El cese de actividades ocurre en el marco de un reclamo por parte del personal. En mayo difundieron que no les permitían el ingreso al predio y denunciaron penalmente al subsecretario de Gestión Ambiental, Matías Insausti, quien ordenó enterrar materiales que los recicladores acopiaron durante meses para su posterior venta.

“Me echaron, me mandaron carta a documento, no me quieren devolver lo que me tiraron”, comentó a FM De la Calle Pedro Ruiz.

Recordemos que el Municipio denunció a su vez a los recicladores por «la posible comisión de un hecho ilícito, a partir de la venta ilegal de material del relleno, predio al que solo pueden ingresar miembros de la cooperativa que trabaja en el lugar».

El abogado del grupo, Leandro Urruti, informó que “el secretario de Gobierno, Adrian Jouglard, habría enviado una nota a la empresa que licita el relleno sanitario y a la Cooperativa Taller Uno, donde ordenó que los cuatro trabajadores que denunciaron las acciones ilícitas de Insausti, y por ende del Municipio, no puedan ingresar al predio a trabajar como lo venían haciendo antes de la pandemia pero sí pueden ingresar todos los que no denunciaron. Alegan en la nota que dejarlos trabajar podría perjudicar la investigación penal”.

Respecto del material acopiado, mencionó “no sé porqué lo hicieron, porqué lo tiraron, ellos nunca más nos dieron una respuesta. Ahora estamos sin trabajo, sin las cosas para vender, y me mandaron carta documento que dice que no quieren que entre más. Al final todo para ellos, me quedo sin trabajo, no me van a pagar lo que me tiraron”, dijo Ruiz.

“Ahora les molestamos. Durante 20 años que estuvimos y no dijimos nada no hicieron nada. Hace seis meses que estamos sin trabajar y no nos dejan entrar, ahí va gente de todos lados, está lleno. Mientras tanto, ellos siguen cobrando”.

Urruti argumentó que “esto no es más que una violación del derecho de trabajar y del principio de inocencia. Sin embargo, no miden con la misma vara al subsecretario de Gestión Ambiental”. Insausti está denunciado por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y daño a la propiedad.

“El mensaje que viene desde el Municipio parece mafioso: ‘los que hablan la van a pasar mal porque tenemos el poder de hacer lo que queramos y estamos por encima de la ley’. Esperamos que la justicia no siga esta línea y permita a los bahienses tener la esperanza en el Estado de Derecho, que un secretario del Municipio no pueda pisar a la gente, que la ley no se aplique solo a los débiles sino también a los poderosos”, destacó.

Para finalizar, señaló que “los denunciantes van a impugnar la medida que actualmente les impide acceder a su fuente de trabajo y van a continuar las acciones judiciales”.