(Por Mariela Dobal*) ¨El hecho hace a la palabra. La palabra hace al hecho. Como un juego de espejos, hecho y palabra, se crean uno al otro. No hay principio, solo un juego eterno donde se multiplicarán infinitamente¨. Así Malcolm Evans, fiel asistente de The Beatles, definía con simpleza la relación más poderosa para crear sentidos y poder: hechos y palabras.

La comunicación, además de ser un derecho universal, es una herramienta, un puente, una ventana abierta, un camino a transitar siempre. En ese amplio abordaje, la comunicación mediática y por diversas plataformas, es una oportunidad multiplicada para acceder a informaciones útiles, crear realidades, contar historias, aumentar voces y miradas de todos los mundos posibles que habitamos. Desde una perspectiva de derechos humanos, la comunicación es servicio y poder para transformar (a veces, al menos algo) aquello que nos duele o irrita. Es pensar y hacer acciones que busquen cambiar todo, para reinventar estrategias y guiños acordes a la cotidianeidad que se altera y sacude todo el tiempo.

Y… ¿Qué implica la comunicación con perspectiva de género? En principio nombrar a quienes están más silenciadas y ausentes: mujeres y disidencias sexuales, desde un enfoque de derechos en el cual trabajar dignamente, acceder al cuidado de  la salud, no sufrir violencias por la condición de género y progresar en cualquier escenario sociocultural sea una posibilidad latente y no una excepción milagrosa.

Reflexionar sobre la paridad de mujeres y diversidades en los medios de comunicación, acerca de las representaciones de los discursos hegemónicos de roles, oficios, habilidades, apariencia, etcétera y el refuerzo de estereotipos que se escupen a borbotones en las distintas pantallas, nos ayudará a comprender que, lejos de imponer manuales de estilo, la perspectiva de género nos acercará a narrativas más equitativas y justas para contar las realidades que protagonizamos.

El uso del lenguaje, es otra decisión política. Es optar por deconstruir los discursos que perpetúan las discriminaciones y violencias machistas que atraviesan etnias, edades, capacidades, territorios, discapacidades y cuerpos. Todos los cuerpos que no encajen con el sistema que estandariza y establece lo que se compra y vende, aún a pesar de un capitalismo que hace agua por todos lados.

En este contexto, en septiembre, el gobierno municipal presentó un proyecto de ordenanza que aspira incorporar perspectiva de género SOLO en los medios que reciben pauta oficial del Departamento Ejecutivo, Concejo Deliberante y Entes Descentralizados. Textualmente asegura que ¨será inexcusable para percibirla, el abordaje con perspectiva de género de los contenidos que generen y o reproduzcan¨.  ¿Todos los contenidos o con difundir las seis campañas anuales que proponen para visibilizar los derechos de las mujeres bastará? Y en todo caso… ¿Quiénes y cómo controlarán semejante vorágine de producciones? Porque de violencia simbólica y mediática las audiencias estamos inundadas.

Propone también que se difundan las vías de contacto y acompañamiento a mujeres violentadas -exigencia ya vigente por las leyes 26.485 (Protección Integral a las mujeres) y 26.522 (Servicios de Comunicación Audiovisual)- es lógico y necesario. Sin embargo, conocer con precisión cuáles son las respuestas operativas del gobierno local en la materia es también ineludible al momento de brindar esa información.

Consultamos sobre este proyecto de ordenanza a concejalas integrantes de la Comisión de Género, Equidad y Diversidad del Concejo Deliberante. Quien la preside, Analía López, expresó que si bien coincide en su espíritu general, difiere en cómo está planteado: ¨Es fundamental que los medios de comunicación tengan perspectiva de género a la hora de comunicar e informar porque son herramientas importantísimas para sensibilizar y formar opinión en la sociedad. Sin embargo, dicha perspectiva no se agota en esto, en el uso del lenguaje inclusivo, ni de incorporar temáticas específicas. Dicha perspectiva es transversal y debe reflejarse en la paridad laboral -que en los medios de comunicación, como en otras actividades, no existe-, en la igualdad de condiciones de trabajo -igual salario, oportunidades de capacitación acceso a cargos jerárquicos- y en las relaciones interpersonales que se dan en los lugares laborales¨.

Desde otro enfoque, la concejala del oficialismo Soledad Martínez resaltó ¨la importancia que tienen los medios de comunicación en la construcción de saberes y valores, como así también en la formación del ciudadano, por eso es necesario trabajar en el correcto abordaje de las temáticas con perspectiva de género, tanto sobre igualdad como violencia de género. Entendiendo la importancia que tienen estos proyectos tratamos de llegar a un acuerdo y luego hacer los aportes necesarios para enriquecerlo, antes de llevarlo al recinto para que sea votado¨.

Otro de los artículos de la iniciativa establece que serán obligatorias las capacitaciones a los titulares de las empresas periodísticas y que ellos deberán decidir qué personal se formará en la materia. Analía López no comparte este punto: ¨El Ejecutivo tiene la responsabilidad inexcusable, por haber adherido a la Ley Micaela, de capacitar a todo el personal municipal de manera obligatoria y permanente, no es su función abordar la capacitación del personal de empresas privadas. Por otra parte, el proyecto hace mención a los medios de comunicación que reciben pauta, yo desconozco el criterio de otorgamiento y distribución de los fondos destinados a pauta (y me gustaría tener esa información), pero creo que si demandamos perspectiva de género debe ser para todos los medios de comunicación¨.

Ampliamos interrogantes… ¿Desde qué lugar funcionarias y funcionarios, sin perspectiva de género en sus políticas públicas, impondrán capacitaciones en ámbitos privados? ¿Quiénes diseñarán esas capacitaciones y cómo se garantizarán en cada espacio laboral?

Finalmente, se deja por escrito que en caso de incumplimiento de esta normativa, quienes otorgan publicidad oficial resolverán unilateralmente qué hacer. No hay mención alguna de instancias de mediación, reflexión, aprendizajes compartidos, en fin, situaciones que fortalecerían realmente una comunicación más democrática. Una vez más hacen uso y costumbre de la discrecionalidad en el (des)manejo de fondos públicos, en este caso la pauta oficial.

Celia Amorós, filósofa feminista recuerda que ¨contextualizar es politizar ¨. Contextualicemos, ya que estamos hablando de políticas públicas de comunicación.

Más allá de las perspectivas, las mujeres y disidencias sexuales faltamos en los medios. Para decidir contenidos, para opinar y no ser interpretades. Mujeres y disidencias como fuentes de consulta en cada ámbito donde nos desempeñamos con profesionalismo y empatía. Mujeres y disidencias dueñes de la palabra, de la tierra, de nuestros cuerpos y sueños. Con derechos conquistados y permanentemente vulnerados. Mujeres y disidencias políticas y profundamente necesarias en cada comunidad, como esta pandemia desnudó sin descaro. La primera semana de noviembre este proyecto será tratado en comisión en el deliberativo. Abundan las sugerencias, posibles modificaciones y mejoras para su tratamiento y reflexión. Ojalá se abra el debate para la participación activa de personas y colectivos con diversas experiencias y valiosos recorridos. Se trata de renombrar, para visibilizar derechos de todes. De escuchar todas las voces, para que el árbol no nos tape el bosque, otra vez.

*Docente y periodista. Integrante del Colectivo FM De la Calle.

La economista y columnista de FM De la Calle, María Julia Eliosoff, analizó los últimos informes de pobreza y distribución del ingreso publicados por el INDEC.

“El panorama general es que la pandemia ha destruido gran parte de las mediciones económicas: la caída del PBI ronda el 20%, la del consumo el 22%, cayeron exportaciones, cayó la inversión. Venimos de un contexto de crisis socioeconómica muy profunda que nos había dejado el macrismo, teníamos un promedio de inflación interanual del 50% y eso impacta en los ingresos fijos de las personas, sector trabajador y asalariado, jubilados, el sector que reciben transferencias del estado”, afirmó.

En ese marco se realizó la reunión del Consejo del Salario, espacio que determina el valor de Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). “Es muy importante porque marca cuáles van a ser los números para otro tipo de ingresos, no solo para asalariados, sino que muchas transferencias del Estado están atadas al SMVM -uno es el programa Potenciar Trabajo-. Lo que ocurre con esa discusión es que fue bastante baja, de $16.875 va a pasar en marzo a $21.600, es un aumento del 28% en tres cuotas, por ende, en octubre se percibe un 12% más”. 

Eliosoff agregó que, “desde diciembre del 2019 hasta ahora, el SMVM perdió un valor real del 18% en el contexto de una caída de la inflación muy importante”. 

Por otro lado, los datos aseguran que la pobreza ronda el 41%. “Más de cuatro de cada diez personas son pobres y al menos una de cada diez son indigentes. Ocho hogares de cada cien no pueden comprar los alimentos necesarios”.

En los informes de distribución del ingreso -señaló la economista- que “cayó la cantidad de personas que reciben ingresos laborales. El Estado está teniendo claramente mayor presencia. Esto no se refleja en los niveles de ingresos más bajos, como consecuencia de la pandemia y la caída de ingresos aumentó la brecha que existe entre las familias que perciben ingresos más bajos, el promedio de $2100 mensuales y el más alto que es de $54 mil”. 

“En el decil (10% de la población) de ingresos más bajos, las mujeres están más representadas. Cuanto más bajo más mujeres hay y cuanto más alto son los niveles con menos mujeres”.

“En los deciles más bajos las mujeres perciben los ingresos más bajos, en este informe esto se dio vuelta. Esto tiene que ver con que las mujeres perciben ingresos del Estado más que los varones. Estas medidas, como aumentos de AUH y el IFE, incidieron en las mujeres de los niveles más bajos y, en contraposición, en los deciles más altos cayó la participación de las mujeres”, comentó Eliosoff.

Por último, señaló que se concentró la riqueza: “una persona es 25 veces más rica que las personas pobres y esas personas ricas son varones. Los varones son aún más ricos que antes”. 

“Es muy fuerte volver a pasar una pesadilla después de 15 años”, dijo Rosalía Reyes desde la casa de su hermana, donde cumple arresto domiciliario. Fue en una conversación por el Instagram de FM De la Calle conducida por Giuliana Crucianelli.

Rosalía parió una madrugada de 2005 a su quinto hijo en su casa de Argerich después de largas jornadas de trabajo en el frigorífico La Gleba. Se desmayó en el baño y cuando volvió en sí la criatura había fallecido. En febrero, el Tribunal Criminal N° 3 la condenó por homicidio calificado a ocho años de prisión.

“Esa anoche llegué muy cansada, no quise cenar, me acosté a dormir, me desperté a las dos o tres de la mañana con un dolor muy fuerte en el vientre y cuando fui al baño hice una fuerza mínima y salió mi bebé. Me desmayé, caí al piso, no recuerdo cuánto tiempo pasó. Cuando tomé conocimiento estaba todo lleno de sangre. Llamé a mi hija Vanesa, corté el cordón como pude, cuando lo alzo al bebé ya estaba sin vida, frío. Me acosté con el bebé dándole calor en el pecho y me dormí. No lo pude ayudar, lo tomé en una bolsa y llamamos a la policía. Ahí fue cuando empezó mi pesadilla”, relató.

El frigorífico La Gleba fue fundado en 1997 con aportes de la UNS y su Fundación. Años más tarde, cerró por apuestas comerciales fallidas y un manejo de fondos poco transparente que se pretendió excusar por el supuesto aporte educativo de la iniciativa.

“En el frigorífico se mataban pollos para ir a la Cooperativa. En ese entonces trabajaba muchas horas, 13, 14 horas por día, era monotributista, si no trabajabas no cobrabas, no teníamos obra social. Era mamá de cuatro hijos: Vanesa de 12, Mayra de 10, Némesis de 9 y Brian de 4. Era mamá y papá, sostén, tuve que agachar la cabeza para darle de comer mis hijas, llevarle el plato, estuve alrededor de siete años trabajando en el frigorífico. Cuando quedé embarazada lo oculté, no por que no quisiera que nazca, lo oculté para resguardar mi trabajo, no quería quedarme sin darle la alimentación a mis hijas, solamente comíamos bien cuando cobrábamos”.

En el 2007, después de diversos desmanejos de operadores judiciales y una revictimización constante, la causa llegó a juicio y Rosalía escapó.

“Tuve mucho miedo, mis hijas eran chicas. No me quise presentar a la sentencia porque tenía miedo que me den perpetua. Yo era todo para mis hijas, tomé a mis cuatro hijas y me fui a Zárate. Veía un patrullero y me escondía. Fue pasando el tiempo, me animé a salir más a trabajar. En el 2009 nació mi hija Brenda. Siempre digo que Dios me devolvió esa vida que no pude salvar”.

En el 2019, Rosalía llevó a Brenda a su último control médico y a través del reconocimiento facial de las cámaras de Retiro, la Policía la identificó y la detuvo porque tenía una orden de captura. “Me detuvieron, me llevaron a la Unidad de Azul después de 14 años y medio y volvió a pasar la misma situación otra vez”.

En febrero, fue condenada a ocho años de prisión por la jueza Daniela Castaño con la adhesión de sus pares Eugenio Casas y Alfredo D´Empaire.

Rosalía necesita ver a su hija menor y a sus nietos en Zárate. “Día a día me dan fuerza, desde que empezó todo esto, siempre están conmigo. Siempre me dicen no bajes los brazos mamá, sos muy fuerte”.

“En ese momento veía mucha gente, muchas marchas y cuando hablo con mi abogada y le pregunto me dice ‘es todo el apoyo hacia vos Rosalía’. Estoy sin palabras, ahí sentí el apoyo de muchas mujeres feministas, cuando hace 15 años atrás estaba sola”.

La defensora oficial, Fabiana Vannini, elevará un pedido de informe socioambiental de Zárate para pedir el cambio de domicilio y que Rosalía pueda cumplir la domiciliaria allí. Aún no hay fecha de audiencia en la Cámara de Casación Penal.

“Espero que los jueces revean mi causa, que no juzguen porque solo una sabe lo que pasó. Sigo firme y fuerte por todas las mujeres. Sigo firme porque no me siento sola, porque me siento acompañada de las mujeres feministas. A cualquier mujer que esté pasando por una situación así le digo que ya no se sienta sola porque hay mucha ayuda, no estamos solas”.

Hoy se conmemora el Día por la Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito lleva adelante una acción virtual para exigirle al Gobierno nacional la aprobación del proyecto de ley.

“El movimiento feminista y de las disidencias sexuales seguimos pidiendo al Ejecutivo que apruebe el proyecto. Es urgente y esencial el acceso al aborto desde una práctica segura y el Estado es el garante para que eso ocurra. Sobre todo para que los sectores vulnerados tengan acceso a la información y a una práctica segura”, comentó Sandra Di Seri, integrante de la Campaña y del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional.

Agregó que “desde el Ejecutivo plantean que el sistema de salud está estresado. Decimos que aprobar la Interrupción Voluntaria del Embarazo descomprimiría el sistema de salud, sabemos por datos duros que al año ingresan 50 mil mujeres al hospital por haber tenido prácticas inseguras que generan diferentes tipo de infección, muchas de ellas graves y muchas ocupan camas de terapia intensiva”.

El proyecto de la Campaña está vigente y con estado parlamentario: “Modifica el sujeto al cual favorecería la ley, ahora incluye a todas las personas con capacidad de gestar. Retira un artículo donde considerábamos la objeción de conciencia, no corresponde al menos en nuestro proyecto esa posibilidad para los antiderechos”.

También propone “no penalizar ni el acceso a la práctica ni a la persona que la garantiza. Es hasta las 14 semanas, sería importante que el Estado respete después de esas 14 semanas no penalizando, que busque otros mecanismos para sortear la decisión de las personas con capacidad de gestar en ese sentido”.

En un comunicado oficial, la Campaña señala que “nuestro proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, impulsado por más de 700 organizaciones de diversa índole, debe aprobarse de manera urgente. Apelamos a los poderes públicos a que esta necesidad sea una realidad y un derecho efectivo. No queremos más muertes ni cárcel por abortar, niñas torturadas ni abortos inseguros. Exigimos el reconocimiento de nuestro derecho a decidir”.

El secretario general de la UTA y ex concejal por el massismo, Ricardo Pera, iba a ser juzgado el próximo lunes por el delito de lesiones leves contra los ediles Gustavo Mandará y Sergio Massarella.

El debate oral fue pospuesto esta mañana por el Juzgado Correccional N° 1, cuyas autoridades pretenden sea presencial. Se realizaría en noviembre.

El hecho ocurrió el 15 de enero de 2015 en el recinto del Concejo Deliberante. Alrededor de las 13:30, finalizada la Asamblea de Mayores Constribuyentes, Pera habría amenazado de muerte a Sergio Massarella y le habría propinado un golpe en la cabeza durante un cuarto intermedio. También le habría aplicado un puntapié a Gustavo Mandará provocándole una lesión en las pierna.

Interviene el fiscal el Dr. Marcelo Romero Jardín, titular de la UFIJ N ° 8.

Esta no es la única causa que tramita la justicia con Pera como acusado. Meses atrás fue denunciado por su ex pareja por lesiones agravadas y amenazas. Laura Trespando se presentó en Fiscalía el 20 de diciembre junto a su hija de 22 años para dar cuenta de la violencia machista que padecía su familia.

«No me hagas enojar negra», decía el acusado luego de golpearla, maltratarla o insultarla. Los «coscorrones» alcanzaron incluso a uno de los hijos -menor y con trastorno autista- de la mujer. Fue el fin de la relación.

La denunciante y su hija trabajaban en Bahía Transporte Sapem de donde fueron despedidas «sin causa». El presidente de la empresa, Tomás Marisco, el gerente Federico Harfield y el propio intendente Héctor Gay estaban al tanto de la situación y, sin embargo, acataron las órdenes de Pera.

La economista María Julia Eliosoff explicó en su columna de FM De la Calle el funcionamiento del programa de asistencia social Potenciar Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social.

“Es un programa de transferencias condicionadas de ingreso, una política social que apunta a una población focalizada, a diferencia del Ingreso Ciudadano o la propuesta de renta básica. El Estado le da un ingreso a una población de un determinado perfil con un condicionante que es realizar alguna tarea”.

“Un ejemplo es la AUH, que como contraprestación debe asegurar determinadas cuestiones en términos de salud. El Potenciar apunta a lo mismo pero con capacitaciones. Prioriza atender los ingresos de mujeres en situación de violencia y de personas trans”, señaló.

Eliosoff comentó que estos programas tienen muchas críticas desde la economía feminista “porque llevan implícita una lógica paternalista de que el Estado sabe qué es mejor para las personas y esas personas, en su mayoría, son mujeres”.

“Estos programas no son nuevos sino que tiene una larga historia en Latinoamérica y en Argentina en particular. Los primeros programas son los conocidos como de Jefes y Jefas de Hogar, que se han ido transformando en Argentina Trabaja y Ellas Hacen y después en Hacemos Futuro”.

En este caso apuntan a que “personas que cumplen con alguna característica o condiciones de vulnerabilidad perciban un ingreso, el equivalente al Salario Social Complementario, un 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil. Por lo tanto, es de 8400 pesos aproximadamente”.

“Tienen que realizar determinadas actividades laborales, tareas vinculadas a los cuidados, a la promoción de la la salud o dispositivos de apoyo para la igualdad de oportunidades. Hay una línea de proyectos vinculados al reciclado, al mejoramiento barrial, a la agricultura familiar, a manufacturas de pequeña escala y comercio popular”.

Por otro lado, destacó que “hay una apuesta a las actividades colectivas, aunque no única y exclusivamente y, en términos de lecciones aprendidas en relación al Argentina Trabaja y Ellas Hacen, hay una gran diferencia: no se habla de cooperativas de trabajo, esto fue muy criticado en su momento y así y todo tuvo muy buen impacto. En este programa se habla de asociativismo”.

Para finalizar, Eliosoff destacó que otro aspecto a considerar “es que cayó la cantidad de horas que se pretende trabajen las personas”. Aunque “sigue siendo alta en relación a la contraprestación, se exigen cuatro horas de trabajo diarias, por medio SMVM, por tareas que en general exigen un compromiso social”.

La Red de Comunicadoras entregó una carta en la Secretaría de Movilidad Urbana y Espacios Públicos en la cual manifestó su “preocupación y rechazo ante la reciente designación en el Municipio de Bahía Blanca, del novísimo cargo de Director Coordinador de Cultura en el Espacio Público a Rubén Eduardo García”.

Afirmó que “hay reiterados testimonios de mujeres que sostienen que esta persona ha ejercido prácticas violentas en sus espacios laborales o en tareas relacionadas a su profesión”.

“Vemos que al momento de designar funcionarios públicos en el Municipio no realizan un análisis de las personas a asignar”, planteó el colectivo de trabajadores de la comunicación.

La periodista Gretel Walz dijo a FM De la Calle que el planteo “no es solo por el lado de la cuestión de genero -han sido públicas las expresiones completamente misóginas, violentas y xenófobas- sino también respecto a los espacios culturales que han sido completamente bastardeados por el Ejecutivo”.

“En un contexto de pandemia por COVID-19, donde los recursos económicos del Municipio se vuelven escasos para atender las distintas problemáticas de colectivos en situación de vulnerabilidad, se decide la designación de un nuevo funcionario para un cargo que hasta el momento era inexistente”, menciona la Red en dicho comunciado.

“El Ejecutivo municipal está tanto de lo que ocurre en los medios de comunicación y las violencias a las que estamos sometidas. No pecan de ignorancia al nombrar este tipo de personajes violentos en cargos, hay una decisión política que lleva a que personas como García esté a cargo de una dirección, que encima ni siquiera está creada bajo el Instituto Cultural”, mencionó la periodista.

La nota de las comunicadoras alerta “sobre la necesidad de transversalizar el enfoque de géneros y derechos humanos en las políticas públicas”.

Funcionarios sí, cultura no

Las Ramas artísticas en el Consejo Consultivo afirmaron que les sorprendió la creación del nuevo cargo aunque no fue una acción novedosa teniendo en cuenta que “desde diciembre de 2019 el área de Cultura comenzó a funcionar con seis direcciones y tres divisiones, descontando por supuesto el cargo de secretaria ocupado por Morena Roselló. Tampoco la falta de idoneidad de la persona designada para desempeñar esas funciones”.

“Lo que nos parece aberrante, más allá de las declaraciones públicas de García que fueron debidamente denunciadas por distintas organizaciones, es que el Ejecutivo decrete esta designación luego de no destinar recursos para el cumplimiento de las ordenanzas de cultura desde marzo”.

Finalmente se preguntan si “¿es acaso la ‘comida para la gente’ que compró (el intendente según sus dichos) la que administrará el flamante director García para su venta en La Isla y en el resto de los carritos del Parque de Mayo, cuyos concesionarios fueron desalojados por el propio municipio?”.

A dos años del rechazo por parte del Senado del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, Socorristas en Red relanzó la campaña “En un mundo justo, las niñas no son madres”.

Griselda Cifuentes, integrante de Bahía Rosa, dijo a FM De la Calle que la iniciativa “lleva a pensar una sociedad más justa, cómo las activistas feministas de esta red entendemos que deberían ser los cuidados de las niñeces. Que cada tres horas una niña sea forzada a gestar, parir y criar es algo que tiene que empezar a hacer ruido”.

“Es para reflexionar porqué necesitamos una Ley de Aborto Legal, Seguro y Gratuito, qué es todo lo que falla cuando una niña de 13 años es obligada a parir”.

Agregó que en estos casos “siempre se enjuician a las familias y a las madres, mucha gente está interesada en saber dónde está esa madre que no la estaba cuidado. También hay una responsabilidad de la educación pública, todavía cuesta la ESI, cuesta hacer llegar la información, hay todavía mucho por hacer. Todavía hay gente que sigue diciendo que no sabían que es legal el aborto (por causales) en nuestro país”.

¿Qué implica hablar de politizar los cuidados?

“Somos feministas que cuidamos. A partir del 2016 nos hemos dado la decisión política de tener un trabajo específico de acompañar más a adolescentes. Hay una escucha particular para esas personas. En el 2019 hicimos más de 2000 acompañamientos. El tema de cuidar tiene que ver con pensar redes y darle la información para que esa persona pueda decidir”.

Cifuentes reflexionó: “Pensamos la palabra como una propuesta política de cómo la organizaciones tenemos que empezar a tener otros lenguajes para acercarnos. El feminismo como una apuesta a vivir vidas mejores y a tener otros destinos”.

Respecto al acompañamiento de abortos en confinamiento, mencionó que “tuvimos que modificar gran parte de nuestro dispositivo. Ninguna de las grupas de la red apagó las líneas telefónicas, empezamos a proponer comunicaciones virtuales, tendimos relaciones estrechas con el sistema de salud”.

“Pudimos seguir acompañando a la gente de la zona y los talleres que se hacían de manera presencial ahora son virtuales. Hubo situaciones donde las mujeres se tuvieron que acomodar en los patios, en el auto, en una esquina porque su cotidianidad se transformó y ya no hay lugares de intimidad o se convive con violentos o con parejas que no acompañan esta decisión. Siempre hay una cuestión de resolver situaciones, la creatividad es inmensa”, finalizó.

Buscá las redes de Socorristas en Red y difundí el material. Podés sumarte al twitazo del viernes 14 de agosto, 11 horas. En un mundo justo las niñas no son madres. Las queremos: #VivasYJugando.

Ezequiel Moscoso emprendió una caminata desde Monte Hermoso hasta Capital Federal para hacerle llegar al presidente el reclamo de justicia por el femicidio impune de su sobrina Katherine.

Hoy se reunirá en La Plata con la conducción del Ministerio de Seguridad bonaerense.

“Esto ha tomado mucha repercusión, ha hecho ruido. En cierta manera hemos logrado el cometido, si bien en cierta medida era entrevistarnos con el presidente tuvimos que apurarnos porque tomaron nuevas medidas, el miércoles vuelven a fase 1”, comentó a FM De la Calle.

Agregó: “Venimos con un mensaje y un pedido claro, lo que esperamos es comprometer a esta gente con la que nos vamos a entrevistar, tenemos muy presente que hemos hecho avanzar mucho el caso por parte de la querella. Hemos aportado pruebas, hace tres meses que denunciamos a 22 personas, al ex intendente Marcos Fernández, dos patovicas, el ex secretario de Seguridad, bomberos, a todos los fiscales de Bahía Blanca excepto a (Chirstian) Long. De hecho, ahora la causa está radicada en Azul”.

Moscoso mencionó que desde que presentaron las pruebas ante la Fiscalía de Delitos Complejos del Departamento Judicial de Azul -hace tres meses- no tuvieron respuesta.

Respecto a la caminata hacia la Capital, afirmó que “cuando salimos de Monte hasta Dorrego nos sentimos amenazados, hemos tenido miedo por nuestras vidas, nos habían llegado mensajes de que nos iban a levantar en la ruta, que estábamos regalados. Levantamos campamento en Dorrego y fuimos hasta Tres Arroyos y después llegamos hasta Azul. Producto de que se acercaba la fase 1 (en el AMBA) tuvimos que llegar con auto”.

Respecto de los dichos del indentende de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, advirtiendo que les dejaría volver mientras dure el aislamiento, Moscoso señaló: “Yo no he tenido trato con el intendente pero hemos gestionado que vamos a hacer la cuarentena en Monte con el protocolo que se debe”.

A 51 años de la revuelta de Stonewall Inn y con motivo de la Marcha virtual contra los Travesticidios, la economista feminista María Julia Eliosoff analizó las condiciones de vida del colectivo trans y travesti en su columna de FM De la Calle.

“La lucha por la identidad y pensar al orgullo como respuesta política tiene consecuencias muy concretas en las cuestiones materiales. Hay que entender que las condiciones de vida de las personas LGBTIQ implican violencia, no estamos pensando solamente en un golpe sino en la violencia en sentido amplio, la violencia económica”, afirmó.

Eliosoff agregó que “ayer, cuando se dieron los datos de salud, estaba la secretaria de Políticas por la Diversidad Alba Rueda y habló de un transfemicidio social”.

“El promedio de vida de las personas trans es de entre 35 y 40 años, son personas que no tienen los mismos derechos. Su vida están fuertemente vulneradas, son ciudadanías de segunda o tercera. El aislamiento las expone a situaciones de mucha mayor vulnerabilidad. Las estadísticas que tenemos a nivel nacional son siempre binarias, siempre hay datos de mujeres y varones, es muy difícil conocer oficialmente lo que pasa porque ni siquiera hay datos”.

Eliosoff explicó que “la información con la que en general contamos proviene de investigaciones de organizaciones y de una prueba piloto del INDEC que se hizo en 2012 en La Matanza. Los datos arrojan que más del 60% expresa su identidad de género entre los 13 y 17 años y hay muchos investigadores que identifican que allí comienza el proceso de desciudadanización”.

“Empiezan a atravesar un proceso de exclusión, quedan fuera del colegio, de vínculos familiares. El 80% tiene el secundario incompleto, no tienen cobertura de salud y están bajo tratamientos hormonales. Solo el 14% tiene controles médicos de esos tratamientos”, comentó la economista.

Otro determinante tiene que ver con el acceso a una fuente de ingreso: “El 77% dice no recibir ninguna ayuda del Estado, sin embargo, el 81% manifiesta que hace actividades con las cuales obtiene un dinero aunque 7 de cada 10 personas trans nunca tuvo una entrevista laboral”.

“Más del 80% en ambos informes habla de que están o estuvieron en situación de prostitución o trabajo sexual. Sin embargo, el 72% de ese total manifiesta buscar otra fuente de ingreso”.

Respecto a las condiciones de vivienda, “más del 55% vive en viviendas que se caracterizan como deficitarias, no cuentan con acceso a condiciones habitacionales y solo el 7% pudo acceder a un contrato de alquiler”.

¿Qué respuestas da el Estado?

“Gracias a la organización de los movimientos feministas y personas travestis trans existe hoy un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad en el cual tenemos una subsecretaría para pensar estas problemáticas. Existen proyectos vinculados a la Ley de Cupo Trans que hablan al menos de 1% de personas trans en lugares de trabajo estatal. Otra respuesta es el POTENCIAR Trabajo, 4100 personas trans accedieron a este programa. Por otro lado, están las miles de respuestas que dan las organizaciones, cooperativas de trabajo, etcétera”, comentó.

En cuanto al proyecto de Ley de Cupo Laboral Trans que discute la Cámara de Diputados, mencionó que “los proyectos son a nivel nacional en los tres poderes. En la provincia de Buenos Aires está aprobado desde 2015 pero nunca se reglamentó. Lo mismo en Bahía, en septiembre del año pasado se aprobó la ordenanza pero no hay información de cuánto ha avanzado el cupo, si han ingresado compañeres”.

¿Qué falta?

Si bien ha habido avances en materia de política pública aún resta mucho. Algunas reivindicaciones de las organizaciones son:

*Producción nacional y del Estado de hormonas y prótesis para garantizar la continuidad en los tratamientos y no depender de importaciones o laboratorios privados.

*Garantizar provisión en todos los Centros de salud.

*Formación y capacitación para profesionales de salud y frenar la violencia en la atención a personas TTT en los Centros de Salud.

*Extender redes de cuidado a personas TTT.

*Garantizar acceso (hay faltantes) a medicación para atención del HIV.

*Actualización de la Educación Sexual Integral (más contenidos no binario).

*Que se reconozcan en el RENAPER identidades no binarias, travas y travestis.

Se cumplieron 51 años de la revuelta de Stonewall Inn, en Nueva York, inicio de la lucha histórica del movimiento LGTBIQ+.

En Argentina, hace cinco años que el 28 de junio se organiza la Marcha contra los Travesticidios.

Debido al aislamiento, ayer se realizó una movilización virtual en el aniversario de los disturbios newyorkinos para reivindicar los logros del movimiento de travas y trans en los últimos años.

La lucha colectiva nunca deja de reclamar el derecho a una vida que merezca ser vivida.

“El tiempo de la revolución es ahora porque a la cárcel y al closet no volvemos nunca más”.

Lohana Berkins.

Producción: Giuliana Crucianelli

Edición: Astor Vitali

La Comisión de Mujer y Diversidad de la Cámara de Diputados abrió el debate sobre los proyectos que proponen establecer un cupo de acceso laboral al Estado Nacional para los colectivos trans y travestis.

Son once propuestas de diversas extracciones políticas, las cuales pretenden destinar entre el 1 y 1,5% de los cargos estatales a personas del colectivo. También hay otros que apuntan a reservar un espectro de los puestos laborales en el ámbito privado.

Mónica Macha, diputada del Frente de Todos y autora de uno de los proyectos dijo a FM De la Calle que “hubo una primera reunión informativa, vamos a tener dos más: una con referentes de instituciones estatales de distintas provincias y una última con varones trans, porque la agenda tiene puntos en común pero no es necesariamente la misma”.

“Lo que prima en todos los proyectos es la búsqueda del ingreso al trabajo formal para el colectivo trans y travesti que es uno de los grupos más vulnerados de la sociedad, muchas han sido expulsadas de sus propias casas, buscamos poder generar un ingreso a un trabajo formal en distintas dependencias que el Estado nacional”, comentó.

Uno de los proyectos se refiere al empleo en el ámbito privado: “Es una discusión que me parece importante traerla como un tema de debate. Vamos por esto seguro y después vamos ampliando. Si ponemos todo en un proyecto es mucho más difícil de implementar también, es como abrir todos los frentes al mismo tiempo”.

Macha agregó que “la posibilidad del cupo en el Estado depende de una decisión del gobierno, tenemos un camino mucho más allanado y, a la hora de pensar la incorporación, también es importante imaginar que hay que consolidar compañeros que vayan siendo de algún modo quienes van acompañando ese proceso de inclusión. Vía la normativa podemos ir contra un obstáculo organizacional, podemos generar una apertura en ese sentido pero los lazos sociales se van construyendo”.

“Ahora va a entrar gente al Estado que no se lo merece o que no está capacitada”

En relación a este prejuicio, la diputada mencionó que “cuando hablamos de desigualdades, la idea del merecimiento y la capacitación la tomo como un discurso patriarcal, como el querer evitar un acto de justicia. Merecer, todos merecemos trabajar. Es un derecho y tiene que ser una posibilidad para todas las personas. Estamos hablando de un colectivo que entre el 80% y el 90% de las personas trans travestis se han dedicado como método de supervivencia a la prostitución”.

“¿Cuál fue el momento que tuvieron para capacitarse si fueron excluidas de la casa, de la escuela? Se habla de capacidad, una persona que ha tenido que sobrevivir a un mundo tan hostil vaya si no tiene capacidades para trabajar. Son motivaciones patriarcales para no perder privilegios”.

“¿Todos los varones que ingresan al Poder Legislativo lo hacen por su capacidad?” , se preguntó.

Varones trans, un colectivo del que poco se habla

“La discriminación y la exclusión son dos líneas similares que se dan en todos los casos. Primero que es una población con la que no se ha trabajado mucho, cuando hablo con ellos no han tenido el nivel de acercamiento que han logrado las compañeras. Es una necesidad poder empezar a tener espacios donde puedan ser escuchados”, comentó Macha.

Los principales obstáculos son “cuestiones vinculadas a la salud, los varones trans tienen especiales complicaciones para poder ser atendidos con respeto, que su identidad sea tenida en cuenta, donde no se les digan cosas hirientes. Esto lo que hace es alejarlos del sistema de salud e implica que cuando una persona se siente mal no tome al sistema de salud como un lugar a donde ir. También tienen dificultad en el acceso a las hormonas, a actividades deportivas, a querer cursar un embarazo”.

Proceso legislativo

En la actualidad el Congreso sesiona virtualmente para atender urgencias vinculadas a la pandemia.

“Sobre otros temas estamos haciendo estas reuniones informativas que nos permiten ir trabajando y ajustando los proyectos, buscar modificaciones, agregando cosas. Calculo que en pocas semanas iremos transitando otro camino”, dijo Macha.

Luego de las reuniones informativas, resta que les asesores se reúnan y consensúen un dictamen para su tratamiento en ambas cámaras..

El Concejo Deliberante sancionaría en su próxima sesión la creación de una comisión específica para atender temas de mujeres, géneros y diversidad.

Según lo acordado entre oficialistas y opositoras, tras su conformación, el espacio diagramará un protocolo interno para la actuación ante casos de violencia machista.

Sigue en discusión el proyecto de emergencia presentado por el Frente de Todos.

La concejala Gisela Ghigliani dijo a FM De la Calle que la creación de la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad “la presentamos dentro de un paquete de tres proyectos antes de que comience la cuarentena. Nos parece que llegado el momento de tener una comisión para abordar las temáticas de manera específica”.

En cuanto al protocolo de actuación interno del Concejo ante Situaciones de Violencia de Género y/o Discriminación, la concejala señaló que es una vía para poder “definir de qué manera actuar para cualquier persona que se sintiera hostigada o discriminada por su género”.

“Es muy importante contar con estos espacios porque pueden hacer su aporte con perspectiva de género y desde los derechos humanos del tratamiento de otros temas de otras comisiones, transversalizar la mirada de género en la política pública”.

En relación a la Ley Micaela Ghigliani afirmó que “no hemos recibido capacitación. Ese proyecto también lo presentamos y se aprobó, estamos pidiendo su pronta implementación. Por eso es importante poder tener este tipo de comisiones para trabajar, se ven como cuestiones ajenas y las reacciones son generalmente ante un femicidio, que es la cara más cruenta pero no se pueden ver otras violencias como la simbólica, cuesta identificar que están ejerciendo violencia porque se ha naturalizado”.

Señaló que “no es solo el seguimiento de las políticas públicas, ni analizar el presupuesto sino incluir la perspectiva de género en el Concejo”.

La concejala comentó que desde el Ejecutivo se informó que existieron capacitaciones nConsultada acerca de si la cúpula política municipial había recibido formación en el marco de la Ley Micaela comentó que “hemos preguntado formalmente y nos han dicho que si, pero no encontramos una capacitación formal”.

El Consejo Superior Universitario aprobó “aceptar como válidas las expresiones que supongan usos inclusivos y no sexistas de la lengua en las producciones escritas y orales realizadas por integrantes de los distintos estamentos de la Universidad Nacional de Sur, tanto en las producciones académicas como en la comunicación institucional, administrativa y de gestión”.

“Nos parece un paso muy importante para la construcción de una sociedad más igualitaria y de una educación con más oportunidades y más diversa”, señaló a FM De la Calle Saira Millaqueo, desde el Observatorio de Géneros y Diversidad Sexual.

Agregó que “busca visibilizar la multiplicidad de diversidades que habitan la comunidad universitaria, a partir de ahí promueve y acepta el uso de lenguaje inclusivo. No busca imponer que se hable de determinadas formas sino que se promueve que se empiecen a correr esas costumbres de relacionarnos de forma genéricamente masculina y androcentrista y se generen lenguajes en los que las diversidades se vean reflejadas”.

La medida también promueve el uso de estructuras de reemplazo que no contemplen connotación de género y dispone que “en el marco de la Ley 26743 de Identidad de Género, se deberá evitar en los formularios de uso interno la consulta por el sexo de la persona, aun cuando no se limite a las opciones binarias de respuesta: “Femenino” y “Masculino”.

En caso de ser necesaria la consulta por tratarse de una variable que se requiere indagar, se debe preguntar por el género autopercibido. Cuando por necesidades externas a la UNS sea requerida esta información, se aceptará como válido lo indicado en el DNI de la persona”.

Esta resolución encuentra su fundamento en “la necesidad de prevenir y erradicar las violencias que se expresan en las formas de comunicación y nominación que supone el uso del genérico masculino, y de promover lenguajes inclusivos, esto es, usos de la lengua que no sean sexistas, androcéntricos y binarios, que permitan reconocer y nombrar la existencia de una diversidad de identidades y subjetividades”. También se citan allí como ejemplos numeras universidades y unidades académicas del país que ya han adoptado esta media, como las de Río Negro, Cuyo, la UBA, de Rosario y otras, e incluso la del Consejo de Enseñanza Media y Superior de la UNS. 

Además, se reconocer en la resolución aprobada “que existe material de referencia generalmente aceptado y de acceso gratuito, como es el caso del Manual Pedagógico sobre el Uso del Lenguaje Inclusivo y No Sexista de la Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos del (RAADH) del MERCOSUR” y que si bien “el intento de utilizar lenguaje no sexista, puede conllevar algunas dificultades en la búsqueda de expresiones que no resulten repetitivas o tal vez disruptivas en la expresión oral (…) las mismas son necesarias para visibilizar, desde el punto de vista político e ideológico, a la totalidad del grupo al que se hace referencia”.

Fuente: Prensa UNS y FM De la Calle.

Durante la pandemia todo ha cambiado, muchas actividades y rubros se han paralizado o modificado. Sin embargo, lo que no cesa son los femicidios ni la violencia machista.

Hoy, 3 de junio, el Ni Una Menos no encontrará al movimiento feminista en las calles pero sí estarán presentes las consignas por un mundo más igualitario que dieron origen a la fecha. En el aire de FM De la Calle recordamos el reclamo de quiénes todavía claman por justicia para sus hijas, amigas, hermanas, madres. O por ellas mismas.

Edición: Astor Vitali

Guión y producción: Giuliana Crucianelli.

Si sos víctima de violencia podes comunciarte con:

Línea 144 [email protected]
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?Línea solo de WhatsApp (+54) 112771 6463/ 11 2775 9047/ 11 9075 90 48

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito cumple quince años de lucha ininterrumpida por el acceso a la salud sexual y reproductiva.

La abogada e integrante de la Campaña en Bahía Blanca, Fernanda Petersen, dijo a FM De la Calle que “muchas de quienes militamos el pedido de legalización del aborto, el primer paso que tuvimos fue este cambio de paradigma de que el aborto era una cuestión íntima a entenderlo como una cuestión pública. La democracia no es plena si hay niñas obligadas a ser madres o mujeres obligadas a llevar adelante un embarazo no deseado”.

“Tengo 46 años y en mi adolescencia no era un tema que se hablaba públicamente. La democracia como manera de organizarnos socialmente debe respetar la libertad de autonomía de los cuerpos de las mujeres, no solo eso no había sido escuchado sino que era relacionando directamente a la muerte”, agregó.

El Código Penal establece causales por las cuales el aborto está permitido desde 1921. “Creemos que es una cuestión de salud pública pero necesitamos un marco legal para poder decidir si esta el recurso en un hospital o donde la mujer decida”.

En 2018 el proyecto de ley de la Campaña obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados pero fue desaprobado por el Senado. “Eso permitió ver que era una ley que se hizo desde la discusión, escuchando diferentes perspectivas: la médica, la social, la cultural y creo que eso es lo que deberemos seguir defendiendo, que se siga tratando legislativamente el proyecto”.

“En el medio de todo esto, como norte en la aprobación de la ley, se han ido sorteando deferentes situaciones: los protocolos de Interrupción Legal del Embarazo, los fallos de la Corte Suprema, se han ido dando pasos en caminos de dar el marco legal, social y cultural. Se fue avanzando en otras cuestiones con la importancia de mantener viva de la lucha”.

Respecto al reciente caso de una niña a la cual le negaron una interrupción del embarazo en Santiago del Estero, Petersen afirmó que “el primer punto es la adhesión de las provincias a los protocolos de ILE. Después generar presupuestos y partidas para que esto se pueda cumplir. La capacitación de profesionales que intervienen en estos casos es fundamental, seguimos abordando estas situaciones como en otro tiempos, donde hay arraigada una cuestión feudal y patriarcal, de clase y género”.

Luego de la viralización del chat con uso de lenguaje sexista contra una alumna de la Universidad Nacional del Sur por parte de dos profesores durante una clase virtual, la subsecretaria de Derechos Humanos, Andrea Montano, dijo a FM De la Calle que fueron apartados del cargo hasta tanto se resuelva la situación.

Esteban Pedroncini y Daniel Chiaradía, integrantes del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras, agraviaron a la estudiante en un chat privado que terminó expuesto frente a toda la clase. Cuando el alumnado mostró su enojo, los profesores afirmaron que “se trató de un chiste”.

La alumna denunció el hecho ante el Consejo Asesor y de Intervención para la implementación del Protocolo de Actuación en Situaciones de Discriminación y/o Violencia de Género.

Montano comentó que “el Comité como medida de prevención sugiere suspender las clases esta semana para que ella no tuviera que exponerse a la situación y los Departamentos en los que están estos docentes deciden apartarlos hasta tanto se resuelva la situación”.

“La que se ve agraviada es una estudiante, se complejiza la situación por esta relación asimétrica entre docentes y estudiantes. Las materias se van a seguir dictando a cargo de otros docentes hasta que se tome una decisión. Se preserva a la persona afectada y se preserva su derecho de seguir estudiando”, agregó.

Respecto a la estudiante señalaron que con el correr de la horas todo fue peor porque el caso se viralizó y se difundió información errónea. “Se publicaron informaciones que no son correctas ni fieles a la verdad, incluso hemos visto publicadas las cara de la estudiante con su nombre”.

Montano dijo que ante las clases virtuales “estamos todos, todas, mucho más expuestas con nuestros datos, nuestro teléfono, nuestras fotos. Desde la institución se reforzó la idea de privilegiar los contactos asincrónicos, las clases no necesariamente tienen que ser en vivo. En Moodle hay un texto que explicita esto, que no por estar en cuarentena la violencia para”.

Por último, la subsecretaria de Derechos Humanos de la UNS señaló que ahora resta “hacer una entrevista para ratificar y profundizar y se tomarán las acciones para proteger a la víctima. Luego de eso, el Comité tiene 10 días para elaborar el dictamen y eso pasa al Consejo Asesor y de Intervención, se discute, se vota, se puede revisar y completar o votar directamente. En base a eso es el canal que se se sigue”.

(Por Red de Comunicadoras Bahía Blanca) En un contexto de aislamiento a raíz del COVID-19, en el que el ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad anunció que aumentaron más de un 30 % los llamados a la línea 144 producto de mujeres que conviven con sus agresores, en Bahía Blanca hubo un femicidio y un intento de femicidio durante la cuarentena.

Susana Melo fue asesinada por su pareja Gregorio Raúl Costa, denunciado por la familia de la víctima en varias oportunidades. Días atrás, Maximiliano Cayuñir prendió fuego a su novia, quién se encuentra gravemente herida.

En momentos donde los medios de comunicación son una actividad esencial, se vuelve fundamental contar las violencias a las que nos vemos sometidas y que recrudecen ante el aislamiento. Sin embargo, no podemos ni debemos reproducir información de cualquier manera.

Somos muchxs colegas que en esta ciudad nos cuestionamos y repensamos la tarea de comunicar. Hacer del sensacionalismo y la exposición truculenta de hechos violentos y personas violentadas, la línea editorial de un medio o de un relato, es una elección. No es la nuestra.

Desde la Red de Comunicadoras Bahía Blanca apostamos a capacitarnos y por eso mismo también revisamos día a día nuestras prácticas, las observamos, nos observamos y nos enriquecemos con el aporte de colegas y audiencias.

Es por eso que entendemos que cuestionarnos y debatir nos hace mejores profesionales, más responsables y respetuosxs de los derechos de las personas.

La ley 26.485, Ley de Protección Integral a las Mujeres, sancionada en el año 2009, en su art. 5 establece los tipos de violencia contra la mujer entre los que se encuentra la Violencia Simbólica que es aquella que, a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.

La misma Ley hace referencia a las modalidades, es decir a las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos y se nombra a la Violencia Mediática que comprende “aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, (…)”.

Como comunicadorxs y responsables de medios de comunicación debemos prestar especial atención a cómo difundimos y producimos el relato, sabemos que NO debemos develar la identidad de las víctimas, no hay que exponer sus datos como nombre y domicilio, tampoco hay que publicar imágenes ni realizar preguntas estigmatizantes para no volver revictimizante el abordaje.

En el caso que la mujer que está en situación de violencia decida difundir su historia en medios de comunicación, es parte de nuestra tarea profesional informarla y prevenirla sobre las implicancias de mediatizar su situación.

En el ejercicio de nuestra profesión, debemos observar si la persona está en plena autonomía, si está contenida y protegida, para resguardarla de las amenazas que se reiteran en estos casos.

Al mismo tiempo, creemos que darle micrófono a quienes violentan no es pluralidad de voces. No hay dos campanas en los casos de violencia machista. Lxs comunicadorxs tenemos que evitar caer en estas prácticas.

Instamos a las empresas periodísticas locales, en especial a quienes tienen decisión sobre contenidos y a sus trabajadorxs a generar el desarrollo de coberturas respetuosas que visibilicen y concienticen a la comunidad sobre la problemática de la violencia hacia las mujeres.

Es necesario que en los medios de comunicación locales se promueva el respeto por los derechos humanos de las mujeres y el tratamiento de la violencia desde la perspectiva de género.

Sabemos también, que es transcendental que se brinden capacitaciones en estas temáticas.