La Asociación de Profesionales Municipales de la Salud, CICOP Seccional Bahía Blanca, realizará un de paro por 48 horas a partir del miércoles, en el marco del plan de lucha y movilización de CICOP y otros organismos y sindicatos.

“Es la primera vez en el año que adherimos en forma efectiva. Más allá de tener reuniones estamos no teniendo respuesta de determinados temas de los cuales venimos hablando desde principios de año”, dijo a FM De la Calle el dirigente gremial, Pablo Curino.

Parte de esos reclamos desatendidos son por “unidades sanitarias, lo que se llama recurso crítico. Es un adicional que tienen los profesionales de la guardia y estamos pidiéndolo también para unidades sanitarias y para guardias pasivas. Los profesionales tienen que ir a veces a barrios difíciles, reciben muchas veces agresiones importantes”, informó el médico.

Además, reclaman un “porcentual en las recategorizaciones. Nos recategorizamos cada cinco años y hay un porcentaje de aumento muy bajo”.

Respecto del debate presupuestario, el profesional sostuvo que “es todos los años una pelea porque la partida (de salud) es siempre la misma. Uno insiste en lo que es más necesario para la población. En este momento se está evaluando. Sabemos que viene un tanto complicado”.

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El miércoles las mujeres de todo el país cesarán sus actividades de trabajo y se movilizarán para decir ‘Basa de violencia machista’. En nuestra ciudad la convocatoria se replicará con un paro entre las 13 y 14 y una marcha a las 17:30 que partirá desde Plaza Rivadavia.

Luego de la serie de femicidios ocurridos los últimos días en nuestro país, mujeres de diversos sectores se reunieron en la sede de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) en Buenos Aires, para exigir el fin de los asesinatos hacia las mujeres y de la violencia machista. Se resolvió un Paro Nacional de Mujeres; Buenos Aires, Salta, Córdoba, Corrientes, Río Negro, Entre Ríos, Chubut son algunas de las ciudades que se suman a la convocatoria.

El hartazgo, el repudio y la bronca culminó con la organización que también busca poner de manifiesto la reducción del tiempo en que asesinan a mujeres en Argentina: cada 28 horas. Algunas organizaciones como MuMaLa -Mujeres de la Matria Latinoamericana- aseguran que el número se ha achicado aún más, cada 26 horas, si se toma en cuenta el relevamiento que realizaron a través del análisis de medios digitales gráficos, donde se registraron desde el 1 de enero de 2016 al 17 de octubre, un total de 226 femicidios, femicidios vinculados y travesticidios.

“Si mi vida no importa, produzcan sin mi”, es una de las consignas que toma cuerpo este 19 de octubre, mes en el cual las mujeres dicen BASTA y piden al Estado una respuesta por todas las mujeres víctimas de violencia machista; las de ayer y las de hoy.

8 de octubre:

Lucía Pérez, 16 años. Mar del Plata

Viviana Rodríguez desaparecida desde el 26 de septiembre fue encontrada muerta en Entre Ríos.

9 de octubre:

Beatriz Valencia Parra, 22 años, madre de 3 hijxs. Villa Recondo, Partido de La Matanza.

11 de octubre:

Beatriz Cañumán, 51 años.

12 de octubre:

Natalia Padilla, 41 años, madre de 5 hijxs. Barrio Artigas, Córdoba.

13 de octubre:

Marcela Crelz, 54 años. Isidro Casanova, Buenos Aires

14 de octubre:

Samantha Yorg, 22 años. General Cabrera, Córdoba.

María Elisa Acuña, 63 años. Los Hornos, La Plata.

15 de octubre:

Marilyn Méndez, 28 años, embarazada de tres meses. La Banda, Santiago del Estero.

16 de octubre:

Alejandra Noemí Duarte, 49 años, quemada por su esposo días anteriores.

Vanesa Débora Moreno, 38 años. Lanús, Buenos Aires.

(Por ¿Quién te juna?) Se registran, además, aproximadamente 300 casos de gatillo fácil por año. Según el informe lanzado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) en noviembre del año pasado, sobre 4.970 casos totales de asesinato por represión policial, 3.070 ocurrieron en los últimos 12 años. En el 2016, la lista aumenta nuevamente.

María del Carmen Verdú ayudó a fundar la CORREPI “contra las diferentes formas de represión del aparato estatal”, a fines de los ’80. Un organismo antirrepresivo compuesto por militantes, familiares de víctimas de hechos de gatillo fácil y jóvenes que se suman “por una necesidad de enfrentar lo que cotidianamente se padece en los barrios”.

La CORREPI realiza un informe anual –el próximo 2 de diciembre publicarán el número 20– de la Situación Represiva en Argentina. Esto es posible gracias a la colaboración de compañerxs en distintas provincias, “que se toman el trabajo de hacer el relevamiento de los casos locales y mandarnos la información, utilizamos todas las fuentes disponibles”, explica Verdú.

Además, afirma que “ninguna fuente nos parece poco útil, por el contrario, lo que sí hacemos, es un trabajo de chequeo, que se refleja en el hecho de que, en estos ya más de 20 años, ningún gobierno –y vaya que lo intentaron– pudo decir ‘este caso lo inventaron’, ‘no existe’, ‘es trucho’, imagináte que si hubieran podido, todos lo hubieran hecho”.

La referente de la Coordinadora opina que hay “una relación intrínseca entre cualquier reforma legislativa represiva (leyes antiterroristas, protocolo antipiquete, etc.) y el incremento de los fusilamientos de gatillo fácil”, y que estas legislaciones “a lo que apuntan es al disciplinamiento de la clase trabajadora organizada”.

En relación al gatillo fácil, ha tenido un incremento brutal en el curso de este año, como lamentablemente va a mostrar el informe anual.


Todos los años realizan la presentación en Plaza de Mayo. Es un acto donde, además de hacer un repaso de la situación represiva en todo el país, tratan de reflejar las principales luchas, y de hacer los necesarios homenajes: “como vamos a hacer este año con la persona de ‘Cachito’ Fukman, el compañero [fundador] de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos que perdimos en julio”, concluyó la entrevistada.

“[Los policías] querían esconder las pruebas, entonces yo agarré el proyectil que le dio a mi hijo”

Quizás el caso que más resonó en nuestra ciudad, el más emblemático (lamentablemente), sea el de Giuliano Gallo. ‘Yuli’ era un chico de la casa, de 14 años, estudiaba en la Técnica 4 –donde hacía doble escolaridad–, cuidaba a sus hermanos cuando la madre, Sonia Acuña, se iba a trabajar. “Era mi compañero, porque cuando yo estaba embarazada el hacía todo lo que era de la casa”, recuerda su mamá.

El 1 de febrero del 2008, Giuliano estaba en un cumpleaños en el barrio Cooperación. Cerca de las 21.30 fueron al barrio Mi Casita, a buscar un CD de música a la casa de los chicos que hacían ruidos molestos desde temprano. “Llegaron en un mal momento. Ya había policías. Ellos entraron, y bueno… Mi hijo en ese momento se quiso escapar por la parte de atrás, a donde le dieron un tiro”, repasa la madre de la víctima.

La versión oficial dice que “se produjeron hechos entre particulares y policías que motivaron que un policía efectuara disparos”. Cuando consultamos a Sonia, afirmó que si bien tiraban piedras desde adentro de la casa, fue “para defenderse de los tiros que ellos [los policías] tiraban”.

“Llegué tipo 1.30, 2 de la mañana; recién a esa hora me avisaron a mí. Cuando yo entré, los policías ya estaban en la casa.  Ellos querían esconder las pruebas, entonces yo agarré el proyectil que le dio a mi hijo”.

– ¿Supiste algo más de Guidobono luego de que fuera exonerado?

– No supe más nada. Una vez me crucé con Zorzano y le pregunté sobre el caso, ahí me enteré que ese señor estaba muy enfermo. Yo siempre dije: No tuve la justicia del hombre, pero tuve la justicia divina. Yo esperaba una justicia divina, ya que no había justicia del hombre acá… es lo que Dios me hizo ver.

La mamá de Giuliano consideró que algunos medios trataron bien la noticia, a su familia y el caso de su hijo, pero que otros no. Incluso llegó a sufrir maltratos por parte de un periodista:

¿Qué opinión te merecen hoy las fuerzas policiales? ¿Vos crees que están en la calle para defendernos realmente? ¿Te dan seguridad?

– Y la verdad que no. Yo pienso así, y no por lo que me pasó. No hay seguridad para nada. Cada vez más robos. Cada vez… muchas cosas de los chicos. Cada vez más droga. Vos ves madres que encuentran a policías que están involucrados en la droga. Muchas cosas que creo que, por más policías que pongan, no hay seguridad para nada. Ni para nadie tampoco.

La entrevista completa la podes escuchar acá: http://ar.ivoox.com/es/13342782

(Por Luis Ponte) En julio de 1980, la relaciones bilaterales entre Argentina y Francia, pasaron por su etapa de mayor tensión. Curiosamente el disparador del conflicto fue la música. La llamada “música culta”. La visita de la Orquesta de París, dirigida por un joven Daniel Barenboim, estuvo a punto de encender la mecha, en medio de un clima diplomático bajo la superficie para nada amistoso.

La historia, materia de investigación del docente e investigador argentino, radicado en Francia, Esteban Buch, estudioso de temas de música y política en el siglo XX, quedó plasmada en un notable y minucioso trabajo editado meses atrás: “Música, dictadura y resistencia”.

Desde el golpe de Estado en 1976, se habían acumulado razones para aumentar la temperatura de las relaciones diplomáticas entre ambos países: el secuestro y desaparición en 1977 de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, allegadas a Madres de Plaza de Mayo, con responsabilidad del infiltrado marino Alfredo Astiz; los reclamos por parte de grupos de artistas franceses de liberación del pianista secuestrado Miguel Angel Estrella; llamados desde Francia al boicot internacional contra el Mundial 78 por parte de grupos de argentinos exiliados y organismos internacionales de derechos humanos; las denuncias de estas mismas organizaciones de la situación política en Argentina; y el reclamo generalizado por los ciudadanos desaparecidos y detenidos ilegales por parte de la Dictadura.

Para contrarrestar todo ello el gobierno militar encontró dos caminos. Por un lado instalar en ( y gracias a) los medios hegemónicos el concepto de la campaña sucia de desprestigio contra la Argentina (“los argentinos somos derechos y humanos…”). Por otro lado, reforzar los vínculos comerciales, culturales, las visitas oficiales y, la venta de armas…

En ese marco, y por las gestiones de Jeannette Arata de Erize, Presidenta del Mozarteum Argentino (del cual el Ministro de Economía Martínez de Hoz era miembro del Consejo Directivo), se organizó la llegada a nuestro país de la Orquesta de Paris.

Confirmada la gira para julio de 1980, aparecen en Francia las primeras manifestaciones contrarias. Dentro de ellas, una declaración de la agrupación AIDA (Asociación Internacional de defensa de los Artistas Víctimas de la Represión en el Mundo), con sede en la propia ciudad de París, y dirigida por la famosa directora teatral Ariane Mnouchkine: “los músicos de la Orquesta no pueden ignorar que van allá a sentarse en las sillas vacías de los músicos argentinos desaparecidos, y que se les hará tocar música para cubrir el silencio de la muerte”.

Ello generó presión dentro de los integrantes de la Orquesta, con fuertes cruces de opiniones. Los que rechazaban venir a nuestro país por su situación política; los que apoyaban hacerlo, pero bajo determinadas condiciones; y los que les daba lo mismo. Finalmente emitieron un comunicado consensuado: la orquesta como colectivo rechazaría toda invitación que pueda ser usada por el “régimen”.

Por si fuera poco, Barenboim que no participó de aquellas reuniones de los músicos con sus delegados, tenía su propio conflicto. Su situación de desertor del servicio militar obligatorio (se había ido del país muy joven sin regresar hasta entonces) podía ocasionar su detención por parte del gobierno ni bien pisara suelo argentino. Los “buenos oficios” de Martínez de Hoz (entusiasta impulsor de la llegada de la Orquesta) ante su par de Interior, Gral. Harguindeguy, lo impidieron. Barenboim, por las dudas ingresó con pasaporte israelí.

Así, el 13 de julio, día del primer concierto en el Teatro Colón de Buenos Aires, durante el ensayo previo, aparecieron pegados en el transparente dedicado a informaciones de la Orquesta, un par de comunicados destinados a los músicos. Un funcionario del Colón advirtió el contenido y le pidió a un fotógrafo que le tomara fotos a ambos textos. Antes que ello sucediera, el administrador de la Orquesta de Paris, arrancó rápidamente las hojas. Lo cual desencadenó los hechos.

Qué decían esos comunicados? El primero, recordaba a los músicos de la Orquesta la decisión de no aceptar ninguna invitación a actos oficiales como cuerpo colectivo. En el segundo, el Embajador de Francia, invitaba a los miembros de la Orquesta de Paris, a participar al día siguiente, 14 de julio, fecha patria de Francia, de un encuentro en la Embajada. Pero, una hora antes de que llegaran el resto de los invitados argentinos.

Eran los ingredientes perfectos que estaban “necesitando” algunos funcionarios y operadores de los medios, para generar lo que el embajador francés de entonces llamó “una enorme y ridícula historia”. El hecho, menor si se quiere, escaló hacia niveles más altos en busca de una forzada trascendencia, y también, hacia los medios y factores de poder que veían en la visita de la Orquesta una ocasión ideal sacar ventajas en las disputas internas entre las tres Fuerzas militares, y otros, claro, para acariciar las espaldas del régimen.

Desde su programa “Tiempo Nuevo”, Bernardo Neustadt invitó a los concurrentes al Colón a no aplaudir a la Orquesta. Lo mismo pidió “El Cronista Comercial”. La revista “Convicción” cercana a Massera tituló: “Admirable dúo, la Orquesta y el PC”, y reclamó la expulsión del Embajador. El Director del Teatro Comodoro Gallacher, lamentó “la actitud de los músicos, envueltos en la campaña anti argentina europea, cuya mayor virulencia viene de Francia”.

La primer actuación del colectivo parisino sin embargo había sido saludada con aplausos y ovaciones por parte de los asistentes, al tiempo que desde las columnas culturales de los medios, no cabían más que elogios.

Pero al trascender los hechos, la atención estuvo centrada en otro lado. El tradicional festejo con el que la Embajada de Francia, en Buenos Aires recibe cada 14 de julio a cientos de selectos invitados, fue tomado como epicentro de las disputas generadas, entre el Embajador, el Gobierno de Francia y la Cancillería argentina mediante cruces de comunicados y declaraciones; y de varios medios que respondían a diferentes intereses dentro del gobierno, elevando, la tensión diplomática entre ambos países.

Los músicos, muchos de los cuales no asistieron al festejo, comenzaron a sentir en el hotel donde se alojaban y en la vía pública la presión y hostilidad que emanaba de los medios, hasta el mismo día de la partida. En el último concierto, en Córdoba, la Orquesta fue recibida con carteles anti franceses, el palco reservado al gobernador militar se mostró vacío, y parte del público asistente al concierto no aplaudió.

Paralelo al conflicto, y dos días antes de irse de la Argentina, un grupo de músicos de la Orquesta fue recibido en un departamento porteño por un grupo de Madres de Plaza de Mayo. Encuentro que no trascendió por razones obvias hasta mucho tiempo después, y que a la distancia muestra el peso simbólico de arriesgarse en plena época del Proceso, a escuchar los testimonio que recibieron de boca de las propias Madres.

De forma voluntaria o aún sin proponérselo, la historia originada en una nimiedad, pero hija de una situación política atroz que imperaba en nuestro país, encontraría su respuesta en una manifestación artística: Barenboim dirigió durante esta gira, y por primera vez en Argentina, la Sinfonía Nro. 5 de Gustav Mahler. Que se inicia con una marcha fúnebre, llamada “Trauermarsch”. La que para el filósofo alemán Theodor Adorno, “eleva un grito de espanto ante algo mucho peor que la muerte”.

Material extraído y editado de “Música, dictadura y resistencia: la Orquesta de Paris en Buenos Aires”. Esteban Buch. Primera edición. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires. 2016

“Nunca ha sido fácil avanzar en Bahía Blanca en nada que tuviera que ver con esto”, dijo a FM De la Calle el fiscal Miguel Ángel Palazzani horas antes del comienzo del cuarto juicio de lesa humanidad en la ciudad. Las dificultades son mayores con la “falta de apoyo y el desmantelamiento de estructuras que venían sosteniéndolos”. “Que empiece el proceso, el más grande en la provincia de Buenos Aires, que sea aquí y que avancemos con, por ejemplo, veinte nuevas imputaciones de responsables que todavía no estaban juzgados me parece una buena noticia”, agregó.

El martes a las 15 se realizará la próxima audiencia del juicio Ejército III en Colón 80. Por la mañana podría realizarse una inspección para verificar las condiciones de detención de los imputados alojados en la cárcel de Villa Floresta. El miércoles desde las 9 se completará la lectura de la acusación.

“Tenemos una representación total de lo que dependía de la fuerza Ejército. V Cuerpo con su Agrupación Tropa, Batallón y todo lo que hacía al área aquí en la región -explicó Palazzani-. Después, Policía de la provincia de Buenos Aires, otra vez Servicio Penitenciario. También tenemos miembros o personas que actuaron en el circuito represivo de Neuquén-Rio Negro. Tenemos un amplio abanico que va a constatar o repetir y a nuevamente probar cómo funcionaban en aquel momento los grupos de tareas (…) y podremos ver la coordinación con el Área 52 de Neuquén que ya la teníamos insinuada con los guardias de La Escuelita que eran traídos de allá”.

Entre los 102 casos que se le reprochan a 35 represores se encuentra la sustracción de bebés nacidos en el campo de exterminio. Son hijos de Graciela Romero y Raúl Metz y de Graciela Izurieta y Ricardo Garralda. “Hacemos esfuerzos permanentes para poder dar con algún dato que nos permita alguna punta para lograr dar con los niños que fueron apropiados, hoy, por supuesto, adultos”, dijo el fiscal.

Además del proceso en curso, hay elevados a juicio otro tramo de Ejército y dos de Armada. La posibilidad de unificarlos fue rechazada por el tribunal oral. En base a los antecedentes de Córdoba y San Juan la expectativa está puesta en una próxima resolución de la Cámara de Casación.

En dichas jurisdicciones “empezaron los juicios con la causa que venía naturalmente, había ocurrido lo mismo que aquí, habían denegado la acumulación, y luego la Casación ordenó acumular y en medio del juicio se los volvió a indagar y se incorporaron nuevos imputados”. La megacausa bahiense podría alcanzar entre 80 y 90 acusados y unas 300 víctimas.

El fiscal destacó el incremento de las detenciones domiciliarias y comentó que la Procuraduría contra la Violencia Institucional constató que las realidades de los penales de Marcos Paz y Ezeiza “responden a un estándar posible para que estén en la cárcel, al menos obviamente los que provienen de lesa humanidad, no así los presos comunes. Los de lesa humanidad están en condiciones totalmente distintas a los demás presos, con todas las comodidades”.

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Palazzani afirmó que “siempre es poco recordar las historias de cada víctima” y que, más allá de la definición de responsabilidades penales, los juicios “tienen un alto valor pedagógico para mostrar y enseñar cómo funcionó algo que está permanentemente silenciado, sobre todo en Bahía Blanca que tenemos que lidiar justamente con ese silencio al menos del gran medio que hasta ahora ha estado en la región y que es histórico, que es La Nueva Provincia, que además ha estado indicado como responsable de haber integrado el aparato represivo”.

La empresa de Massot publicó un informe sobre “la ruta del dinero K y la grieta en la Justicia Federal” a horas del inicio del cuarto juicio con particulares ataques a fiscales y jueces que intervienen en las causas de lesa. Para Palazzani apuntan a “deslegitimar virtualmente a todos los que pretendemos encabezar la acusación y que las encabezamos con ellos, los allanamos, encontramos prueba y además fueron indagados”.

“La cosa más anecdótica que cuenta son una ficción y una falacia tal que aparecen personajes como (Mario) Fernández Moreno o (Santiago) Martínez como queriendo avanzar y nosotros queriendo entorpecer. (…) La Nueva Provincia en esa construcción aparece queriendo apoyar los juicios, la verdad que es tal la ficción y tal la fábula que lo anecdótico no merece la pena contestarse”.

La causa sobre Massot espera definiciones de la Corte Suprema referidas a una queja del fiscal de Casación Javier De Luca quien, entre otras cosas, denunció un “sobreseimiento encubierto”. Palazzani aseguró que “lo que molesta a La Nueva Provincia, directamente a Vicente Massot, es que en ese escenario que es el juicio nuevamente se va a recordar el rol que le cupo al diario”.

Del dictamen de su colega subrayó el carácter de leading case señalado: “La Nueva Provincia es incomparable en cuanto a complicidad criminal desde todo punto de vista, no solamente desde el rol que cumplió, que lo hemos explicado en la acción psicológica, sino también en el maridaje y la intimidad con la fuerza represiva, esto dicho incluso por propia boca de sus directivos, de su núcleo duro como le decimos nosotros”.

Fotos: Marina Huentenao – FM De la Calle.

(Por Mauro Llaneza) La Cámara de Apelaciones ordenó a la jueza Mirta Filipuzzi reasumir la causa que investiga al vicepresidente del Club Huracán, Víctor Hugo Iglesias, al prefecto Eduardo Horacio Gutt y al administrador del Bar Brodway, Alfredo García, por el delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual.

“Mientras no se descarte completamente la comisión del delito de trata de personas -al menos no con los fundamentos equivocados que se brindaron-, la causa debe seguir su trámite ante el fuero de excepción, el que será también el encargado -en su caso- de investigar los demás delitos conexos con aquél que puedan haberse cometido”, afirmó José Triputti con la adhesión de Pablo Candisano Mera.

La subrogante del Juzgado Federal N°1 había declinado su competencia ante el fuero provincial al esconder el delito bajo la figura de facilitación de la prostitución y, respecto a la promoción de la permanencia ilegal de una mujer paraguaya que se encontraba en uno de los locales allanados, había procesado a García y dictado falta de mérito para los otros dos.

La Fiscalía advirtió la contradicción de la jueza al sostener que “las mujeres concurrieron a los lugares allanados con total capacidad de determinación, para luego reconocer la existencia de una extrema vulnerabilidad” y entendió que “la libertad personal no se afecta solamente cuando se restringen los movimientos físicos, sino que se vulnera de una forma más sutil y peligrosa cuando se consigue restringir la autodeterminación de la persona”. Insistió con el pedido de procesamiento con prisión preventiva de los imputados por trata de personas agravado en el fuero federal “en virtud del posible delito de lavado de dinero”.

Tal como informáramos, Iglesias está ligado al transporte de cargas y tiene “cuantiosos contactos policiales y políticos”. Junto a su hermano poseen vehículos, parcelas, inmuebles y cuentas bancarias. Según ARBA, “Piraña” explota el negocio de “servicios de cabaret” desde 1993. Para el Ministerio Público, el tipo “sería dueño de los prostíbulos Broadway y El Burlesque”.

En su voto, Triputti opinó que “para reconocer la facilitación del lugar la jueza afirma que ‘no ha podido probarse las conductas punibles y etapas previas a la explotación que configuran la trata de personas (…) no obstante lo cual existen fuertes elementos indicadores de los delitos contra la integridad sexual de las mujeres que ejercían la prostitución en beneficio, también, de los imputados'”.

“La propia jueza señala, a modo de ejemplo, que ‘innumerables son las conversaciones telefónicas y mensajes de texto (…) que demuestran cómo Alfredo Ismael García se contacta con mujeres para proponerles trabajo o que vayan a su bar y hace de intermediario entre ‘clientes’ interesados en contratar servicios sexuales. La contradicción salta a la vista”.

El pampeano subrayó “más desaciertos y confusión” en el fallo de Filipuzzi referidos a la falta de “elementos típicos que suelen administrar los tratantes” -geles íntimos, preservativos, alcohol o droga-, del carácter “transnacional que caracteriza al delito” o “que los imputados les hayan ofrecido trabajo con promesas falsas o engaños que las obligaran a trasladarse de su lugar de origen”.

Triputti recordó que la Ley de Trata “descarta que el consentimiento exima de responsabilidad a los tratantes”, a pesar de lo cual “la magistrada afirmó que las mujeres no tenían una dependencia absoluta hacia los imputados”, que las víctimas “habían decidido individual y personalmente y con total capacidad de determinación ir a los lugares allanados”. “Pese a lo expuesto, sostuvo que se da en el caso la vulnerabilidad y la explotación sexual y su aprovechamiento por parte de los imputados”, agregó el camarista.

El fallo señala la existencia de “un mecanismo de captación de inmigrantes y un aprovechamiento laboral diagramado y habitual” para la explotación sexual, por lo cual la jueza -o el flamante titular del Juzgado Federal N°1 Walter López Da Silva-, deberán reasumir su competencia de inmediato y darle a la causa la “celeridad de que ha carecido hasta ahora”.

“Ayer, alrededor de las 8:50, la empresa Solvay Indupa nos avisa que van a hacer una parada no programa de la planta (VCM), por desperfectos técnicos en un equipo. Comenzamos el monitoreo y empiezan a emitir humo a través de su antorcha elevada. Dentro del proceso de parada tienen que quemar gases propios de la planta en la antorcha y esto fue lo que generó ese humo. El propio guardia nuestro lo constató en el lugar”, dijo a FM De la Calle Cesar Pérez, titular del Comité Técnico Ejecutivo.

El organismo constató que se “sobrepasó los valores permitidos” en relación a “opacidad y tiempo” por lo que se “hizo el acta de infracción por emisión de humos”. Fue imputando falta al Art. 2 de la Ley 5965 y Art. 10 del decreto reglamentario 3395/96 conforme al Anexo V.

“Cuando se da 100% de opacidad (la ley) prevé un minuto máximo de emisión. En este caso superaron el valor”. Durante una hora y veinticinco minutos, la opacidad fue fluctuante, es decir, generó una emisión constante durante ese tiempo a diferentes grados de opacidad.

“El origen es una mala combustión de los gases por falta de mezcla con vapor. Son distintos tipos de gases que están dentro del proceso de la fabricación del cloruro de vinilo que es una las materias primas para hacer el PVC. Es un producto de riesgo si no es tratado correctamente”.

El comité enviará un informe al Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS). En el documento se incluye una historia reciente de las actas labradas a la firma. El documento informa que Solvay Indupa “ya ha tenido el año pasado algún evento de similares características”.

(Por Alfredo Grande) Los refranes de la cultura represora son un catecismo del sometimiento. De la resignación. De la estupidez. Por ejemplo: “viajar es morir un poco”. Demasiado fácil contraponerlo a “morir es viajar bastante”. Pero en la actualidad de la cultura represora, donde 15 días de vacaciones equilibran 345 días de trabajos forzados, ese “morir un poco” es idealizado. Las compañías de vuelos, tours, hotelería de alto standing, cruceros, tierras exóticas, etc., son adicciones legales que ocupan el alucinatorio social y político de las clases medias para arriba.

La cultura turista y turrista promedio es: inmediata, superficial, fuera de todo contexto, oportunista, reduccionista, a-histórica, sensiblera, desmesurada y amarreta por igual. Y de una candidez, ingenuidad y sencillez que simplemente dan asco. El turista quiere conocer todo pero solicita no entender nada. El guía es su gurú espiritual, su mesías, el Majdi, el único esperado. Un mundo feliz en la cajita feliz de una combi. Obviamente, siempre hay una pincelada social, incluso política.

Un guiño a la realidad real de la cual no conviene despegarse del todo. Son las estrellas fugaces del tour. Quizá para diferenciar de la realidad virtual, el casco queda oculto. Como el turista promedio es clase media alta y alta, los matices deben ser cuidadosamente vigilados. La miseria que se nota debe ser banalizada con frases del tipo: pobres hay en todos lados. Y pasar rápidamente al lado iluminado de la luna ya que los oscuros de la historia son solamente para los resentidos, los anarquistas, los malnacidos y los hombres y mujeres lobo.

“Viajar es
anesteciarse un poco”
(Aforismo implicado A. G.)

El turismo es una industria sin chimeneas. No sale humo: salen dólares. Pero es su dimensión transnacional se ha convertido en otro opio no de los pueblos, sino de los que explotan a los pueblos. Cada uno tiene el opio que puede pagar. En el 2001 se puso de moda el turismo social. Europeos venían a entender cómo podíamos vivir con un dólar por día, como había titulado el diario Clarín. Turismo social que seguramente era sostén de interesantes papers de estudiantes y graduados de universidades de élite de la vieja Europa. También el turismo sexual. Cuidadosamente administrado por corporaciones internacionales. Con su cara más siniestra, el turismo sexual con niñas y niños. También el turismo económico y financiero, que algunos llaman inversiones y flujo de capitales.

El turismo quizá sea una de las formas de la modernidad líquida, de acuerdo con Baumann. La subjetividad turística es intensa y fugaz. Toca y se va. Por mucho que toque, nunca se queda. Y habitualmente tampoco sabe que está tocando y de dónde se está yendo. Me acuerdo del título de una película, muy anterior a la psicosis de internet y el tiempo on line. “Es martes, debe ser Bélgica”. Un título similar podría ser: “Son urnas, debe ser democracia”. Porque hemos entronizado un turismo democrático. O sea: diferentes paisajes, diferentes tours, diferentes beneficiarios, diferentes paquetes, diferentes compañías, diferentes operadores locales e internacionales… pero ¡siempre viajan los mismos!.

“En la cultura no represora
el perro no ladra, pero muerde”
(Aforismo implicado A. G.)

El turismo es la industria más funcional a la cultura represora. Es la expresión más contundente de la banalidad del bien. Sin obreros, sin cultura proletaria, con una simbiosis entre turistas y servidores, hace realidad el mito burgués de la alianza de clases y la armonía universal. A veces hay pequeños ruidos por una excursión que fracasa o una reserva que se cae. Pero poco ruido y siempre muchas nueces.

El fomento del turismo no es solamente una cuestión de ingreso de divisas. Las divisas ingresan, pero no solas. Cada turista es un Hernán Cortés que, sin quemar ninguna nave, intenta y muchas veces consigue, colonizar al turisteado. Turismo incluso matrimonial. Turismo político y turismo deportivo. En la selección argentina de fútbol tenemos un contingente de turistas 5 estrellas. Viajan mucho, entrenan poco, pierden y se van. Pero el operador AFA sigue facturando.

Afiliados a diversos partidos políticos, hacen turismo partidario. Cada partido, según le va en suerte, ofrece paquetes para turismo en el congreso, en el ejecutivo, incluso en el judicial. Ofertas que no se pueden resistir para que las vacaciones pagas que duran todo el año, puedan optar por nuevos destinos. Y siempre hay nuevas compañías con tours novedosos y atractivos paquetes. No faltará el imbécil que no solamente contará la historia que cuentan los vencedores, sino la historieta que cuentan los turistas.

De las decenas de miles que hacen del turismo la razón de su vida, hay muy pocos que tienen privilegios extraordinarios. El Jefe de Gobierno sin dudas es uno de ellos. Ya que tiene incluso residencia propia cuyo alto alquiler pagamos todos o casi todos los argentinos. Y parafraseando a Bernardo Verbitsky, puedo decir que Villa Riqueza también es América.

El encuentro tendrá lugar hoy a las 19 horas en el recinto del cuerpo deliberativo. Mientras el ejecutivo busca cerrar el estudio de costos para la próxima semana y desde la oposición adelantaron su rechazo al aumento del boleto en el actual estado del transporte público, las personas directamente afectadas –usuarios y usuarias- observan varios problemas en la implementación del servicio y el sistema de medición de costos.

“Las máquinas (de cobro) están en estado deplorable. Hay algunas que están rotas físicamente. Las que no cobran nos afectan directamente porque, puede ser simpático que una viaje y no pague, pero después esa gente que no pagó no queda registrada en el sistema y cuando se hace el registro de gastos la cantidad de pasajeros es menor entonces ahí el boleto proporcionalmente sube un poco”, explicó Cecilia Metlicich, integrante de la organización, a FM De la Calle.

Durante la reunión de hoy Usuarios Testigo buscará “saber cómo es que sacan los datos. Nosotros el año pasado hicimos la observación que el dato de pasajeros no era fidedigno. Muchas veces tienen micros que no los pueden sacar de circulación y circulan sin cobrar”.

Acerca de las frecuencias, Metlicich informó que hicieron algunos controles este año y estaban “bastante bien” aunque los fines de semana “las frecuencias son muy amplias” y recibieron quejas al respecto. Lo plantearon al área de tránsito.

Concretamente, esta tarde la comisión dejará en claro en el Consejo Deliberante que “como está el sistema ahora no se puede tener un dato justo de la cantidad de pasajeros que viajan”.

SUBE y baja

Para la vecina, “la (tarjeta) SUBE a esta altura se transformó en una broma. Desde febrero de 2015 que la estamos anunciando. Periódicamente nos informan a nosotros que ´en un mes ya llegan´, nosotros salimos a anunciarlo y nunca llegan”.

“Ahora, supuestamente las máquinas ya están en Bahía. Hubo un problema con el proveedor de tarjetas, mandaron poca cantidad. También con la gerenciadora que se iba a encargar de la fiscalización que pasó un presupuesto y después lo aumentó, dicen, desmesuradamente”.

“Volvimos a fojas cero”, finalizó.

(Por Astor Vitali) Este viernes Los Mosquitos repondrán Las jodas de Plata a las 21:30 en la sala El Tablado (Chiclana 453). Se trata de una obra escrita en 2014 en ocasión del 25 aniversario del dúo humorístico. Este espectáculo se montó una sola vez en Bahía Blanca, si bien ha recorrido otros lugares del país.

El lenguaje audiovisual aparece como recurso técnico y narrativo de manera transversal, ya que se trata de un espectáculo donde Gerardo Gutiérrez y Eduardo Canale hacen zapping sin encontrar una propuesta televisa de su agrado.

“La pantalla es el gran televisor donde la gente también va viendo ese zapping donde hay publicidades, hay mensajes del estado, noticieros”, dijo Canale a FM De la Calle. Aparecen, a modo de colaboración, artistas y comunicadores de la radio y la pantalla bahiense.

“Me gusta mucho más lo minimalista. No usamos casi nada de escenografía. La pantalla se tornó necesaria para determinados sketch donde había que cambiarse y necesitábamos algo sobre el escenario que mantenga al público entretenido. Encontramos una solución. No tan novedosa porque hay muchos que lo hacen. Ponés una pantalla con algún separador, que son realmente bastante cortos porque te puedo asegurar que atrás del escenario volamos para cambiarnos”.

De la pantalla al escenario, Los Mosquitos tratan humorísticamente temas variopintos a través de los diferentes relatos y personajes. De la pantalla al escenario, Las jodas de Plata va, en rigor, de historia en historia generando la expectativa del público y, durante sendos momentos, la risa en la sala es el verdadero paisaje.

Probóscide en retrospectiva

Los mosquitos, jóvenes

Eduardo Canale (Izq.) Gerardo Guitiérrez (Der.)

“En el año 1992 estábamos en nuestro apogeo por un par de cosas que se dieron, como una nominación al Martín Fierro por un laburo en radio, un viaje que se hizo a Venezuela representando a Argentina en un festival internacional de teatro. Pintaba la posibilidad de ir a Buenos Aires a hacer un poco de carrera allá”.

Sin embargo, “la elección fue quedarse acá. Yo tiré bastante para no ir”, recordó el músico. “Un poco por la familia. Otro poco porque veía que caían tipos con carreras de renombre nacional a actuar por las entradas a –en ese momento- La Tecla o La biela. Entonces, yo decía, de qué me va a servir ir a Buenos Aires a ganar un nombre y después tener que salir a hacer gira si ya estoy acá. Voy por la entrada acá”.

“Después de 25 años uno lo ve desde otro punto de vista y podríamos decir que si hubiéramos hecho eso seguramente tendríamos una llegada más nacional. Pero para nada estamos desconformes con lo que pasó”.

“Y en cuanto a la cantidad de contactos y amigos de la gente de la zona que nos han contratado, muchas veces vas y te atienden como familia, prácticamente”.

“Lo mismo con colegas. Hace poquito estuvimos con Moldavsky, el Gato Peters, Hugo Varela, gente con la que tenemos mucha confianza. La amistad que hicimos con Daniel Rabinovich en su momento y que hoy sigue con alguno de ellos (por Les Luthiers)”.

mosquitos

 

(Por Luis Ponte) Sobre fines de enero de este año, el empresario teatral Carlos Rottemberg confirmaba una caída del 30% en el total de entradas vendidas en las salas de Mar del Plata en lo que iba del 2016. Un mes después, y a punto de cerrar la temporada estival de teatro en ese balneario, reconocía que se había quedado corto: el salto negativo daba un 44% menos de espectadores en los teatros con respecto a la temporada 2015.

El 16 de marzo con el título ¿Apagón teatral? El aumento de las tarifas amenaza la actividad”, el diario La Nación mostraba comparativos de aumentos en pesos, en las tarifas de luz de varias salas de teatro porteño. La mayoría, escandalosos:  Maipo de 17.300 a 89.400; Liceo, de 6.800 a 38.200; Multiteatro, de 11.600 a 60.700; Tabarís, de 9.100 a 48.100; Paseo La Plaza, de 10.500 a 74.900; Nacional, de 15.300 a 99.700; etc.

Las medidas económicas del flamante gobierno de la Alianza Cambiemos (PRO-UCR-CC) generaron un efecto tenaza sobre buena porción de la actividad cultural del país. Entre la disminución de espectadores a raíz de la súbita baja del poder adquisitivo de los trabajadores (alzas de precios indetenibles, devaluación, despidos, suspensiones, freno de paritarias, etc.) y los tarifazos salvajes impuestos por el Ministerio de Energía, muchos espacios culturales, salas y teatros, se encontraron de buenas a primeras frente a una situación desesperante.

Liliana Weimer, presidenta de la Asociación Argentina de Teatros Independientes, entidad que agrupa a más de 60 salas de Buenos Aires, y uno de los sectores más castigados por estas medidas, lo explica así: “Los aumentos tarifarios en nuestras salas fueron de entre un 800 a 1000% en algunos casos. Pese a ello tuvimos que mantener los precios de las entradas del año pasado, sumarle promociones, pero la disminución de espectadores igual se nota. También bajó la inscripción de alumnos en las capacitaciones  y debimos cerrar cursos.”

La entidad presentó recursos de amparo y pedidos de cautelares ante el Ministerio de Energía, AYSA, y las empresas de energía. Todas fueron rechazadas o esperan respuestas de esos organismos. Los mismos que les sugieren que “ahorren consumos” para reducir los montos a pagar por servicios. El 21 de mayo el conjunto de las salas de la Capital realizó un “Apagón Cultural” para visibilizar ante los medios, sus públicos y la sociedad en general la situación acuciante.

Desde diferentes áreas de Gobierno – reconoce la presidenta de ARTEI – ofrecieron algunas ayudas aisladas, no soluciones de fondo. Una línea de subsidios de 50.000 por parte del Ministerio de Cultura que recién ahora algunos teatros comenzaron a cobrar. Desde el I.N.T. (Instituto Nacional del Teatro) se lanzó una línea de créditos para equipamientos. También se suma desde el Fondo Nacional de las Artes, un proyecto a mediano o largo plazo para el recambio de las instalaciones eléctricas a sistemas de iluminación basados en la tecnología LED.

En la Legislatura porteña y el Congreso Nacional, descansan desde comienzos de año un par de proyectos que apuntan a reducir en hasta un 60% las tarifas para centros culturales y salas de teatro. Pero como dice Weimer “estas ayudas, en realidad son paliativos, que no llegan en tiempo y forma. Todo va para largo, pero nuestros tiempos son hoy, son de mucha urgencia”.

Frente a la merma de asistentes a los teatros, la presidenta de ARTEI señala que “hacemos muchas acciones para que no decaigan los espectadores en la salas, pero también debemos reconocer que esta temporada tuvimos menos programación que otros años. Y esto se debe a que esta situación nos empujó a frenar o postergar nuevas obras o proyectos ante la falta de financiación.”

La situación se traduce en “una tormenta perfecta”: caída de ingresos por espectadores y merma de la programación, aumentos impagables de tarifas de servicios, invisibilidad del problema en los medios hegemónicos, rechazo de amparos y cautelares por parte de la Justicia, falta de reflejos en los órganos legislativos, paliativos débiles y sin urgencias por parte de los funcionarios del Ejecutivo.

El  juego de unir puntos nos devuelve una figura con forma de situación de emergencia para muchos trabajadores de la cultura, que necesitan una solución hoy.

Son músicos, productores, sellos discográficos, escritores, editoriales, teatros, actores, que crean, producen, invierten, trabajan, editan, actúan, se capacitan con el propio capital de sus esfuerzos personales o colectivos. Fuera de las luces de los circuitos comerciales, de la economía de las industrias culturales, con el tibio apoyo de los grandes medios,  y un Estado, muchas veces distraído, ausente, desinteresado o ignorante de las necesidades de este sector.

Y frente a esa realidad que viene de lejos, un hoy que con cifras y hechos concretos a la vista, acentúa la certeza de empujarlos un poco más hacia el borde de la cornisa.

(FM De la Calle) El martes a las 15 comenzará el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca. Será el tercer tramo de la causa Ejército con 39 imputados que deberán responder por 103 víctimas. Las audiencias se realizarán en Colón 80, semana por medio, los martes por la tarde y los miércoles durante toda la jornada a partir de las 9. Son abiertas para mayores de 18 años que concurran con DNI y grupos de estudiantes de entre 16 y 18 acompañados por docentes con permiso del tribunal.

Aquí ofrecemos el listado de los acusados y una breve reseña sobre sus trayectorias genocidas. De los 39 represores, dos cuentan con la suspensión del proceso por problemas de salud -Santamaría y Farías Barrera-, en tanto otros dos fueron apartados recientemente del juicio neuquino: Olea por senilidad y Gómez Arenas por Alzehimer. 15 serán juzgados por primera vez.

Seguí los detalles del debate oral por www.juiciobahiablanca.wordpress.com

1. Juan Manuel BAYÓN

BAYON

Foto: Marcelo Núñez.

Nació el 15 de noviembre de 1926 en Capital Federal. LE 4.029.119 Hijo de Manuel Bayón y Rogelia María Vago, casado, de profesión militar retirado del Ejército Argentino con el grado de general de brigada. Último domicilio en Migueletes 1158 de Capital Federal.

Con el grado de coronel y tras haber sido miembro del Estado Mayor de la Junta Interamericana de Defensa, se desempeñó como jefe del Departamento III Operaciones del Estado Mayor del Comando V Cuerpo de Ejército, hasta diciembre de 1976, cuando fue nombrado director de la Escuela Superior de Guerra del Ejército.

Bayón fue condenado a prisión perpetua en el primer juicio realizado en Bahía Blanca (2011-2012) y está imputado por los hechos padecidos por José Luís Gon, Gladis Beatriz Sepúlveda, Élida Noemí Sifuentes, Raúl Alfredo Ferreri, Raúl Eugenio Metz y Graciela Alicia Romero.

2. Norberto Eduardo CONDAL

CONDAL

Foto: Marcelo Núñez

Nació el 15 de noviembre de 1943 en Rufino, provincia de Santa Fé. Casado, hijo Juan Condal y de Celina García; LE 6.137.775. coronel (R) del Ejército Argentino. Domicilio en Diagonal 80 N° 435 de La Plata.

Como teniente primero fue asignado al Destacamento Inteligencia 181 el 26 de diciembre de 1975. Para octubre de 1976 cumplía tareas en el Departamento II Inteligencia del V Cuerpo de Ejército. El último día de ese año ascendió al grado de capitán y a principios de 1978 se reintegró al Destacamento Inteligencia 181 como jefe de la 2º Sección Ejecución hasta marzo de 1979, en que pasó a prestar servicios en la Escuela Superior de Guerra.

Condal desarrolló funciones como oficial de inteligencia, tanto en el Destacamento 181, como en Departamento II del Comando V Cuerpo de Ejército. Ambos destinos tuvieron injerencia en el manejo del CCDTyE La Escuelita.

Fue condenado a prisión perpetua en el primer juicio que se realizó en Bahía Blanca (2011-2012) y está imputado por los hechos sufridos por Raúl Alfredo Ferreri; Raúl Eugenio Metz y Graciela Alicia Romero.

3. Hugo Jorge DELMÉ

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Foto: Marcelo Núñez.

Nació el 15 de noviembre de 1936 en La Plata, provincia de Buenos Aires. DNI 4.853.787. Hijo de Jorge Luis Delmé y de María Esther Romairone. Coronel retirado del Ejército Argentino. Su último domicilio fue Murillo 1121 de la Ciudad de Buenos Aires.

Fue jefe de la División Registro y Enlace del Departamento I Personal del Estado Mayor del Comando V Cuerpo de Ejército y de la subzona de seguridad 51.

Su intervención implicó un despliegue de conductas efectivas en relación a las personas que permanecieron secuestradas en los diferentes centros clandestinos de detención, cuyas nóminas, registros y datos de relevancia a los fines represivos, se encargaba de registrar y archivar, al tiempo que dicha información actualizada era utilizada para direccionar los reclamos de los familiares de las víctimas a fin de neutralizar su actividad de búsqueda de quienes por entonces se encontraban desaparecidos.

Fue condenado a prisión perpetua en el primer juicio de Bahía Blanca (2011-2012) y está acusado por los hechos que tuvieron como víctimas a José Luís Gon; Gladis Beatriz Sepúlveda; Élida Noemí Sifuentes; Raúl Alfredo Ferreri; Raúl Eugenio Metz y Graciela Alicia Romero.

4. Jorge Horacio GRANADA

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Foto: FM De la Calle.

Nació el 21 de octubre de 1945 en Buenos Aires. Casado, hijo de Jorge Horacio y de Leda Beatriz Estévez. LE 4.540.769, teniente coronel (r) del Ejército Argentino.

Con el grado de teniente primero, el 14 de diciembre de 1974 comenzó a revistar en el Destacamento de Inteligencia 181, donde fue designado jefe de la Sección Actividades Sicológicas Secretas, función que desempeñó hasta ser puesto al mando de la 1° Sección Ejecución el 1 de enero de 1976. Terminó 1976 con el grado de capitán y a principios de diciembre de 1977 pasó a prestar servicios al Destacamento de Inteligencia 201.

Fue condenado a prisión perpetua en el primer juicio de Bahía Blanca (2011-2012) y está acusado por los hechos que tuvieron como víctimas a José Luís Gon; Gladis Beatriz Sepúlveda; Élida Noemí Sifuentes; Raúl Alfredo Ferreri; Raúl Eugenio Metz y Graciela Alicia Romero.

5. Osvaldo Bernardino PÁEZ

Paez

Foto: Mauro Llaneza.

Nació el 15 de abril de 1931 en San Rafael, Mendoza. Hijo de Bernardino Páez y de Ramona Ureta. LE 4.813.330. Teniente coronel retirado del Ejército Argentino. Último domicilio de República Siria 945 de San Rafael, Mendoza.

Jefe de División dentro del Departamento III Operaciones del Comando V Cuerpo de Ejército y de la subzona de defensa 51. Presidente del Consejo de Guerra Especial de la subzona de defensa 51.

Con el grado de teniente coronel, Páez integraba el Estado Mayor del Comando del V Cuerpo de Ejército. En ese destino, el 1 de enero de 1976 pasó a prestar servicios en el Departamento III Operaciones, como jefe de una de las Divisiones de ese Departamento. Más tarde, se le asignó un nuevo destino en el Comando de Institutos Militares, en Campo de Mayo.

Además de la participación que Páez tuvo en los hechos, en tanto oficial del Estado Mayor, presidió desde marzo de 1976 el Consejo de Guerra de la subzona de defensa 51.

Fue condenado a prisión perpetua en el primer juicio de Bahía Blanca (2011-2012) y está acusado por los hechos que tuvieron como víctimas a José Luís Gon; Raúl Alfredo Ferreri; Gladis Beatriz Sepúlveda y Élida Noemí Sifuentes.

6. Carlos Andrés STRICKER

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Nació el 2 de octubre de 1937 en Sunchales, Santa Fe. Es hijo de Guillermo Carlos y de Irene María Cravero. Se retiró con el grado de coronel del Ejército Argentino. Su último domicilio es Freire 1573 de Buenos Aires.

Con el grado de mayor revistó como segundo jefe del Batallón de Comunicaciones 181 entre el 8 de diciembre de 1974 y el 16 de diciembre de 1976. Fue además subjefe del Área de Defensa 511. Bajo su mando, instalaciones del Batallón fueron asignadas para mantener en cautiverio a personas secuestradas, al tiempo que funcionaba, respecto de otras víctimas, como un lugar de paso hacia el centro clandestino de detención y torturas La Escuelita o bien el alojamiento exclusivo de detenidas y detenidos.

Tiene dos condenas a prisión perpetua -en el segundo juicio de Ejército y en el de Armada- y está imputado por el delito de asociación ilícita.

7. Carlos Alberto TAFFAREL

TAFAREL

Foto: Marcelo Núñez.

Nació el 13 de mayo de 1947 en San Fernando, Buenos Aires. Casado, hijo de José David y de Marina María Briz. LE 8.260.360, coronel (r) del Ejército Argentino.

Tras egresar de la Escuela de Inteligencia como Técnico en Inteligencia, a partir del 23 de diciembre de 1975, ya con el grado de teniente primero fue destinado al Destacamento de Inteligencia 181. Allí su primera función fue como jefe de la Sección Actividades Sicológicas Secretas.

Promovido el 31 de diciembre de 1975 al grado de capitán, tuvo también a su cargo la Sección 1º Ejecución entre el 18 de abril de 1978 y el 4 de marzo de 1979. En esta última se desempeñó con exclusividad hasta el 24 de febrero de 1980 en que se produjo su baja en la unidad.

Fue condenado a prisión perpetua en el primer juicio de Bahía Blanca (2011-2012) y está acusado por los hechos que tuvieron como víctimas a José Luis Gon; Gladis Beatriz Sepúlveda; Élida Noemí Sifuentes; Raúl Alfredo Ferreri; Raúl Eugenio Metz y Graciela Alicia Romero y por haber integrado una asociación ilícita.

8. Walter Bartolomé TEJADA

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Foto: FM De la Calle.

Nació el 24 de septiembre de 1929 en San Juan. Casado, hijo de Ernesto Tejada y de María Álvarez; DNI 6.737.279. Coronel (R) del Ejército Argentino. Domiciliado en Soler 154 de Bahía Blanca.

Con el grado de teniente coronel, y posteriormente como coronel –cargo al que fue ascendido el 31 de diciembre de 1977-, cumplió funciones en el Departamento II Inteligencia del Comando V Cuerpo de Ejército.

En ese departamento se desempeñó sucesivamente como auxiliar, jefe de la División Interior, hasta llegar a ser designado segundo jefe del Departamento II Inteligencia, función que cumplió hasta el 5 de febrero de 1979, oportunidad en que pasó a desempeñarse como secretario general del V Cuerpo de Ejército.

Posteriormente -el 31 de diciembre de 1980- volvió a revistar al Departamento II Inteligencia, por entonces como jefe del mismo.

Fue condenado a prisión perpetua en el primer juicio de Bahía Blanca (2011-2012) y está acusado por los hechos que tuvieron como víctimas a José Luís Gon; Gladis Beatriz Sepúlveda; Élida Noemí Sifuentes; Raúl Alfredo Ferreri; Raúl Eugenio Metz y Graciela Alicia Romero.

9. Héctor Luis SELAYA

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Foto: FM De la Calle.

Nació el 16 de agosto de 1932 en Azul, provincia de Buenos Aires. Hijo de Casimiro y de Justiniano Castineiras, casado, de profesión abogado y oficial retirado del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires. Domicilio en Calle 36 (entre 10 y 11) 783 de La Plata.

Fue jefe de la Unidad Carcelaria 4 de Villa Floresta desde el 24 de noviembre de 1975 hasta el 31 de diciembre de 1976. La cárcel de nuestra ciudad no sólo se había constituido en ámbito en que ocurría el “blanqueo” de víctimas cautivas en centros clandestinos de detención, sino que dentro de sus instalaciones de infligieron tormentos a las personas que permanecían privadas de su libertad.

Fue condenado a 17 años y medio de prisión en el primer juicio de la Causa V Cuerpo de Ejército y a ocho años en el marco de la causa Armada Argentina. Está imputado por los crímenes padecidos por Gladis Beatriz Sepúlveda y Élida Noemí Sifuentes.

10. Julio Guillermo GONZÁLEZ CHIPONT

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Foto: FM De la Calle.

Nació el 6 de mayo de 1942 en Salta, hijo de Abraham Lorenzo González y de Julia Rosa Marta Chipont. Teniente coronel (r) del Ejército Argentino del arma de Caballería, divorciado, domiciliado en Pringles 376 de Temperley.

Con el grado de capitán, fue destinado en comisión el 3 de septiembre de 1976 al Comando V Cuerpo de Ejército, específicamente al Departamento II Inteligencia a cargo de Aldo Mario Álvarez, hasta el 28 de diciembre de 1977, fecha en que pasó a revistar en la Escuela Superior de Guerra.

Se desempeñó como segundo jefe de la Agrupación Tropa también llamada “Equipo de Combate contra la subversión”, organizada en el ámbito del Departamento III Operaciones. También fue vocal del Consejo de Guerra.

Fue condenado a prisión perpetua en el juicio por los crímenes cometidos en jurisdicción de la Armada Argentina en la región. Está imputado por delitos padecidos por 65 víctimas.

11. José María MARTÍNEZ

Nació el 8 de diciembre de 1930 en Covunco Arriba, provincia de Neuquén, DNI 7.295.809, suboficial principal (R) del Ejército, casado, hijo de José Demiterio y María Virginia Sepúlveda. Domiciliado en Olavarría 446 de la localidad de Junín de los Andes.

Durante su desempeño en la Segunda Sección Baqueanos del Regimiento de Infantería de Montaña 26 (RIM 26), -1976 y 1977-, en dos ocasiones fue comisionado al Comando V Cuerpo de Ejército con la finalidad de cubrir las guardias en el centro clandestino de detención, torturas y exterminio La Escuelita, cuyos turnos eran rotativos y suponían la actuación clandestina bajo la cobertura de apodo o alias conforme lo hacía el resto de los suboficiales.

Es juzgado por primera vez y se lo acusa por los hechos que tuvieron como víctimas a Daniel Osvaldo Esquivel; Héctor Osvaldo González, Alicia Mabel Partnoy, Carlos Samuel Sanabria; Néstor Alejandro Bossi y Susana Elba Traverso de Bossi; Graciela Alicia Romero, María Angélica Ferrari, Elizabeth Frers, César Antonio Giordano, Zulma Araceli Izurieta, María Elena Romero y Gustavo Marcelo Yotti y el hijo de Graciela Romero y Raúl Metz.

12. Jorge Enrique MANSUETO SWENDSEN

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Foto: Marcelo Núñez

Nació el 27 de agosto de 1931 en Buenos Aires, hijo de Enrique Martín y de Amanda María Laura Mansueto, LE 4.813.424. Coronel retirado del Ejército Argentino. Cumple condena con arresto en su departamento de Soler 111, piso 10 de Bahía Blanca.

Con el grado de teniente coronel sucedió a Argentino Cipriano Tauber en su desempeño como jefe del Batallón de Comunicaciones 181 y del Área de Defensa 511, desde el 26 de noviembre de 1976 hasta que, tras una comisión del servicio en Río Gallegos, el 26 de enero de 1979 pasó a revistar en el Comando V Cuerpo de Ejército. Además de comandar el Área 511 con efectiva participación criminal en los hechos ejecutados en el territorio y en la época de su comandancia, la unidad a cargo de Mansueto Swendsen se encontraba abocada con sus recursos personales y materiales a la ejecución del plan de represión ilegal.

El Batallón de Comunicaciones 181 era un lugar de paso hacia “La Escuelita”, en uno u otro sentido. Por ejemplo, durante su jefatura fue justamente utilizado para el ‘blanqueo’ del grupo de jóvenes estudiantes de la Escuela Nacional de Educación Técnica n° 1 de Bahía Blanca que previamente habían sido torturados en aquel centro clandestino de detención.

Fue condenado a prisión perpetua en el primer juicio de la causa Ejército. Está acusado por los hechos de los que fueron víctimas Raúl Eugenio Metz; Graciela Alicia Romero; José Luís Gon y Raúl Ferreri.

13. Andrés Reynaldo MIRAGLIA

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Foto: Marcelo Núñez

Nació el 28 de agosto de 1941 en Mercedes, provincia de Buenos Aires. DNI 4.919.649. Hijo de Armando José Antonio y de Ángela Francisca Herrera, casado, de profesión oficial retirado del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires. Tuvo su último domicilio en calle 37 888 de Mercedes.

Miraglia obtuvo el 3 de octubre de 1975 el ascenso al grado de subprefecto. El 30 de diciembre de 1976 fue ascendido a prefecto. Se desempeñó como jefe de la Unidad Carcelaria 4 de Bahía Blanca desde el 1 de enero de 1976 hasta el 1 de enero de 1979.

Al igual que Selaya, Miraglia resulta -durante el tiempo que estuvo a cargo de la Jefatura-, responsable de efectivizar el rol del establecimiento a su cargo, realizando dicha intervención mediante la transmisión de órdenes ilegales provenientes de los mandos militares a cargo de la implementación del plan de exterminio.

Fue condenado a 17 años y medio de prisión en el primer tramo de la causa Ejército y ahora llega imputado por los hechos sufridos por José Luís Gon.

14. Raúl Oscar OTERO

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Nació el 27 de noviembre de 1944 en Capital Federal, hijo de José Albérico y de Angélica Esther Kaed. Teniente coronel (r) del Ejército Argentino, casado, domiciliado en Avenida de los Incas 4054 ó Charcas 2699, ambos de Buenos Aires.

En 1974 ya se encontraba destinado al Batallón de Comunicaciones de Comando 181, en el que revistaba como jefe de la Compañía A; hasta que el 7 de junio de 1975 asumió la Jefatura de la Compañía B. En marzo de 1976 fue designado oficial de Logística, integrando la Plana Mayor del Batallón y el 27 de enero de 1977 sumó la jefatura de la Compañía Comando y Servicio.

Fue condenado a prisión perpetua en el juicio Armada y está imputado por hechos padecidos por 25 víctimas.

15. Alejandro LAWLESS

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Nació el 17 de agosto de 1947 en Capital Federal, hijo de Andrés José y de Rosa Anguiano. Teniente coronel (r) ingeniero militar del Ejército Argentino, casado. Domiciliado en avenida Ruiz Huidobro 3737 de Buenos Aires.

Desde diciembre de 1973 se encontraba destinado al Batallón de Comunicaciones de Comando 181, en el que revistaba como jefe de sección de la Compañía B. El 30 de diciembre de 1974 ascendió al grado de teniente y el 1 de enero de 1975 pasó a la Compañía Comando y Servicio como jefe de la sección Arsenales, siendo asignado el 6 de abril en “maniobras” a la provincia de Tucumán. En julio fue designado auxiliar en Operaciones de la Compañía Comunicaciones y Comando en calidad de jefe de la misma hasta que el 17 de marzo de 1976 asumió la Jefatura de la Compañía Comunicaciones y Comando.

Fue condenado a ocho años de prisión en el juicio Armada y está acusado por los crímenes cometidos contra 30 víctimas.

16. Víctor Raúl AGUIRRE

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Foto: FM De la Calle.

Nació el 1 de septiembre de 1946 en Mina Pirquita, provincia de Jujuy, hijo de Carlos Raúl Marcel y Lidia Medina. Suboficial mayor (r) del Ejército Argentino, casado, domiciliado en calle Zurita 263 Barrio Almirante Brown de San Salvador de Jujuy.

Alistado en la Escuela de Inteligencia y con rango de sargento primero, el 12 de mayo de 1975, fue asignado “en comisión a la zona de operaciones del Operativo Independencia en Tucumán bajo las órdenes del general Adel Vilas, quien se encontraba a cargo de la V Brigada de Infantería (desde donde fue destinado al V Cuerpo de Ejército para ejercer además el cargo de comandante de la Subzona 51), pasando a continuar sus funciones el 30 de enero de 1976 al Destacamento de Inteligencia 181, en la Sección Actividades Sicológicas Secretas.

Luego quedó a cargo de dicha sección hasta el 15 de octubre de 1978 y poteriormente de la 1ra. Sección Ejecución hasta 4 de enero de 1979. Fue encargado “Accidental” del Destacamento de Inteligencia 181 y jefe de la sección Comando y Servicio hasta el 15 de abril de 1980.

Fue condenado a prisión perpetua en la causa Armada Argentina y está imputado por los hechos parecidos por 92 víctimas.

17. Osvaldo Vicente FLORIDIA

Nació el 12 de octubre de 1945 en Mendoza, hijo de Mauro y de Práxedes Cisterna, policía retirado, casado, LE 4.642.979. Último domicilio en Jamaica 420 de Viedma, provincia de Río Negro.

Revistó en la Delegación Viedma de la Policía Federal Argentina con el grado de cabo, desempeñándose como suboficial hasta su retiro en 1986. Integró el grupo de tareas que operaba con la finalidad de realizar la persecución, luego los secuestros, interrogatorios, tormentos y posterior traslados de las víctimas a centros clandestinos de detención.

Está acusado por los delitos sufridos por Eduardo Mario Chironi y Jorge Antonio Abel y por un allanamiento ilegal de domicilio.

18. Gabriel CAÑICUL

Nació el 26 de agosto de 1936 en Piedra Mala, Departamento Huiliche –Comunidad Mapuche- Provincia de Neuquén; hijo de Pedro y de Manuela Trafipan, casado, DNI 7.305.554. Vive en Necochea 410 de Junín de los Andes.

En 1973 era cabo primero en la Segunda Sección Baqueanos del Comando BRIM VI de Junín de los Andes. Durante 1976 y 1977, en dos ocasiones fue comisionado al Comando V Cuerpo de Ejército. Fue guardia del centro clandestino de detención La Escuelita.

Está acusado por los hechos padecidos por 43 víctimas, entre ellas, los hijos de Graciela Romero y de María Graciela Izurieta, nacidos en el mencionado campo de exterminio.

19. Raúl Artemio DOMÍNGUEZ, alias Abuelo

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Foto: FM De la Calle.

Nació el 26 de junio de 1940 en Medrano, provincia de Mendoza, hijo de Juan Agustín y Margarita Beata Boretin, casado, jardinero, con domicilio en Juan Manuel de Rosas 521 de Junín de los Andes, provincia de Neuquén.

Cabo en comisión de la segunda sección de Baqueanos del Comando de Brigada Infantería de Montaña VI con asiento en Junín de los Andes. El 24 de marzo de 1976 -y en varias ocasiones posteriores- junto con los restantes integrantes de la Unidad RIM 26 fue comisionado a Bahía Blanca asignado “a operaciones”. Fue guardia del centro clandestino de detención La Escuelita bajo la cobertura del alias “Abuelo”.

Fue condenado a prisión perpetua y está acusado por los hechos padecidos por 68 víctimas, entre ellas, los hijos de Graciela Romero y de María Graciela Izurieta, nacidos en el mencionado campo de exterminio.

20. Desiderio Andrés GONZÁLEZ, alias Perro o Perro Vago

Nació el 4 de mayo de 1944 en Junín de los Andes, hijo de Eustaquio y de María Dominga Cabeza, casado, LE 7.570.875. Domiciliado en General Julio Argentino Roca 505, Barrio Primeros Pobladores de su ciudad natal.

Integrante de la segunda sección Baqueanos del RIM 26 en tres ocasiones fue comisionado al Comando V Cuerpo de Ejército para cubrir guardias en el centro clandestino de detención, torturas y exterminio La Escuelita bajo el alias “Perro”.

Está acusado por los hechos padecidos por 53 víctimas, entre ellas, los hijos de Graciela Romero y de María Graciela Izurieta, nacidos en el mencionado campo de exterminio.

21. Arsenio LAVAYÉN, alias Zorzal

Nació el 15 de agosto de 1945 en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, casado, DNI 8.210.648, hijo de Tomás y de Catalina Urra. Vive en calle B. Otazua del Barrio El Chacal de la localidad de Plottier.

Sargento baqueano en la BRIM VI en comisión en varias ocasiones en el V Cuerpo de Ejército para cubrir turnos rotativos de las guardias en el centro clandestino de detención, torturas y exterminio La Escuelita bajo la cobertura del alias “Zorzal”.

Está acusado por los hechos padecidos por 56 víctimas, entre ellas, los hijos de Graciela Romero y de María Graciela Izurieta, nacidos en el mencionado campo de exterminio.

22. Antonio Alberto CAMARELLI

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Foto: Sindicato de Prensa Neuquén.

Nació el 15 de noviembre de 1942 en Viedma, hijo de Geocondo y de Graciana Cambareri, casado, policía retirado. DNI 7.397.693, con último domicilio en Gallardo 477 de Viedma.

Desde el 25 de julio de 1975 se desempeñó como comisario de la Unidad 24 de Cipolleti de la Policía provincial de Río Negro y el 1 de enero de 1976 pasó a desempeñarse como comisario principal de dicha sede, continuando en el cargo hasta el 21 de diciembre de 1976.

Fue condenado a 10 años en el juicio Escuelita II de Neuquén, pena aumentada a 14 años por Casación, y a seis años en el tramo Escuelita IV. Está acusado por los hechos de los que fueron víctimas Gladis Sepúlveda, Elida Noemí Sifuentes y Raúl Alfredo Ferreri.

23. Luís Alberto FARÍAS BARRERA (con proceso suspendido)

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Foto: Sindicato de Prensa Neuquén.

Nació el 1 de enero de 1930 en Estación Fernández, Departamento Robles de Santiago del Estero, DNI 7.152.582, hijo de Gabino Farías Barrera y de Carmen Magdanena Carol, casado, mayor del Ejército (R). Domiciliado en Los Lirios y Las Flores, Torre Mirador, Barrio Alta Barda de la ciudad de Neuquén.

Con rango de coronel fue jefe del Departamento I Personal (GI) del Estado Mayor del Comando de Brigada de Infantería de Montaña VI con asiento en Neuquén.

Fue condenado en Neuquén en 2008 a 22 años de prisión -causa Reinhold- y en mayo del 2014 a 25 años -causa Di Pasquale-. Está acusado por los hechos de los que fueron víctimas Gladis Sepúlveda, Elida Noemí Sifuentes y Raúl Alfredo Ferreri.

24. Osvaldo Antonio LAURELLA CRIPPA

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Nació el 30 de octubre de 1931 en Capital Federal, LE 4.075.820, hijo de Antonio Salvador Laurella y de Adela Luisa Crippa, casado, coronel retirado del Ejército Argentino. Vive en el noveno piso de Alsina 520 de Bahía Blanca.

El 24 de marzo de 1976 asumió como jefe de la Policía de la Provincia de Neuquén, cargo al que accedió por desempeñarse desde diciembre de 1975 y hasta noviembre de 1977 como jefe de la División II Inteligencia del Comando de la VI Brigada de Infantería de Montaña –y por consiguiente en el Comando de la Subzona 52-. Tras su comisión en la policía neuquina, en diciembre de 1977, pasó al Comando V Cuerpo de Ejército de Bahía Blanca.

Fue condenado a ocho años de prisión en el juicio Escuelita IV de Neuquén y está imputado por los crímenes cometidos contra Gladis Sepulveda, Elida Noemí Sifuentes y Raúl Alfredo Ferreri.

25. Enrique Braulio OLEA

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Foto: Sindicato de Prensa Neuquén.

Nació el 18 de julio de 1930 en Las Perdices, Córdoba; LE 6.575.474, hijo de Braulio Teodoro y de Petronila García, casado, general retirado del Ejército Argentino. Domiciliado en Saraví s/N°, Barrio La Rinconada, Pilar, provincia de Buenos Aires.

Con el grado de teniente coronel fue jefe del Batallón de Ingenieros de Construcciones 181 con asiento en Neuquén, resultando jefe del Área 521 desde 6 de diciembre de 1975 al 11 de noviembre de 1977, fecha en la que pasó al Comando en Jefe del Ejército.

Fue condenado a 22 años en el juicio Escuelita II de Neuquén, pena aumentada a 25 años por Casación, y a 13 años en el juicio Plan Cóndor. Está acusado por los hechos de los que fueron víctimas Gladis Sepúlveda y Elida Noemí Sifuentes, Raúl Eugenio Metz, Graciela Alicia Romero y su hijo nacido en cautiverio y Raúl Alfredo Ferreri.

26. Oscar Lorenzo REINHOLD

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Foto: Sindicato de Prensa Neuquén.

Nació el 26 de enero de 1935 en Santa Fe; LE 4.838.046, hijo de Alejandro Carlos y de Teresa Molina, casado, coronel del Ejército (R). Domiciliado en el noveno piso de Blanco Encalada 1441 de Buenos Aires.

Se desempeñó en la División II Inteligencia del Comando de la VI Brigada de Infantería de Montaña con asiento en Neuquén, Subzona 52, como auxiliar de Jefatura desde el 14 de enero de 1976 y el 24 de marzo de 1976. Fue jefe de la Policía de la Provincia del Neuquén el 14 de octubre de 1976.

Fue condenado a 21 años de prisión en el juicio Escuelita II de Neuquén, pena aumentada a 24 años por Casación, y a prisión perpetua en Escuelita IV. Está acusado por los hechos de los que fueron víctimas Gladis Sepúlveda, Elida Noemí Sifuentes, Raúl Eugenio Metz, Graciela Alicia Romero y su hijo nacido en cautiverio y Raúl Alfredo Ferreri.

27. Pedro Ángel CÁCERES

Nació el 23 de octubre de 1940 en Ing. La Esperanza, departamento de San Pedro, provincia de Jujuy, hijo de Facundo y Juana Alussa. DNI 7.286.590, suboficial mayor retirado del Ejército Argentino. Vive en San Francisco 545, Barrio San Cayetano de San Pedro, Jujuy.

Miembro de Caballería trasladado en 1972 al Comando del V Cuerpo de Ejército -Hospital de Evacuaciones 181, como encargado de Compañía- hasta que el 18 de mayo de 1976 cuando pasó a integrar la Agrupación Tropas.

Está acusado por homicidios, secuestros y allanamientos ilegales de domicilios padecidos por 35 víctimas.

28. Miguel Ángel CHIESA

Nació el 6 de abril de 1953 en Elortondo, Santa Fe. DNI 10.736.124, teniente coronel retirado del Ejército con domicilio en Santa Fe 1247 de Rosario.

Subteniente del Destacamento de Exploración de Caballería de Montaña de Esquel en comisión en el Comando del V Cuerpo de Ejército. Desde diciembre de 1976 revistó en el Regimiento de Tiradores de Caballería Blindada 6.

Se le imputa haber realizado aportes escenciales en los allanamientos ilegales, los secuestros y la reclusión en el CCDyT La Escuelita y el Consejo de Guerra contra Rubén Ruiz, Pablo Bohoslavsky y Julio Ruiz.

29. Jorge Horacio ROJAS

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Foto: FM De la Calle.

Nació el 6 de septiembre de 1952, hijo de Flamario Horacio y de Delia Segura. DNI 10.525.368, militar retirado del Ejército Argentino con domicilio en el cuarto piso de Alsina 162 de Bahía Blanca.

Subteniente del Destacamento de Exploración de Caballería de Montaña de Esquel en comisión en el Comando V Cuerpo de Ejército. Fue jefe de una sección dentro de la Agrupación Tropas. Revistó luego en la Escuela de Oficiales Sargento Cabral. Participó también del Operativo Independencia en Tucumán.

Se le imputa su participación en el allanamiento ilegal de los domicilios de Julio Ruiz y de Pablo Victorio Bohoslavsky, haberlos torturado y secuestrado a ambos –junto a Rubén Alberto Ruiz- y luego trasladar a las tres víctimas al centro clandestino de detención La Escuelita y haber contribuido a la acción sicológica intentada mediante la realización del Consejo Especial de Guerra al que fueron sometidos los militantes.

30. Carlos Alberto FERREYRA

Nació el 22 de diciembre de 1952 en Buenos Aires, hijo de Jorge Domingo y de María Raquel Rolón Ezcurra. Titular del DNI 10.620.093, casado, capitán del Ejército Argentino retirado. Domiciliado en calle 33 Orientales 1106 de San Isidro, provincia de Buenos Aires.

El 3 de enero de 1977 llegó en comisión al Comando V Cuerpo de Ejército con el grado de subteniente de caballería, procedente del Destacamento de Exploración Caballería de Montaña 181 con asiento en Esquel.

Está imputado por los hechos padecidos por 21 víctimas.

31. Miguel Ángel NILOS

Nació el 14 de mayo de 1953 en Itacaruaré, provincia de Misiones, hijo de Edmundo y de María Ana Loreiro. DNI 10.665.524, militar retirado del Ejército Argentino. Su último domicilio es Barrio Cooperación II Manzana 14 casa 1 de Bahía Blanca.

Revistando en el Destacamento de Exploración de Caballería de Montaña de Esquel, el 29 de marzo de 1975 pasó en comisión al Comando V Cuerpo de Ejército -integró la Agrupación Tropas-, hasta el 30 de noviembre de 1983 cuando fue destinado a la Escuela de Exploración de Caballería de Posadas.

Está acusado por los hechos sufridos por Pablo Victorio Bohoslavsky, Julio Alberto Ruiz y Rubén Alberto Ruiz.

32. Gustavo Abel BOCCALARI

Nació el 29 de enero de 1949 en Salliqueló, provincia de Buenos Aires. Hijo de Abel Darío y de Otilia Springer. DNI 7.650.005, casado, comisario inspector retirado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Vive en Sargento Cabral 280, las Malvinas, partido de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires.

Oficial subinspector segundo a cargo de la Sección Cuatrerismo bahiense de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Está acusado por los hechos relacionados a Julio Mussi.

33. Enrique José DEL PINO, alias “Miguel”, “Miguelito” o “Colombres”

Nació el 16 de septiembre de 1945 en San Miguel del Valle de Catamarca. Hijo de Julio Enrique y Celia Catalina Etchegaray. DNI 7.762.418, teniente coronel retirado del Ejército Argentino. Último domicilio en Kenneth Flood 966 de la ciudad de Alta Gracia, Córdoba.

Miembro del Batallón de Inteligencia 601, fue enviado al Destacamento de Inteligencia 142 de Tucumán para formar parte del grupo de “los encapuchados” en el marco del Operativo Independencia al mando de Adel Vilas. Por su esmero en “la lucha antisubversiva” Vilas lo requirió como jefe de su custodia en comisión en el Comando V Cuerpo de Ejército entre el 11 de febrero y el 18 de agosto de 1976. Participó en operativos de los grupos de tareas locales.

Fue condenado a prisión perpetua por comandar uno de los grupos de tareas del circuito Atlético-Banco-Olimpo (Causas 1668 “MIARA…” y 1673 “TEPEDINO…”). Fue requerido por la justicia francesa por la desaparición de Maurice Jeguer. Está acusado por crímenes cometidos contra 32 víctimas.

34. Alberto Magno NIEVA

Nació el 15 de noviembre de 1947 en Andalgalá, Catamarca. DNI 8.043.600, suboficial mayor retirado del Ejército Argentino. Domicilio en calle Marambio Sector 2 Manzana 3, casa 171 del Barrio Los Andes, Chimbas, San Juan.

Integró la Compañía Comando y Servicios del Comando del V Cuerpo de Ejército entre el 3 de enero de 1974 y el 17 de julio de 1978 cuando pasó al Equipo de Combate o Agrupación Tropas. Dicha pertenencia pudo haber sido anterior, en algunos casos de probada participación la misma no se reflejó en los legajos. El 30 de enero de 1980 fue destinado a la Compañía Comando del RIM 22 de Marquesado.

Está acusado por los hechos de los que fueron víctimas Luis Alberto Sotuyo; Dora Rita Mercero; Roberto Adolfo Lorenzo.

35. Pedro José NOEL

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Nació el 21 de noviembre de 1944 en Tres Arroyos, Buenos Aires. Hijo de Francisco y de Rosa Menna, casado, DNI 4.640.564, comisario mayor retirado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Domiciliado en Fortaleza Protectora Argentina 329 de Gral. Cerri.

Como miembro del Comando Radioeléctrico de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, delegación Bahía Blanca, integró el Grupo de Tareas a cargo de la ejecución del plan criminal desde esa repartición.

Está imputado por los hechos padecidos por María Emilia Salto, Laura Manzo y Daniel José Bombara.

36. Jesús SALINAS

Nació el 9 de enero de 1936 en Quehué, La Pampa, hijo de Juan Agustín y de Margarita Beata Boretin, casado, DNI 5.465.187. Domiciliado en Guillermo Torres 3111 de Ingeniero White.

Integró el Grupo de Tareas de la Unidad Regional V de la Policía Bonaerense local. Está imputado por los hechos padecidos por María Emilia Salto, Laura Manzo y Daniel José Bombara.

37. Osvaldo Lucio SIERRA

Nació el 22 de abril de 1935 en Metán, Salta, DNI 7.237.668, hijo de Osvaldo Lucio y de Nélida Paulina Redondo, estado civil casado, ocupación coronel militar retirado. Domicilio en calle Teodoro García 2224 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Como mayor de caballería, el 6 de diciembre de 1975 pasó a continuar sus servicios al Destacamento de Inteligencia 181 y el 30 de enero de 1976 al Departamento II de Inteligencia del Comando del V Cuerpo de Ejército. Participó en el Operativo Independencia a las órdenes del general Vilas. Tras su paso por Bahía Blanca fue segundo jefe de contrainteligencia en el Batallón 601.

Está imputado por los crímenes cometidos contra 45 víctimas.

38. Julio Manuel SANTAMARÍA (con proceso suspendido)

Nació el 16 de abril de 1953 en Capital Federal, hijo de Julio y de Laura Lorenza Torres. DNI 10.963.751, casado, capitán del Ejército retirado. Domiciliado en Pacheco 2594 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Integrante del Grupo de Artillería 181 de Zapala en comisión en el Comando V Cuerpo de Ejército en el marco de la Operación Patagonia, con el grado de subteniente de artillería, fue destinado a la Agrupación Tropas. Está imputado por los hechos sufridos por 33 víctimas.

39. Mario Alberto GÓMEZ ARENA

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Foto: Sindicato de Prensa Neuquén.

Nació el 9 de diciembre de 1930 en Godoy Cruz, Mendoza; DNI 6.841.374, hijo de Alberto Gómez y de Delia Arenas, casado, coronel retirado del Ejército Argentino. Domiciliado en calle Olleros N° 2555 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Como teniente coronel fue jefe del Destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén el 7 de diciembre de 1974. En diciembre de 1977 pasó a desempeñarse en el Batallón de Inteligencia 601. El área de Inteligencia de la Subzona 52 estaba integrada por la División II del Comando de Brigada de Infantería de Montaña VI y el Destacamento de Inteligencia 182.

(Por Alfredo Grande) Una receta sencilla pero muy eficaz en tiempos desordenados, es hacer, pensar y decir exactamente lo opuesto a lo que la cultura represora pontifica. Si fuera filósofo -pese al cariño de Nora Cortiñas que así me bautizó, no lo soy- diría que en el “mientras tanto” nos ubiquemos cómodamente en el espacio del “anti”. Quizá no tengamos propuestas superadoras, pero eso en modo alguno obliga a mantener propuestas conservadoras. La cultura represora detesta la justicia por mano propia. En realidad, detesta la justicia. Lo que llama justicia apenas es revanchismo y venganza de clase.

“La que “malcorra”
mal escapa”
(Aforismo implicado A. G.)

La así llamada delincuencia está siendo construida con prisa y sin pausa en los talleres de la pobreza, la indigencia y la exclusión social. Ni la pobreza ni la indigencia son condición necesaria y suficiente para construir delincuencia.

Pero cuando pobres, indigentes, excluidos son bombardeados por pautas de consumo absolutamente demenciales, la bomba explotará más temprano que tarde. Lo he dicho: en todo sistema injusto la constante de ajuste es el azar y el delito.

Casinos clandestinos son allanados. Pero no por ser casinos, sino por ser clandestinos. La timba tiene que ser oficial. Incluyendo la bolsa de valores. Wall Street es la estafa institucionalizada. Y esa estafa, que incluye la mal llamada deuda externa que apenas es otra de las estafas internas de la cultura represora, está justificada desde la llamada “economía de mercado”. Cuya mano invisible no es tan invisible. Y es una mano sucia y ensangrentada. Pero el 80% del electorado estrecha esa mano.

El colapso catastrófico del socialismo real, la mutación de la revolución socialista cubana, nos ubica en un paradigma político siniestro. En esta época no hay captura revolucionaria de la violencia. La única captura de la violencia es reaccionaria. O sea: sostiene el sistema represor aunque lo transgreda. De la reforma agraria, de la utopía de desalambrar, a la lucha contra los tarifazos. No solo nos quedamos con las sobras del banquete reaccionario, sino, y esto es doloroso, con las sobras del banquete revolucionario.

Hemos sido capturados por la teoría del derrame electoral. Algunos votos caerán para el lado de la justicia. Pero la copa seguirá llena con líquidos contaminados y las aguas seguirán bajando y subiendo muy turbias. La justicia por mano propia, siempre colectiva, siempre instituyente, tiene en su dimensión revolucionaria su expresión más completa y real. Justicia revolucionaria, tribunales populares, expresiones que quizá nunca más escucharemos. Y quizá nunca más exigiremos. Y quizá nunca más lucharemos por lograrlas.

“Una cultura no represora
sostiene el obstinado
deseo colectivo de vivir”
(Aforismo implicado A. G.)

Por eso la cultura represora tiene el mandato de la injusticia por mano ajena como meta no negociable. Lo que se llama impunidad, para todos los crímenes y asesinatos del Estado, incluyendo los de lesa humanidad. Pero sean o no de lesa, son crímenes contra la humanidad. El crimen organizado desde los estados es sagrado. Fuera del estado son mafiosos. Cuando las mafias capturan el estado, abandonemos toda esperanza en estas democracias que sostienen rituales y temen los escraches. También los escraches son una forma de justicia por mano propia. Y la cultura represora escrachó a los escraches.

Por eso la única opción porque las demás están deshabilitadas es: “debido proceso”. Más que proceso, calvario para los pobres y salvoconducto para los ricos. Antes “hecha la ley, hecha la trampa”. Ahora queda claro que la trampa es la ley. Porque esa ley muestra su verdadero rostro de legalidad de clase, o sea, un aparato jurídico de las clases explotadoras. El “exceso en legítima defensa” en realidad es un caso paradigmático de “injusticia por mano propia”.

Pero la vieja cultura represora que más sabe por represora que por vieja, utiliza ese ejemplo para entronizar el tabú de la mano propia cuando hace justicia. La “ley del talión”, siempre denigrada (literalmente, como lo negro de la cultura) establece la proporcionalidad entre el acto y su castigo. No hay excesos. No hay desmesura. No pagan justos por pecadores. No pagan los platos rotos los que no los rompieron. No cosechan los que nunca cultivan. Pero la cultura represora es la cultura de todas las desmesuras.

Se destruyó un país, una cultura buscando armas de destrucción masiva en Irak. Nunca se encontraron. Incluso hay una película donde se muestra ese fraude y estafa. Pero esas armas existen: las fabrican los estados unidos imperiales. Las buscan afuera para que nadie las encuentre adentro.

Estados Unidos, el gran exportador de guerras y masacres en todo el planeta. Por eso sostengo la necesidad política y ética de la justicia por mano propia. Los comedores populares es la mano propia colectiva para mitigar los crímenes del hambre. Como dice Morlachetti: “a los niños se les niega la ternura del pan en el país del trigo”- El hambre es un crimen y evidencia irrefutable de la injusticia por mano ajena.

“No importa que haya vida
despues de la muerte.
Lo que importa
es que hay muerte antes de la vida”
(Aforismo implicado A. G.)

Vivimos rodeados de justicia por mano propia en educación (bachilleratos populares) salud (cooperativas y mutuales) trabajo (fábricas recuperadas y autogestionadas). Pero la batalla cultural la sostenemos desde los paradigmas de la cultura represora.

Así estamos. Insisto. La mano propia es colectiva, y eso es lo que espanta a los retroprogresistas, a los liberales y a los fascistas. Y esa mano propia, clasista, combativa, libertaria, no es una utopía imposible. Es la única forma de subvertir el horizonte de lo posible. Entonces le podremos decir al militante, al escritor, al poeta, al militante: “Nunca más habrá penas y nunca más habrá olvidos”.

(FM De la Calle) El martes a las 15 comenzará el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca. Será el tercer tramo de la causa Ejército con 39 imputados que deberán responder por 103 víctimas.

Las audiencias se realizarán en Colón 80, semana por medio, los martes por la tarde y los miércoles durante toda la jornada a partir de las 9. Son abiertas para mayores de 18 años que concurran con DNI y grupos de estudiantes de entre 16 y 18 acompañados por docentes con permiso del tribunal.

El banquillo de los acusados tendrá integrantes del Estado Mayor del Comando V Cuerpo de Ejército, el Destacamento de Inteligencia 181, el Batallón de Comunicaciones 181, ex jefes del Servicio Penitenciario Bonaerense, integrantes de las policías federales de Viedma y provinciales de Buenos Aires y Rio Negro.

Serán juzgados, además, miembros del Estado Mayor del Comando de Brigada de Infantería de Montaña VI, el Batallón de Ingenieros de Construcciones 181, la Segunda Sección Baqueanos del Regimiento de Infantería de Montaña 26 y el Destacamento de Inteligencia 182 -todos de Neuquén- y del Destacamento de Exploración de Caballería de Montaña de Esquel.

Muchos de ellos ya tienen una o más condenas en su haber. Algunas calificaciones de los delitos de lesa humanidad que se les reprochan en este debate son: homicidios, privaciones ilegales de la libertad, torturas, tormentos, lesiones gravísimas, sustracciones de menores y asociación ilícita.

Todas ellas conductas genocidas producto “del accionar de una particular modalidad del terrorismo de Estado que fuera desplegada en el ámbito local, en cumplimiento de la misma matriz represiva que fuera desplegada para eliminar un grupo nacional cuya identidad definieron los victimarios, cuya devastación tuvo proyección nacional, llegando incluso a contar con una coordinación criminal de tipo subcontinental con la unión de dictaduras del Cono Sur conocido como Plan Cóndor”.

El Tribunal Oral bahiense estará subrogado por Jorge Ferro, José Mario Tripputi, Martín Bava -quienes participaron de los tres primeros juicios- y sumará al magistrado pampeano Pablo Ramiro Díaz Lacava como sustituto.

La acusación estará a cargo de los fiscales Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia y las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la APDH, representadas por Mónica Fernández Avello y Walter Larrea, respectivamente.

La Causa N° 93000001/2012/TO1, caratulada: “González Chipont, Guillermo Julio y otros por Privación ilegal de la libertad agravada (Art.144 Bis inc.1)” (Lesa humanidad) comprende tres elevaciones parciales a juicio.

Para acreditaciones de prensa y consultas por visitas con grupos de estudiantes se debe escribir a [email protected] .

juiciobahiablanca.wordpress.com

Los camaristas Pablo Candisano Mera y Jorge Ferro autorizaron al empresario Vicente Massot a realizar un viaje de descanso a Punta del Este y continuar luego su periplo hacia México por motivos laborales. El titular de La Nueva Provincia está imputado por los homicidios de los obreros gráficos del diario e integrantes del sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca, Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, y la instigación pública al genocidio o delitos de lesa humanidad a través de los editoriales del periódico.

Massot solicitó permiso para “ausentarse del país en viaje de descanso a Punta del Este, Uruguay, entre los días 6 y 10 de octubre” y a “México Distrito Federal entre los días 12 y 16” por motivos laborales.

La Cámara Federal de Apelaciones resolvió la queja del fiscal Antonio Castaño contra el fallo de primera instancia firmado por la jueza subrogante Mirta Filipuzzi. El representante del Ministerio Público había alegado “peligros procesales” que “surgen del estado del proceso, pues la resolución que dispuso la falta de mérito del encausado no se encuentra firme”.

Destacó además que “es deber de todos los jueces extremar las medidas para que el avance de la instrucción no se frustre” y agregó que “las causales invocadas para la realizar el viaje no obedecen a urgencias ni necesidades impostergables o que únicamente se puedan satisfacer egresando del país”.

Los camaristas retrucaron que “no es la primera vez que al imputado le es permitido salir del país y en todos los casos en que resultó autorizado acató las disposiciones judiciales”.

Asimismo, Ferro y Candisano sostuvieron que dichos viajes “forman parte de la actividad empresarial y de sus hábitos personales (…) justificado en el derecho del imputado a vacacionar en el lugar que considere apropiado”.

El fiscal general Javier De Luca interpuso en agosto un recurso extraordinario ante la Corte Suprema contra la decisión de la Sala I de la Cámara de Casación Penal que el 4 de julio había declarado inadmisible la queja interpuesta contra la decisión de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca que había convalidado la del juez ad hoc Claudio Pontet de declarar la falta de mérito.

El fiscal denuncó un “sobreseimiento encubierto” y subrayó que la decisión de Pontet y la Cámara “encubre la consagración de un estado de duda indefinida sobre la intervención de los responsables en el hecho de lesa humanidad investigado, lo cual se traduce en la imposibilidad de avanzar el proceso hacia la etapa de juicio oral”. También, indicó que “el plexo probatorio incorporado hasta el momento es suficiente para arribar al grado de probabilidad necesario acerca de la participación del imputado en los hechos punibles que se le atribuyen, lo cual habilitaba el procesamiento de Vicente Massot”.

(Por Mauro Llaneza) La jueza Mirta Filipuzzi procesó y dispuso la prisión preventiva de los integrantes de la banda que comercializaba drogas en fiestas electrónicas y afters. Además, dictó la falta de mérito para los dueños del boliche El Reino y mantuvo la clausura del local allanado a principios de septiembre. Dos imputados continúan prófugos.

El planteo de la Fiscalía había ubicado a Guido Gentili como jefe de la banda y a Facundo Ezequiel Francisco, Francisco “Pinino” Salazar, Maximiliano Ezequiel Borja y Matías Cragno como sus asistentes en la captación de clientela, comercio, distribución, custodia y transporte de la droga. También participaban en el beneficio del tráfico los organizadores de las fiestas electrónicas Mariano Trellini y Javier Selvaggio.

Danilo Hugo Acosta, vinculado directamente a Gentili, fue imputado por la fabricación de ketamina y la organización de eventos para comercializar sustancias ilícitas y Lucio Miguel Serrón, Federico Isla Vieyra y Mauro Ezequiel Simón, propietarios de la disco de Fuerte Argentino al 600, estaban acusado de facilitar el lugar.

“Quedan ligados a la causa y es una instancia entre un procesamiento y un sobreseimiento”, dijo a FM De la Calle el fiscal Antonio Castaño respecto a los bolicheros y agregó que “independientemente de cualquier otra situación, dentro de lo que es la noche, la concreción de este tipo de fiestas, cómo alquilaban el local, cómo publicitaban en los medios, era suficiente para considerar que no podían estar ajenos a esta situación”. Ahora analizan apelar la resolución.

La causa comenzó en 2014 con el seguimiento a Facundo Ezequiel Francisco -actualmente prófugo- y tareas de inteligencia sobre venta de drogas en Nueva Cruz (Soler 620), la Confitería La Isla del Parque de Mayo, La Capilla de La Diana y El Reino.

En este último se realizó el 4 de septiembre el allanamiento en el cual fueron detenidos Gentili, Cragno, Selvaggio, Trellini y Salazar. La Prefectura Naval secuestró además 70 pastillas de éxtasis, ketamina, LSD, marihuana y cocaína. Días después se entregó Acosta. Los empresarios fueron indagados pero conservaron su libertad.

Las pericias sobre el material secuestrado identificaron marihuana, cocaína, ketamina, MDMA, precursores químicos, elementos de corte y sustancias psicotrópicas como clonazepam. La ketamina era sometida a un proceso de “fabricación” que cambiaba su estado líquido a sólido mediante su cristalización.

La especialista en adicciones del Hospital Municipal, Roxana Bertrand, destacó que el desconocimiento de la composición final de las drogas sintéticas las convierte en “especialmente peligrosas”.

La MDMA (3,4-Methylenedioxymethamphetamine) se ingiere oralmente en forma de tableta o cápsula y sus efectos duran aproximadamente de 3 a 6 horas. La dosis promedio es de dos tabletas y cada una contiene entre 60 y 120 miligramos de MDMA. “No es raro que los usuarios tomen una segunda dosis una vez que los efectos de la primera comiencen a desvanecerse”, advirtió la médica.

Con dicha referencia, el fiscal destacó que las 70 pastillas secuestradas en El Reino “podían abastecer a por lo menos la mitad de los concurrentes al King Club”. Junto al resto de las sustancias logran una proporción “determinante a los efectos de analizar el rédito que le proporcionaba a los organizadores el despliegue de la fiesta electrónica y cuál era su real ultrafinlidad: la comercialización de estupefacientes”.

Cragno, Gentili y Salazar (Facebook)

Patricia Cisnero, especialista de la Procuraduría de Narcocriminalidad, analizó el uso de la ketamina: para la obtención de estado psicodélico se calcula una dosis promedio de entre 30 y 75 miligramos. Como se incautó líquida, se debe considerar que cada mililitro equivale a 50 miligramos. “De ese modo, los 50 ml secuestrados equivaldrían a 2500 mg, que divididos por 30 (cantidad mínima de una dosis normal) arrojan un total de 83 dosis. (…) Evidentemente lo secuestrado excedía abiertamente el autoabastecimiento” y “denota el ánimo de lucro con su comercialización”, concluyó Castaño.

Tal como falló la jueza, la Fiscalía había solicitado el procesamiento y la prisión preventiva de los integrantes directos de la banda. Gentili dirigía y hacía el “contacto primario con proveedores para su posterior distribución”. Junto a Trellini y Selvaggio, “organizaba y publicitaba en redes sociales las fiestas electrónicas donde el consumo de este tipo de estupefacientes se encuentra íntimamente ligado al escenario armado alrededor de este tipo de música”. El negocio se realizaba también en “afters” privados.

“Pinino” Salazar comercializaba “faso”, “merca” y MDMA desde un comienzo con Borja y Francisco. Matías Cragno también se encargaba de la venta y “habitualmente se posicionaba al lado de Gentili” con funciones de vigilancia. Frecuentaba las previas, publicitaba las fiestas en sus redes sociales y tenía “directa relación con los dueños de El Reino”.

Selvaggio y Trellini (Facebook)

Selvaggio y Trellini (Facebook)

Selvaggio y Trellini se presentaban como organizadores de fiestas. El primero contactaba a los clientes y entregaba en mano las anticipadas. Entre otras sustancias se le secuestró rohypnol, conocida como la droga de la violación, “una de las más peligrosas del mercado”. Un testigo de identidad reservada declaró que era “vox populi” que en el domicilio de Trellini de 19 de Mayo 733 “se vendía cocaína y se hacían fiestas que duraban varios días”.

Finalmente, Danilo Acosta se dedicaba a la fabricación de estupefacientes, en particular de la ketamina, y la organización de “afters”. Las escuchas telefónicas lo muestran temeroso y lo relacionan claramente con dicha actividad. De este grupo quedan prófugos: Facundo Francisco y Maximiliano Borja.

En cuanto al delito referido al aporte de un lugar para la venta de drogas, a diferencia de la magistrada, la Fiscalía entendió que el accionar de Serrón, Isla Vieyra y Simón se enmarcaba en la conducta dolosa que “es aquella que se sustenta en el concreto y cabal conocimiento y voluntad de que el inmueble se destine al desarrollo de conductas ilícitas”.

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Serrón, Isla Vieyra y Simón (Facebook y LNP)

Entre otros elementos, Castaño indicó que los empresarios “sostuvieron proveer a los locatarios de personal de seguridad, es decir, que más allá del pacto de alquiler del espacio King Club o de la sala más importante, su personal de seguridad, sus ojos se encontraban en todo momento de la noche en el local bailable, donde además de las ‘imperceptibles’ drogas sintéticas se consumía abiertamente y sin límite marihuana cuyos rasgos externos se manifiestan en el ambiente, lo que no puede ser desconocido por el personal de seguridad/control y dueños del lugar allí presentes”.

“Es de resaltar la alarmante manera en que se publicitaban las fiestas, véase la publicidad en el facebook que reza Safety First, en detalle: contaremos con un sector de enfermería con personal certificado y autorizado para actuar ante cualquier caso de descompensación (…) en los baños habrá dispensers disponibles con agua potable”.

Incluso el 9 de julio el propio Simón firmó un acta tras la atención médica recibida por una joven que no respondía a signos vitales aparentes, efecto señalado por Bertrand como uno de los posibles ante el consumo de MDMA.

Tras la tragedia de Time Warp, Selvaggio “anticipándose a los proyectos de ley que se iban a aplicar” les comentó a los dueños que “en sus fiestas iba a poner estos dispensers en los baños”. Mauro Simón declaró: “Lo de los dispensers lo tomo como una acción de marketing”.

“Resulta extraño que ponga a disposición y regale el agua, cuando el redito más importante de la nocturnidad es la venta de bebidas. Asimismo porque se publicita asegurando asistencia médica justamente y solamente en las fiestas electrónicas y no en las habituales de El Reino”, afirmó Castaño y reiteró como agravante en la causa la habitual presencia de menores en la disco.

(Por Astor Vitali) Este fin de semana el unipersonal Un día de estos se presentará en diferentes salas de Bahía Blanca. Se trata de una propuesta de la compañía Tracción a Sangre. La asistencia de dirección es de Alejandro Gutiérrez. La obra tiene tres años de recorrido. Es un proyecto que “nace desde el juego”, según dijo a FM De la Calle la actriz María Eugenia Agesta. “Pasó por muchos lados para llegar donde hoy está. La obra auto renace todo el tiempo. Surge de la necesidad de decir. Los actores necesitamos decir, como toda la gente”.

Comenzó a recorrer salas de la ciudad de Buenos Aires y luego pasó por la costa, además de otros espacios públicos como la calle y plazas. “Es un trabajo que no tiene fin porque cada puesta en escena es un renacer. Es una manera de volcar lo aprendido, una nueva inquietud. Los unipersonales tienen esa libertad y la vez ese gran compromiso”, explicó.

La producción está basada en textos de Clarice Lispector y Dardo Sebastián Dorronzoro. “Son dos autores que me gustan muchos. Clarice es una escritora brasilera que ahonda en el universo femenino desde la vulnerabilidad, desde lo absurdo de los ideales”. Dorronzoro aparece porque “estaba en mí la necesidad de decir poéticamente cuestiones referidas a la libertad en esta obra. Una hermana postiza me acercó a ese poeta”.

Acerca del proceso de armado del trabajo, Agesta contó que “primero se le dio toda una estructura a la obra sin palabras. Se le dio un poco el alma y después se pasó a decidir cuál iba a ser el lenguaje. Y estos dos seres conjugaban muy bien”.

¿Cuándo se puede ver la obra?

Viernes 7 de Octubre. 21.30 hs. Pez Dorado. O Higgins 578.

Sábado 8 de Octubre 21.00 hs. La Casa del Pueblo. Saavedra 282.

Domingo 9 de Octubre 21.00 hs. Sala deTeatro Varietté. Villarino 214.

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(Por Francisco J Cantamutto) Las nuevas cifras de pobreza e indigencia certifican el carácter excluyente del modelo.

La semana pasada se revelaron los nuevos datos oficiales de pobreza e indigencia en el país del INDEC de Jorge Todesca: 32,2% de la población es pobre y 6,3% es indigente. Este dato de la Encuesta Permanente de Hogares, proyectado al total de la población urbana (39 millones) equivale a 12,6 millones de personas que viven en la pobreza y 2,5 millones no alcanzan a adquirir los alimentos básicos. Estos datos se acercan a los difundidos semanas atrás por el Observatorio de Deuda Social de la UCA, que informó 32,6% de pobres, por encima del 29% que informara en diciembre de 2015.

Estas brutales cifras levantaron la polémica. El presidente Macri, sin ningún gesto de ironía, dijo que “este punto de partida es sobre el cual acepto ser evaluado como presidente”, omitiendo los casi 10 meses que lleva a cargo –orillando ya la cuarta parte de su mandato. Por supuesto, y de acuerdo al libreto estándar de Cambiemos, se achacó el número de pobres al gobierno previo, elogiando la existencia de estadísticas creíbles.

El kirchnerismo quedó en falta, porque resulta difícil la defensa del apagón estadístico de una década. La intervención del INDEC iniciada en 2006 afectó especialmente a la medición del índice de precios –incitada entre otras razones para disminuir los pagos de bonos de deuda indizados en por la inflación pesos. Esto produjo severos impactos que han oscurecido la discusión de los hechos, ahora presentados todos como interpretaciones libres, cuya única lógica de comprobación era la fuente de enunciación. Cuando el INDEC dejó de informar datos de pobreza en 2013, el ex ministro Kicillof lo pretendió justificar diciendo que esa medición era “bastante estigmatizante”.

El nuevo equipo del INDEC, incluyendo a la especialista desplazada por la fuerza Cynthia Pok, está readecuando las mediciones, y este esfuerzo de recomposición de datos estadísticos se mezcla con los resultados propiamente dichos. Desde Página 12 se ha puesto en duda la credibilidad de un índice que ubique a Argentina por encima del promedio regional (28,2% según la CEPAL), aunque para esa comparación habría que cotejar que las mediciones sean comparables. Justamente, diversos especialistas han señalado que la actual canasta de consumo difiere de la previa a la intervención, incluyendo 7 artículos más y 5 kilos más de comida. Considerando este cambio de medición, en 2006 la pobreza hubiera sido del 35% (en lugar del 26% informado entonces), o alternativamente, la pobreza actual sería del 23% (en lugar del 32% informado).

¿Cómo se mide la pobreza? Básicamente se determina un conjunto de bienes y servicios que componen una “canasta” típica, representativa del consumo de los hogares del país, y se mide su precio de mercado. Para el caso de la canasta básica de alimentos, el valor se ubicó según el INDEC en $4.930 mensuales. Las familias que ganen menos que ese valor por mes, no podrán comprar los alimentos que necesitan para vivir, y serán considerados indigentes. Según la referida medición, el 6,3% de las personas no llegan a comprar esos alimentos. En promedio, ganan la ínfima cifra de $2.975 al mes, quedando a 39,7% de alcanzar los ingresos necesarios para alimentarse.

En el caso de la pobreza, se agregan a los alimentos otros bienes y servicios típicos (vestimenta, servicios básicos, etc.). El valor relevado fue de $12.851 mensuales, ingreso que debería alcanzar una familia conformada por dos adultos y dos niños para comprar lo necesario para no ser pobres. Como se dijo, el 32,2% de las personas no alcanzan a adquirir esa canasta, y son considerados pobres. En promedio, esos hogares ganan $8.051 al mes, quedando a 37,4% de alcanzar los ingresos que los sacarían de la pobreza. Estas cifras se magnifican considerando rangos etarios, pues el 47,4% de las personas de hasta 14 años viven en hogares pobres: casi 3 millones de niños/as y adolescentes.

Sin dudas, las políticas del gobierno de Cambiemos han incrementado la cantidad de pobres, tal como hemos referido sistemáticamente en este espacio. La devaluación y la aceleración inflacionaria han superado a las mejores paritarias, licuando así salarios. Peor aún les fue a quienes trabajan fuera de los convenios colectivos de trabajo, en sectores informales y de la economía popular. La UCA llama “nuevos pobres” a quienes caen en esta situación por el impacto de estas políticas. La quita y disminución de retenciones a las distintas exportaciones agropecuarias favoreció que el incremento en alimentos fuera mayor al promedio –se ha calculado que orilló el 55%-, impactando de manera más dura en los hogares más vulnerables. La paralización de la actividad económica ha incorporado despidos y caída de la demanda de consumo han configurado este escenario devastador. A pesar de sus discursos, Cambiemos no ha implementado medidas compensatorias que contengan estas políticas. El salario mínimo vital y móvil se ubicó en $7.560, poco más de la mitad de los ingresos de pobreza. El nuevo aumento de 14,16% anunciado en la AUH –que la llevaría a $1.103- la pondría en una suba total de 32% en el último año, por debajo dela inflación registrada (que solo desde diciembre acumula un 34,3% según la CTA). Queda claro que la “pobreza cero” de la campaña no ha sido sino demagogia.

No obstante, estas cifras ponen sobre la mesa una continuidad más profunda en la sociedad argentina. El kirchnerismo logró reducir la pobreza, quebrando la tendencia ascendente desde la dictadura: solo el revanchismo conservador puede negar esto. Sin embargo, en el mejor de los casos, estaríamos ante un quinto de la población en situación de pobreza, que Cambiemos elevó a un tercio. En este núcleo duro de pobreza, estructural, confluyen desocupados, subocupados, trabajadores informales: un gran conjunto de personas excluidas de los sectores dinámicos del capital, condenadas a rebuscárselas para obtener su subsistencia. La inagotable creatividad popular ha reforzado con cooperativas, empresas recuperadas, talleres autogestivos las tradicionales changas y ventas ambulantes, lo que algunos llaman “economía popular”.

Se trata de masas sobrantes para el capital, cuya principal función es operar como amenaza para quienes se atrevan a reclamar por salarios justos. Esto lo expresó con claridad Prat Gay, cuando dijo que los sindicatos deberían elegir entre conservar sus empleos y mejorar los salarios.  Ninguna de las dos cosas ocurrió en 2016. El denodado esfuerzo por atraer inversiones externas, incluso cuando pudieran reanimar la actividad económica (lo que no ha ocurrido aún), no ofrecerá ninguna salida para estas personas, que continuarán marginadas del mercado laboral, y estigmatizadas por su dependencia de planes sociales. Las propuestas de reforma laboral en danza –como el plan Primer empleo- continuarán precarizando el trabajo, arrojando a la pobreza también a trabajadores/as ocupados/as.