¿Dónde están los desaparecidos? La pregunta que sobrevivientes, familiares, organismos de derechos humanos y la mayoría de la sociedad argentina repetimos hace más de cuatro décadas, fue la elegida nuevamente por la Fiscalía para cerrar su alegato en el Juicio Armada II.

“La desaparición desafía una de las condiciones más básicas de la existencia humana, como es la realización del duelo. Ninguna familia pudo velar a sus desaparecidos. El valor de encontrar aunque sea los huesos. Y, sin embargo, lo que tenemos como correlato son los pactos de silencio, los compromisos de impunidad que solo se resquebrajan cuando se trata de pasar factura o de echar a alguien por la borda”.

El fiscal José Nebbia y su auxiliar, Pablo Fermento, solicitaron trece condenas de prisión perpetua, dos de 25 años, una de 16 y otra de 12. Se juzgan delitos de lesa humanidad y genocidio, consistentes en privaciones ilegales de la libertad, tormentos, abuso sexual y homicidios, sufridos por 66 militantes políticos.

“Estos hechos son los más graves que podamos conocer. Hablamos no solo de lo que sucedió con las víctimas sino de las relaciones que se entramaron para organizar este aparato criminal. La utilización de las instituciones, la indefensión en la que se colocó a la población y los mecanismos de impunidad. Esta es una forma de evitar su reiteración en el tiempo”, afirmó Fermento.

El Ministerio Público destacó que “la gran organización que se realizó fue la que garantizó la comisión de los hechos (…) Unidades de reserva actuaban cuando las otras no daban abasto. Siempre había alguien para ejecutar la misión de la tortura, del secuestro”.

Durante las jornadas de alegato, los fiscales ubicaron “a cada uno de los imputados en esta organización, a cada unidad, cada fuerza de tarea, los roles que desempeñaron”.

Fermento subrayó: “Consideramos que torturaron tanto los que estaban dentro del centro clandestino como los que planificaban la tortura, la ordenaban y la coordinaban. Usamos el mismo criterio en relación a la violencia sexual: fueron violadores quienes estaban adentro del centro clandestino como quienes incorporaron esta práctica al plan criminal”.

Aseguró que “hemos asistido a una amplísima expresión comunitaria de reivindicación del proceso de justicia en su plenitud. Este desarrollo ha tenido vaivenes, nació con las Madres, con las familias, con los organismos de derechos humanos que vimos en los archivos de inteligencia observados por el Estado, incluso en democracia”.

“Logramos que este movimiento, este compromiso, sea asumido por el Estado. Y eso no implica solamente la investigación sino también que sean sancionados eficaz y adecuadamente. (…) La pena debe ser proporcional a la gravedad de los hechos y la lesión provocada que sigue vigente”.

Las condenas a prisión perpetua fueron solicitadas para Sergio Aráoz de Lamadrid, Ricardo César Araujo, Rómulo Augusto Illa, Arturo María Quintana, Aristóbulo Nicanor Moreira, Francisco Martínez Loydi, Alejandro Carlos Lorenzini, Álvaro Hernán Hermelo, Emilio José Shcaller, Carlos Enrique Lacoste, José Abdala Figueroa, Carlos Alberto Louge y Miguel Ángel Torra.

Por su parte, para Mario Bilesio y Herberto Rubatino se reclamó un castigo de 25 años de cárcel, 16 para Enrique de León y 12 para Luis Oscar Conti.

Tres de los imputados están en libertad. El resto en prisión domiciliaria. Los fiscales pidieron la revocación de los beneficios: “No puede darse ningún tipo de privilegio a quienes cometieron estos delitos y se valieron de los velos de la impunidad. Los delitos continúan vigentes. Los 30 mil desaparecidos continúan en esa situación. Los niños apropiados continúan sin recuperar su identidad. El daño se sigue cometiendo y esto también tiene que ser valorado al momento de aplicar la pena”.

El próximo 20 de mayo comenzará el alegato de la dra. Mónica Fernández Avello, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Agrupación H.I.J.O.S. Bahía Blanca.