Noticias relacionadas con lo que sucede en Bahia Blanca y la zona

La Red de Comunicadoras entregó una carta en la Secretaría de Movilidad Urbana y Espacios Públicos en la cual manifestó su “preocupación y rechazo ante la reciente designación en el Municipio de Bahía Blanca, del novísimo cargo de Director Coordinador de Cultura en el Espacio Público a Rubén Eduardo García”.

Afirmó que “hay reiterados testimonios de mujeres que sostienen que esta persona ha ejercido prácticas violentas en sus espacios laborales o en tareas relacionadas a su profesión”.

“Vemos que al momento de designar funcionarios públicos en el Municipio no realizan un análisis de las personas a asignar”, planteó el colectivo de trabajadores de la comunicación.

La periodista Gretel Walz dijo a FM De la Calle que el planteo “no es solo por el lado de la cuestión de genero -han sido públicas las expresiones completamente misóginas, violentas y xenófobas- sino también respecto a los espacios culturales que han sido completamente bastardeados por el Ejecutivo”.

“En un contexto de pandemia por COVID-19, donde los recursos económicos del Municipio se vuelven escasos para atender las distintas problemáticas de colectivos en situación de vulnerabilidad, se decide la designación de un nuevo funcionario para un cargo que hasta el momento era inexistente”, menciona la Red en dicho comunciado.

“El Ejecutivo municipal está tanto de lo que ocurre en los medios de comunicación y las violencias a las que estamos sometidas. No pecan de ignorancia al nombrar este tipo de personajes violentos en cargos, hay una decisión política que lleva a que personas como García esté a cargo de una dirección, que encima ni siquiera está creada bajo el Instituto Cultural”, mencionó la periodista.

La nota de las comunicadoras alerta “sobre la necesidad de transversalizar el enfoque de géneros y derechos humanos en las políticas públicas”.

Funcionarios sí, cultura no

Las Ramas artísticas en el Consejo Consultivo afirmaron que les sorprendió la creación del nuevo cargo aunque no fue una acción novedosa teniendo en cuenta que “desde diciembre de 2019 el área de Cultura comenzó a funcionar con seis direcciones y tres divisiones, descontando por supuesto el cargo de secretaria ocupado por Morena Roselló. Tampoco la falta de idoneidad de la persona designada para desempeñar esas funciones”.

“Lo que nos parece aberrante, más allá de las declaraciones públicas de García que fueron debidamente denunciadas por distintas organizaciones, es que el Ejecutivo decrete esta designación luego de no destinar recursos para el cumplimiento de las ordenanzas de cultura desde marzo”.

Finalmente se preguntan si “¿es acaso la ‘comida para la gente’ que compró (el intendente según sus dichos) la que administrará el flamante director García para su venta en La Isla y en el resto de los carritos del Parque de Mayo, cuyos concesionarios fueron desalojados por el propio municipio?”.

El director adjunto de Región Sanitaria I, Lauriano Alimenti, comentó en FM De la Calle la situación de la zona luego que varias localidades hayan incrementado el número de casos de Covid en los últimos días.

“No creemos todavía estar en una situación grave como sí se encuentran en otos partidos. Es dinámico hoy podemos tener una situación abordable, mañana o pasado puede ser todo lo contrario”, dijo.

En Región Sanitaria esperaban “que haya algún coletazo de la fase 4 y 5 en los distintos distritos y el avance del virus, más o menos estábamos preparados. La preocupación es grande, aunque sea un solo caso es una tarea muy cargada”.

“En comparación con otros partidos de la provincia ha tenido un comienzo prudente porque nos ha dejado abordar líneas y nexos epidemiológicos. Esta prudencia con la que ha comenzado no significa que estemos relajados ni que tengamos el tiempo como para hacer las cosas idealmente”.

Respecto a la ocupación de camas, Alimenti advirtió que “son muy dinámicos los números, puede haber gran ocupación un día y realizarse un desagote en la parte Covid y la parte no Covid respeta un esquema antiguo. Las áreas no Covid tienen la misma ocupación tradicional y la parte Covid complejiza los nosocomios y se está mirando que todo aquel que vaya a un hospital tiene que ser mirado con sospecha”.

En relación a la donación de plasma, mencionó que “hay muy buena respuesta de donantes que, después de pasar por varios filtros nos queda un cupo pequeño. Estamos pensando una estrategia de fortalecimiento en este acto de amor y solidaridad. Necesitamos que de los 600 recuperados se acerquen todos los posibles, estamos pensando en realizar alguna campaña de difusión”.

A dos años del rechazo por parte del Senado del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, Socorristas en Red relanzó la campaña “En un mundo justo, las niñas no son madres”.

Griselda Cifuentes, integrante de Bahía Rosa, dijo a FM De la Calle que la iniciativa “lleva a pensar una sociedad más justa, cómo las activistas feministas de esta red entendemos que deberían ser los cuidados de las niñeces. Que cada tres horas una niña sea forzada a gestar, parir y criar es algo que tiene que empezar a hacer ruido”.

“Es para reflexionar porqué necesitamos una Ley de Aborto Legal, Seguro y Gratuito, qué es todo lo que falla cuando una niña de 13 años es obligada a parir”.

Agregó que en estos casos “siempre se enjuician a las familias y a las madres, mucha gente está interesada en saber dónde está esa madre que no la estaba cuidado. También hay una responsabilidad de la educación pública, todavía cuesta la ESI, cuesta hacer llegar la información, hay todavía mucho por hacer. Todavía hay gente que sigue diciendo que no sabían que es legal el aborto (por causales) en nuestro país”.

¿Qué implica hablar de politizar los cuidados?

“Somos feministas que cuidamos. A partir del 2016 nos hemos dado la decisión política de tener un trabajo específico de acompañar más a adolescentes. Hay una escucha particular para esas personas. En el 2019 hicimos más de 2000 acompañamientos. El tema de cuidar tiene que ver con pensar redes y darle la información para que esa persona pueda decidir”.

Cifuentes reflexionó: “Pensamos la palabra como una propuesta política de cómo la organizaciones tenemos que empezar a tener otros lenguajes para acercarnos. El feminismo como una apuesta a vivir vidas mejores y a tener otros destinos”.

Respecto al acompañamiento de abortos en confinamiento, mencionó que “tuvimos que modificar gran parte de nuestro dispositivo. Ninguna de las grupas de la red apagó las líneas telefónicas, empezamos a proponer comunicaciones virtuales, tendimos relaciones estrechas con el sistema de salud”.

“Pudimos seguir acompañando a la gente de la zona y los talleres que se hacían de manera presencial ahora son virtuales. Hubo situaciones donde las mujeres se tuvieron que acomodar en los patios, en el auto, en una esquina porque su cotidianidad se transformó y ya no hay lugares de intimidad o se convive con violentos o con parejas que no acompañan esta decisión. Siempre hay una cuestión de resolver situaciones, la creatividad es inmensa”, finalizó.

Buscá las redes de Socorristas en Red y difundí el material. Podés sumarte al twitazo del viernes 14 de agosto, 11 horas. En un mundo justo las niñas no son madres. Las queremos: #VivasYJugando.

Daniel Argibay declaró ante el tribunal de Bahía Blanca sobre el accionar de su padre, Jorge Oscar, y su hermano, Pablo Francisco, como jefe operativo y miembro, respectivamente, de la banda local de la Alianza Anticomunista Argentina.

Detalló sus relaciones con Rodolfo ´Fito’ Ponce, la CGT, la Universidad del Sur, el Ejército, el Ministerio de Bienestar Social que conducía José López Rega, la UOM, la CNU de La Plata y los servicios de inteligencia.

“Se iban tarde y volvían a la madrugada, hablaban de lo que había pasado y quién había quedado ejecutado al costado de una banquina o en la misma casa”. Habló del horror que lo persiguió toda su vida: “Me llevó 18 años tramitar ser hijo o tener como progenitor -me cuesta decir padre- a Jorge Oscar Argibay”.

Jorge Argibay murió hace mucho tiempo. Pablo cuando la Fiscalía estaba por presentar su acusación, era director del Instituto de Ciencias Básicas y Medicina Experimental del Hospital Italiano de Buenos Aires e investigador del Conicet.

Con el acompañamiento de sus compañeres del colectivo Historias Desobedientes, hijas e hijos de genocidas por la Memoria la Verdad y la Justicia, quienes siguieron la transmisión online, reclamó que “otras personas tengan una ley que les permita dar cuenta de todo lo que vieron, vivieron y escucharon, aunque sus familiares estén vivos”.

“Antes de la CGT era un metalúrgico ‘normal’”

La familia Argibay llegó a Bahía Blanca en 1964 y se instaló en una casa lindante al V Cuerpo de Ejército. Jorge trabajaba en el sector metalúrgico y mantenía vínculos con la UOM.

“Después empezó a relacionarse con la CGT de Mitre y Rodríguez, a donde a veces también me llevaba siendo niño. Había una ostentación del manejo de armas”. Con el tiempo “el Moncho” se convirtió en uno de los choferes del secretario general y diputado nacional, Rodolfo “Fito” Ponce, y abandonó cualquier otra actividad.

“Hacía las veces de custodio y de una especie de asistente. Estaba relacionado con Chacho Álvarez”, dijo en referencia -probablemente- a Basilio “Chacho” Pérez quien conducía otro Torino negro en el cual se movía el secretario administrativo del gremio. En ese ámbito, Daniel reconoció al “Negro” Mansilla, a Sañudo y a Dodero.

“Los Chisu formaban parte al principio y después recibían indicaciones directas del Ejército”. A Aceituno lo vio en un asado de la Junta Nacional de Granos (JNG). “Mi padre nos llevaba a reuniones, no entiendo bien el contexto hoy desde mi mirada de adulto, pero nosotros escuchábamos y observábamos”.

“Respondían políticamente a lo que ellos autodenominaban Triple A y tenían algún nexo -me consta porque he acompañado a mi padre a Buenos Aires- con el Ministerio de Bienestar Social. En la planta baja, tenía una oficina un señor Gutiérrez con el que iba a reunirse mi papá”.

“Referían que representaban a la Juventud Sindical Peronista, que debía hacerse cargo de una universidad obrera que estaba siendo invadida por células terroristas. Salían a pintar con aerosoles las tres A y algunas otras inscripciones amedrentadoras en las paredes”. Se financiaban con los sueldos de la JNG y de la UNS.

Daniel mencionó que Argibay padre mantenía vínculos con integrantes de la Concentración Nacional Universitaria. Nombró al “Oso” Formigué, un tipo apodado “Cicuta”, “el cabezón Massota” y un joven rubio, de ojos claros al que decían “el alemán”. Se movían en un Falcon Sprint naranja con una franja negra.

De la UOM central mencionó como contacto  a Miguel Bernao. Entre los personajes de la seccional bahiense se detuvo en el secretario general Albertano Quiroga, quien se trasladaba en una estanciera amarilla, en Luis Arrechea, “una especie de administrativo con perfil bajo, vinculado a la inteligencia”.

Armas del Estado

Daniel recordó que en una ocasión, estaba llegando a su casa y le llamó la atención un Falcon amarillo con chofer estacionado en la esquina. “Entré y vi al mayor González, un señor de bigotes. A partir de ese día mi padre empezó a tener un arma que antes no tenía, una Ballester-Molina con sello del Ejército. Hacía años que los niños estábamos familiarizados con armas. Antes, él tenía una Colt del mismo calibre 11.25 y la diferencia es ostensible”.

En 1973, con sus compañeros ex alumnos de la primaria juntaban fondos para beneficiar al colegio. Una vez fueron a la UOCRA a pedir una colaboración y Daniel encontró allí a su padre. “Estaba sentado, graciosamente puso su pistola arriba del escritorio, después quiso guardarla en el cajón y se le cayó”.

“Uno de los estribillos de mi padre entre las personas que secuestraba era ‘Haga patria mate un zurdo’. No solo lo comentaba sino que en un par de oportunidades salía tarde a la noche y volvía a la madrugada con un montón de pertenencias, papelería y cosas de valor. Algunas se retiraban para llevarlas a otro lado y algunas se las quedaban como ‘botín de guerra'”, contó.

El testigo relató, a modo de ejemplo, que una mañana su padre lo despertó y le regaló un reloj omega speedmaster que apareció “de la noche a la madrugada”. “Era algo sobredimensionado para regalar a un niño de clase media baja de 12 años”.

Otro de los objetos que quedaron en la casa fue un grabador de cinta con el registro de “un sacerdote que versaba a propósito de derecho canónico”.

El crimen de Watu

“A principios del 75 mis hermanos menores, yo y mi madre nos fuimos a Necochea y mi padre iba y venía de Bahía Blanca en vehículos de la UNS”. Mencionó una F100 blanca, dos rastrojeras celestes y un Falcon verde con techo vinílico y patente de bronce.

Luego del homicidio de David “Watu” Cilleruelo, ocurrido el 3 abril de aquel año, “mi padre llegó a Necochea ya casi para quedarse, para volver muy poco a Bahía Blanca. Decía que a propósito de querer darle un cañazo en la cabeza se disparó su pistola y (el estudiante) falleció. Estaba acompañado por mi hermano”.

Un niño en la toma de la UTN

“En una oportunidad me invitaron a la UTN mientras estaba tomada. Estuve una noche ahí con mi padre. Tenía 12 años. Estaban ‘el Negro’ Mansilla, mi padre, mi hermano, y alguien de sobrenombre ‘Pajarito'”. Este último tenía un ojo lastimado y “se decía que ponía los caños en las casas y salía corriendo o en bicicleta. Estaba armado con una gomera con proyectiles que hacía con caño de plomo. Otra de las armas que había era una carabina Winchester a palanca calibre 44”.

En el relato de otros testigos se identificó al ex camarista Néstor Luis Montezanti como el hombre de traje que acompañaba a la patota en la toma. Consultado respecto a su presencia allí, Daniel no lo recordó aunque sí conocía su nombre porque fue abogado de “su progenitor” en causas judiciales.

Una de ellas fue la que se abrió por su participación en un tiroteo ocurrido en Quequén. Daniel estaba de vacaciones tras terminar el secundario y “el Moncho” lo llevó a almorzar al comedor de la Junta Nacional de Granos.

“Algo surgió en relación a un señor Dufaur y lo fueron a amedrentar. Bajé con ellos y me quedé a un costado observando todo. Mi padre los sacó a un pasillo y lo amenazó. Este hombre se quiso resistir y mi padre lo redujo físicamente”. Cuando parecía que Dufaur se iba “se dio vuelta, sacó el revólver y disparó. Sañudo estaba con nosotros y con el arma de mi papá disparó a Dufaur. Mi padre recibió un tiro en el abdomen y mi hermano un tiro en el dedo anular izquierdo”.

Circulaban en un jeep verde de la JNG y un Peugeot 504 rojo. “Ese, como otros, se robaban y se les cambiaba la matrícula para usarlos operativos”. Hubo un Falcon celeste y tres Peugeot 504: amarillo, celeste y rojo. De otras ocasiones recordó al 125 azul –“no sé de quién era”- y al “Dodge Polara verde de la CGT”.

Respecto a los vínculos de Pablo detalló que era amigo del genocida Raúl Guglieminetti. “Lo conoció en Buenos Aires y cuando salió de la cárcel vivió un tiempo en su casa de Martínez. Él le consiguió un trabajo en la fábrica de Terrabusi y después se dedicó a estudiar medicina”.

Del miedo a la reparación

“A duras penas terminé mi secundario a los treinta años. A los 40 me recibí de psicólogo. Durante 18 años fui paciente de psicoterapia. Esto puede dar cuenta del impacto. Me llevó 18 años tramitar ser hijo o tener como progenitor, me cuesta decir padre, a Jorge Oscar Argibay”.

Daniel dijo que su declaración tiene un efecto “simplemente reparador”. No lo hizo antes porque pensó que la ley le prohibía declarar contra su padre. Es así, aunque no en este caso en el cual el represor falleció.

Tampoco lo había hecho por otros motivos: “Muchas veces tuve miedo, porque no estoy hablando de un padre que daba una cachetada, mi padre y mi hermano mataban gente”.

“Otro sentimiento era la culpa. En definitiva era mi hermano, tenía una carrera prominente, podía haberse arrepentido. Después pensé que nada de todo esto es algo de lo que alguien puede llegar a arrepentirse, teniendo en cuenta algunas actitudes en relación a su vida y conmigo”, afirmó.

Por último, se remitió al cierre de la declaración de Alberto Rodríguez, compañero de Watu Cilleruelo, quien parafraseo a Sarmiento respecto a que las ideas no se matan: “Era un cliché de mi papá. Pero le agregaba ‘sí a los que las tienen’. Las ideas no se matan, pero sí a los que las tienen”.

El ex juez correccional José Luis Ares explicó en FM De la Calle cómo funciona la “compensación de la privación de la libertad” aplicada por la dra. Susana Calcinelli para reparar un error judicial por el cual una persona pasó un año presa y luego fue absuelta.

La decisión de la titular del Juzgado de Garantías N°3 le valió un informe del fiscal general Juan Pablo Fernández ante la Pocuración. “Esto no es una cuestión caprichosa de una jueza. Yo dicté hace dos años un fallo en el mismo sentido, no fue apelado por el fiscal y fue comentado favorablemente por un jurista importante”, dijo Ares.

Agregó que “hay un ensañamiento con la dra. Calcinelli desde ciertos sectores de la prensa y del Poder Judicial, encabezado por el fiscal Fernández. Si fuera tan así como él dice, que favorece a delincuentes, ya la hubieran destituido. Pasaron varios gobiernos y no tuvo ni siquiera un juicio político”.

Se trata de “una persona que estuvo presa un año en prisión preventiva, que funcionó como algo arbitrario e injusto, es lógico que eso se pueda reparar. Como no está prevista una indemnización en esos casos sino para condenas erróneas, si esa persona tuvo o tiene otro proceso en el que se lo condene a dos años de prisión, por ejemplo, se puede computar ese año que sufrió injustamente con lo cual le quedará un año”.

Ares argumentó que “hay una interpretación que tiene que ver con el cómputo que establece el Código Penal para computar la preventiva. Hay una interpretación que tiene que ver con una analogía en favor del imputado y con estricta justicia. No es nada novedoso ni arbitrario ni mucho menos implican violación a la ley”.

“Es simplemente una persecución que viene sufriendo esta digna magistrada sobre todo por el fiscal Fernández y su medio amigo La Brújula con este señor Sasso, evidentemente la tienen entre ojos”, concluyó.

La investigación por la desaparición de Facundo Castro

Consultado sobre su impresión de la investigación por la desaparición de Facundo Castro, el jurista afirmó que “evidentemente si fue a la justicia federal es porque se está ante la hipótesis de una desaparición forzada. Que eso llegue a buen puerto se verá con el tiempo”.

Respecto a las filtraciones de información sostuvo que “eso es bastante lamentable, hay que ser muy cuidadoso. Hay una relación espuria con algunos medios y operadores, yo te doy protección mediática y vos me das información de primicia”.

“Eso me parece lamentable porque el éxito de una investigación compleja precisamente radica en que los primeros tiempos no trascienda nada, ni escuchas ni mensajes. Por ahí el fiscal puede sacar algún comunicando pero que trascienda detalles es una imprudencia”, opinó.

En su columna semanal en FM De la Calle Horacio Romano homenajeó a Nora Etchenique, figura clave en el desarrollo del tratamiento de Covid 19 con plasma de pacientes recuperades. El médico desmintió, además, algunos mitos sobre curas alternativas.

“Nora había empezado a militar el la Federación Juvenil Comunista. Fue secuestrada y torturada en el 77. Se recibió de médica años después y una amiga le ofreció trabajar en el banco de sangre, donde el altruismo y compromiso social están presentes. Se perfeccionó en Francia y dirigió centros muy importantes hasta que llegó al Instituto de Hemoterapia de Buenos Aires”, comentó.

Agregó que “en 2015 fue desplazada por el anterior gobierno y en enero de este año la volvieron a convocar y se desencadenó la pandemia. Junto con la provincia y el Instituto de Hemoterapia desarrollaron los protocolos para la donación de plasma. Desarrollaron un sistema pionero en el mundo, es uno de los pocos remedios que hay para casos leves y moderados. Y es gratuito, en algún lados seguramente esto no es así, tanto para público como privado”.

“Nora murió en un accidente de auto yendo a trabajar, estaba totalmente involucrada en el tema de la donación de plasma. Se fue una imprescindible que ha hecho escuela”.

Fake news que no funcionan

Romano se refirió además a la información vinculada a la aprobación de “un protocolo para ibuprofeno”. “Resalto una mala noticia encarada por el periodismo, dicen: ‘ibuprofeno inhalatorio para el tratamiento de covid’. Cuando se lee la nota dice un investigador cordobés que modificaron la molécula de ibuprofeno para ser inhalada y que está en etapa experimental, es algo que ellos están desarrollando”.

“Ellos sostienen como teoría, que hay que confirmar con método científico, que el ibuprofeno inhalado a nivel respiratorio disminuye la inflamación y que tiene efectos para otros virus entre ellos el Covid, hay toda una biblioteca que dice que no es así. El ANMAT está aprobando la experimentación”.

Agregó que “van a probar en 40 pacientes y después hay que salir a producirlo. Hay etapas que son importantísimas y que están muy vigiladas. Esto me lleva a la divulgación en relación al dióxido de cloro”.

Este producto “sirve para procesos inanimados, para clorar el agua, pero no está probado que sirva para seres humanos, para tomarlo. En el mejor de los casos no hace nada pero en el peor de los casos puede traer serias consecuencias”.

El médico mencionó que “esto es una iniciativa de una iglesia en EE.UU. que que lo vende. Apelan a lo sentimental y a las creencias. Hay algo que se llama sesgo de confirmación, busco aquello que diga que es positivo. Es una trampa grosera, en los cuales hay colegas míos o de otras profesiones, que algunos lo harán por cuestiones de creencias y también están quienes ganan mucha plata con esto”.

“Llama la atención que movimientos de derecha en el mundo se dedican a difundir todo este tipo de noticias anticuarentena, remedios alternativos que no sirven y generan daño. Y ves a tipos como Bolsonaro y Trump adelante de estas campañas”, finalizó.

José María Padilla, concesionario del carrito La Revancha del Parque de Mayo dijo a FM De la Calle que es el único que no está en estado de abandono. “El 4 de agosto me llegó una solicitud de infraestructura que me dice que al cabo de 30 días tengo que desalojar el inmueble”.

El intendente Héctor Gay designó como director coordinador de Cultura en el Espacio Público, al periodista Rubén García.

El los considerandos del nombramiento se expresa que “la Secretaría de Movilidad Urbana y Espacios Públicos se encuentra llevando adelante un proceso licitatorio para la puesta en valor de los denominados carritos del Parque de Mayo, los cuales actualmente se encuentran abandonados y con necesidad de ser intervenidos”.

Padilla recordó que el 1 de mayo del año pasado “se clausuraron tres de los carritos que estaban en vigencia, habíamos quedado dos que pudimos seguir. Terminé yo trabajando y, lamentablemente, el otro pasó un invierno crudo y no pudo aguantarlo y lo cerró”.

“Lo que habíamos hablado, no hay nada escrito, era que estábamos hasta que salgan los pliegos de licitación. En teoría esto debería haber sido en marzo de este año. Nos agarró la pandemia, estuve cerrado, juntando deudas, lo poco que junté en la temporada lo puse para hacerle mantenimiento, pago de servicios, impuestos”, argumentó.

Señaló que “en marzo hubiera desalojado y me hubiera ido, lo que les pido es que por favor me dejen hasta que salgan los pliegos y poder acomodarme yo también. Porque la persona que gane la licitación corre con la ventaja de que ya tiene una estructura armada, esto antes no tenia salón, cocina, ni nada”.

Respecto del proceso licitatorio Padilla mencionó que le interesaría participar pero ya no cuenta con los recursos económicos.

“Es el recurso de vida para mi familia para mis empelados, espero que esto pase por el Concejo que sea transparente todo y espero un llamado de la Municipalidad para llegar a un buen acuerdo”.

En la resolución se deja en claro que “a raíz de dicha licitación surge como propuesta, que el municipio adquiera el carrito más conocido como La Isla, ubicado en el interior del parque a los efectos de explotar el mismo, como espacio cultural bajo la coordinación de un responsable afectado a dicha Dirección”.

Respecto a este punto, Padilla mencionó que “hay un empresario gastronómico que va a regentear ese carrito, por lo que tengo entendido si (lo concesionan) hay gente que lo ha ido a ver, la Municipalidad se lo ha mostrado”.

La Policía Federal Argentina remitió las actas labradas respecto de los rastrillajes que tuvieron lugar el viernes 7 de agosto en el marco de la investigación por la desaparición de Facundo Castro Astudillo.

La medida se inició sobre un arroyo que cruza la Ruta Nº 3, a la altura del kilómetro 775, y finalizó aproximadamente 605 metros hacia el sur. Prefectura Naval Argentina realizó la búsqueda en el canal cloacal, mientras que personal de Policía Federal y Canes efectuaron el rastrillaje por los sectores aledaños al mismo.

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Efectivos de Prefectura Naval hallaron junto al flujo de agua una campera de color azul, tipo inflable, con la inscripción “TMLL” con etiqueta indicativa del talle “M” que no fue reconocida por la Sra. Alaniz Castro -madre de Facundo-, aunque afirmó que sólo coincidía el talle y el color con el tipo de ropa que utilizaba su hijo. El can DUKE se posicionó sobre la banquina de la ruta en el kilómetro 776, donde realizó una marcación pasiva; seguidamente el mismo perro efectuó una nueva marcación en una pequeña vivienda, cuyos moradores permitieron el acceso a la misma. Allí no se secuestró ningún elemento de interés. En la parte trasera de la vivienda, el can “YATEL” marcó un posible rastro sobre un arbusto de cactus, donde se realizó una pequeña excavación y se encontró material óseo de distinto tamaño.

En relación a los elementos secuestrados, se ordenaron las correspondientes pericias. Hoy se informó que los restos óseos encontrados correspondían a animales.

Otras medidas

La División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas de la Policía Federal Argentina informó las cuentas de mail constatadas en algunos de los teléfonos secuestrados.

La División Tecnología Aplicada de la Policía Federal Argentina remitió un informe sobre el trabajo realizado por personal idóneo con el mapeo de los móviles policiales, oportunamente requerido.

La empresa de telefonía móvil Claro remitió un informe ampliatorio con datos solicitados.

La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) comunicó que contaba con la tecnología necesaria para la extracción de datos, por lo cual se le encomendó dicha tarea en relación a uno de los teléfonos secuestrados.

Se recibieron actuaciones relacionadas con las tareas de campo realizadas en Puerto Madryn, que arrojaron resultado negativo.

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) informó que Facundo Astudillo Castro no realizó viajes en Servicios de Transporte Automotor de Pasajeros Interurbano de Jurisdicción Nacional.

La Policía Federal Argentina remitió un informe respecto a las tareas realizadas utilizando la aplicación “Network Cell Info Lite”.

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut puso en conocimiento que el Decano del Cuerpo Médico Forense de esa Provincia informó que no se produjeron registros en las morgues de las distintas dependencias a su cargo bajo el nombre Facundo José Astudillo Castro o con sus características físicas.

En orden a lo manifestado por la Subsecretaría de Investigación Criminal y Cooperación Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, se requirió a los especialistas sugeridos -comisario Mario Rolando Rosillo (médico veterinario de la Policía de la Provincia de Corrientes), comisario Víctor Marcelo Sialle (de la Policía de la Provincia de Santiago del Estero) y José Mazzei -director de Defensa Civil de la Provincia de Chubut)-, que elaboren un informe explicando el método de búsqueda de rastro por olor de referencia que desarrollan los canes. Asimismo, se les requirió que acompañaran los protocolos que rigen dichos procedimientos -nacionales e internacionales-, como así también que evoquen cualquier otra conclusión al respecto con las observaciones y sugerencias que estimaren pertinentes para el avance de la pesquisa, y todo otro elemento que pudiere resultar de interés teórico/practico.

Fuente: fiscales.gob.ar

La Fiscalía Federal informó esta tarde que referentes del Equipo Argentino de Antropología Forense vendrán a Bahía Blanca para colaborar con la investigación de la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro.

La participación se definió en reuniones virtuales entre el instructor Santiago Ulpiano Martínez, el fiscal general adjunto de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) Andrés Heim y los expertos del EAAF Luis Fondebrider -director ejecutivo y fundador- y Carlos Somigliana –investigador-.

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Se había solicitado su colaboración por intermedio del Sistema Federal de Búsqueda de Personas del Ministerio de Seguridad de la Nación, y se los tuvo por designados para actuar en el marco de la investigación.

Fondebrider llegará a la ciudad en los próximos días con el objeto de imponerse de las actuaciones labradas y comenzar con las tareas de su especialidad. El organismo se encuentra capacitado, entre otras cosas, para dirigir la investigación.

La jueza federal María Gabriel Marrón desestimó el pedido de detención de cuatro efectivos de la Policía Bonaerense solicitados por la querella que impulsa la madre de Facundo Castro Astudillo.

“El fiscal, fundadamente, no acompañó a la querella, por lo tanto no hay requerimiento de instrucción que habilite la acción penal y por ende la producción del acto jurisdiccional (detenciones)”, resolvió.

Marrón compartió los argumentos del fiscal Ulpiano Martínez en relación a Alberto González y Siomara Flores, difundidos este fin de semana en un comunicado oficial.

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“La evidencia comprueba prima facie la geolocalización de los nombrados en ocasión de tomar contacto con la víctima Facundo José Astudillo Castro y lo ocurrido en dichas oportunidades, siendo sus narraciones coherentes y contestes entre sí. Al mismo tiempo que resultan compatibles con los informes y pericias de los teléfonos celulares de todos los sujetos involucrados, los informes y la pericia del móvil policial conducido por González, la documentación aportada, y los otros testimonios receptados, entre otros elementos de prueba”, escribió.

Para la jueza, “–al menos, de momento-, no hay fundamento suficiente para dudar de los testigos señalados, no obstante la facultad de los representantes de la víctima de recurrir la decisión ante el tribunal superior”.

En cuanto a Mario Gabriel Sosa y Jana Curuhinca, se remitió al rechazo al pedido de detención realizado por el propio fiscal, “sin perjuicio de lo que resulte del avance de la pesquisa”.

Cabe destacar que, en una segunda recusación contra Martínez, tanto Cristina Castro como la Comisión Provincial por la Memoria el plenteó del fiscal estaba “condenado al fracaso de antemano”.

“Se constatan pedidos de imputaciones y detenciones lo suficientemente endebles, como en el caso de los agentes policiales Curruhinca y Sosa, y que por tanto hallaron el rechazo como destino. Tal precedente negativo signó, ante pruebas sobrevinientes, su alejamiento de la posibilidad de imputar y detener personas sospechadas de participación, como en el caso de los cuatro agentes policiales con evidencias notorias”, afirmaron Adolfo Pérez Esquivel y el equipo jurídico del organismo.

El intendente Héctor Gay designó al conductor Rubén García como director coordinador de Cultura en el Espacio Público. El flamante funcionario estuvo a cargo de las propuesta “Bahía Joven” y “Bahía Emergente”.

El concejal del Frente de Todos, Carlos Quiroga, presentó un pedido de informes solicitando al ejecutivo que exprese detalles de dos órdenes de compra cuyo proveedor figura a nombre de Rubén Eduardo García.

“Vimos que había órdenes de compra por contratación de servicios porque aludía a actividades culturales en los barrios y no encontramos dónde, cuándo y por qué se hicieron. Le preguntamos a qué obedecen, son casi 350 mil pesos, dinero con el que se podría haber monetizado una veintena de espectáculos de artistas locales como se propuso en su momento”, dijo el concejal a FM De la Calle.

Agregó que “la Municipalidad abrió una plataforma, dijo mandáme lo que tengas y demasiado que te lo paso. En cambio había recursos. Nos encontramos que la misma persona beneficiada con esa locación de servicios es nombrada funcionario político y durante dos meses va a tener una incompatibilidad manifiesta porque un funcionario político no puede ser proveedeor del Estado. El señor García va a cobrar las órdenes de compra pendientes por agosto y septiembre y va a cobrar el sueldo de funcionario”.

La iniciativa inquiere sobre “las charlas y talleres organizados bajo la orden de compra 466/2020, barrios en los que se desarrollaron dichas actividades, conocer cómo se adaptaron las acciones de este proveedor en los primeros meses de la pandemia, detalles de la plataforma web según orden de compra 466/2020, acciones realizadas en el mes de junio según orden 1792/2020, informe planificación de actividades para los meses de agosto y septiembre según orden 1792/2020, plataformas virtuales se utilizaron y que eventos culturales se generaron hasta la fecha según orden de compra 1792/2020 y protocolo de salud utilizado”.

Quiroga mencionó que “como el funcionario político es full time no sabemos en qué momento va a hacer el otro trabajo si es que verdaderamente existe. Esperamos que acompañe el proyecto el oficialismo y que respondan”.

El Sindicato Argentino de Televisión local se prepara para festejar el Día de la Niñez en contexto de pandemia. Hoy, en tanto, se celebra Día de las trabajadoras y los trabajadores de la Televisión.

“Decidimos hacer una entrega de una suma para cada afiliado que tenga hijos para que cada uno le haga no solo un regalo personal sino también de parte del sindicato”, dijo el secretario general, Horacio Tolza, a FM De la Calle.

Agregó que “en el Día del Niño siempre hacemos un festival en el predio, este año no se puede hacer así que nos pareció lógico que lo charlemos en la comisión directiva y le entreguemos esta suma de dinero”.

En cuanto a las condiciones laborales en el sector durante el aislamiento, el dirigente mencionó que “en el circuito cerrado tenemos gente que entra a las casas, por lo cual hasta que no se tomaron las medidas no entraban. Se logró un acuerdo con las empresas para que entren con un equipo especial. Tuvimos solo un caso positivo”.

Tolza señaló que en el circuito abierto ocurrió “un caso de un periodista que no es del gremio, los compañeros están cuidándose y cumpliendo el protocolo”.

Foto: Luis Ángel Salomón

Vecinos y vecinas del barrio Nueva Belgrano denuncian que las obras de las cloacas están mal hechas y que el sector se inunda de desechos cada tres meses. Desde ABSA no hay explicación, desde el Municipio tampoco.

“Esto es una situación que se repite desde el mismo día que hicieron las cloacas del barrio. Están todos los registros llenos hasta arriba. Ahora que tenés que lavar todo tenés que agarrar un fuentón y tirar el agua afuera, no hay derecho a vivir de esta manera cuando se está pagando un servicio”, dijo Gladys Girotti.

Relató que “el 2 de julio elevamos un reclamo, llamamos muchos vecinos, empezó a desbordar la cloaca sobre Bonnat y Agustín Álvarez. Empezamos a hacer los reclamos el 1 de agosto, nos fijamos nos figura como solucionado, cuando en realidad no podríamos usar la calle. Había varias calles comprometidas, vecinos que no podían usar el baño, que tenían que sacar afuera la manguera del lavarropas”.

Señaló que el sábado concurrió ABSA a revisar las cañerías, “destapan la esquina de Álvarez y Bonnat, paran en mi casa, me preguntan si anda bien el baño y cuando les digo que no, me dicen ‘entonces es un problema suyo’. Era posible que después de 36 días sin drenar bien hubiera una obstrucción”.

“Con mi marido empezamos a chapotear en la caca, llamamos a una empresa de destapado y cuando vinieron comenzó a levantarse la tapa de Alvarez y Rizzo por la presión. No era un problema nuestro. Seguimos insistiendo en ABSA, nuevo reclamo, llamé ayer para reactivar el reclamo, acá no se acercó nadie y la tapa de Rizzo se sigue levantado y las familias están inundadas”, agregó.

Girotti mencionó que “es una falta de respecto tan grande, desde el 2011 que se iniciaron la cloacas, cada tres meses vivimos un mes en la cloaca. Cada vez que reclamamos, cuando llega a 11 o 12 veces de reclamo lo ponen como solucionado”.

Desde las 9 de la mañana continuará el debate oral y público del juicio a la Triple A de Bahía Blanca. También habrá audiencias miércoles y jueves. Transmite el canal de youtube Audiovisuales UNS.

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Fueron convocados trece testigos, entre los cuales figuran familiares y compañeros de las víctimas y empleados de la Universidad Nacional del Sur (UNS) de la época en que los imputados actuaron en esa sede bajo las órdenes del rector interventor Remus Tetu. Cinco de las declaraciones se brindarán por videoconferencia.

Los imputados son Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno como integrantes de una asociación ilícita a la que se le atribuyen 24 homicidios agravados cometidos entre los años 1974 y 1975 en la zona de Bahía Blanca. Por su parte, Aceituno se encuentra sindicado como coautor del homicidio agravado del estudiante y militante estudiantil “Watu” Cilleruelo.

Esta semana comienza a desarrollarse la prueba de los casos de Salvador Julio Trujillo y José Manuel González. Trujillo, de 33 años, era obrero de la empresa textil “Lanera San Blas” de la ciudad y, como integrante de la Asociación Obrera Textil, había sido propuesto como delegado de los trabajadores de aquella empresa para las elecciones gremiales que se realizarían en los meses posteriores a su asesinato.

La noche del 20 de septiembre de 1975, la víctima fue secuestrada por un grupo de personas de civil que lo introdujo en un Fiat 125. Su cadáver fue abandonado junto a la ruta de acceso a Puerto Galván, con seis impactos de armas de fuego en la espalda.

José Manuel González integraba el grupo de Scout de la parroquia San Roque de Bahía Blanca, y trabajaba como ayudante de obra en la construcción del complejo petroquímico de la ciudad, para la empresa McKee Techint -la misma que había empleado a otra de las víctimas de la causa, Luis Jesús “Negrito” García-. Elegido delegado de obra e integrante de la comisión directiva de la UOCRA, renunció al cargo tras las reiteradas amenazas recibidas.

El secuestro de la víctima se produjo el 23 de abril de 1975, cuando se trasladaba desde la obra a la parroquia San Roque donde habitaba. El cuerpo de González fue hallado en el kilómetro 720 de la ruta 22, con doce impactos de bala en la cabeza y espalda.

También se escucharán nuevos testimonios sobre el caso de Alberto Mario Pojomovsky, militante del Partido Comunista atacado por un grupo armado el 29 de junio de 1975 mientras conducía su vehículo en compañía de su esposa. En ese contexto recibió varios impactos de armas de fuego calibre 22 y 45. Producto de aquellas heridas, la víctima falleció veinte días después del ataque, en un nosocomio local. De acuerdo a uno de los testimonios prestados en las jornadas anteriores, antes de morir Pojomovsky alcanzó a informar al padre de la testigo que el ataque había sido ejecutado por la gente de Rodolfo Ponce, por entonces diputado nacional y secretario de la CGT local, sindicado por la acusación como uno de los jefes de la organización criminal.

El Colectivo de Trabajo Social presentó una nota al intendente Héctor Gay para visibilizar las dificultades de las políticas sociales municipales en el marco de la pandemia por Covid 19.

“Es síntesis de diferentes reclamos y expresiones que nos vemos obligades a colectivizar porque son transversales a todas las instituciones de las que formamos parte como así también porque no han sido tomados en cuenta para la confección de políticas sociales acordes a las necesidades y demandas de la ciudadanía bahiense”, afirmaron.

Agregaron que “la presencia de distintas instituciones aquí representadas denota el peregrinaje que realizan las personas para acceder a derechos básicos, como así también la fragmentación de la política social en programas que no han podido articularse”.

“La carta tiene como objetivo visibilizar lo que está sucediendo a pesar de las medidas tomadas y hacer una historicidad de lo que venimos viendo y haciendo desde la disciplina de Trabajo Social de los distintos sectores, educación, salud, servicio social”, dijo a FM De la Calle, Ana Biera desde el Hospital Penna.

Firman también sus colegas de las Unidades Sanitarias dependientes de la Secretaría de Salud, del Servicio Social comunal, el CPA y los Equipos de Orientación Escolar.

Biera manifestó que “estamos atendiendo reclamos de personas que nos dicen ‘no nos llega el bolsón, no nos llega la garrafa’. Hace frío, la gente necesita abrigarse, necesita colchones, no podemos no decir absolutamente nada de esto. Los recursos parecieran no poder superponerse. Existe un banco de nombres, no para ver quién recibe sino para ver si alguien recibe otra cosa y no dársela. Es excluyente”.

En el escrito mencionan que “no se han articulado otras estrategias, a pesar de las diferentes manifestaciones de diversos sectores, y se sigue insistiendo con prácticas re-burocratizadas que alargan los tiempos de espera o directamente disuelven intentos de pedidos/demandas”.

En este sentido, Biera dijo que les “comunicaron que tenían que mandar a otro mail los pedidos de bolsones, colchones y nos piden una reseña de la situación familiar. Es alargar los tiempos, presentar informes sobre una familia que necesita una garrafa por ejemplo”.

Desde el ámbito educativo destacaron “lo indigno que es que las personas tengan que hacer cola para recibir comida o un bolsón, casi no se ven alimentos frescos. Esto de que la gente tenga que ir a pedir por la comida y que en ningún momento se piense en algún tipo de propuesta que tenga que ver con aumentar la tarjeta que la mayoría de la gente tiene y no tenés que ocuparte de la logística”.

Por último, mencionó que no han sido convocadas a participar de ninguna instancia de articulación frente a la presentación de diferentes notas en el Municipio “las respuestas son indirectas o se hacen informes, pero no nos llaman ni a nosotros en salud ni a otros espacios profesionales”.

Con foto de la secretaria de Políticas Sociales, Vanina González, cargando bolsones, el Municipio informó la semana pasada que desde “la Red de Colaboración Social, hasta el 31 de julio fueron entregados más de 76 mil bolsones de mercadería y se aportaron alimentos secos para la elaboración de más de 60 mil viandas calientes”.

“Asimismo, se armaron 8 mil bolsones con artículos para la limpieza, 1500 kits con productos de higiene y se brindó asistencia a 120 comedores e instituciones que destinaron espacio y contención a vecinos en esta pandemia”.

Progresistas en Red elaboró una propuesta para regular la pauta oficial local con la intención de nutrirla con opiniones de otras organizaciones y transformarla en un proyecto de ordenanza. “Queremos llegar bien armados y con un consenso”, dijo Elias Ferán a FM De la Calle.

“Analizamos en un contexto igualitario para que se los evalúe de la misma manera a distintos municipios de la provincia. Tomamos La Matanza y Mar del Plata, son dos extremos muy significativos en cuanto la cantidad de habitantes y a la masa de lo que es el presupuesto del 2019, sobre lo presupuestado, no por lo ejecutado”.

La Matanza con un presupuesto de 15 mil millones destinó el 0,55% a gastos de publicidad y Mar del Plata con 600 mil habitantes y un presupuesto de 16 millones apenas destinó el 0,16%. “En Bahía fue 1,19% con una sobre ejecución del 100% porque habían presupuestado el 0,45. Ya están sobrejecutando, de los 45 millones destinados hasta este mes estamos llegando a los 50%”.

Evalúan que la mejor alternativa sería crear una comisión donde “estén representados el Ejecutivo, el Legislativo y también los que intervienen en la discusión de la pauta”.

“Una comisión en donde se tenga en cuenta, a la hora de destinar esos valores, que el porcentaje final de pauta tiene que estar en relación estrecha con lo que se va a gastar en salud, educación y obras. No puede estar superando esas tres partidas y tiene que haber una justificación de pauta ordenada, un objetivo definido, una descripción clara de la pauta oficial, perspectiva de género para entender y contextualizar la información que se difunde”, agregó.

Las iniciativa propone “dejar una reserva del 10% para que sobre los cierres de ejercicio no se sobrejecute y un fondo para medios universitarios, comunitarios y de organizaciones sociales. Es mucho más positivo pensar que podemos depositar en esos medios los dineros públicos que terminar financiando los medios periodísticos”.

Por último, Ferán señaló que “la pauta tiene que estar regida por la finalidad de informar objetivamente sobre la gestión de gobierno, de los funcionarios, comunicar las informaciones, apuntar preservar el medioambiente, el derecho al usuario, difundir programas y políticas de interés ciudadano. La finalidad no tiene que ser financiar los medios periodísticos sino satisfacer las necesidades de Municipio a la hora de informar”.

La Fiscalía General informó que la Justicia Federal remitió actuaciones a la justicia provincial a los fines de que se investigue la posible comisión de un delito de acción pública respecto del accionar de policías de la Bonaerense, en el marco de la investigación por la desaparición de Facundo Castro.

En concreto, los hechos se circunscriben al trato dispensado a algunos integrantes de la familia de la ex novia del joven desaparecido en el marco de diligencias investigativas.

Ello dio origen a dos investigaciones que tramitarán por ante la UFIJ N° 8 a cargo del dr. Marcelo Romero Jardín y la UFIJ N° 12 de la dra. Leila Scavarda, de acuerdo al lugar donde se sucedieron los hechos que se denuncian.

Santiago Ulpiano Martínez había hecho referencia a los vejámenes este fin de semana al rechazar la detención de cuatro policías en relación al encubrimiento de la desaparición de Facundo denunciado por la querella

“El hostigamiento narrado” por la ex novia y su hermano, “claramente delictivo, que dio lugar al pertinente requerimiento de instrucción y por el cual -en su caso- habrán de responder penalmente los numerarios, pareció más bien un accionar tendiente a despejar el manto de sospecha con el que fueron cubiertos a raíz de la desaparición de Facundo”.

“Claramente expresó la ex novia que la pregunta insistente que le hacían era sobre el paradero de Astudillo; las presiones y vejámenes a las que fue sometida -junto con su hermano-, se orientaban más bien a encontrarlo. En todo caso coincidió en lo que expresó la querella respecto a que le exigían “que reconozcan la existencia de algún crimen para con Facundo”, pero en el sentido de si ellos -los testigos- le habían hecho algo, o si sabían qué le podría haber pasado”, agregó.

Finalmente, el comunicado de la Fiscalía Federal destacaba que “su hermano incluso ‘accedió’ –bajo una evidente coacción por parte de los agentes- a que ingresaran en su domicilio y registraran el inmueble en su búsqueda. Tal proceder se condijo más con la voluntad de hallarlo, antes que con la intención de ocultar su desaparición forzada. Al menos eso surgió a primera vista”.

(Por Mariela Dobal*) El debate de cómo, a quiénes y para qué se asigna y distribuye la pauta oficial no es nuevo. Desde hace dos décadas es motivo de discusión y reflexión de quienes entienden la comunicación como un derecho universal y una herramienta capaz de limar las profundas desigualdades de acceso a la información y participación de la ciudadanía.

Cómo contexto inicial recordemos que en 2004 cuando se acordaron los 21 puntos por una comunicación más democrática -que fueron terreno fértil para sembrar las bases de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009 – ya se pedía prohibir por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, más aún cuando ésta pueda oficiar como premio o castigo a opiniones editoriales sobre acciones de gobierno.

Ahora bien… ¿Qué derechos debe promover la asignación de recursos públicos, en la producción y circulación de mensajes e imágenes? Garantizar las expresiones plurales de realidades y opiniones, y el derecho de las audiencias de acceder libremente a la información, sin interpretaciones previas, ni atajos (publicitarios privados) de las plataformas. Crear y difundir datos de servicio comunitario, que igualen las posibilidades de participación ciudadana en las políticas públicas. Respetar la privacidad de las personas, y proteger a las infancias y adolescencias de los estereotipos existentes que vulneran su integridad. No auspiciar contenidos misóginos, discriminatorios y violentos sobre las diversas elecciones de vida en democracia.

Más acá…

Podríamos continuar con las enumeraciones, e incluso, hacerlas más descriptivas. Sin embargo creemos urgente y necesario enfocar en los actuales criterios y destinos de pauta oficial en Bahía Blanca, para visibilizar algunas contradicciones existentes. Por decisión política, en los primeros seis meses de este año (2020) se pagaron alrededor de 48 millones de pesos en publicidad oficial. Fiel a los criterios de masividad de audiencias y discrecionalidad, el gobierno local asignó ese dinero público a empresas periodísticas, producciones particulares y periodistas, con deliberada superposición de tareas y espacios mediáticos. Aquí (bahia.gob.ar/compras) puede consultarse el listado completo de proveedores hasta el momento, para comparar los rubros más esenciales (recolección de residuos, transporte público urbano, cooperativas de trabajo y vivienda, obra pública, etcétera,) con los medios que reciben publicidad del Estado.

Más allá de discusiones ideológicas sobre las prioridades de un gobierno de cara a las necesidades y derechos de la ciudadanía, entre los 50-60 primeros lugares aparecen medios y periodistas que recibieron mucho dinero del Estado para… ¿Para qué?

En principio para difundir las escasas producciones y piezas comunicacionales que emergen cómo política comunicacional de Héctor Gay, aunque en este caso esa precariedad es responsabilidad del gobierno local.  

Luego quedaría implícito que ese dinero de pauta oficial es para financiar medios comerciales, espacios periodísticos en estos, y/o directamente la tarea de prensa de muchos y muchas. Estas consideraciones surgen de las propias voces de algunes comunicadores y empresarios mediáticos que aseguran que sin ese dinero no podrían continuar su labor.

La duda entonces es ¿cómo funcionan los espacios de libertad de expresión y elección de temas, para que la  agenda periodística no esté formateada por los intereses del gobierno de turno? U ocultar datos precisos. O ampliar las voces y realidades de las comunidades. O no autocensurar preguntas y editoriales. Por eso, la pauta oficial nunca debe financiar periodistas. Los aportes en tal sentido, son para garantizar informaciones de servicio que de otra manera quedarían perdidas en el actual caos informativo. Observen, lean, escuchen… como audiencias tenemos derecho de revisar y denunciar.

Más allá…

En el plano nacional, las disputas sobre los criterios para asignar pauta oficial son explícitas, se multiplican y evidencian qué empresas mediáticas necesitan del Estado para ampliar sus ganancias (en contados casos, para subsistir). Aquí no parecería molestarles la intervención estatal para aliviar sus obligaciones.

El presidente Alberto Fernández, en la apertura de sesiones parlamentarias fue muy claro: “No queremos avisos pagos con dinero de todos para que elogien las virtudes del gobierno de todos. (…) Convocaremos a empresarios y especialistas para mejorar el manejo de la pauta y su uso”. Y agregó que el sistema de medios públicos estará alcanzando por esta medida, al igual que todas las jurisdicciones. Todo está por verse.

Actualmente se impulsaron conversaciones desde distintos ministerios y el propio secretario de Medios y Comunicación Pública, Francisco Meritello, hizo públicas autocríticas sobre los mecanismos desiguales de distribución de contenidos oficiales. Cabe mencionar que fueron muy prolíferas las producciones de campañas, videos, spots, manuales, placas fijas, afiches, folletos, banners, etcétera,  tanto para gráfica, sitios digitales, vía pública o plataformas audiovisuales. Situación comunicacional muy distinta a la local. Por supuesto la pandemia por el COVID-19 concentró los esfuerzos para comunicar acciones de gobierno y políticas preventivas de cuidado comunitario.

Sin embargo, al momento de convocar profesionales, organizaciones y colectivos que representan otras formas de comunicación popular, autogestiva y/o cooperativa, capaz de reflejar las innumerables realidades tan diversas de todo el país, aún se quedan a mitad de camino. Quienes ya han participado de algunos encuentros virtuales, expresaron con preocupación el alto nivel de desconocimiento que algunas/os funcionarias/os tienen sobre estas múltiples expresiones político comunicacionales. Habrá que seguir explicando y mostrando el trabajo que se hace todos los días. E invitar, por ejemplo, a que las producciones que los FOMECAS fomentan sean conocidas por quienes tienen la decisión de reinvertir fondos públicos por una comunicación más democrática.

Propuestas de “protocolo”

Solo dos, a modo de ejemplos prácticos. Una, nacional: la diputada Gabriela Estévez del Frente de Todos presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de Ley para que un porcentaje mínimo obligatorio del 15% de la pauta oficial se destine a medios comunitarios, cooperativas y pymes. Mezcla todas esas realidades y la medida es de carácter excepcional en el marco de la actual emergencia sanitaria por Covid-19, afectando los fondos previstos solo para el ejercicio del año 2020.

Otra del orden local. En la sesión del pasado jueves 16 de julio en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca, la concejala Gabriela Schieda realizó un pedido de informe (Nº 323) al Ejecutivo Municipal. Solicitaba explicaciones acerca del gasto que el gobierno realiza en pautas publicitarias y sus criterios de distribución. Los concejales del bloque oficialista Cambiemos (mayoría en el recinto) no apoyaron ese proyecto y ni siquiera pudo discutirse.

Propuestas estructurales

Según el investigador Martín Becerra, experto en la materia, “se pueden realizar algunas recomendaciones u observaciones para contribuir a un control más democrático de la pauta oficial que moldea (con su mal uso y relevante peso dentro del mercado publicitario total) al sistema de medios“.

A saber: discutir la regulación en el Congreso de la Nación, establecer que el principal objetivo de la publicidad sea la comunicación de información de interés público y no el fomento a la imagen de gobierno o de funcionarios, no otorgar publicidad a aquellos medios que no paguen de manera regular las obligaciones patronales, los aportes jubilatorios, las obras sociales y los sueldos de sus trabajadores, ampliar el registro de proveedores de publicidad oficial y facilitar el ingreso de medios comunitarios, que no deben ser segregados en el reparto de fondos.

Otra definición política que exigimos y celebraremos es que los medios receptores de pauta oficial tengan paridad de género en sus equipos de trabajo, en los cuales estén representadas además todas las orientaciones sexuales.

Cómo Becerra nos enseñara, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos puede ser un faro para iluminar futuras transformaciones en este mar de incertidumbres y mejores rumbos por descubrir.

*Periodista, docente e integrante del colectivo de FM De la Calle.