(Por Astor Vitali) “La dura carta de científicos e intelectuales”, tituló La Nación para hacer referencia a una solicitada publicada por lo poquito que el liberalismo (conservador) argentino puede reunir en materia gris.
Si algún señalamiento razonable cabe reconocer a este documento podría encontrarse en sus primeros párrafos, en los que expresan diferencias sobre “la primera reacción del gobierno argentino” que “fue negar la existencia del problema, a pesar de las advertencias desde un sector independiente de la comunidad científica y de la política”. Es cierto que González García la pifió en sus primeras declaraciones.
Luego expresan rápidamente, respecto de la cuestión metodológica que “se desestimó el planteo de testear, rastrear y aislar casos, no controló a tiempo las fronteras y decretó una cuarentena en forma improvisada, sin presentar ningún plan ni una posible fecha de finalización”. Improvisar improvisaron todos los estados frente a una nueva experiencia. Por lo demás, uno no es infectólogo (tal como muchos de los firmantes) como para otorgar razón a unas estrategias complejas que, por otra parte, han dejado a muchos jefes de estado sin capacidad de acción o con una serie de medidas girando por calesitas errantes, marchas y contramarchas y sobre todo, la exposición de la incapacidad de los estados capitalistas para garantizar el cumplimiento de los derechos para el conjunto de la población: Papá Noé tiene guardados pocos asientos en su barca y sólo habrá lugar para quienes puedan pagarlo.
Luego, la carta cuestiona “la concentración del poder para eludir cualquier tipo de control institucional” e intenta construir la idea de que actuar “en nombre de la salud pública” equivaldría a “una versión aggiornada de la ´seguridad nacional´” por lo que “el gobierno encontró en la ´infectadura…”.
Un respiro, difícil de seguir.
“…El gobierno encontró en la infectadura sería un eficaz relato legitimado en expertos, seguramente acostumbrados a lidiar con escenarios que se asemejan a situaciones de laboratorio y ratones de experimentación, pero ignorantes de las consecuencias sociales de sus decisiones”. Ciertamente uno se pregunta (y sugiere que se pregunte en general): si hay una pandemia ¿en manos de quienes deberían estar las decisiones en materia de salud pública? En serio eh… porque se suele decir que hay mucha influencia de científicos infectólogos en las medidas que se toman y la verdad es que uno dice ¡menos mal! Bueno sería que las medidas de salud pública en contexto de pandemia estuvieran en manos del sindicato de panaderos.
Para intentar ingresar el contenido de la carta en algún tipo de viso de tradición intelectual argentina liberal, el documento señala que “en dos meses, hubo un número alarmante de detenidos y sancionados en nombre de su propia salud. La detención, seguida de muerte, de Magalí Morales y Luis Espinoza se convierte en responsabilidad del gobierno nacional, que ha creado las condiciones para que esto suceda”.
Cabe señalar que, si el enfoque del documento tuviera una sincera preocupación por el ejercicio de la violencia institucional, habría muchos más elementos de carácter represivo aplicado por fuerzas de seguridad en distintos estamentos estatales para denunciar. Como de pasada copiaron y pegaron dos nombres sin indagar (como solían hacer los intelectuales en las solicitadas), sin enumerar, sin denunciar casos concretos que no tengan estado público y sin articular una exposición que detalle el carácter policíaco dictatorial de su construcción teórica. Continúan señalando que: “miles de argentinos quedaron varados en el exterior y en el interior, mientras provincias y ciudades se han cerrado como condados medievales” y a punto seguido expone: “Clases suspendidas, enfermos que no pueden seguir sus tratamientos, familias separadas, muertos sin funerales y, ahora, la militarización de los barrios populares”.
Finalmente, luego de rozar este tema sobre el que no profundizan, van a lo que les importa con certeza –al menos lo que le importa a quienes representan: “El desdén por el mundo productivo no tiene antecedente y su consecuencia es la pérdida de empleos, el cierre de comercios minoristas, empresas y el aumento de la pobreza. Los créditos para monotributistas y autónomos y la asistencia a las PYME fueron tácticas publicitarias con requisitos casi inalcanzables para la mayoría de los afectados”.
Sin más rodeos sostienen: “La democracia está en peligro. Posiblemente como no lo estuvo desde 1983 (¿se les pasó algún que otro intento de golpe de estado?). El equilibrio entre los poderes ha sido desmantelado. El Congreso funciona discontinuado y la Justicia ha decidido una insólita extensión de la feria, autoexcluyéndose de la coyuntura que vive el país”.
¿Por qué no hacen un esfuerzo por argumentar? Que el congreso no sesione es insostenible. Es correcto. A su vez, muestra cómo todo más o menos funciona sin el congreso funcionado. Es decir, ¿la política estaba ocupándose de la política? La centralidad del congreso estaba puesta en el reparto de territorios, recursos, cargos, prebendas y a lo sumo en medio de eso se daba alguna que otra discusión sobre lo público. El congreso debería reformular, en defensa de las instituciones democráticas, la percepción de prescindible que ofrece en la actualidad.
Les autores se identifican como “ciudadanos que pertenecemos a varias áreas de la ciencia, al mundo académico, profesional y la cultura general” y hacen un llamamiento “a grupos y organizaciones de la sociedad civil, partidos, sindicatos, formadores de opinión y medios de comunicación independientes a redoblar una actitud crítica y vigilante hacia al poder gubernamental, aumentando la deliberación y la conversación social sobre las consecuencias del aislamiento obligatorio y exigiendo la presentación de un plan de salida para esta situación anormal”.
El último párrafo opera como auto refutación. Señalan que “la sociedad argentina ha mostrado ser responsable a la hora de enfrentar la amenaza de la pandemia” porque “acató las normas, cumplió los consejos sanitarios y se mostró respetuosa de la ley y sus representantes”. Acá sí que no se entiende: ¿acató las normas o fue sometida a una dictadura de la infectología? ¿Fue una opción “responsable” o producto del ejercicio de la coerción? Esta contradicción intrínseca no hubiese ocurrido en ningún documento revisado dos veces por algún intelectual interesado en señalar realmente la existencia de un estado represivo. El objetivo de esta carta es pegar utilizando ciertas ideas que –deberían tomar nota- ya no funcionan: antes era Argenzuela (fantasma amenazando las libertades democráticas individuales) ahora la Infectadura (fantasma amenazando las libertades democráticas individuales). Basta ya. El mundo de las ideas debe acudir a sus fuentes, es decir, al universo de las ideas en lugar de –como en esta carta- buscar en una suerte de usina de hashtags pontenciales las líneas de unos párrafos que no logran el estatus del pensamiento crítico.
El motivo de la publicación es el motivo de carácter gorilón y rapiñero de algunas de las “personalidades e intelectuales” firmantes: Sebreli, Kovadloff, Brandoni, Sabsay, Lopérfido, para no abundar.
Si no hubiera sido ampliamente difundida, la nota en sí misma es una pérdida de tiempo y uno mismo se cuestiona si tiene sentido dedicarle estas líneas. En el fondo, parece que sí tiene sentido exponer el carácter maniquieo de su razonamiento: utilizan la idea de un estado policíaco y de funcionarios dictatoriales para poner a funcionar una economía que –ya ha quedado claro- no cuenta con las herramientas ni los dispositivos para proteger a los trabajadores ni a las trabajadoras en sus puestos de trabajo. Quieren ganancia capitalista pero no pueden garantizar la salud de la población en el proceso de producción. ¿A quién protegería la producción en marcha? ¿A las ganancias de las clases acomodadas o a la salud de la población que no tiene cómo protegerse? Tras la máscara liberal se encuentra el verdadero rostro canallesco: si quisieran denunciar derechos no garantizados por el estado argentino hubieran empezado por las enormes dificultades padecidas por los sectores marginados, por lo que no llegan a fin de mes y por la enorme masa de víctimas de laburantes precarizados (universos conceptuales inexistentes en este documento). Estos liberales devaluados quieren poner en marcha la economía pero no explican cómo poner hacerlo sin lamentar las muertes de los y las de abajo.
Si la intención hubiera sido señalar cómo para millones de personas no hay estado que les garantice sus derechos humanos básicos, la carta encontraría motivos en la realidad política argentina en lugar de hacerlo en fabulaciones. Eso es para otro comentario, pero está claro que por más IFE, créditos especiales y subsidio al sector privado para pagar salarios, buena parte de las poblaciones de las ciudades la pasa mal y no hay parámetros igualitarios para sobrevivir en este contexto de emergencia. No es éste el tema que les ocupa.
La teoría de la Infectadura es la expresión más acabada de la situación del debate público argentino y sus referentes: dan pena. Otros señalamientos mucho más interesantes han establecido referentes sociales, barriales, comunitarios, inmersos en la realidad social argentina concreta, a diferencia del contenido de esta solicitada un poco jodida, un poco escrita sin mayor interés, un poco absurda, un poco lamentable y sobre todo, evitable.
De cambiar el sistema impositivo regresivo, de transformar las desigualdades para que no sufran quienes menos tienen y de que los derechos humanos básicos se vean garantizados a través de la financiación de quienes se benefician con la explotación capitalista: ni una palabra.
