La justicia condenó a integrantes de la patota que intentó tomar violentamente el Frigorífico Recuperado INCOB el 17 de noviembre de 2015.
El grupo estaba encabezado por el entonces presidente de la cooperativa cuestionado por sus compañeras y compañeros por su administración fraudulenta y su enriquecimiento personal.
Enrique Orlando Garaggiola y su hijo Ezequiel Andrés fueron condenados a dos años de prisión condicional por lesiones graves y amenazas agravadas por el uso de armas, respectivamente. Reinaldo Pascual Hernández fue castigado con dos años y medio de cárcel en suspenso por portación ilegal de arma de fuego de uso civil.
El abogado Leandro Aparicio dijo a FM De la Calle que la estrategia de la querella fue acreditar “quién era Garaggiola, qué hacía, dónde estaban, cómo cobraban los trabajadores, cómo trataba a las mujeres y a otras personas a las que consideraba indios. Él era un empresario”.
“Estoy conforme con el fallo aunque tardó cuatro años. La prueba era un video y los testigos. Imaginate para probar las estafas. Este señor no comía solo, le pagaba a otra gente más, pero va a llegar. También estoy conforme porque las víctimas están contenidas. Es una cooperativa que se la bancó, el símbolo es Willy Guenemil que trató de frenar el ataque con la mano, le pegaron un palazo, le rompieron el dedo y le dejaron la mano inutilizable”, detalló.
La jueza María Mercedes Rico tuvo por probado que “existía un conflicto previo, generado a partir de los reclamos de los socios que conformaban la cooperativa del frigorífico INCOB, quienes desde hacía un tiempo venían advirtiendo un irregular manejo por parte de quien, para esa época, era el presidente”.
Las y los testigos “mencionaron que exigían mayor transparencia, exhibición de balances y cambio de autoridades y que, con ese fin, ya en el mes de septiembre de 2015, habían convocado a una asamblea”.
“Es en ese marco, con un conflicto ya instalado y con gestiones iniciadas ante el INAES por algunos de sus compañeros que habían viajado a Buenos Aires, que ese 17 de noviembre de 2015, se encontraban en su lugar de trabajo, manifestándose en forma pacífica -con bombos y banderas-, a la espera de novedades”.
La magistrada destacó que el ataque de los imputados y otros hombres fue una conducta “a partir de una irrupción abrupta, violenta y absolutamente injustificada”.
“La prueba recibida ha sido abundante y absolutamente coincidente. Todos los testigos han relatado lo ocurrido en forma clara, precisa y simple y he podido advertir, a partir de sus palabras y expresiones, los sentimientos que en ellos ha provocado la lamentable situación vivida. Cada uno explicó lo ocurrido ese día con absoluta espontaneidad y, -entiendo- en forma sincera. Todos ellos me han impresionado veraces y sus relatos han sido, en lo sustancial, coincidentes, no solo entre sí sino también con las imágenes que he visto en los videos acompañados”, escribió en el fallo.
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El Juzgado Federal N° 1 amplió las imputaciones contra 25 acusados por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos. Uno de los tres fallos refiere a la violencia sexual ejercida sobre las mujeres en los lugares de cautiverio por parte de 15 militares.
En la causa se investigan crímenes cometidos por el Comando V Cuerpo de Ejército y/o las unidades militares, policiales y de seguridad bajo su control. La Fiscalía apeló parcialmente las sentencias por no haberse aceptado el pedido de prisión preventiva para los represores.
Los procesamientos se suman a los del oficial médico del Hospital Militar de Evacuaciones 181 Humberto Luis Fortunato Adalberti, por el secuestro agravado y los tormentos agravados en perjuicio de Mario Orlando Dalhoff, la ampiación del procesamiento del enfermero militar Adalberto Osvaldo Bonini por el secuestro agravado y los tormentos agravados de los que fue víctima Alicia Mabel Partnoy.
En el marco de la misma investigación se espera que el tribunal oral fije fecha de inicio a un nuevo debate oral. Será el juicio más grande que se haya realizado en Bahía Blanca con 46 imputados (15 de los cuales serán juzgados por primera vez), 231 víctimas (77 de las cuales llegan por primera vez a juicio) y –por el momento– más de doscientos nuevos testigos.
Los fallos
El 4 de noviembre el Juzgado amplió el procesamiento de Osvaldo Bernardino
Páez, Guillermo Julio González Chipont, Walter Bartolomé Tejada, Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel, Norberto Eduardo Condal, Osvaldo Lucio Sierra, Víctor Raúl Aguirre, Alejandro Osvaldo Marjanov, Antonio Miguel Seghighi, Alejandro Lawless, Raúl Esteban Andrés, Vicente Alfredo Flores, Enrique Stel y Eduardo Carlos Videla en relación a los abusos sexuales cometidos en perjuicio de dos mujeres mantenidas en cautiverio en el Batallón de Comunicaciones 181, una de ellas víctima de violación.
La Fiscalía informó que la acusación por el secuestro y los tormentos de ambas víctimas será analizada en el próximo juicio de la causa Ejército.
El 11 de noviembre un nuevo fallo amplió el procesamiento de 18 imputados en relación a hechos sufridos por tres víctimas. Por el homicidio bajo modalidad de desaparición forzada de Manuel Alberto Ruzo fue procesado Ricardo Claudio Gandolfo. Y respecto al homicidio agravado de Pedro Benigno Gutiérrez resultaron procesados Jorge Aníbal Masson, Mario Alberto Casela, Walter Bartolomé Tejada, Osvaldo Lucio Sierra, Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel, Norberto Eduardo Condal, Víctor Raúl Aguirre y Enrique José Del Pino.
Igual medida se dictó en relación al secuestro agravado y las torturas agravadas sufridas por María Eugenia Flores Riquelme respecto a Osvaldo Bernardino Páez, Walter Bartolomé Tejada, Guillermo Julio González Chipont, Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel, Norberto Eduardo Condal, Víctor Raúl Aguirre, Felipe Ayala, Raúl Artemio Domínguez, Desiderio Andrés González, Arsenio Lavayén, Gabriel Cañicul y Héctor Luis Selaya.
Por el último, el miércoles pasado, el Juzgado dispuso ampliar el procesamiento de Walter Bartolomé Tejada, Norberto Eduardo Condal, Carlos Alberto Taffarel y Víctor Raúl Aguirre por los secuestros agravados y las torturas agravadas cometidas en perjuicio de Carlos Gustavo Domínguez y Marina Marcela Herrero; así como el procesamiento de Jorge Horacio Granada y Guillermo Julio González Chipont por el caso de Herrero.
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El traslado de jóvenes alojados en centros cerrados bajo la órbita del Organismo de Niñez y Adolescencia provincial sólo puede realizarse con orden judicial. Sin embargo, sus funcionarios no respetan esta normativa.
Recientemente, el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil 2 de Bahía Blanca puso en conocimiento de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) un caso de extrema gravedad de un joven que fue víctima de violencia luego de ser trasladado de manera ilegal.
“Este caso fue muy simbólico porque el joven sufrió torturas, golpes y abusos al ser trasladado a La Plata. Ellos consideran que tienen estas atribuciones de hacer traslados sin aval judicial. A veces no son detectables pero como sufrió estas torturas el defensor se anotició que no había sido requerido el aval”, dijo Marcelo Iafolla a FM De la Calle.
La CPM pidió la intervención de la Suprema Corte para requerir que se cumpla la autorización judicial previa.
Iafolla, director de Niñez de la Comisión, comentó que “cuando este joven manifiesta lo ocurrido, se tomó la decisión de sacarlo de ese centro, se impuso el arresto domiciliario para sacarlo del circuito de encierro. Ahí está la otra parte que es el deber de cuidado que debe tener el Organismos de Niñez que es lo que estamos planteando, ellos deben cuidarlo”.
Para la CPM, el hecho es la constatación de las graves consecuencias que generan decisiones arbitrarias e irregulares por parte de los funcionarios del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA).
“Como está estructurado el Sistema Penal Juvenil lo que han creado son cárceles para jóvenes. La estructura de adultos se replica: hacinamiento, mala alimentación, ausencia de ámbitos educativos, atención de la salud muy precaria. Se piensa en niños y jóvenes como con los adultos no respetando la Ley del Sistema Penal Juvenil que habla de mínima intervención penal y de mucha intervención del sistema de promoción de derechos”, concluyó Iafolla.
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La Asociación de Pensamiento Penal invita a regalar un libro con dedicatoria a las internas de la Unidad Penal N°4 de Villa Floresta.
“Es una forma de generar algún acto reflexivo, tendiendo puentes entre el afuera y el adentro, si bien la cárcel está en la ciudad es una realidad de la que no se habla o nunca se pone a pensar lo que pasa adentro de la cárcel. Esta actividad, más allá de la lectura, genera un pensar colectivo de qué se trata la cárcel, quiénes están, qué pasa”, comentó a FM De la Calle Ornela Scarano.
La invitación señala: “Sabemos que la pregunta no es fácil… puede que te genere incomodidad, que se sumen prejuicios, enojos o descontentos… pero luego de ponerte, aunque más no sea por un momento, en sus zapatos, la respuesta será transformadora para vos! Y puede llegar a transformar los días de encierro de alguna mujer”.
Scarano dijo que “la cárcel es un mundo y el pabellón de mujeres es otro mundo dentro de esa estructura. Hay que evaluar la condena, la gran mayoría cumple una condena corta, son delitos menos graves vinculados a infracciones a la ley de estupefacientes, narcomenudeo, como se suele decir”.
“Las mujeres se llevan la peor parte, estar dentro de un establecimiento donde se producen violaciones a los derechos humanos, tienen restringida la libertad ambulatoria pero no el resto de derechos. La gran mayoría son madres, algunas con sus hijos dentro de la cárcel, otras ven disminuido o conflictuado el vínculo con sus hijos afuera o sus familias”, afirmó.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2019/11/qq.jpeg?fit=780%2C325&ssl=1325780FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2019-11-26 12:57:272019-11-26 13:10:45¿Qué libro le regalarías a una mujer que está en la cárcel?
El cura Mauro Henrique Cantanhede Ferreira es investigado por la justicia a partir de la denuncia por abuso sexual presentada por una integrante de la comunidad de la Parroquia San Roque.
De dicha institución católica depende el Colegio San Cayetano. Un grupo de ex alumnas reflotaron una publicación que hicieron en redes sociales luego de egresar en 2018. Hablaban de diferencias de trato según el género y conductas inapropiadas hacia las mujeres por parte de profesores.
Las autoridades del colegio dijeron que la denuncia contra el párroco “era un chusmerío, que no se metan, se enojaron con los pibes. ¿Qué pueden hacer si no hay contención de ese lado? Si hay un pibe o una piba que se sintió violentado por esta persona no lo va a decir porque sabe que no tiene apoyo de la institución”.
Martina Trujillo, Juana Martínez y Julieta Anzorena dialogaron en FM De la Calle con Giuliana Crucianelli. Dijeron que el sacerdote “se ha negado a que cambiemos el uniforme del colegio a polleras porque si no íbamos a ser provocadoras para él y éramos carnada para los violadores. Esas cosas no se dicen ni en joda, eran peligrosas”, afirmaron.
-Un año después de habernos egresado empezamos a juntar experiencias que habíamos tenido en el colegio y se nos ocurrió hacer la presentación. Tuvo un montón de repercusión porque nos hablaron un montón de chicas que actualmente van al colegio diciéndonos que sí, capaz está este profesor que siento se me acerca de más, a mí me pasó esto. Se difundió un montón pero la institución no respondió como tendría que haber respondido.
-Fueron distintos relatos de profesores, de directivos, de compañeros. Y la respuesta de los directivos, como es también la de ahora, fue resistencia y repudio ante las publicaciones en vez de contener a pibas que estaban denunciando que habían sido violentadas en una institución educativa.
¿De qué forma?
-Diferencias entre géneros dentro del aula con profesores, específicamente ahora con lo del padre del colegio fue que nos hemos cruzado con él y se ha negado a que cambiemos el uniforme del colegio a polleras porque si no íbamos a ser provocadoras para él y éramos carnada para los violadores. Esas cosas no se dicen ni en joda, eran peligrosas.
-Además, profesores que te miraban el cuerpo o el pecho, tenían un acercamiento más físico a las mujeres o un ataque simplemente por ser mujer. Una diferencia de a las mujeres las mandamos al pizarrón, las sacamos del aula, las cagamos a pedos, que se sienten derechitas con el uniforme. Eso con los varones no se veía, siempre estaba la diferencia de género.
-Siempre estaba el comentario del catequista diferenciando el género o hablando de la homosexualidad como una enfermedad. Un montón de actitudes que fuimos relatando. Fue una manifestación de nuestra experiencia y el colegio se lo tomó como un ataque. No sé si fue nuestra idea ir a escrachar a la institución porque ni siquiera pusimos nombres ni nada, fue una manifestación nuestra como mujeres en esa institución y no tuvimos respuesta por eso.
-También para que quienes siguen en la institución sepan que tienen un apoyo desde afuera porque ya que no lo tienen de la institución saben que lo tienen de las ex alumnas.
-Sí, en ese sentido sirvió muchísimo. De verdad nos habló un montón de gente, inclusive de otros colegios diciendo que eso también pasa.
-Mismo mujeres que habían ido a esa institución en 2013 y comentaban. Quiero recalcar que somos mujeres que contamos nuestra experiencia pero éramos mujeres menores de edad a cargo de un adulto que no nos contenía ni se responsabilizaba, ni tomaba cartas en el asunto como está pasando ahora. Por ejemplo, les chiques del colegio se manifestaron en contra, querían hacer algo y las autoridades de la institución dijeron que esto era un chusmerío, que no se metan, se enojaron con los pibes. ¿Qué pueden hacer si no hay contención de ese lado? Si hay un pibe o una piba que se sintió violentado por esta persona no lo va a decir porque sabe que no tiene apoyo de la institución.
¿Qué hacía el cura denunciado cuando ustedes cursaban?
-Hacía confesiones, estaba siempre en el colegio. Rezábamos a la entrada, la primera hora, daba las misas y eso. No daba catequesis, solo confesiones o te llamaba para ir a su oficina a charlar o lo que sea.
¿Cuando se enteraron de la denuncia qué les pasó?
-No me sorprendió. Lamentablemente no. Además, si no me equivoco, en esa parroquia hubo hace un tiempo otra persona denunciada (NdR: el catequista José Luis Andersen fue condenado a 20 años de prisión por abuso sexual reiterado a un niño de 8 años). Lo que más me sorprendió fue el apoyo de las personas que asisten a esa iglesia y de padres o la comunidad educativa de San Cayetano. Me pareció terrible estar en 2019, casi 2020, y que haya personas que hacen una misa a favor de un abusador o de un denunciado o lo que fuera. Si son tan cínicos, mínimo llámense a silencio.
¿Las autoridades del colegio son las mismas de cuando ustedes cursaban?
-Siguen.
Y la respuesta al comunicado de ustedes fue que era un chusmerío, que era mentira…
-No sé si es un chusmerío o mentira sino que nosotras queríamos armar bardo o lo que fuera. Lo que dijeron que era un chusmerío es lo de la denuncia al cura. De nosotras que las queríamos embarrar porque en el medio hubo un cambio de directora, algunas cosas pasaron con la anterior y otras con la actual y es como que ella se la agarró con nosotras.
-La respuesta a ese comunicado fue bloquearnos de las redes sociales. Fue la única.
-Sí, hasta respuestas de profesores en la misma publicación. De profesores a alumnas o ex alumnas, me parece terrible, en vez de sentarnos a charlar. Había confianza con algunos y algunas profesores, y en vez de charlar: ataques, querer callarnos, bloquearnos.
-Cuando surgió la idea era que a partir de ahí se podría construir. Había cosas en el colegio que eran muy estructuradas. Fue con esa intención, pero no…
-Situaciones que planteamos hace un año y medio ahora, a partir de eso, hay circunstancias que se podrían haber evitado después de nuestro documento.
¿Por ejemplo?
-Lo de Mauro. Lo del abuso de Mauro.
¿Ustedes advertían estos comentarios y situaciones con esta persona?
-Era como un llamado de atención a toda la escuela en realidad. A toda la escuela y a sus trabajadores y trabajadoras. Más que nada por eso, están a cargo de menores, nosotras más que nada pensando en eso. Nosotras ya transitamos la escuela, ya la pasamos, por suerte nos pudimos contener entre nosotras o alguna profesora que tenía perspectiva feminista o lo que fuera. Pero los pibes que siguen después… Por suerte esos pibes y pibas leyeron estos relatos, ahora armaron una historia que decía ‘en el colegio importa más que pagues la cuota antes que haya un cura abusador’, así como dando a conocer su postura. Me parece que está buenísimo, usar las redes sociales como herramientas si en la institución no te escuchan está buenísimo y es un camino que se va a seguir utilizando. No me escuchan, me voy a las redes sociales, me voy a la calle.
-Ahora se están organizando pero, la verdad, es muy difícil. Los directivos están muy metidos en el centro de estudiantes, no hay mucha diferenciación, no podría haber una confrontación. Estaría bueno que se organicen y armen lo que fuera que se les ocurra, desde lo artístico hasta pegar carteles, pero antes de subir estas historias a instagram hubo otras instancias de diálogo en las que no se los escuchó. Apoyo que muestren sus posturas ante una denuncia penal, no ante un escracho cualquiera.
-No decir nada de la situación también es decir. Lo estás avalando.
-Desde el momento uno los alumnos y las alumnas quisieron saber qué postura iban a tomar. Lo único que hubo es que la directora se vaya de un grupo de whatsapp, no hubo respuesta directamente. Creo que se están movilizando desde el lado que pueden y se los permiten.
-Nos pasó lo mismo a nosotras como alumnas, no podíamos hacer nada desde adentro porque nos lo imposibilitaban los directivos. Lo decidimos hacer después de haber terminado, cuando ya estábamos despegadas de la institución. Cuando te amenazan con amonestaciones, cuando te corren la cara, te bloquean por whatsapp, no te dan ninguna alternativa.
-Sí me acuerdo de compañeras nuestras que ya militaban en una organización a los 16 años que habían presentado una lista del centro de estudiantes y se corría la bola de que no querían que ganen porque iban a politizar la escuela. Me parece importante hacer esta relación del centro de estudiantes con los directivos, parece más algo de beneficencia de la escuela que un centro de estudiantes que recibe y hace reclamos. (…) Las decisiones las toman los directivos junto con los curas, algo así.
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El jueves a las 12:30 se conocerá el veredicto del juicio a parte de la patota que quiso tomar violentamente el frigorífico INCOB el 17 de noviembre de 2015.
Durante la segunda y última audiencia del debate oral el fiscal Cristian Aguilar y el abogado querellante Leandro Aparicio alegaron e hicieron sus pedidos de penas en el Jugado Correcional Nº1.
Para el ex titular de la cooperativa INCOB, Enrique Garaggiola, y para Reinaldo “el mudo” Hernández la fiscalía requirió dos años y medio de prisión y la querella tres años y medio por lesiones graves. En el primer caso no se avanzó con la imputación por portación ilegal de arma de fuego de uso civil por estar pendiente una apelación.
Para Ezequiel Garaggiola, el Ministerio Público reclamó la misma pena que para el resto aunque el abogado de INCOB agravó la acusación y solicitó 5 años de cárcel.
Hugo Polis fue separado de la causa por la prescripción de la imputación por lesiones leves y Juan Carlos Villarreal espera la definición de una apelación para ser juzgado.
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Este viernes se señalizará el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio que funcionó en la Base de Infantería de Marina Baterías durante el Terrorismo de Estado (1976/1983).
La actividad impulsada por el Movimiento por la Verdad, la Memoria y la Justicia de Punta Alta es parte del trabajo de la Red Federal de Sitios de Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
La señalización surge de la sentencia del Juicio Armada I. “No fue fácil, hemos tenido muchas trabas, pensamos que mañana va a terminar todo bien. Se hizo tiempo atrás una en el cruce de Arroyo Pareja y Baterías, esta vez es dentro de la Base, en el Puesto 83, 15 kilómetros adentro en la propia Batería Séptima que es donde estuvo el campo de concentración”, dijo Julio Aparicio a FM De la Calle.
Comentó que “siempre hubo obstáculos de parte de la Armada, de parte del Ministerio de Defensa, lo fueron pateando, salió y dijimos este es el momento. Queremos cumplir con la sentencia y fundamentalmente con los familiares y las víctimas.
Mañana, a las 10:30 se encontrarán en Primera Junta y el camino hacia Arroyo Pareja para ingresar luego a la Base. “Es dentro de la zona reservada, hay muchos requisitos que cumplir”.
MoVeJuPA celebró esta semana sus nueve años de vida. “En Punta Alta es complicado, somos el único movimiento de derechos humanos, estamos rodeados por la Base, las políticas que bajan también a la ciudadanía, siempre hemos apuntado a más, seguimos trabajando en todo tipo de derechos, al trabajo, la salud, la vivienda y por supuesto para lo que nos conformamos que es acompañar los juicios”.
Consultado por la sentencia del Juicio Armada II, Aparicio afirmó que se quedaron con una sensación “malísima, es la repetición de lo que veníamos viendo en otros juicios. No estuvieron los jueces a la altura de la circunstancia, fue un fracaso y un manoseo, en la predisposición de la justicia, hacia los testigos y familiares, dejó mucho que desear”.
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Andrea, la mamá del joven que falleció por una sobredosis en El Saladero semanas atrás, pide que el Estado la ayude a contener a sus otros dos hijos menores de edad, quienes continúan en situación de extrema vulnerabilidad.
“Pedí hablar con el intendente y el señor Rubén Gómez me atendió de muy mala manera y me sacó. Necesito reunión inmediata, para uno ya es tarde pero tengo dos hijos más en riesgo. No me quisieron atender, necesitaba ser escuchada diez minutos”, dijo a FM De la Calle.
Andrea comentó que su “hijo de 17 está mucho más tranquilo, pasando su duelo como corresponde, pero mi hijo de 14 está descontrolado. No lo tengo al lado mío y no quiero que me vuelvan a llamar porque un hijo mío se murió”.
“El otro día hubo una situación de robo donde detuvieron a dos menores, uno era uno de mis hijos. Me presenté en el tribunal y me dijeron que no tenían intervención. Me comunican desde Niñez que le habían dado la libertad desde el Valentín Vergara. Quise saber con qué fundamentos, era la oportunidad para tomar alguna medida. Tiene que pasar algo extremo señora, me dijeron. Tiene que estar porque cometió algo grave. ¿Qué tiene que pasar? Una muerte más, ¿tiene que morir como su hermano para que activen algo? No quiero tener a mi hijo encerrado pero era una oportunidad para atenderlo por su seguridad y la de terceros”.
Luego de la muerte de uno de sus hijos, sus amigos junto a una vecina se acercaron al delegado de Ing. White para pedirle ayuda para conformar una cooperativa de trabajo con el fin de que los adolescentes se alejen de las adicciones.
“Les tomaron el pelo, se aprovecharon de sus necesidades y, como saben que ella puede actuar contra el municipio, le ofrecieron armar la cooperativa y ponerla de presidenta. Fue días antes de la elecciones. Ella movilizó a los pibes, fueron con banderas a apoyar a Gay y nunca llegó el trabajo ni la cooperativa, solo algunas chapas y materiales a algunas familias”.
“Se aprovecharon de la situación. Cuando hice la denuncia esta gente aprovechó la oportunidad para obtener un voto en El Saladero. Fue todo propaganda política, a mi hijo le prometieron que iba a estar dentro de la cooperativa y después le dijeron que de los 25 jóvenes que son había puesto para diez”, finalizó.
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Una integrante de la comunidad de la Parroquia San Roque denunció al cura Mauro Henrique Cantanhede Ferreira por abuso sexual. La víctima afirmó haber recibido amenazas y hostigamiento de parte de la Curia.
La abogada Fernanda Pertersen dijo a FM De la Calle que en el relato de la joven “hay abuso de poder muy marcado, hay una cuestión de manipulación, de perversión, de psicopatía por parte de esta persona hacia la víctima. Por su pertenencia a una fe católica queda en el medio de algo muy difícil de salir”.
“A ella hasta le cuesta reconocerse como víctima, se pone en un lugar de responsabilizarse, de considerar que ella hizo algo mal. Estas cuestiones hacen que sean hechos más difíciles de abordar desde lo legal y desde el acompañamiento a la víctima”, explicó.
La letrada afirmó que se realizarán las pericias correspondientes para acreditar las denuncias: entrevistas con el equipo técnico y con el área de asistencia a la víctima. En la causa interviene la fiscal de Delitos Sexuales Marina Lara.
Petersen aseguró que “la institución católica, en la práctica y en el imaginario tiene mucho poder, ella pertenencia a la comunidad, se fueron generando situaciones que hicieron que ella no pudiera ponerlo en palabras. Ha recibido muchísimas marcaciones, desde superiores dentro de la instituciones o personas allegadas a ella que le marcaron que nadie le iba a creer, que iba a terminar perdiendo y todas situaciones que han dado una revictimización tras otra”.
“Todo esto, para quienes no somos las vulneradas, suena a que podría haber hecho algo. Pero la realidad es que fue haciendo mella en su psiquismo, le impedía llevar adelante una denuncia formal. Luego de haber hecho la denuncia, intentó comunicarse con autoridades de la Curia y no ha recibido otra cosa que no sea eso, el descrédito se ha dado sistemáticamente”.
Consultada respecto a la existencia de otras mujeres abusadas, Pertesen señaló que “ella hace mención a esa circunstancia. Las víctimas denuncian cuando pueden y cuando están dadas las condiciones, es cuestión de respetar esto y ver si están en condiciones de denunciar”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2019/11/san-roque.jpg?fit=929%2C523&ssl=1523929FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2019-11-19 14:08:252019-11-19 14:08:25Abuso sexual: denuncian al párroco de San Roque
El fiscal federal Franco Picardi abrió una investigación para determinar si la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y sus funcionarios actuaron ilegalmente en la persecución y represión a comunidades originarias en la Patagonia.
A partir de una denuncia de la APDH, Picardi sostuvo en su dictamen que el objeto del plan fue “coaccionar y administrar el conflicto existente entre comunidades mapuches y propietarios formales de tierras, en beneficio de estos últimos, para así resguardar distintos negocios inmobiliarios y de lucro llevados a cabo por aquellos que detentan o pretenden la propiedad y/o explotación formal de tierras en la Patagonia Argentina, muchos de los cuales tendrían relaciones de distinta índole con funcionarios del actual gobierno Federal”.
En diálogo con FM De la Calle, Ricardo Ragendorfer, periodista y autor de “Patricia, de la lucha armada a la seguridad” analizó la denuncia y opinó que Bullrich entrará en una zona de riesgo penal a partir del 10 de diciembre “no solo por este expediente sino también por otro tipo de situaciones como su relación con el falso abogado y espía polimorfo Marcelo D’Alessio”.
-Sostenés que el despliegue represivo de Bullrich en la Patagonia se parece más al Operativo Independencia de Tucumán que a la Conquista del Desierto, ¿por qué?
Lo de la Patagonia fue una especie de laboratorio represivo al igual que el Operativo Independencia en esa época, en dos contextos diferentes. En el caso del régimen macrista esa ofensiva contra las comunidades mapuches comienza con un informe de gestión redactado por Pablo Noceti en el cual decía que los reclamos de los mapuches de esa zona no eran derechos de la Constitución sino que más bien se tendrían que evaluar bajo el Código Penal, poniendo en vilo intereses estratégicos como una industria gasífera y petrolera. A partir de entonces se desplegó un dispositivo de espionaje en el que participó Noceti, quien fue sorprendido presenciando de incógnito una de las audiencias del primer juicio por extradición a Jones Huala, su presencia ahí quedó a la luz.
A eso le siguió el violento operativo en la Pu Lof Cushamen de enero del 17 donde hubo varios heridos graves, uno con un disparo en el cuello, cosa que no había trascendido tanto porque no hubo muertos en esa ocasión. El siguiente paso de ese proceso fue la detención de Jones Huala cuando, ya liberado de ese primer juicio de extradición, Macri le promete a Bachelet su captura, cosa que se produce unas horas después.
A eso siguió una situación vidriosa entre los mapuches y las autoridades judiciales de Bariloche que instruían esa detención, cosa que coincide con una reunión de Noceti con altos mandos políticos y policiales de Río Negro y Chubut, en la cual Noceti pronuncia una frase antológica: ‘si la violan a mi madre yo tengo que actuar’. Así justifica de una manera freudiana la figura de flagrancia para actuar sobre esos territorios sin orden judicial. Horas después se produce la muerte de Santiago Maldonado, le sigue la muerte de Rafael Nahuel, persecuciones y espionaje sobre los mismos objetivos y una especie de Plan Cóndor entre Chile y Argentina.
La Dirección de Inteligencia de Carabineros realiza el Operativo Huracán en el cual, según ellos, desbaratan un complot catastrófico de la RAM en Argentina y de la CAM en Chile, que resultó ser un blef de la primera hasta la última página, cosa que acá no se difundió demasiado pero en base a ese informe trucho, donde todos sus hacedores fueron procesados por falsedad ideológica, asociación ilícita y otros delitos, la ministra Bullrich elabora un mamotreto de 180 páginas con la situación de los pueblos originarios en el sur y, a partir de ahí, se produce la creación de un comando unificado entre las fuerzas federales y provinciales de Chubut, Neuquén y Rio Negro.
-Esto involucra a la ministra Bullrich, al ex secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Legislativos y Ministerio Público Fiscal, Gonzalo Cané, al ex jefe de gabinete Pablo Noceti y al secretario de Seguridad, Gerardo Milman. ¿Cuál fue el objetivo del plan?
Esto tiene que ver con una constelación de factores que abarca desde la subordinación de la política oficial a la doctrina norteamericana de las nuevas amenazas, que es una especie de Doctrina de la Seguridad Nacional de la década del 80 pero que, como no existe el comunismo, identifica entre sus amenazas al terrorismo, los migrantes, los pueblos originarios y hasta las catástrofes climáticas. Para eso es necesaria la creación de un enemigo interno. En ese sentido, en este punto se aplica un laboratorio represivo y, por otra parte, en la denuncia de la APDH y en el dictamen del fiscal Picardi se menciona otro objetivo que es facilitar emprendimientos inmobiliarios para amigos del presidente como Luciano Benetton y Lewis.
-¿Qué balance hacés del rol de Bullrich en el gobierno de Cambiemos?
A diferencia de las oleadas represivas que hubo desde mediados del siglo XX hasta la fecha, durante gobiernos no militares, Plan Conintes en la época de Frondizi, la Triple A en la de Isabel Perón, los muertos del 19 y 20 de diciembre en el de De la Rúa o Kosteki y Santillán en la época de Duhalde, asuntos que tienen que ver los primeros con la Doctrina de Seguridad Nacional y los últimos con hechos desesperados de gobiernos agónicos. El macrismo le agrega una nueva vuelta de tuerca que es la represión como cuestión de marketing. Advirtieron que esta política goza de la simpatía de un vasto sector de lo que podríamos llamar de la parte sana de la población y ellos se deben a su público. Por otro lado, para aplicar y convertir el ajuste de una política de Estado se necesitaba una cuota de mano dura.
-¿Cómo ves el futuro de Bullrich y el de esta investigación?
Pienso que a partir del 10 de diciembre ella entraría en lo que podríamos llamar una zona de riesgo penal no solo por este expediente sino también por otro tipo de situaciones como su relación con el falso abogado y espía polimorfo Marcelo D’Alessio, el cual fue una pieza fundamental en la estructura inorgánica en el Ministerio de Seguridad puesto que estuvo detrás de todos los operativos policíaco publicitarios desde la detención de Pérez Corradi en Paraguay, grandes operativos antidrogas, las tareas de inteligencia que motorizaron la falsa denuncia contra Gómez Centurión cuando fue apartado de la Aduana, etcétera, pienso que esta mujer está en graves aprietos.
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El Tribunal Criminal Nº 1 condenó a Fernando Benítez (27) a 48 años de prisión por secuestrar, violar, drogar y torturar a dos jóvenes de nuestra ciudad en Güemes al 3700. Como partícipes necesarios recibieron 13 años de cárcel su hermano Gonzalo (26) y su madre Nélida Llanos.
Viviana Lozano, abogada de una de las víctimas, comparó los hechos con una película de terror: “Lo definí así muchas veces, es de terror que estas criaturas hayan tenido que atravesar semejantes atrocidades. Es un caso típico de violencia de género bien marcado que uno cree que solo lo ve en las películas”.
“Es muy difícil entender la cabeza de alguien que llega a perpetrar semejantes actos, semejante violencia hacia otro ser humano”, aseguró a FM De la Calle y destacó que “no cabe duda que no tiene cargo de conciencia, nunca pidió disculpas, ni cuando tuvo derecho a la última palabra habló. Estará en ellos entender algún día el daño que han ocasionado socialmente”.
La fiscal de delitos sexuales, Marina Lara, había solicitado 50 años de prisión para Fernando Benítez por tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, abuso sexual con acceso carnal reiterado, privación ilegal de la libertad agravada y suministro de estupefacientes a título gratuito agravado respecto a Aldana García y Andrea Santa Cruz. En cuanto a Gonzalo y su madre pidió 11 años y 6 meses de cárcel. Ambos seguirán en libertad hasta que la condena quede firme.
Si bien los tres imputados hicieron uso de su derecho de rechazar pericias psicológicas y psiquiátricas, para Lozano “no hay dudas que (Fernando) es un psicópata”. “El perfil que nos demuestra por las actitudes y demás es de un psicópata de manual. Esta no es una conducta aislada que tuvo una sola vez en su vida, es reiterado con distintas víctimas. Tuvimos víctimas declarando en el debate sobre hechos de hace seis años y temblaban como una hoja”.
“Lo de ellas era calcado a esto en cuanto a las atrocidades: dejarlas encerradas, no darles de comer, no dejarlas bañar, no tomar líquido, no comunicarse con el mundo exterior, no poder irse, los golpes, las quemaduras, todo es calcado. Con Aldana y con Andrea llegó más lejos, estuvieron a horas de morir. Si Aldana no escapaba moría en horas, moría ella y moría Andrea porque las dos estuvieron muy grave”, comentó la abogada.
Lozano explicó que Llanos y el menor de los Benítez “eran partícipes necesarios respecto a la privación ilegítima de la libertad agravada. Eran quienes quedaban a cargo de vigilar a las chicas cuando Fernando no estaba, eran quienes cuando les pedían agua les decían que no, cuando la madre de Aldana quería ver a su hija le decían no está, eran quienes facilitaban a Fernando que pueda llevar adelante estas atrocidades”.
Hoy las chicas “están tranquilas de que se hizo justicia, se las escuchó, se probó el calvario que vivieron y pudieron hablar. Les costaba muchísimo. Lo dijo el psicólogo de la Asesoría Pericial: tenían la psiquis arrasada. Fue una frase impactante para todos, explicó que no esperen un detalle pormenorizado con detalles de día y hora y fue así, los recuerdos son fragmentados, van apareciendo de a poco”.
“Antes del debate las habíamos juntado. Ellas no se veían desde que estaban encerradas y cuando se vieron se reconocieron como víctimas y afloraron los recuerdos. Entre las dos se fueron acordando lo que vivía la otra porque ellas eran testigo de lo que le pasaba a la otra. Fue fructífero ese encuentro porque sirvió para que pudieran recordar lo que estaba bloqueado, el cerebro bloquea los malos recuerdos, contar todo eso es revivirlo. Pero ahora están más tranquilas”, dijo Lozano.
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“Explicó el motivo de la audiencia, que estábamos la parte querellante, la Fiscalía y el poder judicial y que vemos con buenos ojos que este conflicto finalice con un acuerdo, no imponer una sentencia obligatoria que tal vez sea de difícil cumplimiento”, comentó Lucas Beier a FM De la Calle.
El abogado de los pescadores artesanales agregó que “se trata de solucionarlo hablándolo con ellos que son los que saben qué tecnología podría utilizarse, lo que paulatinamente podría mejorarse. De parte del Consorcio (del Puerto) quedó en proponer nuevas reuniones para llegar a algún acuerdo”.
Mega y Dow apelaron semanas atrás la resolución de la Cámara Federal y ante el rechazo recurrieron en queja ante Casación para que resuelva si una medida cautelar es apelable o no. “El fiscal interpreta que está en suspenso todo el procedimiento hasta que Casación resuelva”, dijo Beier. A pesar de la informalidad de la reunión, destacó que “concurrieron todas las partes, de hecho vinieron abogados de estudios jurídicos de Buenos Aires que no conocía ni habían venido nunca”.
En cuanto a la posibilidad de avanzar sobre las responsabilidades penales por parte de autoridades de las empresas y organismos denunciados, el abogado explicó que “las penas no son altas, según lo que prevé la Ley de residuos Peligrosos o el Código Penal, salvo que haya muerte que en este caso ni siquiera está denunciado, posiblemente se deje en suspenso la persecución penal de los directores en caso que se llegue a un acuerdo”.
“Lo que no quita la responsabilidad civil de los directores y las empresas. Sería como una especie de acuerdo que en el fuero provincial es bastante más común donde hay penas bajas. Que haya una acuerdo y dejar en suspenso la pena”, agregó.
Consultado sobre la tecnología que podría aplicarse para la recuperación ambiental del estuario, Beier aseguró que, “salvo el representante del Consorcio, ninguno ha manifestado interés en que esto avance aunque, esto es una interpretación propia, al haber concurrido a una citación informal creo que hay un interés en hablar esto. Las causas han avanzado bastante, la resolución de la Cámara fue importante en reconocer la contaminación y que algo hay que hacer y, además, estamos muy cerca de la sentencia del juez López Cóppola que creemos que va a ser condenatoria, que va a ser reconocer la contaminación”.
En el marco de la campaña electoral el gobierno provincial inauguró la planta depuradora de líquidos cloacales. “Previo a que empiecen con esa planta se había dictado una medida cautelar en la que ordenaba a la provincia a hacerla. (…) Ayer fue un representante de ABSA junto con un técnico y explicó que es lo que hay: tratamiento primario, secundario y terciario y faltaría el cuaternario como para poder usar ese agua para tratamiento industrial”.
“Es un proyecto interesante porque ABSA directamente dejaría de arrojar agua al estuario y evitaríamos que se siga utilizando agua del dique. Abiertamente ayer no lo dijeron pero sé que hay interés de algunas empresas de poder finalizarlo”.
Por último, Beier informó que la causa civil que tramita el Juzgado Contencioso Administrativo ya fueron presentados los alegatos de las partes y se solicitó el dictado de sentencia. “El juez tiene que dictar un auto, eso puede llegar a ser apelable. Hasta ahora no lo ha dictado, si se apela va a demorar un poquito más pero si no se apela el juez tiene que dictar sentencia”.
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Cuatro militares serán indagados por primera vez por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Ejército Argentino contra sus propios soldados durante la guerra de Malvinas.
“Esto necesita celeridad, en esta primera etapa se están investigando hechos que ocurrieron geográficamente en la isla Gran Malvina, en Puerto Yapeyú, en el Regimiento 5 en Corrientes y la Compañía de Regimiento 3. Son estaqueamientos, enterramientos, soldados que murieron bajo fuego enemigo estando estaqueados”, dijo a FM De la Calle Ernesto Alonso.
El secretario de Derechos Humanos del Centro de ex combatientes de Islas Malvinas — La Plata (CECIM) afirmó que “no fueron hechos aislados, hubo órdenes y una práctica que ya venía desde el servicio militar obligatorio” y subrayó que “la búsqueda de verdad, memoria y justicia no está en contra de la soberanía sobre las Malvinas”.
La instrucción judicial que se inició en 2007 tiene 95 imputados y 120 denuncias. En mayo de este año el juez federal subrogante de Río Grande, Federico Calvete, citó a declaración indagatoria a 18 militares y amplió el requerimiento de medida a otros seis imputados.
“Las indagatorias se deberían haber tomado a mediados de año y cuando asume la nueva jueza (Mariel Borruto) la suspende, por motivos injustificados, por falta de personal y de espacio físico”, explicó Alonso.
Los militares están acusados de torturas, estaqueamientos, inmersión de soldados desnudos en agua helada, enterramiento de soldados hasta el cuello, picanas con teléfonos de campaña, golpes y violencia sexual, entre otros padecimientos físicos y psicológicos.
El 5 y 6 de diciembre, los militares Miguel Gardé, Belisario Affranchino, Eduardo Gassino y Gustavo Calderini deberán presentarse ante la justicia y responder por sus crímenes. Hay otros 20 imputados con pedido de declaración indagatoria.
“Estamos hablando de hechos que ocurrieron hace 37 años, hay víctimas. Nos estamos enfrentando a un sistema negacionista, nos preocuparon mucho las declaraciones del jefe del Ejército Claudio Pasqualini el 27 de mayo. Habló de pseudoimputaciones que quieren enlodar la cuestión patriótica. Esa persona no puede estar más en el Ejército”, reclamó Alonso.
El ex combatiente agregó que días atrás el ministro de Defensa, Oscar Aguad, “abrió una nueva oficina y puso al coronel (Jorge) Zanella, que es otro negacionista. La película ‘Ilumniados por el fuego’ está basada en el libro que escribió un compañero, Edgardo Esteban, que puso a la vista cosas que no se habían contando. Fue el propio Zanella el que salió a apretarlo por lo que había publicado”.
El querellante comentó que el avance judicial “permite que muchos compañeros se animen a hablar, la política de amedrentamiento que estableció la dictadura causó horrores en muchos de ellos”.
Consultado por las causas de la represión de los militares argentinos a sus propios soldados, Alonso opinó que “es por una cuestión de la formación durante la dictadura, de la fuerzas armadas. No podemos olvidar la cantidad de conscriptos desaparecidos, son más de 200. Nosotros éramos jóvenes que teníamos que cumplir el servicio militar obligatorio, después de lo que pasó con el soldado Carrasco ya en democracia tuvieron que suspenderlo”.
“Esa caracterización de jóvenes que para los militares de ese momento eran los dueños de la vida y de la muerte, ni qué hablar de los casos de soldados judíos, en el Regimiento 3 en La Tablada fueron torturados por el solo hecho de ser judíos”.
La Comisión Provincial por la Memoria celebró el avance judicial como “un reconocimiento a la lucha histórica del CECIM y las víctimas de estos crímenes de lesa humanidad” y como organismo querellante reclamó “que se tomen todas las medidas necesarias para que estas indagatorias efectivamente se concreten. En ese sentido, el organismo señala su preocupación por la situación de Gustavo Calderini que, en estos momentos, está en Europa, en un viaje que fue autorizado por la misma jueza”.
LOS ASESINOS DE AYER NO FUERON NI SERÁN HÉROES VERDAD, JUSTICIA, MEMORIA Y SOBERANÍA
Este listado incluye los nombres de algunos de los imputados, procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad en el continente que integraron las fuerzas movilizadas a las Islas Malvinas.
Almirante Carlos Alberto Busser | Cabo principal Juan Lorenzo Barrionuevo | Cabo segundo Carlos Alberto Díaz | Cabo segundo Eduardo Francisco Sieber | Cabo segundo José Mario Santillán | Capitán Carlos Esteban Pla | Capitán de corbeta Alberto Raúl Lorenzo | Capitán de corbeta Eduardo Rodolfo Lambí | Capitán de corbeta Ernesto Proni Leston | Capitán de corbeta Francisco Gerardo Sonvico | Capitán de corbeta Hugo Enrique Damario | Capitán de corbeta Pascual Pellicari | Capitán de corbeta Ricardo Guillermo Corbetta | Capitán de fragata Basilio Benito Pretiné | Capitán de fragata Enrique Carlos Isaola | Capitán de fragata Jorge Eduardo Acosta | Capitán de fragata Luis Nicolás D’Imperio | Capitán de fragata Néstor Santiago Barrios | Capitán de navío José Julio Sarcona | Capitán de corbeta Aristóbulo Nicanor Moreira | Capitán de corbeta Daniel Eduardo Robelo | Capitán de corbeta Horacio Carlos Michelis | Capitán de corbeta Juan Carlos Rolón | Capitán de corbeta Julio César Fulgencio Falcke | Capitán de corbeta Miguel Ángel Domingo Parola | Capitán de corbeta Roberto Guillermo Sosa Amaya | Capitán de fragata Carlos Hugo Robacio | Capitán de fragata Hernán Lorenzo Payba | Capitán de fragata Julio César Binotti | Capitán de navío Carlos Eduardo Daviou | Capitán de navío Guillermo Félix Botto | Capitán de navío Jorge Enrique Perren | Capitán de navío Jorge Raúl Vildoza | Capitán Gonzalo Gómez Centurión | Carlos Rodolfo Doglioli | Coronel Carlos Carrizo Salvadores | Coronel César Amadeo Fragni | Coronel Ernesto Alejandro Repossi | Coronel Ernesto Hugo Kishimoto | Coronel Osvaldo César Quiroga | Coronel Rafael Julio Manuel Barreiro | Coronel Ricardo Guillermo Reyes | Coronel Ricardo Jaureguiberry | Comodoro José María Insúa | Comodoro Juan Carlos Hrubik | Comodoro Alcides José Cerutti | Comodoro Danilo Alberto Sambuelli | Comodoro José Carmen Beccio | Contralmirante Edgardo Aroldo Otero | Contralmirante Walter Oscar Allara | Coronel Alberto Luis Devoto | Coronel Carlos Tomás Macedra | Coronel Horacio Losito | Coronel Pedro Adolfo López | General de brigada Juan Ramón Mabragaña | General de Brigada Mario Benjamín Menéndez | General de Brigada Omar Edgardo Parada | General de División Osvaldo Jorge García | Guardiamarina Miguel Ángel Torra | Mayor Carlos del Señor Hidalgo Garzón | Mayor Higinio Rafael Robles | Mayor Jorge Alberto Benitez | Mayor Juan Carlos Ponce | Mayor Nelson Humberto Godoy | Pablo Santiago Llanos | Prefecto Francisco Martínez Loydi | Prefecto Alejandro Domingo D’Agostino | Roberto Berazay | Sargento Carlos Alberto Vega | Sargento Hugo Luis Álvarez | Sargento primero Rodolfo Daniel Brovarone | Sargento Juan Carlos Camicha | Suboficial Antonio Oscar Pereyra | Suboficial mayor Adalberto Osvaldo Bonini | Suboficial mayor Carlos Alberto Martínez | Suboficial mayor Jesús Roberto Toro | Suboficial mayor Juan Carlos Lujan | Suboficial mayor Vicente Alfredo Flores | Teniente coronel Adolfo Ernesto Moor | Teniente coronel Delsis Ángel Malacalza | Teniente coronel Guillermo Alberto Domínguez Matheu | Teniente de fragata Carlos María Robbio | Teniente de navío Juan Arturo Alomar | Teniente de navío Julio Carrilaf | Teniente primero Julio Manuel Santamaría | Teniente primero Carlos Alberto Arroyo | Teniente primero Eduardo Enrique Barreiro | Teniente primero Enrique Stel | Teniente primero Raúl Esteban Andrés | Teniente coronel Alfredo Francisco | Teniente coronel Anselmo Pedro Palavezzati | Teniente coronel Daniel Alejandro Délfor Polano | Teniente coronel Enrique Roberto Fader | Teniente coronel Ítalo Ángel Piaggi | Teniente coronel José Félix Aguiar | Teniente coronel José Tadeo Betolli | Teniente coronel Luis Alberto López | Teniente coronel Norberto Ricardo Villegas | Teniente de fragata Luis Ambrosio Navarro | Teniente de fragata Rodolfo Alberto Bogado | Teniente de navío Alfredo Astiz | Teniente de navío Alois Payarola | Teniente de navío Antonio Pernías | Teniente de navío Francisco Armando Di Paola | Teniente de navío Francisco Lucio Rioja | Teniente de navío Horacio González Llanos | Teniente de navío Hugo Berrone | Teniente de navío Hugo Roberto Ortiz | Teniente de navío Miguel Ángel García Velasco | Teniente de navío Raúl Damián Pueyrredón | Teniente de navío Rodolfo Oscar Cionchi | Vicealmirante Juan José Lombardo | Vice comodoro Ángel Ricardo | Vice comodoro Miguel Ángel Lucero.
Listado en construcción realizado por el CECIM La Plata y la Comisión Provincial por la Memoria. Abril de 2018
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El presidente Macri anunció “medidas extraordinarias contra la violencia de género”. Propone la investigación automática y habilita la denuncia de terceros.
Anunció además la centralización de la información de las líneas 144 y 911, actuar desde la primera alerta y capacitar a la policía.
Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, señaló a FM De la Calle que el principal obstáculo es la perspectiva con la cual se abordan estas políticas: “Falta autonomía de las mujeres para salir de la situación de violencia. Es una problemática más multidimensional y compleja que la de una perspectiva de seguridad”.
El primer punto habla de la posibilidad de que las mujeres no tengan que ratificar la denuncia. Gherardi comentó que “esto ya sucede en muchas jurisdicciones y si no sucede es un problema de la práctica más que de una reforma que haya que hacer. Si una va a la Fiscalía es suficiente para que empiece una investigación y si nos piden que vayamos a declarar repetidamente es una práctica de revictimización. Lo mismo en las comisarías, que son lo que tenemos más a mano, tienen la obligación de remitirlo a la Fiscalía”.
En segundo lugar, la medida contempla las denuncias de terceros. “En la gran mayoría de los delitos -lesiones graves, amenazas o tentativa de femicidio- una tercera persona ya puede hacer la denuncia”.
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. La violencia de género y el femicidio comprometen a toda la sociedad. Proponemos acciones concretas para incrementar la protección de las víctimas y posibles víctimas de violencia de género. #PropuestasNuevaEtapa
¿Es recomendable promover que eso se haga? “Para nosotras no porque imponerle a una mujer adulta, en una situación de violencia, un proceso penal para el que no está preparada emocional o materialmente, la puede dejar más desamparada de lo que estaba. Está bueno que nos involucremos y que lo haga el Estado pero no mediante una denuncia sino acercándonos y apoyando para que cuando pueda haga la denuncia y lleve adelante el proceso. La denuncia es el punto de partida de otro proceso, largo, difícil, que tiene sus vueltas”, señaló Gherardi.
Respecto a la centralización de la información, opinó que “es potencialmente muy interesante. Es complejo pero hay que pensar que las comisarías, las Fiscalías, los juzgados de familia puedan compartir la información”.
“Es muy compleja su implemetación, es un esfuerzo que está en marcha desde hace muchos años en el registro de violencia contra la mujeres pero no es un registro en tiempo real, me pregunto si es prácticamente realizable”.
En cuanto a “actuar ante la primera alerta”, Gheradi dijo que “eso ya es una obligación, el Estado debe tomarse en serio las denuncias y la rendición de cuentas. Eso no quiere decir solamente ver si le mandan la policía o no, sino qué dispositivos de políticas sociales se ponen en marcha para ver las desigualdades estructurales. Prevenir los femicidios y abordar la estructura de violencia extrema requiere abordar la desigualdad”.
Finalmente apuntó que el desafío es “la articulación y el compromiso de los niveles provinciales y municipales. Hacemos bien en poner la mirada en lo nacional pero muchos de estos programas deben ejecutarse en otros niveles y ahí tenemos muy poca información. Creo que esa es una cuenta pendiente de mayor transparencia y visibilidad para tener mayor posibilidades de monitorearlo”.
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Santiago Saccoccia y Andrea Pais reclamaron una vez más al presidente Mauricio Macri y a la gobernadora María Eugenia Vidal que les escuchen. Lo reclamaron ante el acto que realizará Cambiemos este viernes en Bahía Blanca.
Son el papá y la mamá de Facundo, adolescente fallecido luego de ser atropellado por Alexis Yuri Sturzenergger.
Según comentó Saccoccia a FM De la Calle, desde la Casa Rosada les informaron que habían recibido el pedido y que “no me pueden asegurar una charla pero que si me acerco al lugar, Macri está dispuesto a recibirme”.
“Lo primero que queremos es seguir reclamando la exoneración de Sturzenegger de la función pública. Aunque ellos dicen que es porque la condena no está firme. Facundo falleció en el acto, la condena judicial es otra cosa, no hay una presunción de inocencia. Después, si le dan 4 o 9 años es aparte. Tienen la potestad de hacerlo pero no quieren poner la firma” comentó.
El 10 de marzo de 2018 Sturzenegger, en estado de ebriedad, atropelló y mató a Facundo. Fue condenado a 9 años de prisión aunque continúa en libertad y ejerce tareas administrativas en el municipio de Coronel Rosales. El Concejo Deliberante puntaltense se negó a declararlo “persona no grata” y a separarlo del cargo.
“El es empleado de planta permanente, fue concejal. No trabaja, siempre está escondido en una oficina haciendo nada. Tengo entendido que la licencia que había sacado se le terminó, le empezaron a pagar menos horas, necesitaba el sueldo y tuvo que volver a trabajar. Cualquiera que va preso pierde el trabajo, entonces acá lo que tiene que hacer es tomar la decisión política y echarlo ahora”.
“Cuando vinieron a inaugurar los molinos de Pehuen Co, Mariano Uset le entregó una nota en mano a Vidal,tuvimos una respuesta de alguna abogada de alguna oficina, una respuesta para nada buena. Nos trató de ignorantes y nos dijo cuales eran los caminos para sancionar una ley. Eso ya lo sé, por eso recurro a la gobernadora. Eso está frenado, Diputados no sesiona hace no sé cuánto tiempo, eso quedó archivado”.
En el ámbito local la familia Saccoccia impulsó una ordenanza de Tolerancia Cero al volante aunque “no hemos tenido respuesta: el Concejo nos atendió, mandaron a pedir el informe técnico al Ejecutivo y es lo que no vuelve para que puedan tomar una determinación. Presenté en enero un proyecto de ordenanza de tres carillas. De última que digan que no”.
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A las 9:21 de este viernes Dow Argentina informó que, 39 minutos después, iniciaría el proceso de puesta en marcha de su planta de Ing. White. Mañana se cumplen tres meses de la explosión que alarmó a la ciudad la madrugada del 28 de junio. Fuera del complejo, todo sigue igual.
Según el escueto comunicado firmado por Guadalupe De Latorre, el proceso tendrá una duración aproximada de 96 horas. “La luminosidad en antorchas y el eventual aumento en el nivel del ruido son circunstancias propias en este tipo de maniobras. Las autoridades municipales, provinciales y nacionales están debidamente informadas como es habitual y requerido en estos casos”.
No es el caso de la población bahiense, la cual no recibió una explicación directa ni ninguna otra información por parte de la multinacional desde el 30 de junio.
Para el Municipio y el OPDS la explosión no mereció ni una infracción. La justicia aun no informó si hubo delito.
Cuando habían pasado veinte minutos del viernes 28 de junio, la población bahiense escuchó una fuerte explosión. La falta de información oficial permitió que se viralizaran rápidamente noticias faltas e imágenes de incendios ocurridos en otros lugares y aumentara el temor y la incertidumbre.
Martín, del barrio 26 de Septiembre, relató entonces a FM De la Calle que “la explosión fue muy fuerte, estaba justo afuera, te puedo decir que hasta temblaron los vidrios. Nos enteramos en el barrio que fue en una de las plantas, no sabemos nada, no sabemos si hay un escape, no se sienten sirenas, no sabemos dónde estamos”.
49 minutos después la oficina de prensa municipal difundió un comunicado del CTE: “Sucedió una explosión en el craker de lhc2 de empresa DOW, NO HAY HERIDOS, están verificando las causas. No se accionó la sirena de planta. Se activó el PRET nivel 1”.
El domingo 30 una delegación judicial recorrió el lugar e inició una investigación para determinar si “hubo o no riesgo cierto, no potencial, de afectación de bienes y personas”.
El perito Santiago Maiz dijo que “en los procedimientos de puesta en marcha, se omitió o se salteó algún paso, lo que produjo que aumentara considerablemente la presión de vapor dentro de ese recipiente y, al no contar con ninguna válvula o alivio de presión, lo que hizo fue que explotara”.
Días después, el intendente Héctor Gay se refirió al tema superficialmente ante la pregunta de un periodista en una conferencia de prensa junto a un ministro provincial. Pidió actuar “con prudencia” y afirmó que se cumplió el protocolo de emergencias aunque “hay cosas que mejorar”. Destacó la instalación de un comité de crisis y se quejó por la circulación de noticias falsas. Dijo que su capacidad de intervención es “limitada”.
El concejal Marcelo Feliú le respondió que un decreto provincial lo habilita a clausurar preventivamente a la empresa ante riesgos para la población o el ambiente.
Dow informó a principios de agosto que una válvula de operación manual cerrada en la cañería de salida del recipiente V-907 impidió liberar la sobrepresión y provocó el “sonido explosivo”. Fue un error humano. Para el CTE fue suficiente.
La conclusión de cuatro peritos de la UNS convocados por el fiscal Aguilar fue que el hecho ocurrió por deficiencias en el cierre de las válvulas y en el diseño del procedimiento de puesta en funcionamiento del recipiente estallado y, además, por la ausencia de una válvula de seguridad.
En el Concejo Deliberante se aprobaron pedidos de informes y se convocó a la subsecretaria de Gestión Ambiental, Sandra Pérez y los coordinadores del CTE y el Proceso APELL, César Pérez y Daniel Ayala. No fue nadie ni se contestaron las preguntas planteadas.
La Comisión Asesora Ambiental, por ordenanza, debe mantener una reunión mensual. Fue desactivada por parte de Cambiemos: la última convocatoria que realizó su presidente, Leandro Santomassimo, fue en noviembre de 2018. La oposición promovió un llamado extraordinario. Nunca se concretó.
La subsecretaria de Gestión Ambiental, Sandra Pérez, dialogó con FM De la Calle el día del aniversario de los escapes de Solvay del año 2000. Consultada por lo ocurrido en Dow aseguró que “se están revisando los procedimientos a ver si hay algo que cambiar. Eso se está haciendo ahora”. ¿Por ejemplo? “Bueno, por ahora no lo voy a adelantar porque no son modificaciones definitivas las que todavía se han determinado”.
A principios de septiembre inspectores del CTE recorrieron el lugar de la explosión, pidieron documentación a la empresa e invitaron a sus autoridades a explicar las reparaciones en la próxima reunión del Comité de Control y Monitoreo.
En dicho encuentro Dow ratificó la futura puesta en marcha de la planta sin la recuperación de condensado de hornos, los cuales “se descargarán en una pileta de tratamiento” hasta finalizar “la fase 3 con el completamiento mecánico y funcional total del sistema” previsto para fines de noviembre.
El 17 de septiembre, el secretario de Gobierno, Fernando Compagnoni, renunció a Sandra Pérez. “Motivos personales, tiene otras obligaciones que atender”, dijo. Al día siguiente la remplazó un joven investigador del IADO, Matías Insausti.
El intendente dispuso que desde el martes el flamante funcionario traslade su oficina a la delegación de Ing. White junto al CTE para “tener un contacto más cercano con vecinos e instituciones de la localidad”.
Ningún organismo público informó en qué condiciones se reanuda la actividad en la planta de Dow ni cuáles son las garantías de que no volverá a ocurrir una explosión como la del 28 de junio. O un incendio como el de noviembre de 2015. O algo aún peor.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2019/07/D-gsKmnW4AECAlO-e1562151479832.jpg?fit=1024%2C471&ssl=14711024FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2019-09-27 14:53:382019-09-27 14:54:55Explosión en Dow: sin sanciones, la empresa reanuda su producción
El Superior Tribunal de Rio Negro rechazó un recurso solicitado por la defensa de siete policías condenados por el homicidio de Daniel Solano para que la Corte Suprema revise la sentencia y las pruebas.
El abogado querellante, Leandro Aparicio, adelantó que pedirá la detención de los condenados. “No tienen más recursos de apelación, tienen recursos de queja. No hay voluntad política de detenerlos si no el mismo Tribunal les hubiese dicho que vayan presos”.
En diciembre del año pasado siete efectivos de la policía rionegrina fueron condenados a prisión perpetua por ser autores materiales del “homicidio agravado por alevosía” del trabajador golondrina desaparecido en 2011 en Choele Chole. Sin embargo no solo continúan en libertad sino que también se encuentran en funciones dentro de la fuerza.
“Lo nuevo es la denegatoria del recurso extraordinario de inconstitucionalidad que interpusieron los abogados de los policías condenados a perpetua. De millones de causas, una llega a la Suprema Corte”, comentó el abogado.
Agregó: “Pedí la detención y anticipo que la Suprema Corte no me la va a dar. Ya tienen dos sentencias, ¿te imaginás un docente que sea acusado de pegarle una cachetada a un pibe y siga dando clases y nunca tenga una sanción?”.
“En Rio Negro la droga viene con custodia, acá hay una cuestión de narcotráfico asociado con trata de personas en el cual todos los gobierno han tenido que pactar con distintos policías. Hubo un caso en el que un policía, Muñoz, estuvo desaparecido un mes y después fue ejecutado. Vega, Chazarreta e Irusta eran los que investigaban la desaparición de Solano en la primera etapa. Irusta es la persona que fue a limpiar el departamento de Muñoz”, finalizó Aparicio.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2019/09/policias-caso-solano.jpg?fit=770%2C433&ssl=1433770FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2019-09-27 14:23:142019-09-27 14:23:14Caso Solano: otro fallo contra los policías condenados
Una mujer denunció penalmente la violación de derechos de sus seis hijos -de entre ocho y 17 años- por parte de las autoridades de la Secretaría de Políticas Sociales y de coordinadores e integrantes de un servicio local.
La demanda apunta a la “falta de asistencia apropiada para la integridad física, psíquica y moral” de los tres adolescentes, uno de los cuáles murió el 10 de septiembre “a causa de la falta de asistencia del Estado en el tratamiento de sus adicciones”.
La investigación de los delitos de abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionario público recayó en la UFI Nº2 a cargo del fiscal Marcelo Romero Jardín.
“Me acerqué a hacer una denuncia contra el Estado y contra quienes son responsables, más allá de que los padres somos responsables también. A veces hay cosas que se nos van de las manos y se supone que existe un sistema, el cual no está funcionando”, dijo Andrea en FM De la Calle.
La denunciante comentó que su familia ingresó al sistema social municipal hace catorce años a partir de una situación de violencia de género. Hace cuatro años la pareja se separó y los tres hijos mayores decidieron quedar a cargo del padre.
“Si hubiera habido un control o seguimiento esto no hubiera pasado”, afirmó sobre la muerte de su hijo Dilan. “Cuatro años de abandono tuvieron mis hijos, sin educación, sin documentación, sin control de salud, sin nada prácticamente, sobreviviendo con lo que podían y con lo que tienen a su alcance como las adicciones, la delincuencia. Los funcionarios públicos, el sistema sabe muy bien lo que está pasando pero hacen oídos sordos, no quieren ver”.
“El contacto con mis hijos siempre fue de mi parte, de la manera que pude. No tener un pasaje no me permitió acercarme hasta donde ellos viven. En otras situaciones ellos se iban, se escondían. Desde que se fueron con su papá la relación siempre estuvo rota, el vinculo se rompió y no me ayudaron tampoco a restaurarlo. Cuando decía que necesitaba ayuda, desde el servicio local me decían ‘y bueno, si ellos no se acercan no podemos hacer nada, si no les conocemos la cara’. Son niños en adicciones, no van a tener mucha voluntad de acercarse. Hay que buscar la manera”, contó.
Andrea recurrió a todo tipo de instituciones: “Jardines, escuelas, guardería, servicio local, servicio zonal, municipio, cada oficina, políticas sociales, servicio social, acción comunitaria. Sí hay en algunos sectores gente que trabaja con vocación y humanamente. Yo denuncié particularmente a cada uno de los funcionarios que estaban dentro del sistema y que en alguna oportunidad me han atendido, incluso de muy mala manera”.
“Cuando fui a pedir a gritos ayuda en una oportunidad, uno de los funcionarios con una de las cabezas de Niñez me atendieron de muy mala manera, con apuro, parada en hall del municipio”.
“Por todos lados fui a buscar ayuda. Escapándome de barrio en barrio para que mis hijos dejen de correr riesgo, para que dejen de hacer lo que hacían y nadie me ayudó. Son catorce años dentro de este sistema y el equipo local, en especial Las Villas Oeste hacen muy mal su trabajo”, afirmó.
“Si vos a estos pibes les das herramientas y trabajo estos pibes salen, cambian”
“Dilan era un niño especial, iba a escuela especial, tenía 15 pero su cabecita era la de un niño más pequeño, hizo muchísimos talleres. Él quería hacer una panadería. Decía que su hermano mayor se iba a encargar de amasar y hacer la elaboración y que su otro hermano se iba a encargar de la caja porque es bueno para las matemáticas”.
Por último, Andrea comentó que hay varios adolescentes en El Saladero que padecen la misma situación que Dilan: “Son más de 20 que están en riesgo, sin ayuda, sin herramientas. Mamás que no tienen la facilidad de poder acercarse, de pedir auxilio. Cuando lo hacen, las tratan de ignorantes, no les dan las herramientas. Son pibes que necesitan muchísima ayuda, la están pidiendo a gritos y no se las dan”.
“El barrio El Saladero está olvidado, hay corazones inmensos, madres de fierro, que sin el municipio y sin el sistema te sacan un chico de la calle, lo levantan y con lo que tienen se lo llevan a la casa y le dan de comer. Dilan llegó a ganarse el corazón del barrio, incluso ellos le hicieron un mural para no olvidarse, para concientizar a otros de no hacer eso”, aseguró.
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