“Nada se puede tomar si a uno no le pertenece”, dijo el concejal de Unidad Ciudadana, Carlos Quiroga, respecto a la ocupación de terrenos que realizan centenares de familias en el barrio Spurr.
“No compartimos eso, no es la solución, no corresponde, no hay que hacerlo. Ahora, también es el emergente de una falta de política habitacional y una falta de tierras de la que el gobierno se tiene que hacer cargo”, afirmó a FM De la Calle.
Desde el lunes 12 de agosto más de cuatrocientas familias se instalan en un gran bloque de tierras sobre Esmeralda al 1000. El macizo pertenece a la Administración de Bienes del Estado y está bajo custodia municipal. El intendente Héctor Gay descargó la gestión del reclamo en las autoridades de la justicia federal.
Quiroga manifestó que su sector tiene “una política de tierras que será explicitada en su momento y que será eventualmente aplicada si Federico Susbielles, como nosotros esperamos y confiamos, es nuestro intendente”.
“Mientras tanto, es un problema de ellos. Habrá gente avivada, gente que maliciosamente promueve este tipo de actos ilegales sabiendo que lo son y perjudicando a quien está en la vía y sin un techo con el que cubrirse. Ahí el Estado debería dar las respuestas y evitaría estos malos entendidos y esta cosa espantosa de propiciar que gente que está en la última miseria se convierta en perpetradores de un delito”.
Consultado por la difusión de un audio privado en el cual el abogado Leandro Aparicio asesora a vecinos de la toma, el concejal dijo: “Desconozco con precisión el derecho, sí entiendo que no es correcto y no está dentro de la ley ocupar un terreno que a uno no le pertenece. Lo demás, el abogado se hará cargo, desconozco cuestiones jurídicas. Si alguien me viene a pedir asesoramiento a mí, más que ‘eso no lo hagas’ no le puedo decir, no tengo formación jurídica”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2019/09/spurr-toma.jpg?fit=4412%2C1734&ssl=117344412FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2019-09-02 12:34:102019-09-02 12:49:20Toma de tierras: “Es un problema de ellos”
En la entrevista destacó la regresividad del fallo en la jurisprudencia de las causas por crímenes de lesa humanidad y las desproporcionalidad entre los delitos por los cuales se condenó y las penas que se aplicó.
En algunos casos “fue menos que lo que le dan a un pibe que encuentran con marihuana o rompe un vidrio en la calle. Esa asimetría demuestra un desenfoque central”.
El segundo tramo de la causa que investiga los delitos ordenados desde la Base Naval Puerto Belgrano abordó 68 casos de víctimas, un tercio de las cuales continúan desaparecidas. En cuarenta días se conocerán los fundamentos.
-¿Qué destacan del fallo?
Lo primero es la cantidad de absoluciones, son 6 sobre 17 imputaciones. Es un dato enorme. Eso no se puede analizar sin ver los fundamentos, el tribunal habrá tenido dudas, habrá hecho alguna interpretación, pero el número es sorpresivo, más en contraste con lo que veníamos viendo en procesos anteriores. Tuvimos una sola absolución en cinco procesos.
Lo que se puede apreciar en el veredicto, es la cuantificación de la pena en función de los hechos reconocidos. El punto más grave -al ser personas que les imputaron numerosos secuestros- es que la relación entre la pena y los secuestros y torturas no guardan ninguna proporción.
La otra cuestión que nos parece muy grave es la fragmentación de la responsabilidad en torno a los homicidios. Hay personas cuya participación en hechos de víctimas desaparecidas reconoció el tribunal y no le atribuyeron el homicidio. Esto es novedoso, no lo habíamos visto en fallos anteriores. Implica que una pena perpetua se traduzca en una pena de 5 o 6 años. Consideramos que ahí se corre el eje y se desvirtúa el análisis efectuado.
-Más allá de los fallos locales, ¿esto se discutía en otros tribunales del país?
Hay que ver cada caso pero, por ejemplo, el caso del conscripto Aguilar que fue desaparecido, secuestrado, al momento de salir baja de una unidad de Puerto Belgrano. Es separado de los compañeros que lo ven irse detenido. La imagen que relatan ellos es como se lo llevaban a Maradona en el mundial ’94. Vieron a un conscripto sobre el cual los oficiales de la unidad estaban preguntando sobre su ideología, ya le habían allanado la casa en Córdoba. Y la situación del imputado en relación al caso y lo que reconoce el propio fallo al condenarlo por la privación ilegítima de la libertad, consideramos que cualquier otro tribunal lo hubiera condenado a perpetua. Son cosas que se discuten, hay planteos de la defensa, pero fue un fallo unánime, no hubo ninguna disidencia, eso nos llama la atención.
Da para una explicación más extensa, por ahí lo más significativo es que una persona que es condenada por un secuestro en las condiciones que sucedieron, desde el Estado, en total clandestinidad, con una impunidad enorme, con la violencia y métodos de tortura, rebasa el molde de cualquier hecho que podemos considerar en el presente y, sin embargo, la pena fue menos que lo que le dan a un pibe que lo encuentran con marihuana o rompe un vidrio en la calle. Esa asimetría demuestra un desenfoque central.
Lo que sostuvimos es que la persona que interviene en alguna de las etapas del crimen, con conocimiento de toda la secuencia criminal, es responsable por el todo, la distribución de roles tenía por fin esto de decir nos animamos a hacerlo. Es un gesto de cobardía pero un oficial de personal de la unidad donde estaban investigando al conscripto que desapareció y que fue el que se lo llevó de la mano, claramente conoce cuál era uno de los destinos que le iba a tocar y claramente conoce que iba a ser torturado e interrogado, esto sucedía siempre y a esa altura del 76 lo sabía la ciudadanía.
-¿Es muy diferente el tratamiento de los casos entre el juicio Armada I y este de Armada II?
Es abismal y, de hecho, ha producido algunas disonancias entre lo que se falló respecto a los imputados que ya habían pasado por el anterior juicio. Hay dos imputados que vuelven a ser condenados, Martínez Loydi –que era un jefe de inteligencia de la Prefectura Naval- había sido condenado por los homicidios de Heinrich y Loyola, por ejemplo, y en esta oportunidad se lo absolvió por los homicidios y se lo condenó únicamente por privaciones de la libertad. Se lo absolvió por el caso de Zampini que fue secuestrado por Prefectura.
Hubo un fraccionamiento de los hechos y una mirada sesgada y fragmentada acerca de los aportes dentro del plan.
-¿Qué pasó con los delitos sexuales? ¿Qué plantearon ustedes y que resolvió el tribunal?
Al inicio del juicio solicitamos que se los incluyera en la acusación, en realidad, que era parte de la acusación. Nosotros en la requisitoria de elevación a juicio no lo habíamos incluido al momento de calificar. Una cosa es describir los hechos, el conjunto de circunstancias que se le atribuye a una persona y otra es decir que encuadre jurídico tiene ese cuadro fáctico. Ese encuadre fáctico no se puede tocar a lo largo del proceso pero el encuadre jurídico sí. A veces por los mismos hechos imputás por un hecho y cuando elevas a juicio corregís esa calificación.
Habíamos pedido la elevación a juicio sin incluir delitos sexuales y lo que dijimos al momento de acusar fue que la Fiscalía iba a calificar los hechos descriptos como constitutivo de abuso sexual a los efectos de que la defensa pudiera ejercer mejor su derecho, que supieran que iba a ser así, eso nos pareció una cuestión más técnica, hay un límite a veces no muy claro entre variación del hecho y variación de la calificación. No me quedo con eso, lo más grave tiene que ver con el modo en que valoraron los hechos, las absoluciones lo vamos a ver cuando estén los fundamentos.
-Fueron varios los que recuperaron la libertad.
Los 6 absueltos salieron en libertad pero en general las penas bajas, los que condenaron a pena temporal, es decir todos menos uno, salvo dos de 18 años, algunos condenados del juicio anterior, el resto de los que tiene 5 o 6 años si no salen ahora salen en muy poco tiempo.
Todas las penas se colocaron por debajo de la mitad de lo que pedimos.
-¿Queda alguno en cárcel común?
No, ninguno. Esa fue otra de las cuestiones. Aráoz de Lamadrid, la única perpetua, fue reincorporado al proceso porque estaba con el juicio suspendido por incapacidad sobreviniente, en una de las evaluaciones que se hacen se concluye que está en condiciones de presentarse al juicio pero sin reestablecerle la prisión preventiva. Lo condenaron a perpetua y no dijeron que se le fuera a reestablecer la preventiva, ordenaron un estudio de salud. Consideramos que lo mínimo era decretar la prisión preventiva y sujetar la modalidad a las condiciones de salud. Hay un cambio sustancial entre el estar en el juicio libre a que te condenen a prisión perpetua más allá de que no esté firme, hay un cambio en la valoración sobre los riesgos y demás.
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El Concejo Deliberante reclamó al Municipio que reanude el trámite de la declaración de Emergencia Alimentaria solicitado en diciembre de 2017 por Unidad Ciudadana.
“Apenas asumimos presenté el proyecto en emergencia alimentaria, Gisela Ghigliani reclamó emergencia en medicamentos y Walter Larrea la emergencia laboral. Tres indicadores sociales de una extrema gravedad ya por entonces. Veinte meses después sigue ahí. Declarar la emergencia no es una cuestión simbólica sino que es disponer de facilidades para tomar decisiones rápido, tener recursos disponibles”, señaló el concejal Carlos Quiroga.
Afirmó que “la gente se está muriendo de hambre, no saber qué van a comer. Para miles y miles de familias vivir significa simplemente la supervivencia, todo el proyecto, las expectativas, se remiten a ver si mañana comemos. Les están arrancando fragmentos de su calidad de personas”.
“De diciembre del 2017 a 2018 los pobres pasaron de ser 44 a 78 mil. En ese momento Soledad Monardez se dio el lujo de subejecutar 80 millones que tenía asignado para el área social y la premiaron con el Juzgado de Faltas con el voto del socio minoritario de Roberto Ércoli”, agregó.
Respecto a la asistencia municipal a familias vulnerables, Quiroga comentó que “la gente tiene que hacer un peregrinaje para conseguirla, además ¿sabés lo que significa venir al centro para las familias sin recursos? El boleto de colectivo a 30 mangos, el combustible de la moto, como no tienen las motos en condiciones se las decomisan si viene al centro”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2019/04/carlos-quiroga.jpg?fit=1024%2C680&ssl=16801024FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2019-08-30 18:17:462019-08-30 18:17:46“La gente se está muriendo de hambre, no saben qué van a comer”
El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur y el Departamento de Economía de la UNS firmaron un convenio para para que dentro de los próximos 3 años se realice la medición de pobreza multidimensional en la ciudad.
Silvia London, directora del IIESS, dijo a FM De la Calle que mantuvieron una reunión con el intendente Héctor Gay para “analizar qué tipo de estadísticas tiene el municipio, colaborar con nuestros propios datos y poder hacer esta medida de pobreza multidimensional”.
“Buscamos tener una medida que dé mucha más información de las necesidades de sectores más vulnerables para establecer políticas específicas”.
London comentó que la medición multidimensional “es una medida que no solamente considera pobreza por ingresos sino otros factores, son tres índices y, sobre cada una de estas, hay otras variables que las componen. Sobre esto se ven carencias de vivienda y educación, obviamente el ingreso también, es parte de la medición pero no es lo único que lo determina”.
“Tenemos un problema en Bahía Blanca con respecto a una porción de la sociedad que está en situación de pobreza y la idea es poder ver exactamente qué dimensiones son las más significativas para actuar”.
“Para los que hacemos investigación, el resultado es cuando estos datos llegan a los hacedores de política. En ese sentido es muy bien recibido por nosotros que la Municipalidad tenga interés de que se hagan estos diagnósticos”, concluyó.
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Se cumplió el primer aniversario de explosión de la Escuela 49 de Moreno en la cual se produjeron los asesinatos laborales de la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez.
La docente morenense Andrea Blanco visitó Bahía Blanca para acompañar la proyección de la película “Escuela Bomba”.
“No fue un accidente porque se pudo haber evitado si garantizamos la condiciones en las que se trabaja y se aprende. Si bien sucedió ahora, en este gobierno, no son cosas de ahora. Aunque Vidal es responsable. Las malas condiciones de infraestructura de las escuelas preceden a este gobierno, negligencia y múltiples causas que se podrían haber sido evitadas”, dijo Blanco en FM De la Calle.
Agregó que “lo que pasó luego de la explosión fue lo que se pudo construir colectivamente, eso tiene una potencia tremenda, las cosas se fueron desarrollando por la masividad del conflicto. El primer día se suspendieron todas las actividades, fue el dolor y la certeza de que cualquiera de nosotros podría haber sido Sandra y Rubén”.
El distrito estuvo casi seis meses con suspensión de clases. “Empezamos mayoritariamente el ciclo lectivo 2019, la mayoría de las escuelas sin gas. A una escuela céntrica le habían puesto aires acondicionados para calefaccionar y cuando empezó el frío empezaron a estallar las instalaciones eléctricas”.
En Capital Federal, las autoridades del cine Gaumont censuraron el estreno del film: “Teníamos fecha, estaba en agenda y dos días antes nos dicen que no iba a salir. Eso generó toda una situación alrededor de la película. El director es Juan Mascaró, tuvo la cintura de decir ‘la pasamos en la calle’, y eso tuvo un efecto interesante. Queremos que el documental resulte una herramienta para poner luz a la situación de la provincia y del país, porque no se distancia lo de Moreno con el resto de las localidades”.
“Escuela bomba” es una producción independiente del Departamento de Educación de la Universidad de Lujan, “sin un solo peso, con una cámara prestada”.
Blanco señaló que “intentamos en 68 minutos reflejar lo que los distintos colectivos piensan, el impacto de los asesinatos, la muerte, la explosión. Todo lo que vino después, lo que pasó con la película es análogo a lo que pasó con la explosión”.
“Sandra y Rubén fueron dos compañeros muy comprometidos en su organización sindical y en su labor. Muy comprometidos con su trabajo, con esa escuela y con la comunidad. Su compromiso social habla de ellos como laburantes, como sujetos históricos. Y si no fueran así también deberíamos estar haciendo esto por cualquier trabajador que muere tratando de ganarse la vida”.
La docente comentó que “judicialmente el que tiene algún costo es el gasista, como siempre, el hilo se corta por lo más delgado. Claramente los responsables son los gobernantes, sin embargo, ellos no pagan ningún costo”.
“En Moreno los padres han sacado a cachetazos a (el Director General de Cultura y Educación, Gabriel) Sánchez Zinny de la escuela, hay mucha irritabilidad ganada, eso está y tiene su efecto político. Ninguno tiene causas ni procesos judiciales por esto”.
Por último, Blanco señaló que “si Sandra estuviera viva estaría pagando los costos de la explosión porque siempre somos los trabajadores los que pagamos los costos”.
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Los veedores judiciales que supervisaron el escrutinio provisorio de las PASO informaron a la jueza María Servini de Cubría que hubo fallas en el sistema del conteo de votos y que el software a cargo de la empresa Smartmatic “funcionó de forma totalmente defectuosa”.
Beatriz Busaniche, integrante de la Fundación Vía Libre, dijo a FM De la Calle: “Lo que más nos preocupa es que, si bien el informe es lapidario, se queda corto porque, por ejemplo, dice que el software de escaneo de los telegramas funcionó bien y en condiciones de seguridad. No creemos que los veedores estén en condiciones de informar eso. Los especialistas dicen que el sistema de escaneo está lejos de ser validado por alguna auditoría, que si bien funcionó, las condiciones de seguridad del software son nulas”.
“Hay cosas que tienen gravedad. Smartmatic sacó inmediatamente un comunicado diciendo que desconectar las terminales informáticas de los fiscales era una práctica de contingencia en caso de que algo fallara. Con el fin de priorizar la carga cortaron la información a veedores y gente que estaba siguiendo en el centro de cómputos el escrutinio provisorio”.
La carga de los datos provisorios se demoró porque hubo un problema de capacidad de los servidores: “Previeron una capacidad de trabajo menor a la que hubo. Es terriblemente grave porque cuando uno instala una aplicación tiene que probarla con el uso más intensivo, no jugarla de mínima”.
En segundo término, Busaniche advirtió “que la empresa tiró la pelota afuera con el comunicado. El Poder Ejecutivo dice que es un problema de la empresa como si fuera un testigo y no el responsable. El Gobierno la contrata pese a la cantidad de elecciones fallidas, la cantidad de denuncias, debería haberla descalificado de primera mano. El Ejecutivo se comporta como un comentarista”.
La empresa está a cargo del desarrollo del software para la transmisión de telegramas desde las escuelas y luego interviene en el escrutinio provisorio. ¿Hay condiciones para que Smartmatic se encargue de la elección de octubre?
“La doctora Servini no resolvió el amparo del Frente de Todos que pidió que se designen veedores judiciales y se aparte a Smartmatic. No creo que el Poder Ejecutivo tome acciones reales, tiene un par de problemas más urgentes que les ocupan el tiempo. Este conflicto con el tema dólares es más un conflicto político que económico y tiene que ver con la cuestión electoral. Entonces, flaco favor le haríamos a la situación económica si encima el 27 de octubre tenemos un apagón informativo en el escrutinio provisorio”.
Busaniche afirmó que “hay que redoblar las fuerzas para que entreguen el software. No hay tiempo físico de cambiar la empresa, de hacer una auditoria ni hacer nada que corrija el rumbo. Lo único que se puede hacer es aceptar la ayuda que se está ofreciendo, ampliar la posibilidad de que los partidos vean y auditen. La casa de naipes que esáa armada con el tema dólares es un problema político y lo último que necesitamos es romper el sistema electoral”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2019/08/smartmatic.jpg?fit=750%2C421&ssl=1421750FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2019-08-29 12:17:262019-08-29 12:17:26Smartmatic: “¿El país está preparado para un apagón informativo en octubre?”
No solo por las contundentes penas para los represores, sino también porque se enmarcaron los delitos “en el genocidio sufrido en nuestro país” y se abrió el camino a la investigación de las participaciones civiles: La Nueva Provincia, el cura católico Aldo Vara e integrantes del Poder Judicial. Bahía fue ejemplo internacional.
Hoy se impuso nuevamente la sorpresa. Pero esta vez fue para cubrir de vergüenza el accionar del Poder Judicial que garantizó la impunidad de un puñado de terroristas de Estado.
“Estamos muy sorprendidos, shockeados. Es una decisión totalmente inesperada, que contrasta totalmente con el pedido de la Fiscalía”, dijo a FM De la Calle el fiscal Pablo Fermento.
Pidieron trece prisiones perpetuas y se aplicó una. Se absolvió a seis imputados para quienes se había demandado la pena máxima. Los condenados tuvieron castigos de muchos años menos que los exigidos.
“Por ejemplo a Lacoste, Schaller, Martínez Loydi. Les aplicaron penas de tres años o cinco, incluso tomando como argumento para eso una fragmentación de los homicidios. Se consideró que el hecho de participar en la privación ilegítima de libertad de una víctima desaparecida no implica responsabilidades en esa consecuencia”, explicó Fermento.
El fiscal afirmó que el fallo “es totalmente regresivo, no solo con los criterios que estuvieron contenidos en sentencias anteriores de esta jurisdicción sino en la jurisprudencia de lesa humanidad del país”.
“Nos preguntamos cuáles son los factores determinantes de esta decisión. No lo sabemos. Haremos un análisis más frío cuando tengamos los fundamentos, trabajaremos el recurso de Casación. Muy sorprendidos, esa es la palabra”.
Repudio en la calle
El tribunal oral de Bahía Blanca condenó este mediodía a once represores y absolvió a otros seis acusados. Los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu rechazaron los pedidos de la Fiscalía y la querella para que 13 marinos fueran condenados por delitos sexuales. Entre absueltos y penados, once genocidas fueron liberados.
“Es vergonzoso, es una porquería. Acá no llora nadie, no se rinde nadie”, afirmó Alejandra Santucho, integrante de H.I.J.O.S. Bahía Blanca desde las escalinatas de Colón 80. “Justicia cómplice, jueces cómplices”, gritó una mujer.
Marcela, la madre-compañera del “Negrito” Jesús García, sostuvo que “es vergonzoso lo que pasó, son jueces traidores, para lo único que sirven es para recibir el sobre abultado de plata que les pagan todos los meses”.
“Me voy con bronca y pena por los compañeros que han caído y no están. Mi hijo tenía 17 años, estos valientes lo secuestraron y lo mataron, lo torturaron hasta el cansancio, eso son la basura que tenemos ahí adentro. Son asesinos”.
“Quiero recordar a los mellizos Metz, a uno de ellos y a su esposa los secuestraron y los mataron. Están desaparecidos, están muertos. Ellos luchaban acá como nosotros. (Ndr: el hijo de Raúl Metz y Graciela Romero nació en el CCDTyE La Escuelita y aún no conoce su identidad). Nos tuvimos que ir porque día y noche nos perseguían después de que se llevaron y mataron a mi hijo. Nos fuimos con lo puesto, yo era una mujer sola con tres hijas mujeres, me fui con lo puesto porque me iban a matar a mí y a mis hijas. Esos son los valientes que defendieron los jueces hoy”, recordó Marcela.
El secretario de la APDH, Eduardo Hidalgo, manifestó que “hace siete años que venimos en esta picada, desde las primeras detenciones domiciliarias hasta llegar a esta desvergüenza que llaman fallo” y agregó que “la condena es secundaria, la cuestión central es el Poder Judicial”.
La legisladora porteña y nieta restituida, Victoria Montenegro, advirtió que “no vamos a llorar, vamos a convertir todo esto en lucha”.
“Da impotencia cuando vemos a este Partido Judicial cómplice de esos delitos tan tremendos, de lesa humanidad, que nos siguen doliendo a todos y a toda la sociedad argentina. Por supuesto que es injusto, por supuesto que vamos a pelear, pero acá veo muchos adolescentes que nos acompañaron, que abrazan esta causa y esa es nuestra principal victoria”, concluyó.
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En el día de la radiofonía argentina, Un grillo en tu almohada intentó un acercamiento a diferentes visiones acerca de la radio local. ¿Cómo se hace radio en Bahía Blanca? Dificultades económicas, carterización del mercado publicitario, el recorte de los sectores pequeños ante un modelo económico que no permite el crecimiento, la concentración de la pauta oficial, las radios comunitarias y universitarias como única posibilidad de acceso al derecho a la comunicación por parte de las comunidades, son algunos de los temas analizados por nuestros consultados.
A la hora de pensar en las voces que representan emprendimientos públicos y privados, nos encontramos con la regla de que quienes están al frente de medios de comunicación local son varones.
Luis Alberto Cano (Director de Radio Altos y del portal Frente a Cano), Marcelo Tedesco (Director de Radio Universidad Nacional del Sur) y Diego Salvadori (Continental Bahía Blanca, Music, las 40 y del grupo Bahía Multimedios) en diálogo con FM De la Calle aportaron miradas en el día de un medio tan apasionante como peligroso.
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Este miércoles se presenta el segundo libro del Grupo Interdisciplinario para el Estudio de las Colisiones Viales “Colisiones Análisis, Problemas y perspectivas”. Publicado por EdiUNS fue editado por el decano de Ciencias de la Salud, Pedro Silberman.
“En principio es proseguir con el primer libro que tiene que ver con la estadística de 2015, 2016, 2017 y profundizar con algunas cuestiones que atraviesan de la problemática”.
“No hay ningún cambio, eso ya genera una perspectiva poco optimista porque los problemas siguen existiendo desde el 2012 a esta parte, mismos datos, mismas problemáticas. Cualquier cambio que uno quiera hace enseguida se van a modificar, evidentemente las lógicas de funcionamiento por los cuales se generan siniestros siguen estando”, comentó.
El alcohol tiene un capítulo especial: “Es una de las sustancias más adictivas, tiene una concepción moral muy aceptada por la población frente a otras sustancias menos nocivas o con una connotación personal como es el cannabis, por ejemplo”.
Respecto a la iniciativa de legislar por la Tolerancia Cero al volante, el decano comentó que “la problemática está desbordando, la justicia lo toma porque hay presión social pero no existen política públicas porque ahí hay poder de lobby”.
“La única sustancia que no tiene una política que controle o mitigue es el alcohol. Se plantea en términos de doble moral porque, por un lado, en el alcohol al volante se generan juicios y condenas pero, por otro, hay publicidad, hay una aceptación del alcohol sobre todo en jóvenes”.
“Según un estudio de la Municipalidad más del 50% de los menores de 14 años ya han tenido una experiencia de alcohol dura y en el 80% los padres no estaban presentes o no tenían conocimiento”, comentó.
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El columnista de FM De la Calle, Francisco Cantamutto, analizó la actualidad económica a partir de las negociaciones de los representantes del Fondo Monetario Internacional con funcionarios del gobierno nacional y con referentes del Frente de Todos.
“El fracaso de las políticas de este gobierno junto el FMI hablan de una corresponsabilidad. Si nos vamos a centrar en la visita de ayer negociando con gobierno y oposición para ver si nos habilitan el ante último tramo del crédito que queda, perdemos de vista cómo el FMI hizo la vista gorda a lo largo de cinco revisiones donde no solo las cosas estaban empeorando sino que incluso se deterioraron las cuentas externas que se supone es lo que tiene que resolver”.
¿Qué pasó en la reunión de ayer con el representante del Fondo?
Más allá de cómo quedaron las cuentas fiscales del segundo trimestre, están pensando cómo se hace para llegar a diciembre y qué va a pasar después. Los trascendidos hablan de un vacío de poder que alienta a la incertidumbre de lo que venimos hablando. No se originan en la reunión de ayer, es un clima generalizado.
¿Qué puede pasar después del 10 de diciembre?
Sin especular demasiado, puede ocurrir que llegue el siguiente gobierno y no se encuentre con reservas disponibles. Las de libre disponibilidad son menos de 10 mil millones. Estas son estimaciones porque el Banco Central dejó de publicar los números. Si se encuentran sin reservas, ¿cómo va a manejar la política cambiaria? Lo que hace Alberto Fernández es marcar la cancha de una negociación agresiva. Recordemos que lo que sostiene es el pago de la deuda, no discute la legalidad o legitimidad de la deuda.
No podemos descartar el escenario en el cual, en este diálogo político, haya algún tipo de acuerdo entre gobierno, FMI y alguna parte de la oposición para pasar algunas de las reformas que reclama el Fondo en estos meses de transiciones. Reforma laboral, reforma previsional, reforma de la carta orgánica del Banco Central, algunas privatizaciones como son las del Banco Nación y Provincia. Sin ser una reforma de la escala del ’89, que le habilitaron a Menem a hacer lo que hizo después, no se puede descartar que alguna de esta reformas se plantee como prenda de cambio para señalarle al Fondo que algunas de estas reformas ya se hicieron.
El equipo de la fórmula FF dice que propone un congelamiento de precios de 180 días para avanzar en las negociaciones parciales, se congelan los precios con los salarios habiendo caído un 20%. Esto si bien no es una reforma laboral, es una caída muy fuerte de los salarios reales que es parte de lo que el FMI busca.
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La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó el Informe anual 2019. El sistema de la crueldad XIII. Es el décimo tercer informe que año a año describe la crueldad que descarga el sistema penal sobre sus víctimas, los sectores más vulnerables de la sociedad, en su mayoría jóvenes y pobres acusados por delitos menores.
Durante estos 13 informes, pasaron gobiernos provinciales de distinto signo político: todos insistieron en el punitivismo como única política de seguridad. El resultado fue el agravamiento paulatino de las condiciones de detención y el incremento de la violencia policial en los territorios.
Como ocurre cada año, la publicación del trabajo de monitoreo y control de lugares de encierro y políticas de seguridad, salud mental y niñez es un acto político para llamar la atención de todos los poderes del Estado: el sistema penal está en crisis, las violaciones extremas a los derechos humanos se naturalizaron y las víctimas de este sistema no son escuchadas ni reparadas.
Las masacres de Pergamino, Esteban Echeverría y San Miguel de Monte son la muestra acabada de la peor cara del sistema penal.
“Ya presentamos 13 informes a funcionarios y jueces que no tomaron ninguna medida para revertir esta situación, las cárceles son depósitos humanos”, dijo Adolfo Pérez Esquivel.
El del año pasado fue el informe de los récords. Este año todos los índices empeoraron: cantidad de detenidos, tasa de prisionización, crecimiento interanual de personas detenidas, sobrepoblación.
Hay 50.500 personas detenidas, la sobrepoblación en cárceles es del 113%, en comisarías del 310%. “Este gobierno, que asumió reconociendo la crisis del sistema de encierro, fue la gestión que mayores violaciones a los derechos humanos provocó”, resumió el secretario de la CPM Roberto Cipriano García.
Durante 2018, se denunciaron más de 12 mil hechos de torturas; 339 personas murieron bajo custodia del Estado y otras 120 por uso letal de la fuerza.
“Los hechos que denunciamos son consecuencia de las políticas de mano dura. No son casualidades o hechos aislados. Las masacres de Pergamino, Echeverría y Monte son una prueba: todos sabían de la situación crítica y no hicieron nada. Peor aún: una vez que sucedieron, ni la gobernadora ni las autoridades judiciales se pronunciaron, fue como si no hubiese pasado. Un silencio que no respeta ni siquiera el dolor de las familias”, agregó Cipriano García.
Familiares de las víctimas de las tres masacres ocurridas durante la actual gestión de la Provincia formaron parte de la mesa de presentación. “El pasado 20 de mayo, a Cami, Gonzalo, Danilo y Aníbal los mató la policía mientras paseaban por la laguna de nuestro pueblo. A Rocío la hirieron gravemente. Pero no es un caso aislado, esto pasa a diario, es una política de Estado que los prepara, forma e instruye para actuar así. Una política de Estado, incluso, celebrada por las máximas autoridades”, señaló Yanina Zarzoso, mamá de Camila López.
“Pasaron tres meses de la masacre y cada día es difícil. Con el alma hecha pedazos estamos en las marchas, somos cinco familias que la estamos peleando. Queremos justicia por nuestros hijos, y también para todas las madres que pasaron por lo mismo. Pero no es sólo un pedido de justicia: reclamamos un porvenir para nuestros niños, para que cada vez que salgan de sus casas puedan volver sanos y salvos”, remarcó Gladys Ruiz Díaz, mamá de Danilo Sansone.
La CPM también patrocina a cinco de las siete familias de la masacre de la comisaría 1ª de Pergamino. El próximo 2 de septiembre, al cumplirse dos años y medio del hecho, comienza el juicio oral y público contra seis policías: “Ellos estaban esa noche ahí y no hicieron nada para salvar a nuestros hijos, dificultaron las tareas de rescate de los bomberos, los dejaron morir”, dijo Cristina Gramajo, mamá de Sergio Filiberto.
“Ya había pasado en Pergamino y se dijo nunca más, y después nos volvió a pasar a nosotros”, declaró Matilde, mamá de Elías Soto, una de las diez víctimas fatales de la masacre de Esteban Echeverría.
La CPM también patrocina a familias en esta causa. “Llevamos 9 meses de lucha y seguimos en el camino de justicia, pero este tiempo también nos hemos sentido burlados; la Gobernadora sacó una nota diciendo que nos había recibido, nunca fue así”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2019/08/informe-CPM-1024x675.jpg?fit=1024%2C675&ssl=16751024FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2019-08-27 11:30:192019-08-27 12:21:08Políticas de seguridad bonaerense: la era de las masacres
El debate oral del juicio Armada II cerró con las “palabras finales” de 14 de los 17 represores que esta semana escucharán la lectura del veredicto.
La mañana transcurrió entre excusas, declaraciones de inocencia, homenajes familiares, enumeración de enfermedades, agradecimientos por el buen trato de los jueces y hasta lamentos por “la grieta insoportable”.
El próximo miércoles a las 11 -en Colón 80- se conocerá el veredicto por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 68 víctimas del terrorismo de Estado en Bahía Blanca y la región.
La de hoy fue la primera vez que el tribunal y el público local tuvo cara a cara a la mayor parte de los genocidas que siguieron el juicio por videoconferencia.
Heberto José RUBATTINO: revistó con el grado de Teniente de Navío, como Jefe de la Compañía PITÓN dentro de la Base Naval Puerto Belgrano, 22 de marzo y el 14 de abril de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron 25 años de prisión.
Ricardo César ARAUJO: se desempeñó con el grado de Capitán de Corbeta, como Comandante del Batallón de Comunicaciones N° 1 (BIC1), desde el 29 de diciembre de 1975 al 6 de enero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Rómulo Augusto ILLA: se desempeñó con el grado de Capitán de Corbeta, como comandante del BIC1, desde el 3 de enero de 1977 al 6 de febrero de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Arturo María QUINTANA: se desempeñó con el grado de Teniente de Navío, como 2do. Comandante del BIC1 desde el 2 de febrero de 1976 al 6 de febrero de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Aristóbulo Nicanor MOREIRA: desde el 6 de diciembre de 1976 hasta el 5 de mayo de 1977, se desempeñó con el grado de Teniente de Navío como jefe de operaciones, personal y logística del Batallón de Comunicaciones N° 1. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Francisco Manuel MARTÍNEZ LOYDI: se desempeñó, con el grado de Subprefecto, como jefe de la Sección Informaciones de la PZAN desde el 15 de febrero de 1975 hasta el 2 de enero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Alejandro Carlos LORENZINI: se desempeñó, con el grado de Teniente de Navío, como Ayudante Jefe Sección Operaciones (21 meses) y Ayudante Jefe de Sección Inteligencia (6 meses) de la Brigada de Infantería de Marina N°1 desde el 2 de diciembre de 1975 al 31 de diciembre de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Emilio José SCHALLER: se desempeñó, con el grado de Teniente de Navío, como 2do. Comandante desde el 6 de febrero de 1976 al 16 de noviembre de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Carlos Enrique LACOSTE: se desempeñó, con el grado de Capitán de Corbeta, como Jefe de Personal, Ayudante del Cte, Jefe Detalle General, Jefe Cargo Publicaciones del EMGN, Ayudante Cargo Bienestar y R.R.P.P. del Batallón de Infantería de Marina N°1, desde el 22 de diciembre de 1975 hasta el 14 de enero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
José Abdala FIGUEROA: se desempeñó, con el grado de Capitán de Fragata, como Jefe de la División Cuartel Base, del Dpto. General de la Base Naval de Infantería de Marina Baterías (BNIM), desde el 28 de noviembre de 1975 al 28 de noviembre de 1978. Desde el 26 de noviembre de 1976 al 28 de noviembre de 1978, se desempeñó simultáneamente como Ayudante Secretario del Jefe de la BNIM. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Carlos Alberto LOUGE: se desempeñó, con el grado de Capitán de Fragata, como Jefe del Dpto. de Inteligencia del COAN desde el 23 de julio de 1976 al 2 de febrero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Miguel Ángel TORRÁ: se desempeñó, con el grado de Capitán de Fragata, como Subjefe de la Base Aeronaval Comandante Espora y Jefe Cargo Contrainteligencia, desde el primero de enero de 1976 al 26 de noviembre de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Mario José BILESIO:, revistó con el grado de Teniente de Fragata, como máxima autoridad de la Compañía PITÓN dentro de la Base Naval Puerto Belgrano, desde el 01 de enero al 26 de noviembre de 1976, con excepción del período comprendido entre el 22 de marzo y el 14 de abril, en que lo hizo como Segundo Jefe. La Fiscalía y la querella solicitaron 25 años de prisión.
Sergio Leonardo ARÁOZ de LAMADRID: se desempeñó con el grado de Capitán de Fragata, como Jefe del Centro de Instrucción y Adiestramiento contra la Subversión (C.I.A.C.S.) y Jefe de la División de Inteligencia Operativa del Comando de Operaciones Navales desde el 21 de enero de 1976 al 31 de enero de 1977. Desde el 1 de septiembre al 26 de noviembre de 1976, se desempeñó simultáneamente como Jefe de la División Contrainteligencia. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
No estuvieron por cuestiones de salud:
Luis Oscar CONTI, revistó con el grado de Suboficial Mayor, como Suboficial del Cargo Electricidad del Centro de Instrucción y Adiestramiento en Máquinas y Electricidad de la Base Naval Puerto Belgrano entre el 12 de febrero de 1975 y el 10 de octubre de 1984. La Fiscalía y la querella solicitaron 12 años de prisión.
Enrique DE LEÓN: se desempeñó con el grado de Teniente de Navío, como Jefe del Departamento Operaciones de la BNIM, desde el 9 de febrero de 1976 al 18 de julio de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron 16 años de prisión.
Álvaro Hernán HERMELO: se desempeñó, con el grado de Capitán de Corbeta, como jefe de Inteligencia y Contrainteligencia en la Brigada de Infantería de Marina N1, desde el 21 de enero 1977 hasta el 21 de febrero de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2019/08/IMG_6911.jpg?fit=5117%2C1464&ssl=114645117FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2019-08-26 18:33:132019-08-26 18:46:50Las caras de los represores en la previa a la sentencia
La madre de Ángel Almada, asesinado tres años atrás en Ing. White, denunció que la última persona que vio al chico con vida, nunca declaró en la causa que investiga el homicidio.
Se trata de Trinidad Acosta, hija del ex delegado municipal, quien se excusó por estar de viaje aunque fue vista en el mismo momento y a pocas cuadras de donde la convocó el fiscal.
“El viernes iba a concurrir a la audiencia con mi abogado, Leandro Aparicio. Siempre tomo la 500, esta vez tomé otra línea donde iba ella. Me pareció raro que fuera sola. Nos bajamos en el mismo lugar. Voy a la Fiscalía, me anuncio, espero que llegue ella. Voy a hablar con Romero Jardín y me dice que la chica no se iba a presentar porque presentó un escrito de que estaba de viaje. Ahí mi indignación”, comentó Silvia Almada a FM De la Calle.
“Fue citada a declarar con anterioridad, donde el papá de ella estaba muy ofuscado, hay una constancia donde ella se presenta y el padre se pone violento y no la dejó declarar. Esta iba a ser la primera vez que ella declarara siendo mayor de edad”.
La madre de Ángel comentó: “Todavía no caigo, no puedo entender cómo esta gente se sigue manejando de esta manera, es la vida de un chico. Mi abogado va a presentar esta foto, las pruebas que tenemos de que ella estaba en Bahía, estaba a cuatro cuadras de Fiscalía como mucho, no fue porque no quiso”.
“El celular sigue sin peritarse tres años y medio después. Desde el principio la causa de Ángel fue manoseada. Las pruebas que había eran declaraciones puntuales de chicos que fueron apretados o algunos que firmaron la declaración sin saber qué firmaban. Una vergüenza la policía, la DDI, tuvieron durante un año y medio el video de Ángel donde se lo ve con esta chica”, finalizó.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2019/08/angtrinidad.png?fit=505%2C255&ssl=1255505FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2019-08-26 18:24:282019-08-26 18:24:28Caso Almada: la hija del ex delegado de White no se presentó a declarar
El CREEBA realizó un relevamiento de la producción y desempeño económico de las cuatro empresas más grandes del complejo petroquímico local a través de los balances que vuelcan en la Comisión Nacional de Valores.
“Hacemos un valor bruto de producción y observamos que de 2017 a 2018 había una caída del 10% asociada a la caída de la industria de manufactura del año pasado”.
“Profertil es la que más produjo, después Dow. Cuando nosotros valorizamos nos da un valor de 3.2 mil millones de dólares. Es 2% superior al 2017. Si bien bajó la producción un 10%, había mejorado un 2% la valorización en miles de millones de dólares. Si miramos los precios internacionales hubo un aumento del 9%. Se produjo menos pero lo que se exportó fue a un valor mayor”, comentó el economista.
Por otro lado, el economista destacó que “la urea es lo que más se consume a nivel nacional, algo se exporta. Todo lo que es consumo interno de estos bienes ha caído y bastante. El sector de energía y producción de petroquímica es algo que ha andado relativamente bien, considerando la gran devaluación”.
Semilla afirmó que pese a la alta recaudación, quienes exportan no son los que generalmente más aportan: “Cuando uno exporta, lo que tiene son dólares en el exterior que los debe traer a la Argentina y lo cambia en el Banco Central. Hay una normativa nueva, de hace tres años y medio que en vez de que las empresas liquiden esos dólares en 180 días aproximadamente, lo extendió a 10 años. Eso significa que aquella empresa que exporte tiene hasta 10 años para liquidarlo. Lo mismo pasó con el sector del agro, el exportador analiza en qué momento le conviene liquidar esos dólares”.
En cuanto al impacto de la facturación de estas empresas en la economía bahiense, explicó que “lo que se analiza es el aporte a las tasas municipales. Eso es casi un 15% de las arcas municipales, en general. El Polo tiene arriba de 1000 personas trabajando y son perfiles bastante profesionales. Tiene una alta mano de obra que hace que tengan satélites trabajando, que lo que hacen es generar un mercado”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2015/10/DSC_0245-e1446732045236.jpg?fit=4312%2C2353&ssl=123534312FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2019-08-26 13:36:022019-08-26 13:36:02El polo petroquímico facturó más de 3 mil millones de dólares en un año
El próximo miércoles 28 de agosto se conocerá el veredicto del Juicio Armada II, en el cual son juzgados 17 represores por delitos de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca y la región bajo jurisdicción de la Base Naval Puerto Belgrano.
El Tribunal Oral Criminal Federal subrogante convocó a la audiencia para las 11 en la sede del rectorado de la Universidad Nacional del Sur de Colón 80.
El lunes desde las 9 será el momento de las últimas palabras de los acusados. Por primera vez deberán presentarse todos los genocidas en el aula magna bahiense.
Es el sexto juicio por los crímenes del terrorismo de Estado que se realiza en nuestra ciudad. Comenzó en octubre de 2018 y comprende 68 casos en los que se investigan los secuestros, torturas y, en algunos supuestos, el asesinato de las víctimas. 65 de ellos resultaron acreditados en el debate oral finalizado en 2015, tras el cual fueron condenados a prisión perpetua 18 militares y otros cuatro tuvieron penas de entre 8 y 18 años.
¿Quiénes son los imputados y qué penas pidieron la Fiscalía y la querella?
Sergio Leonardo ARÁOZ de LAMADRID: se desempeñó con el grado de Capitán de Fragata, como Jefe del Centro de Instrucción y Adiestramiento contra la Subversión (C.I.A.C.S.) y Jefe de la División de Inteligencia Operativa del Comando de Operaciones Navales desde el 21 de enero de 1976 al 31 de enero de 1977. Desde el 1 de septiembre al 26 de noviembre de 1976, se desempeñó simultáneamente como Jefe de la División Contrainteligencia. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Mario José BILESIO:, revistó con el grado de Teniente de Fragata, como máxima autoridad de la Compañía PITÓN dentro de la Base Naval Puerto Belgrano, desde el 01 de enero al 26 de noviembre de 1976, con excepción del período comprendido entre el 22 de marzo y el 14 de abril, en que lo hizo como Segundo Jefe. La Fiscalía y la querella solicitaron 25 años de prisión.
Heberto José RUBATTINO: revistó con el grado de Teniente de Navío, como Jefe de la Compañía PITÓN dentro de la Base Naval Puerto Belgrano, 22 de marzo y el 14 de abril de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron 25 años de prisión.
Luis Oscar CONTI, revistó con el grado de Suboficial Mayor, como Suboficial del Cargo Electricidad del Centro de Instrucción y Adiestramiento en Máquinas y Electricidad de la Base Naval Puerto Belgrano entre el 12 de febrero de 1975 y el 10 de octubre de 1984. La Fiscalía y la querella solicitaron 12 años de prisión.
Ricardo César ARAUJO: se desempeñó con el grado de Capitán de Corbeta, como Comandante del Batallón de Comunicaciones N° 1 (BIC1), desde el 29 de diciembre de 1975 al 6 de enero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Rómulo Augusto ILLA: se desempeñó con el grado de Capitán de Corbeta, como comandante del BIC1, desde el 3 de enero de 1977 al 6 de febrero de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Arturo María QUINTANA: se desempeñó con el grado de Teniente de Navío, como 2do. Comandante del BIC1 desde el 2 de febrero de 1976 al 6 de febrero de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Aristóbulo Nicanor MOREIRA: desde el 6 de diciembre de 1976 hasta el 5 de mayo de 1977, se desempeñó con el grado de Teniente de Navío como jefe de operaciones, personal y logística del Batallón de Comunicaciones N° 1. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Francisco Manuel MARTÍNEZ LOYDI: se desempeñó, con el grado de Subprefecto, como jefe de la Sección Informaciones de la PZAN desde el 15 de febrero de 1975 hasta el 2 de enero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Alejandro Carlos LORENZINI: se desempeñó, con el grado de Teniente de Navío, como Ayudante Jefe Sección Operaciones (21 meses) y Ayudante Jefe de Sección Inteligencia (6 meses) de la Brigada de Infantería de Marina N°1 desde el 2 de diciembre de 1975 al 31 de diciembre de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Álvaro Hernán HERMELO: se desempeñó, con el grado de Capitán de Corbeta, como jefe de Inteligencia y Contrainteligencia en la Brigada de Infantería de Marina N1, desde el 21 de enero 1977 hasta el 21 de febrero de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Emilio José SCHALLER: se desempeñó, con el grado de Teniente de Navío, como 2do. Comandante desde el 6 de febrero de 1976 al 16 de noviembre de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Carlos Enrique LACOSTE: se desempeñó, con el grado de Capitán de Corbeta, como Jefe de Personal, Ayudante del Cte, Jefe Detalle General, Jefe Cargo Publicaciones del EMGN, Ayudante Cargo Bienestar y R.R.P.P. del Batallón de Infantería de Marina N°1, desde el 22 de diciembre de 1975 hasta el 14 de enero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
José Abdala FIGUEROA: se desempeñó, con el grado de Capitán de Fragata, como Jefe de la División Cuartel Base, del Dpto. General de la Base Naval de Infantería de Marina Baterías (BNIM), desde el 28 de noviembre de 1975 al 28 de noviembre de 1978. Desde el 26 de noviembre de 1976 al 28 de noviembre de 1978, se desempeñó simultáneamente como Ayudante Secretario del Jefe de la BNIM. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Enrique DE LEÓN: se desempeñó con el grado de Teniente de Navío, como Jefe del Departamento Operaciones de la BNIM, desde el 9 de febrero de 1976 al 18 de julio de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron 16 años de prisión.
Carlos Alberto LOUGE: se desempeñó, con el grado de Capitán de Fragata, como Jefe del Dpto. de Inteligencia del COAN desde el 23 de julio de 1976 al 2 de febrero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Miguel Ángel TORRÁ: se desempeñó, con el grado de Capitán de Fragata, como Subjefe de la Base Aeronaval Comandante Espora y Jefe Cargo Contrainteligencia, desde el primero de enero de 1976 al 26 de noviembre de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2019/08/cropped-whatsapp-image-2018-10-17-at-10-15-36-pm-1.jpeg?fit=1000%2C300&ssl=13001000FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2019-08-24 14:57:482019-08-24 14:57:48Armada II: termina el sexto juicio de lesa humanidad
El Concejo Deliberante designó a Soledad Monardez y Carlos Salgado como titulares de los Juzgados de Faltas por el doble voto de la presidencia.
La oposición destacó el papel del concejal Roberto Ércoli quien se excusó de participar de la sesión aunque permaneció en el Concejo. Una suplente garantizó el empate a Cambiemos a cambio de que su secretario de bloque sea juez.
“El expediente de Monardez estuvo desde mayo en doble lectura porque no le daban los votos. Él daba su voto si el segundo cargo que dejó vacante Germani se lo daban a su secretario. Ahí sí Monardez le parecía apta y salió el combo de los dos jueces. No me parece ni ético ni transparente como pregona el intendente. Se ha puesto nervioso pero no todos somos iguales”, dijo a FM De la Calle Gabriela Schieda.
Gisela Ghigliani afirmó que el edil del Frente Renovador “ha votado absolutamente todo a Cambiemos y ha sido una herramienta importante. Cuando empieza la sesión, él no se sienta en la silla, la concejala suplente lo reemplaza, pero él se queda en el recinto, algo nunca visto. Es una actitud de provocación ya que se quedó tomando mates o café con persona del gremio de UTA”.
La concejala recordó que la candidatura de Monardez hace cinco meses que está circulando por en Concejo. “No quiso venir a dar explicaciones, ni quisieron que venga a responder preguntas. Un juez es para toda la vida. El curriculum de ella es bastante limitado y se van acabando las herramientas democráticas”.
Schieda subrayó que Ércoli “estaba en las gradas con (Ricardo) Pera y los muchachos de la UTA. Si estás mal de salud te podés ir a tu casa. Estaba tomando un cafecito, se lo veía muy bien, de camisa blanca”.
El dirigente del Sindicato de Luz y Fuerza discutió en la previa de la sesión con la concejala: “Estaba un poco nervioso, no sé por qué porque ya se sabía el resultado. La discusión fue porque me dijo que yo me había hecho radical k y que ya tenía arreglado con el PJ y el kirchnerismo un puesto para diciembre y por eso estaba en contra de votar los jueces de Faltas”.
“Si él está acostumbrado a transar yo no tengo la culpa. Yo no transo, puedo negociar un artículo, evaluarlo, opinar, pero esto de amigo-enemigo no lo concibo así. Aprendí mucho de Balbín y Perón, de Alfonsín. Tener algunas ideas en común para la sociedad con el peronismo no me convierte en kirchnerista. Todos saben que siempre fui antikirchnerista. Ahí la pifió”, agregó.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2019/08/ercoli.png?fit=1249%2C557&ssl=15571249FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2019-08-23 12:56:162019-08-23 12:56:16Un juzgado y un café: Ércoli lo hizo de nuevo
El abogado Gustavo Avellaneda dialogó esta mañana con FM De la Calle sobre las denuncias judiciales impulsadas por la Municipalidad ante la toma de terrenos en el barrio Spurr por parte de más de 400 familias.
“No estamos judicializando una demanda de tierras, estamos judicializando una usurpación. Esto es un delito. La obligación que tiene el municipio es denunciarlo”, afirmó.
Ante el incumplimiento del derecho constitucional del acceso a una vivienda digna y reconociendo la inexistencia de políticas municipales que atiendan el déficit habitacional, aseguró que la disyuntiva se resuelve “como se está resolviendo: en las elecciones”.
El funcionario comentó que el 8 de agosto tomaron conocimiento del inicio de una toma en Spurr y actuaron “como siempre”: se acercaron al lugar con la policía y procedieron a “limpiar” el lugar.
El mismo día, por la tarde, un grupo más nutrido concretó la toma. La policía detuvo a 19 personas “porque hubo resistencia a la autoridad”. Por flagrancia, la causa se abrió en la justicia provincial.
El lunes 12, las y los manifestantes concurrieron a Alsina 65. Conversaron con el subsecretario de Gobierno, Francisco Fernández Solari, y el propio Avellaneda. “Fuimos claros que no podíamos disponer de las tierras que no son municipales. La Municipalidad no da tierras para la construcción de vivienda ni da tierras para que hagan ningún tipo de emprendimientos públicos o privados. Tenemos la custodia de la tierra pública”.
Según el funcionario “se le ofrecieron los paliativos que ofrece la Municipalidad para estos casos. La posibilidad de un alquiler y la posibilidad de que haya una mejora habitacional” mediante la construcción de una pieza en la vivienda en la que hacinan las familias demandantes.
Inconformes, afirmaron que volverían a ocupar los terrenos. “Y fue lo que terminaron haciendo el día lunes que tomamos conocimiento del audio. Aconteció tal cual se reprodujo el audio de la forma que había asesorado el abogado interviniente”, dijo Avellaneda sobre el audio difundido por el jefe de la policía y La Nueva Provincia en el cual el abogado Leandro Aparicio conversa con representantes de la toma.
El martes la comuna realizó una denuncia en el Juzgado Federal. “La Municipalidad no tiene intervención porque está en un trámite judicial y a resultas de lo que ordene el juez”.
-¿Para el municipio es solo una cuestión policial-judicial?
Se les dieron todas las posibilidades a las personas que querían ocupar, las facilidades y los programas que tiene el municipio en ejecución para que desistan de la usurpación. Es muy difícil negociar con 300 personas, están en pie de exigencia. Si hay una orden judicial que indique que el municipio debe hacer un censo e intervenir Políticas Sociales, haremos lo que el Juzgado diga. Pero la situación de ocupación tiene que ser debidamente judicializada porque es un delito.
-La Suprema Corte indicó que la provincia y los municipios deben establecer protocolos de actuación para estos casos. ¿Han trabajado en alguna consideración en este sentido que pueda aplicarse al caso puntual?
Hemos generado un protocolo propio en función de las experiencias de estos años. Es un protocolo que no se ciñe precisamente al de la Corte. El de la Corte es más específico cuando intervienen muchas familias. En este caso no se puede aplicar porque es justicia federal. En otras modalidades se ha aplicado el protocolo del municipio que ha sido la intervención en el sector, la posibilidad de darles alguna respuesta. Esto pasó en la toma de Miramar, a las personas que estaban ocupando allí se les otorgó terrenos para construir, salvo a una sola persona que negaba a salir. Yo soy uno de los que estuvo en la toma del otro día. Estuve viendo la modalidad de la toma, la cantidad de menores, cantidad de mujeres y entendimos que no era aplicable el protocolo y que teníamos que ir por vía judicial.
-¿La Municipalidad tiene política de vivienda?
No, te voy a dar un dato para que entiendas. Bahía es la única localidad de la provincia que más extensión de tierras estatales tiene -por ferrocarriles, Vialidad- y no podemos disponerla porque están en manos de la ABE, Administración de Bienes del Estado. Ese organismo dispone lo que se hace.
-Si ustedes tienen la custodia y están pensado en avanzar en un proyecto con el Club Villa Mitre, ¿no tienen capacidad de tramitar la disposición de esas tierras para la construcción de viviendas?
El Club Villa Mitre presenta un proyecto para ese sector, la Municipalidad no da el ok. Lo que hace es la gestión ante el ABE con la presentación del proyecto.
-¿Ustedes reconocen que hay una demanda legítima de necesidad de vivienda en la ciudad?
En la ciudad y el país.
-¿Desde el municipio tienen capacidad de acompañar la demanda de estas familias, de resolverlo de una manera que no sea a través de la justicia?
No, estas llevando esto a otro terreno. Nosotros no estamos resolviendo la parte de vivienda por parte de la justicia.
-¿Usted habló del pago de un alquiler o la ampliación de una pieza?
Sí, porque esos son los programas que tiene vigente el municipio.
-¿El alquiler cuánto dura?
Depende de cada circunstancia. No es mi área la que define cuánto dura un alquiler. Es la Secretaría de Políticas Sociales.
No estamos judicializando una demanda de tierras, estamos judicializando una usurpación. Esto es un delito. La obligación que tiene el municipio es, ante la existencia de un delito que afecta los bienes del Estado, denunciarlo.
-Pero ante la necesidad de una vivienda…
La necesidad de la vivienda es una cosa, el delito es otra. La necesidad de vivienda es innegable. Creo que no hay programas públicos que impulsen la construcción de viviendas desde el municipio de Bahía Blanca. Por una cuestión presupuestaria, por lo que sea. Lo que hizo mucho el municipio es regularizar situaciones irregulares, entrega de escrituras a vecinos que hacía muchos años que estaban.
-Esa es una muy buena política pero involucra a personas que ya tienen una casa, no atiende a la falta de vivienda…
No tengo conocimiento de que haya una política específica de construcción de viviendas del municipio. Eso no habilita a que la gente venga, cometa un delito y yo no lo pueda denunciar. Uno es una cuestión política y lo otro es una cuestión judicial.
No te voy a negar la necesidad de vivienda en Bahía, en la provincia y en el país. Se puede cuestionar al municipio la falta de política en ese sentido. Pero el Estado tiene la obligación de tomar cartas en el asunto.
-Lo que pasa es que el Estado tiene la obligación de brindar ese derecho, ¿cómo se resuelve?
Como se está resolviendo, en las elecciones.
(…)
-¿Por qué se habla de usurpación y no de posesión?
Porque entendemos que se ha hecho de forma organizada, instigada por parte de un profesional y con el soporte de un organismo sindical como la CTA, que ha estado presente en la reunión de la Municipalidad, estaba el señor Gandolfo. La conferencia de prensa del abogado la hace desde la CTA, por lo cual, hay un soporte para que digan vayan y ocupen. Sabiendo que pertenece a otro, se hace un hecho ilícito.
-Pero es pacífica, no es violenta…
No, nadie está hablando de violencia.
-El fiscal dijo que se puede interpretar que como es masiva es violenta.
Eso es una interpretación de la justicia y ahí no puedo intervenir.
-Lo escuché a usted diciendo lo mismo…
Entiendo que la modalidad de la ocupación, de la forma que ha sido instigada y llevada adelante, no es una ocupación pacífica.
(…)
-¿Cuándo habría posesión?
La posesión que estamos acostumbrados a ver, requiere de un elemento fundamental que es el tiempo. Estoy ocupando durante 20 años de forma pacífica e ininterrumpida, tengo derecho a presentarme ante un juez y decirle “tengo derecho a que esta tierra sea mía”. Eso es usucapión.
Si llevo 19 años y el dueño me quiere sacar, hasta el plazo de 20 años el poseedor sigue siendo poseedor. Acá no están poseyendo, están ocupando.
-¿Qué opina de la difusión ilegal del audio de Aparicio?
El audio se difundió, no sé si es legal o ilegal.
-¿Si a usted le pasa que en algún medio, o por la vía que sea, se difunde una conversación suya con un cliente cómo la califica?
Pasó en esta toma, los chicos que conversaron con nosotros nos grabaron, se difundió en varios lados y sabemos que puede pasar. Hoy no escapa a nadie, hay que estar seguro de lo que se conversa.
-¿Y qué pasa cuando esa información la difunde el jefe de la policía?
No me consta.
-A mí me consta, se lo puedo mostrar cuando quiera. En el chat de prensa de la policía el jefe Claudio Petrizán envió el audio de esta conversación.
Le sugiero que hable con el comisario Petrizán.
-¿Cuál es su opinión como profesional? ¿Cómo se califica?
Habría que ver la circunstancia en la que se hizo, no lo sé. Yo tomé conocimiento a través de un audio difundido en los medios públicos donde se dio cuenta de esta situación. Dicen que el día lunes va a haber una toma. Yo voy sobre los hechos, no voy sobre la legalidad e ilegalidad del audio.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2019/08/avellaneda.jpg?fit=720%2C384&ssl=1384720FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2019-08-22 19:47:282019-08-22 19:48:38Toma de tierras: “Estamos judicializando una usurpación”
El Concejo Deliberante aprobó por doble voto de la presidencia la designación como jueces Faltas de la ex secretaria de Políticas Sociales, Soledad Monardez, y del secretario del bloque del Frente Renovador, Carlos Salgado.
La sesión estuvo a cargo de Soledad Pisani, por ausencia de Nicolás Vitalini. El concejal Roberto Ércoli se retiró para que sea su suplente, Claudia Barreiro, la que levante la mano para designar a su colaborador.
Esta mañana, Gustavo Mandará dijo a FM De la Calle que “se recurre una vez más a la matemática fría del doble voto del presidente. Serán responsables quienes la propicien y que la población saque las conclusiones sobre esta nueva hipocresía del intendente”.
“Se jacta y una de las cosas que más ha dicho es que Bahía había recuperado la transparencia y la institucionalidad. ¿Acomodar a los que más le conviene es legal? Sí, es legal. Pero esto no es un acuerdo político ni la búsqueda de ocupar cargos estratégicos con los mejores”.
“Nunca en la historia de Bahía se designaron los jueces de Faltas así y será un hito más de Cambiemos. Llegaron, supuestamente, para mejorar las cosas y en esto lo han hecho peor. La propuesta de la oposición buscaba poner en papel lo que siempre había ocurrido a la hora de designar los jueces de Faltas -por lo menos desde el regreso de la democracia- buscando la aprobación de todo el paisaje político y siempre se había obtenido”.
Ayer, los bloques opositores propusieron realizar un concurso abierto de antecedentes y oposición en donde se evalúen competencias, idoneidad, habilidades y criterios jurídicos.
“Tenemos universidad pública, Colegio de Abogados, justicia en todos los niveles, universidades privadas. Habría dónde encontrar recurso humano para estas cosas. Se pide que se abra el juego a todos los abogados con matrícula. Luego el Concejo elabora una terna para que el intendente termine eligiendo”, explicó Mandará.
Parece que el impoluto “Sr Submarino” que solo aparece ante los bahienses cuando está en juego algún cargo electivo se olvidó de cómo eran los procedimientos para la selección de jueces de faltas… pic.twitter.com/oNmVsa4H7e
Respecto al tweet del secretario general del municipio, Tomás Marisco, el edil comentó que “hay que remontarse 2005, ¿dónde estaría Marisco en ese entonces? La de Lopes fue la propuesta de Germani. Hubo una exposición ante los concejales de todas las bancadas y una plena certeza de que era persona absolutamente apta para el cargo”.
“Después lo que sucedió es que se había propuesto a un candidato, que se llamaba Greco, que no reunía a criterio de muchos concejales las condiciones, aún teniendo un magister sobre Derecho Penal. El ejecutivo retiró la propuesta, apareció el doctor Caimani, expuso ante los concejales, se le pudo preguntar, analizar y obtuvo la conformidad”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2019/08/salgado-monardez.jpg?fit=1280%2C720&ssl=17201280FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2019-08-22 14:30:012019-08-22 14:30:01Juzgados de Faltas: designaron a Monardez y a Salgado
