitos menos graves vinculados a infracciones a la ley de estupefacientes, narcomenudeo, como se suele decir”.

“Las mujeres se llevan la peor parte, estar dentro de un establecimiento donde se producen violaciones a los derechos humanos, tienen restringida la libertad ambulatoria pero no el resto de derechos. La gran mayoría son madres, algunas con sus hijos dentro de la cárcel, otras ven disminuido o conflictuado el vínculo con sus hijos afuera o sus familias”, afirmó.

(Por Giuliana Crucianelli) La Red de Comunicadoras de la ciudad realizó una encuesta a trabajadoras de los medios locales cuyos resultados relevaron datos sociodemocragráficos, condiciones de trabajo y situaciones de violencia en el contexto laboral.

El primer análisis de los datos fue presentado esta tarde en el marco del Día Internacional por la No Violencia hacia Mujeres, Niñas y Niñes. Próximamente difundirán un anecdotario.

El relevamiento fue dirigido a mujeres que trabajen o hayan trabajado en medios de comunicación. De 120 consultadas el porcentaje de respuesta fue cercano al 70%. Los datos fueron registrados de manera anónima.

“En medio de una cobertura periodística me dijo: ‘¿cuándo cogemos?’”.

Uno de los datos más relevantes es que “el 44,7% de las encuestadas afirma haber sufrido alguna situación de violencia en su puesto de trabajo. Además, un 17,6% demostró dudas al responder esta pregunta optando por “Tal vez”. En total, un 62,3 % de las mujeres parece haber sufrido algún tipo de violencia en el lugar de trabajo”.

Se registraron casos de violencia simbólica (si la trabajadora se sintió descalificada por ser mujer/otrx frente a varones) -la sufrieron 35 personas- hasta violencia física -2 de las mujeres que contestaron- pasando por todo un abanico de violencias (psicológica, acoso, económica y sexual).

Por otro lado, desde la Red reflexionaron sobre el porcentaje de quienes respondieron ‘Tal vez’. Señalaron que probablemente se deba a que no pueden reconocer alguna de las violencias o, pese a que la encuesta sea anónima, no se animan a contarlo.

“Las mujeres no tienen que conducir ni en la calle, ni en la radio”.

Más de la mitad aseguró que en sus espacios laborales hay entre 10 y 30 hombres y el 80,7% respondió que realiza sus tareas en espacios donde la participación de las mujeres es escasa, ya que se limita a entre 1 y 10. Además, 8 de cada 10 encuestadas afirma que su superior es un varón.

Sólo 4 de las 85 mencionaron ocupar un puesto jerárquico y solamente una describió que en su cargo tiene injerencia en los contenidos periodísticos. Esto ocurre pese a que casi el 80% de las encuestadas cuenta con estudios terciarios y/o universitarios completos, un nivel promedio de educación mucho más alto que casi cualquier sector de la economía.

“No te renovamos el contrato porque sos gorda, para la cámara necesitamos flacas”.

Respecto a las condiciones laborales, la mitad de las trabajadoras lo hace en alguna condición de precariedad (desde el no registro absoluto hasta situaciones de precariedad más “formales” como contratos de tiempo determinado o facturación a través de monotributo).

Casi la mitad de las encuestadas aseguró tener una segunda fuente de ingreso y, en su mayoría, es fuera de los medios. Cerca del 60% de las encuestadas afirmó trabajar jornada laboral completa (8 horas diarias) y/o más. Esto denota una sobrecarga al sumar ambos trabajos a la jornada de trabajo no remunerado que suelen realizar las mujeres.

En relación a la composición de los medios en los cales se desarrollan las comunicadoras encuestadas, señalaron que 7 de cada 10 trabajan en empresas de comunicación o medios privados. Sólo un 11,8% trabaja en medios comunitarios cooperativos y un 10,6 % en medios públicos.

De estos datos se desprende un alto nivel de precarización laboral, combinado con diferentes violencias que han sufrido en un alto porcentaje. Se preguntan: “¿Cuánto tiempo laboral destinamos al sostenimiento de la vida? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cuánto vale nuestra elevada formación en nuestras carreras profesionales? ¿Dónde y con qué acompañamiento cuentan las personas que denuncian estas desigualdades? ¿Puede el Estado financiar estas prácticas de opresión y discriminación laboral a través de la pauta publicitaria oficial?”.

La Red de Comunicadoras se comprometió a seguir trabajando: “Esta labor tendrá continuidad porque lo que nos pasó y pasa a las trabajadoras de la comunicación locales en nuestros trabajos no es una sensación individual sino una realidad colectiva”.

MIRÁ EL INFORME COMPLETO

El cura Mauro Henrique Cantanhede Ferreira es investigado por la justicia a partir de la denuncia por abuso sexual presentada por una integrante de la comunidad de la Parroquia San Roque.

De dicha institución católica depende el Colegio San Cayetano. Un grupo de ex alumnas reflotaron una publicación que hicieron en redes sociales luego de egresar en 2018. Hablaban de diferencias de trato según el género y conductas inapropiadas hacia las mujeres por parte de profesores.

Las autoridades del colegio dijeron que la denuncia contra el párroco “era un chusmerío, que no se metan, se enojaron con los pibes. ¿Qué pueden hacer si no hay contención de ese lado? Si hay un pibe o una piba que se sintió violentado por esta persona no lo va a decir porque sabe que no tiene apoyo de la institución”.

Martina Trujillo, Juana Martínez y Julieta Anzorena dialogaron en FM De la Calle con Giuliana Crucianelli. Dijeron que el sacerdote “se ha negado a que cambiemos el uniforme del colegio a polleras porque si no íbamos a ser provocadoras para él y éramos carnada para los violadores. Esas cosas no se dicen ni en joda, eran peligrosas”, afirmaron.

-Un año después de habernos egresado empezamos a juntar experiencias que habíamos tenido en el colegio y se nos ocurrió hacer la presentación. Tuvo un montón de repercusión porque nos hablaron un montón de chicas que actualmente van al colegio diciéndonos que sí, capaz está este profesor que siento se me acerca de más, a mí me pasó esto. Se difundió un montón pero la institución no respondió como tendría que haber respondido.

-Fueron distintos relatos de profesores, de directivos, de compañeros. Y la respuesta de los directivos, como es también la de ahora, fue resistencia y repudio ante las publicaciones en vez de contener a pibas que estaban denunciando que habían sido violentadas en una institución educativa.

¿De qué forma?

-Diferencias entre géneros dentro del aula con profesores, específicamente ahora con lo del padre del colegio fue que nos hemos cruzado con él y se ha negado a que cambiemos el uniforme del colegio a polleras porque si no íbamos a ser provocadoras para él y éramos carnada para los violadores. Esas cosas no se dicen ni en joda, eran peligrosas.

-Además, profesores que te miraban el cuerpo o el pecho, tenían un acercamiento más físico a las mujeres o un ataque simplemente por ser mujer. Una diferencia de a las mujeres las mandamos al pizarrón, las sacamos del aula, las cagamos a pedos, que se sienten derechitas con el uniforme. Eso con los varones no se veía, siempre estaba la diferencia de género.

-Siempre estaba el comentario del catequista diferenciando el género o hablando de la homosexualidad como una enfermedad. Un montón de actitudes que fuimos relatando. Fue una manifestación de nuestra experiencia y el colegio se lo tomó como un ataque. No sé si fue nuestra idea ir a escrachar a la institución porque ni siquiera pusimos nombres ni nada, fue una manifestación nuestra como mujeres en esa institución y no tuvimos respuesta por eso.

-También para que quienes siguen en la institución sepan que tienen un apoyo desde afuera porque ya que no lo tienen de la institución saben que lo tienen de las ex alumnas.

-Sí, en ese sentido sirvió muchísimo. De verdad nos habló un montón de gente, inclusive de otros colegios diciendo que eso también pasa.

-Mismo mujeres que habían ido a esa institución en 2013 y comentaban. Quiero recalcar que somos mujeres que contamos nuestra experiencia pero éramos mujeres menores de edad a cargo de un adulto que no nos contenía ni se responsabilizaba, ni tomaba cartas en el asunto como está pasando ahora. Por ejemplo, les chiques del colegio se manifestaron en contra, querían hacer algo y las autoridades de la institución dijeron que esto era un chusmerío, que no se metan, se enojaron con los pibes. ¿Qué pueden hacer si no hay contención de ese lado? Si hay un pibe o una piba que se sintió violentado por esta persona no lo va a decir porque sabe que no tiene apoyo de la institución.

¿Qué hacía el cura denunciado cuando ustedes cursaban?

-Hacía confesiones, estaba siempre en el colegio. Rezábamos a la entrada, la primera hora, daba las misas y eso. No daba catequesis, solo confesiones o te llamaba para ir a su oficina a charlar o lo que sea.

¿Cuando se enteraron de la denuncia qué les pasó?

-No me sorprendió. Lamentablemente no. Además, si no me equivoco, en esa parroquia hubo hace un tiempo otra persona denunciada (NdR: el catequista José Luis Andersen fue condenado a 20 años de prisión por abuso sexual reiterado a un niño de 8 años). Lo que más me sorprendió fue el apoyo de las personas que asisten a esa iglesia y de padres o la comunidad educativa de San Cayetano. Me pareció terrible estar en 2019, casi 2020, y que haya personas que hacen una misa a favor de un abusador o de un denunciado o lo que fuera. Si son tan cínicos, mínimo llámense a silencio.

¿Las autoridades del colegio son las mismas de cuando ustedes cursaban?

-Siguen.

Y la respuesta al comunicado de ustedes fue que era un chusmerío, que era mentira…

-No sé si es un chusmerío o mentira sino que nosotras queríamos armar bardo o lo que fuera. Lo que dijeron que era un chusmerío es lo de la denuncia al cura. De nosotras que las queríamos embarrar porque en el medio hubo un cambio de directora, algunas cosas pasaron con la anterior y otras con la actual y es como que ella se la agarró con nosotras.

-La respuesta a ese comunicado fue bloquearnos de las redes sociales. Fue la única.

-Sí, hasta respuestas de profesores en la misma publicación. De profesores a alumnas o ex alumnas, me parece terrible, en vez de sentarnos a charlar. Había confianza con algunos y algunas profesores, y en vez de charlar: ataques, querer callarnos, bloquearnos.

-Cuando surgió la idea era que a partir de ahí se podría construir. Había cosas en el colegio que eran muy estructuradas. Fue con esa intención, pero no…

-Situaciones que planteamos hace un año y medio ahora, a partir de eso, hay circunstancias que se podrían haber evitado después de nuestro documento.

¿Por ejemplo?

-Lo de Mauro. Lo del abuso de Mauro.

¿Ustedes advertían estos comentarios y situaciones con esta persona?

-Era como un llamado de atención a toda la escuela en realidad. A toda la escuela y a sus trabajadores y trabajadoras. Más que nada por eso, están a cargo de menores, nosotras más que nada pensando en eso. Nosotras ya transitamos la escuela, ya la pasamos, por suerte nos pudimos contener entre nosotras o alguna profesora que tenía perspectiva feminista o lo que fuera. Pero los pibes que siguen después… Por suerte esos pibes y pibas leyeron estos relatos, ahora armaron una historia que decía ‘en el colegio importa más que pagues la cuota antes que haya un cura abusador’, así como dando a conocer su postura. Me parece que está buenísimo, usar las redes sociales como herramientas si en la institución no te escuchan está buenísimo y es un camino que se va a seguir utilizando. No me escuchan, me voy a las redes sociales, me voy a la calle.

-Ahora se están organizando pero, la verdad, es muy difícil. Los directivos están muy metidos en el centro de estudiantes, no hay mucha diferenciación, no podría haber una confrontación. Estaría bueno que se organicen y armen lo que fuera que se les ocurra, desde lo artístico hasta pegar carteles, pero antes de subir estas historias a instagram hubo otras instancias de diálogo en las que no se los escuchó. Apoyo que muestren sus posturas ante una denuncia penal, no ante un escracho cualquiera.

-No decir nada de la situación también es decir. Lo estás avalando.

-Desde el momento uno los alumnos y las alumnas quisieron saber qué postura iban a tomar. Lo único que hubo es que la directora se vaya de un grupo de whatsapp, no hubo respuesta directamente. Creo que se están movilizando desde el lado que pueden y se los permiten.

-Nos pasó lo mismo a nosotras como alumnas, no podíamos hacer nada desde adentro porque nos lo imposibilitaban los directivos. Lo decidimos hacer después de haber terminado, cuando ya estábamos despegadas de la institución. Cuando te amenazan con amonestaciones, cuando te corren la cara, te bloquean por whatsapp, no te dan ninguna alternativa.

-Sí me acuerdo de compañeras nuestras que ya militaban en una organización a los 16 años que habían presentado una lista del centro de estudiantes y se corría la bola de que no querían que ganen porque iban a politizar la escuela. Me parece importante hacer esta relación del centro de estudiantes con los directivos, parece más algo de beneficencia de la escuela que un centro de estudiantes que recibe y hace reclamos. (…) Las decisiones las toman los directivos junto con los curas, algo así.

Integrantes del programa provincial Envión le entregaron un nota en mano al intendente Héctor Gay solicitando una reunión urgente para regularizar su situación laboral.

“Dijo que creía en la importancia del programa y que, si no se podía regularizar por medio de provincia, el Municipio se iba a hacer cargo. Desde que asumió le fuimos presentando cartas de pedido de audiencia. Como no lo logramos nos presentamos, lo esperamos, nos recibió bien, tomó un número y nos dijo que nos iba a llamar. Esperaremos hasta el 29 de noviembre, pasado ese lapso nos reuniremos para ver cómo seguimos”, señaló Natalia Castillo, integrante del Envión de Villa Harding Green.

Agregó que “sentimos que lo están vaciando de a poco. Desde que asumió el nuevo gobierno la provincia lo acomodó bastante para nuestra sorpresa, pero desde el Municipio todo el tiempo estamos con algo que nos hace ver que lo quieren dejar caer. La desidia en la que estamos hace que nuestros compañeros se vayan, que no tengamos talleres. Los sostenemos gracias a los jóvenes, las familias de los barrios e instituciones con las que trabajamos en red y a los trabajadores que estamos sobreviviendo en cada equipo técnico”.

Castillo señaló que “es la única política pública destinada puntualmente a adolescentes con esta impronta, en territorio, donde los chicos asistan. Si bien el Municipio tiene dispositivos destinados a niñez, la adolescencia viene relegada. Nos quejamos de las juventudes pero si no los apoyamos se dificulta. Es muy cómodo leer los diarios quejándonos de las cosas que hacen los pibes pero si el estado se retira no es mucho lo que se pueda hacer”.

Por otro lado, desde Envión piden la municipalización del programa. “Nuestro pedido máximo es el pase a planta, no por un capricho sino porque si bien el programa es un convenio entre Municipio y provincia, el Municipio digita quién ingresa, dice cuántas horas, en qué lugar, con qué exigencia. Creemos que eso también le daría estructura al programa. Si no todos los años estamos viendo si se renueva o no”.

“Sumado a eso tenemos múltiples problemas en la implementación. No tenemos equipos completos, otros temas con las sedes y cotidianidades que hacen que el programa no tenga la fuerza y la energía que se necesita para trabajar”, afirmó.

 

El jueves a las 12:30 se conocerá el veredicto del juicio a parte de la patota que quiso tomar violentamente el frigorífico INCOB el 17 de noviembre de 2015.

Durante la segunda y última audiencia del debate oral el fiscal Cristian Aguilar y el abogado querellante Leandro Aparicio alegaron e hicieron sus pedidos de penas en el Jugado Correcional Nº1.

Para el ex titular de la cooperativa INCOB, Enrique Garaggiola, y para Reinaldo “el mudo” Hernández la fiscalía requirió dos años y medio de prisión y la querella tres años y medio por lesiones graves. En el primer caso no se avanzó con la imputación por portación ilegal de arma de fuego de uso civil por estar pendiente una apelación.

Para Ezequiel Garaggiola, el Ministerio Público reclamó la misma pena que para el resto aunque el abogado de INCOB agravó la acusación y solicitó 5 años de cárcel.

Hugo Polis fue separado de la causa por la prescripción de la imputación por lesiones leves y Juan Carlos Villarreal espera la definición de una apelación para ser juzgado.

La Asociación Amigos del Jardín Botánico manifestó su preocupación por el proyecto que pretende construir cocheras subterráneas debajo de la Plaza Lavalle y construir un nuevo espacio público sin los árboles.

“Nos preocupa el arbolado urbano, que es un déficit de la ciudad  y este proyecto afectaría a uno de los pocos espacios verdes que hay en el sector”, dijo a FM De la Calle la presidenta de la institución, Melina Calfuán, presidenta de la Asociación.

Esta tarde habrá un abrazo en defensa de la plaza desde las 19:30. El martes a las 9, en tanto, se realizará un plenario de comisiones en el Concejo Deliberante del que participarán los inversores e integrantes de la  Comisión de Arbolado.

“Tenemos dos representantes en la Comisión, uno de ellos es Carlos Villamil, botánico y profesor consulto de la UNS , él se ha manifestado en contra de este proyecto, sobretodo porque no se había mandado en tiempo y forma para analizarlo qué se presentaba”.

Calfuán señaló que “expresamos la preocupación por el tema de cortar árboles, más allá de la especie que sea, que son parte del patrimonio histórico. Por otro lado, hay un edificio muy cercano, en Saavedra y O’Higgins, que puede ser afectado por el movimiento de suelos”.

“En el centro no tenés tantos arboles en las veredas, se realizan podas en momentos que no son adecuados, podas intensas. (…) En la plaza se haría una reestructuración, en la que principalmente habría hierbas y arbustos, se bajaría el porte de las plantas. La cochera implica sacar los arboles más grandes y sacar las raíces”.