“El padre del dueño de La Nueva se quiso agarrar 33 hectáreas de lo que era la Villa Amaducci y lo perdió. Ese señor lo que hizo fue comprar boletos truchos”, dijo el abogado Leandro Aparicio en respuesta a quienes lo acusan de instigar la toma en Spurr.

El diario La Nueva Provincia, propiedad del empresario Gustavo Elías, y el jefe de la Policía, Claudio Petrizan, difundieron un audio privado entre el abogado y vecinos que participan en el reclamo de las tierras.

“Es un reclamo que tenemos que hacer, en los gobiernos anteriores le han regalado a los amigos del poder lo que han querido. ¿De dónde sale todo esto? De La Nueva, los dueños de La Nueva son familias que se han agarrado terrenos de aquí para allá”.

En diálogo en FM De la Calle agregó: “Lo que más me preocupa que como (el gobierno) no tienen sensibilidad, tal vez crean que reprimiendo puedan conseguir más votos”.

Aparicio recordó que “el lunes a la mañana iba caminando por la plaza y los vi. Me explicaron que varias personas habían sido detenidas, menores y mayores, la semana anterior y que querían continuar con la toma”.

“Lo que hice fue ver la causa al otro día. Cuatro personas se reunieron con Enrique Gandolfo y otra compañera y de esa charla es el extracto donde los aconsejé y les dije que la toma es una posesión pacífica, no era un delito. No lo digo yo, lo dice el Código. Y a partir de ahí se sucedieron todos estos episodios que tienen otro trasfondo y van para otro lugar”.

El abogado destacó que “la Resolución 707/19 de la Suprema Corte, en virtud de las tomas multifamiliares, le da un protocolo a los fiscales: antes de mandar a reprimir tienen que ir ahí, hacer un control y determinar si el desalojo va a ser más eficiente que dejar todo como está, tienen que hacer un relevamiento con trabajadoras sociales y toda una serie de medias previas”.

“Ahora bien, eso es jurisdicción provincial, no sé si sería aplicable en el caso que actúe la justicia federal”.

Integración Ciudadana manifestó que la respuesta del municipio ante la toma de terrenos en Spurr por parte de más de 400 familias “no hace más que desviar el problema sin hacerse cargo de la realidad bahiense”.

La abogada María de los Ángeles Rosón señaló que “tanto el secretario de Gobierno (Fernando Compagnoni) como (Héctor) Gay han referido que el fundamento de la actuación de vecinos es únicamente una cuestión política”.

“Esto es, una vez más, una demostración de no hacerse cargo de esta realidad acuciante de un sector de la población que es el que menos recursos tiene, que no tiene en empleo y que sufre los avatares de las políticas de este gobierno”.

Rosón dijo que “para este gobierno hacer valer la ley es aplicar la ley Penal, es dar intervención a la justicia de Faltas. Entendemos que hay una criminalización de la pobreza”.

“La actitud del Municipio es congruente con la seguida en todas las expulsiones desplegadas durante el actual gobierno. Es decir, una clara manipulación de la ley, ejercer un rol sancionador evitando hacerse cargo de la pobreza y de los vecinos que no tienen acceso a sus necesidades básicas”, reza el comunicado.

Para la dirigente, “no hay acciones anteriores a esta situación, esto es desencadenante, no siguen ningún protocolo”.

Respecto a las indicaciones de la Suprema Corte para casos como este, destacó que “se tiene que hacer un informe socioambiental, tomar contacto con las familias, quiénes son, ¿son 400 familias que nacieron de un día para el otro en un estado de vulnerabilidad? El Estado tiene que intervenir previamente. Desde luego que debe ser dificultoso. Ahora, mucho más dificultoso es afrontar el problema”.

Unas 400 familias permanecen desde el lunes en una toma de terrenos en el barrio Spurr. Ayer, efectivos de la Policía Federal y la Bonaerense concurrieron al lugar con intenciones de realizar un censo.

Esta mañana se reúnen en asamblea para definir cómo seguirán con su reclamo de acceso a la vivienda.

Estefanía Escobar, vecina que participa en la toma, comentó a FM De la Calle la situación que atraviesan.

“Llegamos acá porque hay muchas personas que no tenemos un hogar, no queremos nada gratis, no nos negamos a pagar. Está muy difícil, es imposible alquilar. Estamos haciendo una toma pacífica. Vamos a seguir luchando pacíficamente hasta que nos den respuesta, no nos vamos a mover”, dijo.

“Fuimos a hablar a la Municipalidad, nos dijeron que nos querían ayudar con ayuda social y eso no paso en ningún momento. Nosotros estamos luchando por una tierra digna, no queremos nada gratis. Hay un basural en una parte, los de la Muni dicen que no hay tierras para dar pero hay tierras para tirar basura, mugre”.

El secretario de gobierno, Frenando Compagnoni aseguró que “no podemos permitir que después de las PASO determinados dirigentes llamen a voltear gobiernos y hacer cosas fuera de la ley. Hemos constatado declaraciones de dirigentes en este caso puntual porque esta la intervención de un letrado. Es lo que ha circulado en un audio, hay intervención de centrales de trabajadores, declaraciones de propios dirigentes que esperamos que tengan otros roles”.

Escobar también se refirió al audio del abogado Leandro Aparicio que difundió la policía y La Nueva Provincia señalando una posible incitación a la toma de tierras.

“El no nos incentivó a nosotros, nos orientó para que vayamos por lo bueno para que no nos metamos más en problemas porque ya había chicos que habían estado presos”.

“Yo vine con mi hija de 4 años, trabajo no hay, he tirado currículum y no consigo trabajo y nadie te ayuda. Así como yo hay muchas mamás”.

Por la tarde, Daiana contó que “al gobierno le pedimos una solución. Voy a difundir el audio de (el abogado comunal Gustavo) Avellaneda donde nos dice que no tienen soluciones para nosotros. Es mentira que nos brindaron ayudas no hicieron nada”.

Resaltó, además, la participación del abogado Leandro Aparicio: “Él no dijo nada, ni nos incitó a hacer nada. Esto ya estaba tomado y fuimos detenidos 20 personas, entre ellos dos menores y cuatro mujeres. Por ese tema fue que lo contactamos. Estamos luchando por un terreno para todos y necesitamos apoyo”.

A 19 años del escape de cloro de la planta de Solvay Indupa en el polo petroquímico de Bahía Blanca, FM De la Calle conversó por primera vez con la subsecretaria de Gestión Ambiental del intendente Héctor Gay (Cambiemos).

Sandra Pérez comenzó su carrera como ingeniera química en la planta de YPF en el polo petroquímico  de Ensenada. En Bahía Blanca se desempeñó en Solvay, Petrobras y Profertil (1990-2005). Ocupó varios cargos en la Municipalidad de Adolfo Alsina. Es vicepresidenta del Club de Leones Bahía Blanca Palihue.

A principios de año reemplazó a Adriana Chanampa en el municipio.

Es la primera vez que hablamos, le pido una breve presentación personal, profesional, y de la política ambiental que lleva adelante.

Soy ingeniera química, hace seis meses que estoy a cargo de la Subsecretaría. La política ambiental que se lleva adelante es una continuidad de la política ambiental comenzada por el intendente desde el 2015, cuando se hizo cargo de la intendencia. Yo soy una continuadora de esa política, respetando todo lo que tenga que ver con la legislación y las buenas prácticas del arte.

Es un día que ha quedado en la memoria de la ciudad por el escape de Solvay Indupa, ¿usted estaba en Bahía en ese entonces?

Sí, sí.

¿Qué recuerdo tiene?

Que hubo un escape de cloro. ¿Recuerdo en qué aspecto? No entiendo la pregunta.

No es un hecho más en la ciudad, motivó cambios legislativos, preocupación social…

Seguramente, pero los tiempos han cambiado mucho. Ahora, los controles, la vigilancia que hay sobre las empresas del polo petroquímico es mucho mayor que la que podía haber en ese momento. Por supuesto, por mi formación química, yo sé los riesgos de que el cloro esté en el aire, como otros productos químicos que pueden estar en el aire y, si las concentraciones son superiores a los límites permitidos, pueden tener algún riesgo en la salud de las personas.

La verdad es que fue hace 19 años, a uno se le pierde un poco… En ese momento no tenía ningún tipo de relación con la empresa Solvay Indupa, con lo cual pasaría a ser en ese momento público en general y la información que tuve fue a través de lo que se divulgó por los medios de comunicación.

Han cambiado algunas cosas y otras tal vez no. En materia de seguridad le toca ocupar un cargo que cuenta con herramientas que son producto de aquel episodio, desde lo legal y lo administrativo.

Sí, la creación de CTE (Comité Técnico Ejecutivo) que se pensó como un organismo que tuviera el control y la vigilancia preventiva del desempeño. Si bien también, internamente, desde las empresas se han desarrollado sistemas de control, las empresas se han modernizado por la modernización del equipamiento, tienen mayores circuitos de seguridad que los que estimo existían en ese momento. Creo que el panorama es muy distinto.

Sin embargo hay episodios que siguen causando preocupación, es imposible eludir lo que sucedió recientemente en la ciudad que es la explosión en la planta de Dow. ¿Qué visión tiene y cómo han actuado desde la Subsecretaría?

Nosotros ante el aviso de Dow, se puso, se disparó el Proceso Apell y todos los controles del CTE y bueno, estamos, se hicieron las actas y las verificaciones correspondientes y Dow está analizando con sus técnicos, alguna información es pública sobre lo que ha pasado. Nosotros estamos atentos a toda la información que Dow nos haga llegar. No obstante, empresas y plantas con la complejidad de Dow u otras del polo petroquímico tienen los procesos y procedimientos para investigar exactamente y llegar al final. Ellos son los primeros interesados porque desde ese momento las dificultades y disminución en la producción de Dow son notorias.

¿Hoy hay algo que esté funcionando o está totalmente paralizada la planta?

Según tengo entendido está paralizado.

Hubo una explicación formal de la empresa que se remitió al CTE y luego al OPDS. ¿Está de acuerdo en que la causa de la explosión del cracker BB2 fue por un error humano?

También hubo profesionales de la Universidad Nacional del Sur que me merecen mi mayor confianza. Con lo cual, si estos profesionales dan un informe -que no hemos recibido formalmente pero lo he visto en las publicaciones en las redes, en los diarios- y también se han hecho los informes pedidos por el CTE, yo no tengo por qué suponer que no fue eso lo que sucedió.

El informe judicial dice que faltaba un dispositivo de seguridad que aún ante un error humano hubiese evitado la explosión si hubiere estado.

Por eso le digo, la información que obra en todos estos estamentos no tengo por qué suponer que no fue eso lo que pasó. La información la tengo, sí, pero ¿por qué usted cree que yo puedo suponer que no fue eso lo que pasó?

Pregunto porque hablamos con el CTE y dijo que la explicación de Dow le parecía razonable, que era una de las hipótesis que barajaban y remitieron la documentación al OPDS. La pericia judicial agrega otro dato.

La autoridad de aplicación es el OPDS, así que lo que diga el OPDS lo acataremos.

¿Es correcto que no haya habido ningún tipo de infracción por parte del CTE ante la explosión?

La infracción la hará el OPDS si lo considera pertinente en este caso.

Tal vez tendrá su explicación técnica pero cuesta comprender por qué ante los ruidos de la termoeléctrica se labran habitualmente infracciones y este episodio, que causó tal preocupación, no ameritó ni siquiera una infracción o un acta del CTE.

Bueno, es su opinión, yo la respeto.

No, se la transmito para ver si tiene algún tipo de explicación.

No tengo nada que decir al respecto.

¿Charlaron con el intendente la posibilidad de tomar algún otro tipo de medidas respecto a Dow más allá de la tarea de la justicia o el trámite que pueda cursar el OPDS?

No, no, no lo charlamos.

Lo que queda en evidencia, y lo han dicho el propio intendente y varios funcionarios, es que los sistemas de aviso, de emergencias, ante el cambio tecnológico, las fake news y demás, han quedado obsoletos o no adecuados al ritmo de la información en la actualidad. ¿En qué modificaciones están pensando como alternativas de seguridad, información, Proceso Apell?

Bueno, se están revisando los procedimientos a ver si hay algo que cambiar. Eso se está haciendo ahora.

¿Por ejemplo?

Bueno, por ahora no lo voy a adelantar porque no son modificaciones definitivas las que todavía se han determinado.

Hay una información que surge de algo que usted planteó en la reunión de la semana pasada del CCyM, respecto de las coordinaciones del CTE y el Proceso Apell. ¿Van a llamar a concurso?

Sí, hay un concurso abierto… Bueno, aclaro que ese no fue el motivo de la convocatoria de la nota. Le estoy contestando sobre temas que no fueron el motivo de convocatoria de la nota pero se lo contesto.

El CCyM ha presentado una nota que está a consideración del secretario de Gobierno.

¿Tiene algún tipo de vinculación con la explosión, era algo que estaban pensando?

No, absolutamente. Se terminaron los contratos. Tienen un tiempo de vigencia, una posibilidad de prórroga y hay que llamar a concurso.

¿Ya están vencidos?

No, las prórrogas vencen a fin de año. Hasta entonces tenemos tiempo para terminar el concurso.

Las instituciones del CCyM pidieron poder opinar…

Exactamente, es lo que le decía. Está a consideración del secretario de Gobierno.

¿El suspender los concursos?

No sé exactamente qué resolución va a tomar, lo puse a consideración de él y estoy esperando respuestas.

¿Qué opinión tiene respecto de las causas judiciales sobre la contaminación en la ría en la cual la Municipalidad es parte demandada?

No, no, prefiero no opinar porque ese no era el motivo de la charla. Hoy era el 19 aniversario de los escapes.

Sí, le pedimos una reflexión sobre eso pero me parece que son temas todos conectados con la preocupación ambiental.

Sí, está bien, tendría que releer los informes.

Podemos quedar para otro momento.

Sí, yo aviso, yo les aviso.

Llamamos la semana que viene, ¿quiere?

Sí, yo les aviso.

No le hemos preguntado nada que esté por fuera de su órbita y esperamos no haberle faltado el respeto.

No, está todo bien, está todo absolutamente bien.

El presidente de la Asociación Ambientalista Unión 20 de Agosto, Hernán Zerneri, dijo que tienen información que advierte que el equipo de medición de ruidos del CTE “tomó valores por encima de los permitidos en el momento de la explosión (en Dow) y la empresa no fue infraccionada”.

“De confirmarse, es algo grave que se haya tomado la decisión política de no infraccionar a la empresa”, dijo esta mañana en el marco del 19º aniversario del escape de cloro de la planta de Solvay Indupa. Tanto la asociación como el Concejo Deliberante requirieron los datos registrados.

Zerneri explicó que el ingeniero mecánico que estaba a cargo del monitoreo de ruidos fue a capacitarse a España, consiguió un empleo y se radicó allí. “Todavía no fue reemplazado dentro de la plantilla (del CTE). Cuando ocurre lo de Dow  ya había renunciado, no estaba. Él era el especialista”.

Respecto a los escapes del 2000, el dirigente ambientalista afirmó que hubo “un avance muy importante en los primeros 10 años, había que poner en marcha la Ley Tunessi, adecuar sus herramientas, capacitar a la gente que tenía que estar en las plantas”.

“Hay otros temas que han quedado pendientes: darle estabilidad al personal del CTE, definir cuestiones con respecto a la frecuencia del monitoreo en el estuario, hay que reglamentar la ley 12530”.

Zerneri señaló que “todo el personal del CTE, excepto administrativos, están bajo un contrato, no tienen estabilidad en sus cargos. Es preocupante porque ante situaciones como estas, en las cuales se pone en tela de juicio el funcionamiento de organismos, la política suele cortar el hilo por lo más delgado”.

Días atrás, las autoridades municipales abrieron concursos para renovar las coordinaciones del Comité Técnico Ejecutivo y del Proceso Apell.

“Es bastante sugestivo que justamente -porque es una decisión política hacer esto- se quieran reconcursar en la puerta de una fecha en la que puede haber cambio de autoridades en lo local porque atentaría contra la estabilidad del sistema, que a dos meses de un cambio de autoridades se ponga en funcionamiento un mecanismo de elección de personas nuevas en cargos tan sensibles”, sostuvo.

El economista Francisco Cantamutto comentó las medidas anunciadas por el nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, quien reemplazó al renunciado Nicolás Dujovne.

“Dijeron que van a aguantar el dólar entre las bandas de 58 y 62 pesos, que es el esquema que teníamos antes, y que se van a seguir cumpliendo las metas de déficit fiscal pautadas con el FMI. Básicamente lo que dijo Lacunza es ‘volvemos al escenario pre-PASO'”.

“Lacunza es un ortodoxo, les parece que esto es correrse del programa y que hay que volver a ganar credibilidad. Para la economía ortodoxa se trata de reglas claras y credibilidad. Eso de salir con un programa alternativo minimiza el impacto pero, por otro lado, es un problema porque es correrse de lo que vinieron a hacer y en eso mina la credibilidad. Entonces, dicen ‘volvemos al plano original y de acá no nos movemos’. El problema de esto es que esa credibilidad ya fue destruida”, dijo Cantamutto.

El columnista de FM De la Calle señaló que el presidente del Banco Central, Gui Sandleris, dijo que “el sistema financiero está bien, lo cual en cierta medida es cierto. La semana pasada no se puso peor porque lo que fue una corrida bursátil no llevó a una corrida del sistema financiero”.

“Los bancos están con mucha liquidez, lo que dijo es que para dotarlos de tranquilidad, han logrado retener los depósitos, dijo que subieron las tasas del intereses de Leliq al 75% y con eso le pidieron a los bancos que los trasladen a plazo fijo”.

En conclusión: “Ni siquiera había que salirse de su esquema de políticas, entonces, la inestabilidad vivida la semana pasada forma parte de la impericia del gobierno porque no es posible que si se puede volver al camino anterior no se haya hecho la semana pasada”.

La Municipalidad concursará los cargos de los coordinadores del Comité Técnico Ejecutivo y el Proceso Apell. La noticia fue comunicada en la última reunión del Comité de Control y Monitoreo y motivó la presentación de una nota pidiendo su suspensión.

Los trámites se iniciaron el 3 y el 18 de julio, luego de la explosión en el craker BB2 de la planta de Dow. Los expedientes se encuentran hace varios días en la Subsecretaría de Capital Humano.

La búsqueda de reemplazantes para César Pérez y Daniel Ayala fue anunciada la semana pasada por la subsecretaria de Gestión Ambiental, Sandra Pérez, en el encuentro mensual del CCyM.

Horas después, integrantes del organismo consultivo y de asesoramiento presentaron una nota en el municipio solicitando que el proceso para concursar los cargos sea detenido “a fin de ser evaluadas por el CCyM, las condiciones y posibles modificaciones para dar estabilidad en el cargo a las posiciones mencionadas”.

La carta lleva las firmas de representantes de la Universidad del Sur, la delegación local del OPDS, el Consorcio de Gestión del Puerto, la UTN, la Sociedad de Fomento de Ing. White, la Unión Industrial, la cooperadora del Hospital Menor de White, la Mesa Coordinadora de Consejos y Colegios Profesionales del sur bonaerense, el Sindicato de Petroquímicos y el Concejo Deliberante.

El Concejo Deliberante aprobó un proyecto de ordenanza que establece modificaciones para la ocupación de veredas, de manera que faciliten la accesibilidad de personas con discapacidad.

La normativa es producto de un año de trabajo del Observatorio de Derechos para las Personas con Discapacidad y la Fundación Diser.

Mara Recondo explicó cómo serán las distancias que se deberá respetar: “Un metro cincuenta de la pared hacia afuera y setenta centímetros de cordón, en veredas más grandes, un metro setenta. En las veredas que son más chicas de un metro cincuenta no se puede poner nada, la ordenanza que estaba vigente regulaba solamente la actividad gastronómica”.

La medida no es arbitraria sino que “en el Observatorio trabajamos con diferentes comisiones. Hay una que es de accesibilidad, hay un arquitecto e ingeniero que trabajan, este metro cincuenta surge de que dos personas, tanto como quien va en silla de ruedas con acompañante o dos personas con discapacidad. Recavamos información e hicimos la prueba territorial y ese metro cincuenta es el espacio óptimo”.

“Vemos en muchos lugares estos cerramientos, en restaurantes, en ferreterías también. Estos cerramientos tienen que estar autorizados sobre planeamiento urbano y el rol muy importante de fiscalización”.

“El espíritu del observatorio no es la sanción, culturalmente necesitamos tener esta sanción como está establecido en el artículo de la ordenanza que habla de clausura o decomiso de los elementos si no se cumple. Somos hijos del rigor, si no tenemos amenaza no cumplimos. Está penado con multa, hay reincidencia por si no se cumple, está la posibilidad de clausura o decomiso de los elementos”, comentó.

Respecto del tránsito, Recondo comentó que “si bien está la ordenanza vigente, no pudimos aumentar la cantidad de boxes reservados para personas con discapacidad. Eso depende del Ejecutivo. Hablamos con Ramiro Frapiccini, el director de Tránsito. Hay 38 boxes, ocho no son funcionales. 30 para todo Bahía Blanca es muy poco”.

“En la ordenanza que se aprobó las facultades se transfirieron al Ejecutivo para pintar y delimitar esos boxes”, concluyó.

El concejal de Unidad Ciudadana, Walter Larrea opinó en FM De la Calle acerca de las candidaturas de la ex secretaria de Políticas Sociales, Soledad Monardez y el actual secretario del bloque Frente Renovador, Carlos Salgado, para ocupar los Juzgados de Faltas. Los pliegos se tratarán en la próxima sesión.

“Nos hemos opuesto, no estábamos de acuerdo con el pliego de Monardez, creíamos que no tenía los antecedentes que se necesitan. Nos parece que esto tenía que tener una conversación, entró por vía normal y la se va a tratar la semana que viene”.

Respecto a Salgado, Larrea señaló que “en lo personal tengo un muy buen concepto, sé de su expertise nos parece que esto tiene que tener un tratamiento más de consenso, conversarlo, elevar una terna, con lo cual no te puedo adelantar cuál va a ser nuestro criterio”.

“Es cierto que la administración de la justicia de Faltas necesariamente tiene que tener una continuidad, es cierto que Germani se jubila en diciembre, ahora parece que en septiembre, y esto ameritaría algún apuro. Me parece que no se puede decidir así, con mayoría o con doble voto del presidente”.

Larrea manifestó que “esto es un acuerdo del concejal Roberto Ércoli que ha acompañado al menos estos dos años, sin excepción alguna, las iniciativas del oficialismo. Incluso cuando el oficialismo perdió mayoría con la salida de Schieda, el concejal siempre estuvo acompañando. No sé si tendrá que ver con una devolución de favores, el voto de Ércoli no va a tener ningún tipo de sorpresa”.

“A lo mejor es una devolución de gentilezas, sin que esto implique un juicio de valor, porque aunque lo querramos vestir con otras ropas la designación de Salgado va en este sentido”.

Por último, comentó que “hay cuestiones que no se pueden saldar por diferencias ideológicas insoslayables. El tema de la aplicación de la ley y la designación de funcionarios, queremos dignificar esa función, ojalá sea alguna posibilidad de alcanzar consenso”.

“No habrá aumento para las familias con créditos UVA”, twiteó esta tarde el presidente Mauricio Macri. Afirmó que “para acompañar a quienes compraron su casa a través de un crédito hipotecario UVA, estamos manteniendo el valor de sus cuotas por cuatro meses. Hasta diciembre, la cuota que pagarán será igual a la que pagaron en agosto”.

Por la mañana, la bahiense Florencia Ruppel adelantó que una decisión de estas características les daría “un respiro” a las familias afectadas por las corridas del dólar.

“Estamos pidiendo que se revea el sistema, llamamos a la eliminación del UVA porque no hay revisión del capital ajustable que es lo que yo le debo al banco. Mi capital ajustable aumentó 2600 pesos en un día y medio. No hay visibilidad, realmente estamos esperando el anuncio oficial en los bancos. Mientras anuncian esto, mi capital ajustable sigue aumentando”, dijo a FM De la Calle.

Ruppel comentó que tienen “comunicación con los bancos y ni ellos saben, la medida anterior fue oficializada pero no había comunicación a los bancos. Muchos medios levantan la nota pero a nosotros no nos dijeron nada”.

Un anuncio similar realizado por la gobernadora María Eugenia Vidal en abril “fue tomada en cuenta en el Banco Provincia pero los anuncios de Macri no, estamos esperando”.

Señaló que ” La cuota estoy pagando es el doble de lo que saqué. Mi crédito fue el monto máximo que podía tener mi marido con su recibo de sueldo. Yo tomé el crédito en 2017, el año pasado hubo una corrida del dólar en julio o agosto, nosotros los sufrimos en septiembre y octubre. De 400 pesos que se venía incrementando pasó a incrementase 750. Representa el 28% del ingreso familiar. En caso de que pasara el 30%, que era lo que decía la medida de Vidal, con el Bapro íbamos a tener ese reajuste”.

Estudiantes de la ciudad mendocina de Gral. Alvear protagonizaron días atrás una huelga y corte de ruta contra el fracking y en defensa del agua en la zona.

Lucía Demarque, integrante de Jóvenes por el Clima y estudiante secundaria, comentó a FM De la Calle que “al principio hubo cinco perforaciones y ahora son más. Hubo derrames que pueden causar cáncer, deformaciones, abortos espontáneos”.

“Este proceso produce una sismicidad inducida. Sabiendo que Mendoza es una zona sísmica, es una inconsciencia total por parte de los dirigentes. Además, no cuentan con el apoyo popular”.

Les estudiantes y organizaciones ambientalistas reclaman una ley para poder prohibir el fracking en Gral. Alvear.

“En el 2007 nuestros padres hicieron la Ley 7722 y se puso en vigencia. Es la que protege al agua y a nosotros de este proceso. Queremos hacer una ley en contra del fracking pero los diputados no sancionan nuestra ley porque dijeron que no sabían qué era el fracking y debían estudiarlo. Lo siguen estudiando después de un año y no hay ningún avance, se ve que son un poco burros”.

A pesar de la lucha, se sigue realizando fractura hidráulica: “Vemos los camiones con materiales que siguen trabajando sin problema con arena silica. Dijeron que utilizaban el agua que sacan de petróleo para reutilizarla, eso es mentira ya que nosotros investigamos y hablamos con un ingeniero que  nos dijo que solo se puede hacer con agua dulce”.

Demarque comentó que “en la provincia el gobernador está a favor del fracking y muchos candidatos también. Nuestro intendente está yendo en la misma lista que uno de los gobernadores. El gobernador está a favor del fracking y el intendente no. Si estás en desacuerdo no sé si tendrías que postularte con uno de los candidatos que sí lo está”.

La dirigente estudiantil denunció que la participación en la huelga les valió la persecución de las fuerzas de seguridad y las autoridades educativas.

“Hubo muchos chicos que se prendieron en la lucha. Gendarmería nos vino a amenazar. La policía nos dijo que era un delito, que nos iban a pedir nuestros nombres para llamar a las escuelas, algo que no se puede hacer porque no tiene nada que ver con las escuelas. Lo único que tenían que hacer era poner una falta, nos amenazaron con doble falta, amonestaciones. Esto no puede ocurrir, se parece más a una dictadura que a una democracia”, afirmó.

El secretario general de la Federación de Trabajadores de la Energía (FeTERA) y adjunto de la CTA Autónoma, José Rigane, dijo que ante la devaluación del 40% “en los próximos días vamos a movilizarnos en defensa del salario”. En línea con las declaraciones de otros dirigentes gremiales y sociales, dijo a FM De la Calle que “hay intercambio de opinión de qué hacer en momentos como el que estamos viviendo”. Hoy tendrá lugar una reunión de la conducción nacional de la central de la que participa.

Durante la mañana de ayer, Macri anunció una cantidad de medidas, entre ellas, el congelamiento del precio de los combustibles. Rigane sostuvo que “no hay probabilidad cierta de que se ejecute. Para hacer un cambio de fondo tiene que terminar con la dolarización de la tarifa tanto de los combustibles como de los servicios públicos”. Antes de terminar la jornada en que habían sido anunciadas esas medidas, el gobierno dio marcha atrás con el supuesto congelamiento de precios.

A través de un comunicado, la entidad que nuclea a sindicatos de la rama de la energía señaló que “entre el viernes 9 de agosto y hoy (por ayer), miércoles, la devaluación del peso argentino fue del 40%. Cada dólar pasó de valer 45,19 pesos a 63 pesos, según la cotización oficial en el Banco Nación. Ante esta situación, el movimiento obrero, a través de distintos gremios y centrales sindicales, ya manifestaron su repudio”.

“Hacemos un llamado a una mayor unidad en la acción para preparar una gran movilización en defensa del salario y los derechos adquiridos de cada trabajador y trabajadora. Vamos hacia una masiva marcha en defensa de la soberanía popular y el pueblo argentino”.

Rigane remarcó que “a pocas horas del rotundo rechazo por parte del pueblo argentino a las políticas de hambre y exclusión de este gobierno, alertamos a todos los trabajadores que esta corrida cambiaria impactará de forma feroz en los salarios, la inflación y el costo de vida de cada trabajador”.

Elecciones en la FeTERA

Hasta las 18 se llevan a cabo las elecciones de la entidad federada a través de 50 mesas distribuidas por territorio argentino. El dirigente sindical, que va por la renovación de la secretaría general, expresó que esperan “la participación de todos los compañeros y compañeras del ámbito de la energía y que podamos desarrollar esto con amplia democracia. Es lo que hace viable y posible cualquier iniciativa que pretendamos llevar adelante. Hemos planteado la recuperación de la soberanía nacional y la defensa de los derechos de los trabajadores”.

 

Luego de que se conocieran los resultados de los comicios del domingo pasado, Maucio Macri culpó a la oposición por falta de credibilidad y construyó el relato de que la ciudadanía debería votar oficialismo en octubre para sufragar como desean “los mercados” y así el país gozaría de estabilidad económica.

FM De la Calle consultó a referencias políticas y económicas acerca de los resultados de las PASO 2019, la reacción del gobierno y las perspectivas hacia el mes de octubre. Por el contrario, se remarca que el resultado electoral es un claro mensaje popular contra las políticas del macrismo, especialmente, su modelo económico.






La pericia judicial que relevó las causas y consecuencias de la explosión en Dow ya está en manos del fiscal Cristian Aguilar.

Cuatro expertos concluyeron que el hecho ocurrió por deficiencias en el cierre de las válvulas y en el diseño del procedimiento de puesta en funcionamiento del recipiente estallado y, además, por la ausencia de una válvula de seguridad.

“Si se hubiera instalado un dispositivo de seguridad, la presión en el interior del recipiente V907 nunca habría llegado a valores de riesgo por lo que se habría evitado el siniestro”.

El documento fue firmado por Daniel Ziegler, Mauro Puccinelli y Santiago Maíz del departamento de Ingeniería de la Universidad Nacional del Sur y por el perito ingeniero mecánico oficial Andrés Francisco Medina.

“Entendemos que, hasta que no se inspeccione y/o repare cada cañería, recipiente o dispositivo que pudiera haberse dañado en la explosión, no debería habilitarse el funcionamiento de la planta”, destacaron.

Expansión del daño y riesgos

Los peritos aseguraron que existió riesgo de daño a otros bienes de la empresa aunque no pudieron cuantificarlo y respecto al posible daño a terceros sostuvieron que “es muy bajo o prácticamente nulo”.

“La explosión hubiese sido de carácter fatal en un radio menor a 10 metros debido a los fluidos expulsados (vapor y agua a alta presión y temperatura). En un radio de 40 metros hubiese sido de alto riesgo por el impacto de las proyecciones de material”.

En cuanto al radio de expansión del daño afirmaron que “por las proyecciones de las piezas expulsadas en la explosión” se infiere que fue de 35 a 40 metros. Hubo afectación “de diferente magnitud en la cañería, diferentes dispositivos y estructuras aledañas”.

“El mayor daño fue producido por la proyección de material y piezas del recipiente y sus dispositivos. Algunas partes fueron encontradas a, aproximadamente, 35 metros”. Si bien descartaron “riesgo de reacción en cadena”, informaron que “los dispositivos con materiales inflamables más cercanos se encuentran a más de 50 metros del lugar del incidente”.

No había válvula de seguridad

“El recipiente falló a una presión de más de 10 veces superior a la presión de operación del equipo. Esto indica que el equipo carece de dispositivo de seguridad, es decir, una válvula de alivio de presión como indica la norma (…) bajo la cual fue fabricado”, escribieron.

Según la norma mencionada, es “responsabilidad del usuario asegurarse que los dispositivos de alivio de presión requeridos estén correctamente instalados antes de la operación inicial. Estos dispositivos de alivio de presión no necesitan ser suministrados por el fabricante del recipiente”.

El equipo afectado fue construido hace 20 años y su puesta en marcha se realizó varias veces, entre paradas programadas y/o de emergencia. “Esta secuencia de inicio si no es respetada taxativamente, produce el incidente sucedido al no contar con válvula de seguridad”.

“La secuencia del procedimiento de puesta en servicio, debería modificarse asegurándose que nunca el equipo llegue a una presión superior a la de trabajo independientemente de la existencia de errores humanos”, advirtieron.

La Unión de Jerárquicos Petroquímicos respondió al informe de Dow Argentina sobre las causas de la explosión ocurrida en la planta el 28 de junio.

“El análisis de la empresa se centra en el error humano. Siempre hay un factor humano que juega pero nunca es el único factor, hay niveles de seguridad por capas”, manifestaron.

El secretario general Claudio Guerra dijo a FM De la Calle que, “además del error humano, tiene que fallar el sistema de alivio automático, fallar alarmas. Cuando la empresa habla de error humano y las autoridades se quedan en silencio después de un incidente como ese, a nosotros nos preocupa”.

El comunicado del gremio señala las distintas instancias de control: “En la industria, la primera capa es el procedimiento operativo: aquí es preponderante la acción humana. La segunda capa es el monitoreo y control automático en sala de control, con sistemas digitales (DCS: Digital Control Systems). La tercera capa está conformada por sistemas de parada de emergencia (Emergency Shut Down). La cuarta capa tiene elementos mecánicos: válvulas de seguridad, discos de ruptura”.

“Las personas nos equivocamos, es común que alguien se olvide una parte del proceso, gente que trabaja de noche, en turnos, cansados. Que se diga que un error humano tuvo esa consecuencia es inaceptable”, comentó Guerra.

Por oto lado, sostuvo que “hablar sólo de un error humano omite el análisis e impacto de: el diseño de los equipos, la estrategia de seguridad, las disminución de personal y sus polifuncionalidades y la ausencia o ineficacia de organismos de control estatal”.

En cuanto al pedido del sindicato para ser incorporados al Comité de Control y Monitoreo, Guerra comentó: “Sabemos que el tema fue tratado ayer en el propio Comité, esperamos que nos permitan incorporarnos, somos muchos con muchos años trabajando y nos parece que podemos ser una voz importante e interesante”.

 

El senador provincial Andrés De Leo, quien busca renovar su banca en las próximas elecciones, aseguró a FM De la Calle que “ninguna encuesta propia, ni independiente pudo pronosticar que un 10% del electorado modificó su voto debido a la influencia de la situación económica”.

Tras la victoria del Frente de Todos en nación y provincia y el ajustado primer puesto de Cambiemos en Bahía, el dirigente afirmó que el problema principal es la economía.

“En macroeconomía, llevábamos superávit fiscal en gasto público, superávit corriente, pero todavía tenemos serios problemas en materia inflacionaria. Contamos con una herramienta del Banco Central que es una tasa de interés muy elevada pero esto genera muchas dificultades a la hora de proyectar un proceso de crecimiento continuo sin inflación”, dijo.

Como autocrítica  de cara a las elecciones generales de octubre, el referente de la Coalición Cívica adelantó que “el pulso de escuchar y comprender a la gente debe ser de mayor peso que basarse en una herramienta estadística”.

“Tenemos un compromiso en defender los votos que tenemos y recuperar los perdidos. Es la gente la que decide quién es el que gobierne. Hay que ver cómo transitan estos días que van a ser difíciles. En la elección de octubre va a haber una mayor parte del electorado que va a ser mucho más reflexivo y se verá si hay mayor o menor voto castigo”.

Una decena de familias protestó en el barrio Spurr ante la falta de respuestas del municipio al déficit habitacional. Señalaron que el jueves “estábamos tomando los terrenos y sin ninguna orden nos llevaron a todos detenidos. Estamos reclamando en las vías porque nadie nos da respuesta”.

Ayer a la mañana fueron recibidos por el secretario de Gobierno, Fernando Compagnoni, quien les manifestó que “no puede hacer nada, que vayamos a buscar a otro lugar”.

Sebastián Molina, uno de los damnificados, comentó en FM De la Calle que “les plateamos que lo que queríamos era que nos dejen tomar las tierras con un plan a pagar”.

“Primero nos dijeron que eran de Ferroexpreso Pampeano, después del Club Villa Mitre y después del Estado. El lugar es muy amplio, la Municipalidad lo utiliza para depositar residuos, hacen acopio de material. Hay mucha mugre, el cruce es un peligro, de noche no se puede andar”.

“Vamos a seguir porque estamos exigiendo un derecho, el derecho a la vivienda. Quisimos hablar con el intendente, que supuestamente está a disposición de la gente y fue al revés. Pedimos una reunión y que nos escuchen, están deshabitados hace 60 años estos terrenos”.

Molina agregó: “No queremos nada gratis, trabajo en una leñera de lunes a sábados, tengo un nene, vivo en la casa de mi madre porque no me alcanza”.

Patricia Solorza tenía 40 años y hacia seis que estaba presa por homicidio agravado por el vínculo tras haber sufrido un aborto espontáneo. Falleció en terapia intensiva en el Hospital de José León Suárez. Durante dos meses le negaron la atención médica en la Unidad Penal 47 de San Martín.

“Toda la situación que pasó fue terrible, sabíamos de su situación de salud, la acompañamos. Es la desidia del Sistema Penitenciario y del Poder Judicial que, estando al tanto de su salud, no hicieron nada y dejaron que llegara al hospital con un litro de pus en el estómago y una situación irreversible”, comentó María Medrano, directora de la organización social Yo No Fui, la cual brinda el taller textil del que participaba Patricia.

“Entendemos todas que no tendría que haber estado ni un día presa si en este país se hubiera aprobado la Ley de Aborto Legal, Seguro y Gratuito”, destacó.

El caso de Patricia no es excepcional: “Son muchas las mujeres en esta situación y son invisibilizadas, es importante dar cuenta de eso. Es gravísimo. Por otro lado, el estado de salud en que se encuentran las mujeres privadas de libertad es terrible, falta de medicamentos, de atención médica, el estado de las cárceles es muy lamentable y la atención médica es brutal”.

Medrano comentó que “están en desventaja total, cumplen una doble condena, también la social, y realmente las mujeres padecen mucho la cárcel y eso se ve, las vemos con un deterioro físico muy importante y eso realmente preocupa porque no hay nada que contemple una atención particular”.

“Trabajamos tanto adentro como afuera de las cárceles. Cada vez más se escucha adentro el miedo de no salir, el deseo de salir vivas, de poder volver a sus casa. Las mujeres tienen miedo de morir dentro de una cárcel. No hay políticas post penitenciarias, si no tenés redes es muy difícil hacer una vida distinta a la que te llevo a la cárcel”.