El viernes se realizó una nueva entrega de la bolsa con Producciones de la Agricultura Familiar y FM De la Calle emitió desde Avellaneda 416 un programa especial de En Eso Estamos con entrevistas a integrantes de las organizaciones impulsoras de la iniciativa, de los grupos de productores/as asociados/as, consumidoras y consumidores.

La iniciativa llegó a Bahía Blanca a partir de la experiencia de la Mesa de Soberanía Alimentaria de Villa María -Córdoba-, un grupo de organizaciones e instituciones que desarrollan una lógica de consumo organizado, teniendo en cuenta tres líneas de trabajo: compra directa a productores; compras en el mercado de frutas que no se producen en la localidad; y compra a productores nucleados en pequeña cooperativas.

Aquel espacio nacido en la red de Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria impulsa, además, el debate acerca de la cadena de producción de los alimentos que consumen, la formación de precios y cómo lograr un comercio justo.

Luego de participar de una jornada de trabajo en Villa María, integrantes del área de Economía Solidaria de Cáritas Bahía Blanca convocaron al CFP 401 Anexo UP4, al INTA Pro Huerta, a Cambio Rural y a FM De la Calle para proyectar la iniciativa a nivel local.

El objetivo era lograr que Pro.Sau.Chi, un grupo de productores del Sauce Chico, vendan más, a un precio justo, de forma directa y sin intermediarios. Luego se incorporaron emprendedoras asociadas con capacidad de producir en mediana escala.

Se trata Moras Brix, un grupo de mujeres que elaboran conservas, Runtu Thani, productoras de huevos frescos, e internos de la Unidad Penal de Villa Floresta, quienes aportan lombricompuesto, hongos comestibles y la serigrafía de las bolsas. También participan pescadores artesanales de Pehuen Co, quienes están en proceso de regularización de su actividad.

Marina Huentenao, integrante del equipo de Ecosol de Cáritas Bahía Blanca


 

Castorina Chamorro y Alejandra Millán, productoras de mermeladas y panificados


 

Celina Diotto y Carlos Mojica, INTA Pro Huerta y Runtu Thani


 

Antonio Gareca, integrante de Productores del Sauce Chico


 

Pablo García y Alicia Torre, Cambio Rural y FM De la Calle


 

Eliana Soto y Sonia Zamora, productoras de huevos de Runtu Thani


 

Analía Guerrero, integrante de La Feria del Lago


 

“Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alí Babá. Pero quizá desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable”.

Eduardo Galeano.

Integración Ciudadana presentó un proyecto en el Concejo Deliberante para modificar la ordenanza que regula la instalación de torres para antenas en la ciudad. La norma fue aprobada por unanimidad y sin debate en julio tras la derogación de la regulación resistida por las empresas.

Cambiemos, Unidad Ciudadana, PJ Cumplir y el Frente Renovador establecieron límites en algunos espacios e instituciones pero habilitaron su ubicación en clubes.

Para IC, fuerza que participó de la elaboración de la derogada ordenanza 17.130, “cuando se modifica un régimen novedoso de regulación en forma contraria al vigente el debate no puede estar ausente” como ocurrió.

Su proyecto propone extender “los ámbitos restringidos para la instalación de las antenas, establece el régimen de doble lectura con debate, participando los sectores interesados para la afectación de los espacios públicos, espacios verdes, bienes del dominio municipal y los convenios de uso a título oneroso de inmuebles donde se ubiquen las antenas”.

“El HCD se obligará a aplicar ese sistema previsto en su reglamento interno notificando a las organizaciones que se inscriban en un registro habilitado al efecto de los despachos de comisión que aprueben o desestimen la localización. Convocando a un plenario de comisiones que hayan despachado el expediente todo ello con carácter previo y obligatorio a la convalidación del acuerdo”, afirmaron desde la Comisión de Acción Política de la agrupación.

Por otra parte, advirtieron que “el pase del pedido de localización e instalación a Saneamiento Ambiental no puede quedar restringido a evaluar la emisión a nivel sonoro. Por ello se extiende a todos los impactos ambientales en el marco de la competencia ambiental municipal”.

“Se propone que el convenio con el ENACOM no puede limitarse a las mediciones específicas sino que debe constituirse en una obligación subordinando la aplicación de la ordenanza a su existencia y que el incumplimiento de la normativa ambiental determina la falta de permiso o su revocación, atento el carácter precario de este acto administrativo de autorización”.

Mientras se esperan definiciones por parte del oficialismo respecto a la excepción para instalar pistas de motocross y speedway en el Parque Marítimo Almirante Brown, TGS advirtió que el proyecto “impacta” sobre uno de sus poliductos y “puede derivar en situaciones riesgosas”.

La nota de Transportadora de Gas del Sur, operadora de gasoductos de alto presión, fue dirigida al presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Vitalini, el 7 de agosto. Días después se realizó en el recinto una audiencia pública donde la mayoría de las voces destacaron que el lugar propuesto a los clubes no era el adecuado para la actividad.

El concejal Walter Larrea dijo a FM De la Calle que están “esperando algún tipo de respuesta, novedad o definición del oficialismo, a ver qué quieren hacer con esto” y aclaró que “no puede ser una pelea de ambientalistas con asociaciones de pilotos de motos”.

“Garanticemos o busquemos que la pista tenga desarrollo en un lugar donde sea no contaminante, donde no haya riesgos para el ambiente, no se violen compromisos internacionales que ha suscrito el estado municipal y garantice la seguridad a las personas que practican el deporte y a las que asistan al espectáculo”, agregó.

El texto de TGS destaca la “existencia de poliductos” de su propiedad que “corren paralelos al límite norte y sur del proyecto”.

Además, informa que “según nuestros registros existen gasoductos pertenecientes a las firmas Profertil S.A. y Solalban S.A. y un etanoducto de la Dow Chemical S.A.”.

La Resolución de la Secretaría de Energía 1460/2006 impone “una restricción de no efectuar construcciones a 15 metros y plantaciones de árboles a 7,5 metros, todo esto calculado a cada lado del eje del ducto”.

“Cualquier situación que altere este punto de la norma, impacta sobre nuestras instalaciones y puede derivar en situaciones riesgosas de las cuales TGS no será responsable, especialmente si, como interpretamos, en el predio habrá una gran concentración de personas”, manifestó la empresa.

Agregó que “conforme la normativa, concentraciones de más de veinte personas en la unidad de clase de trazado modificarían la actual clasificación. Es dable señalar que todas estas condiciones son de cumplimiento obligatorio y deben ser contempladas antes de emitir una declaración de impacto ambiental”.

El Concejo Deliberante convocará al Comité Técnico Ejecutivo (CTE) y a responsables del Plan Integral de Monitoreo (PIM) del Instituto Argentino de Oceonagrafía luego que se conociera la pericia judicial de la Facultad de Agronomía de la UBA, la cual recomendó la inmediata prohibición de la pesca y consumo de peces de la ría y del vertido de contaminantes.

“Lo peor que podemos hacer es dejar que pase el tiempo, no decir nada, no hacer nada y esperar a que la justicia resuelva. Con las tecnologías que hay, en pleno siglo XXI, no se puede desconocer que hay un impacto real sobre la ría y que ese impacto tiene que empezar a ser mitigado”, dijo a FM De la Calle la concejala Paola Ariente.

La edila del PJ Cumplir agregó que “la pericia demuestra algo que se viene comentando e inclusive por los informes medioambientales hechos por el CONICET y el IADO, que hay presencia de metales y otros contaminantes, lo que hay es una diferenciación en los valores”.

“Los informes que se vienen haciendo por parte del CTE tienen que ver con una toma sistemática de muestras y la pericia son tomas puntuales que se hicieron en un día y a una hora determinada. Para disipar cualquier duda, tendríamos que poner en la misma condición una serie de muestras sostenidas en el tiempo para poder evaluar si lo que está diciendo uno u otro es verdad o mentira para llevar certezas a la sociedad y ver cómo hacemos para empezar a mitigar los efectos que está teniendo la actividad propia del ser humano en la ría”, dijo.

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La integrante de las comisiones de Medio Ambiente y Asesora Ambiental propuso “sacar a licitación pública el nuevo estudio del estuario con alguien que no esté involucrado ni en una causa judicial ni en un informe medioambiental para ver si es real”.

“Más allá de la recomendación de no comer el pescado (la pericia) hace otras que pueden ser susceptibles de que se tomen en cuenta, que es la incorporación de caudalímetros las 24 horas para que con la tecnología que hay la recolección y la toma de la muestra sea totalmente objetiva. (…) Eso se podría implementar y el CTE cuenta con los fondos”.

Ante la intención de ampliar el polo petroquímico, Ariente aseguró que es un debate urgente: “¿Cuánto está capacitada ambientalmente Bahía Blanca para recibir más impacto del que tiene?”.

Por el momento

El integrante del IADO Jorge Marcovecchio dijo en relación a la presencia de metales pesados que la ría “es un sistema impactado pero que no pone en crisis la salud humana, por el momento”. Apuntó a ABSA y afirmó que “un problema muy concreto que sí hay que atender rápidamente” es el “bacteriológico”.

“Respecto al teórico alto contenido de algunos metales en peces de la zona podría decir que en estas últimas décadas hemos analizado ocho o nueve mil ejemplares de peces, entre los cuales sin duda hemos encontrado diez, doce, quince, que han tenido valores altos. Ahora, desde el punto de vista estadístico esto no es una cosa para alarmar a la población”, agregó.

Marcovecchio manifestó sobre la pericia judicial que “es un análisis que hicieron sobre un poco más de una docena de muestras pero no dicen concretamente ni dónde se tomaron, ni cómo se tomaron, ni en qué condiciones, etcétera”.

A las 19:40, el servicio de prensa de la Municipalidad de Bahía Blanca informó que la “ex refinería Petrobrás”, cuya actual titular es la firma Trafigura, sufrió “un principio de incendio y explosión en área de proceso. Se accionó sirena de planta. Se decreta P.R.E.T. (Plan de Respuesta a Emergencias Tecnológicas) Nivel 2. Se solicita ayuda externa. Bomberos de Ingeniero White en el lugar”.

Para esto, los grupos de WhatsApp de todo tipo en el sur de la provincia de Buenos Aires se hiper congestionaron. Fueron y vinieron fotografías y videos caseros con imágenes temibles: una refinería prendida fuego en el contexto de un Polo Petroquímico en Bahía Blanca.

A las 21:15, el municipio volvió a informar: “continúa la quema del producto, se trata de LPG (gas licuado de petróleo). Hay dos poli traumatizados controlados y uno con un golpe en el talón. Los tres son trasladados al Hospital Municipal”.

Sin embargo, información no oficial señala que podría no tratarse de un gas sino de que el incendio tuvo origen en la rajadura de una línea de nafta, es decir, combustible líquido.

A las 22:15, el municipio asegura que “continúa la quema de producto” que “no afecta al medio ambiente” y que “la maniobra durará aproximadamente una o dos horas más”.

Los 3 heridos “fueron dados de alta y enviados a sus domicilios particulares”.

¿De qué planta se trata?

La empresa holandesa Trafigura S.A. tuvo en vilo a más de doscientas familias durante algunos meses. Movilizaciones, reuniones con el intendente, utilización de la banca 25 e involucramiento de funcionarios de alto nivel en estados provincial y nacional, fueron algunos escenarios donde se desarrolló el conflicto.

El 6 de julio, Gabriel Matarazzo, titular del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustible (SPGyB), adelantó a FM De la Calle que la empresa no tiene “ninguna intención de poner en marcha la planta” ya que para ponerla en funcionamiento requería de la planta de empleados. A su vez, sostuvo que aducir que no dan los números “es una estupidez total”.

Luego de tires y aflojes, se llegó a un acuerdo en base a unas decenas de retiros voluntarios y jubilaciones la reincorporación de operarios bajo nuevas condiciones.

Actualización: 22.40 se extinguió el fuego. Baja la emergencia al nivel 1.

¿Qué tipo de alerta se emitió?

Según el procedimiento estipulado, el Nivel 2 (amarillo), son accidentes que producen daños y victimas en la instalación industrial,  con repercusión exterior leve. Los accidentes de nivel 2 activan el P.R.E.T.

Toda la información este martes de 10 a 13 en En eso estamos,

el periodístico de FM De la Calle (87.9 Mhz). 

“Yo comería los peces”, dijo la subsecretaria de Gestión Ambiental, Adriana Chanampa, a Canal 7 ante la recomendación de prohibir la pesca y el consumo que realizaron expertos de la UBA. El dr. Horacio Romano advirtió que “un vaso de agua te puede quitar la sed y mil litros de agua te pueden ahogar, es una cuestión de proporciones”.

“El cadmio en el riñón del hombre se concentra por 10 mil, 1 se traforma en 10 mil. Con lo cual, si en el agua detectás poco y nada pero llegás a comer ese tipo de peces con ese nivel de plomo y lo comés seguido, indudablemente podés tener consecuencias graves. El tema es con qué frecuencia te alimentás de eso, si comés un pez por año probablemente no te pase nada y si lo comés dos veces por día sí tengas consecuencias graves”, dijo el médico clínico a FM De la Calle.

El resultado de la pericia solicitada en el marco de las causas judiciales que pescadores artesanales impulsan contra las empresas del polo petroquímico, el Municipio, la Provincia de Buenos Aires, ABSA y el Consorcio de gestión del Puerto concluyó que la presencia de metales pesados en especies de peces de explotación comercial, “tienen serias consecuencias para la salud humana, como por ejemplo el saturnismo con efectos neurotóxicos ocasionado por la bioacumulación de plomo o cáncer ocasionado por la bioacumulación de cadmio”.

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Romano explicó que “el saturnismo es una enfermedad que da la acumulación de plomo en el organismo. Tiene varias características, las puede haber agudas, alguien que se intoxica en la época cuando las pinturas tenían plomo o los linotipistas que trabajaban en las imprentas se intoxicaban con esto de manera aguda o crónica”.

“Y están aquellos problemas para la salud, fundamentalmente en niños, que da la acumulación de pequeñas cantidades de plomo a lo lago del tiempo. Lo que da es retardo mental, dificultades para el aprendizaje, una serie de cuestiones neurológicas severísimas, muchas veces no detectadas, la mayor parte de las veces sin un cuadro claro y sin cifras adecuadas”.

Agregó que “la intoxicación por plomo de todos los habitantes que rodean al Riachuelo, de todos los chicos, es altísima. Por lo cual, trastornos neurológicos y de aprendizaje pero también trastornos óseos, en el crecimiento, etcétera”.

En cuanto al impacto en la ría local, Romano destacó que “no solamente está impactada sino que tiene efectos sobre la biota, sobre los seres vivos, muy importantes. El párrafo este nombra lo bioacumulable. Una cosa es medir como se mide hasta ahora, cuánto plomo o metales pesados -cadmio, cobre y demás- hay en el agua, cuánto puede haber en el barro, pero también cuánto hay en los organismos vivos”.

“Son metales pesados, por lo tanto, en general van al fondo. Estos son comidos por bichitos chiquititos, después por pecesitos más grandes y, por último, en la cadena trófica, el pez más grande y después el hombre. En cada caso se acumula. Multiplicadas por 10, empezás con 1 y terminás con 1000”.

“El cadmio en el riñón del hombre se concentra por 10 mil, 1 se traforma en 10 mil. Con lo cual, si en el agua detectás poco y nada pero llegás a comer ese tipo de peces con ese nivel de plomo y lo comés seguido, indudablemente podés tener consecuencias graves. El tema es con qué frecuencia te alimentás de eso, si comés un pez por año probablemente no te pase nada y si lo comés dos veces por día sí tengas consecuencias graves”, dijo el médico.

Romano destacó que el problema no es solamente en la ría: “Para mí el tema que incluso trasciende es el aire, porque este plomo y este cadmio también está en la tierra hasta 30 kilómetros de Bahía Blanca. Esto dicho por informes del CONICET y del propio CTE. Hay tierra contaminada en distintos lugares de Bahía hasta 40 kilómetros, a la altura de Cabildo, donde uno puede encontrar plomo y cadmio. Con lo cual, una de las cuestiones es la capacidad que tiene, por ejemplo el cadmio, de ir por el aire, no solamente por el agua”.

El abogado de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría comentó en FM De la Calle el resultado de la pericia sobre la contaminación del estuario y afirmó que “lo que denunciaban es que ya no hay más peces y la poca captura que hacían tenían un tamaño que ya no se podía comercializar, así que todo eso ahora se comprueba”.

Advirtió además que las conclusiones con la indicación de prohibir inmediatamente la pesca y consumo de peces y, en mediano plazo, el vertidos de metales pesados a las industrias no solo lo tiene la justicia sino también el Municipio y las autoridades provinciales.

“Me parece a mí que con esa información y como funcionario público tendrían que haber hecho algo o, como mínimo, haberlo dado a conocer. Porque todos tenemos la información desde la semana pesada, todos tenemos la causa, tanto actores como demandados. Yo esperaba que al menos de parte de la Municipalidad hagan mención de algo, está diciendo que es peligroso ir al muelle de Cerri, pescar un pejerrey y comértelo. Sin embargo, no se ha hecho nada”, dijo Beier.

Hay resultados que no son sorpresivos porque lo vienen planteando ante la justicia desde el comienzo de la causa.

Lamentablemente no nos sorprende, lo que sí nos sorprende es lo contundente de las conclusiones y los niveles que dio, los resultados. Sabíamos que existía contaminación. Ésta causa ambiental lo que trata de proteger es el medio ambiente y nosotros lo que denunciamos era que existía contaminación que afectaba a la biología, pero por lo visto era mucho más grave. Y además de afectar a la biología del estuario, también está poniendo en riesgo la salud pública lo que genera que exista un peligro de enfermarse o hasta de morir en caso de consumir peces del estuario.

-Destacan los profesionales que las especies evaluadas no son aptas para consumo humano. Incluso hablan de los riesgos en algunas enfermedades puntuales, algunos tipos de cáncer, y de niveles que superan entre 10 y 40 veces lo permitido. Hay toda una discusión en torno a lo permitido en cuanto a valores vertidos a la ría y lo que realmente afecta a la salud, ¿no?

Sí, hay una discusión en tanto en lo que es lo permitido en los vertidos y qué es lo permitido en lo que uno consume. Voy primero por los vertidos: lo que se aplica en Bahía es la Resolución 366 de la Autoridad del Agua del 2006, que se aplica a toda la provincia de Buenos Aires. Es tanto según si fuera mar abierto, si arroja al sistema cloacal o a agua superficial. Acá se aplica a agua superficial, el tema es que no se ha hecho un estudio del impacto que se ha producido en el estuario y si esa reglamentación es aplicable al estuario.

Nosotros dirigimos que no. La ley provincial de Pesca directamente en el artículo 13 prohíbe arrojar sustancias nocivas al ambiente acuático donde se explota las actividades de la pesca. Una ley tiene mayor jerarquía que una reglamentación. La ley lo prohíbe y la reglamentación lo permite hasta cierto punto, ese siempre fue un motivo de discusión. Evidentemente se demuestra con estos resultados que pese al cumplimiento, más allá de que según los informes del CTE hay un porcentaje bastante elevado de incumplimiento a esa reglamentación, pero aunque estuviesen cumpliendo, la bioacumulación de los peces ha sido de tal magnitud que torna peligroso consumir cualquier tipo de especie. Y además del peligro para la salud lo que hay que destacar es cómo ha afectado a la biología, que es lo que vienen denunciando los pescadores. Ellos lo que denunciaban es que ya no hay más peces y la poca captura que hacían tenían un tamaño que ya no se podía comercializar, así que todo eso que fue denunciado ahora se comprueba.

-Existen metales pesados que provienen de las empresas del polo y de ABSA que tiene un capítulo aparte.

No negamos que de parte de ABSA hubo un gran aporte de los metales pesados o sustancias nocivas que también vienen por la cloaca. Ahora se está haciendo la planta de tratamiento y es sobre lo orgánico, o sea que todo lo que es inorgánico va a seguir cayendo crudo al estuario, lo cual va a seguir siendo un problema pese a que se va a solucionar otro problema que es un gran aporte de nutrientes que generan una contaminación por la demanda biológica del oxígeno. Un pequeño problemita estaría solucionado cuando la planta empiece a trabajar pero vamos a seguir teniendo una gran cantidad de aportes de materia inorgánica que con la bioacumulación se transforman en tóxicos, tanto tóxicos para los peces o para las personas que consumen esos peces y crustáceos.

-Hay un punto de las conclusiones de los integrantes de la Facultad de Agronomía de la UBA que habla específicamente de proximidades al Sitio 18-19, a la salida del colector de ABSA, que detecta algunos nivel de DQO -que para traducirlo sería la demanda química de oxígeno- y sugiere evaluar globalmente a las empresas que tienen autorización para arrojar vertidos en ese lugar y la posibilidad de que otras lo hagan de manera clandestina. ¿Qué quiere decir?

El que antes era el sistema cloacal del Consorcio, que es donde se arrojaba todas las cloacas de Ing. White, ahora no funciona más porque lo que es la cloaca de Ing. White está conectado a la cuenca mayor y ahí está arrojando Cargill.

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El caudal de agua que sale es muy grande y mucho más grande del que arroja Cargill donde el CTE toma las muestras. Vendría a ser el último puesto de vuelco  de Cargill y tanto el olor como el color cuando uno se acerca se da cuenta que está saliendo cualquier cosa. Imagino que se refiere a eso porque por supuesto que puede haber conexiones clandestinas, es casi imposible descubrirlas porque estamos hablando de superficies muy grandes, pero recomienda eso el perito, alguna forma de meter un robot con cámaras por el sistema cloacal y ver de dónde sale el agua.

Ha dado mal y después una discusión que hay con Cargill, ellos dicen que lo arrojan… como te explicaba recién, la reglamentación tiene tres parámetros, una para mar abierto, otra para sistema cloacal y otra para aguas superficiales. El sistema cloacal es el que tiene permitido arrojar mayor cantidad de sustancias porque, supuestamente, después tiene un tratamiento. Como acá no tiene ningún tratamiento no se debería aplicar eso y es una discusión de Cargill con el CTE, qué reglamentación se aplica. Por eso muchas veces Cargill no cumple con los parámetros.

-Ahí es la sugerencia de que lo tomen como agua superficial.

Exactamente porque caño cloacal o desagote cloacal sería cuando después hay un tratamiento posterior, entonces lo pueden arrojar ahí pensando que después se va a tratar pero acá en Bahía no hay ningún tratamiento entonces no se puede tomar ese parámetro.

-Ustedes de fondo están pidiendo la reparación ambiental del estuario. Hay una serie de sugerencias con la incorporación de nuevas tecnologías, ¿qué opinión tienen? ¿les parecen alternativas viables?

Evidentemente lo que se está haciendo hasta ahora no sirve para nada, lo único que se hacen es controles, llevan numeritos, hacer gráficos, subirlos a internet y con eso parece que nos quedamos tranquilos.

Lo que están proponiendo no es solamente analizar los efluentes, que es una toma que hace el CTE esporádicamente, sino analizar el caudalímentro, cuánto arroja esa empresa y también analizar constantemente las sustancias que está arrojando, no una sola toma de muestra.  Así nos daría una noción más acertada de que la cantidad que están arrojando a lo largo de un mes o año, qué cantidad de mercurio, por ejemplo, estaría arrojando Solvay a lo largo de un año.

Sabemos cuántos miligramos por litro arroja pero no sabemos cuántos litros arrojó por consiguiente no sabemos cuánta cantidad de mercurio arrojó.

-En algún momento hay menciones respecto de resultados a los que no se pudo llegar debido a la condición de las muestras. ¿Hay alguna falla al momento de tomar las muestras o surgen interrogantes que no estaban previstos?

Lo que pasó es que estas muestras se tomaron en el allanamiento de la justicia federal y se hizo en conjunto la Facultad de Agronomía con la Policía Federal. Entonces la Policía Federal tomó las muestras, las recolectó y las envío a Buenos Aires. Y los biólogos del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal, de las ostras le dieron el bichito, entonces hubo algunos elementos que no pudo analizar de las ostras, pero fue eso nada más. Todo lo otro lo pudieron analizar bien.

-¿Qué pasa partir de ahora? El juez tiene éste informe, ¿cómo sigue la causa?

Lo tiene el juez y también la Municipalidad y la provincia. Me parece a mí que con esa información y como funcionario público tendrían que haber hecho algo o, como mínimo, haberlo dado a conocer. Porque todos tenemos la información desde la semana pesada, porque todos tenemos la causa, tanto actores como demandados, y yo esperaba que al menos de parte de la Municipalidad hagan mención de algo, porque está diciendo que es peligroso ir al muelle de Cerri, pescar un pejerrey y comértelo. Sin embargo, no se ha hecho nada.

Me parece que debería haber dado a conocer para que la gente tenga conocimiento, después que tome la decisión que quiera. Así como uno en los paquetes de cigarrillo encuentra ese cartelito que advierte que es perjudicial para la salud, me parece que tendríamos que ponerlo en conocimiento.

 Con respecto al juez… la ley le autoriza a tomar medidas en el transcurso del proceso hasta de oficio, sin que nadie se lo pida, cuando ve que la situación es grave o cuando ve que puede empeorar, él como funcionario tiene la obligación de velar por el cuidado del medioambiente, eso lo dice la Constitución Nacional y la Ley General de Medio Ambiente. El juez podría hacerlo de oficio o a petición de parte tomar alguna medida para al menos evitar que esto empeore, será eso lo que tiene que hacer y prontamente dictar sentencia.

-La prueba es la misma para la causa en el ámbito federal, ¿cómo se utiliza?

Los dos expedientes están en el mismo trámite, ya se ha terminado la recolección de prueba y lo que es la parte de investigación termina con la decisión del juez de llamar a indagatoria o no. Si considera que hay prueba suficiente que acredite que se cometió el delito y acredite la responsabilidad de los denunciados llama a indagatoria.

El delito es poner en riesgo la salud pública a través de los efluentes contaminantes. El peligro a la salud pública interpretó que ya está acreditado con el informe este y que las empresas arrojan efluentes ya está acreditado por los informes de CTE. Pero será cuestión que lo analice la jueza y llamará a indagatoria para que los directores de las empresas se presenten a ejercer su derecho a  defensa.

-Por último, cuando se habla de prohibir el vertido de este tipo de metales por parte de las industrias ¿qué significa? ¿parar el proceso productivo?

La verdad que eso lo saben mejor los de las empresas que yo. Pero tengo entendido que las empresas no pueden producir sin arrojar residuos. Es lo que recomienda el perito en vistas al cumplimento de la Constitución Nacional, tratados internacionales y leyes que dicen que tenemos que proteger el medio ambiente. Si tenemos que proteger el medio ambiente y sabemos que están esas empresas que son las que arrojaron las sustancias, que son las que contaminaron, bueno, como mínimo empecemos parando de contaminar. Después vemos la recomposición del estuario, pero primero dejemos de contaminar.

(Por Mauro Llaneza) Profesionales de la Universidad de Buenos Aires recomendaron a la justicia que prohíba inmediatamente la captura y consumo de especies del estuario bahiense y, en un corto o mediano plazo, “prohíba que se continúe arrojando al estuario cadmio, cromo, plomo y cobre”.

“Estos metales pesados sobrepasaron ampliamente los niveles de concentración permitido por el Código Alimentario Argentino”. Así lo advierte una pericia recibida por el juez Contencioso Administrativo, Agustín López Coppola, en el marco de la causa “Schroeder”.

La investigación impulsada por pescadores artesanales apunta a los vertidos de Solvay Indupa, TGS, Petrobrás Argentina, Compañía Mega, ABSA, Profertil, Cargill, Consorcio de Gestión del Puerto, PBB Polisur y Azurix Buenos Aires.

Según el estudio, “al menos en un grado de probabilidad muy elevado”, la concentración de metales pesados en los peces analizados se debe a la actividad de las empresas del polo petroquímico.

La “constante y prolongada carga de contaminantes, aunque pareciera que dentro de los parámetros autorizados por la reglamentación vigente (aunque no por la ley provincial de pesca) ha generado una bioacumulación en las especies que viven en el estuario de un grado tal que no solo generan un notorio perjuicio en la sanidad de la vida marina, sino además un concreto riesgo en la salud de la población pasible de consumir estas especies”.

La pericia fue realizada a pedido de la Fiscalía Federal por las dras. Alicia Fabrizio de Iorio y Alicia Rendina de la Cátedra de Química Inorgánica y Analítica y por el ing. agrónomo Gustavo Mozeris de la Cátedra de Sistemas Agroalimentarios de la Facultad de Agronomía de la UBA.

Utilizaron las muestras producidas durante los allanamientos a las empresas del polo, 28 informes preexistentes “de fuerte relación y relevancia” y, principalmente, el producido en el marco de la causa ‘Meninato, Rolando, PBB Polisur y otros s/inf. Ley 24.051′” que tramita en el fuero federal.

Peces tóxicos

La presencia de metales pesados en especies de peces de explotación comercial, “tienen serias consecuencias para la salud humana, como por ejemplo el saturnismo con efectos neurotóxicos ocasionado por la bioacumulación de plomo o cáncer ocasionado por la bioacumulación de cadmio”.

Especies como la corvina rubia, langostinos, mejillones, camarones y ostras evidenciaron la presencia de ambos metales “en valores que superan 10 y 40 veces respectivamente lo permitido por normativa nacional e internacional para el consumo humano”.

“La gravedad de esta situación determina que sea necesario abordar un monitoreo permanente de la fauna marina del estuario, con un diseño muestral que permita entender la dinámica de la contaminación con metales pesados en el estuario de Bahía Blanca”.

El documento manifiesta la alteración del ecosistema marino local destacando “las altas concentraciones bioacumuladas de cadmio, plomo, cromo y cobre en branquias e hígado de todas las especies analizadas”.

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Esto afecta el desarrollo y crecimiento normal de las especies presentes en la ría y en la totalidad de la cadena trófica, desbalanceando el nicho que ocupa cada especie en este ecosistema.

“Debería asimismo encontrarse una relación directa entre esta pérdida de biodiversidad por bioacumulación de metales pesados y los parásitos que forman parte de esta cadena en comparación con sistemas por fuera de los límites de la ía de Bahía Blanca”, afirma.

Los pocos ejemplares enteros evaluados impidieron estudiar otros indicadores de la contaminación y que estarían asociadas a la presencia de metales pesados e hidrocarburos.

ABSA “está provocando un daño casi irreversible”

Respecto a ABSA, la pericia advierte que “los valores DBO (demanda biológica de oxígeno), DQO (demanda química de oxígeno), fenoles y sólidos sedimentales del sistema cloacal” exceden los límites permitidos, por lo cual, deben tomarse medidas urgentes de saneamiento “ya que el vuelco de 84 millones de litros por día está provocando un daño casi irreversible”.

“La permanente transformación operada en el área del puerto de Ingeniero White en los último treinta años ha dado lugar a un cambio morfológico del paisaje y, consecuentemente, a la transformación de mecanismos y procesos naturales que tienen en su sistema hidrológico”.

La dificultad para descontaminar la ría se evidencia en la “imposibilidad” de “realizar una actividad productivo-comercial como la pesca artesanal”, por “la salida de actividad de gran cantidad de pescadores”, “la baja de la actividad económica de agentes relacionados” con la pesca y “la baja disponibilidad de especies de calidad comercial y su imposibilidad de consumo”.

Por otra parte, ante los niveles de DQO que superan “ampliamente” lo permitido para agua de mar abierto, el análisis sugiere evaluar globalmente a “las empresas que tienen autorización” para arrojar vertidos en proximidades del Sitio 18-19 a la salida del colector de ABSA y la posible existencia de otras que lo hagan de manera clandestina.

Controles en la mira

La prueba que tiene en sus manos el juez López Cóppola y su par federal, plantea una “duda razonable” sobre los sistemas de tratamiento de efluentes y de control por parte de los organismos provinciales.

Llama la atención la presencia de metales pesados en vertidos de las industrias en las márgenes de la ría –“aunque todos ellos dentro de los niveles guía permitidos”- frente al nivel de metales pesados hallados en todas las especies analizadas.

“Se plantea el concepto de la ‘duda razonable’ ya que si evaluamos el conjunto de vertidos a la ría de empresas del Polo Petroquímico este sistema aporta un total de entre 11 y 18 millones de litros de efluentes por día, sumándose a esto lo volcado por el sistema cloacal que suma 84 millones de litros por día”.

Contra las leyes

El documento de la FAUBA explica que existen tres factores que deben asegurarse como mínimo para el logro de “una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable de una región”.

  • Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes actividades antrópicas.
  • Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos.
  • Y asegurar la conservación de la diversidad biológica.

Todos los ítems están contemplados por la Ley General del Ambiente Nº25.675.

El dictamen es lapidario: “Ninguno de estos puntos está siendo asegurado con la intervención antrópica que existe en la actualidad en la Ría de Bahía Blanca”.

Por otra parte, existe “incompatibilidad” con la Ley provincial de Pesca Nº11.477 (prohíbe arrojar al agua sustancias nocivas para la biología marina- y mediante los vuelcos se viola la Ley de Residuos Peligrosos Nº24.051.

Por un estuario vivible

Los profesionales de UBA proponen generar un “marco de  convivencia con visión sistémica del problema” ante la “complejidad que significa mantener un equilibrio entre las actividades económicas, el bienestar social y el cuidado del medio ambiente que apuntan a generar situaciones viables, vivibles y equitativas”.

Para ello y frente la “gravedad de los resultados obtenidos”, proponen:

  • Utilizar nuevas tecnologías como los caudalímetros con dosificación dinámica de efluentes líquidos sin la intervención de la mano del hombre, ya utilizados en otras industrias.
  • El monitoreo constante de contenido de metales pesados en peces con una metodología validada por los organismos de control y aplicada al ecosistema marítimo de la ría.
  • Y la evaluación permanente de sedimentos del estuario.

El martes pasado se realizó una audiencia pública para analizar un proyecto de ordenanza referido a la autorización por excepción de tenencia de inmuebles lindantes al Balneario Maldonado para el desarrollo de las actividades de “Speedway y Motocross”.

El biólogo Pablo Petracci, el abogado Lucas Beier y el activista David Bustos, todos usuarios del estuario, visitaron FM De la Calle y comentaron la audiencia que reunió una mayoría de exposiciones contrarias a la propuesta oficial.

“Esto empieza en noviembre de 2017, que es cuando empiezan las obras. Ahí se empezó a cercar un espacio público, lo que es de una gravedad tremenda. Cerrar deliberadamente sin haber pasado por un proceso administrativo, sin haber sido presentado, sin haber sido aprobado, por lo menos en ese entonces, el estudio de impacto ambiental que después fue paupérrimo”, dijo Petracci.

El encuentro contó con la presentación de la iniciativa de los clubes y los informes de la subsecretaria de Gestión Adriana Chanampa y de Luis Pites, subsecretario de Planificación y Desarrollo Urbano.

Petracci afirmó que “más de un 70% de los presentes se pronunció en contra con argumentos técnicos, no bajo razonamientos emocionales que es lo que argumentan los clubes. Yo los entiendo en cierta forma porque ellos necesitan un lugar. Ninguno de los que estamos preocupados por el desarrollo de esa zona iría en contra de la actividad deportiva, todo lo contrario. Entendemos que los han ido moviendo por distintas partes de la ciudad pero es una actividad que genera impacto en la salud humana y en la biodiversidad, no por nada los han ido moviendo”.

La firma del estudio de impacto ambiental por una profesional sin permiso vigente, la actitud del Municipio de levantar de su página web información vinculada a la reserva y a los compromisos internacionales asumidos para su preservación son otras de las irregularidades que plantean los defensores del estuario.

Destacan además que se afectará a un sector que “generalmente no tiene voz”. Si vos caminás por Villa Caracol sin bandera política, sin micrófono y sin cámara, la gente te va a decir que no está de acuerdo con el proyecto. Si hacés lo mismo con la gente que va a Maldonado, te van a decir lo mismo. Las pistas se pueden mover, el estuario no”, afirmó Petracci.

Según Lucas Beier, las autoridades de los clubes de motos pretendían desprestigiar “a la gente que defendía la zona” y “eso es lo que ocurre normalmente cuando uno alza la voz para defender el medioambiente, lo desprestigian y casi en forma peyorativa te dicen ambientalista”.

“Considero que deberíamos todos, incluidos los políticos, tener una visión ambientalista, de proteger los lugares que después será muy difícil de recuperar. Las personas en general consideran que el daño ambiental es lo que ocurre en forma inmediata, ejemplo; hay un derrame de petróleo, hay un daño ambiental; talaron la selva, hay daño ambiental; ahora lo que pasa en forma paulatina y que las consecuencias las vamos a notar dentro de 10, 20 o 50 años, eso no lo consideran daño ambiental y el que defiende eso es un fanático sin argumentos”.

Entre el medio centenar de expositoras/es inscriptos se encontraban representantes del Colegio de Arquitectos y del de Ingenieros, concejales, entidades ambientalistas, profesionales de la Universidad Nacional del Sur y de la Universidad Tecnológica Nacional y personas vinculas a las motos.

David Bustos precisó que “necesitamos tener posturas más a largo plazo, porque los que vivimos en Bahía Blanca respiramos su aire, hacemos recreación en sus espacios verdes. Creo que a partir de esta audiencia pública no solamente se ve las fallas del estudio de impacto, también se ve la falla política de enemistar a la sociedad civil que hace el trabajo del Estado gratuitamente”.

Uno de los argumentos de quienes impulsan el proyecto de las pistas es que esta iniciativa podría impulsar la actividad económica y ofrecer nuevos puestos de trabajo. Al respecto, Petracci aseveró que “hoy las economías están tendiendo a las economías de servicios. Están tendiendo justamente al aprovechamiento de la naturaleza en forma respetuosa y está comprobado que se generan más y mayor diversidad de puestos de trabajo; si tuviéramos la capacidad de desarrollar una buena propuesta eco-turística donde se empiecen a desarrollar proyectos de emprendedorismo, operadores de remo, de vela, guía de observación de aves, donde se inserten los profesionales que salen de las carreras de turismo”.

“Tenemos la oportunidad de revertir esto, estamos a tiempo que esto no se haga, no creamos que esto está cocinado, porque también nos vendieron eso con el proyecto del dragado. Acá hay todavía muchas instancias, hay que esperar la votación y luego hay instancias legales que se pueden recurrir una vez que los concejales también hagan su voto”.

Tras la autorización para la instalación de una base militares estadounidense cerca del yacimiento petrolífero Vaca Muerta y ante el decreto que otorga a las fuerzas armadas la posibilidad de intervenir en asuntos de seguridad interior, conversamos con Jorge Nahuel, integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén.

“Esta noticia que anunció el presidente se suma a todo un estado de preocupación, porque se ha dibujado una imagen de terrorismo, de violencia extrema, de atentando que no tiene nada que ver con la realidad. Porque acá, si hay alguien que está actuando al margen de la ley y violando todos los preceptos constitucionales y legales, es la industria petrolera que ingresa con total libertad y protegida por la fuerza pública que sea necesaria y que le permite a estos grupo corporativos explotar a plena luz del día”, manifestó.

“Nosotros tenemos a Gendarmería apostada. Hay un contingente de 400 gendarmes para proteger Vaca Muerta, el Municipio de Añelo ya ha otorgado un predio para construir una base de operaciones para Gendarmería”.

“Entonces, cuando se suma eso, la base militar que ya también tiene un terreno otorgado, más el anuncio presidencial, sentimos todo verde oliva acá alrededor”, enfatizó.

Nahuel explicó que “lo que se sabe es la información pública que ha hecho el Gobernador anunciando como una verdadera burla al sentido común de que, acá se va a instalar una base del Comando Sur de Estados Unidos, para realizar tareas humanitarias”.

“Esta base no tiene ninguna lógica más que, poder generar una base militar que controle y proteja todos los interés que el fracking hoy está aplicando. Recordemos que el fracking, hoy es una técnica que está manejada, fundamentalmente, por empresas norteamericanas. Entonces, toda es inversión es la que, se supone, vienen a proteger semejante destacamento militar”, aseguró.

El presidente de la ONG ambientalista Unión 20 de Agosto, Hernán Zerneri, se refirió en FM De la Calle a los cuestionamientos que realizaron al proyecto de ordenanza que regula los soportes para antenas de telefonía celular aprobado el jueves por el Concejo Deliberante.

“Le han dado un corte netamente orientado al aspecto civil de la antena, es decir, el montaje, la torre y demás, y dejaron en un segundo plano la cuestión ambiental, solamente abordando el tema paisajístico, cómo poder camuflar las antenas y el ruido del equipo que la hace funcionar, que es un aspecto menor”, opinó.

Agregó que en el deliberativo “parten de un concepto equivocado que es que el poder de policía solamente lo tienen ENACOM y el OPDS. Es cierto, pero hay ordenanzas locales que permiten hacer el control sin que eso implique que el municipio tenga el poder de policía”.

“La chicana es ‘los 24 concejales por unanimidad han aprobado una ordenanza’, con lo cual pareciera que los que opinamos distinto estamos en una vereda equivocada y no es así. La historia hay que contarla completa, todos los bloques tuvieron intervención porque el oficialismo abrió la discusión pero aportaron muchas más visiones que tampoco fueron tenidas en cuenta. Solamente se conformaron con participar y modificar cuestiones que no hacen al fondo”.

Uno de los artículos de la ordenanza prohíbe la instalación de soportes para antenas en escuelas, centros de salud y de ayuda a pacientes oncológicos y hogares de niñxs, ancianxs o discapacitadxs aunque las permite en los clubes.

“¿En base a qué criterio, estudio, información o principio se establece dicha restricción? ¿Es una decisión política arbitraria? ¿Es atenuar el impacto de la norma evitando posibles focos de quejas? ¿O es aplicar el principio precautorio para algunos casos pero para otros no?”, preguntó la ONG por nota al presidente del Concejo, Nicolás Vitalini.

Zerneri destacó que ante la falta de consenso sobre la afectación a la salud por parte de las radiaciones no ionizantes deben aplicarse como directrices de la política ambiental principios de congruencia, precaución y prevención.

Aplicar o no tales principios para la redacción del artículo mencionado, “estableciendo restricciones parciales a ciertos espacios sin aclarar de qué estudios científicos o de dónde surgen tales apreciaciones, constituye un claro motivo para judicializar el asunto, esta vez de nuestra parte”.

Por otra parte, desde la Unión 20 de Agosto criticaron la decisión política de eliminar el Consejo Asesor. “Es algo que no se comparte en absoluto, pero en todo caso debe ser motivo de análisis por parte de quienes poseen la mayoría de los votos en el recinto del HCD y los bloques restantes”, exigieron infructuosamente.

El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre Trafigura y el Sindicato del Petróleo, Gas y Biocombustibles por la intención de la empresa de despedir a unos 200 trabajadores.

Sin embargo, la situación sigue siendo de incertidumbre y está semana habrá una nueva reunión entre sindicato, empresa y funcionarios municipales, provinciales y nacionales.

Jorge Montero, trabajador petrolero jubilado de la Refinería Shell Dock Sud (Avellaneda), analizó la decisión de Trafigura y las políticas energéticas en FM De la Calle.

La situación de los trabajadores de la Refinería Elicabe no difiere de otros antecedentes históricos, “por la experiencia que hemos tenido esto realmente no nos sorprende. Esto lo vimos en la década del 90’ donde fundamentalmente las refinerías multinacionales del petróleo a lo que apuntaban eran a reducir el personal con la excusa de que con eso iban a reducir los costos, iban a poder trabajar en mejores condiciones e iban a poder dotar al mercado de más gasoil, más nafta y más barata; y ya sabemos lo que resultó de todo eso. Yo lo que veo es que un poco es una historia que se viene repitiendo y hoy le toca a la refinería de los compañeros de Bahía Blanca”.

Respecto a las consecuencias de la política de despidos para Montero originaría “problemas de seguridad y problemas de salud, no únicamente para los que trabajan dentro de la refinería sino para los que viven fuera de la refinería y creo que en ese aspecto Bahía Blanca ya tiene una historia bastante negra. Recuerdo bien cuando pasó los escapes de urea en el Polo Petroquímico y el enorme inconveniente que generaron esas nubes entre los habitantes de Bahía Blanca, y eso es un miedo que siempre está presente. Reducen la dotación de personal de tal manera que el mismo trabajador, que trabaja muchas horas y generalmente hace turnos rotativos, tiene que realizar dos o tres trabajos para los cuales muchos no están preparados para realizarlos; y eso origina accidentes dentro de los trabajadores e incidentes ambientales de una magnitud enorme”.

“El asunto, para ellos es sacar ganancias rápido y si no se puede sacar ganancias, amenazan con el cierre de la refinería, con despedir gente o lo que es peor, la amenaza de desabastecimiento; esa es una amenaza latente que ya han utilizado las grandes multinacionales del petróleo como para tratar de liberar el mercado, llevar el precio de las naftas al valor dólar y ahí perdemos todos. Es una pérdida total para que las multinacionales se lleven más plata”.

Jorge Montero contó a FM De la Calle que “la firma Trafigura realmente tiene una historia reciente bastante negra. Trafigura es un trader, tiene barcos fletados con los cuales llevan petróleo, combustible, de un lado al otro: son una especie de fondos buitres pero de las empresas petroleras. Es decir toman, compran, dejan las partes rentables, se deshacen de las partes no rentables o venden a un determinado precio y en realidad tienen poco manejo de la producción, de la refinación y menor manejo de la comercialización. Ellos se dedican a todo lo que sea rentable dentro de la industria petrolera, pero no están asentados como pueden ser otras multinacionales que tienen años de experiencia”.

“Acá en la Argentina uno de sus CEOS, José Latorraca, visita asiduamente la casa de gobierno y es uno de los más importantes aportantes a la campaña del PRO en política. O sea ellos van, vienen, se juntan, se abrazan con los gobiernos y siempre salen con algún negocio importante abajo del brazo y no importa quien caiga o no importa lo que cuesten esos negocios que se llevan adelante”.

Montero también expresó su análisis respecto a Vaca Muerta, “por un lado la problemática que genera el fracking, no únicamente por la fractura de tierra, sino también por la enorme cantidad de agua que se necesita y cómo esa agua con componentes químicos, que incluyen el cianuro, se contamina. Pero más allá de eso las famosas inversiones prometidas por las multinacionales extranjeras están prácticamente estancadas”.

“Yo lo que leo es que Vaca Muerta está produciendo muchísimo menos de lo que tendría que producir a esta altura del año, y que hay problemas por parte del gobierno con el tema de la infraestructura, que incluso incorporaba este famosos tren que iba a correr desde de Bahía Blanca hasta allá. Lo que sí es evidente es que el interés de los EEUU está vivo, porque por algo están montando ahí una base militar disfrazada de ayuda social a pocos kilómetros de Vaca Muerta”.

“Aparentemente la política es mantenerlo como una reserva estratégica y hacerlo operar cuando sea realmente operable, es decir que pese a los despidos, la flexibilización; la reducción de costo no es suficiente para que las multinacionales inviertan como se habían comprometido en ese famoso viaje de Macri donde se encontraría con Trump. Así que todavía el panorama de Vaca Muerta es bastante incierto y está muy lejos de generar algún tipo de autoabastecimiento en nuestro país”, concluyó.

(Por Mauro Llaneza) El Concejo Deliberante derogó por unanimidad la ordenanza 17.130 que regulaba la “instalación de estructuras soportes de antenas de telefonía celular” y exigía “la utilización de la mejor tecnología disponible para conformar una adecuada Plataforma de Comunicaciones Móviles”.

La norma había sido sancionada en 2013 ante las demandas vecinales en distintos barrios y fue resistida judicialmente por las empresas telefónicas. Cuando asumió Cambiemos se propuso “barajar y dar de nuevo” y contó para ello con el acompañamiento de los bloques de Unidad Ciudadana, PJ Cumplir y Frente Renovador.

En diciembre pasado se realizó una audiencia pública de la cual nunca se conocieron sus conclusiones. El texto del proyecto solo fue difundido una vez aprobado de manera exprés en la sesión de ayer y a pesar de los pedidos de la ONG Salud Ambiental en Acción y de vecinas y vecinos que se acercaron al recinto de Sarmiento y Estomba.

La nueva ordenanza legisla solamente sobre las torres y, si bien prohíbe su instalación en escuelas, centros de salud y de ayuda a pacientes oncológicos y hogares de niñxs, ancianxs o discapacitadxs, no establece restricciones en los clubes.

El texto refiere a las “estructuras de antenas de telefonía celular” para “sistemas radioeléctricos que operan entre 100Khz a 300Ghz de frecuencia” exceptuando a las utilizadas por radioaficionados, las de uso domiciliario, las afectadas a la defensa nacional, la seguridad pública y la defensa civil y las del Sistema Argentino de TV Digital.

Obliga a las empresas a “conservar y mantener” las estructuras con los “elementos indispensables de seguridad y señalización” y diferencia tipos de soportes, alturas y distancias de la línea municipal y ejes medianeros, según las zonificaciones del Código de Planeamiento Urbano y si son a nivel del terreno o sobre edificios o terrazas.

La prohibición para su instalación alcanza además a zonas declaradas como patrimonio histórico, cultural, artístico, reservas naturales o ambientales.

Otros “espacios verdes libres y públicos y espacios de equipamiento comunitarios” se podrán utilizar con aval municipal tras la demostración de la “necesidad de la adopción de la localización propuesta y su justificación por la no disponibilidad de sitios alternativos y necesidad de cobertura de servicio, conjuntamente con la evaluación de alternativas posibles”. Además, las empresas tendrán que realizar “obras vinculadas con el interés público dentro del sector de 100 metros radiales”.

Las torres deberán tener un tratamiento arquitectónico integrado con el paisaje circundante para atenuar el impacto visual e informar “de manera clara e inequívoca” la existencia de las antenas.

Finalmente, el Concejo estableció que “no obstante ser competencia provincial y nacional”, la Subsecretaría de Gestión Ambiental y la Secretaría de Infraestructura controlarán el cumplimiento de la ordenanza.

“En el caso de mediar denuncias o ante sospechas sobre inadecuadas condiciones de funcionamiento de un sistema irradiante, el municipio elevará la denuncia al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible y al Ente Nacional de Comunicaciones”.

Fernández Suñer, Girotti y Ghigliani analizaron la ordenanza en FM De la Calle

 

El delegado de ENACOM, Leandro Fernández Suñer, se refirió a las mediciones que realiza el organismo y afirmó que “no hay ningún nivel que pueda estar por fuera de lo que establece la Organización Mundial de la Salud”.

La titular de Salud Ambiental en Acción, Gladys Girotti, comentó que desde la oposición “dicen ‘a los clubes los sacaron porque pidieron que tienen que poner antenas porque necesitan el dinero, no estábamos de acuerdo’. Entonces, ¿si no estaban de acuerdo por qué no votaron en disidencia? ¿Por qué matan la poca democracia que tenemos?”.

Destacó que con la ordenanza anterior “el municipio podía medir” y “las asociaciones civiles podíamos participar”. “Lo que mida ENACOM siempre va a dar bien por dos razones. La primera es porque el límite de potencia máximo es tan alto que siempre va a dar dentro del parámetro establecido. La segunda, lo sabemos por experiencia porque lo ha dicho la misma gente del OPDS en reuniones que tuvimos en La Plata, es que van bajando las potencia de las antenas en la medida que se va sabiendo a dónde se va a medir”.

Por otra parte, aclaró que “la OMS no establece límites, o sea que decir que está dentro de los límites que establece la OMS es una mentira. Me parece un hecho grave que personas que están a cargo de estas instituciones no tengan la suficiente información”.

Gisela Ghigliani, concejala de Unidad Ciudadana, manifestó que algunas propuestas del bloque fueron incorporadas al proyecto y agregó que votaron a favor porque, en el oficialismo, “los votos los tenían y la ciudad se encontraba sin ningún tipo de marco regulatorio”. “Pretendíamos que los clubes estuvieran incorporados (en la prohibición) pero no fue posible”, dijo.

Al ser consultada por su opinión como médica respecto a la afectación a la salud de las radiaciones de las antenas de telefonía celular, Ghigliani afirmó que “hoy nadie puede hacer una asociación directa”.

“Ahora, nadie puede decir que los campos electromagnéticos, las radiofrecuencias, no provocan alteraciones corporales, somos seres vivientes. Una puede ser el aumento de la temperatura corporal -un grado-, pero como es tan diverso el campo de alteraciones que no necesariamente van a confluir en una enfermedad terminal es muy difícil una expresión univoca en esto. Pero no es un tema para decir no pasa nada”.

La Red de Hemisférica de Reservas de Aves Playeras (RHRAP) expresó su preocupación ante la posibilidad de que se lleve adelante el proyecto de “Circuito de Speedway y Motocross Bahía Blanca” en terrenos lindantes al Balneario Maldonado.

El Biólogo y consejero de RHRAP Pablo Petracci, explicó a FM De la Calle cuáles serían las consecuencias para el ambiente del proyecto impulsado por el Automoto Club Bahía Blanca y el Club de Pilotos de Motocross de Bahía Blanca.

“Mi primera intervención, que fue de casualidad porque pasaba por la zona y vi que estaban levantando alambrados y demás fue en diciembre. Me reuní con Adriana Chanampa no me dejó demasiado conforme la respuesta que tuve y a partir de ahí decidí tener una intervención un poco más amplia”, aseguró.

“Nos sorprendió mucho que se estuviera llevando adelante la obra sin que se hubieran cumplido todos los pasos administrativos. Ni el estudio de impacto ambiental aprobado, con muchísimas falencias, ni la audiencia pública más allá de que no sea vinculante así lo debe cumplir el Estado”.

Consultado sobre qué fue lo que más les llamó la atención del estudio de impacto ambiental comentó que “era tendencioso absolutamente, incompleto, deficiente. Las mediciones de ruido no estaban bien hechas, no se hablaba del valor que tiene esa zona”.

Petracci sostuvo que el Colegio de Arquitectos aconsejó que el proyecto no sea ahí. “Lo que me llama la atención es por qué este empecinamiento. Se están ignorando todos los códigos de planeamiento de la ciudad que dicen que eso es un espacio público de uso colectivo. Acá estamos hablando que se le va a dar un espacio a un privado, para que haga un uso particular, afectando una zona para uso particular y no colectivo”, manifestó.

El fin de semana pasado se conoció la salida del gobierno del Ministro de Energía, Juan José Aranguren, reemplazado por Javier Iguacel (otro gerente de grandes petroleras). José Rigane, secretario general de Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA) y secretario adjunto de CTA-Autónoma, se refirió a ese “cambio de figuritas” en FM De la Calle.

El dirigente aludió el ‘cambio de figuritas’ porque “el gobierno necesita tratar de moderar una situación que no piensa modificar, que es el modelo energético del país y la profundización de la utilización de energía como un bien suntuario en el marco de una política donde las empresas que cotizan en valores son las que tienen que garantizar alta rentabilidad, y el gobierno viene ejerciendo una política para que así suceda”.

Asimismo manifestó que la llegada de Iguacel “no va a cambiar nada, la política no se va a modificar, la energía va a ser para una minoría de usuarios que está en condiciones de pagarla y el resto estará con serios problemas para poder acceder. El gobierno ha ratificado la política que venía ejerciendo Aranguren y ha ratificado en sus declaraciones que va a mantener el régimen de incremento en tarifas por el resto del año”.

También aseguró que el gobierno generó “un desarrollo político en el modelo energético para hacerle creer a la gente una mentira” de que hay competencia y por eso hay que pagar tarifas tan altas. “Han defendido el negocio, le dieron una base a la posibilidad del fracking en Vaca Muerta y necesitan que el barril del petróleo tenga un precio mucho más alto sino la ecuación económica de las multinacionales no cierra para poder hacer inversiones ahí. […] Macri vendió Vaca Muerta como el súmmum de las buenas noticias para la Argentina y hay una entrega directa de nuestra soberanía, nuestros recursos, hipotecando una situación que no vislumbramos cuál va a ser su dimensión real”.

Según el secretario general de FeTERA, Aranguren dio pasos muy sólidos: dolarizó las tarifas, quitó los subsidios –“que eran altos pero no imprescindible llegar a donde quieren llegar” – y aplicó los tarifazos. “Tres cuestiones centrales que exigían los grupos multinacionales para que el pueblo argentino termine subsidiando a las empresas petroleras, las que más rentabilidad tienen en el país”.

Respecto a las elecciones internas del 28, aseguró que están “mucho mejor de lo que esperábamos por el compromiso, nivel de adhesiones y participación de compañerxs que han presentado listas a lo largo y ancho del país, demostrando que este es un proyecto que tiene vigencia y que se hace imprescindible profundizar en la etapa actual. Tenemos por delante una fuerte tarea de desarrollo organizativo, […] se hace imprescindible transformar y cambiar para mejorar, lograr mayor participación, mayor democracia, eso depende de la apertura que tengan los dirigentes”.

El delegado gremial e integrante de la Mesa Nacional de la Federación de Aceiteros, Marco Pozzi, informó por FM De la Calle que se encuentran en estado de alerta permanente como consecuencia de la ola de despidos en las plantas de Cargill de General Gálvez y Bahía Blanca .

“A partir de ayer se dictó el estado de alerta a nivel nacional. Surgió a partir de eso que el Ministerio convoque una audiencia para hoy a las 3 de la tarde, así que estamos en estado de alerta y expectantes con lo que puede pasar en la audiencia”, aseguró.

Al mismo tiempo, el dirigente comentó los resultados de una serie de estudios realizados sobre la salud de los trabajadores del sector. “Hicimos análisis en base a los datos que tenemos en nuestra obra social, sobre todo en la parte del cordón de Rosario”.

“Eso arrojaba números bastante temerosos con respecto a las posibilidades de cáncer. La posibilidad de que un compañero aceitero contraiga cáncer en relación con un ciudadano común es el doble. Eso nos alertó, hicimos un estudio y, por ejemplo, hay modificaciones dentro de la escala del tipo de cáncer que tenemos la población aceitero con respecto a la población del común de la gente”, manifestó.

Ante estos datos, desde el gremio decidieron llevar adelante un plan preventivo. “Lo ideal sería hacerlo con las empresas, modificar las condiciones que sean necesarias para eso, porque también nos encontramos con que hay muchos de los agentes cancerígenos que no están declarados en el sistema de ART”.

“Me parece que ahí hay que hacer un trabajo importante para que realmente la prevención sea efectiva, y en el caso que no sea así, que las empresas se hagan cargo del daño que hacen en la población tanto aceitera como en la población en general. Porque también tenemos otro dato certero que es, que las plantas no están alejadas de las ciudades”, aseguró.

Desde el curso “Patrimonio invisibilizado” UPAMI (UNS) presentaron en 2015 como trabajo final una exposición sobre cómo comunicar a través de los objetos. Tras un viaje a Fray Bentos, donde su primer frigorífico hoy subsiste como museo y centro de encuentros comunitarios, propusieron replicar la experiencia en las instalaciones de la CAP en Gral. Cerri.

El docente Omar Staltari comentó a FM De la Calle que “cuando nosotros estábamos preparando y seleccionando un patrimonio invisibilizado de la ciudad o la región, propusimos además que los cursantes podían presentar también, presentamos el de este frigorífico y que se podría hacer algo similar en la CAP, cumpliendo todos los pasos que habían hecho en la comunidad de Fray Bentos”.

“Nos pusimos como objetivo recolectar elementos, recolectar testimonios, fundamentalmente de la localidad. Y ahí, bueno, nos encontramos con la sorpresa de que una gran mayoría de los habitantes de Cerri habían tenido algún tipo relación con la CAP y a través de eso hicimos la exposición”.

Consultado sobre el estado en el que se encuentran las inmediaciones de ex frigorífico CAP, Staltari explicó que “el estado es realmente deplorable. Nosotros hicimos una visita hace tres años atrás nuevamente y el tema es que si bien el predio es privado, porque se compró en un remate judicial, esta gente no ha tomado conciencia del valor que tiene eso y no han determinado hacer una custodia necesaria como para que eso se tratara de no deteriorar en la manera que está deteriorado”.

“El problema mayor fue que han entrado, han robado objetos, destruido y yo creo que en ese sentido tienen mucha responsabilidad sus actuales dueños porque han dejando a una sola persona que en este momento está ocupando la casa que era del gerente. Por comentarios de los vecinos esta persona hace lo que puede. Hay que tener en cuenta que el parque que tiene fue diseñado por el famoso arquitecto y paisajista, Thays, que es el mismo que hizo el parque botánico de Buenos Aires”, manifestó.

La Lof Paicil Antriao de Villa La Angostura, Neuquén, puso en resguardo un sector de su territorio que fue invadido por una imobiliaria perteneciente a un fideicomiso en complicidad con el bahiense Emanuel Ginóbili y el poder político de esa localidad.

Tino Nawel, weken de Lof comentó a FM De la Calle que “esta lamentable situación que ahora le toca a nuestros bosques nativos, a nuestra biodiversidad, justamente es de un proyecto que fue pensado y diseñado en el año 2011. En ese entonces el ministro (de Desarrollo Territorial) era Leandro Bertoya”.


“Tuvimos que tomar esta decisión de poner en resguardo este espacio territorial que está siendo fuertemente impactado por un proyecto de un fideicomiso desconocido y que entendemos fue avalado por la provincia de Neuquén y responsabilidad también del municipio local. Y por otro lado sin nuestro consentimiento, sin la consulta previa a la comunidad para llevar adelante este proyecto”.

Respecto a las consecuencias para el ambiente explicó que “han arrasado con todo tipo de especies nativas existentes en el lugar; especies únicas como los Arrayanes. Lo que han hecho no tiene nombre, lo que han hecho nos trae un fuerte impacto ecológico, ambiental y cultural”.

Consultado sobre la violación de los acuerdos establecidos con el gobierno provincial sostuvo que “a nosotros nos genera sospechas porque esto, revisando y estudiando la Ley de Bosques, tiene oficialmente reconocido un mapa donde salen todas las categorías y esta categoría que está instalada justamente en esta parte del territorio es de color rojo, es declarada zona roja por la ley, es intangible: no se puede tocar, no se puede construir, no se puede hacer nada que impacte o afecte a la naturaleza y sin embargo se está haciendo”.

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Sobre los terrenos comprados años atrás por Emanuel Ginóbili, Nawel explicó que “en todo este sector están distribuídos estos lotes, un lote que le han entregado también de manera inconsulta a la comunidad al señor Ginóbili, hace aproximadamente doce años y ahora se suma este otro proyecto del fideicomiso que es un lote colindante”.

“El tema es que el único acceso que hay para llegar al otro lote es el que hay en lo de Ginóbili, o sea que Ginóbili hoy está siendo cómplice de ese proyecto que está destruyendo el bosque”, manifestó.