Buitres mayores regresan al nido

, ,

(Por Francisco J. Cantamutto) Trascendió por anuncios informales que los fondos buitres más litigiosos habrían arreglado con Argentina. ¿Capítulos finales de la entrega del país?

Tal como explicábamos hace poco, el gobierno de Macri lanzó una campaña de arreglo con los fondos buitres en litigio en las cortes de Nueva York. Se busca conseguir el acuerdo con estos houldouts a toda costa, abiertamente reconociendo la posibilidad de ceder ante cualquier reclamo. Es un paso clave para el nuevo gobierno, pues según sus propias declaraciones, es el instrumento para reanudar la relación del país con los mercados de crédito internacionales. En buen criollo, retomar el camino de la deuda. El programa de salvaje ajuste que está llevando adelante el gobierno requiere de fuentes de financiamiento para evitar una crisis fiscal y económica generalizada.

En este marco, el ministro Prat Gay –antiguo funcionario de la banca JP Morgan- había anunciado sin mayores precisiones una oferta de pago por 6.500 millones de dólares. Este monto está envuelto en múltiples imprecisiones.  Por un lado, se presentó esta propuesta como una quita frente a una deuda total en litigio de 9.000 millones de dólares, pero hasta ahora se ha negociado con acreedores por menos de 5.000 millones. Prat Gay señaló que para pagar a estos acreedores, emitiría deuda por 15.000 millones. Esta cifra sigue por debajo de los 20-30.000 millones que el mismo ministro señalara como el total de holdouts previamente. En síntesis, no sabemos cuánta es la deuda sin arreglo, cuánta la que está en litigio, con qué proporción se está arreglando ni cuánto nos costará.

El acuerdo no es aun firme. Se trata de una indiscreción del abogado de los fondos buitres Matthew McGill, que reconoció públicamente que NML Capital y Aurelius –los fondos administrados por Paul Singer- estarían de acuerdo con la oferta. Como se trata de los dos principales buitres en materia de juicios a la Argentina en las cortes de Nueva York, socios en la acción con el juez Griesa, esta noticia fue leída como el anticipo del cierre del problema. Con otros dos fondos que ya aceptaron, la negociación estaría casi cerrada, estando pendientes solo precisiones técnicas de la talla de los plazos y formas de pago. El mediador Daniel Pollack se enojó por este anuncio por fuera de la negociación formal, pero ninguna fuente desmintió los dichos.

Griesa debería levantar las cautelares que emitió en los últimos 4 años para permitir el arreglo. El juez demandó para ello que el gobierno logre el acuerdo del Congreso. Por eso, el jefe del bloque de diputados de PRO, Nicolás Massot, ya explicó que enviará en breve el proyecto para derogar las leyes que complican el pago. Se trata de la Ley Cerrojo (N° 26.017) de 2005, que prohibía la reapertura del canje de Kirchner de ese año, y la  mal llamada Ley de Pago Soberano (N° 26.984) de 2014, que declaraba de interés público el pago de la deuda y comandaba a investigarla al mismo tiempo. La Ley Cerrojo se suspendió en dos ocasiones ya (2010 y 2013) para permitir el pago con acreedores que no entraron al canje en 2005. La comisión creada para investigar la deuda mediante la Ley de Pago Soberano no ha producido ningún efecto real. Al enviar la iniciativa al Congreso, el PRO busca compartir la responsabilidad por la deuda con las fuerzas políticas mayoritarias, una auténtica política de Estado contra el pueblo, de las que demandan los analistas ligados al empresariado. Gane quien gane, que no se toquen los fundamentos de la economía.

Se cerraría así, una vez más, la oportunidad de auditar la deuda y repudiar el pago. Investigar y repudiar es la única posible salida soberana al problema de la deuda. Una operación ilegal e ilegítima que no puede extenderse más en el tiempo. La política de pagos seriales no logró resolverla a pesar de haber puesto a disposición miles de millones de dólares: la voracidad del capital no tiene límites.

La propuesta de Macri representa un retroceso fuerte en la materia. Referentes de Scioli y Massa salieron a respaldar la decisión, dándonos la razón respecto al acuerdo común que tenían en esta materia. Se trata de rendirse ante las fracciones más predatorias del capital financiero, sin obtener nada a cambio. Si los capitales entran al país luego de esta operación, se tratará de nueva deuda para financiar el ajuste que se está llevando adelante: es decir, si esta operación tiene “éxito” será una derrota mayor para todo el pueblo, que se ve obligado a vivir en peores condiciones para pagar la deuda que no lo benefició en nada.

Foto: Vía Rosario

/por

Confirmaron falta de mérito a Massot

, , , , ,

La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca confirmó la falta de mérito del dueño de La Nueva Provincia, Vicente Massot, imputado por crímenes de lesa humanidad, y declaró abstracto el pedido de nulidad de lo actuado por el abogado Claudio Pontet, quien benefició al empresario en marzo de 2015.

Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia habían cuestionado aquel fallo ante la Alzada local, cuyo ex presidente Néstor Luis Montezanti presentó ayer la renuncia al cargo -en el cual estaba suspendido- jaqueado por un jury que le reprocha su pasado como personal civil de inteligencia del Destacamento 181 y sus vínculos con la Triple A. Con la lectura del veredicto establecida para el próximo jueves, el Ministerio de Justicia deberá decidir si acepta o rechaza la dimisión. En la causa Massot se había involucrado para exonerar al juez Álvaro Coleffi.

Ayer, Pablo Candisano Mera y el camarista marplatense Jorge Ferro firmaron la sentencia y dijeron que, “por el momento”, no se encuentra acreditada la responsabilidad de Massot como coautor de los homicidios de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola y de haber efectuado “aportes esenciales” en los secuestros, torturas y asesinatos de otras 35 personas a través de tareas de acción psicológica desplegadas por su multimedio.

candisano

Pablo Candisano Mera.

En cuanto a la validez de la intervención de Pontet, Candisano Mera validó sus actos y afirmó que su designación no adolece de vicio alguno y, en ese sentido, el Consejo de la Magistratura solo se limitó a no ratificarla”. Ferro contrapuso que el letrado “no estaba en condiciones legales ni reglamentarias para acceder a tal cargo” aunque coincidió en que finalmente el pedido fiscal, con el juez fuera de la causa, “cae en abstracto”.

Los magistrados manifestaron que las operaciones psicológicas, según su lectura de las normativas militares, eran planificadas y desarrolladas por los uniformados y que “el control y fiscalización gubernamental de los medios de comunicación en la lucha contra la subversión también estaba consagrado reglamentariamente”.

“No es posible considerar como lo hacen los fiscales que toda esta responsabilidad recayera en una empresa privada, o en un civil, siendo más lógico y razonable, a la par de legal y reglamentario, que el Jefe de Operaciones de la Zona 5 se valga de aquellos elementos que le puedan resultar útiles en su planificación, resultando La Nueva Provincia ineludible en esta ciudad y alrededores, especialmente por su posición en el mercado local y su enfoque ideológico abiertamente expuesto”, dijo el autor del primer voto.

El veredicto compartió la “cuasi legalidad de la época” planteada por Pontet reconociendo los decretos del gobierno de Isabel Perón para “aniquilar la subversión”. “En ese marco de violencia política, dado fundamentalmente por el accionar, por un lado, de agrupaciones como Montoneros y el ERP y, por el otro, de grupos parapoliciales apañados por el Estado como la Triple A, el golpe militar no fue resistido por la sociedad, sino más bien aceptado, en algunos casos con resignación, en otros con entusiasmo, en especial en los medios de prensa”.

Como “para ciertos sectores de la sociedad”, entre ellos la empresa de la familia Massot, “la subversión armada era un peligro actual, real y palpable, por lo que la acción psicológica militar sobre ella, solo tendría que acentuar el miedo sin necesidad de convencer. Por ello es que no puede considerarse acreditado que el diario y/o sus directivos tuvieran un conocimiento previo y certero respecto de la realidad de la lucha contra la subversión”, entendió Candisano.

Al amparo de la “libertad de prensa”, agregó: “De allí también que la línea editorial, si bien no era muy diferente antes, alentara y proclamara la necesidad de aniquilar la subversión de la que legítimamente podían sentirse blanco, y dicho mensaje no era más que el oficial y, aún sin saberlo, hasta legal, según los cánones de legalidad de la época”.

La Fiscalía ubicó al actual director del diario dentro del “núcleo duro” de administración del multimedios, en una segunda línea compartida con su hermano Federico, subordinada a la madre de ambos, Diana Julio. Para ello destacan su carácter de dueño, de ser el encargado de representar internacionalmente a la empresa, de queintervino en forma directa y personal en los conflictos laborales haciendo labrar actas notariales, que tuvo reuniones con jerarcas de las fuerzas represoras y que cobraba sueldo como editorialista. Los jueces opinaron que nada de ello fue probado.

Por ejemplo, su rol de correo entre los genocidas Guillermo Suárez Mason y René Azpitarte, en medio de una interna militar, no significa “elemento cargoso alguno, pues dada la presencia prácticamente hegemónica del diario a nivel local y regional, resulta razonable que guardaran buenas  relaciones con las distintas autoridades asentadas en la ciudad, ya sean nacionales o  provinciales, civiles o militares”.

“La extensa y compleja imputación fiscal fue tratada en profundidad por el a quo y descartada por falta de elementos probatorios que la confirmen, pues no se ha acreditado que el imputado tuviera algún grado de participación en los hechos endilgados, teniendo en cuenta la edad, lugar de residencia  y su actividad al momento de los hechos”, culminó Candisano Mera.

ferro efemedelacalle

Jorge Ferro.

El marplatense Jorge Ferro, presidente del Tribunal Oral que ordenó investigar el rol de La Nueva Provincia tras condenar a 17 represores del V Cuerpo de Ejército, firmó que “hasta el momento no se han podido acreditar” los delitos imputados, “pues la sola circunstancia de publicar ciertas ideas más afines a  gobiernos dictatoriales o una línea editorial que muestra el perfil que sostiene el diario La Nueva provincia, no obstante que no se compartan tales ideales, por sí solo no dan la idea acabada de haber formado parte del plan criminal y formar una asociación ilícita a partir del Terrorismo de Estado”.

“Si bien he dicho en la causa N° 982 que le resulta arbitraria la consideración que los militares ‘utilizaron’ a La Nueva Provincia y admitieron una acción psicológica, imputar por ahora a todos los directores de diarios sería aplicar la lógica de libre convicción ya que, insisto, hasta el momento no  se valoró elemento alguno que lo acredite”, escribió.

En la misma línea, subrayó que “tampoco ha sido demostrado ni siquiera indiciariamente” que “el imputado asumió voluntaria y conscientemente su parte en el plan delictivo, realizando actividad de inteligencia, en las especialidades  de selección de blancos, construcción del enemigo, actividad psicológica de persuasión, compulsión y sugestión de la población, enmarcada incluso en los reglamentos militares, hasta el momento y con la indulgencia de las pruebas que exige este estado procesal”.

/por

Balance del encuentro de los organismos con Macri

, , ,

El presidente Mauricio Macri recibió el martes a organismos de Derechos Humanos “preocupados por algunas decisiones que viene tomando la nueva administración en esta materia”. Junto a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo concurrieron Haydeé Gastelu, por Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora; Carlos Pisoni por H.I.J.O.S; Lita Boitano por Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y Gastón Chillier por el CELS quien comentó los resultados del encuentro a FM De la Calle.

-El presidente Macri recibió a los organismos luego de negarles una audiencia a principios de año y delegar esa tarea en su jefe de gabinete Marcos Peña, ¿qué significado tuvo poder concretarlo ahora?

Por esa razón me parece que el encuentro en sí mismo es una buena noticia, como lo planteó Estela de Carlotto y el CELS también comparte mucho esa idea, los organismos desde la transición democrática hasta ahora hemos participado y hemos aportado muchísimo para la construcción de las instituciones democráticas y políticas respetuosas de los derechos humanos.

En ese sentido, tener este encuentro con el presidente de la Nación fue un avance y también fue un avance poder plantear toda la agenda de preocupaciones que tenemos los organismos en temas de derechos humanos, desde la agenda tradicional -ahí creo que fue el único punto en que hubo un compromiso explícito de apoyo a los juicios por crímenes de lesa humanidad y donde no va a haber regresión- hasta los otros temas que hubo diferencias y que en particular el CELS plantea con mucha preocupación como es el tema de la represión de la protesta social a partir del protocolo del Ministerio de Seguridad, de la criminalización de la protesta a partir de la detención irregular de Milagro Sala por protestar al principio y ahora por otros delitos pero sin resolución judicial por su situación procesal, la cuestión de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la vuelta al paradigma donde el mercado prevalece sobre el derecho a la comunicación y los temas de violencia institucional y policial donde hubo un intercambio con el presidente sobre la represión brutal de Gendarmería a los integrantes de una murga, niños muchos de ellos, de la Murga Los Reyes del Ritmo de la Villa 1-11-14 y el apoyo explícito de la ministra a los miembros de la Gendarmería en lugar de garantizar una investigación que dé respuesta a las víctimas de esa represión brutal

-¿Y en esos casos qué dijo Macri? ¿Qué excusas hubo?

En el caso de la protesta dijo que había que avanzar en la dirección de garantizar la libertad de circulación. Ahí planteamos básicamente la diferencia entre el paradigma de la resolución de los conflictos por una vía política o la resolución de los conflictos por la vía represiva como es el protocolo.

En el caso Milagro Sala planteó que el gobierno era respetuoso de la independencia del Poder Judicial de Jujuy y yo ahí respondí que el CELS está muy interiorizado de las causas judiciales y la detención de Sala nace irregular por las causas que se le aplica sedición e instigación a cometer delitos por protestar y al trata de emprolijarla sigue siendo irregular porque todavía mucho tiempo después no se resolvió su situación procesal. Sí me parece que hay que investigar a cualquier delito de corrupción o cualquier denuncia que haya pero en el 99% de esos casos las personas imputadas tendrían libertad y en este está presa, con lo cual uno no puede dejar de pensar que hay una intencionalidad política. Ahí es donde veo que la cuestión es la inconsistencia del gobierno en plantear, por ejemplo, la detención y la condena de Leopoldo López en Venezuela como un preso político y al mismo tiempo mantener una detención arbitraria con muchos cuestionamientos legales a una líder social en Argentina.

En relación con la cuestión de la represión brutal a la murga y a los niños de a murga la respuesta fue que sí estaba investigando el Ministerio de Seguridad y lo que planteamos nosotros fue que pedimos una información sobre qué se estaba haciendo y la respuesta del Ministerio fue ambigua. No está claro que estén investigando y la respuesta pública de la ministra Bullrich fue el peor mensaje posible, apoyar a los que reprimieron brutalmente y de alguna manera no dar ninguna respuesta a las víctimas. Eso dije en la reunión al presidente, es el peor mensaje que se le puede dar a las fuerzas de seguridad. Es decir, un apoyo a prácticas  violatorias de los derechos humanos y con ninguna consecuencia sobre esas prácticas.

-Respecto al 24 de marzo y la llegada de Barack Obama ¿qué plantearon los organismos?

El planteo fue que se debía, o se le pidió al gobierno, garantizar la marcha histórica que hacen los organismos desde el 83 en adelante y ahora particularmente por ser el aniversario número 40 y que el dispositivo, en caso de que exista, por la llegada del presidente Obama no obstaculice y no limite esa marcha.

Ahí hubo una respuesta positiva del presidente Macri y de los funcionarios de que de ninguna manera se iba a afectar la marcha o todas las marchas que iba a haber en la ciudad de Buenos Aires durante la visita del presidente de Estados Unidos, Obama.

-¿Su probable presencia en la ex ESMA qué representa para ustedes?

Hay diferencias. Para el CELS nos parece apropiado, yo creo que cualquier presidente o mandatario de todo el mundo debería como obligación, o sería deseable, que visite el principal campo de concentración de la Argentina como lo hacen cuando visitan Auschwitz en Polonia, el mensaje al mundo de que esto no tiene que volver a pasar. Independientemente de lo que uno opine sobre la política de Estados Unidos en América Latina que es una cuestión compleja porque por un lado han apoyado las dictaduras pero por otro, en relación con Argentina, la gestión de Carter ha apoyado las denuncias y ha posibilitado y ha sido fundamental para que la Comisión Interamericana visite en el 79 el país, que fue un punto de inflexión en las denuncias de la dictadura.

Eso no significa que los organismos deban participar, pero bueno hay otras organizaciones como H.I.J.O.S. que no está de acuerdo. Para nosotros la ESMA justamente es patrimonio de la sociedad argentina y del mundo y, en ese sentido, que se visite nos parece positivo. Eso no implica que uno discuta después la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos en la región o inclusive ahora como hacemos desde el CELS, exigir que se investiguen las torturas sistemáticas que cometió el gobierno y comete Estados Unidos en Guantánamo o en la llamada guerra contra el terrorismo como lo hacemos en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

A continuación compartimos el documento consensuado por los organismos que asistieron a la reunión y presentado al presidente:

Sr. Presidente de la Nación

Ing. Mauricio Macri

Trascurridos dos meses de su gobierno, los organismos de derechos humanos queremos expresarle nuestra profunda preocupación por aspectos centrales de las políticas de derechos humanos en el país:

  1. Continuidad de las políticas de Estado de Memoria, Verdad y Justicia.
  • Los juicios por delitos de lesa humanidad. Usted ha manifestado que el Poder Judicial debe continuar con los juicios a los genocidas. Sin embargo, también es fundamental que el Poder Ejecutivo a través de diversas agencias continúe impulsando estos procesos. En este sentido, es decisivo que se sostenga la actuación como querellante de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación en los juicios en curso, independientemente de su estado procesal y con especial énfasis en los juicios que se desarrollan en las provincias. Además, es imprescindible que se continúe acompañando a víctimas y testigos, a través del “Centro Ulloa” y del “Programa de Protección” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
  • El Poder Ejecutivo Nacional debe facilitar el acceso a la información en manos de distintos organismos públicos y realizar relevamientos sistemáticos de archivos y legajos. Parar ello, es primordial que continúe la labor de las direcciones de Derechos Humanos de los Ministerios de Defensa y Seguridad de la Nación y sus áreas equivalentes en la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central. También es fundamental que continúen las investigaciones y apoyos que presta el “Programa Verdad y Justicia”.

También señalamos que debe garantizarse la preservación del acervo documental del Archivo Nacional de la Memoria y su accesibilidad para la Justicia, los organismos de derechos humanos y la sociedad en general.

El avance de las investigaciones sobre la responsabilidad de los sectores civiles en el plan sistemático de desaparición y exterminio también requiere una participación activa del Poder Ejecutivo que le de continuidad a las investigaciones iniciadas. También es necesario el compromiso de los legisladores de la alianza Cambiemos para la puesta en marcha de la “Comisión Bicameral de la Verdad, la Memoria, la Justicia, la Reparación y el Fortalecimiento de las Instituciones de la Democracia.”

  • Debe respetarse el mandato constitucional de la Procuradora General de la Nación, quien ha impulsado decisivamente estos procesos y constituye una garantía de que el Ministerio Público Fiscal seguirá teniendo un rol protagónico en la búsqueda de verdad y justicia.
  • Búsqueda de los jóvenes apropiados y nacidos en cautiverio. Es preciso el fortalecimiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) y del Banco Nacional de Datos Genéticos, como pilares fundamentales del compromiso y la obligación del Estado en la búsqueda de los nietos y nietas que todavía nos falta encontrar y quienes siguen privados de su derecho a la identidad. En este sentido, señalamos que se deben respetar los compromisos asumidos por el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el “Acuerdo de Solución Amistosa” del caso “Pegoraro” (decreto 1800/09). En particular, es fundamental asegurar la continuidad de la labor del “Grupo Especial de Asistencia Judicial” en el Ministerio de Seguridad de la Nación para realizar procedimientos de obtención de ADN, así como garantizar la cooperación de la Cancillería para la búsqueda de los nietos y nietas en el exterior.
  • Búsqueda e identificación de los cuerpos de los miles de desaparecidos. Es primordial la continuidad del financiamiento de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas, programa a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación.
  • Los sitios y espacios de memoria. Los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio deben seguir siendo preservados como pruebas judiciales, debidamente señalizados y conservados. Además, se requiere sostener los recursos humanos y materiales de los espacios de memoria que han sido refuncionalizados, para enseñar a las futuras generaciones el respeto por los derechos humanos.
  • La búsqueda de los prófugos. Todavía hay más de 70 personas acusadas por delitos de lesa humanidad que son buscadas por el Poder Judicial. Los Ministerios de Justicia y Seguridad deben continuar y fortalecer el trabajo para encontrarlos.
  • Control de ascensos militares. Es importante que se garantice la continuidad del mecanismo de consulta pública y acceso a la información sobre ascensos militares y nombramientos de otros funcionarios públicos tal como se realiza desde el retorno a la democracia.
  • Sostener las políticas de Memoria, Verdad y Justicia también implica:
  • No incorporar a la administración pública a personas vinculadas al Terrorismo de Estado o apologistas de sus crímenes.
  • No aceptar el negacionismo de los crímenes cometidos, porque es una de las prácticas que atenta contra la construcción del Nunca Más. Por eso expresamos nuestra preocupación por los dichos de algunos funcionarios del actual gobierno nacional y de referentes de la Alianza Cambiemos en este sentido.
  • El rechazo al encuentro mantenido en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, con el CELTYV. Estos encuentros no pueden ocurrir jamás en estos espacios de construcción de la memoria de la vida y militancia de nuestros familiares detenidos-desaparecidos.
  1. Derecho al trabajo. Manifestamos nuestra profunda preocupación por los despidos masivos en el Estado y el sector privado, porque el Estado debe garantizar y velar por el derecho al trabajo y no ser el promotor del desempleo ni la estigmatización y/o persecución a los trabajadores y trabajadoras. En este sentido, desde hace dos meses, vemos cómo las medidas de ajuste que el gobierno nacional instaló está retrocediendo en los avances logrados sobre el derecho al trabajo digno.

En cuanto a los despidos en las áreas de derechos humanos de diferentes Ministerios, es importante destacar que si no se garantiza la continuidad laboral de los profesionales con experiencia, tampoco pueden garantizarse las políticas de Estado de Memoria, Verdad y Justicia.

  1. Derecho a la protesta social.

El gobierno nacional ha tomado decisiones que afectan gravamente el ejercicio del derecho a la protesta. La puesta en vigencia del “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas” pone en riesgo aspectos esenciales de la democracia y su aplicación afecta los derechos a la vida, a la integridad, de reunión, de petición a las autoridades y la libertad de expresión. Este protocolo pone en riesgo la integridad física y la vida de las personas que participan de manifestaciones públicas, ya que no prohíbe que las fuerzas de seguridad porten armas de fuego ni restringen el uso de las llamadas “armas no letales” como las balas de goma. Además, limita el ejercicio de la libertad de expresión y restringe la labor periodística, dificultando la posibilidad de registrar prácticas de violencia institucional. Por estos motivos, solicitamos que el Protocolo sea derogado.

Además de este protocolo represivo, nos encontramos con un caso gravísimo de criminalización de la protesta social. Milagro Sala se encuentra detenida desde el 16 de enero. Su primera detención fue consecuencia de haber convocado a una manifestación pública en reclamo a medidas de gobierno. Exigimos su inmediata liberación y manifestamos que este hecho representa una amenaza a la vigencia de las libertades democráticas. Milagro Sala es una presa política, no hay fundamento legal alguno para su prisión preventiva y cualquier investigación en su contra debe desarrollarse sin vulnerar el principio de inocencia ni el derecho a la libertad personal. Por lo tanto, exigimos que el Poder Ejecutivo garantice el derecho a la libertad y al debido proceso judicial de Milagro Sala. Ha sido notoria la presión e intervención del gobierno provincial jujeño sobre el Poder Judicial. Como familiares de ex presos políticos y de detenidos-desaparecidos, no podemos dejar de ver este hecho como un enorme retroceso en la historia democrática de nuestro país.

  1. Violencia institucional.

En noviembre pasado la Policía Metropolitana fue responsable de un hecho grave de violencia institucional en el que Lucas Cabello resultó herido de gravedad por tres disparos policiales. En enero de este año, efectivos de la Gendarmería nacional dispararon balas de goma contra la murga “Los Auténticos Reyes del Ritmo”, integrada por niños y niñas del Bajo Flores. En ambos episodios, la primera reacción de los funcionarios del gobierno fue justificar el accionar violento de las fuerzas de seguridad. Es imprescindible que estos hechos sean investigados de manera adecuada, sus responsables sancionados y que las autoridades políticas de las fuerzas de seguridad brinden mensajes políticos claros sobre que estas prácticas policiales violatorias de derechos humanos no serán toleradas.

  1. Derecho a la comunicación

Una de las primeras medidas del gobierno nacional, en diciembre pasado, ha sido transformar por completo el rol del Estado en las políticas de comunicación. Las modificaciones, por decreto, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual redujeron drásticamente el papel del Estado en la regulación del sistema de medios y habilitan que se consolide la concentración. También se realizaron reformas que reducen la participación de la sociedad civil en las instancias de toma de decisiones sobre las políticas públicas en este campo. Estas medidas afectan negativamente el pluralismo y el ejercicio del derecho a la comunicación en nuestro país. Al mismo tiempo, consideramos que el espacio en el que se deben discutir las políticas que afectan a la libertad de expresión es el Congreso nacional.

  1. 24 de Marzo. Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.

Los organismos de derechos humanos, como todos los aniversarios del golpe de Estado, realizaremos una manifestación en la Plaza de Mayo y centenares de plaza en todo el país. Requerimos que se nos garantice el derecho a manifestarnos libremente y que no haya interferencias producto de la visita del Presidente de los Estados Unidos de América. Ninguna razón de seguridad puede esgrimirse para interferir con esta conmemoración popular a 40 años del golpe.

Por último, resulta fundamental que el Estado argentino reclame al más alto nivel la entrega de archivos aún no desclasificados por el gobierno estadounidense sobre el período dictatorial y demande la cooperación de este país para la búsqueda de los posibles nietos apropiados que viven allí, así como la extradición del Capitán (R) Roberto Bravo por su activa intervención en la Masacre de Trelew.

Por lo antes expresado, le solicitamos un canal de diálogo sincero, expeditivo y efectivo para temas que requieren urgente resolución y decisiones políticas respetuosas de los derechos humanos. Lo saludamos atentamente.

Abuelas de Plaza de Mayo
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas
H.I.J.O.S.
C.E.L.S.

/por

Mil Puentes editó su primer disco

(Por Astor Vitali) Además de las composiciones propias, completan el repertorio las plumas de Victor Jara, Sandra Amaya y Julio Espinosa.

Si los puentes están para evitar el agua, los Mil Puentes de este grupo, en cambio, están empapados de los paisajes humanos que tallan las huellas sonoras en la madera de su lírica.

Los puentes están para no correr riesgos. Estos Mil Puentes, por el contrario, fueron tendidos para atravesar el riesgo de proponer, a mano tendida, una mirada propia, verdadera.

En general, desde los centros de difusión, desde las usinas ideológicas de las industrias culturales, se da a entender que el mayor logro de un músico o una música es el de conseguir dotes de virtuosismo técnico. Sin embargo, lo que arroja la Historia de la música, aquello que queda, aquello que trasciende las meras fronteras esnobistas, es lo que ha logrado una personalidad propia, un lenguaje reconocible.

Es por ello que este disco de Mil Puentes es una producción que, discográficamente, muestra al mundo un grupo con personalidad, un sujeto colectivo cuyo nombre significa algo, es decir, no es una mera enunciación. Existe.

Dicho esto, de más está mencionar las virtudes compositivas de Clementina Zivano y la marca de su interpretación vocal, la capacidad compositiva también de Lucas Magallán así como sus dotes de arreglador y guitarrista.

Completan el grupo la capacidad interpretativa de Guillermo García en vientos (quién aporta a diferentes formaciones de Bahía Blanca), Maximiliano Corinaldesi que teje la trama de movimiento a través del bajo y contrabajo y Gustavo Fernández, percusionista de larga trayectoria, quien sabe poner en marcha los climas más sutiles hasta la tormenta sonora más rítmica imaginable.

El 19 de marzo presentarán esta primera producción discográfica en el Teatro Municipal a las 21:30 horas.

Que no queden puentes sin tender ni pisar.

Mil Puentes

/por

Massot fue contacto de la DINA chilena

, , , , ,

El espía chileno Arancibia Clavel dejó asentado en su archivo que su “amigo” Vicente Gonzalo Massot era parte de sus contactos en Buenos Aires. En un informe de 1974 -hallado recientemente por la Dirección de Comunicación de la PGN-, el agente revela que el empresario bahiense le pidió información para hacer una campaña en los medios “sobre la penetración soviética en América Latina”. Para la Fiscalía, los documentos fortalecen la acusación a Massot sobre instigación al genocidio.

El director del diario de Bahía Blanca La Nueva. (ex La Nueva Provincia) pidió en 1974 información al agente secreto de la Dirección Nacional de Inteligencia chilena (DINA), Enrique Arancibia Clavel, “para hacer una campaña” en sus medios “sobre la penetración soviética en América Latina”, según dejó plasmado el propio espía trasandino en su archivo, que es parte de la prueba del histórico juicio en el que se juzga la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur, la Operación Cóndor. En los mensajes dirigidos a sus jefes, el agente indicó que lo unía “una antigua amistad” con Massot y que se reunía semanalmente con la redacción de la revista Cabildo, de Buenos Aires, donde el empresario justamente se desempeñaba como secretario de redacción.

Los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos de Bahía Blanca, Miguel Palazzani y José Nebbia, presentarán la prueba documental en la causa que tiene al empresario periodístico con pedido de procesamiento por “instigación al genocidio”. La escandalosa falta de mérito que le dictó el juez subrogante Claudio Pontet -separado luego de la causa- está siendo analizada por estos días por la Cámara Federal de esa ciudad.

La Fiscalía bahiense accedió a la información de inteligencia gracias a la colaboración prestada por el fiscal general Pablo Oviña, de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos, que interviene en el juicio oral por la Operación Cóndor, donde ya pidió la condena de 17 de los 18 acusados que llegaron a la instancia final del debate.

El informe que menciona a Massot como contacto de la DINA en Buenos Aires fue hallado por personal especializado de la Dirección de Comunicación Insitucional de la Procuración General de la Nación entre cientos de cables e informes de diferentes embajadas en base a los cuales se publicó en el sitio www.fiscales.gob.ar la nota sobre los documentos que prueban la Operación Cóndor. A raíz del hallazgo, desde la Dirección de Comunicación Institucional se avisó a ambas dependencias del Ministerio Público.

El documento hallado fortalece la acusación de la fiscalía. Massot, que en 1974 tenía 25 años, se encuentra imputado, precisamente, de realizar operaciones psicológicas para las Fuerzas Armadas, como presentar públicamente los fusilamientos de las víctimas como “enfrentamientos”. Los fiscales señalaron que realizó -junto a otros miembros fallecidos del clan, como su madre, Diana Julio- “aportes esenciales”, que “consistieron en el ocultamiento deliberado de la verdad” en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas a través de tareas de acción psicológica desde las páginas del diario antes, durante y después de la última dictadura cívico-militar. También está acusado como coautor del homicidio, entre el 30 de junio y el 4 de julio de 1976, de los obreros gráficos del diario, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, tras un conflicto sindical registrado el año anterior en la empresa.

Arancibia Clavel fue detenido en 1978 por el Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal en medio del conflicto con Chile que casi termina en guerra por la disputa del Canal de Beagle. Tiempo después de la mediación Papal, fue liberado. En esa época el espía chileno era conocido por diferentes contactos de las Fuerzas Armadas argentinas, pues era enlace de la Operación Cóndor en nuestro país. En el juicio oral en curso se ventilaron pruebas sobre su participacion en el secuestro en 1977, en Buenos Aires, de Laura Elgueta y Sonia Díaz Ureta, junto a policías federales. El propio fiscal Ouviña señaló en su alegato la paradoja de dos países que, pese a considerarse potenciales enemigos, compartían como objetivo común la persecución -para la eliminación- de la resistencia a las dictaduras.

En la década del ’90, Arancibia Clavel regresó a vivir a la Argentina y fue detenido, juzgado y condenado por el asesinato del jefe del Ejército chileno del gobierno de Salvador Allende, Carlos Prats, y de su esposa, Sofía Cuthbert, perpetrado en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974 en el marco de una asociación ilícita. Ambos murieron por la detonación de un explosivo colocado en su vehículo. El caso judicial sentó jurisprudencia, pues la Corte Suprema señaló en agosto de 2004, un año antes de declarar inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que el delito de asociación ilícita por el que había sido condenado Arancibia Clavel era imprescriptible, por integrar la categoría de crímenes de lesa humanidad. En 2011, el ex agente chileno apareció muerto, apuñalado en el pecho, en su departamento del centro de Buenos Aires, donde cumplía el arresto domiciliario por la condena.

“Gonzalo”

LH_Banner_2Según se desprende de los documentos hallados, Massot pretendía alertar desde los medios que controlaba sobre la compra de armas por parte del gobierno militar del peruano Juan Velasco Alvarado (1968-1975), que despertó preocupación en las dictaduras vecinas del continente porque su principal proveedora fue la Unión Soviética. Pinochet era además uno de los principales interesados, pues Perú era considerado en Chile entre las hipótesis más serias de conflicto bélico.

Con 30 años de edad en 1974, Arancibia Clavel enviaba semanalmente partes desde la Embajada en Buenos Aires a la DINA, la organización creada por la dictadura de Pinochet para perseguir a los opositores al régimen dentro y fuera de sus fronteras. En un informe fechado el 29 de octubre de 1974 en la Capital de nuestro país, a menos de un mes del atentado que culminó con la vida de Prats y su esposa, Arancibia incluyó un acápite sobre los “contactos establecidos” en Argentina y puntualmente señaló: “Gonzalo Massot, subdirector de la revista CABILDO (nacionalista de derecha y dueño del diario, televisión y radio de Bahía Blanca, me pidió material informativo sobre el armamentismo peruano para hacer una campaña en los medios que el controla sobre la penetración soviética en America Latina. También con Gonzalo me une una antigua amistad” (sic).

El encabezado del documento indica que se trata del “Memorándum 5” con destino a Luis Gutiérrez, en Santiago de Chile. Ese nombre, en realidad, no corresponde a ninguna persona, sino que era una clave de la DINA. En el juicio oral por la Operación Cóndor el documento fue identificado como 17A. Al final del documento el espía indica, pero no firma, su nombre de cobertura: Luis Felipe Alemparte.

En otro documento, nominado “Memorándum 9-A”, fechado el 3 de diciembre de 1974, Arancibia describe a la revista Cabildo, como lo hace con otras publicaciones, y pone de relieve que se reúne de forma “semanal” con su redacción: “CABILDO, revista mensual, nacionalista de derecha, antiperonista, normalmente tiene artículos sobre geopolítica en que atacan a Chile por problemas limítrofes, en el aspecto ideologico son defensores de la Junta. Mi relación con su equipo de redacción son muy buenAS y mantengo una reunión semanal con ellos. Envío el último número que corresponde a noviembre” (sic).

“Engranaje continental”

Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia, que preparan la presentación de estos documentos, ponderaron que “siguen apareciendo evidencias que fortalecen una hipótesis que no ofrece ni ofrecía dudas sobre el rol de Vicente Massot, no sólo en el esquema de poder del grupo La Nueva Provincia, sino como un engranaje a nivel continental nada menos que con Arancibia Clavel, conocido agente de la DINA en Argentina”.

Palazzani y Nebbia agregaron que estos “documentos muestran que su participación personal en operaciones psicológicas con coordinación continental data de 1974 y que el contacto con la inteligencia de la dictadura chilena era semanal”.

“También, nos muestra la importancia de la preservación y el acceso a los archivos que construyen la memoria colectiva”, consideraron, al tiempo que pusieron de relieve el “gran trabajo del fiscal Ouviña y del equipo de comunicación de la Procuración General”, que permitió dar con esta información.

Fuente: fiscales.gob.ar

/por

En Bahía también repudian el protocolo antipiquetes

A las primeras manifestaciones contra el protocolo de intervención en manifestaciones públicas aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional, a instancias de la ministra Patricia Bullrich, se suman en esta nota algunas reflexiones de integrantes de organizaciones políticas y gremiales de Bahía Blanca consultadxs por FM De la Calle.

En tanto, este martes se conoció la aceptación por parte de una jueza porteña de un habeas corpus presentado por un delegado de ATE para que el gobierno no aplique la normativa durante el paro de hoy.

Se ordenó que las autoridades no autoricen el uso de armas de fuego ni balas de goma para las fuerzas de seguridad, que no se produzcan detenciones sin el aval de la Fiscalía, el Juzgado y la Defensoría correspondientes y que “una persona civil responsable políticamente del operativo garantice la seguridad de los manifestantes y lleve adelante las negociaciones”.

Laura García Vázquez – Emancipación Sur/ CTA Bahía Blanca-Cnel. Dorrego.

José Lualdi – Partido Comunista/ CTA Bahía Blanca-Cnel. Dorrego.

Néstor Alende – Asociación Judicial Bonaerense/ Comisión de Apoyo a los Juicios.

Gastón Canali – PTS FIT.

Luciana Foulkes – Colectivo Pueblo en Lucha.

Emiliano Fabris – PO FIT.

/por

Indignación por el arresto domiciliario de Caramelli

, , ,

Lorena Zerneri, mamá de la adolescente fallecida tras la caída de una rama en el Parque de Mayo y denunciante en la causa que investiga a Marcelo Caramelli por coimas y extorsión, se mostró indignada por la obtención del arresto domiciliario mediante el pago de 45 mil pesos de fianza por parte del ex titular de Parques.

“Lo que más me indigna es la argumentación de la jueza -Marisa Promé- que obviamente habrá tenido una pericia o informe médico como para tomar esa decisión, pero no me parece que argumente que en estos casi tres meses, desde el 25 de noviembre, su salud haya ido deteriorando sin responsabilizar al penal. Directamente, su salud empeoró por una deficiencia en la alimentación y lo mandan a la casa”, dijo a FM De la Calle.

La madre de Daiana Herlein agregó: “¿El penal no está dando la asistencia de salud que tiene que dar a los presos? Bueno, entonces como esta persona que va a su casa que abran la puerta y que saquen a todos los que tienen diabetes o alguna enfermedad similar”.

Tanto el fiscal Gustavo Zorzano como el representante de Zerneri, Leandro Aparicio, trabajan por estas horas en la apelación del arresto domiciliario del ex funcionario de las intendencias del actual diputado nacional Gustavo Bevilaqcua y el ex ministro de la Producción sciolista Cristian Breitenstein. “Más allá del video -en el que se ve a Caramelli recibiendo una coima de un comerciante- había mucho más para investigar que tiene que ver con esta causa o que se puede desprender en otras”, manifestó Lorena.

Al ser consultada sobre la causa que investiga las responsabilidades penales por la muerte de su hija, Zerneri informó que “corren los plazos, ya son casi dos años, eso el fiscal lo tiene presente y me dijo que está trabajando también en las imputaciones de cada uno de los imputados, que no sé quiénes son, no me lo dijo. En el próximo mes o dos meses deberían estar saliendo. Mientras él necesite el tiempo para poder argumentar de mejor manera, más sólida, su trabajo, me parece perfecto”.

Por último, Lorena comentó lo conversado con el intendente Héctor Gay, a quién le preguntó sobre “el estado de los sumarios ya empezados y de los que aún no se empezaron” y acerca del rol del abogado y empleado comunal Sebastián Martínez: “Está defendiendo a un delincuente que en nombre de la Municipalidad estafó a un ciudadano”.

La nota completa:

/por

UMSur adhiere al paro nacional

Durante la tarde de ayer, la Unión de Músicxs del Sur realizó una asamblea extraordinaria en la que definió adherir y convocar al Paro Nacional y la movilización que se llevará a cabo en el día de hoy. A partir de las 9:30 concentrarán en la Plaza Rivadavia e invitanron a sus afiliadxs a participar de la acción conjunta de lxs trabajadorxs de los Organismos Artísticos del Sur, interpretando el Himno Nacional.

A su vez, cuestionaron “la falta de comunicación oficial respecto a los cambios institucionales acaecidos a nivel de la Provincia de Buenos Aires, a través de la promulgación de la Ley Nº 14.803 y su decreto reglamentario 47/16, por el cual desaparece el Instituto Cultural de la Provincia, transfiriendo sus dependencias, entre ellas los Organismos Artísticos del Sur, a la nueva Secretaría de Cultura”.

Según la organización “esto pone a sus trabajadorxs en una situación de inseguridad institucional y que ello se ve agravado por la falta de definiciones acerca de los lineamientos de trabajo y programación a la fecha, además de que en la nueva estructura, los Organismos Artísticos del Sur quedan en una Dirección Provincial diferente, perdiendo rango jerárquico respecto a sus pares del Teatro Argentino de La Plata, denunciamos que todo esto implica un maltrato laboral flagrante”.

En este sentido, convocaron poner en marcha una mesa intersindical para tratar la promulgación de la Ley N°14.803 y su decreto reglamentario 47/16, “entendiendo la necesidad de profundizar los lazos entre l♪s trabajador♪s y sus organizaciones, desechando cualquier tipo de mezquindad ante tamaños cambios de estructura y articulando las voluntades para llevar adelante un sólido trabajo que revierta la situación, sumado a los actos y movilizaciones públicas”.

A su vez, se solidarizaron con lxs trabajadorxs de la administración pública despedidos “rechazando la modalidad adoptada, que implica la masividad de la medida sin ningún tipo de garantías de debido proceso administrativo para quienes han sido afectados por la misma”. Además, denunciaron “que esta política responde al objetivo explícito de achicamiento del Estado”.

En el contexto de reclamos contra políticas de ajuste, la organización rechazó el “Protocolo de Seguridad recientemente aprobado por el Consejo de Seguridad Interior, violatorio de derechos reconocidos tanto constitucionalmente como en la suscripción nacional a tratados internacionales”.

Leé el comunicado completo

/por

Sigue el juicio contra trabajadores del ex Villa Olga

, , , , ,

Desde el lunes se realiza el juicio oral por el delito de usurpación del frigorífico. Ayer declararon los testigos de la Fiscalía, encabezada por la dra. Olga Herro, y hoy lo hicieron los de la defensa patrocinada por el dr. Claudio Lovfall. Cinco son los imputados en la causa: Hugo Cartajena, Enrique Orlando Garaggiola, Hugo Almada, Daniel Wenderlich y Pablo Cañiuqueo. Mañana serán los alegatos.

Entre las personas que prestaron testimonio este martes se encontraba el ex presidente del Concejo Deliberante, Carlos Alberto Moreno Salas, actualmente titular de la delegación bahiense del Ministerio de Trabajo. El ex edil afirmó que la cooperativa habría sufrido un “fraude laboral”, porque “los trabajadores no tenían acceso a la contabilidad de la cooperativa, ya que eran socios”, “ni cobertura social ni recibo de sueldo” y agregó que “era una relación de dependencia encubierta”.

Posteriormente se sometió a un careo con Silvio Siracusa, el dueño del frigorífico convocado por la Fiscalía. Discutieron los puntos de un acta acuerdo firmada en septiembre del 2011. El pacto entre el municipio y la cooperativa Fortín Cuatreros planteaba que Siracusa debía pagarle 500 pesos a cada trabajador y comprometerse a seguir faenando para reactivar el frigorífico. Además, hablaron sobre una supuesta cifra propuesta por el SENASA para poner en marcha la producción nuevamente. Según Moreno Salas, este acuerdo nunca se cumplió y la cifra del SENASA nunca fue aceptada, por eso debió intervenir la municipalidad otorgándo un subsidio.

Luego testificaron dos trabajadores. Jorge Mario Cabrera fue el primero, expuso que tuvo un juicio laboral contra la cooperativa porque su hijo falleció electrocutado en las inmediaciones de Villa Olga. “Me pagaban si yo no demandaba al frigorífico”, denunció.

En último lugar, declaró Perrone, quien mantiene un juicio laboral contra Fortín Cuatreros por haber tenido un accidente por el cual posteriormente fue despedido.

Mañana a partir de las 9:30, en Estomba 32, el Juzgado Correccional Nº 3, declararán los cinco acusados y comenzaran los alegatos.

Cobertura: Giuliana Crucianelli – FM De la Calle.

/por

Piden reglamentar el boleto estudiantil

, , ,

Consejeras y consejeros del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur presentaron una nota a la gobernadora María Eugenia Vidal en la cual piden la implementación del boleto estudiantil gratuito en la provincia de Buenos Aires. Pretenden “contribuir con los derechos de los jóvenes” bonaerenses “para que no encuentren vedado su derecho a recibir una educación plena, y en este caso, gratuita”.

El texto lleva las firmas de Dorina Linda Perez, Carolina Jesica Orieta, Nicolás Alan Paggi y Matías Barrón, integrantes de Grupo Académico, y advierte “sobre la falta de reglamentación de la Ley 14.735, que expresa que desde el ciclo lectivo 2016 el boleto inicial, primario, secundario, terciario y universitario debe ser gratuito en toda la provincia. La historia del boleto gratuito, que en los momentos más oscuro de nuestros país se llevó la vida de muchos compañeros, hoy nos exige no conformarnos solo con la APROBACIÓN DE LA LEY sino trabajar firme y mancomunadamente para transformarlo en una realidad efectiva. Esto requiere la participación activa de nosotros, los estudiantes, para que este reclamo no sea invisibilizado”.

“La reglamentación de dicha ley permitiría que los estudiantes de diversas clases sociales puedan a acceder a la educación, derecho que nuestra Constitución Nacional se encarga de reconocer y proteger, eliminando barreras de tipo económico que impiden el pleno acceso a la misma. Por eso, creemos que de no ser reglamentada antes del inicio del ciclo lectivo de este año no podría ser implementado en la totalidad del territorio provincial, causando grandes perjuicios a la población estudiantil”, agrega la carta.

Carolina Orieta aseguró esta mañana en FM De la Calle que el financiamiento “ya está dispuesto porque en el presupuesto del año pasado se estableció una partida”.

“Actualmente nos estamos comunicando con distintas agrupaciones de la provincia, donde ellos en La Plata teniendo la posibilidad de tener un contacto más directo con las autoridades están formando una mesa de trabajo con el secretario para poder reglamentar o establecer os parámetros básicos para lograr la reglamentación”, manifestó.

/por

Estafa a Sapem: persisten las dudas

, ,

Con la ausencia del ex presidente de Bahía Transporte Sapem, Fabián Lliteras, y el silencio del gerente Adrián Saschgorodsky, se realizó el viernes la reunión plenaria convocada por la Comisión de Tránsito y Transporte del HCD para analizar la estafa concretada por la “utilización irregular” de tarjetas urbanas. Para el edil Pablo Rosenfelt, flamante representante de la oposición en la empresa, el encuentro dejó “más dudas que certezas” mientras que para el oficialista Fernando Compagnoni “fue una jornada muy positiva”.

El actual titular de la Sapem, Tomás Marisco, difundió un comunicado “atento la multiplicidad de versiones que desde ámbitos políticos y mediáticos ha trascendido, y con las limitaciones naturales en cuanto a revelación de detalles para no entorpecer la tarea judicial”. También acudieron a la cita Juan Carlos, Claudio y Cristian Curcio por EYCON y el abogado de la firma, Maximiliano Gorg.

“Creo que tuvimos menos certezas que dudas, arrancamos ya con el gerente de la Sapem que se autoexcluyó de dar respuestas aduciendo que no podía ventilar datos que tenían que ver con la justicia. Eso nos limitó porque teníamos un montón de preguntas que obviamente él como responsable tenía que haber contestado”, aseguró Rosenfelt a FM De la Calle.

El concejal interrogó a los empresarios whitenses sobre “si cuando las tarjetas estaban en blanco y salían sin crédito de la Sapem, no había controles que son elementales y que no había limitantes respecto a la carga, se podía cargar cifras siderales sin que nadie pusiera un tope. EYCON lo que dice es que ellos simplemente proporcionaban el sistema, son los dueños del software, y que no estaban en el tema del monitoreo ni del control que es una responsabilidad de la Sapem”.

“Creo que EYCON tiene muchísima responsabilidad respecto a los controles, cuando se les pregunta por qué hubo posibilidades de que estas 28 famosas tarjetas salieran con créditos exorbitantes, estamos hablando de 45 mil millones de pesos, ellos aducen que le ponen muchos dígitos a la tarjeta por el tema inflacionario”, explicó.

“Fue una jornada muy positiva y que nos permitió ampliar con la totalidad de los concejales, lo que ya había ocurrido en el despacho del intendente, Héctor Gay, en ocasión de haberse reunido con los diferentes presidentes de los bloques para ponerles en consideración todo lo que está sucediendo”, dijo el titular de la Comisión de Tránsito y Transporte, Fernando Compagnoni y aclaró que “lo que se buscó fue disipar dudas de la totalidad de los concejales, sin alterar el cauce de la causa penal”.

Por su parte, el secretario del intendente y actual presidente de Sapem Transporte, Tomás Marisco entregó a lxs concejalxs y a la prensa el siguiente comunicado.

Bahía Transporte SAPEM entiende necesario transmitir a la comunidad de Bahía Blanca información clara y objetiva acerca de los acontecimientos de público conocimiento que se encuentran en instancia investigativa por parte de la Fiscalía n° 10 a cargo del doctor Gustavo Zorzano. En tal sentido, atento la multiplicidad de versiones que desde ámbitos políticos y mediáticos ha trascendido, y con las limitaciones naturales en cuanto a revelación de detalles para no entorpecer la tarea judicial, informamos:

* Que con fecha 11 de enero del corriente esta empresa, representada por su gerente y con acuerdo previo del intendente municipal, formuló una denuncia penal ante la Fiscalía número 10 a cargo del Dr. Gustavo Zorzano; en forma conjunta con el representante de la firma EYCON S.A.

* Que en dicha denuncia se describe una situación por la cual terceros ajenos a la empresa habrían empleado fraudulentamente tarjetas Bahía Urbana destinadas al pago de viajes en el transporte público de pasajeros, las cuales contenían saldos extremadamente elevados, que no correspondían al adquirido por ningún usuario.

* Que la maniobra consistía básicamente en la aplicación de un mecanismo doloso para la conversión de aquellos saldos en dinero efectivo a través de la comercialización y distribución del mismo a usuarios finales, en forma de carga de crédito para viajar en colectivo.

* Que el crédito que detentaban aquellas tarjetas excede ampliamente el rango de valores que desde los sistemas de Bahía Transporte SAPEM puede asignarse a una tarjeta Bahía Urbana.

* Que si bien el monto de la estafa es de gran significatividad absoluta y resulta de imperativa prudencia aguardar la conclusión de la investigación penal para pronunciarse sobre su definitiva cuantificación, debemos reconocer que el fraude fue advertido por esta empresa co-denunciante como consecuencia del control y alertas internos al operar el sistema mencionado.

* Que tanto la cuantía relativa del monto de la estafa – en comparación con los volúmenes de la operación normal – , como la independencia económica de la unidad de negocios afectada, descartan totalmente de plano, una incidencia negativa con respecto al valor del pasaje de colectivo tomado según el último estudio de costos.

* Que la magnitud económica relativa de la maniobra, y por la forma meticulosa del accionar delictivo que consistía en bajar pequeños saldos por día, la tornan virtualmente indetectable e inmune a los controles y auditorías contables legales y de rutina. Por ello, y más allá del pesar por lo ocurrido, valoramos como un hecho especialmente positivo el haber advertido la situación internamente y previo a la concreción de un daño económico mayor.

* Que la tarea de esta sociedad no se agotará en el hallazgo y la denuncia del delito descripto, sino que se promoverán las acciones de reparación económica pertinentes.

* Que esta Sociedad también ha activado sus mecanismos internos requiriendo una auditoría técnica de la totalidad del proceso desde la recepción de las tarjetas hasta la venta de las mismas al público, con profesionales de la Universidad Nacional del Sur a los efectos de evaluar si pueden prevenirse este tipo de contingencias.

Aguardamos el completo esclarecimiento de los hechos oportunamente denunciados, respetando en todo momento, el trabajo investigativo de la justicia. Comunicaremos en relación a este tema sin demora, toda novedad relevante.

/por

Los trabajadores, las trabajadoras y sus desafíos ante el “cambio”

,

(Por Laura García Vazquez) Este escrito comenzó hace unos días, en el medio sucedieron dos hechos que cambiaron la dimensión de lo que nos está pasando a los trabajadores. Un falaz anuncio sobre el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias (en un acto aplaudido por las CGTs ) y una “equivocación” en el porcentaje ofrecido a la paritaria docente nacional que llevó a situación impredecible el comienzo de las clases. Hechos, ambos, en lo que mi memoria me permite,  inéditos en este tipo de negociaciones. Increíbles, también.

Impuesto a las ganancias

Mucho se difunde, desde diferentes poderes, el argumento de que el porcentaje de aumento que “faltaría” en el resultado de las paritarias se “compensaría” con una readecuación del impuesto a las ganancias. Más que una falacia esto se transforma en una enorme mentira, en primer lugar, porque la inmensa mayoría de los trabajadores NO TRIBUTAMOS GANANCIAS ya que nuestros salarios están muy por debajo del mínimo no imponible. Cualquier negociación mezclando el porcentaje de aumento con dicho impuesto  entre el presidente Macri y los dirigentes de las CGTes  es, en principio, profundamente injusta.

Valga aclarar que el impuesto a las ganancias sobre el salario de los trabajadores es una falacia,  ya que el salario no es ganancia,  pero además es una carga impositiva que recae sobre un sector (minoritario) de trabajadores que sufren los descuentos que debieran hacerse a las grandes empresas privadas y extranjeras. Por ejemplo las que practican la megaminería en la Argentina y que pagan 0 retenciones gracias a una medida de Cambiemos. Antes, pagaban muy poco.

Por lo tanto un cambio en Ganancias  será una mejora sensible en los gremios con mejores salarios, pero con poco impacto en los gremios más populosos.
El descuento por ganancias llega a la totalidad de los trabajadores de algunos sindicatos y en otros apenas roza la masa de empleados, aquí algunos porcentajes:
Petroleros 100%,  Bancarios 95%, Camioneros 85%, La Fraternidad 80%, Dragado 80%
En los gremios más populosos el tema es distinto el porcentaje de afiliados que pagan Ganancias: UTA 30%,  ATE 15% , docentes 15%, Sanidad 10%,  Gastronómicos 10%.
También es muy bajo el porcentaje que tributa Ganancias en Comercio y en UOM

Inflación y pérdida del poder adquisitivo

El origen último de la depreciación del salario fue la combinación de la devaluación del peso frente al dólar y la eliminación (y disminución en el caso de la soja) de las retenciones. Estas dos medidas resultan una transferencia brutal de recursos de los sectores asalariados hacia los exportadores. Recientemente se anunció la eliminación de las retenciones a las empresas mineras. Mientras, seguimos con una gran inflación en los productos de primera necesidad, aumentan las tarifas, el transporte, los impuestos y, también, de paso, el sueldo de los funcionarios.

Entre estos aumentos y los que logremos en los salarios siempre pasan muchos meses, y pareciera que esa pérdida no existiera. Por eso pensamos que los aumentos desdoblados son trampas, porque lo que hay que recuperar es lo que ya perdimos, y, en todo caso, volver a reclamar paritarias en cuanto los aumentos sean insuficientes. Estas son las negociaciones con mayor pérdida real acumulada de los últimos años, más allá de las cifras, cualquiera que administre su salario lo sabe.

Despidos

Los despidos en el estado no son los únicos que están sucediendo. Ya se habla de etapa recesiva en la economía y las consecuencias de esto son lamentablemente conocidas por los argentinos.

Un gobierno que se comprometió a pobreza 0 y a defender el trabajo toma medidas en sentido contrario. En el caso del Estado, en el  nuestro no hay trabajadores de más, al contrario, como dice ATE en su consigna: “Soy estatal, mi trabajo son tus derechos”, para garantizar todos los derechos a toda la población en cuanto a salud, educación y justicia.

Los llamados “ñoquis” (alguien que cobra sin concurrir al trabajo y sin tarea asignada) no deben

existir, pero su número real es escasísimo, por el contrario se han despedido a muchos trabajadores necesarios. Siempre se puede capacitar o readecuar funciones, pero los despidos

constituyen un gran daño y, lamentablemente, están ligados a amedrentar los pedidos de recuperación del salario. Así como la represión está dirigida a amedrentar la manifestación y participación popular.

Unidad, el principal desafío

Al terminar el escrito nos encontramos ante un primer paso hacia la unidad, el Paro Nacional de ATE anunciado para el miércoles 24 de febrero próximo y que ha tomado una importancia política significativa y al que han adherido no sólo las dos CTAs sino muchas organizaciones sociales y sindicales.

Ellos nos separan, nosotros nos uniremos.

Los trabajadores mejores pagos (al menos en teoría) que tributan ganancias,  los que no tributamos pero cobramos en blanco que necesitamos un salario digno, los que cobran en negro (muchísimos) y dentro de ellos muchos no llegan al salario mínimo, o los desocupados cuyo número empieza a crecer. Situaciones de desigualdad pero un objetivo común: solidarios y unidos entre nosotros.

Los trabajadores y las trabajadoras tenemos que trabajar profundamente en la imperiosa UNIDAD ya que somos los que producimos los bienes materiales y culturales, nada justifica los sectarismos, las especulaciones ni las mezquindades, no es momento. Es momento, también, de reconocer las limitaciones pero también las cualidades de muchos honestos y capaces dirigentes sindicales. Es momento de protagonizar los que tenemos convicciones e intereses en común señalando que la plata que nos falta a los trabajadores alguien la tiene y
que priorizar intereses privados y extranjeros es perjudicar al pueblo.

Ilustración: “Obreros” de Tarsila do Amaral 1933

/por

La agenda de la OMIC

, ,

La Oficina Municipal de Información al Consumidor es la autoridad de aplicación de la Ley Nacional Nº 24.240 de Defensa del Consumidor y de la Ley Provincial número 13.133, denominada Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Usuarios y Consumidores, entre otras.

La abogada y mediadora Mercedes Patiño fue designada directora del ente el 23 de diciembre del año pasado. Nació y estudió en la Universidad Nacional de Córdoba, se desempeñó durante 20 años en la Asesoría Letrada del municipio local y hace cuatro años cumple tareas de mediadora en este organismo.

La funcionaria acaba de participar de la 76° Asamblea Ordinaria del Consejo Federal del Consumo (COFEDEC). “Fue una reunión muy fructífera. Estaban presentes 23 provincias de las 24. Fue una reunión que duró 11 horas y hubo mucho intercambio de experiencias y los distintos contextos de las provincias”, contó Patiño a FM De la Calle.

En la última semana, el órgano recibió más de 260 reclamos personales, a un promedio de 50 por día. Los principales temas registrados son sobre el servicio de agua, telefonía móvil y garantías de fábrica y extendidas.

Para comunicarse con la OMIC, acercarse a calle Donado 242 o comunicarse a los teléfonos 455-0383 o 0800-222-7024. También se puede escribir al correo electrónico [email protected]

Esta semana la funcionaria tendrá reuniones con los organismos que controlan los servicios.

Escuchá la nota completa:

/por

Bolivia espera datos definitivos

, ,

En el día de ayer la ciudadanía boliviana se movilizó para participar del referéndum por la posibilidad de que el presidente Evo Morales pudiera presentar su candidatura para un nuevo mandato, a partir del 2016.

Por la noche, en conferencia de prensa, y tras conocer datos extraoficiales de encuestadoras privadas que arrojaban una diferencia entre el “No” y el “Sí” de dos puntos porcentuales, el vicepresidente Álvaro García Linera pidió paciencia y recordó que en las anteriores elecciones los datos extraoficiales y oficiales variaron en ese porcentaje.

“Lo mejor y lo más sano es esperar por información oficial, pedimos paciencia a la población. Aún no tenemos los resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral, habrá que esperar horas y días”, dijo el funcionario.

FM De la Calle habló con la periodista y politóloga Micaela Ryan, quien viene siguiendo el tema a través del portal Notas.org

“Se presume que se va hacia un empate técnico. De todas maneras el recuento de votos ha sido muy parcial”, aseguró la analista.

“Esto de alguna manera lleva a que se haya montado una serie operaciones mediáticas sobre la especulación de este resultado basadas en un operativo que ha desplegado la oposición, presentándose como triunfadora, con festejos, un poco peligroso para lo que implica un proceso de estas características con un resultado tan cerrado”, agregó.

Escuchá la nota completa:

 

/por

Comienza juicio contra trabajadores de ex Villa Olga          

, , ,

Desde abril de 2012 trabajadorxs de esa planta tomaron posesión de las instalaciones, ante el incumplimiento de un acuerdo de reinversión por parte de la empresa. Luego, según el abogado Claudio Lofvall, la propiedad fue determinada a favor de lxs manifestantes por “una ley de expropiación de la Cámara de Diputados que le otorgó propiedad del frigorífico a la Cooperativa Fortín Cuatreros”.

Como trasfondo del conflicto, “lo que se debate a partir del lunes es si la conducta de esos trabajadores constituye el delito de usurpación o se trata de una conducta que apuntaba a ejercer un derecho o a defender la fuente de trabajo o el derecho a manifestarse, a protestar”.

De esta forma, “es un conflicto netamente del derecho laboral. Es un reclamo sindical. El derecho penal es la última alternativa si el derecho administrativo, civil o laboral no lograron encontrar solución al conflicto. En el terreno laboral esto se hubiera resuelto hace rato”.

“La discusión se da ahora en terreno penal porque evidentemente en el derecho penal los poderosos sí tienen más chance de ganar. Seguramente en el derecho laboral el derecho a huelga amparado constitucionalmente hubiera tenido otra acogida”.

Para Lofvall, “cuando dos derechos se enfrentan prima el mayor jerarquía. En este caso y siempre, cuando un derecho que es más importante que el derecho de la propiedad se enfrenta con el derecho a la propiedad existe un remedio legal que es, justamente, una ley de expropiación por utilidad pública”.

“Eso no lo hace la justicia sino la Cámara de Diputados que dice: ‘mire por estas razones, para mantener las fuentes de trabajo y habiendo constituido una cooperativa, ahora expropiamos la propiedad y se la damos a la cooperativa conformada por los trabajadores’. Eso es lo que sucedió”.

“Ahora debatiremos, a partir del lunes, si estos trabajadores, que nunca de debieron haber necesitado un abogado penalista porque con un planteo laboral les hubiera alcanzado, van a hacer valer el derecho que por ley les corresponde (Ley 15505) o se va a aplicar el derecho penal para criminalizar la protesta y se los va a meter presos y se les va a sacar el frigorífico que por ley les corresponde”.

El contexto

El abogado de los trabajadores acusados de usurpación recordó que “en el año 2011 disminuyó la faena del frigorífico. En septiembre la firma decide cerrar y despedir a 187 trabajadores. Los obreros se plantan en la puerta. Se plantea el conflicto social. Entonces intervienen la política, la municipalidad, el Concejo Deliberante, legisladores, el Ministerio de Trabajo y finalmente se hace un acuerdo de paz social. En él se comprometían a poner en marcha el frigorífico, la municipalidad iba a ayudar, la provincia iba a poner una plata y mantener a las familias que estaban tomando las instalaciones manifestando de ese modo. El convenio no se cumplió. Sí la provincia y la municipalidad cumplieron pero el frigorífico no se puso en marcha sino que, por el contrario, empezó a haber un movimiento de camiones donde empezaban a sacar máquinas balanzas, todos los elementos de trabajo”.

En este contexto, “en abril de 2012 los trabajadores dijeron: no saquen nada más. Tomaron la planta. En realidad no entraron a las oficinas. Se quedaron en una galería y las oficinas del frigorífico estuvieron siempre cerradas hasta que salió esta ley de la Cámara de Diputados que le otorgó la propiedad”.

¿Qué es lo que dirimirá el juicio oral?

Hasta el día miércoles, “la discusión se circunscribe a ver si hubo usurpación en ese período en que ingresaron al hall (y no a las oficinas) en 2012 y el momento en que la ley les reconoce la propiedad”.

Sin embargo, Lofvall cree “que se está queriendo criminalizar la protesta social y mandar un mensaje a toda la sociedad: que las paritarias tienen techo y que ‘si protestan los hecho’ y si hacen lío los meten preso. Creo que es una revancha política”.

En este sentido, el abogado recalcó que “la fiscal dice por los medios que van a pedir la condena y la restitución del frigorífico. Realmente eso es lo que les interesa”.

En el ámbito político, también cuestionó que “antes de que este juicio suceda y de que haya una sentencia ya las nuevas autoridades municipales se sacan foto en el frigorífico anunciando que se va a abrir con nuevos inversores. No podría hacerse esto sin que haya una sentencia”.

Foto: Telam

/por

Primeras voces contra el protocolo represivo

, , , , , , , ,

La normativa anti-piquetes que legaliza la represión y criminalización de la protesta social, presentada la semana pasada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y aprobada por el Consejo de Seguridad Interior con el pomposo nombre de “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas”, comenzó a recibir sus primeros rechazos y repudios por parte de organismos de derechos humanos y organizaciones gremiales.

El Centro de Estudios Legales y Sociales salió inmediatamente a cuestionar la iniciativa tildándola de “antidemocrática” y advirtiendo que “uno de los aspectos más graves de la resolución es que no prohíbe de manera explícita que los policías que intervienen en las manifestaciones utilicen armas de fuego, ni tampoco que usen balas de goma para dispersar. (…) El gobierno nacional, en lugar de regular la actuación de las fuerzas de seguridad y el uso de la fuerza, amplía sus facultades para reprimir y criminalizar. La ministra respondió que “el CELS no sabe leer, lee lo que le conviene y tiene una actitud beligerante y de obstrucción. (…) Desde que nosotros somos gobierno, ellos y los que pertenecen al gobierno anterior lo único que hacen es hacer cada día más cortes de rutas, más piquetes”.

Desde el organismo no tardaron en retrucar afirmando que “la protesta social y las manifestaciones públicas son parte de la vida democrática, son el megáfono de las demandas sociales. En nuestro país han sido inseparables de transformaciones sociales que ampliaron derechos. Frente a estas demandas, los gobiernos pueden priorizar la resolución política de los conflictos a través de mecanismos no represivos o pueden hacer prevalecer el orden público y la represión. Pueden dar el mensaje de que van a controlar la actuación policial o el de que van a dejar que actúen con sus propios criterios. Este es un debate político de fondo en el que están en juego derechos fundamentales”.

La Comisión Provincial por la Memoria rechazó la “criminalización de la protesta social” que propone el nuevo protocolo “en un escenario de conflictividad social” en el cual “la represión de la protesta termina con situaciones de violencias generalizadas, no aporta a la resolución de los conflictos, vulnera las garantías constitucionales y degrada el sistema republicano y democrático”.

“Amparándose en el derecho a transitar y mediante la utilización de términos ambiguos y laxos, la nueva legislación delimita de manera arbitraria el derecho fundamental de la ciudadanía a manifestarse y peticionar ante las autoridades y, al mismo tiempo, permite la discrecionalidad de las fuerzas de seguridad para intervenir en las manifestaciones públicas”.

Por otra parte, el organismo repudió “las limitaciones impuestas a la participación de los medios de comunicación, que siempre funcionaron como un reaseguro de la legalidad de las intervenciones de las fuerzas de seguridad. (…) Cualquier limitación al trabajo de los medios de comunicación resulta también inconstitucional en tanto vulnera la efectiva libertad de prensa. Además, con el pretexto de evaluar la actuación de las fuerzas de seguridad, se permite tomar registro fílmico y fotográfico de las manifestaciones. Sin embargo, existen innumerables antecedentes en donde este tipo de información pasa a engrosar los archivos de inteligencia”.

Para la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional el protocolo es “un dispositivo ideológico que tiende a restringir las libertades públicas, al tiempo que consolida el proceso creciente de exclusión social, y estigmatiza y moldea la opinión pública, allanando el camino para que gobiernen en contra de las clases subalternas. No se diferencia sustancialmente de otros intentos, como el del anterior gobierno, con el consenso de todos los partidos patronales, a partir del discurso presidencial de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso el 1º de marzo de 2014”.

En cuanto a los registros audiovisuales que deberán realizar las propias fuerzas de seguridad para ser utilizadas en sede judicial, CORREPI sostiene que es “una clara reedición del Proyecto X del anterior gobierno”. “De este modo, y considerando que en otro punto se vincula la protesta con la infracción a varios delitos del Código Penal (art. 183, daño; art. 194, corte de calles, etc.), se habilita la filmación de reuniones previas, o la identificación de los organizadores, con la excusa legal de prevenir o evitar la comisión de esos delitos”.

“Criminalizar la protesta, devaluar el derecho a ejercerla, rebajando incluso su trascendencia al asimilarla al derecho al libre tránsito de las calles, importa propiciar un verdadero estado policíaco que la clase dominante necesita, porque se trata de enfrentar el peligro que para esa clase implica su ejercicio. Niveles inflacionarios devastadores del bolsillo de los trabajadores y del pueblo, techo a las paritarias, tarifazos, despidos masivos, impuesto al salario, cortes de luz, persecución política y social, represiones varias, son la contracara de las enormes ganancias transferidas a los más ricos en los últimos dos meses”, agrega el comunicado y convoca a la clase trabajadora a “tomar nota de esta amenaza concreta y disponerse a enfrentarla con redoblados esfuerzos organizativos para no dejar las calles”.

El secretario de Derechos Humanos de la CTA Autónoma y secretario general de la Federación Judicial Argentina, Hugo Blasco, opinó que el gobierno está interpelando el modelo democrático argentino: “Tenemos una larga tradición de más de 20 años, recordemos los piquetes del del ’94, ’95, de desocupados que inclusive significaron el asesinato de compañeros y compañeras. Hay una larga tradición respecto a la movilización popular, al corte de calle, al corte de rutas, cuando hay toda una instancia previa que no ha sido atendida por el Gobierno, por el Estado como trabajadores despedidos de un día para el otro, trabajadores que no cobran el salario hace 3, 4, 5 meses, poblaciones enteras que se ven afectadas en su calidad de vida por la contaminación ambiental y no tienen ninguna respuesta ni solución”.

“Ahora la respuesta del Estado es la represión porque en definitiva en esta democracia que no es tal, no es la que pretendemos los trabajadores, siempre se nos dice, desde los medios de comunicación fundamentalmente y de toda la catarata ideológica liberal que hay que garantizar los derechos de todos como la libre circulación ahora los otros derechos que son vulnerados y que son gravísimos, porque yo puedo tener una demora un día siendo automovilista, puedo tomar por otra calle que me signifique llegar más tarde a donde tengo que ir, ahora el que no tiene para comer, no tiene para comer, el que perdió el empleo, perdió el empleo y eso no lo resuelve caminando tres cuadras más o una hora por un embotellamiento de tránsito”.

Victorio Paulón, titular del área de Derechos Humanos de la CTA que conduce Hugo Yaski, dijo que el plan de Bullrich “es un enorme retroceso respecto a todo lo que se había construido en los últimos años no solamente en la sociedad civil, en el propio parlamento. El Acuerdo de Seguridad Democrática había establecido un claro protocolo en el que estaba prohibida la portación de armas a los agentes de seguridad, la obligación de la mediación y generar espacios de negociación que permitieran abordar los motivos del conflicto y todo esto de un plumazo es borrado por la ministra de Seguridad y volvemos al viejo esquema de un emplazamiento de pocos minutos para desalojar la calle, caso contrario la represión”.

“En términos históricos es un retroceso de una década, en términos prácticos esta es la antesala de que empecemos a contabilizar heridos, detenidos, procesados y por qué no también algún muerto como consecuencia de la represión. Esto es reiterativo. Kosteki y Santillán siguen presentes en la memoria colectiva, en las organizaciones sociales, en los sindicatos, en los organismos de derechos humanos, y lo que hace este protocolo es generar exactamente el mismo escenario que teníamos en aquel momento”.

La Asociación de Reporteros Gráficos se opuso al “corralito periodístico” y argumentó que “una cobertura periodística callejera no puede realizarse de ningún modo desde ‘una zona determinada’ por la policía, y que esta solo sirve para ocultar un accionar que se presupone así represivo cuando no ilegal”.

“No es necesario tampoco abundar en ejemplos donde la cobertura periodística justamente desnudó y ayudó a castigar ese accionar abusivo o ilegal de las fuerzas de seguridad. Fotos icónicas de la Matanza de Tlatelolco o de la universidad de California lo demuestran, y las fotos de nuestros colegas que cubrieron y denunciaron y facilitaron el castigo de los asesinatos de Kosteki y Santillán lo confirman”, afirmaron y responsabilizaron al gobierno nacional “por la integridad física de los trabajadores de prensa que cubren la protesta social” exigiendo que “se les permita cubrir los hechos con la libertad de movimiento y perspectiva que corresponde a una prensa libre y responsable”

En el mismo sentido, la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (REDCOM) mostró “particular preocupación” por “la limitación del trabajo de periodistas, fotógrafos y otros trabajadores de la comunicación. La historia también nos ha dejado la lección de que muchos episodios de abuso policial y represión criminal han sido juzgados gracias a los registros fotográficos y audiovisuales realizados por comunicadores”.

“La prescripción de una ‘zona de ubicación determinada’ para los trabajadores de la comunicación implica un condicionamiento de la línea editorial de los medios y garantiza la impunidad para los agentes de seguridad que violen los derechos humanos de los manifestantes”.

Este lunes, en el marco de reanudación del juicio Escuelita IV en Neuquén, los organismos de derechos humanos de la región adherirán al proyecto de repudio al protocolo presentado en la legislatura provincial por el diputado del PTS-FIT, Raúl Godoy. Natalia Hormazabal, del CeProDH, expresó que el proyecto del gobierno “resulta ilegítimo e ilegal desde todo punto de vista, y que constituye un gravísimo avance en la criminalización de la protesta. Es escandaloso que se brinde poder ilimitado a las fuerzas de seguridad dejándoles la potestad de definir qué protestas permiten y cuáles no. Asimismo, el hecho de que bajo la argucia de la ‘flagrancia’, las fuerzas encargadas de la represión y el Ministerio de Seguridad puedan definir arbitrariamente quién comete delitos, juzgado ‘in situ’ sin intervención judicial, basándose en el artículo 194 del Código Penal impuesto por el general Onganía, constituye un real ataque a las más amplias libertades democráticas”.

“Amnistía Internacional considera de suma importancia que se desarrolle un debate serio informado y participativo en torno al derecho a manifestarse y expresarse. Es imperioso examinar el marco jurídico actual que impacta en el ejercicio de este derecho”, señaló la organización en una carta que su directora ejecutiva, Mariela Belski, le envió a la ministra Bullrich tras al anuncio del protocolo.

Finalmente, la Multisectorial La Plata-Berisso-Ensenada aseveró que “mientras el pueblo se encuentra abocado a preparar los actos de repudio al golpe de Estado genocida de 1976, reivindicando las 30.000 compañeras y compañeros detenidos – desaparecidos y la lucha antidictatorial, el gobierno de Mauricio Macri ha decidido reivindicar el accionar de esa dictadura genocida. Así, el nombramiento de funcionarios ligados a la dictadura militar, la reunión del secretario de DDHH Carlos Avruj con la ONG CEITYV, el negacionismo del ministro de Cultura porteño Darío Lopérfido y el proyecto elaborado en el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, es una muestra inequívoca que el gobierno nacional a poco de cumplirse los 40 años del golpe genocida, se coloca claramente junto a los represores que tiñeron de sangre la historia de nuestra tierra”.

/por

Cambios en el Impuesto a las ganancias

,

(Por Julio Gambina) La creciente insatisfacción social ante múltiples medidas de ajuste contra los trabajadores y la mayoría de la población, apuró anuncios del gobierno Macri sobre modificaciones al mínimo no imponible del impuesto a las ganancias.

Una reivindicación de larga data en el país y que motivó importantes movilizaciones en los últimos años, incluidos varios paros nacionales, arrancando compromisos de campaña de todos los candidatos con posibilidades de gobernar.

La insatisfacción se asocia a las restricciones en los ingresos populares por encarecimiento de precios, y eso que aún no impacta el aumento de las tarifas eléctricas.

Pero la desconformidad proviene también de la gigantesca transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados de la economía, derivados de la devaluación continua, con un dólar a más de 15 pesos y sin techo previsible, aun cuando el BCRA tuvo que vender 40 millones de dólares para evitar un alza mayor.

La gota que rebalsó la copa fue la eliminación de las retenciones a las exportaciones mineras, beneficiando a las grandes empresas transnacionales asociadas al saqueo y la depredación de los bienes comunes. Agravado con la difusión de la medida en San Juan, cuando aún está latente en la memoria social el derrame tóxico de septiembre pasado sobre las aguas del río de una provincia que sufre por escases de agua.

Hasta sectores asociados al gobierno señalaron la incongruencia entre este beneficio a las mineras y la postergación de medidas contra la inequidad por el mantenimiento del impuesto a las ganancias sobre los trabajadores.

El gobierno pretendía discutir desde marzo en el Parlamento el tema del impuesto a las ganancias y el impacto sobre los asalariados. Era una cuestión de mediano plazo, pero el clima de inconformidad en el marco del inicio de las negociaciones colectivas por el salario, aceleró los tiempos de la actualización del mínimo no imponible.

Anuncios en la disputa del consenso

La iniciativa política en la disputa del consenso social mueve al gobierno, no hay duda, y por eso separa del INDEC a una funcionaria que pretendía organizar un trabajo profesional, haciendo evidente que la “política” (autoritaria) se impone también en esta etapa sobre la seriedad y la profesionalización de la información estadística.

Necesitan un dato ahora, sin importar el grado de rigurosidad del mismo, sin gran diferencia que lo argumentado hacia el 2006/7 y el desarme del sistema estadístico de la Argentina hasta el presente.

Por eso se imponen ahora los cambios anunciados en el impuesto a las ganancias, y es parte de lo que demandan los dirigentes sindicales más cercanos al gobierno y que son privilegiados a la hora del dialogo con las autoridades. Estos sindicalistas son expresión de organizaciones que nuclean a parte importante de los trabajadores de mayores ingresos, y por ende sujetos del impuesto a las ganancias.

El Presidente dice que el anuncio es solo “un primer paso” para contentar a quienes demandan actualizaciones de las exenciones y al reducir la imposición sobre los asalariados, se puede mejorar la capacidad de compra de ellos y sus familias.

La realidad es que la actualización está muy lejos de lo que se había sugerido, pues los 30.000 pesos mensuales de mínimo no imponible son relativos al ingreso bruto de los trabajadores. Por lo que los ingresos netos eximidos de pago al impuesto son por 25.000 pesos mensuales al trabajador con cargas de familia y 18.880 para el soltero sin hijos.

Son cifras importantes en una franja minoritaria para un promedio salarial que ronda poco más de 7.000 pesos al mes, pero menos de lo reclamado.

Al ser un impuesto que actúa sobre ingresos anuales, la medida es retroactiva a enero 2016 y se eliminan todas las disposiciones que habían servido de parche desde el 2013, por lo que algunos pagarán menos impuesto, y otros, que antes no tributaban, ahora podrán ser sujetos del tributo.

En el imaginario de la discusión previa se aludía a una eximición desde los 30.000 pesos mensuales netos.

No se modifican las escalas ni está prevista una actualización regular de estos nuevos valores del mínimo no imponible, con el argumento que eso requiere ser modificado por ley y que se llevará al Parlamento para su discusión.

Claro que ni hablar de la eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores, argumento sustentado de que los salarios no son ganancia, sino el pago a la venta de la fuerza de trabajo.

Mucho menos en tiempos de déficit fiscal y que la medida anunciada supone una merma de recaudación. Disminución que parcialmente será compensada por el mayor consumo que genere entre los que se beneficien con estos nuevos mínimos.

Claro que no todo irá al consumo y una parte puede derivarse hacia la especulación, inducida por altas tasas de interés y la regular variación al alza de la divisa estadounidense.

Compensaciones insuficientes

Los grandes beneficios de la política económica de Macri apuntan a satisfacer el programa del capital más concentrado y en ese marco, se ofrecen solo compensaciones parciales e insuficientes a los sectores de ingresos fijos.

Vale adicionar que los anuncios se quedan cortos por no incluir a los trabajadores por cuenta propia, que son parte de la informalización del empleo en los últimos años.

Lo que sí se incluye es la actualización de las asignaciones familiares para compensar a sectores de menores ingresos y que no son sujetos del impuesto a las ganancias.

Estos anuncios intervienen para facilitar a la baja la negociación de las paritarias por actualización de salarios, que una vez producida dejarán desactualizadas las correcciones ahora informadas por la AFIP y el gobierno.

El reclamo de fondo por la eliminación del impuesto al salario, equiparado a las ganancias, es un tema actual y constituye parte esencial del programa de reivindicaciones democráticas del movimiento sindical.

Claro que el propósito de Macri es contener la conflictividad y ganar consenso para su política, aun cuando el privilegio sea servir al objetivo central del programa de los capitales más concentrados.

Por eso las compensaciones, aun limitadas y parciales, suponen algunos ingresos mayores para una franja de trabajadores.

Pero junto a la disputa del consenso, se promueve el protocolo de la represión a la movilización popular, dispositivo que goza de apoyo de la sociedad, en parte motorizado ideológicamente desde los medios de información y comunicación. El consenso se disputa y manipula.

El mensaje gubernamental es claro: se asegura un determinado sentido de la política, para la concentración y la dominación del gran capital, con compensaciones limitadas; y ante la conflictividad, se ejerce la represión y la criminalización de la protesta.

En rigor, no solo interviene la iniciativa del gobierno o la del poder económico, sino también la que se ejerce desde otros sectores sociales y políticos, con otros sentidos y para otros objetivos.

Como siempre, lo que interesa discernir es quien terminará definiendo el sentido común.

/por

Bolivia: ¿Cómo surge el debate de la re postulación?

, ,

“Primero que este es un proceso que han solicitado desde los movimientos sociales. En Bolivia existe la posibilidad de que las iniciativas populares y sociales sean tramitadas en la legislatura. Esos movimientos populares pidieron que la legislatura trate la reforma constitucional para permitir la re postulación del presidente y el vicepresidente”, dijo a FM De la Calle el Vicecónsul del Estado Plurinacional de Bolivia para la Patagonia argentina, Guido González Paz

En el referéndum se gana por mayoría simple. Son dos opciones: por el sí o por el no. “Lo único que tiene que hacer el boliviano que vive fuera de Bolivia será acercarse al consulado, aquellos que ya se inscribieron en las elecciones del 2014 o el año pasado para este referéndum”.

Solamente se ejercerá el derecho al voto en las ciudades donde existe un Consulado permanente. Según cálculos oficiales, habría unxs “30 mil bolivianos en la Patagonia argentina”.

Para el funcionario, el motivo por el que los movimientos sociales impulsan la continuidad de Evo Morales como presidente es que “la situación de todos los compatriotas que viven en Bolivia con el gobierno del presidente Morales ha dado un giro de 180 grados. Si vemos las cifras económicas, sociales, educativas y de salud estamos hablando de otra Bolivia. La inversión pública se ha quintuplicado”.

Según el González Paz, el gobierno del MAS generó estabilidad para los distintos estratos sociales. “El presidente Morales, en lugares donde antes no tenía acceso su partido, ha ganado en las últimas elecciones. No solamente los beneficios han sido para las clases más olvidadas sino que el beneficio recibido durante esta última década alcanza a las regiones con mayor desarrollo económico”.

Por otra parte, el proceso político también sufrió desgajamientos internos dentro de los sectores que bregan por el socialismo comunitario boliviano. “Ha habido referentes del MAS originarios que se han ido retirando por intereses personales propios y otras veces porque no han estado de acuerdo con ciertas políticas del ejecutivo de ese momento”.

Consultado acerca de las deudas del programa de gobierno, el Vicecónsul dijo que “el presidente ha planteado todo el proyecto de la agenda del bicentenario donde fundamentalmente se habla de la inversión en recursos humanos. Esto es la profundización de los beneficios en los sectores más olvidados de la sociedad. Para eso se establece una Bolivia digna, soberana y autosuficiente. Bolivia como centro distribuidor de energía para toda la región. Y en el debate interno es el tema de la lucha contra la corrupción”.

Algunos procesos políticos progresistas de la región apostaron fuertemente a liderazgos unipersonales y no lograron o no quisieron construir cuadros en condiciones de asumir la continuidad del proyecto político. Al respeto, el funcionario sostuvo que “dentro del partido de gobierno, existe otro instrumento político que es el IP (Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos). Éste fomenta los liderazgos políticos a nivel interno. Yo creo que existen liderazgos muy fuertes dentro del MAS, solamente que las caras más visible de ese movimiento son el presidente Morales y el vicepresidente García Linera. Entiendo que nuestros países son muy caudillistas. Todos: no solamente los movimientos populares o los gobiernos progresistas de la región”.

Por otra parte, González Paz recalcó que “esta posibilidad más que del caudillismo creo que es un ferviente deseo de los movimientos sociales: que el presidente Morales continúe en este camino, más allá de definir si hay o no otros liderazgos. Es importante destacar que esta es una propuesta desde los movimientos sociales y no desde el poder ejecutivo”.

Refiriéndose a la relación entre los gobiernos boliviano y argentino, el diplomático explicó que “el presidente Morales lo dijo: nosotros con la Argentina tenemos una unión fraternal que trasciende más allá de los gobiernos. La relación con el presidente Macri es la misma que tenía antes con el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner. Intentamos ir conociéndonos para afianzar más la relación. Los asuntos del país continúan por la misma vía. Por ejemplo, con el tema del gas”.

Escuchá la nota completa:

/por