Con 222 votos a favor, ninguno en contra y una sola abstención, la Cámara baja dio respuesta al reclamo de las organizaciones sociales y avaló el proyecto que prevé un paliativo ante la crisis económica.

La ley de Emergencia Alimentaria recibió media sanción en la Cámara de Diputados y ahora deberá pasar por el Senado para que sea convertida en ley. Posteriormente quedará en manos del presidente Maurico Macri oficializarla o vetarla.

Cabe recordar que frente al reclamo de las organizaciones sociales, desde el gobierno de Cambiemos se negaron a declarar la emergencia a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia.

En ese marco, se montó un acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social, conducido por Carolina Stanley, que llegó a un punto culmine este miércoles cuando los manifestantes fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad. El martes por la noche, la ministra Stanley había tildado la demanda de “extorsión” y señaló con nombre y apellido a dos dirigentes sociales.

Tras aprobarse el proyecto de ley en el Congreso, el jefe de bloque de Cambiemos, Mario Negri, dijo que “el proyecto era correcto y era mejor que saliera por ley”. “No ha existido acto demagógico con una situación de esta gravedad”, agregó y dijo que “se trata de una reasignación de partidas, por lo que no se afecta la situación económica”.

“Nosotros siempre pensamos que la medida tenía que salir por ley, ¿por qué íbamos a estar ausentes? Si siempre estuvimos al tanto de la situación social”, manifestó y pidió “ser cuidadoso con la palabra y con lo que se dice”. En ese sentido concluyó: “Esta sesión no se celebró porque se hizo una marcha, se hizo por la prórroga del presupuesto alimentario, que es lo importante”.

Por la oposición, Agustín Rossi aseguró estar “muy conforme” y dijo que “el hambre no es una cuestión electoral, sino política y humanitaria”. En ese sentido destacó que “se logró algo casi histórico que es sancionar una ley por unanimidad”. “Celebro la manifestación que hay en la calle donde hay más de 100 mil personas”, subrayó.

Fuente: Notas Periodismo Popular.

“Este gobierno fue un representante fiel de los intereses del patrón. Se ha caracterizado por seguir el camino que ofrece el capitalismo. Su práctica dentro de estos cuatro años de gobierno es que han pedido que los trabajadores pongan el hombro pero que los empresarios sigan consiguiendo ganancias”, dijo a FM De la Calle el secretario de la Federación de Aceiteros, Daniel Yofra.

Desde ayer se realiza en Bahía Blanca una jornada de formación sindical con participación de dirigentes nacionales y abogados laborales y penalistas.

“Piensan como la patronal y siguen sus consejos. Además tienen la costumbre del castigo, algo común en los patrones”, aseguró Yofra tras tres años y medio de caída de la industria y cierre de fábricas.

El dirigente planteó el objetivo de la lucha sindical frente a la adversidad económica y social: “Hay un 50% de trabajadores que cobran por debajo de la línea de pobreza. No podemos esperar mucho tiempo más. Necesitamos que nos allanen el camino para ciertas cuestiones y poder cerrarlas nosotros con los empresarios. Queremos paritarias libres para poder acordar nuestros derechos. Tiene que haber menos accidentes de trabajo ,y por ende, menos muertes”.

Pretenden “un salario que pueda satisfacer las necesidades que establece la ley de contrato del trabajo y la Constitución Nacional. Siempre y cuando sea un consenso donde los trabajadores participen”.

Yofra aseguró que “el patrón siempre considera que el salario es un costo y que, si es muy alto, perjudica a la empresa. Esta es la famosa lucha de clases. Que el empresario gane un poco menos para que podamos tener una vida mejor. El presidente no habla desde su rol como presidente sino como el de un patrón. Quieren zafar del conflicto de tener que echar a una persona. Es mentira que no pueden echar a nadie, de hecho, hoy lo hacen”.

Respecto a las alternativas que tiene el movimiento obrero para lograr sus objetivos, el referente aceitero afirmó que “no podemos permitir que nos saquen el derecho a huelga porque es el último bastión que tiene el trabajador. Es como pelear contra un enemigo sin ningún arma. Necesitamos un movimiento unido sin importar el color político que esté en el poder”.

(Por Astor Vitali) Es curioso: cuando una persona quiere destacar las virtudes de otra suele decir: “¡este es un maestro!” Sin embargo, la sociedad argentina, a través de sus gobiernos, no pone a los maestros ni a las maestras en un lugar de prestigio social sino que, desde hace varias décadas, subvalora su tarea en la evidencia de sus salarios magros y estigmatiza al sector cuando lucha por mejores condiciones para la educación pública.

En este sentido, este país manifiesta doble moral: está todo bien con la maestra mientras atienda a mis hijos y sea cariñosa. Ahí se merece la manzana. Pero si se manifiesta como un ser humano con necesidades básicas y posiciones políticas en el marco de una sociedad dividida en clases… Ahí se pudre todo.

Para colmo, el viejo debate acerca del espíritu vocacional de los maestros y de las maestras está saldado en la legislación pero no totalmente en el inconsciente colectivo. Apenas una maestra se posiciona en reclamar salen a lucir los trillados pseudo argumentos de “no perder días de clase” y que “Sarmiento nunca faltó”. Pura doble moral. ¿Un paro es perder días de clase? ¿Qué días de clase? ¿O acaso no están perdidos muchos días de clase aun asistiendo a las mismas si el sistema educativo está detonado? ¿O lo que quieren esos padres y esas madres que se quejan con esta doble moralina en rigor es depositar a les pibes en algún lugar y les importa entre poco y nada la calidad educativa por la que los y las docentes luchan? Quienes sostienen este argumento lo que reclaman no es un sistema de educación pública que tenga “todos los días de clase”. No. Buscan un depósito o guardería sin importar la calidad educativa y por ende la calidad de sociedad próxima inmediata.

Respecto del famoso “Sarmiento nunca faltó”. Córtenla con Sarmiento. Sarmiento, liberal como era, tenía una visión sobre la educación pública que no se parece un ápice al devaluado sistema actual. Desde el punto de vista conceptual: ¿estaría Sarmiento de acuerdo con defender el sistema educativo deficitario actual o su postura asemejaría más a reclamar por un modelo educativo de excelencia y acceso público como reclama el sector docente?

Pero además, córtenla con Sarmiento porque ningún otro trabajador es tan presionado para que asista a trabajo cuando no cobran por meses, o cobran mal o las escuelas se caen a pedazos. A ningún camionero se le ocurría que debe tener el valor moral de asistir a trabajar cuando las condiciones de laburo no están dadas. Parece que Sarmiento al volante no garpa. ¿Por qué se le exige eso a un maestro o a una maestra? ¿Perder la dignidad pero “con los chicos en las aulas”?

La doble moralina que opera contra la lucha docente hizo escuela y se repite por doquier. Sin embargo, como ciudadano uno se siente orgulloso de ver siempre en pie de lucha a los maestros y a las maestras porque en el fondo nunca de dejan de enseñar con su mensaje de no bajar los brazos y pelear por lo que es justo.

Los malos alumnos miran para otro lado y confunden escuelas con guarderías. Mejor sería sumarse masivamente a un reclamo que a todas luces beneficiaría al conjunto: educación pública de calidad.

Feliz día del maestro y de la maestra será aquel en que quienes hemos pasado y quienes pasan por las aulas aprendamos la lección.

“Como espíritu del protocolo está el sentido de la prevención y la formación, no tiene un carácter netamente punitivista”, comentó a FM De la Calle la subsecretaria de Derechos Humanos de la UNS,  Andrea Montano, respecto al “Protocolo de Actuación en Situaciones de Discriminación y/o Violencia de Género” que se pondrá en marcha en los próximos meses.

Comentó que están en la búsqueda y selección de personas para conformar los órganos de ejecución del proceso.

“La idea es que cualquiera sea la situación, haya un ámbito donde presentarla, el Comité de Actuación tomará las medidas inmediatas y luego analizará si esas medidas deben sostenerse en el tiempo o si requieren que se aplique sanciones. Pero el foco está puesto en la prevención”, señaló.

La medida abarca a toda la comunidad universitaria y a todos los ámbitos donde se desarrolla alguna relación laboral o educativa, puede ser un aula, cualquier dependencia o la plataforma virtual.

“Hasta ahora las situaciones las viene atendiendo al Secretaría de Derechos Humanos con lo que tenemos. Es todo muy a pulmón, ni siquiera estaba iniciado el canal directo para hacer las presentación y se hacía o en el centro de estudiantes o en el departamento y después llegaba a nosotros. Desde febrero, cualquier problemática vinculada debe presentarse en la Secretaría, eso allanó el camino. Ahora habrá un único camino institucional con personas capacitadas en materia de género”.

Montano señaló que están en la búsqueda de profesionales para cubrir tres cargos del Comité de Actuación: “Ya está en marcha la convocatoria para conformar el Comité que va a recibir las denuncias y a poner en marcha el procedimiento. Lo pensamos conformado por profesionales con experiencia específica”.

El gremio de docentes privados elaboró un proyecto de ley contra despidos abusivos que busca garantizar la estabilidad laboral de trabajadores y trabajadoras del sector.

La secretaria general de la delegación bahiense, Margarita Orellano, dijo a FM De la Calle que “desde hace un tiempo nos preocupa la cantidad de despidos sin causa que se produjeron en su mayoría en establecimientos con subvención estatal”.

La iniciativa que deberá analizar la Legislatura pretende que en caso de despido arbitrario se suspenda la subvención. “Sería por 12 meses en el caso de cualquier docente y por 14 meses en caso de que ese trabajador esté sindicalizado”, señaló.

La dirigente comentó que “a veces se despide a los docentes por el reclamo de sus derechos, como una manera de adoctrinar al personal. Pero, por otro lado, envían un telegrama así sin más, sin haber seguido los canales que deberían: presentar un sumario, antecedentes para presentar un telegrama”.

“En general, nos levanta sospechas el hecho de que se vuelve a cubrir ese cargo. Sabemos de 300 casos en lo que va del año en la provincia, seguramente hay más, no nos hemos enterado del resto porque no se acercan al sindicato”.

Respecto a las estadísticas locales, Orellano señaló que en los últimos meses “hemos tenido 8 despidos. 5 de esos fueron sin causa y en su mayoría de colegios subvencionados. Hay otras delegaciones donde ha habido 40 despidos. Si además tenemos en cuenta que nuestro sector está mayormente representado por mujeres y ellas se han transformado en jefas de hogar, tiene un impacto muy grande”.

Tras mantener una reunión con Orellana, el concejal Walter Larrea presentó un proyecto de resolución expresando el beneplácito del Concejo Deliberante por la propuesta de modificación a la Ley Provincial Nro 13.688 (Ley Provincial de Educación).

Consideró que la norma “ayudará a solucionar los problemas de aquellos establecimientos de gestión privada que solicitan recursos para su funcionamiento, ya que permitirá reordenar el sistema, re-direccionando los recursos estatales hacia a aquellas instituciones educativas que tengan una imposibilidad real de pago y fomentando el uso mesurado y responsable de los dineros públicos que pertenecen a la sociedad en su conjunto”.

El próximo domingo se reactivaría la planta LHC II BB de Dow donde se produjo la explosión del 28 de junio. Autoridades de la empresa informaron sobre el avance de las reparaciones al Comité de Control y Monitoreo.

“Volvería a operar sin la recuperación de condensado de hornos. Dichos condensados se descargarán en una pileta de tratamiento, hasta tanto se complete la fase 3 con el completamiento mecánico y funcional total del sistema de recuperación de condensado dañado en el evento, la cual se prevé finalizar el 30/11/19”, registró el CTE.

El titular de la Asociación Ambientalista Unión 20 de Agosto, Hernán Zerneri, comentó a FM De la Calle lo conversado ayer en la reunión del organismo de control. Participaron autoridades de Dow y los peritos que intervienen en la causa judicial.

“Nos dijeron que entre una semana y dos va a estar llegando el recipiente nuevo. Lo fabricaron en Rosario según la normativa internacional. En manos de los peritos quedó realizar las preguntas técnicas. La empresa respondió todo lo que se le consultó, quedaron algunas dudas a despejar, por ejemplo, la pertinencia de la colocación de una válvula de seguridad que trabaje en forma independiente a la mano del ser humano”.

-¿Es la válvula que dijeron los peritos que debió estar desde la puesta en funcionamiento del recipiente?

Hay una divergencia porque la empresa dice que según la normativa ASME pueden colocar una válvula de bloqueo manual entre el equipo presurizado y la válvula de alivio porque dicen que, en el caso de tener que calibrar la válvula de alivio con una válvula de bloqueo, pueden trabajar tranquilamente.

Los peritos dicen que no, que esa válvula tiene que estar conectada directamente como sucede con cualquier recipiente a presión. Entendemos que las medidas que va a implementar Dow no solamente son en el V907 sino el V908, que es el que está al lado y cumple la misma función. Es un equipo que reúne el condensado de vapor de ciertos circuitos y luego hace una recuperación energética y redistribución en la planta. También van a aplicar el mismo mecanismo de seguridad aportando una válvula de alivio automática para poder enviar al panel de control de la empresa una serie de señales que lo que harían sería independizar el sistema de la decisión de alguna persona.

El Comité Técnico Ejecutivo recorrió el jueves pasado el sector donde ocurrió la explosión. Según consta en sus actas, la empresa aseguró que “al equipo afectado se le agregará una alarma por alta presión, una de muy alta presión con set a 5,5 barg con cierre automático de la válvula de ingreso al equipo, alarma por alto nivel, alarma por muy alto nivel con cierre automático de válvula de ingreso de condensado. Además se agrega la válvula de alivio de presión PSV 90701”.

“El 15/09 la planta volvería a operar sin la recuperación de condensado de hornos. Dichos condensados se descargarán en una pileta de tratamiento, hasta tanto se complete la fase 3 con el completamiento mecánico y funcional total del sistema de recuperación de condensado dañado en el evento”.

-¿Qué significa que la planta se reactive “sin la recuperación del condensado de hornos”?

A los efectos de la producción y funcionamiento de planta no implicaría una modificación. Podrían operar con la planta en funcionamiento, independientemente que no trabajen con estos equipos de recuperación de condensado. Es a los efectos de optimizar pero no hace al proceso en sí mismo. Van a bypassear el sistema y parte de ese condensado lo van a arrojar a unas piletas de tratamiento dentro de la misma planta. Según dijeron va a ser algo costoso para la planta porque el agua que recuperan es una agua tratada que circula dentro de las cañerías.

-Pero más costoso es tener la planta parada…

Exacto, más costoso es tener la planta parada.

-¿No hay ningún riesgo de seguridad?

No, no. Siempre hay un riesgo en la puesta en marcha de cualquier planta pero tomando los recaudos necesarios suponemos que no debieran tener inconvenientes. La propia representante del municipio se encargó de considerar esta cuestión de seguridad. Uno mínimamente tiene que tener la confianza en la empresa de que en la puesta en marcha no va a suceder nada.

(Por Astor Vitali) En temas delicados en torno de la pobreza los sectores liberales acuden a argumentos antidemagógicos. Ahora que la oposición puso en discusión el tema de la Emergencia Alimentaria, el oficialismo arguye que se trata de un “uso político” de la pobreza. En el tema de la vivienda ocurre otro tanto. Ante una toma, se mir primero si se está en contexto electoral y si conviene a algún sector partidario en particular. Esta especulación no se pregunta por el elemento central del reclamo: ¿es justo?

El argumento del “uso político” antepone la situación coyuntural de que un reclamo sea conveniente a uno u otro sector frente a la realidad misma de la situación demandada. Es lógico que determinado reclamo social sea conveniente a cualquier oposición y perjudique a cualquier oficialismo.

Desde el punto de vista periodístico y también humano, conviene revisar primeramente, antes de la especulación política, si los fundamentos del reclamo son válidos. Para esto no hay otra forma que eliminar a los interlocutores especulativos. ¿Qué piensan quienes reclaman? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué proponen?

En Bahía Blanca, el pedido de Emergencia Social es viejo. Sin embargo, los medios masivos no lo tomaron con la dimensión con que lo toman en la actualidad, precisamente, porque no estaba enmarcado en el fuego cruzado de la realidad partidaria. Esto demuestra una hipocresía flagrante: cuando el reclamo es justo no lo toman si no está politizado pero se hacen eco de las quejas cuando “se politiza”.

En abril de año pasado, el Consejo Local de la Niñez solicitó al Honorable Concejo Deliberante la Emergencia en Niñez. Fue cajoneada. No quisieron tratarla. En noviembre de 2018 diferentes organizaciones barriales, sociales y campesinas pidieron al mismo cuerpo la declaración de la Emergencia Alimentaria y la Emergencia en Adicciones, “alcanzada por el hambre y el desempleo”.

Sobre diciembre del año pasado, la realización de una Audiencia Pública Popular intentó poner en primer plano el raconto de carencias estructurales y solicitó sin ambages la Emergencia Social, que engloba la alimentaria y la cultural.

En un extenso documento que da cuenta de las agudas situaciones que se atraviesan en materia de salud, educación, cultura, niñez, trabajo, ambiente, género y otros aspectos de vulneración social, las 80 organizaciones participantes concluyeron en la necesidad de solicitar: ampliación de los recursos públicos destinados a satisfacer las necesidades de los sectores más vulnerables de la comunidad; incorporación de la previsión inflacionaria en la determinación de las partidas presupuestarias municipales en términos reales, no aumentos nominales de partidas; plena ejecución de las partidas presupuestarias municipales, provinciales y nacionales (algunas sub-ejecutadas hasta en un 100%) en las áreas de la Niñez y Adolescencia, Cultura, Salud, Mujer, Adultes Mayores, Economía Popular y Deporte, transparentando la administración de recursos públicos y reconociendo la participación ciudadana; acatamiento de la utilización de los Recursos Afectados para evitar el uso discrecional de partidas y la sub-ejecución bajo la constante relativización del presupuesto como herramienta político-económica; inversión en la infraestructura de edificios municipales como Comedores, Jardines, Hogares de Abrigo, Teatro Municipal, Museos, Salas Médicas, Delegaciones barriales y Hospital Municipal y garantía de las

condiciones para evitar la pérdida de accesibilidad o privatización de estos espacios.

Todo esto está dicho en la ciudad de Bahía Blanca desde hace tiempo. No hay lugar para sorpresas. Si uno escucha, como dijimos, a los actores sociales protagonistas, no hay lugar ninguno para relativizar la verosimilitud de los reclamos. Ocurre que la vida institucional encarnada en una democracia cada vez más formal desoyó con plena intencionalidad los legítimos planteos. Con muchos medios ocurrió otro tanto. En cambio, ahora se horrorizan de la “politización” de los pedidos de emergencia.

El único aspecto importante para quienes no tenemos lugar en este juego sucio es recalcar que las necesidades existen y que la garantía de los derechos sociales, económicos, culturales, políticos debe ser la centralidad de las políticas públicas. Toda discusión que no ponga estos elementos, el de las personas en carne y hueso que se cagan de hambre, es utilización maniquea de los que todos hablan pero nadie se ocupa.

La Subsecretaría de Derechos Humanos de la UNS llama a inscripción de postulantes para cubrir tres cargos del Comité de Actuación creado en el “Protocolo de Actuación en Situaciones de Discriminación y/o Violencia de Género”.

Son requisitos ser profesional en el campo de la abogacía, la psicología, el trabajo social y/o especialidades o profesiones afines, acreditar formación en perspectiva de género y experiencia en proyectos y/o actividades orientadas a promover la igualdad de género, el respeto por la diversidad sexual y/o la prevención y erradicación de la violencia de género.

Las personas designadas serán retribuidas con un estipendio equiparable a un cargo de Asistente de Docencia con dedicación simple (10 horas semanales). En el caso de profesionales externos a la UNS será necesaria la inscripción como monotributista para realizar la factura correspondiente. La designación será por dos años y podrá ser renovable.

Según el “Protocolo de Actuación en Situaciones de Discriminación y/o Violencia de Género”, las funciones del Comité de Actuación son:

1) Recibir consultas y/o denuncias.
2) Asesorar, brindar información y acompañar a quien denuncia en todo momento.
3) Informar de la denuncia al Consejo Asesor y de Intervención.
4) Intervenir en el procedimiento de acuerdo con lo establecido en el Art. 12º del Protocolo de Actuación en Situaciones de Discriminación y/o Violencia de Género.
5) Efectuar las investigaciones correspondientes pudiendo citar a terceros/as a ofrecer testimonio.
6) Elaborar y elevar al Consejo Asesor y de Intervención el informe con todas las actuaciones y la denuncia para su resolución.
7) Proponer al Consejo Asesor y de Intervención mediante dictámenes fundados, la aplicación de medidas de protección o la apertura del procedimiento sancionatorio cuando correspondiere.
8) Disponer la aplicación de medidas de protección urgentes en los casos previstos en este protocolo.
9) Tramitar la ejecución de las medidas de protección que disponga el Consejo Asesor y de Intervención ante quien corresponda (Rectorado, Decanatos, Direcciones, etc).
10) Registrar las consultas y denuncias recibidas y realizar un relevamiento sistemático de los datos a los fines estadísticos, garantizando siempre la 11) confidencialidad de las actuaciones y la preservación de la identidad de las personas denunciantes.
12) Facilitar la consulta de expedientes bajo su custodia a quienes tengan derecho a hacerlo.
Los interesados deben enviar un CV con valor de Declaración Jurada al correo institucional de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la UNS: [email protected]

Las postulaciones serán  recibidas entre el 16 y el 27 de septiembre de 2019 hasta las 17 hs. Por consultas dirigirse a [email protected]

El Protocolo de Actuación en Situaciones de Discriminación y/o Violencia de Género, puede verse ingresando aquí

Fuente: Prensa UNS

Francisco Cantamutto, economista y columnista de FM De la Calle, analizó el impacto del control al tipo de cambio aplicado por el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza.

“El problema es que el gobierno se construyó hablando en contra de estas medidas, esto es la confesión de parte más dura. Tenían la idea de que el libre mercado iba a ser suficiente para el desarrollo y tuvieron que volver para atrás”.

“Lo que hicieron fue poner límite a las compras de dólares para atesorar, no es un control muy estricto, frena el atesoramiento a gran escala y esto va de la mano con un anuncio del reperfilamiento, estructurar y extender los plazos de deuda a corto plazo”, dijo.

Cantamutto explicó que “las medidas se aplican de manera tardía porque lo hacen cuando ya todos los grandes operadores se fueron. Si se mira la cantidad de depósitos de más de 20 millones de dólares, no hay ningún registro más bajo que el actual hasta dos años atrás”.

“Quieren atrapar a la perejilada, como vos y como yo. En las últimas semanas ha crecido mucho, no tanto la compra de dólares, sino ir a retirar los dólares que están en el sistema financiero”.

“Si uno mira la cantidad de depósitos de dólares han caído casi 9 mil millones, la caída es muy pronunciada. Esto es gente que saca los dólares del banco y los pone en el colchón o en la caja de seguridad. Es imposible controlar el tipo de cambio sin control de capitales, que no puedan entrar y salir cuando quieran”, comentó el economista.

En definitiva, “no están logrando contener la salida, sigue estando muy elevada, lo que se está negociando es la reestructuración de la deuda, no negociar quita sino extensión de plazos”.

“¿Qué va a pasar? No voy a hacer predicciones pero todo parece indicar que pueden extender esta situación un poco más. Lacunza estaría viajando a fin de mes para pedir el último lapso de la deuda. En el mejor de los casos se llega a octubre y no sé qué pueda pasar en el mes y medio que queda hasta el 10 de diciembre”.

Alejandro Herlein declaró días atrás en el juicio contra los ex funcionarios municipales Marcelo Caramelli y Leonardo Pombo, imputados por extorsionar albañiles para permitirles trabajar en el cementerio.

“Somos nosotros los que tuvimos que ir a buscar las pruebas. Todo esto se origina en una taller de una herrería donde una persona me comenta lo que pasaba en el cementerio. Que se cobraban coimas, que se robaban mármoles, que hubo 238 tumbas rotas, que Caramelli los amenazaba con que les iba a llenar el auto de droga. Todos han declarado lo mismo, es muy difícil tapar la verdad”, dijo a FM De la Calle el padre de Daiana Herlein.

Adelantó que presentarán una nueva denuncia contra Pombo, ex delegado de Harding Green, por apropiarse ilegalmente de terrenos en el barrio Novaterra.

“Se les van a seguir sumando causas. Están todos (los testigos) diciendo lo mismo, tienen todas las pruebas. Un albañil me dijo que ya había hecho la denuncia en Fiscalía. Hablé con otra persona que me dijo que había trabajado 18 años en el panteón de los españoles, que porque se peleó con Caramelli se quedó sin trabajo, me decía que no tuvieron para comer por seis meses. Yo soy el dueño, decía Caramelli, como hacía en el parque”, comentó.

Por último, Herlein afirmó que “ahora estamos con los terrenos de Novaterra. Pombo fue delegado en Villa Harding Green y Novaterra es un barrio que hizo detrás de Punta Blanca donde él se quedó con muchísimos terrenos. Lo que hacía era censar a todo el barrio y saber qué terreno estaba desocupado y el que no estaba: adentro. Hay una parte en Harding Green a la que le dicen Villa Pombo”.

El proyecto presentado por la oposición tiene como eje facilitarle al Ministerio de Desarrollo Social y la Jefatura de Gabinete la compra de alimentos para comedores, intendencias y provincias.

La sesión especial se realizará el próximo jueves. La iniciativa reunió 13 firmas de distintos bloques peronistas.

“Tenemos una discrepancia con parlamentarizar los reclamos. El gobierno tiene que darle una garantía inmediata de provisión de alimentos a los comedores, de apertura de nuevos planes y de apertura de las inscripciones”, dijo a FM De la Calle la diputada del Frente de Izquierda Romina del Plá.

Agregó que “tirar el tema a que lo resuelva el Congreso es patear para adelante la situación, vemos que hay una maniobra del gobierno para estirar el debate. Vamos a estar en la sesión pero tenemos diferencias con el proyecto que extiende una emergencia alimentaria que ya existe”.

“Están planteando extenderla dos años más porque vence en diciembre y poner un índice en cuanto a que deberían incrementarse las partidas. El gobierno ya no está cumpliendo la aplicación de la ley que ya está aprobada, por eso nos parece que de parte de la oposición hay un cierto grado de distracción en el problema”, dijo Del Plá.

La iniciativa dispone “un incremento de emergencia” de, como mínimo, el 50% de las partidas presupuestarias vigentes este año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición.

También se faculta al jefe de Gabinete a que, durante la vigencia de la emergencia alimentaria, actualice trimestralmente estas partidas presupuestarias, tomando como “referencias mínimas” el aumento de la variación porcentual del rubro ‘’alimentos y bebidas no alcohólicas’’ del IPC y la variación de la canasta básica alimentaria según el INDEC.

A su vez, se habilita al Poder Ejecutivo Nacional a “disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional”.

Se establece en este sentido que “las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad ‘’Servicios sociales’’’.

Por último, el proyecto indica que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) deberá realizar de manera anual un control periódico sobre las partidas del Presupuesto Nacional destinadas a la alimentación saludable como “política de Estado”.

Del Plá destacó que “técnicamente hay pocas chances de que se apruebe porque no ingresó con dictamen de mayoría pero hay como una posición en algún sector de Cambiemos de que no van a obstaculizar y quizás den los dos tercios que hacen falta”.

“Hay que ver si quieren seguir pagando más costo. La clave va a estar en el acampe por 48 horas que van a organizar las organizaciones de desocupados, las organizaciones piqueteras, reclamando una salida inmediata”, concluyó.

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia reabrió la investigación y habilitó avanzar sobre el posible delito de “abandono de persona” en la causa de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado.

Sebastián Premici, periodista de Cadena del Sur y autor del libro “Santiago Maldonado, un crimen de Estado” dijo a FM De la Calle que “el fallo habla de un nexo de causalidad entre la muerte de Maldonado y la pertenencia  de agentes del Estado, es decir, Gendarmería. Por ende, se abre la puerta para investigarla, lo que no se hizo en ningún momento durante la instrucción”.

“Con este fallo queda claro que Maldonado no estaba solo sino rodeado de gendarmes, había dos grupos de gendarmes que estaban con él”, afirmó.

Premici destacó´que “el texto de la Cámara reseña la presentación del CELS y cita un informe de la PROCUVIN, que elaboró un trabajo detallado sobre cómo fue la represión ese 1º de agosto que estuvieron en el río. Ese informe fue ocultado por el procurador interino Eduardo Casal, el juez Lleral y la fiscal Silvina Ávila. Esta resolución abre las puertas a investigar el rol represivo de la Gendarmería, que fue lo que determinó la desaparición por 78 días de Santiago y su muerte”.

“La Cámara no se juega del todo a decir que fue 100% causalidad de Gendarmería, deja de lado la figura de desaparición forzada y da por válida la autopsia que dice que se ahogó. Yo sostengo que se muere ahogado pero lo más relevante fue entender el rol represivo de la Gendarmería”.

Culpables y testigos

Premici señaló que “hubo una secuencia de cacería y la causa está ahí. Por eso dan marcha atrás con Emmanuel Echazú. No porque sea el único, en mi investigación doy cuenta que además de Echazú lo corren otros dos, Darío Zoilán y Orlando Yucra. Un testimonio que va a tener que realizarse es el de Lucas Pilquiman, dice que cuando cruzan el río lo ve a Santiago agazapado y ve a los gendarmes desde el barranco disparando 9 mm y escopetas”.

La declaración de Pilquiman deberá tomarse nuevamente porque “Lleral lo tomó sin la presencia de las querellas, de un día para el otro, por una cuestión de control de las partes y para que sea todo lo relevante que es, se pide de nuevo. Se abre la posibilidad de que otros testigos vuelvan a declarar o que declaren quienes no declararon aun”.

Reconstrucción de los hechos

Otra de los puntos relevantes de la resolución es que ordena una reconstrucción, algo que nunca se había hecho hasta el momento. “No se sabe cómo fueron los hechos cronológicamente. Hay fragmentos que uno puede reconstruir, lo que hay que hacer es la reconstrucción in situ. La Cámara dice que tiene que ser virtual, utilizando el material fílmico, visual, fotográfico, hacer una suerte de realidad virtual y colocar a todos los actores en el territorio. Yo creo que es clave hacerlo en el territorio”.

“Sería la primera vez que se esboza cómo fueron los hechos y ahí tenés la última foto de Santiago. Es de las 11:32 de la mañana, veinticinco segundos después se ve que estaciona un Eurocargo y hay gendarmes en el territorio. Hay muchos elementos que permiten elaborar esa reconstrucción. Ahí no van a quedar dudas del rol clave de la Gendarmería en lo que fue una cacería, quiénes fueron quienes lo persiguieron y qué se investiguen otras hipótesis delictivas”.

(Por Astor Vitali) Desde el sábado pasado y hasta el 25 de octubre a las 8:00 comenzó oficialmente la campaña electoral 2019. Si bien, en términos reales, la campaña nunca discontinuó, mucho menos luego de los resultados de las PASO, la sensación que da transitar los términos oficiales de campaña es la de una etapa nueva con fecha de desenlace.

Si bien Argentina es un país cuya dinámica política no permite anticipar los desenlaces de los procesos políticos con precisión –vale recordar que en 2015 todos los analistas daban como ganador a Daniel Scioli-, los resultados de las PASO parecen irreversibles. Esto permite pensar en que no habrá continuidad de este modelo económico neoliberal durante el próximo período presidencial.

La centralidad de la campaña para unos y otros ya no se centrará en la consolidación del voto propio -aquel que está asegurado y es casi inamovible-, sino que los jefes de campaña buscarán avanzar sobre los votos de las terceras marcas y sobre los segmentos geográficos en los que sus candidatos presenten mayor debilidad.

Habiendo quedado claro que la sociedad argentina no avala el rumbo de la política económica impuesto por las huestes PRO, para la principal fórmula opositora no le será difícil mostrarse como una alternativa. Hacer lo contrario a lo que el macrismo hizo en materia económica es una ecuación lógica.

Sin embargo, la fórmula Fernández y Fernández representa una nomenclatura de composición compleja. Como toda alianza amplia -en cuanto a su diversidad ideológica-, en vista de la necesidad de ampliar para conseguir los votos necesarios para hacer efectiva una alternativa de gobierno, los elementos integrantes tienen acuerdo sobre la necesidad de ganar la elección pero no tienen pleno acuerdo sobre el modelo a seguir.

No todo el mundo que concentra la fórmula tiene las mismas ideas sobre el modelo de país al que aspirar. Una cosa piensan quienes tuvieron hegemonía durante el período de gobierno kirchnerista. Otra cosa piensan los pejotistas puros y duros. Otra visión tienen los gobernadores con responsabilidad sobre las provincias que están implicadas en proyectos económicos energéticos.

Por estos motivos, las afirmaciones de campaña no podrán delimitarse sobre un proyecto claro sino más bien sobre vaguedades tales como “un país más justo”. El período para definir el tipo de país y sus modelos económico, político y cultural será posterior a octubre. Más bien, es esperable a que sea posterior a diciembre.

En otras palabras, durante la gestión del futuro gobierno, no habiendo liderazgos indiscutibles, se dirimirán, a través de la política y la presión económica, los límites que dirimirán el proyecto político, siempre hablando dentro de los marcos de la gobernabilidad capitalista.

Para el movimiento obrero en particular y popular en general, esta situación de disputa da la oportunidad de tomar fuerza por abajo para reclamar un programa de reivindicaciones propias. Esto implica el desarrollo de la noción de autonomía del movimiento popular, aunque importantes segmentos del mismo manifiesten su apoyo o empatía política por el futuro oficialismo. Lo que no reclame el movimiento popular no será otorgado por mera misericordia.

Será una nueva etapa en la política argentina. Es razonable reclamar que todos los sectores populares actúen con conciencia precisa y tomen nota de los aprendizajes recogidos durante las últimas experiencias de la historia reciente.

Por tercer año consecutivo, el colectivo Basta de Asesinatos Laborales realizó una multitudinaria movilización para pedir justicia por los crímenes de trabajadoras/es.

“Hay muchísimas más muertes por las enfermedades profesionales que se producen por las condiciones laborales, entendemos que sumado a quienes están en negro se puede triplicar las muertes llegando a 1200 trabajadores”, dijo a FM De la Calle Ariel Godoy.

El secretario de Seguridad e Higiene del gremio del Neumático comentó que “a raíz de estos crímenes se produjo un proceso de lucha en la línea 70 y los compañeros del INTA hicieron lo propio. Entendieron que esto no eran casos aislados sino que quedaban en el marco de más de 400 muertes en accidentes de trabajo, lo que llamamos asesinatos laborales”.

A partir de los casos de David Ramallo, Diego Soraire y Richard Alcaraz buscan instalar el 9 de septiembre como fecha de lucha contra los asesinatos laborales.

“Se fue gestando esta fecha que queremos instalar para visibilizar la muerte de estos compañeros. Tiene como función organizarse en los lugares de trabajo, talleres donde puedan tener formación técnica. Entendemos que los únicos que pueden defender las condiciones de trabajo son los propios trabajadores. Al Estado y a los empresarios no les importa la salud de los trabajadores sino las ganancias”.

Godoy señaló que “a la par de que miles de trabajadores se han quedado sin trabajo, donde la crisis se empieza a profundizar y se denuncia el achatamiento salarial, se denuncian los despidos, el problema de que cuando tenés trabajo esas condiciones son ultra precarizadas, la precarización laboral es el principio fundamental, por lo que se producen estas muertes”.

“En este contexto de crisis esto se profundiza. El colectivo de trabajadores lo que tiene que poner en agenda son las condiciones de trabajo, eso se debe discutir en la paritaria. Las grandes centrales no están discutiendo las condiciones de trabajo.

“No se está contando, hay muchísimas más muertes por las enfermedades profesionales que se producen por las condiciones laborales, entendemos que sumado a quienes están en negro se puede triplicar las muertes llegando a 1200 trabajadores”, concluyó.

Un adolescente de 18 años venía viajando desde Choele Choel y necesita ropa, calzado y dinero para volver a Formosa. La Policía lo echó de la terminal cuando lo encontraron durmiendo. Su familia lo ubicó esta mañana luego de cuatro días sin conocer su paradero.

Su tío viajó a buscarlo a Bahía Blanca pero en la Comisaría Cuarta de Villa Mitre no le tomaron la denuncia y le dijeron que debía realizarla en Formosa.

Marcela Torres, integrante del colectivo Familiares y Amigos de Daniel Solano, colaboró con la búsqueda del chico y confirmó a FM De la Calle que “Nicolás está en el barrio Thompson, está muy bien, solamente necesita ropa y zapatillas”.

Para colaborar comunicáte con Marcela al +54 9 298 478-3740.

“Nicolás Camilo Rivarola salió para Formosa el lunes pasado. Tenía que hacer el trasbordo en Bahía, se quedó dormido y se equivocó de colectivo. Perdió el colectivo y lo llamó al papá que le dijo que espere dentro de la terminal que le iba a mandar el pasaje. La policía encuentra a Nico en la terminal, lo sacan a la calle, le averiguan los antecedentes pero no lo ayudan, queda varado en Bahía”.

“Luego va a la comisaría cercana para denunciar que no tiene el documento y le dicen que ahí no se hace el trámite. A Nico se le rompió el teléfono y no sabía los números, por eso no se pudo comunicar más. Está viajando para allá César, su tío”.

Torres comentó que “César fue hasta Bahía Blanca, para hacer la denuncia de que su sobrino no aparecía y le dicen en la Cuarta de Villa Mitre que no se puede hacer la denuncia sino que hay que hacerla en Formosa de donde es Nicolás. Al tío le dijeron eso ,y pobrecito, se volvió para Choele. Luego publicaron en las redes sociales y desde anoche que lo estamos buscando”.

“Nicolás está en el barrio Thompson, está muy bien, solamente necesita ropa y zapatillas. Ropa limpia en buen estado para que pueda manejarse, zapatillas número 43 para un adolescente, necesita plata también. A tío César le falta una mano, trabaja en su huerta en Choele, vende su verdura y frutas y con eso vive. Con eso ha tenido que movilizarse para buscar a su sobrino, necesitamos plata para que Nico pueda llegar hasta Formosa”.

Torres destacó el gesto solidario de Andrea Galietti y su hijo Javier, quienes brindaron a Nicolás ayuda y un lugar donde alojarse.

“Para nosotros, desde Familiares y Amigos de Daniel Solano, poder reencontrar a un chico con su familia nos llena el corazón. Gualberto Solano se murió esperando encontrar a su hijo”, concluyó.

(Por Astor Vitali) Así como la sociedad “sana” define como “locos” a quienes no adhieren al conjunto de “normalidades” definidas por los círculos de poder que imponen valores a las mayorías, el fundamentalismo capitalista excluye a quienes osen no adherir a las prácticas culturales impuestas por el modelo de consumo.

Según el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, “todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural”. Sin embargo, los estados adherentes han desfinanciado a los órganos creados con el objetivo de garantizar los derechos culturales. De esta forma, la conducción de lo cultural queda en manos de lo privado.

Lo privado, en este contexto de capitalismo (siempre salvaje), se encuentra concentrado en las llamadas industrias culturales, que como todas las otras cosas, se manifiestan en su dimensión trasnacional. Es así que las producciones culturales que se consumen masivamente no están en manos soberanas de sus pueblos a través de sus instituciones y de sus estados sino que se encuentran en cabeza de los holdings que definen qué se consume y qué no.

La producción se encuentra concentrada en centros de confección cuyos objetivos están lejos de buscar garantizar los derechos culturales. Por el contrario, su objetivo es el lucro. En ello, la necesidad de homogeneizar y la vez segmentar públicos crean productos que destruyen el quehacer regional y así un niño argentino consume de igual manera que una niña japonesa un dibujito cuyo fin es el enriquecimiento económico de un grupo concentrado en lugar del enriquecimiento cultural de un pueblo.

Vulgarmente, uno ha escuchado empresarios referirse a quienes tenemos un pensamiento a su izquierda como “fundamentalistas”. “Vos porque sos un extremista”, también es un giro utilizado. Sin embargo, te invito a hacer el ejercicio de mirar en derredor tuyo durante un día. Sin duda, vas a notar el fundamentalismo cultural capitalista.

Así como los defensores de modelo occidental se horrorizan cuando un pibe les detiene unos segundos en una esquina con una expresión artística -sea por difusión cultural o por subsistencia-: ¿por qué no nos alarmamos por las pantallas luminosas que incandilantes que nos bombardean con publicidad privada? ¿Por qué no sentimos como una invasión el hecho de recibir publicidad en nuestro móvil sobre un producto del que hemos conversado con alguien durante el día, con el teléfono celular abierto?

El fundamentalismo cultural es implacable: cierra las puertas a toda expresión que no reproduzca sus valores y estigmatiza a quienes defendemos las expresiones artísticas con raigambre histórica popular. Si uno enciende las radios privadas de mayor alcance, se va a encontrar con que casi absolutamente toda la música que suena proviene de un acuerdo comercial con los sellos editores de alcance trasnacional. En cambio, la enorme producción discográfica elaborada en las regiones no tiene lugar en la grilla musical de esos medios, salvo en carácter de excepción. Esto constituye sin lugar a duda un mecanismo de censura. Los medios operan sobre frecuencias que son públicas pero con criterios de rédito privado.

A lo sumo, esa producción regional se presentará como un hecho exótico a un “artista local”. Hemos mencionado en más de una oportunidad desde estos micrófonos que no existe tal cosa. ¿Mozart vendría a ser un artista local de Salzburgo? ¿Silvio Rodríguez es un músico local de San Antoño de los Baños? ¿Astor Piazzolla era un artista local de Mar del Plata?

El arte es universal y los y las artistas viven en un lugar en determinado momento. Ponerles el mote de “locales” les restringe a un lugar como techo y es una política que privilegia a la producción realizada por las industrias culturales trasnacionales en detrimento de las expresiones artísticas genuinas de los pueblos.

Se trata de dos hechos de diferente naturaleza: la industria cultural es de naturaleza económica lucrativa, en cambio, las expresiones artísticas realizadas por los pueblos son de naturaleza cultural. En la actualidad, la desfinanciación de los organismos estatales que ofician como agencias de cultura deja a los pueblos inermes frente al fundamentalismo cultural capitalista.

Mientras las expresiones artísticas emanadas de las prácticas genuinas de los pueblos nos vamos defendiendo como podemos, algo encerradas en los círculos de la alternatividad sin lograr constituirnos en herramientas contrahegemónicas, el extremismo cultural capitalista barre con todo y está decidido a homogeneizar todo lo que deba homogeneizar para que su proyecto económico y cultural se imponga sin mayores recuerdos de un pasado en el que los públicos y los artistas tenían injerencia sobre los consumos culturales.

Sin duda, nunca hemos padecido un extremismo tan implacable.

Suteba Bahía Blanca realizará un paro este martes junto a la CTA, Aduns y la Asociación Judicial Bonaerense. La semana pasada más de 500 maestras y maestros definieron medidas de protesta ante el deterioro de la situación económica.

Gabriela Delfino, secretaria general del sindicato docente, analizó además en FM De la Calle el impacto del aumento de fondos para los comedores escolares anunciado por la gobernadora María Eugenia Vidal. “¿Yo quisiera saber qué es lo que le puede dar cualquier funcionario a sus hijos con 33 pesos?”, se preguntó.

“Para los comedores se tenía que implementar la administración por parte de Municipio, el suministro de recursos es una cuestión compleja por la logística que necesita y por la modalidad de entrega. El año pasado se entregaba toda la mercadería en un solo día, teníamos muchos problemas para mantener fresco lo que nos entregaban, las escuelas no tienen heladeras, aunque se cubrieran las necesidades alimenticias era muy complicado poder sostenerlos, ahora con 33 pesos la calidad ha bajado”.

Delfino comentó que “la ampliación de los cupos siempre fue una batalla que había que dar, había argumentos como que no lo necesitaban o que la gente mandaba a los chicos al comedor para no cocinar”.

Por otro lado, manifestó que durante la última asamblea docente “en la Técnica 2 hubo más de 500 compañeros y compañeras, lo que expresa el descontento de las cosas que estamos viviendo”.

“Toda esta corrida cambiaria, el dólar, originó que de un día para el otro perdiéramos todo nuestro poder adquisitivo. ¿Qué hubiera pasado si el día de cobro nos hubieran depositado el sueldo con el 20% de menos? Creo que hubieramos salido todos a la calle a reclamar que nos paguen el sueldo entero, es la misma situación”.

Delfino comentó que “a fines de octubre nos corresponde la cláusula gatillo y tuvimos en agosto un reajuste. Una de las demandas es que la indexación sea mensual y la reapertura de la discusión paritaria. Para todos los estamentos nacionales, menos docentes, se plantea un bono de emergencia, en el caso de la provincia los anuncios de la gobernadora tienen el tenor de una aspirina frente a una neumonía”.

(Comisión Provincial por la Memoria) Ayer se cumplió un nuevo aniversario del femicidio de María Soledad Morales. Tenía 17 años y estudiaba en un colegio religioso de Catamarca. El 8 de septiembre de 1990 desapareció y su cuerpo fue encontrado dos días después en un basural a 7 km de la ciudad.

Sus compañeras organizaron marchas del silencio para reclamar justicia, que pronto se replicaron de forma coordinada por todo el país. Gracias a ellas no fue el asesinato de una mujer más, a los que estaba acostumbrada la provincia.

La movilización social logró dar visibilidad al crimen y puso en cuestión a los poderosos y sus tramas de impunidad patriarcal. La justicia llegó parcialmente tras el juicio realizado en 1998, en el que se sancionó a los perpetradores pero no se llegó a los cómplices y encubridores.

Por entonces, los asesinatos de mujeres producto de la violencia machista no se reconocían como tales. Su femicidio fue nombrado simplemente como “el crimen de María Soledad Morales”. Los reclamos de justicia que recorrieron el país, fueron visibilizando y sumando a su paso los nombres de muchas otras mujeres asesinadas por la violencia machista. Aquellas primeros gritos de justicia también exigían #NiUnaMenos.

La Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), cuyas funciones fueron el espionaje, seguimiento, registro y análisis de información con fines de persecución política e ideológica, también siguió de cerca las movilizaciones surgidas a partir del femicidio de María Soledad.

El informe de inteligencia que compartimos es del 13 de abril de 1990 y expone la vigilancia de la Dirección de Inteligencia sobre las manifestaciones públicas en repudio al femicidio de María Soledad Morales (Legajo 256, Mesa A -“Factor estudiantil – Entidades Estudiantiles”-).