Se trata del debate oral del juicio por el intento de toma por la fuerza el frigorífico recuperado INCOB por parte del entonces presidente saliente de la cooperativa Enrique Garaggiola y su patota.

Además de Garaggiola, están imputados su hijo Ezequiel, Hugo Polis, Reinaldo Hernández y Juan Carlos Villarreal. Son juzgados por amenazas calificadas, lesines graves y leves y portación ilegal de arma de fuego de uso civil.

Antes del inicio de las audiencias la defensa recusó a la jueza María Mercedes Rico, quien reemplaza en la causa al recientemente jubilado José Luis Ares. Cuestionó que intervino en el expediente cuando era secretaria judicial.

Sin embargo, el debate empezó a la espera de la resolución de la Cámara de Apelaciones. “Si resuelven que la jueza no puede hacerse cargo vamos a estar haciendo un juicio al pedo, entiendo yo que si van a hacer eso es porque se van a tomar su tiempo para fundamentar la postura que ya tienen decidida”, dijo a FM De la Calle el abogado querellante Leandro Aparicio.

El letrado manifestó que hay “varios testigo, entiendo que el soporte principal son las filmaciones y, en definitiva, los testimonios van a dar precisión a todo lo que está filmado. Los testimonios nos van a decir por qué van, quién es Garaggiola, qué hacia. Lo que es importante es si los testigos y víctimas siguen amenazados, si tienen miedo”.

En cuanto a las responsabilidades penales, “algunos están identificados con un arma de fuego, revólver, otro disparando, otros pegando, otro amenazando de muerte. a medida que se hagan las declaraciones se va a establecer concretamente la responsabilidad. El que se ve muy claro bajando con un arma larga y está filmado es el hijo de Garaggiola que ya está condenado por otra causa, más allá de los recursos, le correspondería pena efectiva”.

Los pedidos de condenas girarán en trono a 4 y 6 años de prisión.

Un incendio en el Centro Control Motores de Dow obligó a parar la planta preventivamente ayer a la tarde. El Comité Técnico Ejecutivo pidió explicaciones sobre las causas sin infraccionar a la firma.

Ni la empresa ni el municipio informaron a la comunidad sobre el hecho. El próximo jueves se cumplirán cinco meses de la explosión en el cracker 2 de la misma empresa.

Según consta en el Acta 5869, Dow dio aviso al CTE y detalló a las 19:15 del miércoles que “debido a un sobrecalentamiento de cables en el sector mencionado se produce un principio de incendio el cual es sofocado rápidamente por la brigada interna de planta”.

Un rato después el fuego se reavivó y fue controlado nuevamente. El inspector del organismo de control recorrió el sector “observando el daño ocurrido”.

Las autoridades de la empresa explicaron que “los equipos afectados corresponden a los cubicles del sistema de arranque de los sopladores de descarga de los hopper procedentes de planta barcaza (LLDPE) a los silos de embolsado”.

“Al momento de la recorrida la planta LDPE se encontraba parada y en condiciones de arrancar. El Centro de Control cuenta con detectores de humo, los cuales fueron alarmados y detectados por el panelista de la planta. Se nos informa que no hay operarios afectados”, concluye el CTE.

Ruidos en la Central Piedra Buena

Lo que sí comunicó el área de Prensa de la comuna fue que el CTE infraccionó a la empresa Central Piedra Buena S.A. por ruidos molestos. Cinco vecinos  había hecho denuncias.

La emisión se produjo a las 12:51 del miércoles como consecuencia del venteo de vapor a la atmósfera debido a la apertura de la válvula de seguridad, a raíz del paro de la unidad 29 generando un nivel de ruido superior al normal.

Esto fue registrado por la estación de monitoreo acústico continuo del CTE y constatada por los inspectores. Luego de analizados los registros de niveles sonoros y realizados los cálculos correspondientes se determinó que el mismo superó los límites legales para emisión sonora en horario diurno.

Este viernes se señalizará el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio que funcionó en la Base de Infantería de Marina Baterías durante el Terrorismo de Estado (1976/1983).

La actividad impulsada por el Movimiento por la Verdad, la Memoria y la Justicia de Punta Alta es parte del trabajo de la Red Federal de Sitios de Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

La señalización surge de la sentencia del Juicio Armada I. “No fue fácil, hemos tenido muchas trabas, pensamos que mañana va a terminar todo bien. Se hizo tiempo atrás una en el cruce de Arroyo Pareja y Baterías, esta vez es dentro de la Base, en el Puesto 83, 15 kilómetros adentro en la propia Batería Séptima que es donde estuvo el campo de concentración”, dijo Julio Aparicio a FM De la Calle.

Comentó que “siempre hubo obstáculos de parte de la Armada, de parte del Ministerio de Defensa, lo fueron pateando, salió y dijimos este es el momento. Queremos cumplir con la sentencia y fundamentalmente con los familiares y las víctimas.

Mañana, a las 10:30 se encontrarán en Primera Junta y el camino hacia Arroyo Pareja para ingresar luego a la Base. “Es dentro de la zona reservada, hay muchos requisitos que cumplir”.

MoVeJuPA celebró esta semana sus nueve años de vida. “En Punta Alta es complicado, somos el único movimiento de derechos humanos, estamos rodeados por la Base, las políticas que bajan también a la ciudadanía, siempre hemos apuntado a más, seguimos trabajando en todo tipo de derechos, al trabajo, la salud, la vivienda y por supuesto para lo que nos conformamos que es acompañar los juicios”.

Consultado por la sentencia del Juicio Armada II, Aparicio afirmó que se quedaron con una sensación “malísima, es la repetición de lo que veníamos viendo en otros juicios. No estuvieron los jueces a la altura de la circunstancia, fue un fracaso y un manoseo, en la predisposición de la justicia, hacia los testigos y familiares, dejó mucho que desear”.

Foto: H.I.J.O.S. Bahía Blanca.

En base a un trabajo elaborado junto a las economistas Agostina Costantino y Patricia Laterra, María Julia Eliosoff analizó las políticas sociales del gobierno de Cambiemos, las contrapuso a las del kirchnerismo y señaló los desafíos que enfrentará el próximo gobierno en cuanto a la economía popular y los movimiento sociales.

 Políticas sociales del kirchnerismo

“Tuvieron tres pilares: programas vinculados a la seguridad social; luego lo que fueron programas vinculados a la asociatividad, microcréditos y subsidios; y la estrella que fue el ingreso social con trabajo -Ellas Hacen-. La estrategia era que para disminuir la pobreza hay que aumentar ingresos, para aumentar ingresos hay que conseguirles trabajo y eso sería vinculado a la economía social y solidaria por la falta de demanda del trabajo de esa gente”.

“Se fomentó empleo mediante cooperativas de trabajo que hacían tareas  comunitarias, obras públicas no complejas, formación en género, cuestiones de violencia, oficios. Lo positivo era que este tipo de programas de inserción colectiva contribuyó a fortalecer vínculos en los barrios”.

Cuando aparece Cambiemos

“Dicen que el problema no es que haya nadie que emplee a esa gente sino que esa gente no es empleable. Hay que modificarle estrategias para que sean empleables. Ellas Hacen y Argentina Trabaja pasa a llamarse Hacemos Futuro y es un subsidio para que vos puedas ingresar al mercado de trabajo. Una línea es el emprendedurismo con capacitación en oficios y otra es el fomento de capacidades blandas, que la gente sea más vendible, que tenga mejor carácter, que dé con el perfil empleable. Cambia la perspectiva de un adelanto de retorno de una cooperativa a un plan o subsidio por ir a formarte. El Estado te subsidia para que encuentres la forma de ser empleable”.

“Ahí aparece el rol de CTEP para lograr el Salario Social Complementario que complementa los ingresos de las familias que viven de la economía popular y, como son muy bajos, el Estado debe garantizarles llegar a un salario mínimo vital y móvil. Es una conquista para las organizaciones pero sigue siendo una perspectiva individual. El primer año que desaparecen Ellas Hacen y Argentina Trabaja hay cooperativas que logran regularizarse y son acompañados por los ministerios de Desarrollo o Producción pero en su gran mayoría desaparecieron”.

Nuevo gobierno 

“Hay una mirada o guiño positivo al movimiento de la economía popular o social, de articulación para pensar cómo acabar con el hambre de la mano de lo que produce la economía social. Eso tiene que ver con reconocer que es un sector productivo, que muchas personas viven del sector, la UCA estima que la economía popular tenía tres millones de trabajadorxs”.

“La economía popular necesita una política pública concreta. Hay algunos sectores que tienen mucha visibilidad y se pueden trabajar. Textiles, recolectores urbanos, trabajadores rurales, trabajo doméstico y de cuidados. El presidente electo lo viene mencionando como un nicho posible para las trabajadoras de la economía popular. Esperemos que no siga las mismas lógicas patriarcales y lo que ocurre en el mercado formal del trabajo, por ejemplo, respecto a la división sexual del trabajo”.

Este sábado desde las 15 se realizará en Plaza Rivadavia la décima edición del Encuentro de Artistas por la No Violencia hacia Mujeres, Niñas, Niños Y Niñes.

Patricia Daucksycs adelantó a FM De la Calle que “la idea es similar al resto de los que se realizaron los años anteriores con una apertura a las 17 con Desbandadas. Después va a haber poesía, un grupo de folclórica femenina, bandas locales, teatro, esculturas, estatuas vivientes, mural en vivo con la Campaña por el Derecho al Aborto y las Socorristas en Red”.

“Es importante visibilizar a través del arte la lucha de las mujeres en la calle y los femicidios. Pensamos que hacerlo público tiene un mayor impacto, vemos al arte como una forma de expresión para mostrar que a pesar de estas situaciones de violencia hacia las mujeres, niñas y niños, seguimos más vivas que nunca”, agregó.

Daucksycs destacó que “a la plaza se acercan muchas compañeras que han sufrido estas situaciones. Queremos acompañarlas, cuesta mucho hacer este evento, tenemos muy poco apoyo del municipio, (el titular del Instituto Cultural Ricardo) Margo no ha dejado de invisibilizarnos como grupos de arte y lo hacemos a pulmón y con mucha alegría”.

El encuentro se financia en parte con fondos del Consejo Cultural Consultivo mediante la aplicación de la Ordenanza de Eventos Permanentes. “Margo se jubila, esperemos que la persona que pongan piense en las políticas públicas y apoye estos eventos que son importantes para todos y todas”, afirmó.

Este jueves a las nueve comenzará el juicio oral y público por la violenta irrupción de una patota en el frigorífico recuperado INCOB ocurrida el 17 de noviembre de 2015.

Entre los imputados están el ex presidente de la cooperativa que gestiona la planta, Enrique Garaggiola y su hijo Ezequiel. Se les imputan lesiones graves y tenencia de armas de fuego.

“El 17 de noviembre cayó una caravana de cinco vehículos con Garaggiola a la cabeza. No entendíamos qué pasaba, cayó con alrededor de 20 personas armadas, iniciaron disparos, hirieron a los compañeros, a uno casi le amputan la mano. Como no podía justificar los movimientos que hizo con la cooperativa y las deudas millonarias recurrió a la fuerza”, comentó a FM De la Calle Orlando Acosta, trabajador del frigorífico.

El trabajador recordó que “en ese momento los compañeros, salieron corriendo hacia el portón donde estaba el forcejeo y se amontonaron. Si él lograba ingresar a las oficinas la policía no lo podía sacar porque seguía siendo el presidente de la cooperativa. Esa mañana alguien desactivó las cámaras de seguridad, un compañero fue y las conectó, él tenía gente de la cooperativa que hizo esto, no se esperaban las grabaciones y el enfrentamiento de manos contra armas”.

Acosta señaló que “hay compañeros que hasta el día de hoy tienen discapacidad para laburar, un daño psicológico y emocional de ver ingresar a la gente. Les pagó 20 mil pesos a cada matón, venían dispuestos a todo. Uno le apuntaba con una 9 milímetros al pecho a un compañero y gatillaba”.

“Este señor Garaggiola llevaba un estilo de vida exuberante gracias al laburo que hacíamos que nunca rendía, como subsidios y la parte impositiva que hasta hoy nos toca seguir regularizando”.

Acosta destacó que estaban bajo un “gerenciamiento” y hoy pudieron “lograr el carácter autogestionado, inaugurar un curso de alfabetizaciones, una escuela primaria y secundaria, una carnicería que vende a bajo costo para costear los retiros de los compañeros… La cooperativa hace muchas donaciones a entidades, en un momento donde hay tanta crisis nos gustaría que la autogestión sea una salida de la crisis”.

Andrea, la mamá del joven que falleció por una sobredosis en El Saladero semanas atrás, pide que el Estado la ayude a contener a sus otros dos hijos menores de edad, quienes continúan en situación de extrema vulnerabilidad.

La mujer había radicado una denuncia por abandono de persona contra responsables de Políticas Sociales, Niñez y Adolescencia e integrantes de un Servicio Local.

“Pedí hablar con el intendente y el señor Rubén Gómez me atendió de muy mala manera y me sacó. Necesito reunión inmediata, para uno ya es tarde pero tengo dos hijos más en riesgo. No me quisieron atender, necesitaba ser escuchada diez minutos”, dijo a FM De la Calle.

Andrea comentó que su “hijo de 17 está mucho más tranquilo, pasando su duelo como corresponde, pero mi hijo de 14 está descontrolado. No lo tengo al lado mío y no quiero que me vuelvan a llamar porque un hijo mío se murió”.

“El otro día hubo una situación de robo donde detuvieron a dos menores, uno era uno de mis hijos. Me presenté en el tribunal y me dijeron que no tenían intervención. Me comunican desde Niñez que le habían dado la libertad desde el Valentín Vergara. Quise saber con qué fundamentos, era la oportunidad para tomar alguna medida. Tiene que pasar algo extremo señora, me dijeron. Tiene que estar porque cometió algo grave. ¿Qué tiene que pasar? Una muerte más, ¿tiene que morir como su hermano para que activen algo? No quiero tener a mi hijo encerrado pero era una oportunidad para atenderlo por su seguridad y la de terceros”.

Luego de la muerte de uno de sus hijos, sus amigos junto a una vecina se acercaron al delegado de Ing. White para pedirle ayuda para conformar una cooperativa de trabajo con el fin de que los adolescentes se alejen de las adicciones.

“Les tomaron el pelo, se aprovecharon de sus necesidades y, como saben que ella puede actuar contra el municipio, le ofrecieron armar la cooperativa y ponerla de presidenta. Fue días antes de la elecciones. Ella movilizó a los pibes, fueron con banderas a apoyar a Gay y nunca llegó el trabajo ni la cooperativa, solo algunas chapas y materiales a algunas familias”.

“Se aprovecharon de la situación. Cuando hice la denuncia esta gente aprovechó la oportunidad para obtener un voto en El Saladero. Fue todo propaganda política, a mi hijo le prometieron que iba a estar dentro de la cooperativa y después le dijeron que de los 25 jóvenes que son había puesto para diez”, finalizó.

Se conocieron los resultados de la Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en Argentina. El trabajo permite por primera vez comparar e interpretar continuidades y rupturas.

El catolicismo disminuye aunque conserva una mayoría atenuada (62.9%). El 18.9% de la población no tiene religión y los sectores evangélicos crecen al 15.3%.

Una buena: en una década se duplicó la proporción de quienes afirman que el aborto es un derecho de las mujeres. Dos malas: la mitad de la población se manifiesta a favor de la pena de muerte y 7 de cada 10 reclaman controles migratorios más estrictos.

Por otra parte, la sociedad argentina considera mayoritariamente que el Estado no debe financiar a las confesiones religiosas, rechaza la enseñanza confesional en la escuela pública y objeta el sostenimiento exclusivo a la Iglesia Católica.

La investigación fue realizada en el marco del programa Sociedad, Cultura y Religión del CEIL/CONICET, dirigida por les dres. Fortunato Mallimaci, Verónica Giménez Béliveau y Juan Cruz Esquivel.

“Vivimos una modernidad capitalista que produce sociedades y religiones donde los vasos comunicantes y los vínculos históricos y sociológicos son múltiples. Ante un sentido común ‘perezoso’ que universaliza y generaliza, veremos en esta investigación cómo han cambiado (o no) y cuáles son los distintos sentidos, acciones, cuidados del cuerpo y el alma, culturas, visiones, identidades y representaciones de las personas que habitan en la Argentina”, dice Mallimaci.

Destaca que “alrededor de un cuarto de la población interactúa cotidianamente en espacios religiosos sin que otro espacio político, social, cultural o actividad local compita. Por eso, a no olvidar, las religiones siguen siendo importantes comunidades de interpretación en un mundo de incertidumbres y actores socio-religiosos significativos en el territorio y en la vida política y cultural de nuestro país”.

Principales emergentes de la encuesta

Adscripción religiosa, creencias, prácticas y el Papa Francisco.

A medida que aumenta el nivel educativo hay mayor proporción de sin religión. Las y los evangélicos predominan en los niveles educativos más bajos.

El NOA es la región más católica. En AMBA y Patagonia se registra la mayor proporción de sin religión.

En Patagonia y NEA el porcentaje de evangélicos supera al del resto del país.

La individuación se consolida en el campo religioso: las personas prefieren relacionarse con Dios por su propia cuenta, se registra una caída en la asistencia semanal al culto y predominan las prácticas religiosas que se realizan en la intimidad.

La elección de un Papa argentino no modifica significativamente la vida religiosa de la Sociedad. El Papa Francisco motiva posiciones socio- religiosos contradictorias en la población.

Sociedad, Estado y religión

Entre 2008 y 2019 se duplica la proporción de quienes afirman que el aborto es un derecho de la mujer.

La mayoría considera que debe estar permitido en algunas circunstancias. Las y los evangélicos son quienes más se oponen al aborto, los y las sin religión aquellos que están más a favor.

La mayoría de las y los habitantes de Argentina cuestionan las concepciones patriarcales sobre la familia y los roles de las mujeres y los varones en el hogar. El modelo patriarcal de familia se destaca entre las y los evangélicos. Entre las y los católicos y sin religión aparecen mayores niveles de aceptación de la diversidad familiar y el matrimonio igualitario.

La postura frente al control migratorio y la pena de muerte para los delitos graves se constituyen como un desafío para los Derechos Humanos. La mitad de la población se manifiesta a favor de la pena de muerte y 7 de cada 10 reclaman controles migratorios más estrictos. Las y los evangélicos son quienes más rechazo declaran hacia la pena de muerte.

El cónsul general de Bolivia en Argentina, Ademar Valda, habló con FM De la Calle sobre la coyuntura política luego del golpe de Estado que forzó la renuncia de Evo Morales y la represión del gobierno de facto que ya provocó 27 muertes.

“Hoy Bolivia no vive un Estado de derecho ni una democracia. Lo legal y legítimo es que Evo termine su mandato hasta el 22 de enero de 2020”, advirtió.

En cuanto a la labor de la representación boliviana en Argentina afirmó que “hemos sido posicionados por Evo y, según la ley, sigue ejerciendo sus funciones mientras la Asamblea Plurinacional no acepte su renuncia. Seguimos realizando funciones, estamos en el Consulado General atendiendo a la gente normalmente. No reconocemos a un gobierno de facto”.


Valda explicó que “la única que puede aceptar o rechazar la renuncia es la Asamblea Plurinacional que hasta ahora no ha sesionado y estimo que va a rechazar la renuncia. Se habla de una transición democrática pero la presidenta autoproclamada ni siquiera cumple con los requisitos. Si no está el presidente, asume el vicepresidente o, en su defecto, el presidente del Senado. Por ende, lo que ha sucedido es una estrategia de terror y miedo para forzar un golpe de Estado”.

“Si el golpismo convoca a elecciones va a ser la continuidad de esta dictadura. Quien debe convocar es la Asamblea Plurinacional. Se ha amenazado con cerrar el Parlamento, se ha amenazado a diputados y senadores. No les interesa respetar el órgano de poder ni que se respete el voto, si no obtener el poder y forzarlo para beneficio personal”, dijo.

El diplomático agregó que “existe un cerco comunicacional, los grandes medios se han prestado a validar la dictadura, no informan sobre el asesinato de hermanos campesinos e indígenas, nos apena porque la prensa debería estar cuestionando al poder ilegítimo de Añez y hoy cumple un rol de validar el golpe de Estado y la ruptura de el Estado de derecho, juega un rol antidemocrático”.

21 entidades que integran la Comisión de Usuarios Residenciales de Gas Natural rechazaron la compensación económica otorgada por el ENARGAS a las distribuidoras del servicio producto de la devaluación del peso. Por otro lado, solicitaron a Alberto Fernández que luego de asumir como presidente anule la medida y el aumento tarifario previsto para enero.

“Son las famosas 24 cuotas del 2018 que no se aplicaron. Como se pospuso para este año, ahora pretenden hacerlo y compensarlas por la devaluación del año pasado” señaló desde Consumidores Argentinos, Sergio Procelli.

El dirigente afirmó que “no tiene por qué trasladarse al usuario, menos a los consumos futuros. Quedó pendiente y recién ahora sale esta medida como compensación del dólar. Acá hay dos opciones: que lo pague el usuario o el Estado, que somos los mismos. Las distribuidoras siempre estarían ganando”.

Procelli comentó que “el mes que viene pagaríamos el 22% de lo que se prorrogó. Se debió aplicar ese aumento en octubre pero no se hizo por las elecciones, el gobierno que asuma va a tener 15 días para convocar a audiencias, si es que va a continuar con estos dos aumentos anuales. De aplicarse esto estaríamos hablando de una suba del 50% solamente con el aumento del valor del dólar”.

“Esa tarifa dolarizada no tiene que ver con el costo real del gas sino con subsidios que cobran como incentivo por Vaca Muerta. El Estado le paga la diferencia, serían 3,50 dólares más. No podemos estar pagando los usuarios subsidios a las petroleras”.

“Hay cantidad de gente que se queda sin servicio, se habla de un 10% permanente, es un servicio que inmediatamente que se lo cortan trata de establecerlo, vemos gente que se endeuda para pagarlo o para pagar la reconexión”, finalizó.

Si bien el bloque oficialista y los opositores dijeron coincidir en que en Bolivia hubo un golpe de Estado el 10 de noviembre, no lograron aprobar ninguno de los proyectos de repudio que estaban en consideración.

Al no reunir los votos para habilitar el tratamiento de los textos del peronismo ni el de Cambiemos el debate ocurrió en el espacio de homenajes y manifestaciones.

“No conozco ningún teórico que pueda decir que esto no es un golpe de Estado cuando la sola descripción de los hechos hablan por sí solos”, afirmó el presidente del PJ Cumplir, Marcelo Feliú.

Walter Larrea (Unidad Ciudadana) destacó que es fue un golpe “con una modalidad novedosa, en términos de la política de la Doctrina de Seguridad Nacional que tanto daño le ha generado a los pueblos”.

“Se trató de que las fuerzas armadas y de seguridad, empachadas de doctrinas norteamericanas como ha sido constante en el Siglo XX y XXI, prefirieron retirarse y dejar la zona liberada para que hordas de fascistas y reaccionarios amenazaran al pueblo de Bolivia y sus representantes, obligándolos a presentar renuncias”.

Desde Cambiemos, Federico Tucat expresó que “en nuestro proyecto el artículo 1 es igual al que ellos pretendían votar. No nos equivoquemos, la discusión no es esa, no hay dudas respecto a lo planteado por Larrea”.

“No tenemos dudas ni jurídica ni técnica ni históricamente de lo que hubo fue un golpe de Estado. Por eso nuestro bloque lo repudia. Ni queremos justificarlo ni explicarlo, hubo consenso. Simplemente es que creemos que los problemas de la democracia se solucionan con más democracia, que si había un declaración también debía abogar porque nuestro país garantice la salida en paz, una reestructuración y reacondicionamiento de la elección para que la autodeterminación de los pueblos pueda elegir”, agregó.

“Buscar fundamento para justificar un accionar ilegítimo y violento es aberrante, ni con la OEA ni con la biblia en la mano, no se puede destituir un presidente -elegido democráticamente- por la fuerza y tampoco amenazar a la gobernabilidad de un país a punta de pistola como sucedió”, dijo Maite Alvado (UC).

Trabajadores y trabajadoras de la Defensoría del Público denuncian el vaciamiento del ente creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La Comisión Bicameral designó a Emilio Jesús Alonso como interventor en septiembre de 2018.

El delegado de ATE, Diego Sagardia, dijo a FM De la Calle que “un ente que ha sido premiado nacional e intencionalmente que esté  parado atenta de lleno contra los derechos de las audiencias”.

“Nació para defender y canalizar los derechos de las audiencias de la radio y televisión, no tiene capacidad sancionatoria, sí de recepcionar reclamos y denuncias”, detalló.

El delegado recordó que “desde la creación, la Comisión Bicamenral solo designó a Cynthia Ottaviano, luego del mandato cumplido no nombró a defensor ni defensora, le dieron la firma a una compañera con firma delegada”.

“Luego de casi dos años de gestión donde el organismo hizo muchísimo gracias al esfuerzo de trabajadores y trabajadoras, la Comisión Bicameral designa a Emilio Jesús Alonso como interventor. Ellos dicen que es el encargado. Desde septiembre de 2018 a esta parte, el organismo se ha enfriado y se ha vaciado de políticas públicas”, comentó.

Con Alonso llegó “un grupo pequeño de trabajo que comenzó de manera muy dudosa, nos fuimos enterando de a poco quiénes trabajaban. El trabajo colectivo hizo que no se despidiese a nadie. En diciembre del año pasado, se vencían los contratos de quienes trabajan de manera precaria, de un grupo importante de trabajadores y trabajadoras, logramos que se renueven, en un mes y pico se vuelven a vencer  y no sabemos qué va a pasar”.

Mariana Fernández Massi, integrante del colectivo EJES, dijo a FM De la Calle que “ha habido un fuerte avance de la frontera extractiva, postales e imágenes que no hubiésemos imaginado con torres venteando gas en el medio de las chacras”.

La economista comentó que buscan “prevenir que Río Negro se convierta en un nuevo enclave petrolero”.

Más allá de la renta petrolera: una propuesta para la diversificación productiva y la democratización energética”, se titula el informe elaborado por profesionales de las universidades del Comahue y de Río Negro y dirigentes sindicales. Proponen alternativas productivas al impulso dado por las autoridades locales y nacionales a la extracción de hidrocarburos no convencionales.

“La mesa tiene dos grandes ejes, discutir esta orientación que se le da a la provincia con propuestas de cómo frenar este proceso y también discutir qué características tiene que tener esta diversificación productiva. Estos procesos no son reversibles, no se puede instalar una locación petrolera y dentro de diez años pretender volver a producir peras y manzana”, aseguró.

Fernández Massi afirmó que “hay una propuesta respecto a las potencialidades que tiene la provincia en materia de generación eólica. Nos aparece central la discusión no de qué actividades sino bajo qué modelo. Hablamos de la minería no metalífera a gran escala. El mapa de vientos la hace una provincia muy apropiada para la generación eólica, sin embargo, por las escalas de los proyectos los parques eólicos que están instalados no permiten un eslabonamiento con la industria nacional”.

Respecto al vínculo entre Bahía y Vaca Muerta sostuvo que “una de las principales áreas que se encuentra en la fase de extracción masiva es El Orejano, que depende de YPF, Dow, y PBB. Cuando una sigue qué está haciendo Dow Chemical es garantizar el acceso al gas. Hay un claro vínculo entre la producción petroquímica y los intereses en Vaca Muerta. es bastante difícil discutir Vaca Muerta fuera de los espacios locales, para quienes viven cerca es más evidente cuál es el daño que está generando, hay un consenso generalizado de que Vaca Muerta es una especie de portador de la solución económica de Argentina”.

La comunidad boliviana de Villarino se manifestó en Pedro Luro contra el golpe de Estado que derrocó al presidente Evo Morales. Participaron familias de Pradere, Ascasubi y Mayor Buratovich junto a organizaciones y movimientos sociales.

 “Me siento muy contento porque hay muchos hermanos que se han sumado a esta manifestación por la democracia”, comentó a FM De la Calle el dirigente de la Federación Nacional de Campesinos, Rolando Rodríguez.

Comentó que “la gente está muy triste, muy dolidos por las cosas que están haciendo. Los medios muestran lo que les conviene, hay lugares donde no llegan, al campo y ahí están maltratando a la gente, hay represión y muertos. Cuando salimos a hacer respetar nuestro voto nos reprimen y nos matan, por eso estamos reunidos, queremos que se sientan apoyados desde lejos”.

Rodríguez señaló que quieren “que se respeten nuestros derechos. Muchos quieren que vuelva Evo porque ha hecho volver el derecho a movilizarse, uno se podía manifestar y nadie te reprimía con balas, esa no es la manera de arreglar las cosas. A la gente no las paras con balas”.

Respecto de la senadora Jeanine Añez comentó que “se autoproclamó ella sola como presidenta cuando no estaban senadores y diputados, es algo injusto. Te das cuenta que lo armaron todo, la policía reprimió a senadores del MAS. Creo que no existe la democracia”.

Por último, Rodríguez dijo estar “muy agradecido de que hay muchos argentinos que se sienten identificados”.

En el marco del 30º aniversario de la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, el Consejo Local de Niñez organiza un ciclo de charlas y encuentros.

La doctora Silvia London disertará esta tarde acerca de “estrategias en pos de oportunidades educativas en poblaciones vulnerables” que apunta a “fortalecer las redes y los contactos que tenemos entre los actores de una sociedad”.

Será en dos encuentros: desde las 17 en la Torre Bicentenario de Peatonal Drago para equipos técnicos municipal, educativos, barriales y de organizaciones que trabajan en la temática y luego, abierta a la comunidad, a las 19 en Colón 80.

London comentó a FM De la Calle que un equipo interdisciplinario trabajó “en los barrios 9 de noviembre, Cabré Moré, Stella Maris y un barrio intermedio. Es una mirada local y focalizada, trabajamos desde un abordaje socioeconómico, un poco para analizar la sociología y pensamiento de esta comunidad, respecto a las oportunidades educativas. No tiene que ver con el acceso a la escuela exclusivamente sino con un conjunto de actividades”.

El estudio es producto de una demanda de la Red de Voluntarios por una Infancia Mejor. “Muchas veces hay oenegés, iglesias, movimientos sociales que intervienen en barrios y hay cierta desconexión entre estas intervenciones. Las redes lo que hacen es potenciar las intervenciones. De pronto había sectores que no estaba intervenidos, otros sobreintervenidos. Esto es lo que estuvimos analizando y buscando y el rol de la comunidad”.

La economista explicó que los datos llevaron al equipo a “identificar problemas que van más allá de no tener dinero para mandar al chico a la escuela. Se ve la necesidad de tomar medidas que de golpe, si no se hubiera hecho este análisis estarían ocultas”.

“Por ejemplo, que la inasistencia a los lugares educativos que están lejos de las casa se da muchas veces por factores climáticos. No se soluciona esto con un colectivo gratuito porque no pasa por la puerta. Además, mi papá, mi mamá, me tienen que llevar hasta la parada y esto le hace perder horas de trabajo, genera un círculo o trampa de pobreza, que conduce a que los chicos no vayan a la escuela. Mejorar las calles con tosqueo, para que no se inunden y puedan los chicos caminar esas 5 o 6 cuadras hasta la parada e ir a la escuela sería una alternativa”.

Tras otra masiva movilización en Santiago, el presiente Sebastián Piñera anunció que incrementará la cantidad de carabineros en las calles y querellará a quienes realicen disturbios. El mandatario llamó a un plebiscito para reformar la Constitución y lograr “acuerdos por la paz, acuerdo social y de justicia”.

“Lo que dijo, en definitiva, es que está llamando a los oficiales, carabineros en retiro reciente, para que vuelvan a enrolarse y sumarse a la filas. Llamó a que a toda la gente que ha estado involucrada en saqueos se les aplique la Ley de Seguridad Interior. Eso generó reacciones desde la oposición y las organizaciones de derechos humanos”, comentó Raúl Rodríguez, periodista de Radio Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile.

En diálogo con FM De la Calle, informó que “no hay nada concreto más que insistir en el orden y seguridad como medida de fuerza para poder contener el estallido social. Son 17 días de protestas continuas, la economía se va a hundir en estos dos meses, no sé hasta que punto van a aguantar los empresarios que no siga habiendo ventas y que se destruyan los locales”.

El periodista comentó que “la situación está muy complicada, ayer hubo jornada masiva de manifestaciones que terminó con incidentes, desalojos, hubo 800 detenidos. En las capitales hubo saqueos y robos. La gente se queda con esa sensación, que hay una violencia inusitada para que el gobierno pueda imponer el discurso de orden, la cadena nacional que fue a las 10 de noche parecía que iban a sacar los militares a la calle nuevamente”.

“Tenemos que pensar una nueva Constitución en la Asamblea Constituyente. (El anuncio del presidente) hay que entenderlo en el marco de un gobierno de derecha que apoyó a los militares en la dictadura, aunque Piñera quiera vestirse de colores democráticos. Que el Congreso elabore la Constitución es imposible porque está completamente deslegitimado”.

“Lo que se está proponiendo es una Asamblea Constituyente. Es un punto central, las condiciones dignas tienen que ser ahora, no en veinte años. Hay generaciones enteras empobrecidas. Si bien el texto hay que cambiarlo, sin duda no tenemos que perder las medidas concretas para las clases medias y bajas”, finalizó.

Vecinos y vecinas de la comunidad se reunieron el domingo y decidieron convocar a un abrazo a la Plaza del Sol para rechazar la destrucción del espacio verde y la construcción de cocheras subterráneas y una plaza plana.

“Se han encarnizado con destruir la plaza, es hermosa y tiene un enorme caudal histórico y emocional para las personas de Bahía. Lo que yo expresé es mi oposición a que se la destruya para hacer un emprendimiento que le va a venir bien a dos o tres personas por 50 años, dándole la espalda a la gente”, dijo Mónica Oliver a FM De la Calle.

“Las marchas (del 24 de marzo) comienzan y muchas veces terminan ahí, está ligado a la lucha por la memoria, han quitado el cartel de la Plaza de la Memoria y la Resistencia, es como si quisieran robarnos la memoria.  Tiene ese espacio de ágora para que la gente se pueda juntar a discutir y debatir, es simbólico”, agregó.

Oliver comentó que “dicen que es una plaza de mala vida, es un problema social que nada tiene que ver con lo edilicio. La Municipalidad debería hacerse cargo en caso de que sea así. Es una plaza que se presta para que la gente se encuentre, hay asientos circulares, he visto chicos jóvenes haciendo cosas preciosas, saltando, hip hop”.

“Decidimos hacer un abrazo a la plaza el viernes 22 alrededor de 19.30 de la tarde para que la gente pueda salir del trabajo. Abrazar para decir esto no se toca, esto lo defendemos, hay vecinos que decimos que queremos a esa plaza. Acordamos con Dicek. Si hay un grupo de personas que quiere hacer cocheras, que compre terrenos y haga cocheras, que no tiren una plaza”, finalizó.

La CTA Bahía Blanca inicia esta tarde un ciclo de talleres para reflexionar sobre la explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales en Vaca Muerta y sus consecuencias.

“Desarmando Vaca Muerta” abrirá con una charla a cargo del ing. Horacio Campaña (UTN) sobre ¿qué es el fracking y cómo afecta al medioambiente? Será a las 19 en el 5º piso de 12 de octubre y San Juan (Humanidades).

“Hay evidencias de años de este tipo de producción, eso valida lo que pensábamos inicialmente respecto principalmente a la gran cantidad de agua que utiliza y la contaminación, a la emisión de metano, que es muy grave por el efecto invernadero y el cambio climático y al tema de los movimientos sísmicos”, dijo es especialista a FM De la Calle.

Campaña agregó que también existen pruebas del impacto en la salud de las poblaciones cercanas a los pozos petroleros, fundamentalmente, problemas de nacimientos con deficiencias, retrasos y malformaciones.

En cuanto al posicionamiento de las fuerzas políticas locales sobre Vaca Muerta, el ingeniero destacó que los partidos mayoritarios piensan lo mismo. “Visto desde lo económico la fractura hidráulica es un negocio que no funciona, no es rentable, funciona con subsidios estatales, es un entramado económico incluso vinculado a paraísos fiscales, esto no funciona naturalmente. Funciona para seguir teniendo hidrocarburos a cualquier costo, para Argentina no va a ser exitoso”.