En el día de ayer se realizó una audiencia en el Juzgado Contencioso Administrativo ante el juez Agustín López Cóppola en la que participaron representantes de ABSA, la Provincia de Buenos Aires, el OPDS y los abogados locales, junto al representante legal de los pescadores artesanales.

“El objetivo de la audiencia es en el marco de una medida cautelar que nosotros solicitamos en la demanda civil con el fin de que se conforme un fondo para que ABSA o la Provincia realicen las plantas de tratamientos de las cuencas de Punta Alta y la mayor de Bahía Blanca, explicó el abogado de la Asociación de Pescadores, Lucas Omar Beier a FM de la Calle.

Durante el primer tramo del encuentro ABASA manifestó “que el tratamiento que tiene es suficiente para este ambiente”. Sin embargo, “en el transcurso de la audiencia quedó bien en claro que eso no es suficiente. Reconocieron que era necesario hacer nuevas inversiones, lo que pasa es que no cuentan con los fondos. Por eso solicitamos que se los intimen para que en algún momento hagan este fondo”.

El abogado explicó que “la finalidad e la audiencia era si podíamos llegar a una especie de acuerdo. Esto no dio resultado, no hubo compromiso. Así que el juez ahora va a resolver si nos hace lugar a la medida cautelar o no”.

Los departamentos de Economía y Ciencias de la Salud de la UNS conformaron un equipo de trabajo que investigó acerca de la problemática de suicidios en nuestra ciudad. El mismo está dirigido por el doctor Pablo Badr y la antropóloga María Beleén Noceti y contempla el período 1992/2012.

Hablar de suicidios tiene “algunas particularidades” según explicó el Dr. Badr ya que “lo que es el registro del dato tiene muchas limitaciones porque hay muchos actores intervinientes. Entones los registros estadísticos son muy heterogéneos en nivel internacional. Esto tiene mucha repercusión cuando uno quiere comparar distintas poblaciones. Pero cuando nosotros empezamos a evaluar el suicidio no como una cuestión individual sino como un proceso social más amplio y multidimensional, lo que podemos hacer es empezar a analizar el comportamiento de las tasas de suicidios en diferentes grupos etarios en el mismo lugar y etapa de tiempo”.

Por su parte, el informe no concluye “que la población que más se suicida son varones de 15 a 24 años. Las tasas de suicidios son mayores en la población adulta. Lo que si estamos viendo es que el aumento de la tasa de suicidio se da en esa población juvenil”.

Además, el investigador sostiene que hay que tener en cuenta que “muchas veces se habla de suicidio como una cuestión individual. Pero cuando nosotros vemos un proceso histórico donde durante 20 años hay una tendencia sostenida, tenemos que pensar en cuestiones sociales e individuales que están por fuera de la lógica individual.

Respecto de las causas de la tendencia Badr afirmó que “es un proceso de varios años que marca una marcada vulnerabilidad de esta población. Estamos intentando diseñar un modelo explicativo”.

Por último, el análisis de la información procesada muestra que hay “una perfecta correlación de esta tendencia en Bahía Blanca y estadísticas nacionales”

Del 19 al 25 de mayo se celebra la Semana Mundial del Parto Respetado (SMAR), con la consigna “Parir es Poder”.

Nadia Fernández, integrante del Círculo de Mujeres Bahía Blanca explicó que “la idea es llevar información a las parejas y al público en general acerca de qué se trata el parto respetado y la no violencia obstétrica, y la epidemia de cesárias que hay en general en Latinoamérica y en particular en Bahía Blanca”

Existen diferentes formas de violencia obstétrica. Fernández enumeró algunas como “infantilizar a la madre, hacer una cesária innecesaria, entrar en trabajo de parto y hacer prácticas innecesarias sin consentimiento, las intervenciones de rutina a los bebés”.

Finalmente, la vocera de esta organización afirmó que “lo que hablamos es del hecho de empoderar a la mamá, que la mamá tome el poder del embarazo y de su parto, es decir, que no se delegue al especialista. Una mamá empoderada va a decidir de qué manera quiere parir”.

El próximo sábado 23 de mayo, desde las 22.30 horas, se presentará Güendalina Martella, quien ofrecerá su espectáculo habitual de música a la carta.

La docente, cantante y pianista dialogó con Astor Vitali durante su columna en el programa En Eso Estamos de la FM de la Calle, sobre el repertorio que abordará y su actividad docente.

“La gente se pone muy contenta cuando se entera del ciclo en el Boston porque es una novedad en un lugar que es un clásico” dijo Güendalina refiriéndose al ciclo de Solistas de la UMSur en el Boston Café.

Alejandro, alias “Chacha”, será el conductor del programa que engordará nuestra grilla,“No llego con el cambio”. El mismo se emitirá todos los viernes a las 20 30 hs. por la 87.9 Mhz.

Durante esta mañana el nuevo integrante de esta casa, dialogó con Mauro Llaneza en el programa En Eso Estamos acerca de esta flamante propuesta radiofónica.

(Por Francisco J. Cantamutto) La Justicia argentina falló contra el acuerdo del Citibank y los fondos buitres. Mientras tanto, la comisión de investigación inició sus tareas.

El día lunes el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 12 dio lugar a la medida cautelar para que la filial argentina del Citibank no ponga en práctica el acuerdo firmado en Estados Unidos con los fondos buitres comandados por Paul Singer. En marzo de este año, el Citibank –uno delos operadores financieros más grandes del mundo- acordó con MNL Capital y otros fondos retirarse del negocio de los bonos de deuda argentina, a cambio de permitirle el pago inminente de intereses de esos títulos. El gobierno argentino reaccionó sancionando al banco por este acuerdo, al poner en riesgo los derechos de cobro de los bonistas que ingresaron a canjes previos.

La novelesca trama tuvo esta semana un nuevo episodio, cuando el referido Juzgado falló sobre la cautelar pedida por el Ministerio de Economía, obligando al banco a abstenerse “de realizar cualquier acto” destinado a cumplir con el pacto.  Además, se dispuso que está impedido de “tomar decisiones que impliquen abandonar la custodia de títulos de Bonos Argentinos del Canje”. Es decir, aunque no se dijo nada de la cuestión de fondo, se cuestionó en todo orden la posibilidad de cumplir el acuerdo. Se alegó que el acuerdo no tiene validez en Argentina, puesto no fue homologado según las leyes locales, por lo que desvincularse unilateralmente significaría un daño sobre los bonistas y una infracción de la ley nacional.

El Citibank ya quedó antes “atrapado” en esta pugna entre el gobierno y los fondos buitres, y decidió que el costo del forcejeo ya supera las ganancias, por lo que decidió retirarse del negocio. Ya anunció a los fondos Euroclear Bank y Clearstream Banking Luxembourg SA que rescindía sus contratos de custodia sobre los títulos públicos de deuda. El City ha sido un socio del gobierno de Cristina Fernández en la puja por los bonos de deuda, desde que en 2008 la presidenta le reabriera el canje de 2005 para que pudiera canjear títulos comprados al 22% de su valor nominal. Esta asociación se mostró incluso en la arena internacional. El City ya hizo su negocio y se quiere retirar.

El gobierno no lo tolera: por eso el Banco Central inhabilitó al CEO del City en el país, Gabriel Ribisich, quitándole la licencia para operar en el país, y suspendió al banco como operador bursátil. La novedad es que ahora la pelea se lleva a cabo en el mismo terreno. Esta vez fue el Poder Judicial argentino el que cuestionó –jurídica y políticamente- los fallos de Griesa en Nueva York. La prepotencia del juez neoyorkino pretende hacer valer su jurisdicción más allá del distrito sur de su estado, hasta el extremo Sur del continente. Si bien se trata de un exceso poco diplomático, lo cierto es que el resto del poder judicial estadounidense y el propio presidente Obama, lo han dejado actuar en tal sentido.

Mientras tanto, en el Congreso nacional

Tras meses de la aprobación de la mal llamada “Ley de pago soberano”, finalmente a fines de abril se creó la comisión investigadora de la deuda en el Congreso. A pesar de lo valioso de la investigación, algo que venimos reclamando desde el regreso a la democracia, no pocas dudas surgen de la misma. En principio, que se encuentre en una ley que declara de interés público el pago de la ley, aprobada para sortear las limitaciones a los pagos impuestas por Griesa.

La composición de la comisión era otro riesgo. La preside el diputado del Frente para la Victoria, Eric Calcagno, quien conoce del tema y tiene una perspectiva crítica… limitada al pasado. En su visión del asunto, la política de pagos del kirchnerismo es la adecuada para “disolver” la deuda. Su preocupación se centra en identificar el rol de los fondos buitres, en clara sintonía con el deseo oficial de pagar a todos menos una ínfima fracción del poder financiero. Es decir, de la presidencia de la comisión no se puede esperar que cambie la absurda postura de pagos del gobierno.

Por parte del oficialismo, también son parte de la comisión María Luz Alonso, Edgardo Depetri, Carlos Moreno, Juan Mario Pais, y los senadores Walter Barrionuevo, María Graciela de la Rosa, Pablo González, Pedro Guastavino y Juan Manuel Irrazábal.  Con esta mayoría de 10 integrantes sobre 16, nuevamente, no podemos esperar grandes cuestionamientos a la política oficial de “pagos seriales”, a toda costa.

La participación minoritaria de la oposición no arroja mayores esperanzas tampoco. Es dudoso que los 4 integrantes del radicalismo (los diputados Jorge D’Agostino y Enrique Andrés Vaquié, y los senadores Gerardo Morales y Laura Montero, que ni siquiera fueron a la primera reunión) cuestionen la deuda y sus mecanismos, habiendo sido su fuerza política corresponsable del endeudamiento que nos trajo a esta situación. El senador y ex presidente Adolfo Rodríguez Saá fue quien declaró el default y la necesidad de investigar la deuda, aunque no llegó a hacer nada al respecto.

El único integrante del que se puede esperar una revisión integral, crítica y seria, es el diputado de Unidad Popular, Claudio Lozano, quien ha expresado su posición en reiteradas oportunidades, acompañando además iniciativas históricas de la CTA como la consulta popular de 2003. El diputado pidió incorporar el fallo del juez Jorge Ballesteros, que ya sentenció sobre 477 irregularidades en el proceso de endeudamiento durante la dictadura, deuda que se ha renovado hasta hoy. Ese fallo duerme en el Congreso desde el año 2000. La única expectativa creada por Calcagno fue considerar este y otros fallos existentes, y convocar a expertos sobre la materia.

Un conjunto amplio de organizaciones estamos llamando a la Conferencia Internacional Deuda, Bienes Comunes y Dominación a realizarse del 3 al 5 de junio en Buenos Aires. Es una oportunidad para las fuerzas sociales y las políticas sin representación en el Congreso para expresar nuestras posiciones en torno al problema, y aportar material para forzar a la comisión a dictaminar sobre la ilegalidad, ilegitimidad y carácter usurero de la deuda. El corolario de tal dictamen sería el no pago. Claro que esto va contra la expresa y reiterada voluntad del gobierno de pagar a toda costa. Incluso si eso implica pelearse con un juez neoyorquino.

(Por Francisco J. Cantamutto) La semana anterior trascendieron una serie de acuerdos entre Argentina y Rusia. Ambos gobiernos se anotan favores, mientras se consolida la subordinación argentina a las potencias en ascenso.

Con clima de festejo, se cerraron la semana pasada una serie de 17 acuerdos entre nuestro país y Rusia, en el marco de negociaciones iniciadas en 2003 por el entonces presidente Néstor Kirchner. Cristina Fernández y Vladimir Putin celebraron los acuerdos: no es para menos, a ambos dirigentes le significó un éxito en sus propios términos. Varios de los acuerdos se mantuvieron en secreto, estas líneas analizan lo que tomó estado público.

¿Qué persigue Rusia?

Es necesario partir de un hecho clave: Rusia es una potencia en ascenso. Junto a China, representan verdaderas maquinarias  de expansión. China ya es la primera economía del mundo en diversas mediciones, desplazando a Estados Unidos. Ambos países, repletos de recursos naturales y fuerza de trabajo –calificada y no calificada- tienen las condiciones para desplegar procesos autocentrados de desarrollo. Sin embargo, desde fines de los ’70 China y mediados de los ’80 Rusia, han optado por la expansión de sus economías integrándose al mercado mundial.

En este sentido, además del intercambio comercial, las economías adquieren un comportamiento típico de los centros medianos de acumulación, exportando capitales a zonas de influencia. China en Asia, Rusia en Europa del Este y Medio Oriente, ambas en África, histórico territorio de saqueo de las potencias. Las inversiones y los préstamos se combinan para establecer relaciones de dependencia más profundas que complementan el intercambio comercial desigual. Esto no implica que no reciban capitales de países centrales, como Estados Unidos, Alemania o Francia; pero en ambos casos este proceso se amalgama con una expansión hacia afuera de los propios capitales. Similar a lo que hace en nuestra región Brasil.

De esta forma, se garantizan flujos futuros de capital, en concepto de ganancias, regalías, dividendos, intereses. Además, permite desplegar una estrategia de geopolítica que les garantice acceso a recursos, o a ubicaciones comerciales o militares clave. Ambos países tienen gobiernos altamente centralizados, con capacidad de disciplinar a la población y las huestes internas, desplegando estas estrategias de modo consistente. Una diferencia entre ambas es la mayor disposición de Rusia a demostrar su poderío militar, como históricamente ha hecho. China también tiene fuerzas militares fuertes, pero Rusia tiene mayores roces históricos con las potencias occidentales, que la llevan a poner a prueba su eficacia. El campo de batalla, como siempre, es ajeno: tal es el lugar de Ucrania desde hace más de un año a esta parte. La absorción  de países eslavos a la órbita de la Unión Europea finalmente se encontró con un límite.

Estados Unidos, aunque, sigue siendo la potencia hegemónica en el mundo, encuentra crecientes dificultades para sostener su posición. Desde 2001 a esta parte se ha apoyado cada vez más en su fuerza militar, tratando –sin éxito- de compensar su declive económico, cultural y diplomático. Recientemente, ha intentado reconstruir su influencia en América Latina, con los diálogos con Cuba, la rehabilitación de la Cumbre de las Américas, y la amenaza a Venezuela. Rusia apoyó al país del Caribe, movilizando incluso tropas para asegurar que el imperialismo yanqui lo piense dos veces antes de entrometerse.

¿Qué busca Argentina?

La gestión económica kirchnerista logra llegar al final de su mandato con problemas, pero sin crisis. La agenda de problemas está priorizada por la falta de dólares, en el contexto de dificultades para tomar deuda a tasas razonables (la última emisión debió pagar casi 9% de interés). La necesidad de evitar la salida de dólares requiere, además, de  solucionar el problema de la restricción energética para moderar la salida, e impulsar el comercio para elevar el ingreso de divisas. Además, con la industria en recesión por la falta de demanda de Brasil, necesita impulsar la inversión para evitar una caída de la ocupación.

Los acuerdos con Rusia son plenamente coherentes en el marco de estas necesidades. Las inversiones prometidas por la potencia se orientan principalmente a infraestructura energética: acuerdos de exploración entre Gazprom e YPF, y la construcción de una sexta central nuclear, acordada entre Rosatem Overseas y Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA). En ambos casos, significa el ingreso de divisas, para aliviar la falta de energía, el impulso a la inversión, y de ello, la creación de empleos. Se esperan unos 6000 puestos de trabajo directos por la central nuclear. Todo indica ganancias para el gobierno: dólares, inversión, energía, puestos de trabajo.

Además, estos megaproyectos –que incluyen también participación en represas en el Sur- favorecerán en particular al capital ligado a la construcción, una de las fracciones más kirchnerista de las clases dominantes (incluso mucho más allá de los amigotes del poder que se denuncian en los grandes medios). A pesar de ello, debe señalarse que los acuerdos se establecieron entre empresas estatales, mostrando las fuertes limitaciones del empresariado argentino para liderar cualquier proceso de desarrollo en áreas sofisticadas. A pesar de que, tal como ocurriera con el ARSAT-1, todo lo avanzado lo aporta el Estado, el gobierno no deja de buscar impulsar a la burguesía “nacional” que llamó al proyecto en mayo de 2003. Los acuerdos buscan maximizar los componentes nacionales, justamente para movilizar a estos capitalistas, más dinámicos en reclamar que en invertir. De hecho, se incluyó también el desarrollo aeroespacial.

Por lo pronto, en esta cruzada, ambos gobiernos se anotaron favores en la diplomacia externa. Rusia se comprometió a apoyar a Argentina en la cuestión de Malvinas, en el conflicto con los fondos buitres y en la iniciativa ante la ONU de regular reestructuraciones de deuda pública. Argentina, a cambio, apoyará a Rusia en la cuestión ucraniana, pidiendo a la coalición occidental levantar las sanciones.

De conjunto, el gobierno busca sacar lo mejor que puede de un acuerdo subordinado a una potencia en ascenso. Tal como se establecen las relaciones de dependencia, el intercambio comercial entre ambos países que se impulsa por estos acuerdos resulta deficitario para Argentina, especializado en vender bienes de bajo contenido tecnológico. Las inversiones en infraestructura con tecnología rusa –como ocurrió con China hace poco- le garantizan a futuro tanto ventas tanto como flujos de pagos de intereses, utilidades, regalías. Argentina queda así asociada a las dos potencias en ascenso, pero en ambos casos en una relación de abierta subordinación, desplazando a futuro el conflicto político. Ciertamente, una fuerte diferencia respecto de la estrategia de resistencia ante el ascenso de la hegemonía estadounidense en el siglo XX.

En el día de ayer el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, anunció que se decretará la regulación del mercado de semillas, luego de una reunión en el Ministerio de Agricultura.

“Venimos peleando desde el año 2012 porque no se modifique la Ley de Semillas. El anuncio de Aníbal Fernández expresa que se modifica la Ley en beneficio de las corporaciones. Cosa que no sólo es una lectura nuestra sino que ya Monsanto y la Asociación de Semilleros Argentinos manifestaron su satisfacción” con el decreto, expresó el coordinador para América Latina de GRAIN.

El farmacéutico afirmó que “este DNU aparece como un intento de mediar entre un conflicto que hay entre Monsanto y los productores de soja. Muchos de ellos firmaron hace dos años un contrato de regalías extendida con la empresa, comprometiéndose a que cuando cosechan la soja, le van a declarar cuánto grano van a guardar y usarlo como semilla. La mayoría no lo hizo. Y en estos últimos meses Monsanto está parando los embarques de soja y en la entrada de las aceiteras para ver si allí ese tipo de soja y cobrar regalías extendidas a los productores”.

Como freno a este conflicto, el gobierno tenía la posibilidad de declarar que “los contratos de regalías extendida son ilegales”, como lo hizo el Uruguay.

Sin embargo, según el Vicente, el decreto “nace de reconocer la validez de esos contratos de regalías extendidas. Trata de quedar bien con los sojeros diciendo que solamente se cobrarán regalías sobre las semillas pero también con Monsanto avanzando en algunos puntos de modificar la ley de semillas vigente”.

Esto no representa “un consenso con la sociedad”.

Organizaciones que conformar la Campaña contra la Nueva Ley Monsanto de Semillas emitieron un comunicado expresando su punto de vista.

Este día “Nace como una iniciativa de todas las víctimas y las comunidades afectadas de la selva amazónica ecuatoriana que sufrieron la atroz contaminación ambiental que les dejó Texaco y posteriormente Chevron”, explicó Martín Álvarez, integrante el Observatorio Petrolero Sur.

Por su parte, Álvarez recordó que se produjo “un juicio muy grande que se llevó a niveles internacionales. La empresa está condenada por el gobierno ecuatoriano a pagar 19 mil millones de dólares. La firma se fugó de ese país dejando ningún activo, por lo que es prófuga de la justicia de ese país”.

Esta información llegó a Argentina “momentos antes de que el gobierno decidió que Chevron fuera su socio para desarrollar en Loma Campana el primer “play” de no convencionales con la técnica de fractura hidráulica”.

Por su parte, el dirigente añadió que “Chevron tiene un antecedente en el país que es bastante grave. En Neuquén tiene el yacimiento El Trapial que fue el segundo más grande del país. Entre el 2007 y7 el 2011 Chevron generó una desinversión impresionante girando divisas a sus casas centrales mayores de lo que producía. Sin embargo, Chevron no sufrió la misma suerte que Repsol. Es decir, los argumentos por los cuales se le expropió a Repsol hubiesen sido válidos para expropiarle a Chevron y a otras compañías más. Entonces estamos viendo que el desarrollo de los no convencionales sí o si tenía que venir de la mano de una transnacional como Chevron porque tenía este carácter de impunidad”.

En este sentido, Álvarez insistió en recordar que “el gobierno de Argentina le dio a Chevron impunidad judicial, porque acá, cuando se le hizo un embargo de sus activos en función del juicio que tiene con la víctimas ecuatorianas, la procuradora General de la Nación le sugirió a la Corte Suprema que le dé vía legal. Con lo cual la Corte determinó que Chevron Argentina era una subsidiaria que nada tenía que ver con Chevron Corporation. Semanas después Chevron Argentina volvió a ser Chervron Corporation”.

Hoy continúa el ciclo de solistas de la Unión de Músicxs del Sur en el Bar Don Osvaldo. Esta noche se presentará el cantautor Alejandro Rodríguez, quien nos visitó durante la columna de Astor Vitali en el programa En Eso Estamos de la FM De la Calle.

El 2 de junio de 2014 una sentencia de los magistrados de Casación Penal Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués, redujo de 6 a 3 años y 2 meses la pena de prisión a la que fue condenando un docente de educación física por “abuso sexual gravemente agravante”, al eliminar el agravante de un hecho “gravemente ultrajante” y calificar la causa como “abuso sexual simple”.

La directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento de la Aplicación del Convenio por los Derechos del Niño, Nora Schulman dijo a FM de la Calle que “en un caso así uno tiene que pensar fundamentalmente en un niño y un violador. Estas dos personas (por los jueces) emiten su fallo absolutamente clasista y hasta machista, haciendo una valoración de la sexualidad de un niño de seis años. Me parece simplemente lamentable”.

Sin embargo, la docente destacó que “la gente reaccionó bien. Creo que (los jueces) se van a tener que ir. Me enorgullece que la universidad de Mar del Plata haya tomado esta actitud”, dijo refiriéndose a que durante la mañana de hoy trascendió que la institución revocó el contrato de Piombo.

“Durante muchos años hemos luchado contra esta justicia perversa. Para que se considere al niño realmente como un sujeto de derecho y que no sea estigmatizado” continuó la dirigente.

Por su parte, Schulman anticipó que van a “seguir adelante con el pedido de juicio político” porque no sólo “no tienen capacidad sino tampoco humanidad”. Finalmente, explicó que “no es un fallo aislado. Hay un montón de prejuicios que se manejan desde la justicia que no tienen por qué ser”.

Foto: Lavaca.org

Los asambleístas Miguel Ángel González y Miguel Argentino Pérez, fueron sometidos hoy y hasta el viernes a la etapa de juicio oral por la muerte del motociclista Walter Maulucci en Arroyo Verde. La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, se movilizó hasta la Cámara Federal de Paraná, para protestar ante el comienzo del debate por el cual se acusa a los dos vecinos por “homicidio culposo”.

Norma González es una de las asambleístas que se acercó hasta Paraná y en diálogo con FM de la Calle recordó los hechos que derivaron en esta instancia judicial. “Una noche antes de la marcha que hacemos todos los años en el mes de abril como protesta por la pastera, venía un señor del Uruguay en moto. Le pidieron por favor que no siguiera porque había una niebla cerrada y que fuera despacio. El señor no hizo caso. Cuando llegó al puesto de Gendarmería los gendarmes también le pidieron que no siguiera. El señor tampoco hizo caso. Cuando llegó a la altura de Arroyo Verde los que tenían que correr un acoplado habían dejado una pequeña punta hacia el costado de la ruta. Este señor, como no veía nada, se lo llevó por encima y se mató”.

Respecto de los imputados, González explicó que “esa noche en Arroyo Verde había más o menos 200 personas, colegios que estaban acampando, policías, un puesto de gendarmería. Uno de los señores que está enjuiciado hacía un ratito que había llegado. El otro estaba durmiendo en la casilla. Fueron enjuiciados injustamente, simplemente por el hecho de estar ahí”.

Foto: noalaspapeleras.com.ar

Durante el día de ayer la Comisión de Usuarios Testigo emitió un comunicado donde expresa que “hace varios meses estamos reclamando ante el Sr. Saschrgorodsky (gerente de SAPEM) y el Sr. Frappichini (director de Tránsito y Transporte) por los cambios de recorrido producidos en las líneas 505, 509 y 519A, y por la precaria e irregular situación en la que se encuentra la línea 520 (que une a Bahía Blanca con Cabildo)”.

Según dijo a FM de la Calle Mariana Guatta, integrante de la organización, durante la mañana de hoy “entregaron copias del comunicado” en el Honorable Concejo Deliberante.

La vecina afirmó que “el municipio no hace las cosas como las tiene que hacer. Se supone que el colectivo está para acercar a la gente, no para alejarla”.

A su vez, respecto del mal estado de las calles por las que se modifican recorridos, Guatta dijo que hay lugares donde “hace 6 meses los vecinos vienen pidiendo que pasen la máquina, las calles no tienen mantenimiento”.

 

Por su parte, Adrián Saschrgorodsky (Gerente de Bahía Transporte SAPEM) expresó la mirada oficial respecto de los cuestionamientos. Según dijo hoy en el programa En Eso Estamos de nuestra emisora, “lo que tienen que tener muy claro los usuarios testigos es que todo cambio tiene un fundamento. Cuando se modifica un recorrido porque hay una calle en mal estado, lo que se está priorizando es darle continuidad el servicio”.

Además, el funcionario expresó que “cuando se busca optimizar un recorrido, donde acercarle el servicio de un grupo de pasajeros implica acercárselo a otros. Es una cuestión de solidaridad y equidad. En esto que es de naturaleza hay que priorizar el interés general sobre el particular”.

Aquí dejamos el detalle de las críticas expresadas por la Comisión.

Línea 505: Por el mal estado de las calles Chaco (entre el 600 y el 700) y Patricios (entre el 1600 y el 1800) dejó de transitar el colectivo por estas arterias y lo hace por Juan Molina hasta Catamarca, alejando aún más a los vecinos del sector que no tienen otra línea que pase por esos barrios.

Línea 509: Ante un pedido vecinal se planteó la posibilidad de acercar a los usuarios a la UNS para que en vez de pasar por Mitre lo hiciera por Alem o Zapiola, pero en vez de ello ahora el colectivo pasa por Estomba hasta el centro perjudicando así a los vecinos en vez de beneficiarlos, y además dejó de pasar por Gral. Alvear y Sarmiento perjudicando a los chicos que van a la escuela primaria nº 39 (que ahora tienen que caminar 7 cuadras para llegar y encima deben cruzar Sarmiento, que a esa altura es doble mano y muy peligrosa para los niños), sin mencionar que también se ven perjudicadas las personas que trabajan en el sector. Por otra parte los vecinos de los barrios La Falda y Bella Vista han juntado firmas para que restituyan el servicio, pero hasta ahora siguen esperando.

Línea 519A: Otra vez se vuelve a modificar el recorrido que realiza el colectivo en el Bº Mara por el mal estado de las calles, en vez de ir por Malvinas hasta Biggio lo hace hasta Esquiú, alejando así a los vecinos del Bº Los Álamos y aledaños de la única línea que los lleva hasta la Escuela de Agricultura y alrededores (tienen que caminar 8 cuadras o más para poder tomarse el colectivo). Tampoco está circulando con regularidad el rondín de V. Bordeu y Los Chañares por el mismo motivo provocando que los vecinos del sector tengan que caminar hasta la ruta, con los riesgos que ello implica, para poder tomar el colectivo.

Línea 520: Desde el año pasado los vecinos de Cabildo vienen pidiendo que se regularice la situación precaria de esta línea ya que no existe ninguna norma que establezca el servicio que une Bahía Blanca-Cabildo y que la actual empresa les cobra a los usuarios lo que mejor le parece, viajando en coches que no son aptos, sin un recorrido establecido y con horarios que no se cumplen; esta situación se hace insostenible para nuestros vecinos.

Este sábado tendrá lugar un festival titulado La Voz Permanente. Se trata de un encuentro artístico en homenaje a las víctima s de la desidia política y la impunidad. Durante la columna de Astor Vitali dialogamos con la cantautora Silvia Palumbo, una de sus organizadoras.

 

Participan del encuentro

Willy Traversa / Duo Abreu Vitali / Willy Traversa / Trío de guitarras Lindo Balurdo (Melina Ricke / Edurado Canale y Nicolas Fernández Vicente) / Karina Zukerman, Las Señoronas (Angie del Santo, Amanda Heguilen y Silvia Palumbo), Desbandadas, Los Colgados y Murga la Periférica.

El titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, afirmó que “pareciera como una confabulación , una especie de conjura de sectores de poder judicial, de impedir el avance de las causas”. Lo hizo en referencia a la declaración de ilegalidad por parte del juez federal subrogante, Santiago Ulpiano Martínez.

Sobre los argumentos del juez, Auat dijo que “no es fácil comprender el hecho de que es válido todo lo actuado pero ilegal la designación, hay una cosa bastante complicada para comprender incluso a la luz de cualquier parámetro del derecho. Es decir, pone en crisis la habilitación para actuar pero legitima lo actuado. ¿Cómo se entiende eso? Si para actuar yo tengo que tener una habilitación legal, y si actué ilegalmente no sé cómo pueden validar lo que hice. Es decir, hay una cosa bastante curiosa”.

Respecto de la resistencia de amplios sectores judiciales a avanzar con estas causas por delitos contra la Humanidad, el titular de la Procuraduría explicó que “hay una cuestión que a mí me llama la atención. El presidente de la Corte ha dicho que esto es política de Estado. Y si esto es así me parece que toda la agencia judicial debería alinearse a ese objetivo, que es política de Estado y que hay que avanzar en las causas. Cualquier martingala procesal que impida el avance debe ser rechazada”.

Finalmente, Auat describió la actitud corporativa que “que nosotros venimos observando. No es fácil avanzar con los civiles y mucho menos con los grupos económicos del poder real. La propia corporación se defiende. Esto era previsible”.

Foto: fiscales.gob.ar

El asesor legal del gremio de aceiteros (F.T.C.I.O.D y A.R.A.), Carlos Zamboni, afirmó que, luego de las negociaciones ef ectuadas ayer en audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación, se encuentran “lejos de acordar el aumento para este año”.

Se fijó una nueva audiencia para el jueves. Sobre esa cita, el dirigente calificó de “positiva” la posibilidad “de sentarse en forma directa con las empresas en un conflicto que ya lleva más de 15 días”.

El porcentaje ofrecido por las patronales es “del 23 o 24% y no se mueven de ahí”. Respecto de esa actitud empresarial, Zamboni expresó que “me da la sensación de que (las empresas) encuentran respaldo en algunas decisiones del Poder Ejecutivo Nacional que están en todos los diarios. Por ejemplo, ayer la presidenta clausuró la posibilidad de un acuerdo en la paritaria de la UOM”.

La Federación sindical cree que la situación “podría cambiar en los próximos días, no por el gobierno sino porque el conflicto ya lleva muchos días y está haciendo daño a las empresas”.

Los trabajadores del rubro exigen aumentos basados en las ganancias de las empresas y en los estudios realizados sobre las necesidades básicas de cada familia obrera.

“Ustedes conocen muy bien en Bahía Blanca lo que mueven estas empresas agro exportadoras y la rentabilidad que tienen. Los costos laborales son realmente irrisorios en este tipo de empresas. Por ello no se entiende por qué no hay un aumento”, afirmó el dirigente.

Finalmente, cuestionó el mecanismo oficial de aumentar salarios con el criterio de porcentajes. “En esta locura del porcentaje, queda de lado lo que necesita una familia para vivir. Nosotros lo calculamos en $ 14 931 para un trabajador inicial. Esto, al hablar de porcentaje, queda de lado. Porque en algunos salarios de miseria por más que le aplique el 40 por ciento van a seguir siendo salarios de miseria. Lo otro que no se discute es la tasa de ganancia de los empresarios, en el marco de esta locura del porcentaje”.

En Bahía Blanca se levantaron los cortes pero el paro nacional sigue, involucrando a más de cuarenta fábricas de todo el país.

El cuarteto de Lucio Passarelli se presentará mañana en el salón de Zelarrayán 560 de la Cooperativa Obrera, en el marco del ciclo organizado por SADAIC.

Durante la columna de Astor Vitali el pianista, compositor, arreglador y director habló sobre el concierto, las nuevas obras que integran su repertorio y también sobre la figura de Aníbal Troilo, a un día del aniversario de su muerte.

Hoy se desarrollará la cuarta edición de Bahía Originaria. Se trata de un espacio de reflexión sobre la hist oria, el presente y las culturas originarias de nuestro territorio convocado por la organización Kumelen Newen Mapu y FM De la Calle.

La actividad se realiza en el marco del 156 aniversario de la masacre del 19 de mayo de 1859, cuando más de 200 mapuches, ranqueles y tehuelches fueron asesinados e incendiados por días en la plaza central del Fuerte Argentino.

A las 20 hs en Alem 1253 participará del encuentro Félix Díaz, qarashé qom de la Comunidad Potae Napocna Navogoh La Primavera de Formosa, quien visitó la FM de la Calle durante esta mañana y dialogó con Mauro Llaneza sobre las problemáticas de los pueblos originarios en la actualidad, que intentan visibilizar a través del acampe que mantienen desde hace tres meses en la Avenida 9 de Julio de Capital Federal.