(Por Astor Vitali) Cuenta regresiva. Faltan cinco semanas para que, de una forma u otra, los y las dirigentes políticos del país diriman las candidaturas para disputar la presidencia de la República Argentina. Hasta el momento, hay más precandidatos que ideas.

En la incomprensible fantasía del pensamiento (permítaseme el término) macrista, no hay mucho por disputar en términos electorales porque en un escenario de polarización son capaces de ingresar la boleta amarilla dentro de la urna a plena conciencia de que, en caso de tratarse de gentes de a pie, se están condenando así mismos y sus hijos a una vida despojada de derechos económicos, jurídicos y culturales. Pero en ese mundo -que prefiere culpar a “la negrada” en lugar de a los que se vienen afanando el país vestidos de frac- no hay posibilidad alguna de votar una fórmula que les huela a populismo.

Lo único que podría hacer mella es que, en una actitud reparadora de haber alimentado al monstruo en 2015, el radicalismo reuniera fuerzas no para ganar la elección sino para restar posibilidad a través de cautivar el voto radical no amarillo con el objetivo de impedir la continuidad de la aplicación de estas políticas de consecuencias magnánimamente devastadoras.

En el peronismo la mejor jugadora sigue siendo Cristina Fernández. Se presente o no, transitó estos cuatro años con un perfil bajo que le permitió modificar parte de su imagen y dejar que Macri se ocupe de ser Macri. Como señaló Napoleón hace tiempo: “Nunca interrumpas a tu enemigo mientras está cometiendo un error”.

Y mal que les pese a todos los que la daban por muerta sigue siendo la candidata del espacio opositor con posibilidades electorales con mayor intención de voto. Hay médicos de la política argentina que decretan la muerte cuando la carne aún está bien caliente.

El conjunto de las fuerzas populares no peronistas no avanzaron en ningún armado electoral con capacidad de disputa presidencial. Claro que puede haber escaños legislativos y hasta –ojalá- espacios de en lis poderes ejecutivos municipales. Pero en este contexto de agresividad de las políticas Cambiemos está claro buena parte de la sociedad sin vocación suicida se enfocará en que Macri no continúe.

Nuevamente, no será el voto positivo a favor de un programa de gobierno. Es el natural “todos contra Macri” lo que prevalecerá en los próximos días. Es un voto de carácter defensivo, un voto de supervivencia. No se trata de un voto de fe en las propuestas opositores (casi totalmente ausentes).

Unas preguntas, a cinco semanas de la verdad: ¿Está la oposición dispuesta a hacer lo que hay que hacer si es cierto que la urgencia es “todos contra Macri”? Y, de corazón, para quienes adhieran de buena fe a una propuesta de estas características: ¿nos espera la obsecuencia después de una posible victoria o sea habrá tomado nota de que la mejor fórmula para sostener un gobierno que se reivindique de carácter popular es precisamente fortalecer la organización popular y la autonomía de esos espacios?

“Todos contra Macri” parece una fórmla razonble. Pero habría que ver también a favor de qué.

SUTEBA denunció atrasos en el cobro de decenas de docentes y afirmó que no fue convocado a la reunión de la Mesa Distrital encabezada por el vicegobernador Daniel Salvador y el director de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny.

Gabriela Delfino comentó a FM De la Calle que “la primera acción del año fue denunciar la mesas distritales donde nos estábamos invitados ni sindicatos ni docentes porque fueron planificadas para hacerse en cada escuela. Con el correr del tiempo dieron cuenta que eran actos partidarios del gobierno y en los lugares donde se realizaron las mesas tenían prohibida la entrada”.

Respecto al atraso de los cobros, Delfino comentó que “hemos ido en medias de fuerza a reclamar por el salario de lo ya acordado, a los referentes políticos, que es el Consejo Escolar, se comprometió a llevar una nota a La Plata, lo hizo pero eso no garantiza el cobro, que va a tardar por lo menos dos meses. Siempre la misma respuesta: nosotros no podemos resolverlo desde acá”.

“Ahora aparece el SUNA (Sistema Único de Novedades de Agentes) que es todo a través de internet y muchas escuelas no tienen y en las que hay lo pagan los docentes, eso implica que el secretario va a tener que quedarse en su casa cargando en el sistema. La consecuencia inmediata de esto es el no cobro del salario, por ejemplo si alguien carga mal una letra del apellido una docente esa persona no cobra y eso lleva meses cambiarlo”, comentó Delfino.

Señaló que “me acabo de enterar de un rumor y es que las escuelas donde pusieron internet es donde se va a probar el voto electrónico. En verdad a nadie le importa los chicos, ni las comunidades”.

“Administrativamente habían desaparecidos tres escuelas, en la práctica significa que hasta el momento si se necesita una suplente no sabes dónde pedirlo porque desaparecieron y se englobaron en una secundaria virtual, porque no tiene edificio, de lugares que son con alta vulnerabilidad en la matrícula. Estamos viendo si los docentes van a cobrar o no, hasta ahora no porque no están cargados en ningún sistema”, finalizó.

 

La Cámara de Diputados aprobó el pedido de licencia de su presidente Manuel Mosca. El referente de Cambiemos fue denunciado por acoso sexual y si bien había solicitado también su desafuero, sus pares giraron el pedido a la Comisión de Asuntos Legales e Institucionales.

“Acompañamos la licencia porque no vamos a obligar a ningún diputado a que concurra si no puede hacerlo. Hay un trasfondo que es más complejo y es de carácter político.  Si hay un pedido de allanamiento o detención no hay un impedimento por los fueros a que curse un proceso judicial”, comentó el diputado Guillermo Kane del Frente de Izquierda.

El caso tomó notoriedad luego de que el propio diputado se presentara ante el fiscal Álvaro Garganta por ser víctima de una supuesta extorsión por una denuncia de acoso sexual. Luego de este hecho se supo que una militante del PRO de Necochea lo había denunciado ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte por hechos de violencia ocurridos durante la campaña electoral del 2015.

“Habría entre tres, cuatro o posiblemente seis mujeres con denuncias, y solo una de ellas fue la que se dirigió a la Corte. Según trascendidos de los mismos compañeros de Mosca, algunas otras mujeres se han sentido amedrentadas. Está la posibilidad de que el poder político y los recursos que maneja como presidente de la Cámara, hayan actuado para que varias denunciantes decidan no hacerlo, por eso planteamos que la Cámara debía suspenderlo hasta que se aclaren las cosas”, señaló Kane.

Por último, el diputado señaló que “el otro problema que ha quedado expuesto es que la interna en el oficialismo está llegando a niveles muy graves, hay una interna sorda con Vidal y está en duda la candidatura de Macri. Es fácil deducir que los meses que han tenido la denuncia en sus manos, han tenido una carta que jugar contra un hombre Vidal”.

Se está desarrollando la edición número catorce del festival de artes escénicas Bahía Teatro. El Teatro Municipal de Bahía Blanca y el Tablado fueron los primeros escenarios, hace ya mucho tiempo. En el anexo Artestudio el actor Gustavo Vallejos coordinó un taller. Pocos sospecharían el crecimiento que tendría el que hoy es el festival más importante de teatro de la región.

Hubo un acierto fundamental del ciclo: ampliar públicos. A menudo, las propuestas artísticas locales piensan en cómo sumar públicos hacia sí mismas. En cambio Bahía Teatro formuló la propuesta de apuntar a un público de teatro y artes escénicas en su conjunto en lugar de trabajar para uno u otro grupo. En la actualidad, las propuestas existentes en la ciudad permanecen en cartel durante buena parte del año. Otrora, la lucha por un lugar y por sostener media docena de funciones anuales eran el objetivo principal.

Bahía Teatro ofrece otros dos aspectos de gran valía: la política de formación y el circuito barrial. En primer término, los encuentros, charlas y talleres abonan al encuentro, la educación y la discusión de saberes que no podrían articularse de manera aislada. Esto es fundamental para el desarrollo del arte en una región.

En segunda instancia, el circuito barrial articula en el contexto de un drama contemporáneo. Si el sector privado opta por propuestas artísticas de mercado (con interés mayor en el borderó que en la calidad artística) y si, por otro lado, el estado no reconoce a los actores culturales locales desatendiendo así su responsabilidad constitucional de garantizar los derechos culturales de la comunidad, entonces: ¿cómo llegan las propuestas artísticas a su comunidad? Se sabe que no todo el mundo puede pagar una entrada y, en ocasiones, no llega a cubrir ni siquiera el boleto para acceder a una función gratuita.

Una vez más, son los actores culturales de la ciudad los que se organizan para ejercer un rol que debería ser política pública. Con el antecedente de la Comedia Municipal, por la que tanto han peleado históricos referentes del teatro local y de su organización gremial –la Asociación Argentina de Actores-, el circuito barrial es un eje que debe ser tenido en cuenta por su valía y su aporte.

Por lo demás, el trabajo del equipo del Bahía Teatro, con la dirección general de Juan Caputo, ha sido sostenido y articulado en el tiempo.

(Por Astor Vitali) Se sabe que la imagen presidencial ha caído en picada producto de la situación económica y los simulacros de planes económicos reducidos a un simple acuerdo de precios con un puñado de terceras marcas elaborado luego de haber remarcado los precios. Sin embargo, las imágenes de los gobiernos provinciales y municipales muchas veces no son arrastradas por la mochila de plomo de la presidencia.

En Bahía Blanca, la idea de que hay un grupo que acuerda un destino de desarrollo y crecimiento basado en el tres o cuatro actores económicos fuertes parece haber calado hondo. Al menos en el discurso oficial que levantan gran parte de los medios.

Demás está decir que estos supuestos motores de la economía no representan el sector que genera más empleo sino más bien el que más ganancias genera… y se las lleva.

Ingresando en el mundo económico local desde una mirada global, en abril, el Índice de precios al Consumidor (IPC) CREEBBA difundió que “la inflación acumulada en la ciudad al finalizar el primer cuatrimestre del año alcanza el 13,1% mientras que la variación interanual ascendió al 50,7% con respecto a abril de 2018, convirtiéndose en la más elevada desde que el CREEBBA comenzó sus mediciones de precios en 1996”.

Siempre es necesario, para poner en contexto el número general de tasa inflacionaria, comparar con la situación de los ingresos. “En el mes de marzo, el Indice de Salarios (ISAL) registró un crecimiento del 2,7% respecto del mes anterior, mientras que en el mismo período el costo de vida medido por el IPC-CREEBBA avanzó un 3,4%”. En los últimos doce meses “se puede observar con mayor frecuencia meses en los que el salario creció por debajo de la tasa de inflación como contrapartida a la aceleración de precios que tuvo lugar a partir de la segunda mitad de 2018”.

Según el centro de estudios, “la tendencia muestra un decrecimiento del salario en Bahía Blanca, lo cual es consistente con el contexto inflacionario que se está atravesando. En concreto, en marzo el Salario Real se contrajo un 0,7% en relación al mes anterior y un 8,2% respecto al mismo mes del año pasado”.

Bajo la promesa del progreso y la “ciudad pujante”, Bahía Blanca no sólo no escapa a la realidad general sino que además no genera políticas económicas activas para estimular a los sectores que podrían abonar al impulso del círculo virtuoso del trabajo y el consumo.

Los sectores del comercio han solicitado ayudas y fomento. Se les ha respondido con que “las ventas online” crecen y entonces “hay que adaptarse”. Las PyMES atraviesan una grave situación, sumándose al concierto de despidos y achique general. Y, por supuesto, el sector cooperativo intenta aguantar pero tampoco es sujeto de políticas públicas que le permitan crecer y actuar de manera contra cíclica en un contexto que requiere de la mayor agudeza y mejor creatividad para, desde lo local, aportar a que no todo se derrumbe.

Por algún motivo, frente a todas estas evidencias, la ciudadanía bahiense aún guarda estima por un plan de gobierno que ha beneficiado a pocos actores y que no tiene proyecto alguno en carpeta que redunde en beneficio para todas las voluntades que desean trabajar, aportar y crecer.

En Bahía Blanca los números tampoco cierran. Sin embargo, pocos parecen dar con los responsables de la aplicación de políticas nefastas para las mayorías.

Eso sí: hay quienes ganan. Me pregunto por qué será tan difícil para muchas agendas periodísticas ponerle nombre y apellido a los beneficiarios de estas políticas cuyas víctimas están a la vista.

Después de un largo derrotero por diferentes instancias municipales, Marta Beatriz Giordano finalmente consiguió que el HCD le otorgara la banca 25 para exponer su situación habitacional.

“Mi problema se debe a una discapacidad motriz debido a la secuela de polio, desde hace mucho tiempo estoy tratando de que se me otorgue una vivienda, siempre alquilé y una vivienda que no es propia no se pude reformar”.

“Y yo necesito reformarla a lo que mi patología requiere. Desde el municipio no he tenido respuesta desde hace muchos años, por eso pedí la Banca 25. Después de ir y venir muchas veces logré que se votara a mi favor”, comentó a FM De la Calle.

Giordano afirmó que “se construyeron dos barrios municipales, en el Plan Federal 2 estoy inscripta  desde el 2010 y no he sido seleccionada. De cada barrio hay un cupo destinado para personas con discapacidad motriz, desde el 2008 tengo una respuesta que me envían del Instituto de Vivienda de La Plata diciéndome que la solución me la tienen que dar desde el municipio donde yo estoy viviendo, con esa carta estuve yendo a todos lados y no me han dado respuesta”.

“No me puedo quedar”. En octubre caduca el contrato de locación donde vive Marta.”Tengo silla motorizada, más allá de que no puedo pasar al cuarto de baño hay otras complicaciones importantes”.

José María Padilla, quien gestiona el “carrito” La Revancha, cerca de la Pista de Salud en el Parque de Mayo, es otro de los damnificados por la decisión del gobierno municipal de cerrar los establecimientos gastronómicos populares. En dicho emprendimiento trabajan unas cuatro personas y en temporada el plantel llega a sumar diez fuentes laborales.

A diferencia de otros locales que fueron clausurados a principios de mayo, en este caso la inspección no pudo encontrar ninguna irregularidad. Sin embargo, el municipio solicitó al gastronómico que entregue las llaves el próximo lunes porque serían licitados “todos los carritos”.

Durante la mañana de hoy, serán recibidos por representantes del Honorable Concejo Deliberante. Buscarán una prórroga “ya que me quieren quitar el derecho de trabajar, que es un derecho adquirido. Voy a pelear por lo menos por esa inversión que hice. No había nada”.

En el caso de La Revancha, la entidad beneficiaria del pago del alquiler para uso privado era el Hogar del Anciano.

Desde el gobierno le adelantaron que podría presentarse a la licitación pero no supieron informar los términos de la misma.

¿Dónde están los desaparecidos? La pregunta que sobrevivientes, familiares, organismos de derechos humanos y la mayoría de la sociedad argentina repetimos hace más de cuatro décadas, fue la elegida nuevamente por la Fiscalía para cerrar su alegato en el Juicio Armada II.

“La desaparición desafía una de las condiciones más básicas de la existencia humana, como es la realización del duelo. Ninguna familia pudo velar a sus desaparecidos. El valor de encontrar aunque sea los huesos. Y, sin embargo, lo que tenemos como correlato son los pactos de silencio, los compromisos de impunidad que solo se resquebrajan cuando se trata de pasar factura o de echar a alguien por la borda”.

El fiscal José Nebbia y su auxiliar, Pablo Fermento, solicitaron trece condenas de prisión perpetua, dos de 25 años, una de 16 y otra de 12. Se juzgan delitos de lesa humanidad y genocidio, consistentes en privaciones ilegales de la libertad, tormentos, abuso sexual y homicidios, sufridos por 66 militantes políticos.

“Estos hechos son los más graves que podamos conocer. Hablamos no solo de lo que sucedió con las víctimas sino de las relaciones que se entramaron para organizar este aparato criminal. La utilización de las instituciones, la indefensión en la que se colocó a la población y los mecanismos de impunidad. Esta es una forma de evitar su reiteración en el tiempo”, afirmó Fermento.

El Ministerio Público destacó que “la gran organización que se realizó fue la que garantizó la comisión de los hechos (…) Unidades de reserva actuaban cuando las otras no daban abasto. Siempre había alguien para ejecutar la misión de la tortura, del secuestro”.

Durante las jornadas de alegato, los fiscales ubicaron “a cada uno de los imputados en esta organización, a cada unidad, cada fuerza de tarea, los roles que desempeñaron”.

Fermento subrayó: “Consideramos que torturaron tanto los que estaban dentro del centro clandestino como los que planificaban la tortura, la ordenaban y la coordinaban. Usamos el mismo criterio en relación a la violencia sexual: fueron violadores quienes estaban adentro del centro clandestino como quienes incorporaron esta práctica al plan criminal”.

Aseguró que “hemos asistido a una amplísima expresión comunitaria de reivindicación del proceso de justicia en su plenitud. Este desarrollo ha tenido vaivenes, nació con las Madres, con las familias, con los organismos de derechos humanos que vimos en los archivos de inteligencia observados por el Estado, incluso en democracia”.

“Logramos que este movimiento, este compromiso, sea asumido por el Estado. Y eso no implica solamente la investigación sino también que sean sancionados eficaz y adecuadamente. (…) La pena debe ser proporcional a la gravedad de los hechos y la lesión provocada que sigue vigente”.

Las condenas a prisión perpetua fueron solicitadas para Sergio Aráoz de Lamadrid, Ricardo César Araujo, Rómulo Augusto Illa, Arturo María Quintana, Aristóbulo Nicanor Moreira, Francisco Martínez Loydi, Alejandro Carlos Lorenzini, Álvaro Hernán Hermelo, Emilio José Shcaller, Carlos Enrique Lacoste, José Abdala Figueroa, Carlos Alberto Louge y Miguel Ángel Torra.

Por su parte, para Mario Bilesio y Herberto Rubatino se reclamó un castigo de 25 años de cárcel, 16 para Enrique de León y 12 para Luis Oscar Conti.

Tres de los imputados están en libertad. El resto en prisión domiciliaria. Los fiscales pidieron la revocación de los beneficios: “No puede darse ningún tipo de privilegio a quienes cometieron estos delitos y se valieron de los velos de la impunidad. Los delitos continúan vigentes. Los 30 mil desaparecidos continúan en esa situación. Los niños apropiados continúan sin recuperar su identidad. El daño se sigue cometiendo y esto también tiene que ser valorado al momento de aplicar la pena”.

El próximo 20 de mayo comenzará el alegato de la dra. Mónica Fernández Avello, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Agrupación H.I.J.O.S. Bahía Blanca.

(Por Astor Vitali) Esta tarde se presenta “Sinceramente”, el libro cuya autora, Cristina Fernández, sostiene que no tiene carácter “autobiográfico ni tampoco una enumeración de logros personales o políticos” si no que se trata de “una mirada y una reflexión retrospectiva para desentrañar algunos hechos y capítulos de la historia reciente y cómo han impactado en la vida de los argentinos”.

No he terminado el libro, por lo cual no me referiré al mismo. Está claro además que, en su carácter de dirigenta con pensamiento estratégico y táctico, “tiempista” como la calificó ayer durante una conversación un histórico dirigente peronista de la ciudad en una conversación privada que mantuvimos, el lanzamiento del libro se enmarca en el contexto político coyuntural.

Me referiré en cambio a una situación más preocupante y, para quienes sentimos por la actividad política grados de pasión, un sabor amargo y angustiante: la estatura de la dirigencia política contemporánea.

Hay miles de dirigentes/as que se refieren a la ex presidenta de manera despectiva (sea por gorilismo, machismo y un amplio abanico de “ismo”) y sin embargo no son capaces de articular dos oraciones de corrido para hilar un concepto. No se preocupan por refutar el carácter de las ideas que sostiene la dirigente (en mi opinión, muchas de ellas refutables, sobre todo aquellas de carácter posibilista que dan vida al pensamiento progresista contemporáneo) sino que se limitan al ejercicio irracional del odio (de clase, de género o simplemente el emanado de la estupidez más ramplona).

Otrora, la participación política era no sólo motivo de pasión a nivel sentimiento sino de apasionamiento con las causas, los temas de estudio, el corrimiento de los límites, el trabajo sistemático en el pensamiento estratégico. Tristemente, en los últimos años nos encontramos con, por caso, legisladores que se vanaglorian de haber ingresado a “la política” (en su caso a la lucha por un cargo) y de “no saber nada de política”. Un espanto.

Está claro que la especialización y el desarrollo del mundo contemporáneo hacen que no se pueda “saber todo de todo”. Esto no implica, en cambio, que no se pueda tener una visión estratégica de los grandes temas y el abanico de una serie de tácticas para articular con los momentos. No. Se llenan de “asesores” (que en el mejor de los casos son los que trabajan) y tocan todo de oído, repitiendo frases -que no llegan a ser conceptos- en contexto electoral o para el periodismo (en general, tan formado como estos especímenes).

No quiere decir esto que la política debería estar relegada a las buenas plumas o a las personas “calificadas” por su paso académico u otros menesteres. Por el contrario, es posible recordar una entrevista en la que, ante la capacidad argumentativa del dirigente sindical de ATE Germán Abdala, Bernardo Newstad le espeta: “Abdala, Abdala, Abdala… vuelva a ser dirigente gremial, se me ha puesto un intelectual folclórico filosófico”. A lo que el gremialista responde: “no hay por qué subestimar. Los trabajadores no necesitamos estar en mameluco y pedir nada más que el salario. Queremos opinar sobre el país”.

La cosa no va de alcurnia. Lo que califica a una persona de origen cualquiera es su preocupación y ocupación por abordar un tema en cuestión con responsabilidad. Está lleno de ingenieros de dudosa capacidad.

Tampoco se trata de andar por la vida escribiendo libros por escribir libros sino de generar reflexiones sobre los temas del momento. Si consideramos que la política es la capacidad de transformación de la sociedad a través de los medios vigentes en su momento histórico, entonces hace falta reflexión para cambiar la sociedad. ¿Cuántos comunicados leíste o escuchaste en los últimos 20 años que no hayan sido aquellos en los que se plantea una posición de manual, superficial o previsible según su origen ideológico? ¿Cuál fue el último discurso que te hizo pensar? ¿Cuál fue la última idea que te conmovió?

Presumo que la respuesta es lamentable.

El hecho político de la presentación de un libro de una ex jefa de estado en la feria del libro evidencia ante todo la mediocridad de la mayor parte de la dirigencia política que además se da el lujo de calificar despectivamente sin haber mostrado capacidad alguna en el ámbito del pensamiento.

En el marco de las reiteradas tomas de tierra de familias que no pueden acceder a una vivienda, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires sancionó un protocolo de actuación que limita el accionar judicial y policial en desalojos.

Atento a esta resolución, el bloque del PJ Cumplir elaboró un proyecto “solicitando la confección de un protocolo municipal de actuación frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad”.

Paola Ariente, una de las autoras de la iniciativa, destacó a FM De la Calle que “los desalojos deben ser de forma diferente a lo que normalmente se hace por una denuncia de usurpación. Hay que contemplar varios requisitos: notificar al defensor del Pueblo, al Ministerio de Desarrollo Social, al asesor de incapaces, pide que se haga un censo previo e informe socio ambiental de los ocupantes del predio, que las notificaciones sean en horarios diurnos, que al momento del desalojo estén presentes un servicio de emergencias”.

Ariente comentó que la Corte “pide la intervención de oficinas municipales, desde ahí es que planteamos que el Municipio también realice sus propio protocolo interno de como tiene que actuar para acoplarse a esto”.

Consultada sobre los terrenos entregados por el Municipio luego de la toma obre avda. Villa Arias, la concejala aclaró que “algunos sí tienen servicios y otros no. Yo planteé una solución a ese tema que es el derecho real del territorio en procesos de urbanización pero igualmente les dieron terrenos a través de escritura. Mientras tanto la gente sigue en situación de vulnerabilidad, se le hace dificultoso levantar su propia casa. Cuando se le da un terreno pero no se les sigue sosteniendo detrás es muy difícil”.

La Corriente Clasista y Combativa se movilizó esta mañana en el centro de la ciudad bajo la consigna “Tierra-Techo-Trabajo”.

Los reclamos principales son la Emergencia Alimentaria, el aumento de cupos de Salario Social Complementario, el aumento en el salario de las cooperativas que dependen del Estado, la Emergencia en Adicciones y la Emergencia Agripecuaria.

“Tenemos problemas con las salitas médicas, no hay médicos, no hay pediatras. Este gobierno nos trató de vagos y planeros, los invito a que vean los talleres que tenemos y los merenderos”, dijo a FM De la Calle la coordinadora de la CCC bahiense Marisa Ganio.

El Centro Mandela denunció que integrantes de comunidades originarias de Villa Río Bermejito (Chaco) son obligadas a tener relaciones sexuales a cambio de bolsones de alimentos que entrega en Ejército.

Rolando Núñez informó a FM De la Calle que tres mujeres testimoniaron en el marco de una asamblea que el organismo de derechos humanos realizó el fin de semana largo de Semana Santa.

“Una me contó que si no hacia eso no recibía las cajas alimentarias. El segundo testimonio fue similar y después vino el testimonio de una criolla que dijo que lo hizo una vez, que habló con su pastor y que le dijo que no tenía porqué hacer eso y que las cajas se las debían dar igual”.

Nuñez expuso la situación en una radio local y “se produjeron devoluciones por whatsapp. Cuando desgrabamos el reportaje y lo subimos a la página web, empezaron a venir comunicaciones de Sauzalito, en lo profundo del Impenetrable pero no con el Ejército sino con algunas ramas del sector político y municipal- Y en Nueva Pompeya nos dijeron que ocurría del mismo modo que en Sauzalito pero para conseguir trabajo. Esas comunidades son vulneradas hace décadas, son comunidades enteras que están desprotegidas”.

“Del poder político nadie se comunicó con Centro Mandela, del Poder Judicial tampoco. Anoche se presentó una persona del Ejército para conversar este tema. Si me van a tomar testimonio que sea por escrito, que venga con DNI, con acreditación de pertenecer al Ejército, con nombre de superiores y vamos a filmar la entrevista. No sé si era o no del Ejército Argentino. Calculo que deben estar investigando”, finalizó Nuñez.

A principios de mes el Municipio clausuró los carritos del Parque de Mayo destacando algunas falencias en los locales e inconvenientes con los permisos de venta de bebidas alcohólicas.

Horas después concesionarios y entidades públicas que alquilan los comercios se reunieron con el secretario de Gobierno, Fernando Compagnoni, quien afirmó que pretenden hacer nuevas licitaciones para “embellecer” el lugar.

“Nos quieren sacar a todos, prohíben a las instituciones renovar contratos con nosotros, la mayoría dicen que están ilegales porque no tienen contrato y son ellos los que no se los dan. Entonces no se puede tramitar ni habilitación ni ReBA  ni nada de lo que exige la Municipalidad”, comentó a FM De la Calle Adriana González, administradora de “Negro el 11”.

“La Municipalidad se lo da a las instituciones y ellas lo alquilan a los concesionarios. La nuestra es Patronato de la Infancia pero también está el Hospital Municipal, Ayuda-Le, Hogar del Anciano. Pagamos un alquiler mensual y renovamos contrato todos los años, lo que exige la Municipalidad. Sin eso no podés hacer ningún trámite”, señaló.

“Me dijeron que me presente a la licitación, cosa que no puedo hacer porque es millonaria, porque planean tirar todo y hacer nuevos. Estamos desesperados, llevamos una vida en el parque. Vemos la desidia de la Municipalidad, no tenemos agua ni gas ni cloacas. Se nos caen los árboles y nos destrozan los techos. Los baños clausurados. Hoy casualmente aparecieron limpios y abiertos”.
Consultados por la reunión con las autoridades comunales, desde Ayuda-Le comentaron que “por decisión de Comisión Directiva no vamos a hacer ninguna declaración hasta que el Municipio se expida”.

Por Ruta 3, a casi cuatro horas de Bahía Blanca, se ubican Barker y Villa Cacique. En ambas localidades viven unas cuatro mil personas que dependen de la cementera Loma Negra, la cual amenaza con despedir a 265 de sus 330 empleados.

“Esto que nos vienen a proponer como alternativa es un suicidio, lo que le decimos a Loma Negra es que venga y nos mate, que nos asesinen ellos, que nos manden los telegramas”, comentó Martín Isasmendi, secretario general del gremio de trabajadores mineros (AOMA).

Las comunidades nacieron junto con la fabrica a principios de la década del 50. “Dependemos cien por ciento de la cementera, toda la actividad económica de nuestro pueblo, docentes, todo el comercio local”.

“En el 2001 sufrimos el cierre de la empresa y se transformó en un pueblo fantasma, hubo jubilados y algunos vecinos que resistieron e hicieron grupos de trabajo en busca de alternativas laborales para los que habían quedado acá”, comentó Isasmendi.

“La empresa lo que dice es que Barker es improductiva, que la tecnología es vieja. Pero están en valores muy buenos de despacho de cemento. Va a estar cerca de las 12 millones de toneladas en este año”.

El dirigente explicó que “toman esta decisión porque están construyendo en Olavarría una fábrica nueva, esa inversión va a hacer desastres, la venden como una buena noticia pero esa empresa va a destruir otros lugares. Le hemos hecho millones de propuestas, para mejorar costos, logística y no aceptan nada. Desde la Secretaria de Trabajo lo que nos dicen es una decisión empresaria”.

En Benito Juárez funciona toda la cadena del cemento: “Desde la cantera hasta que la embolsamos y se va en los camiones. Y a su vez tenemos este otro producto que se llama filler, es piedra sacada de la cantera y no tiene valor agregado. Eso se va a Cañuelas, mezclan el filler con un cemento de Olavarría y una escoria de Ramallo, lo juntan y después lo embolsan”.

“Es peor dejar 50 empleados que cerrar. Agotan el recurso mineral porque se lo llevan en tren sin valor agregado. Que la vendan, que se vayan si no le servimos pero que dejen el recurso natural para que el que venga a explotarlo garantice los puestos de trabajo. Si quedamos con el filler van a agotar el recurso natural y el día que se termine no queda nada acá”, finalizó Isasmendi

 

(Por Astor Vitali) Finalmente este martes pudo leerse en el Boletín Oficial la publicación del “Reglamento general para el empleo de armas electrónicas no letales por parte de los miembros de las fuerzas policiales y de seguridad federales”. De esta forma, según el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, serán utilizadas “en lugares donde solo la aplicación de estas armas [sea] más eficiente y eficaz que las otras armas”.

¿Quiénes podrán utilizarlas? Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura Naval.

Según un informe del CELS, estas armas “sólo reducen la letalidad policial si se las usa en los mismos casos en los que se utilizaría un arma letal, no si su supuesta ‘no letalidad´ habilita que se amplíen las situaciones en las que los policías podrían disparar”. Y aquí surge la primera pregunta: ¿están las fuerzas de seguridad verdaderamente entrenadas para la prevención del delito o son aquellas que descargan su furia a través del abuso de poder visible en cualquier situación barrial donde, por portación de cara, parecen combatir a un enemigo peligroso enfrentándose a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad?

El informe cita un estudio realizado por Amnesty International en los EE.UU que “mostró que de 334 personas muertas por el uso de las Taser entre 2000 y 2007, sólo 33 portaban armas y sólo 4 armas de fuego. Es decir, más del 90% de las víctimas fatales estaban desarmadas”.

La American Civil Liberties Union (ACLU) “también advirtió sobre los riesgos derivados de que las Taser ya no son utilizadas por las policías estadounidenses como un reemplazo del arma letal en situaciones de último recurso, sino como un instrumento de control. Este modo de usar las armas ‘menos letales’ ha llevado a la multiplicación de muertes. Investigaciones realizadas en los EE. UU registraron no menos de mil casos de muertos entre 2000 y 2017 por el uso inadecuado de las pistolas”.

Si en la cabecita de un pibe o una piba de estas fuerzas mal entrenadas y mal pagas, en situación de conflictividad, se les dice ingresa la idea de “no es letal, no es letal, no es letal” es esperable un uso indiscriminado del arma pretendidamente benévola.

Podríamos meternos en mil tecnicismos respecto de las características de las armas, emparentarlas con instrumentos de torturo y otras argucias. Sin embargo, hay un elemento central que nos ocupa y podría reducirse en el dicho popular que reza: “monos con navajas”.

¿Poner a fuerzas de “seguridad” cuya preparación se evidencia deficitaria en su accionar diario a portar armas de estas características quita o suma riesgo a la seguridad comunitaria?

Por ejemplo, si las Taser no pueden ser utilizadas contra embarazadas, personas con signos de intoxicación por alcohol o drogas, personas con padecimiento mental, personas ya arrestadas, esposadas o precintadas, personas que ya recibieron una descarga (no se pueden realizar dos descargas sobre la misma persona), personas a las que también se les arrojó gas pimienta. Una investigación del Home Office del Reino Unido confirmó que la aplicación de una descarga eléctrica con Taser puede generar una combustión química capaz de causar la muerte a quien antes haya sido rociado/a con gas lacrimógeno o gas pimienta,  y además nunca se debe disparar al rostro, ya que de impactar en los ojos puede causar ceguera: ¿alguien, con la mano en el corazón confía en el criterio de nuestros milicos para tales sutilezas?

Está bien que haya a quienes les guste ver en este tipo de medidas elementos pomposos de la seguridad ciudadana. Uno percibe más bien la irresponsabilidad de seguir sumando elementos represivos en lo que constituye un hecho de mayor inseguridad pública por falta de garantía de correcta aplicación.

Por otra parte, ¿a quién se combate? En lugar de empezar por cambiar las armas que portan las fuerzas de seguridad habría que tomar inicialmente el asunto de fondo: ¿quién paga a los efectivos y quién compra sus armas.

El problema de la trata de y el narco, en cualquier ciudad, incluida la nuestra, es un asunto de fondo del que nadie quiere conversar seriamente. Mucho menos en los ámbitos de decisión. Cambiamos políticas de seguridad públicas por chiches mortales que, como se saben, serán descargados sobre los sectores a los que ya se les aplicó una política económica letal.

Tras la primera jornada del juicio al empresario Marcelo Camin por la muerte del trabajador Juan Cruz Mafredini, el abogado querellante Hugo Fernández adelantó a FM De la Calle que pedirán cinco años de prisión, pena máxima para un homicidio culposo.
Juan Cruz murió en octubre de 2010 producto de las quemaduras sufridas en la deflagración ocurrida en un dúplex de Cuyo 1388 en el cual funcionaba un depósito clandestino de la empresa Camin Cargo Control.

“La empresa se dedica a guardar muestras de hidrocarburos. Eso se guarda durante tres meses por si hay algún problema con el buque cuando llega a destino. Empezaron a almacenar muestras de productos que eran incompatibles. El testimonio de uno de los especialistas de explosivos. Una de las mezclas fue la misma fórmula química con la que se hizo la bomba de la AMIA”, comentó Fernández.

El abogado detalló cómo operaba Camin Cargo: “En el único inmueble que alquiló guardó las muestras, en una habitación había cuchetas para que durmiera el personal de otros lados y, pared contigua, una estantería con estos productos. En la planta alta. Todo eso no podía estar en ese lugar. No podés tener en un barrio, pared de por medio de una familia, en una habitación, sin cartelería, esa cantidad de explosivos”.

“Uno lo piensa desde el punto de vista de la precarización laboral y esto se hizo así para ahorrar plata”, afirmó.

Alejandra trabajó en Lucaioli durante 35 años y es una de las empleadas suspendida desde el 5 de abril cuando la empresa anunció el cese de actividades. “El viernes nos dijeron que la empresa, dada su iliquidez, va a poner a la venta la Gran Barata con productos de todas las sucursales”, comentó a FM De la Calle.

“Desde casa central, Patricios 861, a partir de este jueves se va a empezar a vender todos los productos. No es la primera vez que se hace pero esta vez el destino que se le va a dar será para pagar el sueldo de los empleados”.

“El último sueldo que nos dieron fue el viernes pasado y fueron 2 mil pesos. Nos pagaron en cuatro cuotas el mes de marzo, hay gente que está muy complicada porque alquila, porque tiene hijos chicos que van a la escuela. En mi caso mis hijas ya son grandes y trabajan, mi marido es el que está parando la olla”, señaló.

El total de personas desempleadas de todas las filiales de la firma asciende a más de 450: “Hay compañeros que están desmantelando sucursales para traer los productos a Bahía”.

Si bien no es la primera crisis que atraviesan, es la que en peores condiciones los deja. Según Alejandra, “en el 2001, Lucaioli nos dijo que no iba a echar a nadie, que la fuente de trabajo iba a continuar porque había mucha mercadería en depósito. Esta crisis es la primera que nos agarra tan mal. Es la más grande y se vio venir en 2015 desde que asumió este gobierno que también fue el causante de este descontrol y grandes desmanes”.

“Tengo el beneficio que en noviembre me jubilo, el tema es el mientras tanto. En noviembre dejaré de tener estos sofocones, me da mucha pena que mis compañeros que son jóvenes, que les faltan muchos años para jubilarse y en esta situación está muy complicado conseguir trabajo”, finalizó.

Patricia Bullrich reglamentó a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial el empleo de armas electrónicas Taser por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad.

Federico Efrón, coordinador del área Litigio y Defensa Legal del CELS, afirmó a FM De la Calle que  “la denominación es arma menos letal porque tiene la capacidad de provocar la muerte. Es menos letal que una escopeta pero es letal”.

“Implica la posibilidad que la fuerza de seguridad en cualquier situación, según este protocolo, pueda disparar estos dos ‘alambrecitos’ que impactan en la persona que van con una descarga que inicia en 50 mil voltios y luego se reduce a 1200 voltios por varios segundos”.

“Este reglamento es muy vago e impreciso y no establece límites claros en el uso, sobre quiénes se puede usar, ni cuántas veces y en qué circunstancias. Ha traído muchos problemas en los países en los que se aplica. Aplicarla en estas condiciones y en Argentina es una mala idea”, comentó.

Según las estadísticas, el uso de este tipo de pistolas multiplica la posibilidad de letalidad. El Comité Contra la Tortura de la ONU señala que el uso puede constituir tortura y por eso llama a que los Estados dejen de utilizarla.

“Al llamarla arma no letal, lo que se piensa es no importa qué hago yo con esto, no voy a a matar a nadie. Quedó demostrado que en Estados Unidos se usó en situaciones donde no correspondía, donde no había un peligro inminente. Eso lleva a un uso indiscriminado”, argumentó Efrón.

En el protocolo publicado en el Boletín Oficial “no está prohibido aplicar una Taser a una mujer embarazada, a un menor de edad, a una persona intoxicada, a ancianos, a personas que han sido rociadas con gas pimienta. Hay estudios que dicen que si se le aplica a una persona que fue rociada con gas pimienta se puede provocar una combustión interna y ocasionar la muerte”.

El CELS presentó un pedido de informes al Ministerio de Seguridad para corroborar bajo qué condiciones se utilizarían las pistolas Taser y “la única respuesta que tuvimos en febrero fue que ‘no hemos iniciado ningún proceso de licitación de compra'”, finalizó.