El día después del #8M la Cámara de Apelaciones confirmó el procesamiento de Mariana Gómez, detenida en el subte porteño por besar a su esposa Rocío Girat. Terminó agredida, apresada por Policía de la Ciudad y el fallo de primera instancia que la procesó por “resistencia a la autoridad” fue cuestionado por sus prejuicios de género. FM De la Calle habló con el abogado defensor, Lisandro Teszkiewicz.

El letrado manifestó  que se trata de “un trámite surcado por una cantidad de prejuicios muy importante, prejuicios machistas, lesbofóbicos. Los propios policías argumentan que inician las actuaciones porque Mariana Gómez estaba fumando en un lugar prohibido, y esos mismos declaran que había otra gente fumando” pero que no iniciaron actuaciones por esos hechos.

“Está en su propia declaración que hicieron una selección arbitraria de Mariana y lo único que la distinguía es el hecho de estar besándose con su esposa en la estación Constitución. Era un matrimonio despidiéndose” porque tomaban diferentes colectivos, dijo Teszkiewicz.

Agregó que el accionar policial fue “muy discriminador, a Mariana le decían ‘pibe’, la agredieron, la golpearon, posteriormente ya en la comisaría la desnudaron; todo ese accionar tuvo una carga muy fuerte de odio de género, odio hacia la diversidad sexual”.

Respecto a la justicia, aseguró que en vez de remediar la situación “empieza en sus distintas instancias a avalarlo. Primero descarta la prueba que aportamos desde la defensa, y descarta toda línea de investigación en relación a discriminación o violencia de género por orientación sexual” por parte de la Policía de la Ciudad.

En segundo lugar, “la justicia le da valor de ‘verdad indiscutible’ -quizás citando la Doctrina Chocobar del Poder Ejecutivo- a la palabra del policía: lo que los policías dicen es verdad”. También utilizan declaraciones textuales en los resolutorios de la jueza de grado: “Afirma como hechos probados declaraciones textuales al punto que toma como cierto una frase que habría dicho Rocío -que Mariana era violenta-, esposa de Mariana, cuando [el policía] nos negó tomarle declaración”.

“Nos encontramos con esta situación en el tribunal de primera instancia, con la jueza María Fontbona de Pombo. Supusimos que la Cámara de Apelaciones Nacional iba a ponerle una medida a esta situación, en ese marco presentamos la apelación que fue acompañada por importantes organizaciones (dos de ellas con trayectoria en el tema de género y diversidad sexual), concluyó Teszkiewicz.

La secretaria general del Suteba local, Ana Canullo, se refirió a los dichos que la inspectora regional, María Celeste Veiga, pronunció ayer en el acto de inicio del ciclo lectivo.

“Es una funcionaria política de Cambiemos en un discurso político que no es más que lo que ellos son, lo que han hecho todo este tiempo es responsabilizarnos a los docentes de esta situación cuando está muy claro que es el Estado el que se está corriendo de su responsabilidad”.

“Vengo a hablar en nombre de la educación. Estoy representando esta figura, es que tengo que traerles la gran preocupación de la gobernadora y del ministro de Educación Gabriel Sanchez Zinny , quienes están trabajando para revertir esto, se impone en la provincia de Buenos Aires y en el país todo, un deseo ferviente de que se revierta. Y esto también involucra a las familias y nos compromete a todos los docentes bonaerenses por eso es que vale el agradecimiento especial a aquellos docentes que hacen su lucha desde las aulas. Aplauso por favor a los docentes que van a hacer su lucha desde las aulas”, dijo Veiga en el jardín del barrio Palihue.

Canullo opinó que “es el Estado quien está cerrando los bachilleratos de adultos (…) que funcionan en escuelas secundarias, en horarios adecuados, en los barrios. Es el Estado quien fusiona los cursos, quien deja sin primeros años a tantos chicos y chicas que empiezan su escolaridad secundaria y no saben dónde van a ir porque en sus barrios cierran primeros para abrir cuartos, porque hacen todo sin querer poner dinero”.

Veiga había afirmado además que era un “acto privilegiado” porque “sabemos que tenemos todo el confort, pero sabemos que hay estudiantes que transitan su escolaridad en lugares totalmente inapropiados”. “¿Es acaso un “privilegio” que el lugar físico de la escuela pública donde se enseña y se aprende tenga todo lo necesario para funcionar?”, se preguntaron desde Suteba en un comunicado.

“Pero lo mejor que nos pasó ayer es que la comunidad, por suerte, dio su respuesta antes que la diéramos nosotros. Sabemos que varios padres del jardín donde se estaba desarrollando este acto, rechazaron éste discurso, algunos dijeron sus cosas, otros se fueron, eso es una muestra de que se les está cayendo la careta de que es lo que está pasando” finalizó la secretaria del gremio.

“El estado no nos da los recursos para garantizar este derecho, entonces nos pone en un lugar en donde o tenemos que salir a buscarlo nosotros o conseguirlo de alguna manera, que alguien nos done, que nos preste” señaló Verónica Herrero, integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir de nuestra ciudad.

En el marco de la semana del Paro Internacional de Mujeres, se realizó la presentación oficial de este espacio. “Un grupo de profesionales de la salud, médicos, enfermeros, psicólogos, promotores de salud y trabajadores sociales. Somos trabajadores que pertenecemos al sistema público de la salud, trabajamos en el primer nivel de atención y nos venimos reuniendo desde el año pasado para poder trabajar el aborto no punible en bahía blanca” explicó.

Según un informe elaborado por el equipo Latinoamericano de Justicia y Genero, la Red de Acceso al Aborto Seguro en Argentina y CEDES, se estiman entre 370.000 y 520.000 abortos por año en nuestro país. Hay más de un aborto cada dos nacimientos. La única información sobre aborto disponible a nivel nacional de los servicios de salud proviene de las internaciones en hospitales públicos. Los abortos se reportan en una sola categoría que comprende desde mujeres que se internan en los hospitales públicos porque perdieron un embarazo espontáneamente hasta mujeres con abortos legales o mujeres que enfrentaron distintos tipos de complicaciones (más o menos graves) derivadas de un aborto realizado en condiciones inseguras. Quedan excluidas las mujeres que recibieron atención ambulatoria y las que accedieron a efectores privados o de obras sociales.

Herrero también destacó que elevaron “un informe en la Secretaria de Salud, que va a ser presentado al municipio en el HCD, donde cuenta y hay evidencia de todo un marco teórico, legislativo, jurídico tanto de Argentina como declaraciones internacionales donde avalan el pedido que nosotros estamos haciendo básicamente de los recursos para poder trabajar en el primer nivel de atención”
Por su parte Viviana Rodriguez, psicóloga, destacó que forma parte de esta red “que viene a abordar esta lucha histórica de muchos grupos feministas, con la intensión de poder visibilizar que también el aborto es un problema de salud y es un problema político, porque en realidad lo que se intenta cuando se coloca a la mujer solamente desde su dimensión biológica o su capacidad reproductiva es borrar la diferencia que hay entre la dimensión biológica y la dimensión política de la mujer”.

El aborto realizado en condiciones inseguras puede afectar la vida y la salud física, emocional y social de las mujeres y de su entorno cercano. Las muertes por abortos inseguros en Argentina representan el 17% del total de las muertes maternas entre 2014-2016. Contabilizan 47 las mujeres muertas por año por complicaciones relacionadas al aborto clandestino. “No parece cruel dejar a un grupo poblacional, la mayoría son mujeres menores de 25 años, a que vean cómo les sale un aborto inseguro, porque las mujeres abortan. Lo que está (en discusión) es el acceso al aborto no punible en un sistema de salud publico donde el aborto es seguro y no te compromete la vida” aclaró Herrero.

Y Viviana Rodríguez finalizó destacando que “la criminalización es selectiva porque las mujeres que han sido procesadas son mujeres pobres. La práctica del aborto es común en mujeres y en personas con capacidad para gestar, lo que pasa es que hay un sector que se encuentra en una inequidad y en una vulneración de derechos”.

(Por Astor Vitali) Ante todo, es necesario aclarar el lugar desde el que te voy a hablar durante este comentario editorial porque soy una persona muy interesada en el tema que abordaremos. Desde hace cinco años, además de desempeñarme como periodista, los músicos y las músicas de la ciudad que se organizaron sindicalmente me han honrado con la responsabilidad de ejercer la secretaría general del sindicato de ese gremio. Por tanto, desde entonces he participado de debates con los gobiernos y de discusiones sobre la implementación de nuevas normas en el ámbito legislativo.

Vamos a hablar del “desguace cultural” y particularmente de lo ocurrido ayer en Bahía Blanca a raíz de la protesta realizada por la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar. Entonces, quiero que sepas que no tengo ningún interés personal en la cuestión y que tengo la ventaja de conocer el tema de primera mano y la desventaja de ser parte de la cosa. Para el caso, no habiendo intereses particulares de por medio, a los efectos de un comentario editorial, mi posición puede constituir una virtud.

Aclarado el punto de vista vamos a la cuestión. Cuatro de diciembre de 2017. Bahía Blanca. Diez de la mañana. Sobre la vereda que guarece el palacio de gobierno de Bahía Blanca, docentes de la Orquesta Infanto Juevenil del Barrio Miramar comienzan a concentrar. Con el paso de los minutos serán acompañados/as por músicos/as que integran la UMSur, dirigentes de otras organizaciones gremiales, integrantes del Consejo Cultural Consultivo, centros de estudiantes de escuelas artísticas, Viviana Almada (Tía de Ángel Almada) y vecinas del barrio afectado, quienes acercaron copias de pedidos de reunión a las autoridades municipales en búsqueda de solución (claramente, sin respuesta).

La movilización fue anunciada “al despacho del intendente” debido a la falta de respuesta por las vías formales durante todo este año. Una decena de policías de civil colaboraban con las dos mujeres policías uniformadas que custodiaban la puerta de ingreso principal. Luego de realizar una nutrida conferencia de prensa, la movilización cumplió con lo anunciado y se dirigió hacia el despacho del intendente. “Que esperen” fue la respuesta que recibió la amable secretaria en la recepción. Los ánimos comenzaron a impacientarse con el paso de los minutos. La prensa seguía llegando para cubrir la protesta. Algunos funcionarios se asomaban y se escondían, incómodos ante la presencia de músicos y músicas en búsqueda de respuestas. “Falta que nos acusen de pertenecer a la RAM”, era el chiste interno.

Éramos invisibles. Pablo Romera, vocero municipal, dijo a regañadientes que estaban “muy ocupados” para recibir el reclamo y que había que “pedir una audiencia”. (Nota: hay al menos siete pedidos de audiencia sin respuesta). La respuesta oficial no hizo otra cosa que aumentar la afrenta y que los/as participantes de la protesta decidiéramos quedarnos hasta la conferencia de prensa anunciada por el jefe comunal para dar a conocer cambios en el gabinete y en el organigrama municipal. El objetivo fue que la ciudadanía pudiera conocer a través de la visibilización del reclamo, la falta de respuesta como única respuesta.

Para mayor sorpresa, interrogado acerca de la situación de la cultura en la ciudad, el intendente no tuvo mejor idea que afirmar que “cultura ha tenido un programa de actividades amplísima este año. Todos han sido atendidos (sic). Algunos de los que están manifestando han venido a mi despacho y lo han planteado y lo está canalizando el responsable del instituto cultural. No es cierto que haya un desguace de la cultura. Simplemente mirando el parte diario que el señor Pablo Romera les envía a ustedes de una ciudad que tiene muchísima más actividad cultural que la mitad de las capitales de provincia de la república Argentina nos damos cuenta de lo que ocurre”.

El viernes pasado hubo una movilización de la que participaron más de cien referentes de la cultura en representación de colectivos que constituyen un muestrario casi completo de las expresiones culturales existentes en la ciudad. Fue encabezada por quienes integran las ramas artísticas en el Consejo Cultural  Consultivo. Se pidió el cambio de rumbo de política cultural y, con ello, la renuncia de Ricardo Margo –director del Instituto Cultural- y sus asesores/as políticos.

Como respuesta Gay acaba de negar que exista “desguace cultural”. En otras palabras, según Héctor Gay el conjunto de los y las artistas locales miente. Es una respuesta contundente. Según Gay, quienes denunciamos la grave situación de la cultura somos mentirosos.

Señor intendente: o usted es un mentiroso doloso o usted se ha puesto anteojeras. En cualquier caso es un peligro ejercer así la función pública. Permítame explicarle a qué llamamos desguace cultural y por qué el estado municipal del cual usted es responsable atenta sistemáticamente contra nuestros derechos culturales y laborales.

El presupuesto de cultura es absolutamente insuficiente y viola los propios objetivos trazados por su gobierno en la justificación que figura en el documento público presupuesto. Casi no cuenta con fondos por fuera de los gastos administrativos. Poco más de un diez por ciento es lo que la ciudad cuenta como recursos para realizar inversión en derechos culturales. De esto, no todo es real ya que en el presupuesto se incluyen fondos que dependen del cobro de tasas o acuerdos con privados (FMA, Solidaridad Cultural, etc.).

Su gobierno ha desarticulado y precarizado la red de talleres barriales. En la ciudad hubo cientos de talleres culturales que, mayoritariamente, cumplen una función social relevante. Usted ha cambiado las condiciones contractuales de talleristas que se venían desempeñando bajo la figura de destajistas (con algún reconocimiento previsional) a la modalidad de contratados bajo régimen de monotributo. En algunos casos se ahorró un año de sueldos durante la transición y en otros hubo talleristas que se consideraron despedidos ya que la gestión del monotributo para cobrar retribuciones miserables con hasta un semestre de retrasos en los pagos resultaba claramente perjudicial. Usted argüirá que el CCT de municipales acordó la eliminación de la figura de destajista. Pero ese elemento es falaz ya que el objetivo del acuerdo gremial que eliminó la figura de destajista es mejorar las condiciones laborales –considerando que el destajo es una figura precarizante-. De ninguna manera un acuerdo gremial puede interpretarse como una herramienta para precarizar a los/las trabajadores/as. Si así lo han asesorado: le sugiero que comience a ajustar por ahí, ya que sus leguleyos demostrarían total ineptitud.

Usted nos llama mentirosos pero niega la realidad con la verdad sobre sus narices. Ayer se animó a decir que no hay desguace cultural mientras afuera de la Sala Estomba había ciudadanos/as bahienses reclamando por la continuidad de la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar que usted ha decidido cerrar. Usted es responsable político de la vulneración de los derechos culturales de 30 pibes y pibas y de los derechos laborales de sus docentes. En cambio, niega lo que tiene sobre sus narices.

Pero usted también miente abiertamente a la ciudadanía cuando afirma habernos recibido. No solo deja sin trabajo a los/as docentes y le arranca simbólicamente los violines a los pibes y a las pibas sino que además nos miente en la cara. Usted no ha dado respuesta a ninguno de los pedidos de audiencia. Las víctimas de su política merecen al menos su respeto. Le sugiero que busque la mentira en su gabinete en lugar de en la ciudadanía que se expresa pacíficamente.

Usted debe estar al tanto –quiero creer que conoce los elementos de debate de la vida pública- de las denuncias por avasallamiento de la carrera administrativa y la idoneidad en los cargos de dirección de espacios culturales independientes municipales.

Ha sido también el decreto que usted firmó –cuatro días antes de otorgar ilegalmente recursos del FMA a Ricardo Arjona- el responsable de cortar las horas extras en museos públicos y el teatro municipal, manifestando total ignorancia e inoperancia, usted y sus funcionarios, respecto del normal funcionamiento y la naturaleza de estas instituciones culturales. Sepa usted también que viola y contradice los argumentos establecidos en los objetivos del área cultural en los que se establece (ver presupuesto 2017) que Bahía Blanca es una ciudad “turística”. Cuénteme, a mí que soy un mentiroso, ¿cómo se compatibiliza ser una ciudad turística y cerrar los museos los fines de semana?

La postal de la boletaría del teatro cerrada por el ajuste que usted realiza es propia de los países más pobres que usted detesta. ¿Cómo convive en usted la aspiración a vivir en un país primermundista y al mismo tiempo tomar medidas administrativas que sólo podría justificar un país que declare la quiebra o se encuentre intervenido? En la guerra, es el enemigo el primero que busca destruir el funcionamiento de los valores culturales de la población.

Su gobierno ha desfinanciado al Teatro Municipal. Uno de los centros de producción cultural más importantes de Latinoamérica se ve afectado por su ineptitud para evaluar la gestión de un Ricardo Margo que volvió a la labor pública –luego de su paso en la (entonces) Secretaría de Cultura en los noventa- con saña y disposición para violar las propias normativas del Estado.

Usted, que está acostumbrado a estar al tanto de la vida pública, habrá leído que integrantes del colectivo de artistas Los Chopen han denunciado subestimación y tratamiento discriminatorio por representantes de su gobierno. ¿Seguirá usted negando y también nos llamará mentirosos y llamará mentirosos a los/as integrantes de Los Chopen? ¡Qué vergonzoso! ¿Cómo ingresa usted a la iglesia? ¿Qué ética cristiana se lo permite?

Usted afirmó ayer, rodeado por una protesta de profesores/as, que en Bahía Blanca hay plena vida institucional. ¿Cómo se atreve? Sólo en el ámbito de la cultural, su gobierno ha violado la ordenanza de espacios culturales, la ordenanza de eventos permanentes, la que rige el funcionamiento de la Comedia Municipal y la ordenanza de creación del Instituto Cultural. Usted avala funcionarios que violan leyes municipales. Sepa que antes de llamarnos mentirosos podría usted verificar esto a través del sistema burocrático administrativo que encabeza. Vea, pregunte…. No cuesta nada. Sí, ya sé, es más rápido acusarnos a los más débiles de mentir. Pero, ¡vamos! ¡Haga un esfuerzo! ¡Usted puede!

Respecto de la cuestión de revisar la agenda para verificar cuánta actividad cultural hay lo invito a que la revise usted mismo. Compare con años anteriores y verá un objetivo declive de indicadores de la actividad cultural. De hecho, mucho se hace a pesar de las políticas de su gobierno. Si hace el esfuerzo de analizar antes de hablar podrá constatarlo. No cuesta nada.

Vea, podría explicarle muchos elementos más que objetivamente explican de qué se trata el desguace cultural pero seguramente ya se habrá aburrido. Por otra parte, no debería yo tener que explicarle cuestiones que están dentro del marco de sus funciones: saber lo que ocurre en la ciudad es su responsabilidad. Negarlo con anteojeras inexplicables es su afrenta a nuestro sector. Ya nos llamó “conflictivos” en otra oportunidad.

Por mi parte, puedo documentar palabra a palabra de lo que he afirmado. En cambio usted está flojo de papeles. Antes de llamarnos mentirosos pregunte, infórmese y evalúe. ¡Vamos! Haga de cuenta que gobierna una ciudad y que está al tanto de las cosas que en ella ocurren.

Esta mañana dirigentes sindicales de diversos gremios realizaron una conferencia de prensa para expresar el rechazo a la reforma laboral que impulsa el macrismo a nivel nacional. “El jueves pasado tuvimos una reunión entre la CTA, organizaciones de jubilados y la Corriente Federal, en conjunto hemos tomado posición frente a esta reforma laboral y a la reforma previsional que van de la mano”, dijo Enrique Gandolfo, de la CTA local.

“Macri dijo que todos debemos ceder algo pero ocurre lo inverso. Los únicos que estamos cediendo somos quienes vivimos de un salario o de una jubilación” agregó.

Durante la conferencia, el dirigente gremial en representación del espacio antes mencionado dijo que “el proyecto de reforma previsional está contemplando una modificatoria del haber jubilatorio a la baja que conduce a quitar 100 mil millones de pesos del ANSES para el año que viene. Pero además trae aparejado la reducción de los aportes patronales. También buscan aumentar la edad jubilatoria”.

También condenaron “la anuencia de una parte de la dirigencia sindical” porque la reforma “está hecha a medida de los grandes empresarios”.

“Vamos a oponernos y creemos que nadie debe hacerse el distraído frente a esto. Propiciamos un encuentro amplio de trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas hacia el dos de diciembre”. Aún no se puso hora y lugar para este encuentro. Será en formato de plenario, buscando la participación de trabajadores/as sin distinción de afiliaciones sindicales.

Se trabajará en estado de alerta en función de convocar a nuevas antisindicales si el proyecto avanza en curso de aplicación.

Finalmente, el docente sostuvo que “acá no hay que mirar a qué sindicato o central estamos afiliados. Creemos que es el momento de la unidad para luchar en nuestros lugares de trabajo pero también en las calles”.

(Por Bahiensas Feministas) Este Primero de Mayo, mujeres trabajadoras feministas queremos poner en común nuestras demandas específicas, que están vinculadas con una explotación por partida doble: la del capitalismo y la del patriarcado.

En muchos lugares esta fecha todavía está asociada solo al mundo de los hombres y se suele hablar del ‘Día del Trabajador’ excluyendo a las mujeres trabajadoras que también fueron protagonistas de esta historia. Si bien se ha avanzado en la construcción de nuevos sentidos para pensar también el día de las trabajadoras, por ejemplo desde el lenguaje, pensamos que aún falta mucho camino por recorrer.

Las mujeres hemos trabajado desde que tenemos existencia: hemos sido costureras, sombrereras, urdidoras de telares, peinadoras, entre tantos otros oficios, muchos de ellos ligados a las actividades domésticas; pero también, hemos sido campesinas, herreras, mineras, deportistas, periodistas… aún en esas épocas donde la historia oficial mostraba que las fábricas eran sostenidas sólo por varones. Hemos luchado dentro y fuera de la fábrica y nos hemos organizado para que las imágenes de mujeres referentas aparezcan en los supuestos grandes relatos. Nuestra historia como mujeres trabajadoras está plagada de esfuerzos, sacrificios y organización, porque cuando los acontecimientos les atribuían derechos a los varones nosotras todavía batallábamos para que se nos considerara también sujetas de derecho.

El capitalismo profundizó las estructuras patriarcales, devaluando nuestros salarios en comparación con el de los varones y responsabilizándonos de las tareas de cuidado que aseguran la reproducción de la vida y garantizan la producción de los bienes y servicios en la sociedad. Es así como las mujeres sufrimos una doble explotación: la del capital, compartida con todxs lxs trabajadorxs y la que nos relegó al ámbito privado haciéndonos cargo de cuidar: parir, criar, pensar comidas, hacer compras, lavar, limpiar, y otras innumerables obligaciones que implica organizar la vida en el hogar en general. En Argentina los datos muestran que casi 9 de cada 10 mujeres participan en actividades del hogar, mientras que sólo 5 de cada 10 varones lo hacen y esas tareas ocupan en promedio 3 horas más de trabajo para las mujeres. La organización social del cuidado es injusta, se deben redistribuir las tareas no remuneradas, no sólo disminuir la responsabilidad de los hogares, sino al interior de estos entre mujeres y varones. Esta distribución de los cuidados profundiza las desigualdades y puede dar lugar a la tercerización de estas tareas recayendo siempre en otras mujeres.

El contexto actual de precarización general de la vida consecuencia de las políticas neoliberales implementadas por el gobierno de Macri profundiza las desigualdades de género en diversos ámbitos de nuestras existencias. La situación de empleabilidad de las mujeres está históricamente marcada por peores condiciones laborales: en la actualidad existe una brecha salarial del 27% en sectores registrados, pero que alcanza el 39% en los no registrados, techos de cristal que nos impiden alcanzar puestos jerárquicos, o paredes de cristal que nos relegan a determinadas tareas dentro del mercado laboral, que justamente se vinculan con las domésticas. Sumado a esto, la situación cotidiana de acoso laboral ejercida por parte de compañeros varones, que sufrimos muchas mujeres en nuestros lugares de trabajo. Además, mientras los indicadores de desempleo en la argentina superan el 7% (y el 9% en Bahía Blanca), para las mujeres jóvenes este dato supera el 19%.

El recorte presupuestario que se muestra en la disminución del gasto público en servicios esenciales como el cuidado de la salud, la educación, el transporte, el alimento, delega responsabilidades del Estado y los gobiernos a los hogares, y especialmente a las mujeres que son las que se ocupan de estas tareas en la división sexual del trabajo.

El pasado 8 de marzo transformamos el Día de la Mujer en un paro internacional de mujeres. Mujeres de más de 40 países nos unimos bajo la consigna ‘si nuestra vidas no valen, produzcan sin nosotras’ para luchar por los derechos que el estado patriarcal se resiste a garantizarnos tales como la legalización del aborto, la libertad sobre nuestros cuerpos y la erradicación de las violencias económicas y los crímenes machistas.

En Bahía Blanca la fecha nos permitió a mujeres organizadas e independientes crear nuevos vínculos a través de la organización: difundimos el paro en barrios, escuelas y sindicatos; escribimos un documento común en el que plasmamos todas nuestras reivindicaciones; pintamos una bandera para encabezar la marcha con la consigna internacional y marchamos todas juntas en un día de lluvia torrencial. Organizar el paro también implicó que nos diéramos el tiempo para preguntarnos y reflexionar, por ejemplo: ¿quién para la olla cuando nosotras paramos? Ahí aprendimos que nuestra fuerza de trabajo es funcional al sistema ya que al ocuparnos de las tareas domésticas, el capital explota a los varones contemplando ese tiempo que no dedican al hogar.

Por otra parte, pudimos pensar la unidad de las mujeres en un contexto en el que nuestras vidas corren peligro cada 18 horas. Por tal motivo, participamos de multisectoriales para organizar estrategias de intervención, que incluyen la demanda al Estado en su responsabilidad sobre los femicidios y la gestión de las políticas necesarias para erradicar la violencia hacia las mujeres y combatir la cultura de la violación como parte fundamental de la cultura patriarcal.

Este 1° de mayo exigimos:

  • Revalorización, redistribución y socialización de las tareas de cuidado. Esto implica más políticas públicas: hogares, jardines, formación de personal y que el Estado exija a las empresas guarderías y lactarios.
  • Ampliación de licencias por maternidad y paternidad.
  • Reglamentación de la licencia por violencia de género.
  • Representación equitativa en las organizaciones gremiales.

Por último queremos compartir una declaración de Flora Tristán de 1843, que a pesar del paso del tiempo continúa aún vigente:

«A vosotros, obreros que sois las víctimas de la desigualdad de hecho y de la injusticia, a vosotros os toca establecer al fin sobre la tierra el reino de la justicia y de la igualdad absoluta entre la mujer y el hombre. Dad un gran ejemplo al mundo (…) y mientras reclamáis la justicia para vosotros, demostrad que sois justos, equitativos; proclamad, vosotros, los hombres fuertes, los hombres de brazos desnudos, que reconocéis a la mujer como a vuestra igual, y que, a este título, le reconocéis un derecho igual a los beneficios de la unión universal de los obreros y obreras».

«La mujer es la proletaria del proletariado (…) hasta el más oprimido de los hombres quiere oprimir a otro ser: su mujer».

¡Que viva el 1 de mayo! ¡Que viva la lucha de las trabajadoras y los trabajadores!

Habrá publicaciones, fanzines, literatura, muestras, proyecciones, charlas, talleres, presentaciones de música y teatro que expresan “la contra cultura que proviene de los principios cuestionadores, autogestivos y anti autoritarios del punk”.

“Hay cantidad de libros, no solamente de biografías no autorizadas, sino también de lo que sería el movimiento en realidad. Ayer estaba mirando cantidad de cosas que no sabía que existían”, dijo a FM De la Calle Viktor Mansilla, creador y organizador del encuentro.

“Uno va viendo que parece que se va hundiendo el punk porque la afluencia de gente en los recitales no es la que antes tenía. También el público va cambiando. La nueva generación va cambiando. Tal vez buscan lo contestatario a en otras expresiones”. Sin embargo, el músico explicó que en “Bahía hay unas quince bandas de punk” y muchas personas involucradas en la corriente desde el under.

CRONOGRAMA

VIERNES 11 DE NOVIEMBRE de 19:30 a 23 hs

Presentación de la feria con lecturas y charlas y proyección del documental “25 años al pedo” de la banda punk bahiense Serebrios. Interviene el mic su creador Ignacio García Montero.

“Desacato a la autoridad” de Patricia Pietrafesa presentación a cargo de Sebastián Villegas

SABADO 12 DE NOVIEMBRE de 16 a 22 hs

* Editorxs de fanzines desplegaran sus materiales. Durante este día estarán las editoriales de libros.

* Sellos independientes y no tan independientes de CDs, vinilos y cassettes.

* La cultura punk en imágenes muestra fotografías del punk en Bahía Blanca

* Presentación “Yo toque en cemento” de Sebastián Duarte con el autor interviniendo el mic.

* Lecturas de “Nunca seré poesia” de Jacquie Casais a cargo de Ramones Fernando.

* Editoriales locales con todo su catálogo ocupan casi todo el salón donde autores y lxs propias editoras venden intercambian su material. (Tren en movimiento, alcohol & fotocopias, piloto de tormenta, vox ediciones, entre otras).

* Expositores de pinturas y arte punk y muestra de fotos.

* Bandas en vivo: MALA SANGRE -IRREVERSIBLE – MALEVO- FLANCKO – THE VERAZ – CONSUMO PERSONAL

TRANSMITE EN VIVO Vorterix Bahia 99.1mhz

Conducción: Rubén García y Matías Bellito

Avenida Cerri 860 (Confitería De La Estación Sud)

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

La feria del libro punk cuenta con el aval de la universidad nacional del sur y de la secretaria de extensión universitaria de la UNS.

La Comisión de Apoyo a los Juicios de Bahía Blanca adhiere y convoca al acto homenaje a Eduardo “Dado” Korsunsky que se realizará este sábado 24 a las 11 en Bernasconi, organizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Gobernación de la provincia de La Pampa.

El encuentro pretende recordar a cada pampean@ desaparecid@ en sus lugares de origen y en el caso del hijo de nuestra Madre y compañera Celia Jinkins de Korsunsky, será en el “Instituto Mariano Moreno” -Urquiza 447-.

“Dado” nació el 15 de noviembre de 1951 en Bernasconi. A los 17 llegó a Bahía Blanca para completar sus estudios en la Escuela Normal. Integró un grupo de voluntarios que hizo trabajos sociales desde “La Pequeña Obra” y colaboró con el Instituto Municipal del Menor.

En 1971 inició la Licenciatura en Economía de la UNS y para poder mantenerse económicamente comenzó a trabajar en una industria fideera. Se sumó a la corriente Grupo de Base Socialista (GBS) –frente estudiantil perretista- para luego ingresar al PRT.

Cuando la misión Ivanissevich instaló el terror en la universidad bahiense Eduardo se mudó a San Nicolás junto a su pareja, Marta Olga Frañol, y comenzó a trabajar como viajante de productos alimenticios. Fue secuestrado en Villa Cavalli tras el golpe de Estado. Su compañera se refugió en Neuquén y finalmente fue desaparecida el 22 de mayo de 1978 en Capital Federal.

“Apostamos a recuperar la memoria de sus vidas, sus esperanzas, sueños de justicia y de libertad. Latidos y goces de una generación de luchadores en el compromiso de cambiar la vida. Nosotros seguimos, seguiremos. Ellos continúan, crecen, crecen. Están junto a las Madres y el pueblo en Plaza de Mayo. Están en los jóvenes de hoy que sueñan y luchan, que se rebelan ante la injusticia, que estudian, que trabajan, que aman, bailan y cantan, que siguen haciendo la historia de nuestro país”, leyó Celia el día de inicio del primer juicio en Bahía. Y exigió: “Solo justicia verdadera. Cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas. Por la devolución de los chicos apropiados”.

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(Por Francisco J Cantamutto) La pelea por determinar las tarifas resulta clave para el programa económico del gobierno.

Está claro que que quien no quiere escuchar, no escucha. No son pocos los que consideran que, en efecto, la suba de las tarifas es un hecho indiscutiblemente necesario, a pesar de no tener en claro las razones por las cuales se lo afirma. Pero ni el gobierno ha ido tan lejos como hiciera a través de deleznables declaraciones radiales el promotor periodístico Lanata, pretendiendo negar la relevancia de la fijación de tarifas. Es que, más allá de impericias o falta de tacto político, el “equipo” de Cambiemos tiene clara la importancia de la actual disputa por la fijación de las tarifas.

Cambiemos vino a ofrecer un nuevo marco de políticas públicas que pretendían resolver demandas del capital concentrado. El “clima de negocios” y la “previsibilidad” eran ejes centrales frente a lo que las cámaras empresariales consideraban un ambiente riesgoso e imprevisible para realizar inversiones en los años previos. Ahora bien, el nuevo gobierno, a pesar de sus declaraciones amistosas -o incluso amorosas- a los mercados, no logra convocar su anuencia inversora, y queda atrapado en un círculo recesivo en lo económico y explosivo en lo social.

 Los problemas del tarifazo

La sucesión de aumentos de tarifas de agua, transporte, luz y gas se montaron sobre un momento de aceleración inflacionaria que el gobierno -repitiendo prácticas que decía venir a combatir- negó. Esto explica el impacto inmediato sobre los bolsillos: se trató de un fuerte golpe más, cuando ya la tunda estaba en marcha. Entre actores sociales -como clubes de barrio o centros de jubilados- esto apareció como un auténtico tiro de gracia. Para cooperativas, empresas recuperadas e incluso micro y pequeñas empresas, se combinó con un escenario recesivo junto a la apertura generalizada de las importaciones, una combinación fatal que puso en riesgo su sostenibilidad.

La intensa movilización y protesta por múltiples medios, así como el “activismo jurídico” de presentaciones de amparos y cautelares, lograron visibilizar el problema, que de otra manera hubiera aparecido como un tecnicismo. La Marcha Federal expresó en toda su potencia este reclamo general contra el esquema de ajuste social que lleva adelante el gobierno: lejos de ser un acto de afirmación kirchnerista -como lo fue la menos concurrida Marcha de la Resistencia-, se trató de un amplio plexo social que se expresó contra la política oficial. Lejos está aún esto de configurar una representación política clara, y el gobierno lo aprovecha para negociar su ajuste con bancadas y gobernaciones desligadas de lo que ocurre en las calles y en los barrios.

La Corte Suprema de Justicia ha tenido dos intervenciones en este trajín. Respecto del aumento del gas, anuló los aumentos para los hogares hasta que se realice una audiencia pública -como establece el marco regulatorio. Pero dejó firme el aumento promedio del 500% para el 70% del universo tarifario, compuesto por industrias y comercios, que sin dudas verán el impacto y lo trasladarán a precios y empleo. Sin embargo, el fallo es importante, porque determinó que se habían vulnerado derechos básicos como a la información y la participación. El gobierno se vio obligado así a convocar a una audiencia pública, después de la cual deberá considerar los argumentos allí vertidos en su disposición: de lo contrario, el aumento será judicializable nuevamente. Esto significa que si no se considera -así sea para desestimar- las intervenciones en la audicencia, se podrá continuar con las acciones legales contra el tarifazo. Respecto de la luz, la Corte desconoció la representatividad de los demandantes, sin expresarse sobre el fondo de la cuestión.

El viernes 16 de septiembre se realizará la audiencia en la Ciudad de Buenos Aires. Una sola audiencia para discutir los aumentos de todo el país, realizada un día laboral de semana. Para quienes no viven en la capital, podrán verla por streaming inscribiéndose en este enlace, pero no podrán asistir ni participar activamente. Una nueva demostración de lo que Cambiemos entiende por democracia: la mera expectación de decisiones ya tomadas.

Los vicios de la audiencia no terminan ahí. La sucesión de cuadros tarifarios que el gobierno ha promovido da toda la sensación de una completa falta de argumentos. Un factor fundamental es la ausencia de información clara sobre costos de producción de la cadena de valor o cuentas de las empresas, donde expliquen sus ganancias en los años previos o qué hicieron con los millonarios subsidios que recibieron. Existen al menos un acuerdo clave en el sector, que es el Plan Gas, instrumentado por el gobierno anterior y sostenido por este, que paga un sobreprecio por producción extra: ¡en un contexto en que la producción no creció! No existe un plan de inversiones a futuro, ni tampoco garantías que las empresas actúen acorde a lo que se les propone. Ni hablar de diversificar la matriz energética, redefinir zonas tarifarias según factores climáticos, o modificar los subsidios cruzados de los usuarios de menor consumo a favor de los usuarios de mayor consumo: nada de esto, que serían fallas de la regulación del servicio, están hoy en discusión. Todo esto permite suponer que se trata sin más de una transferencia del bolsillo de los y las contribuyentes a las empresas; no una política real para resolver el problema energético.

Y las inversiones, ¿para cuándo?

El gobierno de Cambiemos cumplió algunas tareas que el empresariado concentrado le demandó: liberalizó la cuenta capital, quitó restricciones al comercio, relanzó la toma de deuda -a cualquier costo-, incentivó los despidos -bloqueando incluso el intento parlamentario por frenarlos- y mediante la liberación general de los precios, permitió la licuación del salario vía inflación. Todos estos son logros en el haber de los capitalistas… pero no alcanzan. Más allá de cualquier afinidad política o ideológica, los empresarios resuelven con las cuentas, y tienen claro que el saldo final no está claro.

El gobierno lleva ya cerca de 5 meses lidiando con el intento por aumentar las tarifas, en lo que se suponía que era apenas la primera parte de la suba. Estas dificultades demuestran que el gobierno está lejos de poder garantizar la previsibilidad que promovía cuando asumió, o cuando visitó el foro de Davos a principios de año. Si los precios no están claros a futuro, tampoco lo están las ganancias, y por ello mismo, los capitales se resisten a invertir en el país. Macri visitó China en la reunión del G20, e invitó a los empresarios a visitar Buenos Aires la semana entrante para convencerlos en el Foro empresarial mundial de Inversiones y Negocios que organizó. En China le dejaron claro que esto no ocurrirá hasta que no se consolide el esquema de precios relativos, reduciendo la inflación: pero esto va en contra de la suba las tarifas aun no cumplida. El gobierno se enfrenta así a la profundización de la recesión, sin inversiones a la vista, y el dilema de subir precios sin subir la inflación. Un auténtico rompecabezas que explica por qué la disputa contra el tarifazo no es solo la defensa de nuestros derechos más básicos, sino también un golpe en el centro del modelo de negocios de Cambiemos.

(Por Francisco J. Cantamutto) La Multisectorial está funcionando como nodo de coordinación para potenciar las acciones de resistencia al ajuste.

El gobierno de Cambiemos no ha dejado lugar a dudas sobre su sesgo anti-popular, implementando un ajuste social de gran escala. Tal como dijimos al inicio de su mandato, el programa que Macri vino a ejecutar era conocido: el argumento de dar tiempo y esperar no tenía ningún sentido, pues sabíamos  a dónde llevaba. Las políticas de devaluación, desregulación del comercio exterior e interno, quita de trabas a los movimientos de capitales, endeudamiento, despidos y caída de salarios no podía tener buen final.

Recordemos que con argumentos macartistas (alegando presunciones ideológicas), el gobierno avanzó con despidos en el Estado, incentivando el mismo comportamiento en el ámbito de las empresas -a las que además dejó de controla. No sabemos la cifra exacta, pero los puestos privados perdidos hasta abril, reconocidos por el gobierno, eran 42.000; estimaciones alternativas que aprovechan datos de AFIP entienden que la cifra llega a 170.000 despidos. Esto sin considerar los puestos no registrados, sector donde la crisis afecta de manera más cruenta. Al mismo tiempo, la inflación se hizo más intensa que el año pasado -cuando ya era un problema para los bolsillos populares-, con un total anualizado que superará el 40%. Sobre ese cóctel peligroso, las subas de las tarifas de los servicios públicos (agua, gas, luz, transporte), ejecutadas mes a mes, lo que incrementa las tensiones inflacionarias y pone en jaque la economía hogareña. Esta fue la chispa que ha terminado de encender la indignación popular.

Las formas de protesta se han multiplicado en el país, incluyen manifestaciones públicas, corte de calle, bocinazos, campañas de afiches, radios abiertas, veredazos (venta fuera de los locales), movilizaciones, solo por mencionar algunas. En distintas partes del país se multiplicaron las formas de buscar coordinar esta indignación, lo que ha dado lugar a la creación de Multisectoriales en una gran cantidad de localidades. La de Rosario se hizo conocida en los medios por el repudiable hecho de represión durante los festejos del día de la Bandera. En Bahía Blanca, por mencionar otro ejemplo, se realizó un festejo alternativo del Bicentenario ocupando la céntrica plaza Rivadavia. Las cooperativas de trabajo y las empresas recuperadas han sido particularmente importantes en esta construcción, quizás por su importante rol como alternativa para los y las trabajadoras ante la crisis. Además de estos actores, en las Multisectoriales se busca coordinar acciones de sindicatos, organizaciones populares, clubes de barrio, centros culturales y también partidos, que hasta el momento han quedado como compañeros de este movimiento que los supera, sin liderarlo.

El carácter federal y múltiple de estas Multisectoriales es central para poder poder comprender su alcance y potencialidad. Como una auténtica escuela de formación política, se está reelaborando la experiencia del 2001, ya sin ingenuidad respecto de la importancia de la política institucional, buscando protagonizar de manera colectiva, dialogando sin imponer banderas. El BAUEN fue testigo -y responsable- del crecimiento político de esta organización Multisectorial en CABA, donde se puso de soslayo la necesidad de potenciar las acciones ya en desarrollo en los diferentes barrios, sumando capacidad para comunicar y coordinar.

Así se recuperó la iniciativa surgida de otros espacios de realizar un cacerolazo este jueves a las 20 hs. en todo el país. Algunas organizaciones están invitando a actividades previas, confluyendo en una acción común a esa hora. Se propone confluir en diferentes puntos, permitiendo que vecinos y vecinas no organizados puedan sumarse también desde sus lugares. En la preparación de la agenda, fue importante la reflexión sobre recuperar para los sectores populares esta herramienta de lucha también, cuyo sentido fuera disputado por sectores acomodados en protestas de los últimos años. Cacerolazo, ruidazo, tachazo: lo importante es mostrar el descontento con el tarifazo y el ajuste, hacerse escuchar.

En la propia Multisectorial se dejó claro que la protesta debe tener una traducción política para no ser fácilmente cooptada por advenedizos, como pretende hacer el co-gobernante Frente Renovador. Por ello, sin apropiarse de una medida de lucha que la excede, la Multisectorial realizará una conferencia de prensa el viernes a las 12 frente a la Corte Suprema de Justicia, buscando mostrar que ese Poder Público no podrá abstraerse de la dimensión social del problema. La traducción política del sentido no significa reducir la protesta a formas de representación partidaria: esa tarea vendrá más adelante. Para eso, falta aún camino y diálogo por recorrer. Lo importante es que esos pasos se están ya dando, organizando por abajo, respetando diferencias, confluyendo en lo central.

Fue el principal reclamo de la familia de Katherine Moscoso a un año y un mes de su femicidio. También acudieron a la Municipalidad familiares de Micaela Ortega. Todxs al grito de “Justicia por Mica, por Kathy, por todas”.

“Más que nada para que la causa no se duerma, que se siga investigando y lleguen a fondo. No tiene que quedar en la nada porque Monte es un pueblo muy chico y se están hablando cosas y nosotros no tenemos respuestas y tenemos que andar sufriendo por las cosas que se dicen. Queremos respuestas”, contó Wanda Banegas, prima de Katherine.

En cuanto a la causa, Wanda dijo que “en Bahía estaban trabajando y justo el fiscal se enfermó. Nosotros confiábamos mucho en Christian (Long), ahora queremos respuestas de Mauricio del Cero. A mi abuela le dijo que no íbamos a tener respuestas hasta julio o agosto, nosotros queremos que nos digan que va a pasar y porqué no se puede empezar a imputar a los sospechosos”.

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Familiares de Micaela Ortega manifestaron que se convocaron “por todas y cada una de las chicas que fueron víctimas por decir no. Quiero hacer una referencia un poco más triste de lo que todos estamos viviendo y creo que es la indiferencia. Porque la magnitud de la desgracia que nos está tocando vivir y que nos hicieron vivir es muy grande”.

“Y así como es muy grande la desgracia es muy poco el acompañamiento de la gente, somos poquitos por tremendos casos que estamos afrontando y veo que mucha gente que pasa no nos mira, hace oídos sordos a esto y es muy triste”.

“Me gustaría que toda la gente que está viendo se sume, un ratito son cinco minutos, esto le podría pasar a cualquiera de ustedes y es una situación que no se la deseo a nadie porque es lo más triste que le puede pasar a una persona. Quiero hacer saber a los amigos de Kathy que estamos acá compartiendo el dolor porque sabemos de qué se trata. También compartimos un mismo pedido”, concluyó una familiar.

(Por Francisco Tavaglione*) Las palabras que el Excelentísimo* Intendente de la ciudad de Bahía Blanca profesó durante el acto del 25 de mayo en conmemoración del 206 aniversario de la conformación de la primera junta y el surgimiento del estado argentino, sobresaltaron hasta los restos de los dinosaurios más extintos. Nadie podía imaginar que cuarenta años después del golpe de estado genocida de 1976, alguien iba a repetir –aunque sería más certero hablar de resignificar- las palabras que enmarcaron la situación argentina durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional. Pero todavía más llamativo que eso, que el hecho de que aparezca en boca de un intendente homófobo y ultraconservador un discurso recalcitrante, perteneciente a un pasado no tan lejano, que sigue respirando en algunos sectores que se mantuvieron incólumes en su postura (por ejemplo La Nueva Provincia, Rex, El Polo Industrial, la iglesia católica, entre otros), todavía llama más la atención la prolijidad con que repitió un discurso fechado nada menos que un 24 de mayo de 1976, en conmemoración al mismo hecho. Las frases que voy a copiar a continuación, nos hacen preguntar seria, muy seriamente, si acaso Hector Gay no preparó su discurso para este acto, inspirándose en las palabras que otrora profesara aquel otario, a quien sin que nadie nos lo diga, podemos deducir que admira apasionadamente. Si no, ¿de qué modo explicar las siguientes coincidencias?

Videla: “A 166 años de nuestra gesta emancipadora… resulta conveniente reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro de la Patria.”

Gay: “…en el año del bicentenario de nuestra independencia… los invito a reflexionar… para repasar los días de la historia… pero también sobre los desafíos que tenemos… ¡Viva la Patria!

Videla: “El vacío de poder reinante hasta el 24 de marzo último, los enfrentamientos internos y el descontrol generalizado, amena­zaban con la desarticulación de la República…. En el orden cultural fue evidente… el trastrocamiento de los valores… pérdida de identidad. Se favoreció así a la subversión…. “

Gay: “…ayer y ahora, hay enemigos importantes. De adentro y de afuera. Los que responden a intereses personales, y también los que integran grupos perfectamente organizados que no tienen patria ni banderas, pero sí quieren subvertir valores, y  adueñarse fundamentalmente de nuestros ideales y de nuestra juventud…

Videla: “…el duro sacrificio que las circunstancias nacionales imponen… será la norma esencial… a lo largo de todo el proceso; un proceso a cuyo término avizoramos un destino de grandeza…”

Gay: “Frente a aquellos que no nos quieren ver unidos… con coraje, con lucha y con valores, tendremos, como dice nuestro himno, un destino de grandeza.”

Videla: “Nuestra generación vive una crisis de identidad, que se manifiesta en un permanente cuestionamiento de los valores tradicionales de nuestra cultura…. Las fuerzas Armadas saben que el esfuerzo que hoy realizamos todos, tiene un natural heredero: la juventud argentina.

Gay: es un tiempo de unión de los argentinos que queremos construir y no destruir… que queremos restaurar valores, de los argentinos de bien. Pero que tenemos que estar unidos frente a esos ataques. Frente a aquellos que no quieren que nuestra juventud crezca en los mejores valores.

Videla: “El camino a recorrer no es corto ni fácil. Estamos, no obstante, dispuestos a recorrerlo con firmeza.

Gay: “…no son tiempos fáciles, pero tampoco son tiempos para tibios.”

Quizá no haya mucho más que agregar, aunque sí mucho que preguntarse. Creo que no quedan dudas de que preparó su discurso tomando notas del pronunciado cuarenta años atrás por Videla. Pero nuestro intendente ¿A qué enemigos se refiere? Si hablaba de los narcotraficantes, como expresó hoy, intentando atenuar la conmoción social que generó ¿Necesitaba hacerlo justo en esos precisos términos? La cultura tiene memoria y nadie desconoce el origen, y el sentido de menudas afirmaciones. ¿Puede haberlos pronunciado inocentemente? ¡Imposible! Queda por tanto otra pregunta ¿Puede ser tan cínico, como para expresarse de este modo? Y las preguntas nos llevan todavía más lejos. ¿Fue un acto individualista, un rendimiento de pleitesía de parte de nuestro intendente, hacia un jerarca apenas aclamado por pocos, muy pocos, o fue este acto impune una manifestación de los tiempos que se vienen, de la ideología que está imperando y se está impregnando en muchas instituciones sociales, laborales y políticas? Podríamos preguntarnos si se mandó solo en esta veneración casi suicida, o si hay una estructura social, política y económica de fondo que lo sostiene, lo impulsa y lo pregona, en cuyo caso, además de hablar de un ex periodista e intendente abominable (doble mérito por sobresalir en ambas labores con una calificación insuperable), hablaríamos de un gravísimo retroceso social en materia de derechos humanos. (No nos olvidemos que al día siguiente de asumir Cambiemos, La Nación sacó una nota que hasta sus mismos empleados repudiaron, afirmando que el proceso de reorganización nacional había sido necesario. Tras el rechazo generalizado, retrocedieron, pero ¿lo harán definitivamente, o aquel atisbo de fascismo fue solo una prueba, un tanteo, del estado social y su receptividad con respecto a un tema tan sensible? ¿No será este discurso de Gay, parte de un plan que entonces decidieron demorar, pero lentamente vuelven a darle ruedo? ¿Estamos ingresando en un periodo en que aquel discurso falaz, vuelve a estar –o quieren que lo esté- legitimado? Las preguntas siguen, y cada quién tiene las suyas. Responderlas todas sería lo mínimo que debería hacer, para atenuar aunque sea un poco el daño moral –y afectivo: sobre todo afectivo- que ocasionó, reviviendo tan nefastas palabras de la tumba de aquel pasado monstruoso que le costó la vida a tantos miles de argentinos, y el sufrimiento eterno de otros varios millones.
Una cosa más, estimado Intendente: no es solo la oposición quien salió al cruce antes sus afirmaciones setentistas, como usted, La Nueva, La brújula y un puñado de fascistas más intentan hacernos creer: es toda la sociedad civil, es todo el país el que repudia enfática y determinantemente su actitud soberbia, vil y sarnosa. Así que tenga la discreción, al menos, de cuando responda las preguntas que el pueblo le exija –usted solo se metió en esto- de bajar ese tono altanero, arrogante, jactancioso, con que respondió hoy cuando fue interpelado, asegurando que iba a seguir diciendo lo que dijo porque así creía que era la cosa.
¡Uf! Lo olvidaba. ¿No fue Videla quien afirmó que de nada se arrepentía, y que de tener que hacerlo volvería a concretar el golpe? Podremos discutir muchas cosas, menos una: Su veneración al castrismo, por aberrante que nos resulte, es de una pureza indiscutible.

*Lic. en psicología graduado en 2013 en la Universidad del Salvador. Escritor de ocio.

*De este modo se hace referencia al General J. R. Videla, cada vez que fue presentado en un acto o conferencia de prensa.

El Departamento de Ciencias de la Administración y su Centro de Estudiantes lanzarán a fin de mes una alternativa para el festejo de las alumnas y los alumnos que egresen, pensada para revertir la tradicional celebración por un aporte solidario.

Bajo el lema “Pintate de solidaridad en tu recibida”, se pensó una opción para evitar el derroche de alimentos y de agua y la manifestación del compromiso social en el alumnado, objetivo de la institución, además de concientizar sobre el cuidado de los espacios de convivencia y la propia salud.

La propuesta consiste en la entrega de un kit compuesto por serpentina, polvo de colores, espuma, globos, una remera y una ecobolsa, para que las y los flamantes profesionales festejen. A cambio se reciben alimentos no perecederos. Esta idea pretende modificar la práctica habitual de “ensuciar” con harina, huevos y aceite, entre otros elementos, a quienes engresen.

A su vez, gracias a un acuerdo con supermercados locales, estos aportarán la misma cantidad de de alimentos donados por cada participante, lo que permitirá duplicar las donaciones. Luego, serán destinados a través de Red Solidaria, a comedores locales.

Quienes estén por recibirse de las carreras de Contador o Licenciatura en Administración, pueden sumarse a la propuesta solidaria a través del link http://goo.gl/forms/a0Olx5vjZD2v1ikt1

Fuente: Pregón Universitario.

A las primeras manifestaciones contra el protocolo de intervención en manifestaciones públicas aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional, a instancias de la ministra Patricia Bullrich, se suman en esta nota algunas reflexiones de integrantes de organizaciones políticas y gremiales de Bahía Blanca consultadxs por FM De la Calle.

En tanto, este martes se conoció la aceptación por parte de una jueza porteña de un habeas corpus presentado por un delegado de ATE para que el gobierno no aplique la normativa durante el paro de hoy.

Se ordenó que las autoridades no autoricen el uso de armas de fuego ni balas de goma para las fuerzas de seguridad, que no se produzcan detenciones sin el aval de la Fiscalía, el Juzgado y la Defensoría correspondientes y que “una persona civil responsable políticamente del operativo garantice la seguridad de los manifestantes y lleve adelante las negociaciones”.

Laura García Vázquez – Emancipación Sur/ CTA Bahía Blanca-Cnel. Dorrego.

José Lualdi – Partido Comunista/ CTA Bahía Blanca-Cnel. Dorrego.

Néstor Alende – Asociación Judicial Bonaerense/ Comisión de Apoyo a los Juicios.

Gastón Canali – PTS FIT.

Luciana Foulkes – Colectivo Pueblo en Lucha.

Emiliano Fabris – PO FIT.

Desde el lunes se realiza el juicio oral por el delito de usurpación del frigorífico. Ayer declararon los testigos de la Fiscalía, encabezada por la dra. Olga Herro, y hoy lo hicieron los de la defensa patrocinada por el dr. Claudio Lovfall. Cinco son los imputados en la causa: Hugo Cartajena, Enrique Orlando Garaggiola, Hugo Almada, Daniel Wenderlich y Pablo Cañiuqueo. Mañana serán los alegatos.

Entre las personas que prestaron testimonio este martes se encontraba el ex presidente del Concejo Deliberante, Carlos Alberto Moreno Salas, actualmente titular de la delegación bahiense del Ministerio de Trabajo. El ex edil afirmó que la cooperativa habría sufrido un “fraude laboral”, porque “los trabajadores no tenían acceso a la contabilidad de la cooperativa, ya que eran socios”, “ni cobertura social ni recibo de sueldo” y agregó que “era una relación de dependencia encubierta”.

Posteriormente se sometió a un careo con Silvio Siracusa, el dueño del frigorífico convocado por la Fiscalía. Discutieron los puntos de un acta acuerdo firmada en septiembre del 2011. El pacto entre el municipio y la cooperativa Fortín Cuatreros planteaba que Siracusa debía pagarle 500 pesos a cada trabajador y comprometerse a seguir faenando para reactivar el frigorífico. Además, hablaron sobre una supuesta cifra propuesta por el SENASA para poner en marcha la producción nuevamente. Según Moreno Salas, este acuerdo nunca se cumplió y la cifra del SENASA nunca fue aceptada, por eso debió intervenir la municipalidad otorgándo un subsidio.

Luego testificaron dos trabajadores. Jorge Mario Cabrera fue el primero, expuso que tuvo un juicio laboral contra la cooperativa porque su hijo falleció electrocutado en las inmediaciones de Villa Olga. “Me pagaban si yo no demandaba al frigorífico”, denunció.

En último lugar, declaró Perrone, quien mantiene un juicio laboral contra Fortín Cuatreros por haber tenido un accidente por el cual posteriormente fue despedido.

Mañana a partir de las 9:30, en Estomba 32, el Juzgado Correccional Nº 3, declararán los cinco acusados y comenzaran los alegatos.

Cobertura: Giuliana Crucianelli – FM De la Calle.

Un grupo de vecinxs de Ingeniero White se convocó hoy a las 13 para exigir respuestas ante la explosión ocurrida ayer en la planta de Dow. Denuncian que las autoridades no se hacen responsables y le solicitaron al intendente electo Héctor Gay “que nos escuche. Vamos a pedir una audiencia porque esto no da para más. Estamos luchando por la vida de nuestros hijos y nuestros nietos”.

A su vez, manifestaron preocupación por los anuncios realizados de ampliación del Polo Petroquímico. Se trata de las inversiones millonarias que anunció Daniel Scioli junto al embajador de EEUU Noah Mamet.

Mientas las personas que se reunieron terminaban de atender a los medios, un móvil de la policía de la provincia con patente JVM 794 estacionó a unos cinco metros. De inmediato bajó del vehículo una uniformada y comenzó a fotografiar a lxs presentes.

Por su parte, lxs vecinxs no tardaron en acercarse a preguntar por qué estaban siendo “fichados” a lo que la agente respondió que le “ordenaron contar a las personas y hacer un informe”. Ante la pregunta de FM De la Calle interrogando quién ordenó el informe, la oficial sostuvo que la disposición fue requerida por “el comisario” de la 3ra. 

 

(Por Liga Argentina por los Derechos del Hombre) Así como no hay violación de los derechos humanos que no tenga un discurso justificatorio, cada agravio a la condición humana agravia a la humanidad entera y deja rastros más que perceptibles en el tramado de la vida social.

Si bien es cierto que nadie reivindicó el secuestro de Julio López, ni su justificación[1]; ha habido en estos nueve años silencios que han sido discursos y discursos que han pretendido adjudicar a su secuestro una especie de “pago” que la sociedad debía hacer por avanzar en los juicios, asumiendo un signo fatalista para su pensamiento que generalmente rechazan en el análisis de otros asuntos.

A nueve años de su secuestro y desaparición forzada afirmamos rotundamente que el crimen pudo haberse evitado y que pudo haberse esclarecido. Jamás aceptaremos que la impunidad es fatal e inevitable; la lucha del movimiento de derechos humanos –en toda su diversidad y enorme amplitud- demostraron que no hay obstáculo que no se pueda remover si de conquistar Justicia se trata para las víctimas del Terrorismo de Estado u otros agravios del aparato estatal.

No hubo un plan de protección a los testigos, querellantes, abogados y demás fuerzas que intervienen en los juicios contra los genocidas. Así lo afirmó en abril 2011 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Américo Incalcaterra en un informe demoledor donde afirma: al momento de la desaparición de López “Argentina no estaba preparada”, para hacer frente a esa situación. Además, el Estado no se encontraba en condiciones de proteger a la enorme cantidad de testigos de crímenes de lesa humanidad en ese entonces. “Sólo contaba con un pequeño plan nacional de protección de testigos de alto riesgo en casos de crimen organizado y tráfico de drogas”, agrega el informe. Al año siguiente, Néstor Kirchner amplió el mandato del Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados (PNPT) -que viene a funcionar como el padre del sistema- reconociendo el problema. Pero no lo solucionó.”[2]

Y no hubo voluntad política de investigar hasta la última consecuencia la responsabilidad de Etchecolatz, sus amigos de adentro de la fuerza policial Bonaerense y mucho menos la trama de los Servicios de Inteligencia que después del caso Nisman sabemos sin dudas que seguía trabajando con autonomía de mando. Fue el inefable Solá (el mismo que era gobernador cuando la masacre del Puente Pueyrredón del 2002) quién fundamentó que entre encontrar a Julio López y la gobernabilidad (que se vería afectada si se investigaba a fondo la Bonaerense, según él), elegía la gobernabilidad. Igual opción tomaron los Kirchner y la oposición política de derechas, solo un segmento del movimiento de derechos humanos y las izquierdas mantuvieron la lucha contra la impunidad de los secuestradores de Julio López, hasta hoy.

Al momento de hablar de la desaparición de Julio López no todos nombran otra desaparición, ocurrida en aquellos días, y es justamente la del debate propuesto por el fallo del Tribunal Oral Federal

Número Uno de La Plata quien al atender que la normativa vigente no daba cuenta de lo realmente ocurrido y por ello considerar los delitos cometidos por Etchecolatz “realizados en el marco de un genocidio” proponía un debate sobre todos los temas atinentes a la tarea de juzgar, treinta y nueve años después, a un genocidio, tarea nunca antes acometida por tribunales nacionales en el país donde el genocidio se perpetró.

La falta de un debate en forma, la ausencia de una estrategia estatal unificada que de cuenta del “contrato social” de juzgar el Genocidio que reconoce el Dr. Lorenzetti desde la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, han derivado en un proceso judicial que avanza a ciegas, enfrentando reiteradamente los mismos escollos, sometiendo a los testigos a la dura tarea de enfrentar sus represores con la palabra una y otra vez, sin salir de la fragmentación que la Justicia impuso a las causas por negarse a pensar el Terrorismo de Estado tal como este se cometió: centralizado y estructurado desde la Comandancia de los Cuerpos del Ejercito que organizaban zonas, áreas y centros clandestinos de exterminio. Para no alargar, digamos que a pesar de todos los avances –que hemos celebrado más de una vez- a doce años de la anulación de las leyes de la impunidad, avanza la estrategia de impunidad de lograr que los represores “privados de su libertad” permanezcan en sus cómodos hogares y que se haya levantado una verdadera barrera para proteger a los responsables del Poder Económico (Massot de La Nueva Provincia, Blaquier de Ledesma, Acevedo de Acindar, los dueños de Papel Prensa, la Ford, Mercedes Benz, la banca extranjera, etc.) y los integrantes de la Triple A cuyos crímenes se mantienen casi en la absoluta impunidad.

La obstinada voluntad del Poder Judicial de no abrir paso al debate sobre Genocidio no tiene razones judiciales sino política; el Genocidio no es solo la destrucción de un grupo nacional, sino la reorganización radical de una sociedad en todos los terrenos por lo que aceptar que hubo Genocidio, que somos una sociedad post genocidio implicaría discutir las relaciones de Poder en la economía, en los medios de comunicación y en la sociedad toda; algo a lo que pocos estamos dispuestos a hacer.

Pero, acaso más que en la esfera judicial, los rastros de la desaparición de Julio López se verifican en la persistencia de una cultura represora que en palabras de la Comisión Provincial de la Memoria constituye un verdadero colapso de los derechos humanos en la provincia de Buenos Aires por la persistencia de los crímenes del Gatillo Fácil, las causas armadas y la tortura en sede policial, penal y sitios de encierro de menores y enfermos mentales (la aparición sin vida del cuerpo de Luciano Arruga el 17 de octubre pasado, es la confirmación más brutal de todo esto) que obtienen la misma impunidad que la de los desaparecedores de Julio López.

Fue la misma Comisión la que afirmó “las torturas y las muertes padecidas por las personas captadas por el sistema penal son de una dimensión y gravedad que socavan los cimientos del propio orden democrático. Argentina padece una profunda disociación entre su condición de referencia internacional por el proceso de enjuiciamientos de los crímenes de la dictadura y los ataques planificados, sistemáticos generalizados que se implementan contra una parte de la sociedad civil sobre los que judicialmente se consagrará la impunidad. Las torturas y muertes actuales son crímenes que interpelan los valores de verdad, justicia y memoria”.

La historia lo confirmó: Sin Julio López no hay Nunca Más, sin Nunca Más no hay democracia verdadera y sin democracia verdadera no hay Patria Libre ni todos los derechos para todos que era aquello que soñaba Julio López y por lo que convocamos a seguir soñando y luchando.

Ahora y siempre.

[1] Aunque duró unas horas conviene recordar que Aníbal Fernández pretendía que Julio López no estaba desaparecido sino que se había ido a tomar el te a casa de un familiar y que Hebe de Bonafini adjudicaba su ausencia como una provocación policial, insinuando que Julio López era un infiltrado policial. Todo está guardado en la memoria.

[2] [1]http://notas.desaparecidos.org/2011/04/duro_informe_de_la_onu_sobre_p_1.html

“Señores jueces vamos a terminar este alegato con la palabra de la víctima en el entendimiento de que nuestro trabajo comienza y termina con ellas porque, en definitiva, somos parte de su voz”, dijo el fiscal José Nebbia tras seis jornadas de exposición en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción de la Armada Argentina. La Fiscalía solicitó penas de prisión perpetua para 18 represores y de 10 a 25 años para los cinco restantes.

En el escenario de Colón 80, un video recordó el testimonio de Patricia Gastaldi: “Estoy profundamente conmocionada porque muchos años esperamos para poder declarar ante los jueces de la Nación. Y siento que durante todos estos años mi palabra también estuvo desaparecida y hoy aparece y puedo narrar los horrores no solo que viví yo, sino que vivió mi marido y todos los compañeros. Y que es un momento muy especial donde siento profundamente la reparación del Estado”.

Miguel Palazzani, previamente argumentó un “pedido especial” como parte de la reparación integral a las víctimas, para que se aplique un “derecho a réplica colectivo” y la parte resolutiva de la sentencia se publique en “un lugar visible y destacado” del diario de la familia Massot. “No hay ninguna razón o derecho para que sus historias queden contadas y fijadas en el diario La Nueva Provincia como historias de delincuentes terroristas enemigos del pueblo argentino”.

“Las víctimas, los familiares, sus afectos y amigos, el pueblo bahiense, de la región y argentino tienen derecho a que ese diario repare en algo el daño. Al menos en este caso que publique que los asesinos, torturadores y desaparecedores han sido condenados. Que publiquen el nombre de sus víctimas y las penas que deberán seguramente purgar. Eso en una pequeña medida traerá justicia y alivio. Seguramente les ocupe solamente una página de verdad contra tantos años de mentiras. Pero por sobre todo y por primera vez La Nueva Provincia publicará la verdad acerca de lo que sucedió”, afirmó.


Los fiscales postularon que debe aplicarse el “derecho de réplica colectivo titularizado por este Ministerio Público” dado que “someter a las víctimas y sobrevivientes de graves violaciones a los derechos humanos y de genocidio, y también a sus familiares, a la litigación individual contra La Nueva Provincia, además de empujarlas a un camino judicial interminable, significaría revictimizarlas”. “A eso se le suma que hay víctimas que están imposibilitadas de ejercerlo porque se encuentran desaparecidas o fallecidas y tienen derecho a que se repare su historia biográfica”.

En el petitorio, Nebbia y Palazzani requirieron la revocación de la prisión domiciliaria de los acusados que vienen gozando ese beneficio: “Hemos visto cómo leían los diarios, cómo conversaban largamente, como reían; y cómo, cuando fueron indagados, sus aspectos y actitudes cambiaron abruptamente: fueron entonces personas minusválidas”.

Los fiscales pidieron al TOCF que “requiera a los organismos que integran Memoria Abierta que realicen trabajos de prospección necesarios en el predio cautelado de la Séptima Batería, a fin de recolectar prueba relativa a los hechos investigados, así como para determinar si allí no existieron enterramientos clandestinos”.

También, solicitaron la extracción de copias sobre las declaraciones de dos testigos para denunciarlos por falso testimonio y solicitaron que las condenas se comuniquen a los ministerios de Defensa y Seguridad de la Nación, y al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, para que se dé cumplimiento al procedimiento de baja por exoneración y/o destitución de los acusados, según corresponda.

En el juicio, que comenzó el 8 de julio del año pasado, se juzgan crímenes ordenados por la cúpula de la Armada contra 66 víctimas, perpetrados en el crucero ARA 9 de Julio, amarrado en la Base Naval de Puerto Belgrano; en la Base de Infantería de Marina Baterías; en las dependencias de la Prefectura naval en Bahía Blanca e Ingeniero White; en el edificio de la Policía de Establecimientos Navales; y en La Escuelita, en el ámbito del V Cuerpo del Ejército.

Los 24 acusados que inicialmente habían comenzado el debate -dos fueron apartados por problemas de salud y luego se incorporó un prófugo capturado- llegaron a juicio por los delitos de asociación ilícita, privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios. Durante las audiencias, con la nueva prueba testimonial recabada, los fiscales reclamaron y lograron que se ampliara acusación a 19 de ellos por delitos sexuales, que en el alegato fueron calificados con el tipo penal de abuso deshonesto.

Al final del juicio, llegaron diez ex miembros de la Armada, siete del Ejército, cuatro de la Prefectura Naval, uno del Servicio Penitenciario Bonaerense y uno de la Policía bonaerense.

El derecho a réplica

palazzani efemedelacalleEn el final de su exposición, cuando requirieron que la sentencia se publique en el diario La Nueva Provincia, Nebbia y Palazzani recordaron que “durante todo el debate y también en los otros dos juicios que se desarrollaron en esta jurisdicción” se pudo ver cómo el diario “manipulaba, escondía, encubría, tergiversaba, deformaba y falseaba los hechos en Bahía Blanca”.

En efecto, recordaron la sentencia de este mismo TOCF tras el primer juicio oral llevado a cabo en aquella ciudad entre 2011 y 2012, por crímenes cometidos en el ámbito del V Cuerpo del Ejército, en la que, al referirse al conglomerado mediático, los jueces suscribieron: “Encontramos que la expresión de la verdad en el estricto marco de lo acontecido en este juicio, fue seriamente afectada por una comprobada campaña de desinformación y de propaganda negra, destinada no sólo a imponer la versión de los victimarios, sino principalmente a colaborar en la creación de un estado tal de anomia legal en la sociedad, que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional y desatada por parte de la estructura estatal”.

En el alegato los fiscales evaluaron que “esas conductas, lejos de ser el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, fueron conductas perfectamente proyectadas junto con los altos mandos militares que eran esenciales e indispensables al plan criminal”.

“Fueron acción psicológica, fueron parte del entramado criminal, y parte esencial, sin la cual no pudo haberse llevado a cabo el genocidio en Bahía Blanca y la región con el grado de profundidad y encubrimiento que lo fue”, enfatizaron. Al respecto, explicaron que “el crimen de Estado se facilitó y se profundizó con la acción psicológica y el encubrimiento mediático”.

Por eso, dijeron que “se impone hacer otro análisis y dar un paso más en la reparación completa a la biografía de las víctimas” y señalaron que el pedido “es un paso más en ese camino reparatorio y progresivo de reconstrucción de la memoria y la historia”, pues “la única posibilidad de conocer la verdadera versión de los hechos en esta ciudad, una versión probada, rigurosa, indubitable, son estas sentencias”.

Nebbia y Palazzani, quienes vienen reclamando en otras causas el procesamiento del director del diario, Vicente Massot por su participación en crímenes de lesa humanidad, refirieron que el medio reprodujo “el guión y el relato del genocidio en su faz de acción psicológica y encubrimiento mediático”, ambos “indispensables para lograr la concreción del exterminio con el grado de violencia e impunidad que se hizo”.

“En la ponderación entre el derecho del diario a publicar lo que le venga en gana y el derecho a la reparación biográfica de las personas que fueron victimizadas y difamadas en esas páginas, entre el derecho del diario y el derecho de la sociedad a informarse verazmente; en definitiva, entre el derecho del diario y el derecho a la verdad acerca de graves violaciones a los derechos humanos, se debe priorizar siempre éste último”, fundamentaron.

Los pedidos de pena

sanmartin efemedelacalleLos fiscales requirieron prisión perpetua para los siguientes acusados, por los hechos, grados de autoría y calificaciones que se detallan a continuación:

  • Ex vicealmirante Eduardo Rene Fracassi (89), como coautor mediato de privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados en 31 casos; 10 homicidios agravados (nueve de ellos bajo la modalidad de desaparición forzada), y ocho casos de abuso deshonesto.
  • Ex capitán de corbeta Luis Alberto Pablo Pons (72), como coautor de privación ilegal de la libertad agravada en 16 casos; imposición de tormentos en 16 casos; 9 homicidios agravados (8 bajo la modalidad de desaparición forzada), y siete casos de abuso deshonesto.
  • Ex capitán de navío Enrique de León (70), como coautor mediato de privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos agravada en 18 casos; once casos de homicidio (tres en la modalidad de desaparición forzada), y siete casos de abuso deshonesto.
  • Ex capitán de navío Oscar Alfredo Castro (85) como coautor mediato de privación ilegal de la libertad agravada y tormentos agravados en 31 casos; dos homicidios agravados, y dos casos de abuso deshonesto.
  • Ex capitán de navío Alberto Gerardo Pazos (76) como coautor mediato de privación ilegal de la libertad agravada y tormentos agravados en tres casos; cuatro homicidios calificados, bajo la modalidad de desaparición forzada, y dos casos de abuso deshonesto.
  • Ex capitán de navío Edmundo Oscar Núñez (90) como coautor mediato de privación ilegal de la libertad agravada en 31 casos; imposición de tormentos en 28 casos; 10 homicidios agravados (nueve bajo la modalidad de desaparición forzada), y ocho casos de abuso deshonesto.
  • Ex capitán de fragata José Luis Ripa (80) coautor mediato de privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados en tres casos; cuatro homicidios agravados bajo la modalidad de desaparición forzada), y dos casos de abuso deshonesto.
  • Ex capitán de navío Tomás Hermógenes Carrizo (76) como coautor mediato de privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados en 26 casos -en uno, como cautor directo-; seis casos de homicidio agravado (cinco bajo la modalidad de desaparición forzada), y ocho casos de abuso deshonesto.
  • Ex capitán de navío Leandro Marcelo Maloberti (76) como coautor mediato de privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos en doce casos; nueve homicidios agravados (ocho bajo la modalidad de desaparición forzada), y cuatro casos de abuso deshonesto.
  • Ex prefecto Francisco Manuel Martínez Loydi (72) como coautor mediato de privaciónilegal de la libertad agravada en 32 casos; 30 casos de imposición de tormentos agravados; doce homicidios agravados (dos bajo la modalidad de desaparición forzada), y ocho casos de abuso deshonesto.
  • Ex prefecto Néstor Alberto Nougues (73) como coautor de privación ilegal de la libertad agravada en 32 casos; imposición de tormentos agravados en 22 casos; y cuatro homicidios agravados (uno de bajo la modalidad de desaparición forzada), y tres de abuso deshonesto.
  • Ex prefecto Luis Ángel Bustos (66) como coautor de privación ilegal de la libertad agravada en 39 casos; imposición de tormentos agravados en 29 casos; y nueve casos de homicidios calificados (seis bajo la modalidad de desaparición forzada), y cuatro casos de abuso deshonesto.
  • Ex coronel Carlos Andrés Stricker (77) como coautor mediato de siete casos de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravados; un caso de homicidio calificado, y un caso de abuso deshonesto.
  • Ex teniente coronel Óscar Raúl Otero (70) como coautor mediato de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravados en siete casos; un caso de homicidio calificado, y un caso de abuso deshonesto.
  • Ex teniente coronel Guillermo Julio González Chipont (73) como coautor mediato en dos casos de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravados con homicidio agravado y un caso de abuso deshonesto.
  • Ex suboficial mayor del Ejército Víctor Raúl Aguirre (68) como coautor de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravados con homicidio agravado en tres casos y un caso de abuso deshonesto.
  • Ex suboficial Felipe Ayala (78) como coautor de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravados con homicidio agravado en dos casos.
  • Ex suboficial del Ejército Raúl Artemio Domínguez (75) como coautor de la privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravados con homicidio agravado en un caso, y abuso deshonesto en un caso.

De 10 a 25 años

tribunal efemedelacalleLos fiscales además requirieron las siguientes penas para las personas que se enuncian a continuación:

  • Ex prefecto Pedro Alberto Pila (76) a la pena de 25 años de prisión como coautor mediato de la privación ilegal de la libertad agravada en 26 casos e imposición de tormentos agravados en 17 casos.
  • Ex oficial Alejandro Lawless a la pena de 19 años de prisión como coautor de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravados en seis casos, y un caso de abuso deshonesto.
  • Ex jefe de la Unidad Penal N°4, Héctor Luis Selaya (82), a la pena de 18 años de prisión como coautor mediato de privación ilegal de la la libertad e imposición de tormentos agravados en cinco casos.
  • Ex capitán de navío Domingo Ramón Negrete (85) a la pena de 17 años de prisión como coautor mediato de privación ilegal de la libertad en dos casos; un caso de imposición de tormentos agravados, y uno de abuso deshonesto.
  • Ex comisario mayor Víctor Oscar Fogelman (71), a la pena de diez años de prisión como coautor de un caso de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravados.

Los fiscales además acusaron por integrar una asociación ilícita a Fracassi, Castro, Pazos, Núñez, Ripa, Negrete y Selaya.

Fuente: FM De la Calle y fiscales.gob.ar