Organismos de derechos humanos locales y nacionales exigieron al Senado que no convalide la designación de Santiago Ulpiano Martínez como fiscal federal de nuestra ciudad porque sería “un claro retroceso en el proceso de memoria, verdad y justicia contra los crímenes del terrorismo de Estado”.

El abogado de la APDH, Walter Larrea, dijo a FM De la Calle que “esto tiene que ver con el clima de época que se vive con toda la cuestión del ‘curro de los derechos humanos’, tal cual lo denominó el presidente Macri, y es premiar o ungir en funciones de mayor responsabilidad a aquellos funcionarios que precisametne no se caracterizaron por darle impulso y dinamismo a los procesos judiciales vinculados al esclarecimiento de la verdad y las responsabilidades penales”.

“Y no tanto contra militares sino fundamentalmente la cobertura y el manto de impunidad sobe los actores civiles. El caso de Vara y Massot son emblemáticos en ese sentido y tanto el dr. Martínez como el dr. Fernández Moreno -que ungía como secretario del juzgado- han tenido una responsabilidad cabalmene demostrada”, agregó.

Los organismos recordaron que Martínez fue nombrado por la Cámara Federal de Apelaciones como juez subrogante del Juzgado Federal N°1 el 5 de junio de 2012. “En dicho cargo, incurrió en graves irregularidades en relación a la investigación de crímenes de lesa humanidad, intentando procurar la impunidad de sus responsables”.

“Rechazó constantemente pedidos de indagatoria a genocidas realizados por el Ministerio Público Fiscal en las causas en las que se investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos en el ámbito del V Cuerpo del Ejército. Pese a que la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca le ordenaba llevar adelante las indagatorias, Martínez continuaba en su negativa, violando así la ley procesal. En muchos casos, debió inhibirse de continuar investigando por su conocida relación de cercanía con los imputados”.

También lo responsabilizaron por haber “garantizado impunidad a Aldo Omar Vara -capellán del Comando del V Cuerpo del Ejército-, quien en los Juicios por la Verdad reconoció haber tenido contacto con ex alumnos de la ENET °1 en el centro clandestino de detención La Escuelita para obtener información y evitar que denunciaran los delitos de los que habían sido víctimas”.

“En abril de 2013 los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia pidieron su detención, la cual fue rechazada por Martínez. En agosto de 2013, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca revocó dicha decisión y Martínez, en lugar de ordenar la inmediata detención de Vara, se apartó de la causa. Esto permitió a Aldo Vara profugarse en Ciudad del Este, República del Paraguay, donde finalmente fue detenido por Interpol el 28 de abril de 2014, falleciendo poco tiempo después”.

“También demoró el llamado a indagatoria de Vicente Gonzalo María Massot, dueño del diario La Nueva Provincia. El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca había ordenado que se indague acerca de su responsabilidad en los asesinatos de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola. Por lo tanto, el Ministerio Público Fiscal pidió a Martínez que abra la instrucción correspondiente, a lo cual se negó sin siquiera llamar a Massot a indagatoria. Dicha resolución fue revocada por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, ante lo cual Martínez se inhibió de continuar entendiendo en la causa”.

“Martínez se negó a investigar los delitos sexuales cometidos en la órbita del V Cuerpo del Ejército, lo cual había sido requerido por el Ministerio Público Fiscal, sosteniendo que dichos crímenes no eran de lesa humanidad. Esta decisión fue revocada también por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca. Frente a dicha resolución, en lugar de citar inmediatamente a indagatoria a los imputados, Martínez siguió tomando medidas dilatorias”, advirtieron.

Afirmaron además que “estas gravísimas irregularidades fueron denunciadas ante el Consejo de la Magistratura por parte del Ministerio Público Fiscal, la Asociación Civil H.I.J.O.S. Bahía Blanca y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Como consecuencia, el Consejo definió no ratificar la designación de Santiago Ulpiano Martínez como juez subrogante”.

“Actualmente, Santiago Ulpiano Martínez está siendo investigado por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por su actuación en el Juzgado Federal Nº1 de Bahía Blanca, en el marco de una denuncia realizada en diciembre de 2014 por los fiscales de dicha jurisdicción. Al postularse para el cargo de vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Martínez no lo informó al Consejo de la Magistratura”.

“La actuación de Santiago Ulpiano Martínez como juez subrogante puso en riesgo el proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia que debemos defender y por el que hemos sido reconocidos como ejemplo en el mundo”, concluyeron.

El documento lleva las firmas de Abuelas de Plaza de Mayo, APDH, APDH Bahía Blanca, APDH La Matanza, Asociación Buena Memoria, CELS, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, H.I.J.O.S. Bahía Blanca, H.I.J.O.S. Capital, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y Red por el Derecho a la Identidad Bahía Blanca.

Las comisiones gremiales internas del Banco Provincia resolvieron realizar un par de actividades el martes y el miércoles luego del fin de semana largo.

Denunciaron que están juego los derechos previsionales de lxs trabajadorxs, una grave situación financiera, nuevas re-estructuraciones en el organigrama y la intención gubernamental de tercerizar tareas.

Marcos Helbert dijo a FM De la Calle que “tenemos un conflicto latente que tiene que ver con la modificación del sistema previsional de los trabajadores activos y jubilados del Banco Provincia; ese conflicto hoy está transitando una vía en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires hicimos una presentación por inconstitucionalidad, eso se está tramitando y paralelamente en el ámbito gremial venimos haciendo un sinnúmero de acciones diferentes”.

“Lo concreto es que al día de hoy en el articulado de la ley vigente y aprobado en diciembre último, se establece que el Banco Provincia es el responsable del pago de las jubilaciones y las pensiones de los jubilados del Banco Provincia”, manifestó.

Sostuvo que “durante el 2017 el Banco Provincia tuvo 6900 millones de utilidades y solamente en este mes de marzo puso para pagar jubilaciones y pensiones 583 millones; eso anualizado, sin contar el medio aguinaldo, da una suma superior a los 7 mil millones, es decir, que no alcanzan las utilidades de todo un año para hacer frente al pago de las jubilaciones y las pensiones. Lo transforma directamente en un banco inviable y sabemos que con la lógica que está imperando en un banco inviable el camino está totalmente trazado en el corto plazo”.

Helbert aseguró que hoy van a continuar las asambleas y que “vamos a continuar conversando este tema entre el conjunto de los trabajadores y decidiendo las medidas de la semana próxima. El planteo es para el día martes y miércoles jornada completa, aunque en vistas de que hoy íbamos a tener reunión el Ministerio de Trabajo, iba a estar Sergio Palazzo participando activamente, y de ocurrir alguna medida planteada por el sindicato a nivel nacional, nosotros no descartamos articular en ese sentido”.

El Municipio ofreció en la última reunión paritaria un aumento del 15% en tres cuotas y la propuesta fue rechazada por el Sindicato y la Asociación de Profesionales de la Salud. El vicepresidente de la APSM, Pablo Fernández Keller, comentó a FM De la Calle el estado de las negociaciones respecto a puntos pendientes de 2017 y los pedidos para este año.

“De todos los puntos que pedimos no pudimos cerrar ninguno. Uno específicamente para todos los profesionales de las unidades sanitarias, desde hace dos años se pagaba un bono de doscientos pesos aproximadamente; nosotros queremos que se pase un porcentaje y lo que ofreció el Ejecutivo fue pasarlo de 200 pesos a 280 pesos, con lo cual nosotros no estamos de acuerdo”, manifestó.

“Obviamente estamos dialogando, se quedó de volver la semana que viene a reiniciar el diálogo y en la semana hacer las reuniones para ver si podemos avanzar pero por ahora estamos bastante lejos”, consideró.

Consultado sobre como viene planteado el acuerdo paritario para este año, Fernández Keller comentó que “lo que pedimos fue un 22% con la cláusula gatillo, lo que ofreció el municipio es: un 15% en tres tramos, 5 en marzo, 5 en junio y 5 en octubre con una revisión en noviembre pero no retroactivo. Nosotros a eso lo tenemos que charlar en la asamblea que vamos a hacer la semana que viene pero mi impresión es que no se va a aceptar”.

“Siempre son permeables a dialogar”, mencionó respecto de la relación con el Municipio aunque agregó que “hasta ahora desde el 2017 no tuvimos ninguna respuesta aceptable. Hemos tenido respuestas, pero es complicada la respuesta que nos han dado”.

El titular de Trenes Argentinos, Marcelo Orfila, destacó en FM De la Calle el aumento de pasajeros transportados durante el verano para el tramo Bahía Blanca-Constitución y evitó definiciones en torno a la recuperación de la vía Pringles.

El funcionario prefirió hablar de “la cantidad de pueblos que quedaron conectados”, como “Saavedra u otros pueblos que volvieron a tener una actividad” y adjudicó la baja del tren de pasajeros que pasaba por Sierra de la Ventana, Saldungaray y otras estaciones de la región a que la vía está “en mal estado. “Le corresponde (arreglarla) a Expreso Pampeano, compañía que tiene la concesión (…) yo dependo de que la vía la pongan en condiciones”, aseguró.

Aclaró que por el mismo motivo el viaje a Capital dura aproximadamente doce horas: “Es problema de la vía, hay que analizar bien las precauciones de velocidad que tienen ahí”. “No es muy lógico que una empresa de carga sea la concesionaria (del tramo de vía) y que pongan las velocidades cuando en realidad la prioridad siempre fueron los pasajeros”.

Orfila precisó que la autoridad de aplicación a la cual corresponde exigir inversiones en esos tramos es la Subsecretaría de Transporte Ferroviario y las empresas concesionarias son Ferrosur desde Cañuelas hasta Olavarría y Ferroexpreso Pampeano de Olavarría hasta Bahía.

Orfila aseguró que cuenta con una plantilla de 23.000 personas, “es la empresa más grande del país en cantidad de gente”. Al ser consultado sobre el traspaso de trabajadores de Ferrobaires dijo que ” absorbimos más del 50%”.

“Cuando empezaron los servicios (julio 2017) eran cerca de 800 trabajadores, después el gobierno provincial se encargó muy bien de ofrecer planes de incentivo para retiro voluntario, jubilaciones anticipadas, incentivos económicos en un plan de contención interesante; diría que la gran mayoría de la gente la aceptó”, opinó.

Los testimonios de trabajadores y usuarios recogidos por FM De la Calle mostraron el descontentó con la decisión gubernamental.

¿Qué servicios funcionan?

El servicio a Bahía Blanca se presta con formaciones cero kilómetro con aire acondicionado, amplios asientos, coche comedor con 48 plazas, baños adaptados con movilidad reducida y una biblioteca sobre rieles con más de mil libros para leer durante el viaje.

Los pasajes para el tramo completo Plaza Constitución-Bahía Blanca cuestan $750 en primera, $900 en pulman y $2626 en camarote para dos personas. Los jubilados tienen un descuento del 40%. Los menores de 12 años pagan la mitad del pasaje, mientras que los menores de 3 que no ocupen asiento viajan gratis. Además, en las compras a través de la página web las tarifas tienen un descuento adicional del 5%.

Días y horarios

Saliendo desde Plaza Constitución, lunes, miércoles y viernes 19:52 horas, llegando a Bahía Blanca a las 8:43 del día siguiente.
Saliendo desde Bahía Blanca, martes, jueves y domingos 19 horas llegando a Plaza Constitución a las 7:48 del día siguiente.

Puntos de venta y modos de pago
– Via web (con tarjeta de crédito y débito, 5%de descuento en la tarifa): a través de la página www.argentina.gob.ar/transporte-trenes-argentinos
– Boleterías (en efectivo, tarjetas de débito y crédito, hay que llevar DNI): Retiro, Chacabuco, Junín y otros 43 puntos del país.

Con motivo de un nuevo aniversario del 24 de marzo, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad presentó tres nuevos informes con datos estadísticos sobre el avance de los procesos judiciales en todo el país. Se trata del Informe estadístico, el Dossier de sentencias -actualizados a marzo de 2018- y el Informe de Trayectorias temporales, donde se publican datos construidos a partir del análisis de los tiempos de las causas, que incluye información a diciembre de 2017.

El 2017 se caracterizó por la cantidad de sentencias dictadas. Fueron 27, la cifra más alta de todo el proceso de justicia desde su reapertura en 2006. En total fueron condenadas 205 personas por delitos contra 2017 víctimas.

Durante el año pasado se dictó sentencia en causas de gran envergadura, tanto por la cantidad de víctimas e imputados involucrados en el proceso como por el tiempo que llevaron los debates. Entre otras, concluyó la causa ESMA Unificada. Tras cinco años de juicio, el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 5 condenó a 48 personas por delitos de lesa humanidad cometidos contra 789 víctimas, y el veredicto tuvo por primera vez acreditado la metodología de los denominados “vuelos de la muerte”.

También finalizó el debate oral “Operativo Independencia I” -donde se investigaron los crímenes cometidos contra 270 víctimas ocurridos en la provincia de Tucumán a principio de 1975-, la megacausa “Juicio a los Jueces” en Mendoza –en la que se juzgó hechos cometidos por ex integrantes de la Justicia Federal, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía provincial y la Policía Federal contra 170 víctimas- y la “Causa de los Magistrados” en Córdoba -donde se condenó a ex magistrados provinciales por hechos contra 75 víctimas-.

Datos generales de la situación de las causas

La Procuraduría evaluó que, aunque el total de sentencias de 2017 es una buena señal respecto del avance de los procesos, el estado de las causas en las que aún no se dictó veredicto todavía presenta serias demoras.

Según el Informe Estadístico realizado por la Procuraduría, a marzo de 2018 se registran un total de 599 causas en trámite, en las que son investigados 2485 personas por delitos de lesa humanidad.

Del total de expedientes, en 397 aún no se ha dictado sentencia y 278 se encuentran en etapa de instrucción. Es decir que un 47 por ciento del total de causas todavía no alcanzó la etapa de debate, una cifra que se ha mantenido relativamente estable en los últimos tres años, en parte debido a que las investigaciones continúan activas, pero también por las demoras en la tramitación hasta la elevación a juicio. En suma, este análisis implica que la mayoría de los procesos judiciales están lejos de obtener sentencia en el corto plazo.

Estado procesal de las causas por delitos de lesa humanidad.

Estado procesal de las causas por delitos de lesa humanidad.

Por otro lado, las causas que ya se encuentran elevadas a juicio suman 103, pero hasta el momento sólo respecto de seis se dispuso la fecha de inicio del debate. A la fecha, únicamente se encuentran en juicio 15 causas: 12 en la etapa de debate oral y 3 en la de plenario -en los casos de procesos que tramitan por escrito, bajo la modalidad del viejo Código Procesal Penal-.

Por ejemplo, la causa “Ford” en San Martín (provincia de Buenos Aires) es una de las que actualmente se encuentra en etapa de debate, después de transcurrida más de una década desde el inicio de las actuaciones. La investigación sobre los hechos sufridos por los obreros de la automotriz empezó en 2002, con una denuncia presentada por el Ministerio Público Fiscal. En 2006, la causa fue traspasada a la Justicia Federal de San Martín. Pero recién siete años después fue reactivada y elevada a juicio en 2014, previo procesamiento de los tres ex directivos de la empresa.

Nueva metodología de análisis: “trayectorias temporales”

 Con el objetivo de conocer y medir las demoras en los tiempos procesales, durante el 2017 la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad desarrolló una herramienta que permite calcular el promedio de tramitación de causas en todo el país. El concepto se denomina “trayectoria temporal”, y fue presentado a través de un Informe donde por primera vez se dan a conocer los resultados del análisis respecto de las causas por delitos de lesa humanidad.

El análisis de los tiempos procesales en las causas por delitos de lesa humanidad permitió un doble resultado, estratégico para el trabajo de la Procuraduría. Por un lado, permitió conocer los “cuellos de botella” en los que se producen las demoras en las investigaciones, y al mismo tiempo, develar que entre el requerimiento de elevación a juicio y la firmeza de la sentencia se registra en promedio una demora de 5 años y seis meses.

Además, se pudo calcular que desde la reapertura de las causas en 2006 hasta el momento, la instancia que mayor tiempo ha demorado es la confirmación de la sentencia por parte de la Cámara Federal de Casación Penal, con una trayectoria de casi dos años luego de conocidos los fundamentos de las sentencias de los tribunales orales federales. Le sigue la instancia entre el debate y el veredicto a cargo del TOF, con casi 1 año y ocho meses de demora.

El Informe también analizó los tiempos desde un corte sincrónico, considerando las trayectorias temporales de las sentencias de 2017. Por ejemplo, la causa que menos tiempo demandó es uno de los tramos de “Campo de Mayo”, mientras que la que cuenta con una mayor trayectoria temporal es “Esma Unificada”, con un total de más de 10 años transcurridos entre el primer requerimiento de elevación a juicio y la publicación de los fundamentos de la sentencia.

Dossier de sentencias pronunciadas en juicios de Lesa Humanidad en Argentina

Trayectorias temporales de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Radiografía de las demoras del proceso a nivel nacional

Informe Estadístico sobre el Estado de las Causas por Delitos de Lesa Humanidad en Argentina

Hoy más que nunca:

¡¡¡30.000 compañeros y compañeras desaparecidas, PRESENTES!!!

 UNIDAD contra la IMPUNIDAD

Este 24 de marzo, a 42 años del golpe cívico militar que dio inicio a la etapa más oscura de nuestra historia, nos encontramos inmersxs en un contexto donde las políticas neoliberales implementadas desde el gobierno macrista y sus aliados, políticos, sindicales y del campo de la cultura y la comunicación continúan y profundizan su avance sobre los derechos de nuestro pueblo.

En materia de derechos humanos la política oficial de desandar el camino recorrido por la lucha por Memoria, Verdad y Justicia, suma variados atropellos sobre los mismos. Solo basta con recordar el apriete judicial sobre las Madres de Plaza de Mayo; las prisiones domiciliarias a los genocidas; las declaraciones de Nicolás Massot pidiendo “reconciliación”; el proyecto de convertir campo de mayo en un parque nacional; el intento de reducción de las condenas a través de la aplicación del 2×1, el renacimiento de la doctrina de los dos demonios y la desaceleración de los juicios entre otros.

Pero no solo estamos en presencia de un ataque a la memoria de lxs 30000, sino de una ofensiva política y cultural para legitimar e intentar legalizar una avanzada represiva que tuvo sus casos paradigmáticos en la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y en el asesinato por la espalda a Rafael Nahuel por parte de Gendarmería y Prefectura en connivencia con el Poder Judicial y gubernamental.

La ola represiva alcanza a la encarcelación de militantes; a las golpizas y detenciones en marchas y a la persecución del pueblo mapuche, por mencionar algunas. Dicha escalada, es propiciada desde las más altas esferas del gobierno, cuando el propio Mauricio Macri recibe y elogia al accionar del policía Chocobar, inaugurando una “nueva doctrina” en la cual las fuerzas represivas tienen luz verde para la violencia institucional, la tortura y el gatillo fácil, como en el caso de Facundo, un chico de 11 años asesinado en Tucumán por las balas de la policía.

Con la misma matriz ideológica liberal de la dictadura en lo económico y lo social, resulta imposible no recurrir a la represión lograr los objetivos de destrucción del empleo, de ajuste sobre los sectores más vulnerables y de disolución de la organización social y política que pueda hacerle frente. Consecuentemente, proponen borrar la historia y terminar con las organizaciones populares, principalmente las sindicales.

Entendiendo que la unidad debe contemplar la diversidad de trayectorias y de proyectos cuando la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia se encuentra en riesgo y que los derechos humanos del presente son vulnerados en cada represión, en cada femicidio y en cada encarcelamiento por causas política, necesitamos el ejemplo de la lucha de nuestrxsdesaparecidxs y militantes que nos antecedieron. Ellxs identificaron claramente donde estaba el enemigo y lograron anteponer en los momentos más difíciles en el país y en exilio, la solidaridad por sobre el sectarismo, la concordia frente al disenso y la unidad de acción entre los diversos proyectos.

Sigamos con su ejemplo y sus banderas en alto, profundizando experiencias que nos han unido en estos últimos años, tales como la lucha conjunta frente a los tarifazos; la marcha en contra del 2×1 y las protestas masivas por la derogación de la Ley de Medios, la prisión de Milagro Sala, el intento de asesinato de la dirigente social Julia Rosales, en contra la reforma previsional y frente a la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

También destacamos que fue esta unidad la que logro que al genocida Etchecolatz, quien fuera hallado culpable de delitos de lesa humanidad, pero también apuntado como el responsable ideológico de la segunda desaparición de Jorge Julio López, se le revocara el beneficio de la prisión domiciliaria que se le había otorgado en diciembre del año pasado.Pero lamentablemente,se supo a horas del 24 de marzo que el gobierno amenaza con dar domiciliaria a Alfredo Astiz, contodo lo que eso significa, un genocida represor y femicida que encarna lo más siniestro de ladictadura. Son 700 los represores que están en sus casas y el único lugar para ellos es lacárcel ypara lograrlo necesitamos UNIDAD.

En el ámbito local, sabemos que este año seguirá habiendo dos actos. Esta realidad nos impone la tarea y el esfuerzo para lograr confluir en una sola manifestación en memoria de nuestros 30.000; porque frente a esto tenemos el avance del gobierno de Mauricio Macri y sus aliados sobre nuestras conquistas. Somos conscientes que en los sindicatos, los centros de estudiantes, y las propias organizaciones políticas, sociales y territoriales las bases vienen impulsando la necesidad de la unidad en estas fechas. Este es un claro mensaje que debe interpelar a quienes tienen la responsabilidad de dirigir y coordinar las mismas.

Por eso sentimos que debemos dar una clara demostración de unidad en la calle, el lugar donde siempre defendimos los derechos humanos y donde le arrancamos a los gobiernos los juicios a los genocidas, y donde ya derrotamos en el pasado el intento no novedoso de los sectores de poder, de dar vuelta de página. Este es el desafío que enfrentamos y que obliga a la práctica de nuestra humildad y solidaridad por sobre cualquier otra cuestión.

En este sentido y para finalizar, entendemos como un sentido de unidad acompañar, adherir e impulsar la participación de nuestro pueblo en las siguientes actividades:

– Jornada de Reflexión que se llevará a cabo en el Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca el próximo jueves 22 a las 10 horas.

– Charla debate con Nora Cortiñas (Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora) – Aula Magna UNS (Av. Colón 80) – viernes 23 de marzo 19 hs.

– Acto en el ex Centro Clandestino de Detención “La Escuelita” – Comando Quinto Cuerpo de Ejército (Camino La Carrindanga) –sábado 24 de marzo – 10 horas.

– Todas las actividades de movilización que se realicen en el marco de un nuevo aniversario del Golpe de Estado.

LA CALLE ES UNA SOLA Y ESTE 24 TENEMOS QUE ESTAR AHÍ MAS QUE NUNCA

¡Unidad contra la Impunidad, en la demora está el peligro!

¡30.000 compañerxsdesaparecidxs, Presentes!

 

Adhieren hasta el momento (miércoles 21 – 12 horas)

Cardumen

Nueva Universidad UNS

ADUNS

Comisión de Apoyo a los Juicios

Conducción del CEHum

CTA Bahía Blanca – Cnel. Dorrego

Kolina Bahía Blanca

CTEP

Movimiento Evita

Corriente Comunista David “Watu” Cilleruelo

BloqueHache Humanidades

CEINA –  Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Nuestra América del Departamento de Humanidades UNS

UmSur

AsTraMyC

APYME

SECASFPI

CTA Pcia. de Buenos Aires

Patria Grande Bahía Blanca

Mala Junta Bahía Blanca

CCC Corriente Clasista y Combativa

MIJP Movimiento independiente de jubilados y pensionados

MUS Movimiento de Unidad Secundaria

FNC federación nacional campesina de Villarino

Obreros rurales de la cebolla

Mujeres Bahia Blanca

PCR Partido Comunista Revolucionario

PTP Partido del Trabajo y del Pueblo

JCR juventud comunista Revolucionaria.

Partido Comunista

Federación Juvenil Comunista La Fede

Asociación Argentina de Actores

Iglesia Metodista

Cura en Opción por los Pobres

Colectivo Pueblo en Lucha

Nuevos Vientos

Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros Bahía Blanca – Daireaux

CONAT – Corriente Nacional Agustín Tosco

Libres e Iguales. Publicación Colectiva

Agrupación El Kincho

Caritas Arquidiocesana Bahía Blanca

Bahiensas Feministas

Voluntariado de jóvenes y memoria Bahía Blanca y la zona

FM De la Calle

Sumá tu adhesión a [email protected] o a [email protected]

El secretario adjunto de la CTA Autónoma, José Rigane, se refirió en FM De la Calle al congreso que realizó la central el sábado en Mar del Plata.

Aseguró que recibieron apoyo de varios sectores: “Estamos hablando con la CGT, movimientos sociales, otras organizaciones de defensa de los intereses de los usuarios, corrientes de izquierda como la del ‘Pollo’ Sobrero. La idea es conformar un frente común para enfrentar esta política que tiene una expresión clara en términos económicos y sociales”.

Sobre los dichos de Hugo Godoy, titular de ATE y referente de otro sector de la CTA-A, respecto a que el sábado la plenaria (de Micheli) reunió a “poco más de un centenar de congresales”, Rigane afirmó que “el congreso contó con la presencia de más de 25 centrales sindicales del mundo que estuvieron presentes acompañando a nivel regional y nacional”.

“Han decidido alejarse de la CTA-A y conformar su propio espacio, algo a lo que tienen derecho. Es un grupo encabezado por ATE Nacional, Visitadores Médicos y otras organizaciones que hace mucho tiempo dejaron de participar y aportar a la CTA Autónoma, produciendo un desfinanciamiento. […] Si nos basamos en el tema estatutario ya hace mucho tiempo dejaron de pertenecer a la central porque dejaron de cumplimentar las exigencias que tienen cualquier entidad afiliada”, dijo.

En cuanto a la posibilidad de una confluencia con la CTA de los Trabajadores que conduce Hugo Yasky, Rigane afirmó que ambas están en procesos electorales propios aunque eso “no quita que entre las dos CTA sigamos trabajando para la posibilidad de una unidad orgánica en algún momento; no hay que descartarlo pero hoy no es la prioridad”. “Yasky representa un proyecto político partidario, el kirchnerismo, nosotros somos respetuosos mientras que no se convierta en un posicionamiento institucional que son los problemas que tuvimos en el 2010”.

Al ser consultado por la diferencia entre unidad gremial y unidad política explicó: “Nos consideramos y creemos que el movimiento obrero debe ser autónomo de los partidos políticos de los patrones; es una regla de juego institucional sea quien sea el gobierno. Cachorro Godoy no puede hablar de eso porque pertenece a Unidad Popular y es presidente del partido de la provincia de Buenos Aires. Tiene una contradicción flagrante que la lleva incorporada entre lo que dice y lo que hace”.

“(La unidad) tiene que tener un nuevo nivel de progreso, hasta ahora ha sido unidad en acción, importante, significativa, nos ha permitido estar en la calle junto a otros sectores reivindicando las mismas cosas, pero ahora tiene que tener un plan de acción y la primera iniciativa tendría que ser un paro nacional”.

La Asociación de Profesionales de la Salud y el Sindicato de Trabajadores Municipales se reunieron ayer en el Ministerio de Trabajo con integrantes del gabinete municipal y acordaron continuar las negociaciones paritarias este miércoles a las 16:30.

Luego del anuncio unilateral de la comuna de incrementar los salarios en un 5% a partir de marzo a cuenta del arreglo final, el secretario gremial del STM, Federico Anselmi, aseguró “planteamos en la última reunión con Elisa Quartucci, pedir como cláusula gatillo una recomposición de lo que había sido la inflación de enero y febrero (4,9%) porque no se había cerrado la paritaria 2017”.

Según Anselmi “hay una diferencia entre lo que dice el intendente, lo que manifiesta el sindicato y lo que está plasmado en el convenio colectivo de trabajo: la paritaria debe ser anual dentro del año calendario enero-diciembre. Mañana en la mesa de paritarias lo que vamos a plantear es que el 5% tiene que ser retroactivo al mes de enero”, ratificó.

Ayer, la Municipalidad estuvo representada por Compagnoni y Anselmi dijo que hubo “diferencias de opiniones con respecto a la última reunión de paritarias donde ya había una hipótesis de conflicto por los puntos que no se habían hecho efectivos en enero como decía la paritaria del año pasado. Consensuamos hacer una nueva reunión mañana, donde se comprometió a traer una respuesta respecto a estos planteos y respecto a la paritaria 2017.

Este año plantearán “el número que nosotros suponemos que debe ser de incremento salarial y empezar a tocar distintos temas como condiciones laborales que se plantearon a principio de año y deberían ser monitoreados en la mesa de paritarias. […] Vamos a pedir un 20% en 4 cuotas y hacer una revisión trimestral para ver si vamos acompañando la inflación o estamos por debajo”, aseguró.

Por otro lado, al consultarle sobre el cambio de sistemas de parquímetros explicó que no hay personal suficiente para cubrir la zona “si la amplias en casi un 100%”. “Ni ustedes ni la ciudadanía tienen muy en claro el sistema nuevo. Nosotros estamos en la misma, no tenemos muy en claro cuál es el sistema de control. Sabemos que la gente que ayer controlaba diez manzanas hoy tiene que controlar veinte”.

“Creemos que es insuficiente el personal, los móviles, todo lo que tiene que ver con el control. [Los agentes] no tienen la capacitación suficiente para llevar adelante el control. Me parece que todavía no estamos en condiciones, empleados municipales (gente de control de tránsito de Sapem parquímetros), de llevar adelante de manera satisfactoria lo que es el control del nuevo sistema de estacionamiento. Extraoficialmente, charlando con algún compañero, me dicen que no hay control de la zona de parquímetros, no tienen órdenes todavía de hacer algún tipo de control como para hacer una infracción”.

La CTA Autónoma se divide y encara la renovación de sus autoridades con caminos alternativos. El secretario general de ATE a nivel nacional, Hugo Godoy, se refirió en FM De la Calle al congreso que realizó su sector. “El próximo espero que haya muchos mas comensales que el viernes y que podamos consolidar el avance hacia un proceso electoral convocado para el 8 de agosto”, aseguró.

Godoy remarcó que están “muy satisfechos del congreso extraordinario donde definimos ratificar la CTA Autónoma como la organización que vamos a seguir fortaleciendo y desde allí proponer la unidad y la lucha contra las políticas gubernamentales. Para ello es que convocamos a una nueva medida de fuerza en la primera quincena de abril”. Afirmó que “hubo un solo congreso el día viernes” con 410 de 656 congresales, mientras que el sábado la plenaria (de Micheli) reunió a “poco más de un centenar de congresales”.

Sobre Pablo Micheli, titular de la CTA Autónoma, dijo que “se empeña en querer decidir las cosas solo y dando la espalda a la mayoría de los dirigentes y militantes de la CTA”. Por esto es que buscan fortalecer al sindicato “como una central que aporte a la unidad de los trabajadores desde una propuesta de nuevo modelo sindical y queda reducida a su mínima expresión esa idea de que la unidad se hace por arriba entre dirigentes sin garantizar una propuesta de cambio a un modelo sindical que en la Argentina está caduco”.

Godoy aseguró que “hay que parar a Macri y al mismo tiempo construir una unidad del movimiento popular que pueda generar una alternativa que no sea repetir las experiencias del pasado reciente. Fueron los errores del gobierno que asumió en el 2003 el que nos llevó a este presente de herencia de Macri”.

El dirigente comentó que “la unidad no tiene que estar solamente reflejada en los sindicatos y las organizaciones sociales, tenemos que abrir un abanico de otros sectores para poder plantear alternativas verdaderamente integradoras. […] Necesitamos construir una alternativa: en la lucha de los trabajadores, pueblos originarios, campesinos, vastos sectores de la cultura, la educación, el estudiantado, el pequeño y mediano empresario, hay condiciones para construir esa unidad” concluyó.

Luego de que el jefe de Gabinete Marcos Peña informara que el Estado destina 130 millones de pesos a sostener a la Iglesia Católica desde el Frente de Izquierda presentaron un proyecto para derogar las normativas que así lo establecen. La mayoría de ellas corresponden a decretos de dictaduras militares.

La diputada nacional Nathalia González Seligra dijo a FM De la Calle González Seligra que “por un lado tenemos un Estado laico, el artículo 2 de la Constitución Nacional plantea que el Estado tiene que sostener a la Iglesia Católica en términos generales (esto no significa económicamente)”. Por otro lado, los decretos de la dictadura cívico-militar sí plantean en términos de remuneraciones: “sueldos a los obispos, jubilaciones de privilegio (que equivalen al 80% de lo que cobra un juez nacional)”.

Este gasto de 130 millones de pesos “en el marco de que estamos atravesando una crisis que el propio gobierno reconoce, teniendo que ajustar las cuentas fiscales, con el debate de si tiene que haber aumento o no alrededor de las paritarias de los trabajadores… nos parece que hay que discutir seriamente que el Estado nacional no puede seguir sosteniendo a la Iglesia Católica, más allá de la libertad de culto que sí es legal y defendemos en nuestro país”, aseveró.

Explicó que tiene implicancias legales  ya que la Iglesia es reconocida desde 2014 -en una reforma del Código Civil- como persona jurídica. Es decir que “la Iglesia en términos civiles y económicos tiene un trato diferente a cualquier otra organización no gubernamental del país”.

Sobre “la millonada de pesos que el Estado destina a los obispos” agregó que también tiene implicancias políticas “porque es una institución que tuvo complicidad en la dictadura.  Y que hay muchos “cuestionamientos abiertos alrededor del trato que han tenido desde Mendoza al Próvolo sobre abusos de niños hasta el cuestionamiento por la injerencia política que tienen en la educación y salud. Desde ese punto de vista también creemos que debe separarse a la Iglesia del Estado, y en términos económicos implica derogar estos decretos”.

Respecto a la respuesta del sector eclesiástico -aseguraron que no son salarios lo que perciben sino una asignación para el sostenimiento de los obispados-, González Seligra ratificó: “Acá se está debatiendo que son sectores de la Iglesia que están sostenidos por el Estado mientras hay millones de trabajadores que ni siquiera llega a un salario de 10 mil pesos cuando la canasta familiar está en 17 mil pesos, entonces ¿por qué sostener a la iglesia mientras hay trabajadores bajo la línea de pobreza?”.

A cuatro meses de la desaparición del submarino ARA San Juan y aun sin ninguna respuesta concreta sobre qué fue lo que pasó con la embarcación, FM De la Calle habló con Luis Tagliapietra, padre de uno de los submarinistas que se encontraban a bordo del navío y querellante en la investigación.

“Seguimos en la lucha por esto que es tan básico como encontrar a nuestros seres queridos y que, si bien el presidente se expresó en esa línea, entendemos que no se están tomando las medidas adecuadas” expresó.

Las últimas medidas sobre el caso estaban relacionadas al pedido de licitación para que empresas privadas se hagan cargo de la búsqueda y una recompensa con el mismo fin que fue cuestionada por los familiares de lxs tripulantes del ARA San Juan: “Nosotros le planteamos al ministros y al presidente una serie de medidas para que actúen de manera complementaria una con otra”, manifestó.

“El tema de la recompensa fue propuesta nuestra pero como una última medida complementaria a todo lo anterior que tenía que ver con incluir a la Prefectura Naval Argentina en la búsqueda, incluir a algunos buques específicos que tienen sonares de alta tecnología para detectar cardúmenes de peces hasta mil metros de profundidad, que se han ofrecido a cambio de la logística y no se los ha tenido en cuenta (…), que el buque ruso Yantar se quede, nosotros tenemos información que a fin de mes se retira”.

Consultado por las hipótesis más razonables sobre lo sucedido con el submarino Tagliapietra contó que “hasta ahora, si vamos a los elementos materiales, digamos, que tienen que ver con documentos de la Armada y las últimas comunicaciones, todo va apuntando a que ha sufrido algún grave accidente en virtud de los problemas que tenían en las últimas horas respecto de la entrada de agua por el snorkel y el incendio en las baterías”.

“Lo que sucede es que no hay más datos y la realidad que esos datos por sí solos no permiten establecer con la certeza que requiere una investigación judicial, por ejemplo, para establecer que esa es la causa de la desaparición. Porque estuvieron durante 10 horas trabajando en ese problema. Alrededor de las diez de la noche del día 14 fue la entrada de agua por el snorkel y a las siete y media de la mañana en el último comunicado dieron por resuelto el inconveniente y manifestaron su intención de sumergirse a 40 metros de profundidad para poder descansar. Todo esto en virtud del terrible desgaste que implicó estar tantas horas superficie”.

Pablo Garate, diputado provincial por el Frente Renovador e integrante del Jurado de Enjuiciamiento de la provincia, se refirió en FM De la Calle al jury contra el suspendido juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata Luis Arias.

“Por una cuestión formal, lo que se iba a tratar, iba a ser una recusación que hizo el dr. Arias contra la dra. (Hilda) Kogan y recién a partir de la resolución de esa situación podíamos empezar en lo que es propiamente dicho el jury finalmente” explicó.

“Creo que el dr. Arias ha tenido algunas buenas actuaciones judiciales y ha tenido algo que el fuero en lo Contencioso Administrativo tiene, que es ‘controlar al poder’. Y digo controlar al poder de turno porque lo hizo con Scioli cuando fue protagonista en la cuestión de la inundación de La Plata y lo fue en algunas otras medidas, tanto de la gobernadora Vidal como del presidente Macri, con lo cual para un juez en lo Contencioso Administrativo tener esta actitud es, a toda luz, una buena actitud” manifestó.

En relación a las fechas en las que comenzará el debate tras la suspensión de la primera audiencia sostuvo que “se va a volver fijar para esta situación de la recusación y después así entraremos en lo que tiene que ver específicamente con el juicio político estrictamente, es decir, con la sentencia para decirlo de alguna manera, del juicio político. Estimo que hasta abril no vamos a entrar en este tema”.

Pablo Rosenfelt, concejal por el bloque Cumplir y representante de la oposición en el directorio de Bahía Transporte Sapem se refirió esta mañana a la conferencia de prensa que brindaron ayer el presidente de la empresa Tomás Marisco y el gerente Federico Hartfield sobre el nuevo sistema de parquímetros.

Respecto a las declaraciones de Marisco el edil ratificó que “es imposible que Sapem no sepa hasta diciembre cuánto recauda. Sapem gerencia el sistema pero la recaudación va íntegramente para el municipio y el sistema online determina la recaudación de cada mes”. Si bien se estima una recaudación de 45 millones de pesos para el 2018 los datos de Gobierno Abierto registran que se llevan recaudados “1,6 millones hasta el momento”.

Sobre la orden de pago de seis millones de pesos que fue publicada en Gobierno Abierto, aseguró que “el gerenciamiento que hace Sapem le cuesta al municipio $1.590.000 y la orden de pago se emite del municipio para pagarle a la empresa por el gerenciamiento” realizado entre octubre y enero.

“El municipio no le tendría que pagar a la Sapem porque el gerenciamiento fue deficitario y en cierta manera me parece que si yo tengo un gerenciador que tiene que llevar adelante un sistema de la manera que corresponde, también tiene que haber una intimación por no haber brindado bien el servicio”.

En relación al supuesto sobreprecio en el contrato de Eycon, Rosenfelt comentó que “lo conveniente sería que el presidente de la Sapem, que tiene información y ha hecho la denuncia pública, haga la denuncia donde corresponde en sede judicial. La responsabilidad pasa por quien ha hecho esta manifestación”.

Finalmente, habló sobre la intención del bloque de Unidad Ciudadana de formar parte del directorio de Sapem: “Quiroga habló como presidente del bloque con Feliú. Estamos de acuerdo en que tiene que ser rotativo y en este período les tocaría formar parte del directorio. Yo particularmente le comuniqué al oficialismo que en abril no voy a ser más parte. Apoyamos la postulación de Larrea para que sea por los próximos dos años del directorio de la Sapem”.

El juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata Luis Arias, quien se encuentra suspendido en su función, debía ser juzgado a partir de este martes por un Jury de Enjuiciamiento en el que se le imputan 21 cargos.

En diálogo con FM De la Calle, Arias explicó ayer que 11 de esas imputaciones son “no haber remitido el expediente a la Receptoría General de Expedientes, es decir, un trámite burocrático que se hace para que la Corte tome conocimiento de que existe una causa de Fulano contra Mengano. Además, yo ordené eso. Lo que pasa es que las partes no lo pidieron, no impulsaron el movimiento y me atribuyen a mí responsabilidades de no haber mandado el expediente”.

“Son todas las causas urgentes en donde, remitir un expediente a una oficina administrativa de la Corte puede implicar una pérdida del derecho a las personas que están litigando”.

Respecto al resto de las imputaciones, el magistrado sostuvo que “son todos conflictos de competencia con los jueces penales o con la propia Suprema Corte de Justicia, donde los jueces penales, por ejemplo, frente a un desalojo masivo dictan medidas arbitrarias, ilegales; generalmente porque no cumplen con los estándares internacionales. Y por otro lado, esos ocupantes viene al fuero Contencioso Administrativo a pedir que se les garantice el derecho a la vivienda digna, el derecho a la tierra y muchos otros derechos que están establecidos constitucionalmente”.

“Esto que hace la Corte, que hace el Jurado de Enjuiciamiento, que hace el procurador (Julio) Conte Gran, es querer eliminar la diversidad de pensamiento, es como si obligáramos a todos los poetas a escribir la misma poesía, a todos los escritores a escribir la misma novela. Digamos, si trabajamos sobre textos hay visiones diferentes, hay interpretaciones diferentes siempre dentro de un rango de racionalidades posibles. Los magistrados no podemos estar condicionados por nuestra manera de pensar, por nuestra manera de ver el mundo”, manifestó.

Finalmente Arias destacó que “no tengo denuncias de ninguna persona particular, no tengo denuncias de abogados matriculados, por el contrario, nos eligen todos los años como mejor juzgado Contencioso en la encuesta que hace el Colegio de Abogado y las puntuaciones que nos dan en todos los aspectos están entre los primeros juzgados de todos los fueros. Las denuncias son de los jueces penales y de algunos funcionarios de la Corte”.

Fueron las palabras de Natalia Acosta, abogada del matrimonio igualitario que consiguió mediante un fallo sin precedente que la obra social se haga cargo del tratamiento de fertilización asistida al que no querían acceder.

En el año 2013 se dictó una ley nacional para todas las obras sociales que incluye el tratamiento de fertilización asistida en el programa médico obligatorio y, según la abogada, “hasta el momento no había ningún caso en que se hubieran negado a cumplir con esto”. En este caso, el matrimonió se presentó en el estudio “con el deseo de poder formar una familia y se encontraron con el obstáculo de la obra social. Iniciaron los pasos procesales correspondientes, y ante la negativa tuvimos que recurrir al procedimiento de amparo”.

No trascendió de qué obra social se trata ya que es un fallo de primera instancia, en caso de que haya una apelación “esperamos que la Cámara confirme el fallo pero sí sienta jurisprudencia en primera instancia”. Acosta aseguró que el fallo habla de “la inclusión, la evolución de la sociedad, el hecho de la mujer de poder disponer de su cuerpo y elegir cómo formar una familia”.

Los argumentos de la obra social para negar la cobertura del tratamiento se refieren a “que es una obra social chica, cuestiones económicas, cuestiones en relación al ámbito familiar, que la cónyuge tiene otra obra social. Cuestiones que no hacían que fuera un impedimento […]. Entonces, si la ley no establece limitaciones la obra social tampoco tiene por que hacerlo”, explicó la abogada.

En el marco del 8M, un tribunal porteño condenó a empresas de colectivos y al Estado por no contratar mujeres y advirtió que la supuesta incapacidad de las mujeres para conducir es otra herramienta del patriarcado para seguir negándoles derechos.

En Bahía Blanca, Cecilia Bravo, chofer de transporte urbano e interurbano, hace años busca trabajo en las empresas de colectivo y se lo niegan sistemáticamente sin darle explicaciones.

Cansada de golpear puertas, recurrió a la justicia para que San Gabriel, Rastreador Fournier y la estatal Bahía Transporte SAPEM cesen “en las medidas discriminatorias” en su contratación y la de mujeres en general. Hubo una “audiencia hace 13 días y no se presentó nadie de las empresas. Estoy esperando el fallo porque ya pasó la etapa de los alegatos”, señaló Bravo a FM De la Calle.

Agregó que “es un pasito más adelante, poco a poco nos vamos poniendo en órbita las mujeres en lo que es la lucha por la igualdad, ante una toma de empleo. Yo no tenía que demostrar nada, lo que tenían que demostrar eran las empresas a las que le habíamos presentado el amparo en 2013”.

Con otra chofer salteña, Mirta Cisneros, iniciaron un reclamo en conjunto porque ni las empresas locales ni las de Salta querían contratar mujeres. Cisneros elevó el fallo a la Corte Suprema y ganó. Actualmente en Salta hay mujeres manejando transporte urbano e interurbano.

Bravo comentó que en las empresas “nadie me dijo nada, sí pude leer las respuestas de las empresas al amparo, que en algunos párrafos eran irrisorias, cuestionan mis carnets, me cuestionan a mí o a las entidades que me lo dieron, a la Municipalidad y a la CNRT. Es algo muy lógico, tuvieron tiempo para verificar otras cuestiones de otro trabajo anterior pero no pudieron verificar si los carnets son reales o no”.

Lo aseguró Mercedes Insausti, ex edil por el bloque de Integración Ciudadana, en relación a la presentación que hicieron ante el Tribunal de Cuentas por la demora en la instalación de los parquímetros.

Insausti comentó que realizaron el pedido de intervención al Tribunal de Cuentas “ya que hace casi 50 días que no tenemos cobro de parquímetros”.

También explicó que es una inquietud pendiente desde el año pasado, cuando ella integraba la comisión de Tránsito y Transporte, “desde ahí que lo seguimos de cerca y se agudiza; […] el tema es manifestarlo y que quede en evidencia que hay una problemática muy seria que no tiene antecedente en Bahía Blanca respecto al tema parquímetros”.

Siempre está el cuestionamiento a SAPEM Transporte desde el tema de las garitas, que también nos involucró, y el pago por cinco garitas que aún hoy están sin resolver; o las tarjetas con aquel desfalco de -no sabemos si- 3 u 8 millones.

“Siempre SAPEM está en un ojo de tormenta donde no se logra resolver ni esta gestión ni la anterior. Ésta, que vino con todo el ímpetu de limpiar la situación de SAPEM, ambas -Ambiental es otro tema donde no está resuelta la claridad de hasta qué punto es pública y hasta qué punto privada-, porque parece que cuando hay necesidades el estado siempre tiene que estar para socorrer, pero evidentemente hay algún interés privado que siempre prima. Es bastante gris el tema de SAPEM”, concluyó Insausti.

Miles de bahiensas marcharon por el centro de la ciudad en el marco del Paro Internacional convencidas de ser “la primera línea de resistencia frente a la explotación patriarcal y capitalista y articulando con movimientos de mujeres en más de sesenta países vamos a la vanguardia contra todo tipo de opresión”.

“No queremos ser un engranaje más de este sistema de violencia. Si nuestras vidas no valen, que produzcan sin nosotras”, dijeron en la Plaza Rivadavia.

Las organizadoras manifestaron que “los procesos de crisis económica se apoyan especial y principalmente en las mujeres que somos quienes garantizamos todo aquello de cuya cobertura el estado se ha corrido: salud, alimentación, educación, vivienda, etc”.

“Abajo las reformas laboral, tributaria, educativas, de salud y previsional. Basta de precarización laboral. Igual salario por igual trabajo. Guarderías en todos los lugares de trabajo. Licencias especiales por violencia de género, familiar enfermo y extensión de las licencias por maternidad y paternidad. No a los despidos y suspensiones. Reconocimiento del trabajo doméstico”, fueron algunas de las demandas.

En este segundo paro el reclamo por el aborto legal, seguro y gratuito fue otro eje de la jornada, ahora con el debate en marcha en el Congreso de la Nación. “Mientras que en los países que llamamos del primer mundo el aborto es legal hace más de 40 años, nosotras seguimos exigiendo este derecho fundamental para nuestra salud. Esta situación claramente obedece a la intención política de disciplinarnos y negarnos un derecho básico como la decisión sobre nuestros cuerpos, profundizando la imposición social de la maternidad como único destino para las mujeres”.

El documento, que abajo reproducimos completo, tuvo un párrafo para las víctimas de femicidios que nos faltan en Bahía Blanca y la zona: Micaela Ortega, Katherine Moscoso, Luciana Moretti, Leticia Cayuli, Ivonne Gallardo, Irina Montoya, Dolores Sánchez, Ruth Utriera, Daiana Méndez, Silvana Rietti, Sofía Díaz, Carmen Flores, María Luisa Montagna, Viviana Aguilera, Jessica Elías, Luisa Peralta, Eudes Bazán, Claudia Godoy, Leonela Costa, Stella Gottau, Alejandra Galicio, Melina Saavedra, María Silva, Mónica Esteban, Sandra Arbilla.

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Nosotras paramos contra la violencia machista, el ajuste y por el aborto legal

 

Este 8 de marzo, LAS MUJERES PARAMOS EL MUNDO.

En Bahía Blanca también paramos: nos sumamos al Paro Internacional de Mujeres porque estamos convencidas de que somos la primera línea de resistencia frente a la explotación patriarcal y capitalista y articulando con movimientos de mujeres en más de sesenta países vamos a la vanguardia contra todo tipo de opresión.

Históricamente, el 8 marzo es una jornada internacional de lucha y denuncia de las opresiones que sufrimos las mujeres y por eso hemos llamado este día “Día internacional de las Mujeres Trabajadoras”. En este contexto, las mujeres tomamos en nuestras manos la organización de la resistencia. No queremos ser un engranaje más de este sistema de violencia. Si nuestras vidas no valen, que produzcan sin nosotras.

Hoy 8 de marzo:

Paramos porque los estados nos empobrecen y explotan y esa opresión siempre recae más duramente sobre los cuerpos de las mujeres.

Paramos porque existe una brecha salarial a nivel mundial entre varones y mujeres. En Argentina si hablamos de trabajo registrado los hombres ganan en promedio 27% más que las mujeres, y esta brecha es aún mayor en los trabajos menos remunerados. Esto se profundiza cuando consideramos que las mujeres tenemos mayor dificultad para acceder a cargos jerárquicos por la subestimación de nuestro trabajo (nos vemos obligadas a demostrar “idoneidad” permanentemente). Además la precarización laboral afecta principalmente a las mujeres, quienes ocupamos el 54% de este universo laboral, trabajo asalariado precarizado y mal pago que en muchos casos es concebido como mera extensión del “rol doméstico” de cuidado y reproducción que se nos impone, generando a la vez la idea naturalizada de que existirían trabajos que son “de mujeres y trabajos “de hombres”.

Todo esto reforzado por el trabajo no reconocido invisibilizado y naturalizado que se nos impone dentro del hogar. Es así como las mujeres sufrimos una doble explotación: la del capital, compartida con todos los trabajadores y la que nos relegó al ámbito privado haciéndonos cargo de cuidar: parir, criar, pensar comidas, hacer compras, lavar, limpiar, y otras innumerables obligaciones que implica organizar la vida en el hogar en general. En Argentina los datos muestran que casi 9 de cada 10 mujeres participan en actividades del hogar, mientras que sólo 5 de cada 10 varones lo hacen y esas tareas ocupan en promedio 3 horas más de trabajo para las mujeres. La organización social del cuidado es injusta y desigual, se deben redistribuir las tareas no remuneradas, no sólo disminuir la responsabilidad de las familias a través de políticas de estado, sino al interior de estas entre mujeres y varones. Esta distribución de los cuidados profundiza las desigualdades y puede dar lugar a la tercerización de estas tareas recayendo siempre en otras mujeres.

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En este contexto de recesión económica internacional y de avanzada contra los derechos laborales a nivel mundial vemos que las mujeres también somos principales protagonistas de la resistencia.

En Argentina el gobierno nacional de Cambiemos con la complicidad del FPV, PJ y Massismo vienen llevando adelante un feroz ajuste sobre las condiciones de vida de la clase trabajadora. Para profundizar este ajuste el gobierno impulsa un paquete de reformas (laboral, tributaria, educativa, de la salud y previsional) tendientes a cambiar las relaciones laborales, reducir el gasto público y ahorrarse millones a costa de los salarios y jubilaciones de las y los trabajadores.

Sabemos que los procesos de crisis económica se apoyan especial y principalmente en las mujeres que somos quienes garantizamos todo aquello de cuya cobertura el estado se ha corrido: salud, alimentación, educación, vivienda, etc.

Hoy encontramos muchos ejemplos de lucha y resistencia por parte de las mujeres a lo largo y ancho del país: docentes y auxiliares en todo el país defendiendo la educación pública, profesionales de la salud con el ejemplo del Hospital Posadas defendiendo la salud pública, enfrentando los despidos como las trabajadoras del INTI, en Rio Turbio, Fanazul y los ingenios azucareros del norte, las mujeres originarias luchando por su tierra y su cultura ancestral enfrentando los procesos represivos de las fuerzas de seguridad del Estado, que van desde la militarización de sus territorios y desalojos. Exigimos el cese de las políticas de criminalización y persecución luchadoras y luchadores sociales y a los pueblos originarios.

Paramos porque reivindicamos las luchas de las mujeres trabajadoras y por eso les venimos reclamando a las centrales sindicales que convoquen a este Paro Internacional de Mujeres Luchamos por los derechos de las mujeres trabajadoras. No al ajuste. Abajo las reformas laboral, tributaria, educativas, de salud y previsional. Basta de precarización laboral. Igual salario por igual trabajo. Guarderías en todos los lugares de trabajo. Licencias especiales por violencia de género, familiar enfermo y extensión de las licencias por maternidad y paternidad. No a los despidos y suspensiones. Reconocimiento del trabajo doméstico.

Paramos porque en nuestro país anualmente se realizan alrededor de 500 mil abortos clandestinos. Sin embargo, solo las mujeres con mayores recursos económicos pueden abortar de forma segura, siendo las más pobres quienes corren riesgos, resultando muchas veces en su muerte. No podemos seguir tolerando la injusticia social que esto acarrea, constituyéndose el aborto como la primera causa prevenible de mortalidad materna. Mientras que en los países que llamamos del primer mundo el aborto es legal hace más de 40 años, nosotras seguimos exigiendo este derecho fundamental para nuestra salud. Esta situación claramente obedece a la intención política de disciplinarnos y negarnos un derecho básico como la decisión sobre nuestros cuerpos, profundizando la imposición social de la maternidad como único destino para las mujeres. En todo esto la Iglesia, con complicidad y aval del Estado, tiene una responsabilidad histórica y persistente, obstaculizando aún hoy la práctica. Seguimos luchando por la implementación efectiva del protocolo de aborto no punible e interrupción legal del embarazo en todos los hospitales y centros de salud. El aborto, en nuestro país, es legal en casos de violación o riesgo para la salud desde 1921; sin embargo no hay protocolos que garanticen esta práctica en todas las provincias, ni información hacia las usuarias, ni profesionales suficientes. El acceso a un aborto no punible es sistemáticamente bloqueado por objetores y objetoras quienes imponen su moral y creencias personales por sobre el derecho a la salud. Así también repudiamos la estrategia del poder de judicializar a profesionales que cumplen con su obligación en el sistema público, como es el caso de Estrella, la médica de Maitén, procesada por garantizar el derecho a abortar. Sostenemos que garantizar derechos no es delito!

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Este martes pasado fue presentado por 7ª vez en el Congreso de la Nación, el Proyecto de la Campaña Nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. En esto no existen concesiones y cada avance ha sido y seguirá siendo resultado de la lucha de miles de mujeres a lo largo y ancho de nuestro país. No nos contentamos con un mero debate, queremos la aprobación del proyecto!!!! Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.

Basta de criminalización a las mujeres y personas con capacidad gestante por abortar.

Tampoco se garantiza fehacientemente el derecho a la anticoncepción a pesar de contar con una Ley Nacional que obliga al estado a proveer los distintos métodos. Las barreras son múltiples, desde la existencia o no de los diferentes métodos anticonceptivos al alcance de las mujeres así como la falta de asesoramiento profesional y acorde a los deseos y necesidades de cada mujer, considerando además que casi todos los métodos están diseñados para nuestros cuerpos, sosteniendo el prejuicio de que la anticoncepción es responsabilidad estricta de la mujer, y sobre nosotras también recae la penalización cuando estos métodos fallan. Todo esto redunda en una criminalización exclusiva de las mujeres, como las únicas responsables de la concepción. No ha y juicio ninguno hacia los varones, lo que marca una visión totalmente patriarcal: las mujeres no nos embarazamos solas.

También denunciamos que la Ley Educación Sexual Integral no se aplica efectivamente, quedando a merced de la voluntad de docentes y directivos de cada escuela el tratamiento de estos contenidos, no siendo curricular y transversal como debería. Luchamos por un estado y una educación laica y no sexista. Separación de la Iglesia del Estado.

Implementación real de la Ley de Educación Sexual Integral en todos los ámbitos educativos, para formar en la igualdad y para una vida libre de discriminación y violencia machista Además seguimos sufriendo violencia obstétrica y ginecológica sistemáticamente, la cual es absolutamente naturalizada por lo cual no se problematiza. A pesar de que existe la Ley 24929 de Parto Respetado, ésta no se aplica. Basta de violencia obstétrica!

Exigimos que los espacios de atención pública a la salud realicen sus prácticas con un enfoque transversal en perspectiva de género, sexualidades e identidades disidentes y que no caiga exclusivamente en la voluntad individual de las/os profesionales la necesidad de especializarse en esta perspectiva.

Paramos contra los femicidios y toda violencia machista. Porque en Argentina una mujer es asesinada cada dieciocho horas, y en muchos casos familiares y amistades de la víctima pueden ser también afectadas en lo que llamamos “femicidios vinculados”. Porque la desigualdad y falta de autonomía económica, muchas veces, nos retiene en situaciones de violencia y nos vuelve más vulnerables ante el machismo, cuyo último eslabón de expresión son los femicidios.

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Paramos porque en Bahía Blanca y la zona nos faltan: Micaela Ortega, Katherine Moscoso, Luciana Moretti, Leticia Cayuli, Ivonne Gallardo, Irina Montoya, Dolores Sánchez, Ruth Utriera, Daiana Méndez, Silvana Rietti, Sofía Díaz, Carmen Flores, María Luisa Montagna, Viviana Aguilera, Jessica Elías, Luisa Peralta, Eudes Bazán, Claudia Godoy, Leonela Costa, Stella Gottau, Alejandra Galicio, Melina Saavedra, María Silva, Monica Esteban, Sandra Arbilla.

En octubre del año pasado producto de la lucha de la familia y las organizaciones de mujeres la justicia dictó una condena ejemplar para el asesino de Micaela Ortega. Esto nos reafirma que el único camino para lograr justicia es la visibilización y la lucha.

En Monte Hermoso a más de 2 años del femicidio de Katherine Moscoso en el cual se implican todas las tramas del poder político local, la familia debió luchar públicamente para que el fiscal del Cero realizara alguna acción en la causa.

Al día de la fecha no hay ningún procesado por este crimen.

Nos falta la maestra Vanesa Castillo quien fue apuñalada y muerta en Santa Fe por Juan Cano, un ex convicto. Las noticias relacionaron el crimen a un intento de robo, mientras que nosotras sostenemos que el crimen podría estar vinculado a una denuncia que hiciera Vanesa relacionada con un abuso sexual hacia de sus alumnas. Este crimen pone de manifiesto el desamparo en el cual quedan las trabajadoras cuando denuncian las situaciones de violencia que constatan. Acompañamos la lucha por el esclarecimiento del crimen y justicia por Vanesa.

Pedimos total esclarecimiento del asesinato de Sandra Arbilla, quien fuera encontrada en su lugar de trabajo con 30 puñaladas en su cuerpo.

Reclamamos justicia para Camila Borda de 11 años quien fuera violada y asesinada, en la ciudad de Junín, como así también denunciamos la represión por parte de la policía hacia los vecinos de Camila quienes fueron los que encontraron y reaccionaron ante su asesino.

Luchamos porque no queremos ni una muerta más por violencia machista, exigimos ¡NI UNA MENOS! Reglamentación total, y cumplimiento real de la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las Mujeres con control de las organizaciones de mujeres. Ejecución de partidas presupuestarias genuinas destinadas a la atención integral de mujeres en situación de violencia. Refugios accesibles y sin requisitos burocráticos para las mujeres y sus hijxs, atendidos con personal con perspectiva de género. Apoyo económico, planes de vivienda, asesoramiento legal y asistencia integral a cargo del Estado y las patronales para las víctimas. Exigimos rendición de cuentas y visibilización de las acciones de la dirección de políticas de género.

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Nos pronunciamos contra la violencia simbólica que ejercen los medios de comunicación, la cristalización de los estereotipos de género, la estigmatización de nuestras decisiones y la invisibilización de nuestras luchas. Pedimos el Reconocimiento y acción sobre la responsabilidad de los medios de comunicación hegemónicos en la reproducción de contenidos que fomentan comportamientos discriminatorios y misóginos.

Paramos porque se invisibilizan los crímenes de odio hacia las identidades disidentes (lesbianas, gays, trans, travestis, intersexuales, bisexuales). Exigimos la absolución “Higui” procesada por defenderse ante el intento de violación y castigo a sus agresores. Exigimos la anulación del protocolo represivo contra la comunidad LGBTIQ.

Paramos porque exigimos al estado la aprobación y cumplimiento y presupuesto para el proyecto de ordenanza de cupo laboral trans a aplicarse tanto en el ámbito público como privado. Acceso a la salud integral, protección de las infancias trans, libres de violencia y patologización en las instituciones. Acceso a la educación, promoción e inclusión de las personas trans dentro de todos los niveles educativos. Creación de un área específica de contención y seguimiento de personas trans, organizando las políticas en la promoción de estos derechos.

Justicia por Alejandra Galicio, crimen impune por más de 12 años. Acompañamos a la “Comisión de Justicia por Diana Sacayán”, en el primer juicio caratulado como travesticidio, en Argentina, Basta de travesticidios y crímenes de odio.

Paramos porque el Poder Judicial en muchísimos casos es un elemento más para la vulneración y la victimización de las mujeres que recurren legítimamente a él, y que en su lugar encuentran el reforzamiento de la ley patriarcal que las culpabiliza y desprotege. Muchas veces las diferentes instancias no dan respuestas a las mujeres de forma integral y en ocasiones no tienen la formación correspondiente para el abordaje de estas situaciones. Por lo tanto el Poder Judicial funciona reproduciendo y profundizando la violencia y como una instancia disciplinadora hacia las mujeres. Porque fiscales, abogados y jueces continúan utilizando el inexistente “Síndrome de Alienación Parental” para acallar a las niñas, niños y adolescentes que son víctima de violencia por parte de sus padres, así como también silenciar y juzgar a las mujeres que denuncian. No existe ninguna institución científica seria que defina la existencia de este síndrome. El SAP no existe!!

Basta de justicia misógina y patriarcal. Por un poder judicial con perspectiva de género. Basta de judicialización hacia las mujeres.

Paramos por todas las mujeres que nos faltan víctimas de las redes de trata, porque las pocas que son rescatadas no tienen contención social ni sanitaria, porque no se les garantiza tratamiento psicológico ni trabajo genuino lo que muchas veces las coloca en mayor situación de vulnerabilidad y a ser captadas nuevamente por estas redes. Porque en Bahía Blanca la prostitución y la trata son un negocio más del poder político y económico que tiene el control absoluto de los negocios lícitos e ilícitos de la región, lo cual hace que la complicidad con los demás poderes imposibilite una intervención real sobre este crimen contra las mujeres, particularmente las de menores recursos. Porque la trata usa los cuerpos de las mujeres como objetos descartables destinados al placer masculino, mientras exista no tendremos igualdad de derechos!

Justicia y aparición con vida de todas las mujeres víctimas de las redes de trata. Desmantelamiento de las redes de trata y explotación sexual, comenzando por la participación de policías, jueces y funcionarios del estado.

Por un cupo laboral para sobrevivientes del delito de trata.

Denunciamos que nos faltan las víctimas de las redes de trata y explotación sexual, de las cuales la policía, el estado y sus funcionarios son cómplices y forman parte del sistema prostituyente.

Paramos porque los territorios ancestrales de los pueblos originarios están siendo violentados y explotados, con la misma ideología patriarcal que tiene al cuerpo de las mujeres como tierra conquistable. Las mujeres originarias viven no solo la violencia machista sino también racista y capitalista que siguen asesinando a las mujeres originarias que se oponen a la invasión de los megaproyectos en las comunidades. Porque fue en defensa de esos intereses que fueron asesinados Santiago Maldonado y Rafael Nahuel a manos de la gendarmería de Bullrich.

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Este 8 de Marzo unimos nuestra lucha con la lucha de las mujeres de todo el mundo.

1-Paramos porque las reformas laborales, previsionales y los despidos nos afectan doblemente a las mujeres. Y el trabajo doméstico y de cuidados está invisibilizado. Paramos porque reivindicamos las luchas de las mujeres trabajadoras y les reclamamos a las centrales sindicales continuidad en las medidas de lucha contra el ajuste.

2- Paramos por el aborto legal seguro y gratuito. Educación Sexual Integral laica y científica. Separación de la iglesia del estado. Basta de criminalización a las mujeres por abortar.

3- Paramos contra los femicidios y toda violencia machista. Exigimos la declaración de emergencia por violencia sexual y doméstica. Basta de justicia misógina y patriarcal.

4- Paramos por la aprobación y cumplimiento del cupo laboral trans. Basta de travesticidios.

5- Paramos por el desmantelamiento de las redes de trata y la explotación sexual.