A las 0:20 de la madrugada se registró una explosión en el Craker de LHC2 de empresa Dow. César Pérez, titular del Comité Técnico Ejecutivo, brindó detalles de lo ocurrido a FM De la Calle .

Primeros minutos 

“En la guardia nuestra de 24 horas, el monitoreo percibió el ruido de la explosión y se puso en contacto para verificar en qué planta había habido algún incidente. En forma paralela ingresamos a la misma. Apenas emitió la guardia la información, automáticamente ellos (Dow) empezaron a averiguar planta por planta para verificar cual era”.

“Primero se decretó el Plan de Respuesta a Emergencias Tecnológicas con nivel 1, esto tiene todo un protocolo de actuación para evitar lo que ha sucedido en las redes sociales. El ingreso a la planta, la inspección y el recorrido nos lleva un determinado tiempo para dar información verídica de lo que sucedió. La guardia recorre la periferia de la planta para determinar si hay un riesgo o no”.

¿Qué es el cracker lhc2 de Dow y qué implica el PRET Nivel 1?

“Se trata una de las planta de producción de etileno de la empresa”.

“PRET 1 son las siglas de Plan de Respuesta a Emergencias Tecnológicas. Hay tres niveles. El nivel uno implica que lo sucedido se circunscribe dentro de los límites de la empresa. Si se ve afectado personal de la empresa, es nivel dos. Si hay alguna afectación importante hacia la comunidad sería nivel 3, eso implicaría el accionar de la sirena comunitaria para tomar medidas de autoprotección”.

¿A quién le corresponde difundir la información y capacitar a la población? ¿El nivel 3 en qué caso se aplica por ejemplo?

“Comunicar y difundir es parte del programa APELL. En caso que haya algún escape de producto tóxico, de algún gas y que las concentraciones implican riesgo a la comunidad sí se activa la sirena”.

¿Por qué se produjo la sobrepresión en “el recipiente” que explotó?

“Se está evaluando por qué se produce la sobrepresión, están evaluando los técnicos de la planta, evaluando las variables operativas y registros”.

Informaron que no se registró ninguna infracción por parte del CTE, ¿por qué?

“Vamos a hacer un informe técnico y va a ir al OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible) para que determine cuál es la sanción o multa para la empresa Dow.

¿La explosión está vinculada al apagón nacional del 16 de junio?

“A raíz del apagón del Día del Padre todas las plantas tuvieron que parar y paulatinamente fueron poniéndose en marcha. Ayer estaba iniciado todo el proceso de puesta en marcha”.

¿Las cámaras del CTE y del Parque Industrial de quepasabahiablanca.gob.ar las gestionan ustedes? ¿Por qué funciona una de cuatro?

“Son cámaras que van directo a la web, no es gestión nuestra. Nosotros tenemos una repetición de las cámaras y tenemos cámaras propias apuntando directamente a antorchas y chimeneas de las empresas. No presté atención a la web. Sí lo vimos con la cámara nuestra, tenemos una cámara domo que permite hacer un zoom y vimos cómo se registró la nube de vapor”.

¿Hubo algún venteo o quema particular en las antorchas de Dow?

“No, alguna de las imágenes que vi eran de otras plantas y no de la situación de ayer. Lo que se pudo haber observado es mayor luminosidad en las antorchas de esta planta producto de tener que parar la planta, toda la producción la tuvieron que quemar en forma segura en las antorchas que es para lo que están preparadas”.

Foto: Matías Freidig.

(FM De la Calle) – #explosión #Bahía Una fuerte explosión se escuchó en Bahía Blanca veinte minutos después de la medianoche.

Actualización:

9:00: “Infracciones: NINGUNA” Acta Comité Técnico Ejecutivo.

A las 2:19 el comisario Claudio Petrizan, jefe de la Policía Departamental, informa:

A la 1:50 informó DOW:

A la 1:09 el Municipio transmitió el siguiente mensaje oficial: “Sucedió una explosión en el craker de lhc2 de empresa DOW, NO HAY HERIDOS, estan verificando las causas. No se accionó la sirena de planta. Se activo el PRET nivel 1.

Bomberos, Prefectura, Defensa Civil y efectivos policiales trabajan en el lugar.

Un grupo de vecinas y vecinos se reunió en avda. San Martín y Libertad, a unos 200 metros de la planta.

Martín, del barrio 26 de Septiembre, relató a FM De la Calle que “la explosión fue muy fuerte, estaba justo afuera, te puedo decir que hasta temblaron los vidrios. Nos enteramos en el barrio que fue en una de las plantas, no sabemos nada, no sabemos si hay un escape, no se sienten sirenas, no sabemos dónde estamos”.

“Estaba entrando el auto y escuché una explosión muy fuerte, temblaron todos los vidrios de la casa, automáticamente salimos pero nada, por ahora no se ve nada más que una llamarada. El susto fue muy grande (…) una explosión de esta magnitud es la primera vez, los ruidos son normales, pero explosión en esta magnitud nunca”, dijo Joaquín.

César, vecino de Ing. White, sintió “una explosión muy fuerte, ruido y movimiento de ventanas. Un desplazamiento aéreo importante típico de cuando a veces se abren las válvulas de seguridad de la termoeléctrica pero potenciado. Es super preocupante”.

“Una tremenda explosión que levantó a White y a Bahía de la cama. Yo nunca había escuchado un ruido así”, dijo Clara. Claudia del 26 de Septiembre agregó que “vibraron todos los vidrios, las ventanas, se cayeron las macetas que tengo colgadas de las paredes. Después nada más, silencio y el patrullero que entró y cortó el tránsito en la esquina. Yo estoy frente al Parque Industrial. No se escuchó una alarma o advertencia a los vecinos, nada”.

Testimonios: Emiliano Randazzo.

El 3 de noviembre de 2015 se registró otro incidente en la misma empresa.

Incendio en planta de Dow

 

El abogado de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría, Lucas Beier, destacó el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones que ordenó diagramar un plan de inversiones para frenar la contaminación del estuario.

“Compensa el mal golpe del año pasado cuando la jueza (Gabriela) Marrón decía que la pericia no era suficiente para tomar una medida. Nosotros decíamos: ¿qué otra prueba más se puede llegar a necesitar? La Cámara dice lo contrario, que la pericia es suficiente, que tratándose del medio ambiente y que está en juego la salud pública no se necesita tanto ritualismo y hay que tomar una medida”, afirmó en FM De la Calle.

La máxima autoridad judicial bahiense ordenó que el fiscal Santiago Ulpiano Martínez coordine la mesa a integrar con las empresas denunciadas, los pescadores artesanales, la Municipalidad, el Consorcio del Puerto, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, la Autoridad del Agua y los organismos especializados intervienen en la causa.

La Cámara tuvo en cuenta los anuncios de ABSA sobre el avance de la obra de planta de tratamiento de líquidos cloacales de la Tercera Cuenca y recordó la alternativa de reutilización para uso industrial.

“Es una propuesta que viene de hace años, la hemos planteado y ABSA es bastante reticente. No sé si por cuestiones políticas o económicas. La idea sería la reutilización de esa agua y la no utilización del agua del dique. Con una orden de la justicia que dice que tiene que disminuir los residuos ya no va a ser una decisión únicamente de ABSA”, dijo Beier.


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En cuanto a la tecnología que podría aplicarse para un mejor control, el abogado comentó que lo que los expertos de la UBA sugerían era “poner un caudalímetro que controle de forma constante y no una vez por mes, como se hace ahora”.

Respecto a la continuidad de la causa, más allá del plan de inversiones, la querella considera que no hay nada más para investigar. “Tenemos bien identificado cuáles son las empresas del polo que arrojan los desechos, qué desechos arrojan y con la pericia acreditamos el peligro: el delito es poner en peligro la salud pública”.

Mientras tanto, en el fuero civil, el juez Agustín López Coppola se apresta a abrir la instancia de alegatos. A fines de mayo recibió informes de las defensas. Para Beier, las conclusiones fueron “un papelón”.

“Me causaba indignación leer a los peritos de Bahía, principalmente del IADO, del Conicet local. Que hayan presentado ese tipo de informe donde, por ejemplo (Jorge) Marcovecchio, expresamente pone que es potencialmente imposible que las empresas del polo petroquímico contaminen el estuario, después de toda la prueba que hay, genera una indignación terrible”, afirmó.

(Por Mauro Llaneza) La Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca dispuso la formulación de “un plan concreto” para “diagramar inversiones futuras y asegurar el desarrollo integrado y sustentable de la Ría de Bahía Blanca, que establezca un equilibrio entre el desarrollo y la preservación del ambiente”.

La causa investiga la destrucción de la pesca artesanal y la contaminación del estuario.

El fallo da “fuerza probatoria” a la pericia de la Facultad de Agronomía de la UBA que probó científicamente la existencia de “altas concentraciones bioacumuladas de cadmio, plomo, cromo y cobre en branquias e hígado de todas las especies analizadas”.

El camarista Pablo Candisano Mera advirtió el “peligro de daño grave a la ría” y se apoyó en el derecho humano a un ambiente sano -art. 41 de la Constitución- y en jurisprudencia de la Corte Suprema. Adhirió a su voto Silvia Fariña.

“Parecería que el incremento de empresas radicadas en el Polo Petroquímico de Bahía Blanca que arrojan sus vertidos en la Ría, sumado a los efluentes volcados por ABSA, han provocado una amenaza cierta de un posible daño ambiental grave e irreversible, tornando necesaria la implementación de medidas para atender al problema”, afirmaron.


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La aceptación parcial de la apelación realizada por el abogado Lucas Beier excluye el llamado a indagatoria de directores y gerentes de las empresas denunciadas y la prohibición del vertido de sustancias tóxicas.

Mesa de abordaje

La Fiscalía coordinará la mesa que tendrá 90 días para presentar el plan. Deberá convocar a las empresas denunciadas, a los pescadores artesanales, a la Municipalidad, al Consorcio del Puerto, al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible,  a la Autoridad del Agua y a los organismos especializados que hayan intervenido en la causa.

La Cámara requirió “un plan de concreción de los medios necesarios para incorporar nuevas tecnologías para el tratamiento de efluentes y/o instrumentar sistemas de ‘aguas regeneradas’, con el consiguiente plan de inversiones al efecto, en un plazo razonable”.

También, “reformular la normativa aplicable que establece los parámetros de vuelcos de efluentes en la zona en cuestión, teniendo en cuenta la particular morfología del estuario y la cantidad de empresas radicadas en el polo industrial”.

El pedido incluyó el refuerzo de “los mecanismos de control de vertidos a la aplicación; y cualquier otra vía que contribuya a la disminución de efluentes contaminantes en el estuario bahiense”.

Antecedentes

Luego de un primer rechazo judicial al pedido de medidas cautelares, la Asociación de Pescadores Artesanales denunció como “hecho nuevo” la pericia de la FAUBA que ratificó el perjuicio ambiental y determinó, entre otras cosas, que “el dragado por sí mismo genera un daño ambiental”.

La demanda fue otra vez rechazada por la jueza Gabriela Marrón y el fiscal subrogante Horacio Azzolin, quienes sostuvieron que no había pruebas para determinar si existe delito y quiénes serían sus autores.

El presidente de la Cámara afirmó que la jueza no tuvo en cuenta el principio precautorio previsto en la Ley General del Ambiente, el cual establece que “cuando haya peligro de daño grave e irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del ambiente”.

Por otra parte, le reprochó no haberle dado “fuerza probatoria (…) a lo expresado en el informe pericial” de la FAUBA.

Candisano Mera destacó que “si bien en este caso no hay aún procesamiento del responsable penal del delito, la contaminación del estuario evidencia la aludida verosimilitud de un posible daño ambiental, que sumado al peligro en la demora de que dicha situación se perpetúe en el tiempo, acreditan la urgencia del caso y el dictado de la medida cautelar ambiental a fin de evitar que tal situación se prolongue en el tiempo indefinidamente, independientemente de la situación procesal del o los probables autores del ilícito”.

Con mucha alegría, informamos que este lunes 17 de junio de 2019 finalizó una nueva asamblea de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Argentina) realizada en Bahía Blanca, donde se encuentra FM De la Calle, emisora que está por festejar su 30° aniversario. Durante tres días, habiendo iniciado el sábado, radios de Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Chubut, Rio Negro, Santa Fe, La Pampa, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Jujuy, hemos compartido saberes, prácticas, realidades y participado de intensos debates en torno al derecho a la comunicación y la Argentina actual.

En este sentido, la aguda situación económica a la que llevan las políticas impulsadas por el gobierno de Macri se ve reflejada en las realidades diarias de nuestro quehacer: nuestras radios son de las comunidades en las que nos desenvolvemos y cada una de ellas se ve afectada por tarifazos, pérdida de capacidad adquisitiva, niveles inflacionarios que sacan del juego a amplias mayorías, déficit de vivienda, crisis general de los sistemas públicos de educación, salud y cultura.

Por ello y contemplando la rica diversidad que expresan las radios que componen AMARC (Argentina) ratificamos nuestro férreo compromiso para redoblar todos los esfuerzos, en el marco de esta situación económica, para garantizar el derecho a la comunicación. Somos radios comunitarias que bregamos por ello a diario. Hacemos en distintos aires pero con el mismo aliento.

A 10 años de la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el estado argentino aún no cumple con sus propias normas y mandatos constitucionales. Sin medios comunitarios no hay democracia y aún el gobierno no articuló los recursos necesarios para otorgar las licencias correspondientes a nuestros medios, es decir, a los medios de las comunidades del territorio argentino. Asimismo, ratificamos el reclamo del debido financiamiento público a través de fondos concursables, que son derechos establecidos, a fin de que ese derecho a la comunicación tenga posibilidades materiales de desarrollo concreto.

Por otra parte, para la sociedad civil en cada rincón argentino, es importante el funcionamiento de los organismos que nacieron con el fin de velar por los derechos comunes del público, las audiencias y lxs hacedorxs de la comunicación comunitaria. En este sentido, expresamos nuestra profunda preocupación por el progresivo desfinanciamiento de la Defensoría el Público. Reclamamos al gobierno su inmediata normalización presupuestaria a fin de que disponga de los recursos necesarios para cumplir las tareas para la que fue creada.

Esta asamblea también decidió ratificar su posición respecto de la necesidad de profundizar nuestros aires y nuestras prácticas a través de un enfoque de perspectiva de género. Creemos que debe ser un aspecto transversal que atraviese nuestros cuerpos y nuestras voces, nuestros vínculos y nuestras propuestas, y es ahí en donde las disidencias en todas sus caracteristicas vienen aportando un aire renovado a AMARC y las radios que la nuclean generando dicha transversabilidad que nos moviliza y nos permite repensarnos hacia adentro de cada radio.

Hemos, además, consolidado debates acerca de nuestra manera de ser, de existir, es decir, de cómo nos organizamos para hacer. Celebramos los pasos dados hacia mayor trabajo regional, en un país que se declama plurinacional, heterogéneo, multicultural y diverso, pero al que aún le cuesta asignar la misma importancia a cualquier lugar de su territorio. Vamos hacia mayor trabajo de base en cada región, a fortalecer los vínculos y a afrontar los problemas de carácter nacional desde las ópticas de cada región.

Esto es, además, una invitación abierta a cada proyecto comunicacional comunitario y popular de cualquier lugar: en AMARC hay lugar para cada expresión que nazca de esta necesidad de bregar por el derecho a la comunicación y cada expresión a su vez es parte constitutiva de un colectivo que es el todo en cada una de sus partes.

En un contexto hostil desde el punto de vista macro político, en el que oficialismos y oposiciones consideran que la comunicación no es un derecho sino un negocio y proponen que debe estar en manos de grupos concentrados de la economía, hacemos también un llamado a la unidad de acción y todas las redes de nuestro sector. Vemos con profunda preocupación que, en vísperas electorales, el debate en torno a la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y, antes, el mismo concepto de que la sociedad tiene derecho a la comunicación y a la información no esté en agenda de las declaraciones públicas hasta el momento. Creemos que es suficiente motivo para que lo que nos une a todas las redes, nuestra visión de la comunicación como un derecho humano fundamental, nos lleve a unirnos y accionar en conjunto.

Parte de nuestra inmensa alegría se debe a la incorporación de nuevos colectivos y radios. ¡Bienvenidas FM Sudaca de la ciudad de Trelew y FM Indie Rock de Tres Arroyos! ¡Bienvenidas también a las personas que se asociaron de manera individual desde la provincia de Jujuy! Crecemos en ustedes y con ustedes.

En esta oportunidad, la sede de la asamblea fue Bahía Blanca. En esta ciudad, preocupa que la concentración de medios se vea abiertamente acompañada por el gobierno municipal, que ha negado el acceso a la pauta publicitaria a los proyectos populares y, en coincidencia, favorecido abiertamente a los sectores de la comunicación que sirven de herramienta de poder a los factores económicos de mayor concentración. Esos mismos medios a los que el sector público financia a través de los recursos económicos de la comunidad mediante la pauta oficial han despedido a más de 70 trabajadores y trabajadoras en los últimos cinco meses. Observamos también la necesidad de discutir horizontalmente el modelo sindical que requiere este contexto.

Agradecemos a las organizaciones populares sindicales, de la economía social y solidaria, y culturales que apoyaron la realización de esta asamblea de AMARC, quienes se acercaron a compartir un momento de reflexión en torno a la comunicación.

AMARC Argentina agradece a todas las personas, celebra este encuentro y ratifica el convite a ser parte de esta lucha fundamental de nuestros pueblos. Porque sin medios comunitarios no hay democracia, AMARC sube el volumen y reafirma que sin medios comunitarios no hay democracia.

Trabajadores del relleno sanitario denuncian malas condiciones laborales, reducción salarial y mala administración de las autoridades de la Cooperativa Taller 1.

Son 38 y pasaron de percibir 9 mil a 8 mil pesos mensuales a lo cual suman entre 200 y 300 pesos diarios que perciben por la venta del material reciclado en el predio concesionado a la empresa Ingeniería y Arquitectura.

“Nos falta todo, siempre han venido con mentiras, nos dijeron que nos van a dar guantes, ropa, botines pero no tenemos nada. Nos bajaron el sueldo, nos quieren sacar las asignaciones y pensiones, estamos en el aire”, comentó a FM De la Calle Jose Alberto Alarcón.

Afirmó que “todos los reclamos van al Municipio, estamos esperando que se presente la cooperativa que se hizo cargo de nosotros y desapareció. Hemos llamado al Municipio y dicen que no saben nada, que no los conocen y son ellos los que nos contrataron. (El director de Acción Social) Luis Tonin vino con la presidenta de la cooperativa pero nos dijo que no la conoce”.

“Lo llamamos a Luis y nos dijo que no estaba enterado. Le preguntamos por el aumento que nos iban a dar y nos dijo que estaba, pero cuando fuimos a cobrar cobramos menos. Nos estaban pagando 9 mil pesos por mes y cuando fuimos a cobrar, cobramos 8 mil”, comentó Alarcón.

“A Sandra Pérez, (subsecretaria de Gestión Ambiental)  la trajeron cuando recién entró y parecía extranjera porque Luis Tonin tenía que estar traduciendo lo que decíamos a ella.  No opinó nada, no dijo nada, no sé si será muda. Queremos que venga y no quiere presentarse con nosotros”.

“No tenemos ayuda social. Tenemos un compañero que se quebró y no pudo operarse por el asunto que no tiene cobertura médica. Así nos hicieron entrar, como monotributistas, un compañero fue a averiguar a ANSES y algunos nos sacan las pensiones el mes que viene”, finalizó el trabajador.

(Por Mauro Llaneza) Empresas del polo industrial presentaron informes en la causa que investiga la contaminación del estuario. Son estudios de investigadores locales que aprueban el tratamiento que se realiza a los vertidos y minimizan los aportes de las compañías en comparación con efluentes naturales o cloacales.

Los organismos científicos bahienses brindan servicios a las multinacionales del puerto y así financian parte de sus proyectos. Por ello, pescadores artesanales solicitaron que el juez Agustín López Coppola ordene a profesionales ajenos a nuestro medio una profunda pericia sobre peces, agua y sedimentos de la ría.

La respuesta se conoció en septiembre de 2018. Tres expertos de la Facultad de Agronomía de la UBA recomendaron a la justicia que prohíba inmediatamente la captura y consumo de especies del estuario y, en un corto o mediano plazo, “prohíba que se continúe arrojando al estuario cadmio, cromo, plomo y cobre”.

En febrero las demandadas requirieron aportar la prueba complementaria que aquí se reseña. Próximamente comenzarán los alegatos.

El perito contratado por PBB Polisur, Jorge Marcovecchio, dijo que “no hay posibilidades físicas” de que la descarga de la firma “modifique las condiciones físico-químicas del estuario receptor”.

El investigador del Instituto Argentino de Oceanografía (CONICET/UNS) manifestó que PBB descarga en el Canal Colector compartido con otras empresas del polo y que el volumen en que lo hacen “es significativamente menor” que el del estuario.

Apuntó que sí modifican dichas condiciones físico químicas las descargas “provenientes de aportes cloacales y superficiales, estos últimos del río Sauce Chico, Arroyo Napostá Grande, Saladillo de García y Dulce que componen el arroyo Maldonado”.

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Consultado sobre el posible impacto ambiental de los dragados en los organismos vivos, Marcovecchio se excusó de responder porque “para el caso del Estuario de Bahía Blanca no se dispone de información oficial y pública sobre las formas y secuencias que se siguen para la realización” de los mismos.

Concluyó que “la mayoría de los metales tienden a estar retenidos en los sedimentos” y que “la posibilidad de estar en formas químicas asimilables por los organismos (biodisponibles) es pequeña”. En base a esto y al “muy bajo” consumo de peces no existe “riesgo significativo para la población humana”.

Marcovecchio también fue contratado por Pampa Energía. Dijo que “existe un impacto potencial nulo” sobre la zona adyacente a la descarga de la Refinería Eliçabe. Sostuvo que los compuestos de la planta tardarían 4641 años -“como mínimo”- para llegar a la ría a través de las aguas subterráneas.

Preguntado por la empresa sobre el impacto del basurero Belisario Roldán, ubicado a pocos metros del estuario, Marcovecchio citó un estudio del CTE (2012) en el cual se advierte que “tanto los sedimentos como los lixiviados estudiados no contienen concentraciones críticas ni que superen los valores admitidos como adecuados en la legislación vigente”.

Reconoció que varias investigaciones prueban la presencia de “concentraciones de metales pesados, hidrocarburos y otros compuestos orgánicos persistentes en sedimentos y agua” y también “en ejemplares de peces del estuario”. Sin embargo, afirmó que “no es posible determinar la condición de ‘ambiente contaminado’ solo por la presencia de la/s sustancia/s potencialmente tóxica/s en el sistema”.

El consultor ambiental Enrique Otaola, contratado por Unipar Indupa, dijo que el “autocontrol” de la empresa mide sus vertidos cuatro veces por mes: “De 84 meses -7 años- y de todos los parámetros estudiados se detectó un solo analito, Fe (NdR: Hierro), que ha superado, en alguna oportunidad, el valor de ley”.

El ingeniero sostuvo que las tres plantas (cloro-soda, cloruro de vinilo y policloruro de vinilo) no utilizan “directamente en sus procesos de producción” hidrocarburos, fenoles, hierro, cromo, zinc, cadmio ni plomo.

Otaola, ex ingeniero de procesos de Induclor, afirmó además que la empresa cuenta con sistemas de tratamiento diseñados específicamente para reducir o eliminar los compuestos considerados “contaminantes” según la legislación y que su efectividad está demostrada por resultados que “están por debajo de los de la ley”.

Mega contrató los servicios de Plapiqui. El equipo técnico dirigido por la dra. Verónica Bucalá concluyó que su planta de tratamiento de efluentes es “adecuada” y que la calidad de sus vertidos es “aceptable” de acuerdo a la normativa provincial. Se subrayó que la planta aporta el 0,12% del total de vertidos al estuario.

El estudio señala “algunas variaciones de efluentes” en el colector cloacal que, según los descargos de Mega, ocurrieron por un “desempeño ineficiente durante la dosificación de hipoclorito de sodio en la etapa de cloración”; por el aumento de personal durante una parada de planta -“si bien había baños químicos, había mayor cantidad de turnos en el comedor y se incrementaron las actividades de la cocina”-; y por un lavado eventual de membranas en una de las plantas.

Cargill contrató al director del Instituto de Química del Sur, Marcelo Pereyra, quien afirmó que la cerealera cumplió en el “93% de los casos” con los valores de DQO y DBO en sus vertidos a la descarga cloacal, según “valores monitoreados de acuerdo al Plan de Monitoreo Ambiental aprobado por el OPDS”.  DQO es un parámetro que mide la materia orgánica total de un efluente y DBO refiere a la materia biodegradable.

Pereyra indicó que “el vuelco del efluente final del establecimiento descarga en el conducto que anteriormente al 2011 utilizaba la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de Ing. White de ABSA” y que “no está vertiendo su efluente final sobre aguas cloacales”.

El perito subrayó la presencia de metales pesados en cercanías a las descargas de ABSA y mencionó que el aumento del tránsito de embarcaciones de porte en la ría y el uso de pinturas especiales para el carenado de los buques, pueden estar afectando la zona interior del estuario.

Preguntado por la causa de la merma del recurso ictícola, propuso dos hipótesis planteadas en diversos estudios: a) la potencial disminución del alimento de los peces por los continuos dragados y el vertido de desechos urbanos e industriales en las aguas del estuario y b) el aumento de la presión sobre el recurso por el mal manejo que se está haciendo fuera del estuario.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación avaló la ley de preservación de los glaciares al rechazar el pedido de inconstitucionalidad realizado por Barrick Gold y Minera Argentina Gold.

Jonathan Valdivieso, abogado de la Asociación por la Justicia Ambiental, señaló en  FM De la Calle que “esta ley no es definitiva: cuestionaron dos cosas principales, uno que tiene que ver con el procedimiento de las leyes y, por otra parte, la provincia de San Juan demandó que la Nación estaba interfiriendo en las competencias provinciales. La Barrick dice que iba a perjudicar los derechos de industria lícita. La Corte analizó la cuestión formal y dijo que la Ley de Glaciares fue aprobada en el Congreso como dice la Constitución”.

La justicia dijo que la minera Barrick Gold “acudió tempranamente y que no había un riesgo inmediato de que, por ejemplo, se puedan suspender estos proyectos cerca de glaciares. Este debate lo pateó para futuros litigios. Uno esperaba que se hubieran saldado estos debates para proteger glaciares”.

“La Corte estableció criterios generales. Dijo que se iba a considerar que están en juego derechos de alta jerarquía como el derecho al agua y que tiene que analizarse que no solamente se están discutiendo los derechos de las empresas sino que se debaten los derechos de toda la sociedad. Bajo esos parámetros y, analizando la importancia del agua, se deberían someter las futuras discusiones judiciales”.

El abogado informó que no hay proyectos suspendidos por la Ley de Glaciares: “Sí hay informes producidos por la Secretaría de Medio Ambiente, existirían 44 proyectos que deberían ser suspendidos inmediatamente, sobre todo los emprendimientos de la mina del Veladero y Pascua Lama en San Juan que son de la Barrick Gold”.

“La Barrick en años anteriores, cuando tuvo que presentar estudios de impacto de evaluación ambiental, había reconocido que la explotación iba a estar sobre el glaciar, porque no se imaginaban que años deputes iba a salir esta ley. El Estado demoró siete años para hacer un inventario que debería hacerse en meses”, finalizó Valdivieso.

Ante el impacto mundial de la serie de HBO, “Chernobyl”, FM De la Calle conversó con Silvana Buján, especialista en periodismo científico ambiental. “Lo bueno de la serie es que está mostrando que la energía nuclear no es segura, ni limpia, ni sustentable, ni barata. Solamente se puede desarrollar en un marco de censura, corrupción y silencio”.

“Pusieron la fama de un país por encima de la salud humana, se podrían haber salvado miles de vidas. Me parece muy importante que vean que es imperiosamente necesario tener acceso a la información”, afirmó.

El 26 de abril de 1986 la explosión del reactor 4 de la central nuclear Vladímir Ilich Lenin, al norte de Ucrania, por entonces parte de la URSS, provocó varias muertes y cientos de miles de desplazamientos. La planta emitió unas 400 veces más radiación que la liberada en la explosión nuclear de Hiroshima, en 1945.

Buján explicó que “el tema nuclear en Argentina siempre se bañó como secreto de Estado. Solamente técnicos especializados pueden acceder, esto es casi un método ruso. Nos vendieron que era renovable cuando el uranio se agota, nos vendieron que era limpia cuando han dejado desastres en las minas, cuando emiten dióxido de carbono en todo el ciclo, nos dijeron que era barata y consideran solo cuánto cuesta el uranio y cuánto cuesta mantener la central, salvo Malargüe todo el resto están abandonados”.

¿Qué es la radiación?

“La radiación no se ve, no se huele, no hay manera de sentirla. Los primeros muertos (de la explosión de Chernobyl) fueron los bomberos que intentaron apagar el fuego, estaban delante de ese humo con radiación, son las partículas que se pegan al polvillo, se les pegaban en la piel y el que tocaba al enfermo se le quemaba la mano. Eso es radiación directa”.

“Son emisiones de distintas clases, la más fácil de bloquear es la radiación alfa, son partículas grandes. Después sale de esa masa de combustibles, la radiación beta, es complicada porque atraviesa paredes. La radiación gama rompe el código genético de la célula, cuando se quiere reproducir está roto el código genético y va a crecer como puede y va a generar un tumor. De ahí las malformaciones genéticas. Podés morirte porque te quemó la radiación o podés haber recibido menor radiación y tu tiroides colapsó. El cáncer de pulmón es muy común porque vos respirás las partículas y en tus pulmones siguen emitiendo radiación”.

¿Qué hacemos con la basura nuclear?

“Los finlandeses están haciendo algo que lleva 18 mil millones de dólares y solamente para ellos. No es el basurero nuclear del planeta, es su basurero. En Argentina ni siquiera se habla, el reactor tiene la bola redonda y, al lado, una estructura plana. Adentro hay una piscina llena de agua donde se sumergen los complejos combustibles para que se enfríen, las tienen en agua durante mucho tiempo. Teóricamente la vida útil de esa central es igual que la de esa piscina. Acá le pasan un mano de cal y le extienden la vida útil a esas piscinas. En un momento la idea fue tirarlos en Sierra Grande, todavía  hay tambores con el logo de radiación tirados en una cavas a cielo abierto”.

“En Río Tercero cuando se llena la casa de piletas lo ponemos al lado de la central, al  lado de hoteles, parques y el lago. Hay unos 40 cilindros de 15 metros que contienen el residuo radioactivo de alta actividad a cielo abierto. Ahí tenes un lugar ideal para destruir la provincia, si algo cae ahí la radiación que se emite sería letal”.

En cuanto a futuras instalaciones nucleares en Argentina, Buján comentó que “después de coquetear con Rosatom, la empresa rusa, se miró a China para ubicar una central al lado de las otras dos en Atucha. Si tenés una central puede pasar todo lo que ya sabemos. Si tenés dos, la cosa se complica. Y con tres, ni te cuento”.

“Nos pusimos a jugar con elementos que no tienen consecuencias a escala humana”, sentenció.

(Por Nacho Urruspuru) En la entrevista en vivo por la 87.9 para “El Despertar de la Calle”, el periodista y escritor Patricio Eleisegui, quien acaba de publicar su libro “AgroTóxico: Argentina como laboratorio a cielo abierto para el control de la alimentación mundial” se refirió a las consecuencias del modelo agroindustrial actual.

Consultado respecto al volumen de Glifosato utilizado en nuestro país, el periodista afirmó que “hoy en la Argentina tenemos un uso alrededor de los 200 millones de litros anuales cuando a principios de la década del 90 se usaba 1 millón de litros por año. Esto implica un impacto ambiental indiscutible, no se puede tirar semejante cantidad de producto sin que haya un efecto sobre los ecosistemas, sobre la salud de los argentinos”.

En este sentido, Eleisegui afirmó que en comparación con Estados Unidos (el principal productor de agrotóxicos a nivel mundial), Argentina utiliza el doble de litros por hectárea y que este número está en ascenso ya que en nuestra región, las malezas que compiten con los cultivos han desarrollado inmunidad a estos productos y por lo tanto requieren de mayores concentraciones de químicos.

“Hoy por hoy encontramos plaguicidas en el agua de las lluvias, en las partículas de polvo, en los ríos”.

Mediante un estudio de la Universidad de La Plata se descubrió que hay rastros de Glifosato presentes en la totalidad de productos higiénicos como el algodón, vendas, cotonetes, toallitas femeninas, tampones. Además, según el SENASA se han detectado la presencia de plaguicidas en el 70% de todas las frutas y verduras que se encuentran a la venta en los Mercados Centrales de Capital Federal, La Plata y Mar del Plata.

Tenemos más de 800 trabajos independientes que verifican que el Glifosato tiene una afectación directa sobre la salud humana y sobre los ecosistemas en general. Hay que pensar que estas compañías tienen un poder financiero y económico enorme y un equipo de científicos que están abocados a generar bibliografía que dice que está muy bien comercializar estos venenos. La resistencia y la evidencia concreta, lo que se llama en Argentina ‘la ciencia digna’, está hecha por estudios independientes de científicos que dedican su tiempo y sus propios recursos para dar a conocer esto que el poder del lobby oculta”.

“Nosotros ponemos en discusión la bibliografía que generan estas compañías que afirma que hacen falta alimentos, que no se llega con los rindes y que por eso debemos usar transgénicos. La verdad que eso no está ocurriendo, sino que lo que tenemos es un enorme problema de distribución de los alimentos. Diversos estudios de la FAO han demostrado que en la Argentina aproximadamente el 50% de las verduras, frutas y verduras se desperdician”.

Al respecto, el periodista comentó que según surge del relevamiento que el propio Ministerio de Agroindustria posee, estos altísimos niveles de desperdicio de alimentos se genera en la misma cadena de producción, es decir, que las propias empresas que dicen que necesitamos de sus paquetes tecnológicos si queremos alimentar a la población mundial, son las mismas que por ineficiencia en la misma cadena están desperdiciando la mitad de los alimentos.

Eleisegui deja ver que el modelo actual de producción de agro alimentos, tiene varias facetas perjudiciales. Por un lado, el problema de accesibilidad a los alimentos por parte de mucha gente, por otro lado, la erradicación del pequeño productor, ya que estos “paquetes tecnológicos” de semillas modificadas y agroquímicos es muy cara. Por último, las consecuencias en el ambiente y en la salud.

Si hacemos un mapeo, según la actividad agrícola que se desarrolla en cada lugar vamos a encontrar una dolencia vinculada específicamente al tipo de producto que se está utilizando. No por nada toda la zona pampeana, que es la zona de la soja (provincias de Buenos Aires, más sur Entre Ríos, de Santa Fe y de Córdoba), es la que tiene los indicadores más altos de cáncer; si nos vamos a la zona del Norte (Misiones), encontramos un nivel muy alto de abortos espontáneos y malformaciones ligadas los insecticidas utilizados en la industria del algodón, tabaco y té”.

Frente a aquellos discursos que plantean la necesidad de extender la Frontera Agropecuaria e insisten en que la humanidad necesitará cada vez más alimentos, y por ende necesitará del desarrollo de la biotecnología y la industria agroquímica, Eleisegui sostiene que “condenar este tipo de prácticas no implica ir en contra de la actividad agrícola. Hay alternativas: está la agroecología, que trabaja sin venenos y sin semillas transgénicas”.

Este último modelo de producción está aportando los mismos rindes que los cultivos tradicionalmente tratados con venenos.

Tras el anuncio de la gobernadora María Eugenia Vidal de que el Banco Provincia cubriría la diferencia de las cuotas de créditos UVA que superen el 30% de los ingresos familiares, beneficiarios del programa advierten que aun no tuvieron novedades.

Florencia Ruppel comentó a FM De la Calle que “no hay nada oficializado. Te comunicás con el Banco Provincia en el 0810 y no hay respuesta con respecto a ver cómo tenemos que dirigirnos los tomadores de estos créditos”.

Señaló que en su caso particular “ya toca el 30% del salario pero el agravante es el capital ajustable. Para nosotros es deuda, va a aumentando todos los días. Está la desinformación en cuanto a lo que surge porque nadie menciona cómo aumenta el capital ajustable”.

“Es mucha la gente que queda por fuera del Banco Provincia, que reconoce 17 mil créditos y los tomadores de UVA son 130 mil”.

A propósito de las declaraciones del presidente del Banco Provincia, Juan Curuchet, quien dijo que “la mora en el pago es muy baja”, Ruppel señaló que “no hay mora, porque uno está pagando la casa propia. Lo primero que pongo en el pago es mi casa, después veo si dejo de hacer o comprar cosas. Aparte que van debitados en forma automática, la mora es baja porque hay mucha gente que ni se entera cuánto se descuenta”.

Más de tres mil productores agrícolas ganaderos presentarán un proyecto ley de protección de cinturones verdes, “por alimentos sanos y ciudades sustentables”.

Lautaro Leveratto, integrante del MTE Rural de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, explicó a FM De la Calle que “es estratégico para un Estado que existan productores en esos cinturones hortícolas que generan miles de puestos de trabajo y que nos abastecen de alimento fresco a la sociedad. Segundo punto, no podemos destruir los cinturones verdes periféricos porque nos traen beneficios a las ciudades: alimentos de cercanía, de fletes cortos y también protege y disminuye la problemática del cambio climático”.

El dirigente agregó que la propuesta “por un lado resguarda las tierras para producir alimento, vamos a un cambio de paradigma en la producción, esos cinturones tienen que producir de manera sustentable. El otro punto, acceso a la tierra para familias agricultoras, lo que la ley plantea es que si el agricultor está viviendo hace más de 10 años en esa tierra tiene derecho a acceder a un crédito con la condición del uso solamente para la producción hortícola ganadera de animales pequeños”.

En la actualidad se producen frutas y verduras mediante el alquiler de pequeñas parcelas de tierra: “Los alquileres elevan el costo y el precio de los alimentos. Se encarece toda la cadena de producción de alimento y termina en una góndola a precios exorbitantes. En unos años comerte un tomate o un morrón va a ser como comerte un pedazo de lomo hoy en día. Tiene que haber una política que garantice la producción de alimentos”.

“También apunta a abrirle el juego a los municipios para que definan mercados de comercialización para que los productores sin intermediarios puedan llevar sus producciones frescas directo para abastecer a los vecinos del pueblo y ciudad. Eso baja el precio al 50% de todos los productos”, comentó Leveratto.

Profesionales del INTA y el Conicet identificaron 18 agroquímicos en el agua de tres barrios de Pergamino. La investigación fue avalada por peritos de la Corte Suprema de Justicia y ratifica la denuncia que desde hace años vienen planteando las Madres de Barrios Fumigados de la localidad.

Agustina Aller, colaboradora de la agrupación, comentó a FM De la Calle que “en Pergamino, en los barrios periféricos a los campos es directa la fumigación, es indiscriminada. Está el pensamiento retrógrado del matayuyo, que no pasa nada. La última difamación que se da es que las madres están haciendo política con esto, que no está mal porque no hacemos política partidaria sino para que se apliquen medidas a largo plazo”.

En los últimos días la Policía Federal realizó varios allanamientos para secuestrar elementos que son utilizados para fumigar a pesar de la prohibición establecida por una medida cautelar.

“Acá el agua viene de las napas, se sabe que la contaminación del suelo pasa a las napas, el agua se sigue tomando igual y siempre se supo que tenía arsénico”, comentó Aller.

Sabrina Ortiz, una de las madres de la organización y quien lleva adelante la denuncia por la presencia de agroquímicos en la sangre de sus hijos, recibió amenazas. Aller destacó que “desde que empezó a visibilizar esta problemática hay una campaña sucia a través de punteros políticos, ahora dicen que son mentiras las fotos de los niños, las cuales fueron publicadas con autorización de las madres”.

La corvina de la foto fue capturada en los últimos días en la zona de Puerto Galván. Al parecer, el globo sanguinolento que se ve sobre uno de sus ojos sería un tumor. Profesionales consultados por FM De la Calle manifestaron la imposibilidad de detectar su origen sin realizar estudios histopatológicos.

¿Será producto de la contaminación?

En septiembre, profesionales de la UBA convocados por la justicia recomendaron la prohibición inmediata de la captura y consumo de especies del estuario bahiense y, en un corto o mediano plazo, la prohibición del vertido al estuario de cadmio, cromo, plomo y cobre.

Los altos niveles de metales pesados fueron relativizados por las autoridades municipales quienes descartaron tomar cualquier tipo de medidas. Es así que no falta quien tire una línea en la ría y se encuentre con estos peces dignos de Springfield.

En cuanto al estado de la causa judicial iniciada por la Asociación de Pescadores Artesanales en 2011, recordamos que el juez Agustín López Copola aceptó en febrero la realización de pericias sobre los procesos químicos de cada empresa como complemento de el informe elevado oportunamente por la Facultad de Agronomía de la UBA.

El 8 de marzo se aceptó a los peritos propuestos por las firmas denunciadas a partir de lo cual tendrían cinco días para aceptar el trabajo y 40 días hábiles judiciales para la presentación de las conclusiones sin posibilidad de prórrogas.

De esta manera, el próximo 27 de mayo quedaría despejado el camino para el desarrollo de los alegatos y la sentencia que el juez prometió para julio.

FM De la Calle presenta “Derechos y Reveses”, una serie microdocumental sobre el ejercicio y violación de derechos en Bahía Blanca. Podrá verse desde este martes en el canal de youtube: FMDELACALLETV.

El ciclo audiovisual es fruto de un proyecto ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces subsidiado por el ENACOM.

La difusión de los derechos y el seguimiento del ejercicio o violación de los mismos son prioridad de nuestro colectivo al momento de producir contenidos e incluyen un esfuerzo en la construcción de relatos que reconozcan las tensiones invisibilizadas por los medios masivos de comunicación.

La serie original proponía la producción de diez capítulos sobre derechos vinculados al trabajo, la salud, las identidades sexuales, el ambiente, la intimidad, entre otros, en una sociedad de características conservadoras.

La demora en el pago de los fondos del subsidio impidió afrontar los costos del proyecto original y es por eso que la serie se limitó a tres problemáticas: el derecho al trabajo y la destrucción de la pesca artesanal en la ría bahiense; la lucha contra el dragado en Gral. Cerri y la intención de ampliar el polo petroquímico en función de Vaca Muerta; y la marea verde por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la ciudad.

En el Día Internacional de la Lucha Campesina trabajadores y trabajadoras de la tierra organizaron feriazos para exigir políticas públicas hacia el sector. Entre sus demandas se destacan la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar, la declaración de una ley de Emergencia de la Agricultura Familiar y el avance de la Ley de Acceso a Tierras.

Juan Pablo Della Villa, secretario de comercialización de la Unión de Trabajadores de la Tierra, comentó a FM De la Calle que “es un sector que viene arrastrando problemáticas estructurales, como la falta de tierras, la falta de un observatorio de precios de la cadena de comercialización, los tarifazos y la suba del dólar nos viene vapuleando. Somos un sector que el único capital que tenemos es la fuerza de trabajo”.


A través de asambleas territoriales las y los productores fijan precios por seis meses y evitan especular con la inflación. Della Villa destacó que “después de ocho años de organizarnos y vender las producciones por fuera de los canales comerciales construimos nuestro mercado mayorista donde ya no vendemos solo lo nuestro sino que comercializamos lo de otros lados como Pedro Luro, estamos comercializando la cebolla que antes se iba a Brasil”.

“Desarrollamos una cadena de producción propia, a través de mayoristas propios, de compras colectivas de frutas y verduras donde abastecemos a más de ocho mil vecinos por semana,  con política pública lo podríamos potenciar”.

El Municipio anunció un plan de poda de rejuvenecimiento en árboles dentro del Parque de Mayo. María Laura Biondini, integrante de la Comisión de Arbolado Urbano, señaló que está destinado a “casi 700 ejemplares de eucalipto. Se estima que van a tener un rebrote del 80%”.

Cinco años atrás, en el interior del espacio verde falleció por la caída de una rama sobre su cabeza la adolescente Daiana Herlein. “Esperemos se haga un trabajo serio y que no sea sólo una cortina de humo como todo lo que se dice o hace en campaña política”, dijo su mamá Lorena Zerneri.

Consultada por el destino de los troncos retirados, la concejala Biondini señaló que “mañana vamos a preguntar cuál es el destino que va a tener la leña. Eso lo define el área de Parques”.

En cuanto a los ejemplares de otros parques y espacios públicos, Biondini afirmó que la rama caída sobre una camioneta en el Parque Independencia días atrás que “fue un caso excepcional porque justo hubo una lluvia muy fuerte. Los eucaliptos y gualeguay son de acumular mucha agua, llovió mucho en poco tiempo lo que hizo que se caiga esa rama. Está previsto el censo del micro y macro centro que va a dar prioridad a los espacios públicos”.

Por último, luego de la caída de las vigas de una pérgola de Plaza Pellegrini que motivó la urgente destrucción del resto de las pérgolas, Biondini comentó que en el caso de las que están en la plazoleta de Yrigoyen y 12 de Octubre “se siguieron haciendo trabajos de inspecciones, se hizo un relevamiento de todas, en algunas se está haciendo el amuramiento y el sostén y la idea es mantenerlas y conservarlas”.

Mauricio Macri defendió en Entre Ríos el modelo de agro tóxicos y la fumigación sin restricciones. Afirmó que el amparo judicial que establece límites alrededor de escuelas es una ley sin rigor científico que pone en peligro el trabajo de miles de entrerrianos.

El periodista Patricio Eleisegui, autor de Envenenados y Agro Tóxico, dialogó con FM De la Calle y desmintió los dichos del primer mandatario.

“No hay rigor científico en lo que dice el presidente. Es imposible tirar un veneno y que no quede rastro, lo comprobamos permanentemente sobre las mediciones, hasta el SANASA reconoce que 7 de cada 10 verduras del Mercado Central de Buenos Aires tienen agrotóxicos”.

Eleisegui explicó que “el modelo de producción agroindustrial de Argentina, atado y basado en el uso de semillas transgénicas y la aplicación a mansalva de agrotóxicos. Eso ha dado lugar en los últimos 20 años a una catástrofe ambiental en muchos de nuestros territorios productivos y es lo que trata de no mirar Mauricio Macri cuando expresa su decisión de promover pulverizaciones sobre escuelas o poblaciones”.

El periodista puso como ejemplo lo sucedido en Coronel Pringles, donde una vecina denunció que estaban fumigando al lado de su casa: “Tuve que meter a mi hijo adentro porque con el viento que hay ese veneno lo tengo en mi patio, se siente el olor”. 

Eleisegui destacó que “hace una década era muy complicado imponer la discusión, hoy es más usual encontrarse con grupos de vecinos interiorizados en el tema a través de la tragedia ambiental”.