(Por Facundo Muñoz) Silvia Piceda y Sebastián Cuattromo hablan con un lenguaje claro y simple. Se presentan contando sus historias y relatan con crudeza -pero sin morbo- cómo fueron abusadxs. Sus historias no son sólo la carta de presentación que utilizan en las charlas que dan a lo largo y ancho del país sino que también son una puerta para visibilizar una problemática latente en nuestra sociedad.

Ayer se conmemoró el Día Internacional para la Prevención del Abuso Sexual Infantil.

Cuando se les pregunta cómo deciden formar la ONG Adultxs por los derechos de la infancia y cómo trabajan, Silvia responde: “Los dos veníamos de nuestros caminos de lucha. Yo venía como madre protectora, Sebastián venía de su juicio y habiendo podido poner en la cárcel al que fue su agresor. Y los dos teníamos la visión de que este delito no tiene que ver con la vida privada de las personas, no tiene nada que ver con la intimidad, tiene que ver con un comportamiento social”.

“Había que hacer público esto, porque esto es un problema de toda la sociedad y es la sociedad adulta la que lo va a resolver. Entonces, por un lado tenemos el grupo de ayuda de pares, que era lo que yo venía haciendo con otro grupo de madres, que es, evidenciar el poder sanador de la palabra. Y por otro lado la visibilización que es esto, ir a todos los lados en los que nos llaman para contar esto, en base a nuestros testimonios, nosotros no hablamos como científicos sino desde nuestros testimonios”, asegura.

Paradigmas y retóricas

Una revolución se produce cuando se encuentran anomalías que no pueden ser expresadas por el paradigma universalmente establecido y aceptado. El paradigma no es simplemente la teoría vigente sino la cosmovisión dentro de la cual existe y sus implicancias. En todos hay anomalías que se descartan como niveles de error aceptables o simplemente se ignoran.

Vivimos bajo un paradigma sobre el cual Silvia sostiene que “desde la Convención de los Derechos del Niño, que tiene rango constitucional, la Ley de ESI (Educación Sexual Integral) y demás, todo habla de que el niño es reconocido como sujeto de derecho. Eso antes no existía porque la infancia, en verdad, no era reconocida como una instancia particular de la vida del humano. En algún momento se empieza a reconocer a la niñez, ese es el paradigma. El tema es que cuesta muchísimo que ese paradigma pase del papel donde están puestos y acordados los derechos, que pasen a la vida cotidiana cuando tenés que defenderlos”.

Existen retóricas hipócritas de las cuales nos sostenemos para poder seguir avalando el paradigma de los derechos de lxs niñxs. Silvia comenta que tienen que ver con que “Occidente es el defensor de los derechos de infancia o es el defensor de los derechos humanos y eso es una retórica que no es real. Porque vemos que en Estados Unidos, Europa, acá y demás, la infancia no es defendida”.

“Esta sociedad además de patriarcal y machista es adultocéntrica. Todo gira alrededor de las necesidades, tranquilidades y objetivos de los adultos. No es real que el niño en la infancia sea tenido en cuenta, ni siquiera para generar políticas. Porque vos pensá cuando vas a votar a las múltiples personas que se presentan: ¿alguno de nosotros le preguntamos cuál es su programa de infancia? A nadie le importa”.

El Estado que siempre falla

El sistema de 0800 del programa “Las víctimas contra las violencias”, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en 2016 se registró que las niñas mayores de 5 años son las principales víctimas.

El 53% de los casos ocurre en los hogares de las víctimas y el 18% en el hogar del agresor. Este dato se condice con la estadística que demuestra que el 75% de los agresores son familiares: el 40% de ellos son padres de las víctimas.

La estadística se registró entre el 19 de noviembre de 2017 y el 19 de diciembre de 2016. Vale destacar que estas cifras existen porque hubo denuncias. ¿Qué pasa con aquellos casos que no son denunciados? ¿Y con aquellos que tienen como víctimas a niñxs institucionalizados? ¿Dónde está el Estado protector en ese momento?

Silvia Piceda comenta: “El Estado no es protector de la infancia. Una figura del Estado es el Poder Judicial. Y si vos tenés un Poder Judicial que en lugar de reconocer que el abuso existe, que es muy frecuente, que los abusadores en la mayoría de los casos son adultos y que en verdad tenés que buscar al responsable y lo que hacen es todo lo contrario, tratando de demostrar que todas las denuncias son falsas, en verdad el Estado esta faltando en la protección de los derechos de la infancia”.

A eso hay que sumarle que “falta capacitación en todos los niveles. En el Poder Judicial, en Salud, en trabajadores sociales, en psicólogos, a todos los que trabajamos en lo que tiene que ver con el trato con seres humanos, nos falta formación en temas específicos graves, por ejemplo, el abuso sexual contra la infancia”.

Cambiar la realidad de lxs niñxs y salvaguardar sus derechos debe ser un compromiso que la sociedad debe asumir para acabar con los abusos sexuales contra la infancia.

Pensar en nuevas formas de comunicarnos con lxs más chicxs y hacer de la igualdad una realidad. Entender que existen otras realidades posibles en las cuales primen los derechos de todos los sectores sociales debe ser nuestra forma de evolucionar hacia una sociedad que se haga cargo de sus problemas.

El sábado a las 19 se proyectará la película “Toda esta sangre en el monte” con presencia de su director Martín Céspedes. La actividad es organizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA Bahía Blanca-Coronel Dorrego   en el salón de la AJB (Ing. Luiggi 63).

La película relata la situación actual del movimiento campesino, específicamente la situación que ha atravesado el MOCASE de Santiago del Estero a lo largo de los últimos años, y repasa sus estrategias de organización política-social.

“Es también sobre la violencia. Una violencia económica de un capital que llega a los territorios campesinos con una lógica de acumulación y que lo que hace es destruir comunidad, territorios y cuerpos;  una violencia política de gobiernos que hacen la vista gorda permitiendo que ese capital entre e irrumpa y con una violencia institucional-judicial que lo legitima, lo avala a través de la impunidad”, contó Céspedes a FM De la Calle.

Parte del largometraje cuenta el asesinato de Cristian Ferreyra, hecho ocurrido en 2011 mientras defendía su territorio de sicarios que trabajaban para un empresario agropecuario de la zona. Se “toma de excusa el juicio de los asesinos de Cristian para dar puntapié a lo que es este conflicto y poder conocer un poco la realidad que se está viviendo en Santiago del Estero, tanto lo que es la organización política como a los modos de vida”.

“Porque al fin y al cabo la lucha por la tierra en realidad es una lucha por un modo de vida que quizás quienes habitamos las ciudades esos modos de repensar nuestras vidas están más relegados, quizás estamos más centrados en cuánto más de esa renta del capital podemos acaparar para poder vivir mejor”, afirmó.

Toda esta sangre en el Monte tardó varios años en poder terminarse y, según el director, es “una película que se explica así misma, esos modos de vida, esos conflictos, los vemos a través de la observación y me parece que es lo más interesante que tiene. Es como estar ahí viviendo las situaciones y me parece que la película en ese sentido se muestra bastante bien sola”.

“La construcción del documental es también una construcción colectiva con la organización campesina, yo no quería caer con la película del porteño que va a mostrar cómo viven los campesinos (…) y para eso no hubo un guión previo marcado al cual ir a filmar, sino que fue ir y devenir en el lugar lo que surgiera. Fue algo muy interesante, muy enriquecedor y que también termina de alguna forma aportando a toda esa riqueza y a lo multifacético que es la organización campesina. El MOCASE es realmente muy potente, imaginemos que están luchando contra un poder gigantesco que es el agronegocio y al día de hoy no han perdido ni un metro de tierra”, finalizó.

El interbloque Cambiemos logró superar la parada más importante del año legislativo que termina. Con apoyo de una porción del peronismo de Miguel Pichetto y de partidos provinciales, el oficialismo consiguió sancionar en el Senado el Presupuesto 2019, que recibió 45 votos afirmativos, 24 negativos y una abstención.

El proyecto, que es el tercero de la gestión de Mauricio Macri, fue aprobado al cabo de un debate de alrededor de doce horas, donde quedó al desnudo la división en el interbloque Argentina Federal. Nueve senadores de ese espacio votaron en contra, con el formoseño José Mayans a la cabeza, mientras que otros doce lo hicieron a favor y uno se abstuvo: el correntino Carlos “Camau” Espínola.

Acompañaron a Cambiemos los integrantes del Movimiento Popular Neuquino (MPN) Guillermo Pereyra y Lucila Crexell; los misioneros Maurice Closs y Magdalena Solari Quintana; y Ada Itúrrez de Capellini y Blanca Porcel de Riccobelli, del Frente Cívico Santiagueño referenciado en el gobernador Gerardo Zamora. Los otros senadores que se inclinaron por el “sí” fueron los salteños Juan Carlos Romero y Cristina Fiore, y el santafesino Carlos Reutemann.

Por el contrario, fueron por el rechazo el Frente para la Victoria-PJ de Cristina Kirchner; los puntanos Adolfo Rodríguez Saá y Eugenia Catalfamo; el porteño Fernando “Pino” Solanas; y la rionegrina Magdalena Odarda.

Hubo solo dos ausencias y una de ellas fue la del radical Eduardo Costa, quien en las horas previas a la sesión se había rebelado sorpresivamente contra el Presupuesto, reclamando obras para Santa Cruz. El otro que no participó de la votación fue el santiagueño Gerardo Montenegro.

La sanción del Presupuesto le permitirá al Gobierno dar una doble señal: por un lado, al Fondo Monetario Internacional (FMI), en virtud del polémico acuerdo firmado este año; y por otro, a los países que integran el G20 en la previa de la cumbre que tendrá lugar entre el 30 y el 1ro. de diciembre en Capital Federal.

Entre sus principales variables, la “ley de leyes” prevé para 2019 una inflación interanual del 23% al mes de diciembre; un dólar promedio a 40,10 pesos; y una caída del 0,5% del PBI. Además, el 77% del gasto primario se destinará a servicios sociales, y se estima una caída del consumo privado del 1,6%.

Al cierre del debate, cerca de las 2 de la madrugada del jueves, Cristina Kirchner sostuvo que “no se sale de la recesión ajustando el gasto público” y alertó: “Lo que vamos a hacer con este Presupuesto es profundizar el sufrimiento de la sociedad argentina, y además va a ser un sacrificio inútil. Todos sabemos que la recesión se va a profundizar”.

Por su parte, Pichetto reiteró que “no votar el Presupuesto no cambia el rumbo económico” y que es necesario aprobarlo para evitar discrecionalidad en la ejecución de fondos. Pero además, se refirió a las movilizaciones contra la ley: “Tenemos autonomía de lo que pasa en la calle. Nunca la votación de un Presupuesto fue un hecho insurreccional. Son estimaciones, que se pueden cumplir o no”.

En tanto, el jefe del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff, explicó: “Tenemos un Presupuesto de emergencia producto de factores externos -la crisis internacional-, e internos -la sequía-; pero también el factor económico de la causa de los cuadernos, que ha paralizado las obras públicas”.

El radical también defendió el acuerdo con el FMI, al señalar que “la historia de la Argentina” con este organismo de crédito “no es nueva”, ya que “se suscribieron 26 acuerdos con ese organismo durante gobiernos radicales, justicialistas, militares y desarrollistas”. “No es bueno ni malo, se recurrió cuando hubo situaciones de crisis”, sintetizó.

La apertura del debate estuvo en manos del presidente de la Comisión de Presupuesto, Esteban Bullrich (Pro), quien casi como un dogma precisó: “Es falso que consumir es mejor que ahorrar, es falso que ordenar el Estado es ajustar oportunidades y es falso que los recursos del Estado son infinitos”.

El macrista sostuvo que la inflación “no es gratis” y que está vinculada a “un pasado que los argentinos no quieren volver”. “El déficit es el desahorro. Esto no es una herencia recibida, no es culpa de un gobierno o de un partido. Esto viene de más atrás y la única forma de dejarlo atrás es si lo hacemos juntos”, dijo Bullrich.

Por su parte, el jefe del bloque del Frente para la Victoria-PJ, Marcelo Fuentes, sentenció que “el gobierno de Cambiemos solo ofrece a los argentinos más ajuste, precarización, endeudamiento y recesión”.

Sentado a la derecha de la expresidenta Cristina Kirchner, Fuentes denunció que “es cínico presentar como una virtud los programas de emergencia que crean para paliar la crisis que ellos generaron”.

El neuquino remarcó que “es la primera vez en la historia argentina donde un Presupuesto viene a declarar que el país va a involucionar, y lo presentan como una virtud”, cuando “normalmente un gobierno, ante un panorama como el que describen, busca medidas para evitar esa debacle”.

Por su parte, Mayans denunció que el Gobierno “ha hecho un endeudamiento brutal” que de acuerdo a este Presupuesto será de “casi 400 mil millones de dólares”. Además, indicó que “este gobierno ha tenido una de las inflaciones más altas de la historia argentina” y pronosticó que “este año va a ser de casi el 50%”.

Desde el bloque del Frente para la Victoria hubo discursos tan duros como el de Mayans. El jefe de esa bancada, Marcelo Fuentes, alertó que “el gobierno de Cambiemos solo ofrece a los argentinos más ajuste, precarización, endeudamiento y recesión”.

“Es cínico presentar como una virtud los programas de emergencia que crean para paliar la crisis que ellos generaron”, subrayó el neuquino, que abrió la lluvia de críticas que siguió después con Ana Almirón, Silvina García Larraburu, Anabel Fernández Sagasti, Nancy González, María de los Ángeles Sacnun, María Inés Pilatti Vergara, Ana María Ianni y la propia Cristina Kirchner.

Por el MPN, Crexell anticipó su voto a favor “desde la convicción de la importancia de dar señales que acompañen la gobernabilidad”. “A pesar de nuestras observaciones, entendemos que debemos dar signos de madurez política”, dijo la neuquina, alineada esta vez con su par Pereyra.

En cambio, la puntana Catalfamo advirtió que este Presupuesto “de argentino y popular no tiene absolutamente nada”, y lo consideró “desfasado de la realidad que viven los argentinos todos los días”, al poner como ejemplo que se proyecta un dólar a 40 pesos, valor superado por las bandas cambiarias.

En nombre del radicalismo, Ángel Rozas reconoció que “no es el Presupuesto ideal, pero que es el Presupuesto posible, al que llegamos después de un entendimiento con un grupo importante de gobernadores y de opositores”.

Fuente: Parlamentario.com

El 6 de noviembre de 1924 se fundó la Asociación Bancaria ante la necesidad de organizar sindicalmente a los trabajadores y las trabajadoras que luchaban por reducir su jornada laboral de 12 horas.  Por eso, se conmemora cada año el Día del Trabajador Bancario.

El martes pasado, visitaron el estudio de FM De la Calle José Lualdi y Néstor Conte, jubilados del Banco Credicoop y del Provincia, respectivamente. Telefónicamente participaron la ex trabajadora del Credicoop Hilda Abad y el delegado del Provincia Marcos Helbert.

“El Día del Bancario se lo tenemos que dedicar a los 200 trabajadores y trabajadoras bancarios detenidos desaparecidos. El gremio enfrentó la Fusiladora del ‘58 y tuvo 50 días de huelga, enfrentó el achique del país de Frondizi y tuvieron casi 70 días de huelga con casi 6000 trabajadores despedidos. Si no fuera por sus trabajadores no sé si tendríamos Banco Nación y Banco Provincia. (…) Es un gremio de lucha que va camino a los 100 años y que tendrá que, en esa historia, exigir la reconstrucción histórica del sindicato, enfrentando los patrones más poderosos, los ganadores históricos de la Argentina”, aseguró  José Lualdi.

Néstor Conte coincidió en que las conquistas fueron producto de las luchas de los trabajadores y trabajadoras, sin embargo, agregó que “el derecho a las vacaciones, a los días hábiles, indudablemente están sobre la picota permanentemente, porque hoy lo que se está viendo en el caso nuestro como jubilados del Banco Provincia es un ataque a nuestra caja de jubilaciones, una liquidación de una serie de años de aportes al sistema previsional que este gobierno ha violentado con una maniobra de tipo parlamentaria, para lo cual tuvo el concurso del PJ y del kirchnerismo. Volvemos a poner sobre la mesa de negociaciones el ataque a las condiciones de los trabajadores por eso las movilizaciones que se vieron durante todo este año”.

Marcos Helbert comentó que su base gremial está “en un largo conflicto que lleva más de 11 meses y el eje central es el desfinanciamiento y vaciamiento del Banco Provincia. La excusa ha sido la modificación de la Ley Previsional donde la provincia se saca de encima una responsabilidad y se la transfiere al banco. Este es un claro ataque a la banca pública en su conjunto, a los dos bancos más grandes del país: al Banco Nación y al  Provincia, dos bancos públicos de excelencia, donde indudablemente la apetencia del capital financiero se cierne sobre neutros destinos. (…) Hay una estrategia muy clara que es quebrarnos en la voluntad de lucha a lo largo del tiempo”.

“Desde Menem, sobre todo a partir de las crisis financieras de los 90’, (…) las condiciones objetivas de trabajo se modifican y ya aquello que era más tranquilo, por decir así, empieza a ser un trabajo que comienza a generar enfermedades en los trabajadores producto de esa presión que hoy se manifiesta con muchísima más energía. Tenemos muchísimos trabajadores bancarios con carpeta médica producto de esas presiones. Los patrones, los bancos, son los auténticos ganadores de los últimos años, de la dictadura militar para acá fundamentalmente hay perdedores y son las condiciones objetivas de los trabajadores y trabajadoras bancarias”, opinó Lualdi.

Consultado sobre el funcionamiento de los bancos, Conte explicó que “funciona como cualquier prestamista nada más que ya tiene un título, que es una institución. Toman plata y te pagan en un plazo fijo al 20%, se la prestan a alguien que la necesita a una tasa superior y en el caso del Banco Provincia se la prestan fundamentalmente al Estado. Pero los bancos también quiebran, no es que los bancos salen indemnes de las crisis financieras. Acá hay un problema político que es de fondo: los que salvan a los bancos son los propios Estados desparramándoles esa quiebra a la propia población. Cuando a un banco le va mal, le va mal al conjunto de los trabajadores. Y cuando les va bien, a la población no le va bien, le sigue yendo bien a los banqueros”.

“El sistema financiero en la Argentina es usurario y es bastante más parecido al prestamista del barrio, a la vieja financiera que te canjeaba los cheques, que a la necesidad de un sistema financiero que pueda construir un círculo virtuoso. Porque a los ganadores del modelo lo único que les interesa es ganar plata”, sentenció Lualdi.

Desde la Confluencia Fuera G20/FMI denuncian que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) están realizando ciberespionaje sobre los movimientos sociales en el marco de despliegue armamentístico que está desplegando el gobierno para la semana de la cumbre.

“Es un nivel muy alto de la movilización de las fuerzas de seguridad y las fuerzas secretas. No tenemos idea qué implica, si es activar formatos de seguimiento de celulares, de seguimientos tecnológicos, eso nos deja en un nivel de vulnerabilidad muy grande. Es algo muy peligroso que hay que salir a denunciar fuerte”, comentó a FM De la Calle Luciana Ghiotto, economista e integrante de Attac y de la Confluencia.

La consigna de la contra-cumbre es “El G20 no nos representa”. Ghiotto afirmó que  “de ninguna manera están afrontando los problemas reales de un capitalismo en crisis y de un cambio climático tremendo. No está dando respuestas y no hay ni siquiera un interés de dar respuestas de manera cabal”.

Desde la asamblea en rechazo al G20 denuncian que el gasto en materia de defensa y seguridad  durante la cumbre es de 1100 millones de pesos. A pesar de que no se sabe la cantidad de efectivos militares o de las fuerzas de seguridad que participarán en el operativo del G20 y del equipamiento que se comprará para reforzar el operativo militar, el Decreto 125/2018 prevé una operación contractual secreta por razones de seguridad y defensa nacional para la adquisición de material bélico.

“Desde el Ministerio de Seguridad lo están planteando como si la consigna de los movimientos sociales fuera ir a tomar el poder. Nosotros estamos planteando que queremos una resistencia, una crítica. Y las propuestas alternativas que tienen las organizaciones sociales, sindicales, ambientalistas a nivel regional y global. No es que queremos ir a pegarnos con la policía”.

Los ministerios de Seguridad y de Defensa, la Cancillería, la Agencia Federal de Inteligencia y otros organismos del Estado, más el Comando Sur de Estados Unidos, especialistas en temas de seguridad de Gran Bretaña, Alemania, China y Rusia serán quienes queden a cargo de la seguridad de este Foro. Estados Unidos, Rusia y China participarán del encuentro con sus propios equipos de seguridad instalados en el país.

Ghiotto aseguró que “corremos de eje las provocaciones del gobierno, porque la compra de armamento es una provocación. Nosotros evitamos la confrontación barata, porque se tergiversa nuestros objetivos, nuestros métodos. Queremos que se entienda políticamente porqué rechazamos el G20 y la propuesta de Macri del FMI”.

La Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina (AReCIA) declaró en estado de emergencia al sector que incluye 131 publicaciones autogestivas tras analizar la crítica situación expresada en el marco de su asamblea anual en la que se vio reflejado el impacto de la crisis económica en los medios que editan publicaciones impresas. AReCIA advirtió que la situación encierra una amenaza a la libertad de expresión y al trabajo autogestivo.

Según el reciente censo realizado por AReCIA, las publicaciones registraron un aumento promedio del costo de impresión por ejemplar del 60 por ciento. El papel subió un 79 por ciento en sólo seis meses (hasta agosto), superando la devaluación del peso argentino respecto del dólar, que en el mismo período acumuló una suba del 61 por ciento. Además, al estar los soportes web atados al valor dólar, también se genera una instancia de incertidumbre a la hora de planificar la sostenibilidad de los medios.

La encuesta realizada a las publicaciones asociadas entre fines de mayo y principios de junio reveló que las políticas económicas y el impacto en la estructura de costos de las revistas impidieron la salida en papel de un 15 por ciento de los títulos.

Entre las revistas que aún siguen publicando el panorama también es amenazante: todas aseguran haber sufrido -en los últimos meses- aumentos en los costos de producción.

? Un 66,6 por ciento registró aumentos en los servicios de agua, gas y luz.
? Un 59,5 por ciento, en gastos de conectividad (teléfono e Internet).
Los editores también informaron aumentos en alquileres, transportes, correo y servicios profesionales contratados.

En lo que se refiere a la impresión, el golpe de los costos es aún más claro:

?? El 50 por ciento de las revistas redujo su tirada.
?? El 25 por ciento redujo la cantidad de páginas o la calidad de impresión.

Las ediciones que no modificaron calidad de impresión ni cantidad de páginas sufrieron aumentos en los costos de impresión que en algunos casos llegan al 500 por ciento. AReCIA confrontó costos por ejemplar informados por cada publicación en su último censo, en agosto de 2017, con los de mayo de este año. El aumento promedio fue casi del 67 por ciento en 9 meses.

? AReCIA exige a las autoridades políticas nacionales, provinciales y municipales, y en especial a los funcionarios del área de Cultura, que brinden una respuesta ante el estado de emergencia en el que se encuentran las publicaciones gráficas autogestivas de todo el país, en tiempos de creciente concentración y monopolización de los medios de comunicación, con los riesgos que ello conlleva para la existencia de una genuina libertad de expresión.

La situación implica, a su vez, una amenaza para la vida democrática.

Las propuestas:

1. Reparto equitativo y transparente de la pauta pública.
2. Acceso igualitario y protegido al precio del papel, principal insumo del sector.
3. Eliminación del 2,5% de IVA a las publicaciones.
4. Posibilidades de crédito sin tasas usurarias.
5. Democratización del circuito de distribución.

Fuente: Hamartia.

Jair Bolsonaro coronó este domingo el triunfo fascista en Brasil al obtener el 55,1% de los votos en la segunda vuelta frente a Fernando Haddad, el candidato del PT, quien se quedó con el 44,9% de los sufragios.

Horas antes de la votación, el director de la Izquierda Diario, Fernando Rosso, participó en Bahía Blanca en la charla “Cómo enfrentar a Bolsonaro y la derecha en Brasil” -organizada por la Agrupación Tesis XI en el Departamento de Humanidades- y conversó con FM De la Calle.

El portal de noticias “La Izquierda Diario” tiene ya cuatro años de trabajo digital y se ha posicionado como fuente de consulta de muchos sectores organizados. Rosso comentó cómo surgió el periódico digital: “Si dejamos que solo la derecha utilice los medios más avanzados, como por ejemplo está haciendo ahora Bolsonaro en Brasil, con lo que hizo con las redes sociales, con whatsapp, las fake news, y nosotros nos quedamos en lo conservador de la tradicionalidad de la izquierda, sin cambiar necesariamente, ni las ideas, ni el programa, ni la estrategia y buscamos llegar… (…) Estamos entendiendo que cuanto más masivo no es que aggiornas el discurso pero sí tratás de no hablar en la comodidad de la zona de confort, de la jerga”.

Respecto a la situación de la política actual, Rosso adjudicó parte del avance de las políticas del macrismo a quienes le otorgan gobernabilidad al actual gobierno, entre los que también se encuentran, según él, la mayoría de los sindicatos.

“Hay que trabajar sobre los sindicatos para pensar cómo es la relación entre las conducciones y las fuerzas en Argentina. La diferencia que tenemos con Brasil, es que vivimos un momento sindical, que pese a todo el retroceso que tuvo el movimiento sindical en el mundo, hay una relación de fuerza que se le hace mucho más difícil a Macri, que si pudiese en términos de programa  económico  sería  como el de Bolsonaro o más y no puede.  Me parece que hay que pensar qué utilidad se le da a esas organizaciones porque pensando sólo en términos electorales  o parlamentarios Macri hasta ahora sigue avanzando”.

El periodista y conductor del programa de radio “El Círculo Rojo”, el cual se emite todos los domingos por Radio con Vos, afirmó que hay un sector empresario que comienza a soltarle la mano al actual presidente:  “No porque no tenga acuerdo con lo que Macri plantea, sino porque no creen en la capacidad de lo que pueda hacer”.

“El 17 de octubre  estuvo el aniversario en Tucumán y ahí sectores empresarios como por ejemplo Hugo Sigman, que es dueño de un oligopolio de laboratorios acá y en el mundo, Daniel Vila de América y otros de los que participaron… empezaron a poner fichas en la posibilidad de lo que llaman un ‘peronismo racional’, es decir alguien que gobierne bajo la perspectiva que dejó planteada Cambiemos pero que pueda hacer las cosas: que pueda hacer la reforma laboral, que pueda hacer un ajuste negociado, que pueda menemizarse. Insisto no porque no lo apoyen, sino porque creeen que se está debilitando demasiado y un segundo gobierno agónico de Macri puede ser peligroso para la estabilidad”.

En este sentido, analizó los antecedentes de la llegada de Bolsonaro a Brasil y el avance de la derecha. “Las causas son múltiples y ninguna es despreciable. Si las democracias en general tienen muchas distorsiones, en el caso de Brasil es una cosa distinta. Hubo un golpe institucional que destituyó a Dilma Rouseff en 2016, hubo una gran operación que es la Operación Lava Jato que la encabeza el juez Sergio Moro  y que juzga a unos y deja libre a otros (…), después se dio la proscripción del principal candidato que tenía el 40%  de intención de votos según las encuestas, que es el caso de Lula, (…) todo eso fue favoreciendo a Bolsonaro, más los medios y las fake news”.

“También hay una desilusión sobre todo con lo que fue el segundo gobierno del PT de Dilma, que había empezado un ajuste importante que se expresó en jornadas como las del 2013, manifestaciones en la calle… y que si uno va al núcleo, el motivo de fondo de muchos de los votantes es económico. Nosotros lo vemos y no lo podemos creer, pero tampoco es una tendencia tan loca: estaba Trump, está la derecha italiana; hay como una bronca con los sistemas políticos tradicionales, no necesariamente reaccionaria de conjunto. La gente que ve la corrupción, que la pasa mal y que ve que se enriquece,  tiene una bronca justa. Después si no hay salidas progresivas es muy probable que terminen canalizadas por demagogos de este tipo ¿no?”.

Rosso aseguró que el modelo de Bolsonaro para Brasil “desde el punto de vista económico propone un neoliberalismo radicalizado. Paulo Bede que es el que va a poner como ministro de Economía estudió en el Chile de Pinochet la economía ultra neoliberal. Además propone privatizar un montón de las empresas estatales que quedan en Brasil. Para el tema laboral propuso derecho con trabajo o trabajo sin derechos; propuso declarar como terroristas al MST y al Movimiento Sin Techo”.

“Y no sé si va a poder hacer todo eso, porque una narrativa de Estado de ese tipo puede desatar en términos clásicos una lucha de clase peligrosa para el orden, por lo cual, quizás lo quieran contener las propias Fuerzas Armadas, que algunos dicen que tienen intereses más nacionalistas, o el propio poder judicial que está manejando como árbitro el régimen político y no quiere largar eso. (…)  Lo que Bolsonaro haga depende de cuánta organización y cuánta resistencia haya”.

Desde nuestras redes de radios, canales de TV y otros medios comunitarios denunciamos el nuevo recorte brutal que el proyecto de Presupuesto infringe al Fomento legalmente establecido por ley 26.522, agravando a una escala inédita la millonaria deuda que el Estado arrastra con el sector.

Hasta acá, el incumplimiento venía dándose por tres vías: asignando menos de lo que la ley indica; ejecutando menos de lo asignado vía rechazo de proyectos con argumentos absurdos o inexistentes en reglamentos; y estirando meses y hasta años las definiciones y pagos con procedimientos complicados y engorrosos. Esto viene acumulando deudas por: 35 millones de concursos ganados y nunca pagos de 2015, 58 millones de concursos no adjudicados en 2016, 160 millones de concursos todavía en proceso de 2017, 300 millones correspondientes a concursos 2018 aún no abiertos y varios cientos más por diferencias acumuladas entre lo dispuesto por la ley y lo asignado año tras año.

Esta es la primera vez que a todo esto se le suma una baja de lo asignado el año anterior: de 180 millones asignados en el Presupuesto 2018 (contra 300 que correspondían por ley, según recaudación del gravamen a la comunicación audiovisual del año anterior), bajamos a 140 millones para este ejercicio (sobre una recaudación que va a ser obviamente mayor, que el acumulado 2018 es de 258 millones faltando todavía 3 meses).

Esto constituye: una burla a los compromisos asumidos por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) luego de muchas manifestaciones y “mesas de diálogo” que son inconducentes sin recursos; una expresión más del vergonzoso Presupuesto del Ajuste dictado por el FMI; un nuevo ataque al Derecho a la Comunicación y la pluralidad de voces que la ley debe garantizar con este mecanismo; y el agravamiento de un incumplimiento sistemático de esta ley por parte del propio Estado y sus funcionarios, reteniendo o usando para otros fines fondos de asignación específica, lo que es un delito.

Reclamamos:

-A legisladores y legisladoras que no convaliden este nuevo atropello, ni el vergonzoso proyecto de Presupuesto del FMI que lo contiene junto a muchos otros más

-Al gobierno nacional y las autoridades del ENaCom, organismo de aplicación de esta ley y esta política pública, que cumplan los compromisos asumidos y la ley sin más trampas ni dilaciones.

Espacio InterRedes:

Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) / Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CONTA) / Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC Argentina) / Red Colmena (Cooperativas de Trabajo-CNCT) / Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA)

El fiscal Antonio Castaño manifestó su bronca en FM De la Calle tras las absoluciones de Víctor Hugo Iglesias y otros dos imputados por el delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual y se mostró confiado en que la Cámara de Casación revoque la sentencia del Tribunal Oral.

El funcionario judicial fue quien realizó junto a su par de la Protex, Marcelo Colombo, la investigación desde 2014 e intervino en la causa hasta su elevación a juicio. “Si en Bahía no hay trata tampoco hay droga”, ironizó al responder dichos de la defensa.

Si bien los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu aún no difundieron sus fundamentos, el fallo estaría basado en “que no existe prueba porque no han podido ser citadas a declarar las víctimas”.

“La idea de los imputados de llevar a juicio a quienes fueron víctimas de este flagelo hace nada más que volver a revictimizarlas. Es imposible que declaren frente a estos personajes que, como todos sabemos, las tienen atemorizadas, las tienen amenazadas, saben dónde viven, dónde se desenvuelven”, dijo Castaño.

Las redes de trata “permiten que esas mismas personas circulen por distintos lugares, cuyos propietarios tienen relación con los propietarios de los demás lugares por donde las víctimas han pasado. Son blanco fácil de poder ubicar”.

Castaño remarcó que entre la prueba “teníamos declaraciones testimoniales brindadas en el ámbito de nuestra Fiscalía Federal con todas las garantías del proceso, porque no solamente he estado yo sino también las defensas de los imputados. Lo que no permitió el tribunal es que esas declaraciones que estaban en forma escrita sean leídas en el debate. Fue a pedido de las defensas, más vale, quieren que las víctimas vayan al lugar y que lógicamente lo que van a declarar no va a ser lo que realmente han pasado”.

Martín Vargas, Víctor Hugo Iglesias, Alfredo García y Eduardo Gutt.

Para ejemplificar las situaciones de riesgo y las intimidaciones padecidas por las testigos víctimas, recordó que para una de las mujeres cuyo testimonio fue “totalmente contundente en cuanto a la operatoria de Víctor Iglesias” tuvo que solicitarle a la jueza Mirta Filipuzzi una custodia permanente ante su domicilio.

Dicha tarea la asumió la Prefectura, la cual informó luego que durante su tarea “se habían acercado distintos personajes a los efectos de, según ellos, invitarla a comer un asado a esta testigo, personajes relacionados con los imputados de la causa”.

“Esto lógicamente va a ser apelado por el fiscal de juicio, el dr. Santiago Roldán. Hay antecedentes en Casación de estas circunstancias, así que tenemos plena fe con el fiscal de juicio que esto va a ser revertido pero queda la sensación de impotencia tanto mía como de toda la gente que trabajó denodadamente en esta causa”.

El fiscal destacó el poder alcanzado por algunos imputados: “Son personas con mucho poder económico, vinculadas normalmente a cuestiones políticas y enquistados en nuestra sociedad como grandes señores, hoy son empresarios y así se seguirán manejando”.

“Lo de Gutt está comprobado.

Hoy tiene la posibilidad de volver a la Prefectura, es una barbaridad desde todo punto de vista”.

El Tribunal Oral dio a conocer el viernes el veredicto tras prohibir la participación del público y la prensa durante las audiencias. El fiscal Roldán desistió de acusar al dueño de El Gran Chaparral, Martín Vargas, quien recuperó su libertad tras los alegatos. Lo mismo sucedió al día siguiente con Iglesias y el ex prefecto Eduardo Horacio Gutt.

El administrador del Bar Broadway, Alfredo García, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por facilitación de la prostitución.

Foto Castaño: De la Bahía.

Con la lectura de la acusación arrancó este viernes el sexto juicio por crímenes de lesa humanidad de Bahía Blanca. Es el segundo tramo de la causa que investiga crímenes del terrorismo de Estado ordenados y ejecutados en jurisdicción de la Base Naval Puerto Belgrano.

De los 18 imputados uno solo llegó esposado en un móvil del Servicio Penitenciario. Otros tres se acercaron por su cuenta a Colón 80 desde sus prisiones domiciliarias y el resto hizo lo propio, hacia sedes judiciales de Capital Federal y Necochea, para seguir la audiencia por videoconferencia.

El fiscal Miguel Ángel Palazzani afirmó que el debate mostrará una vez más “el circuito de Baterías, Comando de Operaciones Navales y la comunidad de la Armada Argentina operando junto con el V Cuerpo de Ejército. Vamos a escuchar algunas cosas que ya conocemos como hechos notorios y otras que se van a ventilar por primera vez, con todo lo que significa la realización de un juicio para seguir construyendo la memoria, la verdad y obtener justicia”.

Las próximas audiencias serán el jueves 1 y el viernes 2 de noviembre desde las 15.

El tribunal está integrado por los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu. Mónica Fernández Avello y Walter Larrea representan las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos y de H.I.J.O.S. y APDH, respectivamente.

El fiscal Palazzani destacó ante FM De la Calle que “hay un contexto discursivo, simbólico, de cierta regresión. Es la instalación de discursos que uno pensaba que estaban superados a esta altura”.

“Es una conquista de toda la sociedad argentina, hay un hecho notorio -y eso tiene su significación judicial, es un hecho que no debemos probar ni discutir- que es la existencia del terrorismo de Estado. Y uno viene escuchando en ciertas esferas de producción discursiva reverberancias de la teoría de los dos demonios, de la palabra guerra, de reivindicaciones del sector que fue victimario y no víctima”, afirmó.

Miguel Ángel Palazzani.

Miguel Ángel Palazzani.

Palazzani aseguró que ver “en el público algunos cursos de chicos del secundario” hace que los juicios “tengan sentido”.

Consultado respecto a la generalización de las detenciones domiciliarias, el fiscal explicó que fueron recurridos en Casación y en la Corte todos los casos que consideran injustos o en los cuales los genocidas, incluso con alguna dolencia, pueden ser atendidos dentro del Servicio Penitenciario Federal. “El resultado es este que estamos viendo. Fiscalía no deja recurso ni petición por efectuar. Luego, los que deciden son los jueces”.

Mario José Bilesio.

Mario José Bilesio.

 

Minutos antes del inicio de la audiencia, integrantes de la Agrupación H.I.J.O.S. leyeron un comunicado en el cual repudiaron las domiciliarias y el escaso tiempo dedicado por el Poder Judicial para las causas de lesa humanidad.

“En momentos de profundos retrocesos en materia de derechos humanos y de derechos en general en nuestro país, a lo largo y ancho de Argentina, se sigue juzgando genocidas gracias a la convicción y valentía de los sobrevivientes y testigos, de un sector del Poder Judicial que continúa avanzando a pesar de las dificultades y del compromiso de organismos y ciudadanos que sostenemos los juicios”.

Luis Oscar Conti y Carlos Enrique Lacoste.

Luis Oscar Conti y Carlos Enrique Lacoste.

El secretario de Derechos Humanos de la CTA Bahía Blanca-Cnel. Dorrego, Dante Patrignani, afirmó que estamos atravesando “un momento histórico en el cual desde el gobierno se están ralentizando estas cuestiones y hay una clara política en contra de la memoria, la verdad y la justicia, desde el negacionismo de Lopérfido a poco de asumir el gobierno pasando por el intento del 2×1 se trata de silenciar todo esto y, como organización de los trabajadores, teníamos que estar presentes”.

El dirigente agregó que la designación como fiscal del ex juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez, a pesar de las impugnaciones presentadas por organismos de derechos humanos por su complicidad con los genocidas, va “en la misma dirección que el nombramiento de Carlos Rosenkrantz (como presidente de la Corte) y las presiones hacia los jueces que cumpliendo las normas legales se niegan a seguir las directivas del gobierno. Hay toda una ofensiva del Poder Ejecutivo, de los pro genocidas del gobierno, para que el Poder Judicial se someta a sus políticas”.

Arturo María Quintana.

Arturo María Quintana.

Tras la lectura de la acusación, la Fiscalía adelantó que su alegato contendrá el pedido para que los delitos sexuales cometidos o avalados por varios de los imputados sean considerados de manera autónoma a las torturas, tal como se plasmó en la sentencia del primer debate de la causa.

Las defensas se escandalizaron aun antes de escuchar el planteo fiscal y deberán argumentar su oposición en la apertura de las sesiones de principios de noviembre.

El ex presidente de Huracán Víctor Hugo Iglesias y el prefecto Eduardo Horacio Gutt fueron absueltos por el tribunal oral en el mayor juicio por trata de mujeres para explotación sexual de la historia judicial bahiense. El administrador del Bar Broadway, Alfredo García, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por facilitación de la prostitución.

El fiscal Sebastián Roldán había requerido ayer una pena de diez años para Iglesias por trata y facilitación de la prostitución, cinco años y medio para García y cinco años para Gutt. Respecto al propietario de El Gran Chaparral, Martín Vargas, había pedido su absolución por falta de pruebas.

En los próximos días los jueces Luis Salas, Oscar Albrieu y Marcos Aguerrido darán a conocer los fundamentos del fallo. Víctor Hugo Iglesias, quien fue defendido por Maximiliano De Mira y Dámaso Larraburu, deberá afrontar otro juicio oral por una investigación iniciada en 2012.

Antes de la lectura de los alegatos, un conjunto de organizaciones realizaron un llamamiento para que “la explotación sexual no quede impune y que se brinde una reparación integral a las mujeres victimizadas”.

Nora Dinoto, integrante de la Red Local de Violencia de Género y firmante del documento, agregó que consideran a la trata de personas “como una forma de violencia extrema en el que se vulneran todos los derechos; el derecho a la identidad y a la vida misma. Lógicamente la ciudadanía y los organismos que peleamos por los derechos humanos tenemos que estar presentes aquí para reivindicar una vida digna para todas las personas”.

Además opinó sobre la actuación del tribunal: “Tendrían que haber difundido más toda esta cuestión que está en discusión. Hay que evitar la revictimización de las víctimas rescatadas en toda esta situación de trata pero sí quedaron algunas cosas pendientes que nos hubiera gustado que se manejaran de otra manera”.

Miriam Iantosca, integrante de Bahía Contra la Trata, aseguró a FM De la Calle que “se debatió muchos años y costó mucho. Verlos acá y que tengan que rendir cuentas hace que nosotros sigamos luchando, por esto que es una violación a los derechos humanos. A las mafias hay que seguirles los pasos, porque estas mafias mutan, hay que perseverar y permanecer en esta lucha porque es la única manera que vamos a estar rescatando a las niñas, niños y ahora, adolescentes”. Antes de conocer el veredicto afirmó que “lo que queremos es que queden adentro, lo que parece es que puede haber un poco de impunidad”.

Para la concejala de Unidad Ciudadana Gisela Ghigliani el juicio fue “hermético”, con irregularidades y poca información. “Hay algunas cuestiones con las pruebas que fueron bastantes dudosas, en un juicio que ha sido el operativo más grande en la ciudad de Bahía Blanca. Nos preocupa porque seguimos viendo que se declama desde los estados municipales, provinciales y nacionales pero cuando vamos a la práctica, cuando realmente tenemos que demostrar lo que se hace y dar fallos ejemplificadores, todo queda muy licuado. Ellos mismos solicitaron la Declaración de Emergencia en Materia Social de Violencia de Género que sigue vigente y hemos pedido dentro del marco de la emergencia saber qué medidas se tomaron. Acá murieron tan solo este año cuatro mujeres y nos parece que el Ejecutivo al no responderte claramente nos está diciendo qué es lo que hace”.

Al ser consultada por los vínculos de Iglesias con el peronismo y en particular con el dirigente Dámaso Larraburu, Ghigliani dijo que “cuando estuvo en la interna del Partido Justicialista nosotros fuimos en la otra lista y es uno de los puntos que planteamos y, por suerte, ganamos la interna porque nos parecía que era aberrante que figurara como si fuese una persona que pudiera venir a decidir en un espacio político partidario”.

El documento leído este jueves frente al tribunal fue firmado por más de cuarenta organizaciones. La ex diputada nacional Virginia Linares, integrante del Frente Julieta Lantieri, aseveró que “Bahía y Punta Alta le han dado la espalda a la trata de personas, como si no existiera en esta ciudad. La idea es empezar a decir esto: existe en Bahía Blanca la trata de explotación sexual y también la laboral y que hay que empezar a denunciar”.

Verónica Bajo de Acciones Feministas brindó un marco más amplio desde dónde pensar la explotación sexual: “Siempre decimos que la prostitución es la cosificación extrema de un ser humano, de las mujeres en este caso. Es la conjunción máxima entre capitalismo y patriarcado. Usar a las mujeres para hacer un ejercicio de poder sobre los cuerpos es la visibilización más patriarcal que hay. Y no es casual que hoy estemos asistiendo a un juicio que ha sido invisibilizado por los medios donde hay un silencio muy grande y donde hay complicidad. No es casual que sea uno de los negocios más grandes del mundo, tiene complicidad de los estados, de los gobiernos, de los poderes económicos y de la justicia”.

Ana Canullo, integrante de CTA Bahía Blanca-Coronel Dorrego, instó a que “la gente que va a la Cantina Royal  sepa a dónde va, que sepa quién es el dueño de la cantina y dónde se sienta a comer. Evidentemente estas cuestiones de poder son tan dificiles de desenmarañar que es una tarea de las militantes salir a denunciar”.

Finalmente Laura García Vázquez, secretaria adjunta de CTA Autónoma Provincia de Buenos Aires, agregó que “lo importante es todo lo que se ha avanzado en conciencia social. Hace unos años parecía que estar en contra de la trata estaba bien pero daba un poco de miedo. (…) Lamentablemente todos estos delitos aberrantes para la condición humana, y en este caso para las mujeres, cuentan con el apoyo del poder real: económico, político, judicial. Y esa es una batalla muy grande que tenemos que dar por las mínimas garantías democráticas”.

Este viernes a las 9 comenzará el debate oral del segundo tramo de la causa Armada. Mientras, se demoran una cuarta parte de Ejército, el juicio a integrantes de la Triple A y otras investigaciones contra responsables civiles del genocidio en Bahía Blanca y la región.

18 imputados, 64 víctimas, casi un tercio de ellas desaparecidas. Las audiencias orales y públicas serán cada quince días en Colón 80. Habrá alrededor de veinte testigos y, probablemente, solo un represor en la sala. El resto seguirá el debate por videoconferencia.

Es el sexto juicio que se realizará en el aula magna de la Universidad Nacional del Sur. Es el lento camino de una etapa del Juicio y Castigo iniciada en junio de 2011.

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En septiembre de 2012 fue la histórica sentencia con condenas de prisión perpetua para 14 genocidas y otras tres de entre 17 y medio y 18 años. El grupo de criminales estaba conformado por integrantes del Comando V Cuerpo de Ejército, del Batallón de Comunicaciones 181, del Destacamento de Inteligencia 181, de la Policía Federal de Viedma y por ex responsables de la Unidad Penal 4 de Villa Floresta.

Además, el fallo incluyó decisiones relevantes en el proceso judicial como fue la orden de abrir y profundizar investigaciones contra genocidas civiles: el clan Massot y La Nueva Provincia, el capellán Aldo Omar Vara y de quienes ocuparon la Secretaría del Juzgado Federal: Hugo Mario Sierra y Gloria Girotti.

En diciembre de 2013, el Tribunal Oral Subrogante de Bahía Blanca difundió el segundo veredicto en la Causa 05/07 que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo jurisdicción del V Cuerpo de Ejército.

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Hubo cuatro penas a prisión perpetua y el resto a once, cuatro y tres meses y tres años y cinco meses. Los siete condenados pertenecían al Batallón de Comunicaciones 181 y al V Cuerpo de Ejército, entre ellos se destacaba un grupo de guardias del centro clandestino de detención, torturas y exterminio La Escuelita.

Los magistrados ordenaron abrir una investigación sobre la responsabilidad del ex juez provincial Francisco Bentivegna durante el terrorismo de Estado y, a modo de reparación, dictaron la nulidad absoluta de una sentencia del Consejo de Guerra del V Cuerpo.

El 25 de noviembre de 2015 el TOF bahiense condenó a prisión perpetua a 18 genocidas y a penas de entre ocho y 18 años a otros cuatro. Los sentenciados fueron miembros de la Armada, el Ejército, la Prefectura Naval, la Policía Bonaerense y el Servicio Penitenciario provincial, quienes cometieron crímenes de lesa humanidad “en el marco del genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívico militar”. Nueve marinos fueron castigados por la violencia sexual ejercida en los centros clandestinos.

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Además, los jueces ordenaron que una vez quede firme la sentencia, “el diario LaNueva. (ex La Nueva Provincia) publique la rectificación, como acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria, de la información oportunamente vertida en ese periódico donde se comunicaba a la ciudadanía” que ocho militantes peronistas “fueron detenidos o abatidos en enfrentamientos militares, cuando quedó debidamente acreditado en este proceso que fueron objeto de secuestro, tortura y, en su caso, fusilamiento por parte del personal militar de la época, haciendo expresa mención de la fecha, página y sección en la cual fueron vertidas tales noticias”.

Por otra parte, se solicitó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que señalice “el predio donde funcionó la Séptima Batería de la Base de Infantería de Marina Baterías” como Sitio de la Memoria del terrorismo de Estado y que el juzgado federal realice en el lugar “trabajos de prospección orientados a recolectar pruebas vinculadas a los hechos ventilados”.

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En mayo de 2017, el comisario Gustavo Abel Boccalari fue condenado a prisión perpetua por secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer a Julio Argentino Mussi. Tras el debate los jueces Luis Roberto Salas, Pablo Ramiro Díaz Lacava y Marcos Javier Aguerrido ordenaron señalizar como “sitio de la memoria del terrorismo de Estado” el predio de Chile y España donde funcionó el centro clandestino de detención de la División Cuatrerismo.

En octubre del mismo año, 21 genocidas fueron condenados a penas de prisión perpetua en el mayor juicio por crímenes de lesa humanidad de la provincia de Buenos Aires. Fue el Juicio Ejército III, en el cual otros nueve represores recibieron castigos de entre tres y catorce años y uno fue absuelto.

El tribunal aceptó nuevamente el pedido de derecho a réplica colectivo requerido por la Fiscalía y ordenó que, una vez firme la sentencia, La Nueva Provincia “publique la rectificación como acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria” de ediciones en las cuales varias de las víctimas aparecen como “detenidos o abatidos en enfrentamientos con militares, cuando quedó acreditado que fueron objeto de secuestro, tortura o fusilamiento por parte del personal militar de la época”.

Luego de realizarse la audiencia preliminar del juicio que ahora comienza, los jueces Jorge Ferro, Martín Bava y José Triputti renunciaron a sus subrogancias en el tribunal oral y fueron reemplazados por Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu.

16 de los imputados serán juzgados por primera vez en la ciudad. Otros dos ya fueron condenados a prisión perpetua en el primer tramo del juicio. De todos ellos, uno solo está en la cárcel.

Organizaciones sociales, políticas, sindicales y feministas convocamos a la comunidad a la lectura del documento “No a la impunidad” en el marco del juicio por trata de mujeres para explotación sexual más importante de la historia judicial bahiense.

Será este jueves a las 11 frente al Tribunal Oral de Chiclana y Lavalle donde se escucharán los alegatos contra el dirigente del Club Huracán, Víctor Hugo “Piraña” Iglesias, el administrador del Bar Brodway, Alfredo “Beto” García, el prefecto Eduardo Horacio Gutt, alias Moisés, y Martín Vargas, propietario de restaurante El Gran Chaparral.

La investigación del fiscal Antonio Castaño y del titular de la Protex, Marcelo Colombo, destacó la “evidente connivencia policial y política” con la que actuaban los proxenetas en Ing. White. 25 mujeres y niñas fueron rescatadas.

Martín Vargas, Víctor Hugo Iglesias, Alfredo García y Eduardo Gutt.

 

ANTE EL JUICIO DE TRATA MÁS IMPORTANTE

DE LA HISTORIA DE BAHÍA BLANCA, NO A LA IMPUNIDAD

En el marco de un juicio histórico por trata de personas con fines de explotación sexual que se está llevando a cabo en la ciudad, queremos transmitir un mensaje claro.

Se llega a esta instancia judicial con evidencias concretas de un armado en red, destinado a la trata de mujeres. En este marco, se efectuó el mayor operativo de desarme de tramas de explotación sexual en la ciudad, en el cual fueron rescatadas 25 mujeres. Asimismo, señalamos que en este caso se destacó la connivencia entre los explotadores y las fuerzas de seguridad, lo cual constituye una de las principales características de este delito a nivel mundial. Nuestro objetivo es hacer ver lo que se pretende silenciar o invisibilizar: que la explotación sexual es una forma de vulneración de Derechos Humanos, la cual no puede ser tolerada, naturalizada, ni avalada por los Poderes de la República.

Es por lo mencionado que, desde organizaciones y referentes sociales, políticas/os, sindicales y feministas, hacemos un llamamiento a que la explotación sexual no quede impune, y a que se brinde una reparación integral a las mujeres victimizadas, en pos de restituir todos sus derechos vulnerados.

ADHIEREN:

Bahía Contra la Trata – Frente Julieta Lanteri – Red Local de Violencia de Género – Consejo Local de las Mujeres – Observatorio de Género y Diversidad Sexual de la Universidad Nacional del Sur – Grupo de investigación UNS Prostituir es tratar – El Nido – Acciones Feministas – Desbandadas – Comisión de Género y Diversidades sexuales del Colegio de Psicólogos Distrito 1 – Bahiensas Feministas – Asociación Civil Manos Entrelazadas de Punta Alta – Colegio de Psicólogos – La Misión – Centro de estudiantes de trabajo social Bahía Blanca – Centro de pensamiento jurídico Inclusivo – FM De la Calle – Centro de estudiantes de Abogacía UNS – Cáritas Arquidiocesana Bahía Blanca – Equipo de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, Congregación Claretiana Bahía Blanca – Comisión de Cultura y Deportes venezolana de Bahía Blanca – Programa Aquelarre Radio Urbana Bahía Blanca.

Ate Bahía Blanca – Suteba Bahía Blanca– Sadop – Adef Bahía Blanca – CGI (Comisión Gremial interna) Banco Credicoop – Jaime Linares Senador Nacional MC – Frente feminista nacional y popular – Integración Ciudadana – Nuevos Vientos – Unidad Ciudadana – Bloque de Concejales Cambiemos – Bloque de Concejales PJ Cumplir – Frente de Mujeres Nuevo Encuentro – Juventud Radical – Jóvenes Pro Bahía Blanca – Puño y Letra Comunismo Revolucionario – Juventud Sindical Peronista – Socialistas para la Victoria – Melina Rebollo secretaria de DDHH e igualdad de género Secasfpi Anses – CTA Autónoma Nacional Pablo Micheli secretario general y Dora Martinez secretaria adjunta – CTA Provincia de Buenos Aires Cristian Echeverría secretario general, Laura García Vazquez, secretaria adjunta – Jesús Felix, secretario general CTA Autónoma Bahía Blanca Coronel Dorrego.

(Por Mauro Llaneza) La justicia rechazó medidas cautelares solicitadas por la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría en el marco de las causas que investigan la contaminación del estuario.

En el ámbito federal se negó llamar a indagatoria a directores de empresas del polo petroquímico, ABSA y funcionarios del OPDS, el Municipio y el Consorcio del Puerto y prohibir el vertido de efluentes o, en su defecto, conformar una mesa de abordaje de la problemática que establezca un plan de saneamiento.

En el fuero contencioso administrativo se rechazó prohibir la pesca -tal como sugirieron los expertos-, difundir el resultado de la pericia realizada por la Facultad de Agronomía de la UBA que concluyó que las especies no son aptas para el consumo humano, prohibir ampliaciones y nuevas radicaciones industriales y la distribución de dividendos de las empresas.

Los representantes de los pescadores habían solicitado a la justicia federal la citación a indagatoria a los directores de ABSA S.A., Compañía Mega S.A, Solvay Indupa SACI, Cargill S.A.,  Petrobrás Argentina S.A., Profertil S.A., Dow Argentina S.A., Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y a funcionarios del OPDS y la Secretaría Ambiental de Bahía Blanca.

“Los directores de cada una de las empresas han tomado la decisión, con conocimiento y voluntad, de instalarse en una zona con características morfológicas particulares que provocan que el agua no sea renovable, que asimismo es una zona de reproducción y cría de muchas especias marinas y en donde se ha instalado una ‘polo petroquímico’, sabiendo que cada una de las empresas incorporan sinérgicamente sustancias nocivas al ambiente”, denunciaron.

No hay estudios que certifiquen que el aporte individual de contaminantes de cada empresa del polo petroquímico genere daño ambiental en un área sin renovación de agua y donde se reproducen y crían muchas especies marinas.

Sin embargo, los directivos decidieron instalarse allí y “continuar produciendo y arrojando sus desechos industriales constantemente al estuario” sabiendo que su “aporte no es el único” y que “la sumatoria de todos los desechos industriales son los que realmente importan cuando se debe prevenir la contaminación”.

Por ello, el abogado Lucas Beier y el fiscal Alejandro Cantaro solicitaron oportunamente la prohibición del vertido de sustancias no permitidas o la conformación de una mesa con todas las partes para establecer un plan de saneamiento.

La jueza Gabriela Marrón, a instancias del fiscal subrogante Horacio Azzolín, falló que aun con el resultado de la pericia realizada por la UBA y la Policía Federal es “prematuro” aceptar las medidas cautelares.

En el fuero contencioso administrativo los pescadores artesanales insistieron al juez Agustín López Coppola que dicte medidas precautorias ante el riesgo para la salud de la población por la contaminación y para frenar el crecimiento de las empresas que lo generan.

En todos los casos el magistrado sostuvo que, a pesar de las conclusiones de la pericia de la FAUBA, “nada ha cambiado” para alterar los argumentos con los cuales había rechazado acciones similares en 2009.

“Sabiendo que el estuario no admite más carga de contaminantes y que este proceso judicial seguramente durará muchos años más hasta tener una sentencia firme, el dictado de una medida cautelar es la única medida idónea para cumplir el mandato legal y constitucional de prevenir más efectos nocivos”, le reprochó el abogado Lucas Beier en su apelación.

Más allá de la pericia, en nueve años y decenas de miles de fojas, la causa incorporó resoluciones ministeriales, del Comité de Control y Monitoreo y documentos en los cuales las propias empresas reconocen “la constante y continua deposición final de sustancias peligrosas en el estuario”.

“¿Que sería más prudente, preventivo y responsable ante la afirmación científica de que existe un concreto riesgo en la salud de la población pasible de consumir estas especies que prohibir su captura y consumo?”, se preguntó el abogado.

Toda la información sobre #ContaminaciónenlaRía

 

El juez argumentó que la pericia está en etapa de “bilateralización” -durante la cual las partes analizan el estudio- y si bien el análisis “será ampliado y explicado luego de las impugnaciones”, vale destacar que ya no es posible pedir su nulidad.

El magistrado rechazó dar a publicidad los resultados de la pericia y advertir a la población sobre los riesgos del consumo de peces del estuario aunque aclaró que la querella podría realizarlo por su cuenta y destacó que, de hecho, la noticia fue difundida por los medios de prensa.

En su apelación, Beier recordó al juez que “ningún acto de las partes puede suplir los actos de imperio del juez que, dicho sea claramente, son también actos de gobierno” y que sobre su cabeza pesa “cumplir los objetivos y principios de la Política Ambiental Nacional”.

López Coppola se contradijo al no impedir ampliaciones y nuevas radicaciones industriales que utilicen el estuario para descargar sus efluentes argumentando que los pescadores no informan sobre una fecha precisa de inicio o existencia de proyecto en ese sentido.

“La consideración de lo público y notorio por parte del juez es errónea por parcial pues ha considerado la difusión mediática de ciertos aspectos de la pericia de la UBA pero no ha considerado que, previamente, se viene informando por los mismos medios de prensa que existen concretas intenciones de grupos empresarios, inclusive parte de las empresas demandadas, de invertir sumas millonarias en ampliaciones industriales en el Polo Petroquímico Bahía Blanca, complejo industrial que tiene al estuario homónimo como cuerpo receptor de todos sus detritos nocivos y contaminantes”.

El punto no solo alcanza a firmas del polo sino de cualquier industria cuyos residuos líquidos lleguen por la red cloacal a la ría sin tratamiento. Por obvio, excluyen de la prohibición reclamada a “las que lo hacen en forma clandestina”.

Durante el fin de semana se realizará en Trelew el 33º Encuentro Nacional de Mujeres, Lesbianas, Trans y Travestis que cada año reúne mayor cantidad de participantes.

Miles de mujeres llegan desde todo el país y del exterior para participar de un evento único. Este año se esperan más 50 mil participantes durante las dos intensas jornadas de debate y aprendizaje.

“Llegar a un encuentro no te garantiza que vas a salir feminista pero sí que vas a descubrir el movimiento de mujeres y ver cuantas hay viviendo historias como la tuya, vas a dimensionar lo que está sucediendo en América Latina donde las mujeres estamos demandando derechos, un mundo más justo, más igualitario, donde el mercado no nos lleve puesta a nosotras y a las generaciones futuras”, dijo a FM De la Calle Marcela Rodríguez.

El Encuentro comenzará con un acto de apertura en el cual se leerá un documento consensuado por quienes integran la comisión organizadora. En ese momento se toman las inscripciones opcionales y las participantes hacen un aporte de dinero para solventar los gastos.

Durante todo el año, la comisión organizadora gestionó alojamiento y comida para las participantes del evento. Este año habrá por primera vez una Feria Gastronómica “Al horno el patriarcado”.

“Tener que abastecer a tanta gente de comida demando la necesidad de esta feria. La idea es que tenga precios accesibles, esta desde la calle Edison hasta el centro y unas cuadras más adelante empieza todo el paseo de feria artesanal. Esta feria tiene el nombre de ‘Evelyn Moli Artesana de Sueños’, era una artesana que murió víctima de femicidio”, comentó Rodríguez.

Otra de las particularidades del encuentro de este año es la Campaña por un Encuentro Plurinacional que llevan adelante las mujeres de los pueblos originarios.

Las escuelas se abren para alojar a las viajeras y para ser cede de los 73 talleres, se incorporan dos nuevos “Mujeres y fútbol” y “Mujeres por la libre autodeterminación de los pueblos” y centenares de actividades culturales en paralelo.

Es un encuentro festivo, donde las diferentes demandas del movimiento de mujeres y feminista confluyen en un solo evento que finaliza con una marcha multitudinaria de todas las organizaciones en conjunto con independientes. Y finalmente se realiza un acto de cierre donde se elige la próxima sede.

“Estamos exigiendo al gobierno provincial que no haya medidas de represión, no pedimos seguridad de Gendarmería ni de la Policía en los momentos en que nosotras nos encontramos y transitamos por los espacios públicos”, dijeron desde la organización.

“El encuentro es un espacio de maravillosos, de crecimiento y formación para cada una que participa. Esta sociedad patriarcal y machista nos genera experiencias que no son agradables, nos deja las marcas del patriarcado en la sensibilidad de la piel, en la memoria. Eso es lo que nosotras seguimos construyendo, proponiendo nuevas formas de relacionarnos, de entender y mirar el mundo”.

Les pibes en la escuela. Hombres y mujeres martillan los restos de las viviendas de chapa que ayer destrozó la policía. Se organizan entre sí. Este rato ayudan a una mujer a levantar lo poco que le tiraron. Otro rato ayudan a otra vecina a colocar el techo. Trabajadores/as sin trabajo. Uno de ellos despedido recientemente de Servicios Integrados Bahía Blanca.

Esta mañana, presentaron un recurso de amparo. “Vinieron sin orden de desalojo”, dijo Juliana a FM De la Calle, y reprimieron “sabiendo que hay chicos menores”. “Se metieron a las casas”, agregó su vecina, en situación de calle con dos niños a cargo. “Hay menores con balas de goma”.

Ambas se acercaron a la municipalidad, en otras oportunidades, frente a la difícil situación económica que atraviesan. “En este caso vivieron con agresión y amenazas” sin mediar diálogo político.

“Por algo estamos acá” suma Luciano, quien recuerda que están anotados en “planes de vivienda desde el 2006. Son tierras que el municipio quiere negociar porque es mucha plata. Queremos un lugar donde poder vivir dignamente”.

“No queremos que nos lleven a un hogar donde hay más mugre que acá. Queremos una respuesta. Queremos que se haga cargo el intendente. Que se haga responsable. Que no se olvide que estamos en un rincón de Bahía Blanca. Que les dé una solución a la familia. No estamos usurpando. Estamos ocupando un lugar que nos pertenece como bahienses. No queremos que nos den materiales, lo vamos a levantar de cero”.

A su vez, denunciaron que durante la represión de ayer el municipio les “robó lo poco que teníamos. Se llevaron chapas, todo. Buscan que nos peleemos entre pobres y no lo van a lograr”.

Mientras tanto, el intendente Héctor Gay, junto a un puñado de dirigentes nacionales, lanzan la Unión Industrial de la Patagonia Argentina en el Teatro Municipal.

Por 33 votos a favor y 20 en contra el Senado aprobó ayer el pliego de Santiago Ulpiano Martínez para que asuma la titularidad de la Fiscalía Federal Nº2 de Bahía Blanca. De esta manera, la mayoría de las y los senadores desoyó las graves denuncias de los organismos de derechos humanos y de víctimas del genocidio.

“Ulpiano Martínez es parte de la estrategia del gobierno de Mauricio Macri para garantizar la impunidad para los culpables de crímenes de lesa humanidad”, afirmaron Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, H.I.J.O.S. Bahía Blanca, H.I.J.O.S. Capital, Centro de Estudios Legales y Sociales, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno, y Rosana Heinrich -hija de Enrique Heinrich, obrero gráfico de La Nueva Provincia asesinado por la última dictadura cívico-militar-.

Una de las impugnaciones presentadas en abril fue realizada por el CELS y planteaba que Martínez “carece de idoneidad para el cargo” dado que “sus tres años a cargo del Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca dejaron un cuadro de atraso y falta de organización de las causas sobre las cuales debía resolver. Además, tuvo determinación por entorpecer y frenar el avance del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad”.

En cuanto a las investigaciones sobre el genocidio, los organismos destacaron que las “reiteradas irregularidades” se “convirtieron en estrategias de impunidad”.

“Entre los beneficiados está Vicente Massot, uno de los responsables de La Nueva Provincia, acusado por el secuestro y asesinato de Enrique Heinrich, secretario general del Sindicato de Artes Gráficas, y Miguel Ángel Loyola, tesorero del mismo sindicato”.

“Además, Ulpiano Martínez se negó a investigar los delitos sexuales cometidos en la órbita del V Cuerpo del Ejército, rechazó el pedido de detención de Aldo Vara, capellán acusado por delitos de lesa humanidad, lo que facilitó que se fugara y muriera impune, y omitió informar sobre prisiones preventivas cuyos plazos estaban vencidos”.

El comportamiento irregular de Ulpiano Martínez fue informado por el juez Alejo Ramos Padilla, su sucesor como juez subrogante del Juzgado Federal Nº 1 de Bahía Blanca, ante el Consejo de la Magistratura y la Comisión Interpoderes.

Ayer votaron a favor: Federico Pinedo, Julio Cobos, Miguel Ángel Pichetto, Esteban Bullrich, Luis Naidenoff, Ángel Rozas, Néstor Braillard Poccard, Humberto Schiavoni, Carlos Espínola, Roberto Basualdo, Inés Blas, Inés Brizuela y Doria, Miriam Boyadjian, Mario Fiad, Julio Catalán Magni, Eduardo Costa, Alfredo De Angelli, Silvia Giacoppo, Gladys González, Daniel Lovera, Ernesto Martínez, Julio Martínez, Dalmacio Mera, Claudio Poggi, Blanca Porcel de Riccobelli, Laura Rodríguez Machado, Guillermo Pereyra, Magdalena Solari Quintana, María Belén Tapia, José Uñac, Marta Varela, Silvia Beatriz Elías de Pérez y Pamela Verasay.

En tanto, los votos en contra fueron los de: Anabel Fernández Sagasti, María Inés Pilatti Vergara, Eduardo Aguilar, Ana Almirón, Norma Durango, Marcelo Fuentes, Silvina García Larraburu, Nancy González, Pedro Guastavino, Ana María Ianni, Alfredo Luenxo, José Mayans, Beatriz Mirkin, María de los Ángeles Sacnún, María Odarda, José Ojeda, Juan País, Eugenia Catalfamo, Sigrid Kunath y María Teresa González.

El viernes se realizó una nueva entrega de la bolsa con Producciones de la Agricultura Familiar y FM De la Calle emitió desde Avellaneda 416 un programa especial de En Eso Estamos con entrevistas a integrantes de las organizaciones impulsoras de la iniciativa, de los grupos de productores/as asociados/as, consumidoras y consumidores.

La iniciativa llegó a Bahía Blanca a partir de la experiencia de la Mesa de Soberanía Alimentaria de Villa María -Córdoba-, un grupo de organizaciones e instituciones que desarrollan una lógica de consumo organizado, teniendo en cuenta tres líneas de trabajo: compra directa a productores; compras en el mercado de frutas que no se producen en la localidad; y compra a productores nucleados en pequeña cooperativas.

Aquel espacio nacido en la red de Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria impulsa, además, el debate acerca de la cadena de producción de los alimentos que consumen, la formación de precios y cómo lograr un comercio justo.

Luego de participar de una jornada de trabajo en Villa María, integrantes del área de Economía Solidaria de Cáritas Bahía Blanca convocaron al CFP 401 Anexo UP4, al INTA Pro Huerta, a Cambio Rural y a FM De la Calle para proyectar la iniciativa a nivel local.

El objetivo era lograr que Pro.Sau.Chi, un grupo de productores del Sauce Chico, vendan más, a un precio justo, de forma directa y sin intermediarios. Luego se incorporaron emprendedoras asociadas con capacidad de producir en mediana escala.

Se trata Moras Brix, un grupo de mujeres que elaboran conservas, Runtu Thani, productoras de huevos frescos, e internos de la Unidad Penal de Villa Floresta, quienes aportan lombricompuesto, hongos comestibles y la serigrafía de las bolsas. También participan pescadores artesanales de Pehuen Co, quienes están en proceso de regularización de su actividad.

Marina Huentenao, integrante del equipo de Ecosol de Cáritas Bahía Blanca


 

Castorina Chamorro y Alejandra Millán, productoras de mermeladas y panificados


 

Celina Diotto y Carlos Mojica, INTA Pro Huerta y Runtu Thani


 

Antonio Gareca, integrante de Productores del Sauce Chico


 

Pablo García y Alicia Torre, Cambio Rural y FM De la Calle


 

Eliana Soto y Sonia Zamora, productoras de huevos de Runtu Thani


 

Analía Guerrero, integrante de La Feria del Lago


 

“Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alí Babá. Pero quizá desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable”.

Eduardo Galeano.