En diálogo con FM De la Calle Federico Tucat se refirió a la explosión en la planta de Dow ocurrida el 28 de junio y a las causas judiciales que investigan la contaminación del estuario.

El 4 de julio el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad convocar a la subsecretaria de Gestión Ambiental, Sandra Pérez, al coordinador del Proceso APELL, Daniel Ayala y al titular del CTE, César Pérez. Por otra parte, avaló el llamado a una reunión extraordinaria de la Comisión Asesora Ambiental ante la inactividad a la cual la sometió el oficialismo durante el último año.

“No tenemos información acerca de las causas de la explosión”, manifestó Tucat y agregó que la reunión con los funcionarios mencionados se realizará “a la brevedad”. “Particularmente después de lo que se manifestó como necesario, la actualización del Proceso de Respuesta a la Emergencia Tecnológica también nos parecía interesante era aprovecharla para modificar la ordenanza a los cánones locales e internacionales que establece el Proceso APELL”.

En cuanto a la paralización de la Comisión Asesora Ambiental -que debe reunirse una vez al mes-  sostuvo que, “independientemente de eso, cuando la temática lo requiere se genera mayor volumen de convocatoria. El año pasado hubo temas importantes que requirieron reuniones asiduas: las antenas de celulares y la pista de speedway. El presidente de la comisión a mantenido diálogo con las personas que la integran”.

Conocida la pericia judicial de la Universidad de Buenos Aires que alertaba sobre el peligro de la contaminación de la ría, el Concejo aprobó -el 13 de septiembre de 2018, también por unanimidad-convocar a las autoridades del CTE y a quienes confeccionan el Plan Integral de Monitoreo para que informen -una vez más- sobre las conclusiones del monitoreo realizado sobre cuerpos receptores y control de los contaminantes del agua.

Las autoras de la iniciativa, Paola Ariente y Gisela Ghigliani, pretendían que la Comisión de Medio Ambiente y la Comisión Asesora Ambiental escuchen las conclusiones del Instituto de Oceanografía (IADO-Conicet) “a fin de evaluar el real impacto que la actividad industrial y las actividades antrópicas del desarrollo humano tienen en el estuario”.

Nunca sucedió. “A veces quienes movilizan determinadas convocatorias, debido a la coyuntura o a algún otro tema se va llevando su interés y no se terminan de convocar. El mismo requerimiento, las urgencias o la agenda la van estableciendo los propios bloques”, dijo.

Finalmente fue la Cámara de Apelaciones la que dispuso la formulación de “un plan concreto” para “diagramar inversiones futuras y asegurar el desarrollo integrado y sustentable de la Ría de Bahía Blanca, que establezca un equilibrio entre el desarrollo y la preservación del ambiente”.

Tucat opinó al respecto que “lo que la justicia falla hay que acatarlo. Es un tema de larga data y Bahía merece un análisis serio y en el corto plazo porque hablamos de la salud de las personas. Sería interesante en los plenarios de la Comisión Asesora Ambiental tratar esto y que los especialistas vengan a plantear las diversas y posibles soluciones. Inclusive que las propias empresas puedan asistir y manifestar su visión y las posibles soluciones”.

Un mes y un día después de la explosión del 28 de junio en la planta de Dow, el Comité Técnico Ejecutivo cuenta con el informe final de la empresa sobre las causas del episodio aunque la Municipalidad aun no autorizó su difusión.

Desde el área de Prensa se informó a FM De la Calle que el acceso al documento está supeditado a una reunión que mantendrán el titular del CTE, César Pérez, y el secretario de Gobierno Fernando Compagnoni. Se confirmó que la explosión no mereció siquiera una infracción por parte del órgano de control.

La empresa despidió al jefe de Operaciones, Eduardo Carranza, y lo reemplazó por Leandro Furland quien se desempeñaba como superior del primero en la dirección de la planta. El cargo del degradado Furland fue ocupado por José Impolino.

Hernán Zerneri, de la Asociación Ambientalista Unión 20 de Agosto, dijo que en una reunión extraordinaria del Comité de Control y Monitoreo las autoridades de Dow afirmaron que la explosión ocurrió “por un error humano”.

Agregó que Dow tendría que haber sido infraccionada: “Tengo entendido que el monitoreo de ruido detectó niveles por encima de lo permitido. En el caso de emisiones de humo por antorcha cuando son los cortes de energía también se la infracciona, la vara tiene que ser igual en todos los sentidos”.

“La reunión se disparó hacia las fake news y la credibilidad a las empresas. Hubo una enérgica respuesta de nuestra organización, de la cooperadora del Hospital Menor y algunos integrantes que no considerábamos oportuno que se intente adjudicar esta responsabilidad a la comunidad”.

“Siempre hay gente malintencionada pero acá amerita que se revise el PRET, los mecanismos de comunicación. Es un plan que tiene formas de comunicación de hace 20 años. Que la empresa se haga cargo de lo que hizo, que el Estado se haga cargo de lo que tiene que hacer”.

Al ser consultado si el CCyM tuvo acceso al informe de la empresa señaló que “no es un organismo municipal, está creado por ley con muchas instituciones, no es un organismo que pertenezca al organigrama municipal. Lo que se intenta es que el municipio otorgue dentro de la página un espacio a este organismo. La obligación de comunicación es por parte del Estado, debería tener su propia pagina web, un presupuesto, todo esto no está”.

Días atrás, se reconstituyó la Asamblea por el ambiente, la salud y la vida, tras la explosión de un sector de la planta de Dow el pasado 28 de junio. La misma difundió una convocatoria a manifestarse frente al Dow Center en el marco del su inauguración junto a la selección nacional de básquetbol. Durante la mañana, el presidente Mauricio Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal y el intendente Héctor Gay hicieron una recorrida por el establecimiento.

En las afueras de las flamantes instalaciones, un grupo de personas se hicieron eco de la convocatoria. La investigadora Emilce Heredia Chaz dialogó in situ con FM De la Calle relatando que en esta oportunidad se sumaron “nuevas caras” y explicando que esta nueva instancia asamblearia es “algo muy incipiente pero nos estamos reuniendo de nuevo para pensar esta coyuntura. La inauguración de este Dow Center es una oportunidad que surgió para hacer visible nuestro reclamo y salir de nuevo a la calle”.

¿Por qué Dow Chemical construye Dow Center?

“Todas las empresas del polo petroquímico tienen sus políticas que ellos llaman de responsabilidad social empresaria. Lo particular es que son políticas que no existían cuando era de mayoría estatal. Llegaron cuando se privatizó y se trasnacionalizó, al mismo tiempo que se amplió, llevaron adelante estas políticas porque saben que sus actividades generan ciertos impactos sociales y ambientales que generar conflicto. Frente a ello tienen estas políticas como modo de gestionar la conflictividad”, argumentó la docente.

Emilce vive en Villa Bordeu, a más de diez kilómetros del polo petroquímico. La noche del 28 de junio “vibró la casa y éramos cinco vecinos en la calle diciendo: ¿qué pasó? Pusimos Radio Nacional, muy ingenuamente, porque ese proceso (por Apell) siempre se presentó como una solución pero cuando esto ocurre nunca aparece como respuesta”.

Como habitante de la comunidad bahiense le resulta impactante que “una sola empresa pueda hacer vibrar a una población de trescientos mil habitantes. Es muy impresionante. Eso del cuerpo no me lo puedo sacar”.

Sin embargo, como investigadora, no le sorprende ya que “si uno sigue las distintas auditorias uno puede ver que estas emanaciones tanto a la atmósfera como a la ría son algo constante. Los mismos registros oficiales dan cuenta de esa situación. Todo esto es parte de su modo de producir”.

Debates: ¿Hay posibilidad de convivencia?

“En la asamblea se volvió a debatir en términos de erradicación” de las empresas, como ocurrió en el contexto del escape del año 2000. La respuesta que dio el modelo fue “más controles” que luego no se evidencian como práctica real.

“La cuestión es generar debate y abrirlo. Pensarlo en términos de progreso y qué entendemos por eso. Muchas veces nos ponen en la dicotomía es el ambiente o el trabajo. Y cuando vamos a ver esos números de la riqueza que generan y qué nos quedamos los bahienses, tanto en términos de tributación de impuestos como en puesto de trabajo, no es tan así. Si además consideramos las economías regionales que han afectado destruyendo puestos de trabajo como es la pesca artesanal”.

Para culminar, Heredia Chaz sostuvo que “incluso con esos números con los que nos corren y nos exigen respuesta: ellos tampoco las tienen en términos de generar un desarrollo de nuestra economía local”.

Por su parte, el secretario general de la CTA Bahía Blanca – Coronel Dorrego, Enrique Gandolfo, se preguntó si el centro de alto rendimiento tiene que ver con “deducciones impositivas o con otro tipo de negocio lucrativo en rededor del deporte”.

Como docente de educación física, el profesor explicó que “el enfoque deportivo dirigido hacia el alto rendimiento es uno que está orientado a una pequeña franja de deportistas que por capacidad, por oportunidades y por talento consiguen ubicarse en esa pequeñísima franja de alta competencia”.

En la ciudad se practica “un deporte al que nosotros aspiramos que sea un derecho, una práctica socio cultural fuertemente arraigada en el país y en la ciudad. Quienes quieren acceder a esta práctica deben tener las posibilidades de hacerlo libre espontánea y gratuitamente, para que eso se constituya en un derecho”.

“Estos modelos de alto rendimiento, por más abierto que se pronuncie que va a ser, están dirigidos a una pequeñísima fracción de deportistas que tiene los niveles de alta competencia. Que circunstancialmente se abra a la sociedad no quita cuál es el sentido de esto. Y la alta competencia está ligada al negocio y al lucro. Sin que esto signifique ninguna desvalorización hacia aquellos deportistas notorios y notables de la ciudad que se han destacado a nivel nacional e internacional”.

Desde el punto de vista político, el dirigente reforzó la idea de cuestionar que el evento se lleve a cabo “a pocos días de una explosión que puso en riesgo la seguridad de buena parte de la seguridad de Bahía, sin que haya una explicación fehaciente de las razones”. El evento se hizo “bajo el nombre de Dow” que “está claramente identificada socialmente como una de las empresas del polo petroquímico que contribuyen a la contaminación de la ría, que han hecho de la precarización laboral  y de las tercerizaciones una razón de existencia laboral y que ha costado la vida de trabajadores”.

A su vez “que esta empresa sea recibida con todos los honores por el presidente y la gobernadora y no se le haga ninguna pregunta ni la más mínima mención a la explosión de hace unos días significa que el poder político convalida estos negocios de estas grandes empresas que no les importa un comino la seguridad y la vida, como lo está denunciando esta asamblea”, concluyó.

La Unión de Jerárquicos Petroquímicos solicitó a la Subsecretaría de Gestión Ambiental su incorporación al Comité de Control y Monitoreo.

Destacan la “gran experiencia y responsabilidad en la operación productiva, el mantenimiento de activos y la sujeción a normas relacionadas con la seguridad y el cuidado del medio ambiente” de sus afiliados.

La nota, firmada por Alejandro Barrera y Carlos Gauna -secretarios general y adjunto, respectivamente- ingresó el miércoles pasado.

Como muestra del aporte técnico que pueden realizar, el gremio difundió en sus redes sociales un video que explica el “funcionamiento de un circuito de generación de vapor, que contiene un circuito secundario de recuperación de condensado”, similar al involucrado en la explosión del 28 de junio en la planta de Dow.

El presidente del Colegio de Ingenieros, Alejandro Di Chiara, dijo a FM De la Calle que la empresa Dow contrata ingenieros no matriculados tal como exige la ley. “Le estamos pidiendo a Dow que nos haga un informe sobre sus ingenieros matriculados porque no tenemos registro de esta situación”.
Destacó que “tenemos posibilidad de iniciar acciones porque está haciendo un ejercicio ilegal de la profesión”.
“Esto es una tarea que realizamos cotidianamente en defensa de la profesión y es lo que nos corresponde porque hay una ley que así lo exige. Hay empresas que tienen una respuesta distinta o, por lo menos, tenemos respuestas. Esto sucede en el ámbito privado y en muchas oportunidades en el ámbito público. Se contratan ingenieros y no se exige que estén debidamente matriculados”, comentó el Di Chiara.

¿Por qué las empresas no verifican la matrícula de los profesionales que contratan? “No lo sabemos, no llegamos a entender. Podríamos entender que haya profesionales que hayan sido contratados para cualquier tarea que no sea ingeniería, entonces ahí podría no llegar a tener la matrícula habilitante pero no está desarrollando tareas de ingeniería. Ahora, si yo busco un ingeniero es porque quiero que desarrolle tareas de ingeniería”.

Consultado respecto de la explosión en Dow, Di Chiara dijo: “Prefiero no opinar de la explosión porque no tenemos una serie de notificaciones que pedimos, tanto al CTE como otros, las conclusiones que siempre nos mandan. Prefiero no adelantar una opinión personal en un tema que es institucional”.

Tras la explosión de un sector de la planta de Dow se reconstituyó la Asamblea por el ambiente, la salud y la vida. Desde allí partió la convocatoria a manifestarse frente al Dow Center en el marco del su inauguración junto a la selección nacional de básquetbol.

La docente Jessica Visotsky dijo a FM De la Calle que las reuniones de los últimos días tuvieron “una convocatoria que superó las expectativas” y recordó el espacio es fruto de un proceso que acumula experiencias previas.

“La lucha por el dragado, la lucha por los escapes de cloro y amoniaco. Es un espacio diverso porque hay quienes han participado de las instancias previas y gente joven que no ha participado previamente y es la primera vez que lo hacen. Esto va a tener una gran complejidad, pero también una gran riqueza”, afirmó.

Las denuncias vecinales se fueron confirmando: “Las investigaciones siempre venían desde abajo. Desde lo que fue el censo de salud, desde las distintas expresiones artísticas, documentales, siempre fueron hechas por el pueblo. No había investigaciones oficiales y serias que dieran cuenta de lo que estaba pasando. La gente veía que sus casas se desarmaban, que se enfermaba de cáncer en una misma manzana. Hoy se cuenta con investigaciones de la UBA, una muy contundente, que avalan lo que la gente sospechaba. Iban a pescar y pescaban peces deformados”.

“A diferencia de hace 5 años, hoy se cuenta con investigaciones y con causas judiciales. A las transnacionales se les ha hecho juicio con tribunales populares como en Colombia o Mexico”, aunque Visotsky admitió que ya no basta con lo simbólico. Es hora de empezar a concretar: “Están empezando a haber casos que fallan a favor del pueblo, por ejemplo, el juicio a Petrobras. Se puede ir por el lado de la justicia si hay un proceso popular que lo acompaña”.

Somos la “Asamblea por el ambiente, la salud y la vida”, conformada a raíz de la explosión en la Planta de Etileno de la Empresa Dow Chemical, vivida el pasado 28 de junio. Explosión de la que aún ignoramos el origen y las dimensiones que tuvo.

El martes 23 de julio la misma empresa Dow Chemical, responsable de dicha explosión, casi como una tomada de pelo, inaugurará en la ciudad un Centro Deportivo, denominado DOW CENTER, con la presencia de la Selección Argentina de Básquetbol e invitando a 300 niñxs y jovenxs de la ciudad, con la presencia de funcionarios y abierto al público, en una jornada que denominan “Open Day”.

Nosotros convocamos como asamblea a repudiar esta inauguración, a repudiar las políticas de Responsabilidad Social Empresaria por las que a través de, millones de pesos que “invierten” en esos lugares (insignificantes para ellos) encubren la cadena de despojo, de explotación, contaminación y muerte que generan estas empresas.

Hoy contamos también con una investigación de la Universidad de Buenos Aires en la que consta que, entre otras empresas emplazadas en el polo, PBB Polisur-Dow está contaminando seriamente la ría local con cadmio, plomo, cobre, cromo poniendo en riesgo la vida de peces y la vida humana de una población que ha vivido históricamente de la producción pesquera.

No nos olvidamos de los escapes de cloro y amoniaco que se dieron el 20 de agosto del año 2000 en Solvay Indupa, otra empresa que junto a Dow opera en la producción de químicos derivados del petróleo en el Polo local, y Profertil.

No nos olvidamos de Juan Cruz Manfredini, quien murió con el 95% de su cuerpo quemado en una explosión (en una casa no habilitada), trabajando para una empresa tercerizada al servicio de actividades para varias de las empresas del Polo.

Así como tampoco nos olvidamos que en Solvay Indupa, en la otra fabricante de plásticos del polo, Fabíán Ernesto Monterroso (jugador de básquet justamente), falleció cayendo a un piletón de soda cáustica en el año 2012 porque las barandas del mismo estaban oxidadas y podridas.

Ni de Adrián Valente, que en 2011 murió en una explosión en Petrobras, fábrica cuyas cañerías estaban podridas y sus permisos y habilitaciones vencidos (Petrobras fue clausurada incluso en el 2013 en el marco de una denuncia por contaminación).

Fuera de nuestro país, no nos olvidamos que la Dow, empresa que hoy inaugura un Centro Deportivo, mientras pone en riesgo nuestra salud y nuestra vida, es responsable del mayor desastre industrial y ambiental de la historia.

En una ciudad llamada Bophal, en la India en 1984, en una fábrica de pesticidas, por un escape de gases tóxicos fallecieron entre 6.000 y 8.000 personas en la primera semana tras el escape tóxico. Otras 12.000 fallecieron posteriormente como consecuencia directa de este desastre que afectó a más de 600.000 personas, 150.000 de las cuales siguen sufriendo graves secuelas y han pasado 35 años sin remedación.

Es también la empresa que fabricó un químico llamado “agente naranja”, principal componente del Napalm, utilizado por primera vez en Vietnam en una guerra.

DOW no es vida, es riesgo para todxs nosotros, es muerte.

No queremos sus migajas.

Convocamos a la población de Bahía Blanca y de Ingeniero White el martes 23 a las 18 frente al Dow Center en Sarmiento 4700.

Analía Bernardi, trabajadora del Museo Ferrowhite, fue una de las pocas participantes en la primera reunión convocada por las autoridades del Proceso Apell en el barrio Saladero luego de la explosión en la planta de Dow.

“Me enteré de casualidad de esa reunión a través de una vecina”. El encuentro estaba pautado de antemano, sin embargo, el hecho del 28 de junio fue ineludible por la incertidumbre que generó en la comunidad.

“A pesar de que a veces se arman estas construcciones para brindar seguridad, son insuficientes. Las respuestas son bastante pobres, sobre todo para una comunidad que convive con pequeños y grandes incidentes y que ninguno de ellos va a llegar al Nivel 2 donde se activa ese supuesto protocolo”, comentó Bernardi a FM De la Calle.

Comentó que “al museo nos han traído un kit de confinamiento, algunos elementos de botiquín de primeros auxilios mínimos, pero nunca tuvimos una capacitación, teniendo en cuenta que además de la comunidad están los chicos del taller Prende de los sábados. Nos hablaron de generar una sala de confinamiento, a eso se agrega una serie de cintas a las ventanas y puertas y luego encerrarse ahí y escuchar Radio Nacional”.

Respecto a los procedimientos a seguir en caso de una emergencia, dijo: “Las salidas de evacuación son muy pocas, no sabemos a cuál hay que ir, nos explicaban que eso depende del viento y de condiciones climáticas. Una gran demanda fue que tendría que haber una respuesta inmediata, aunque más no sea para decir que no había información pero que sí estaban investigando”.

“Hay una cierta naturalización de la gente que vive o trabaja acá, conviven con ruidos y pequeños riesgos que suceden todos los días. Es un poco paradójico que para poder seguir viviendo acá hay que generar los mecanismos de acostumbramiento”.

El Comité Técnico Ejecutivo (CTE) infraccionó nuevamente a la empresa Profertil S.A. por emisión de ruidos molestos. Esta vez fueron siete las denuncias vecinales que advirtieron el episodio.

Si bien el inicio del trámite para multar a la empresa es lo que corresponde, evidencia que algo anda mal porque la explosión que el 28 de junio alertó a la ciudad y parte de la región no significó ni un mínima infracción para Dow.

“Vamos a hacer un informe técnico y va a ir al OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible) para que determine cuál es la sanción o multa para la empresa Dow”, dijo a FM De la Calle el titular del CTE, César Pérez, horas después del hecho.

El 16 de junio, Profertil fue multada por la emisión de humos negros en el marco del apagón nacional y, tres días después, se registraron 9 denuncias y una infracción por ruidos molestos ocasionados por la puesta en marcha de la planta de amoniaco. La madrugada del viernes pasado otras cinco denuncias motivaron la misma sanción.

Según lo informado por el municipio, el incremento de ruido registrado anoche se produjo a partir de las 20:45 “como consecuencia de las maniobras de parada no programada de planta de urea”.

La emisión fue registrada por la estación de monitoreo acústico continuo del CTE y constatada por los inspectores.

Luego de analizados los registros de niveles sonoros y realizados los cálculos correspondientes se determinó que el mismo superó los límites legales para emisión sonora en horario nocturno.

Se procedió al labrado del acta de infracción imputando falta al ART. 1 DE LA RESOLUCION 159/96 (EX-SPA) (NORMA IRAM 4062/84) MODIFICADA POR LA RESOLUCION 94/02 (EX-SPA).

El acta de infracción será enviada, junto a un informe de lo sucedido, al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS).

(Periferia) Investigadores e investigadoras de CONICET concluyeron que el medioambiente de la ciudad bonaerense está bajo “un alto y constante” impacto causado por la actividad humana, al encontrar dosis de 16 hidrocarburos y metales pesados, en 5 especies de sus humedales.

Científicas y científicos argentinos presentaron un informe del estudio que realizaron en el Estuario de Bahía Blanca, donde encontraron Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) en ejemplares de saraquita, pescadilla de red, corvina rubia y gatuzo , capturados en 2015 y 2016.

Pero, además, en otro estudio, identificaron concentraciones de metales pesados en sedimentos, en material “particulado en suspensión” y en la especie de cangrejo Neohélice de dos regiones de humedales de la ciudad.

Los científicos del Instituto Argentino de Oceanografía (IADO) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas concluyeron que el medioambiente de la ciudad bonaerense se encuentra bajo una “alta y constante presión antrópica” ocasionada por la actividad humana.

Es que en el Estuario de Bahía Blanca se ubican varios puertos, ciudades y uno de los complejos industriales más grandes de Sudamérica, y se vuelve objeto de análisis por las consecuencias mediambientales que ocasiona.

Las conclusiones de los dos estudios fueron presentadas en la quinta reunión de Geoquímica de las Superficies, realizada entre el 12 y el 14 de junio, en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de La Plata.

Hidrocarburos 

En el primer estudio los investigadores concluyeron que las concentraciones de hidrocarburos en todas las especies estudiadas “fueron menores a 100 ppb y fueron mayores en los juveniles que en los adultos Saraquita fue la especie que presentó la mayor carga”.

Además, “el 5% de las muestras analizadas se hallaron por sobre los niveles de seguridad o screening (USEPA), el parámetro que determina la peligrosidad de su consumo para humanos.

Los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) son una serie de compuestos orgánicos persistentes con una vida media de 6 meses que son constituyentes naturales del petróleo crudo y conforman una fracción de hasta el 20% del total de sus hidrocarburos, explican en el informe que se encuentra disponible en el repositorio institucional de la Universidad Nacional de La Plata.

También resultan de los procesos de combustión incompleta a alta temperatura de diversos tipos de materia orgánica.

Anualmente, aproximadamente 6,1 millones de toneladas métricas de productos derivados del petróleo y su combustión terminan en los océanos, según las conclusiones de un estudio elaborado por Mervin Fingas, jefe de la división de ciencia y tecnología de emergencias del centro Environmental Technology Centre of Environment Canada, en 2010.

La mayor proporción de estos hidrocarburos deriva de “fuentes antropogénicas” como la actividad industrial, el transporte, la energía y derrames de petróleo y es por eso que los investigadores concluyeron que “el medio marino está siendo víctima de atropellos humanos como la eliminación de gases de los barcos o el vertido de lubricantes usados“.

En el estuario de Bahía Blanca las fuentes de este tipo son abundantes debido a que en sus costas se emplazan grandes ciudades como la propia Bahía Blanca y Punta Alta con unos 400 mil habitantes, según cifras del INDEC de 2010. Allí, por tanto, hay puertos comerciales e industriales de aguas profundas como Puertos Rosales, Ingeniero White y Galván con parques industriales y petroquímicos.

“Las cuatro especies bajo estudio evidenciaron trazas de HAPs en los músculos, siendo mayores las cargas en los juveniles y en la especie que cumple todo su ciclo de vida en el estuario”, a pesar que “los niveles de riesgo tóxico por hidrocarburos para el consumo de peces se mantuvieron dentro de los niveles de seguridad”, expresaron los investigadores.

Metales pesados  

En el segundo estudio, realizado por investigadoras del IADO y de la Universidad Nacional del Sur, concluyeron que “el comportamiento de los metales en ambas matrices podría deberse a las diferentes características de cada puerto analizado: uno dedicado a la pesca artesanal, afectado por el dragado del Canal Principal, por las industrias presentes en Puerto Ingeniero White y por la descarga cloacal ?Tercera Cuenca? y otro cercano a la Base Naval, al sector de reserva de combustible ?Baterías?, afectado también por la descarga cloacal de Punta Alta.

“Por otro lado, la presencia de biofilms junto con la materia orgánica existente en los sedimentos estarían reteniendo a estos contaminantes impidiendo su liberación al ambiente”, concluyen los investigadores.

Los metales pesados son aquellos cuya densidad es por lo menos cinco veces mayor que la del agua y tienen aplicación directa en numerosos procesos de producción de bienes y servicios.

Los más importantes son Arsénico, Cadmio, Cobalto, Cromo, Cobre, Mercurio, Níquel, Plomo, Estaño y  Cinc.

De ellos, los tóxicos son aquellos cuya concentración en el ambiente puede causar daños en la salud de las personas. Los términos metales pesados y metales tóxicos se usan como sinónimos pero sólo algunos de ellos pertenecen a ambos grupos.

De hecho algunos metales son indispensables en bajas concentraciones, ya que forman parte de sistemas enzimáticos, como el cobalto, zinc, molibdeno, o como el hierro que forma parte de la hemoglobina. Su ausencia causa enfermedades, su exceso intoxicaciones.

Autores 

El estudio sobre metales pesados estuvo a cargo de las investigadoras Natalia Buzzi, Melisa Fernández Severini, Daniela Truchet, Diana Villagrán, Eleonora Fernández y Carla Spetter.

De la investigación sobre hidrocarburos formaron parte Andrés Arias, Ana Carolina Ronda, Ana Laura Oliva, Tatiana Recabarren, Lautaro Girones, Melina Orazi, Gabriela Blasina, Andrea López Cazorla, Norma Tombesi y Jorge Marcovecchio.

Ambos estudios se encuentran disponibles en el sitio del repositorio institucional de la Universidad Nacional de La Plata.

(Por Giuliana Crucianelli) Donde termina avenida Dasso. Donde no hay más avenida, solo descampado. Donde las pocas calles que hay son de tierra y la basura se acumula en un baldío, allí está la Sociedad de Fomento del Barrio Boulevard Juan B. Justo. Al final del recorrido de la 500. Cruzando el Puente La Niña, con un fondo de chimeneas. Con un fondo de “progreso”.

-Bajáte acá nena que yo sigo para la ruta, me dijo el colectivero cuando le pregunté si sabía dónde quedaba Reconquista al 3000.

Gracias siglo XXI por el GPS, pensé. Tres perros flacos salen al encuentro en una vereda donde no pasa ni una bicicleta. Al lo lejos diviso un cartel: Unidad Sanitaria. Eureka. La encontré.

-Buen día, vengo a la reunión del Proceso Apell.

-Sí, es por acá. ¿Vos quién sos?

-Soy de FM De la Calle. Nos enteramos de esta reunión abierta y vine.

Una a una las personas, pocas, se presentaron. Luego tomó la palabra Gabriela, vecina del 26 de Septiembre e integrante del Apell. Dirigiendo la mirada hacia mí, dijo:

-Esta reunión estaba convocada con anterioridad a la explosión en Dow. Era para la comunidad educativa de la 703.

Más tarde me enteraría que fue voluntad de la docente Mirta abrir la reunión a la comunidad y convocar estudiante por estudiante, familia por familia, a que se sumen al encuentro.

Tití, peluquera y vecina del Boulevard, abrió el juego:

-Parece que nos toman el pelo.

Ah la flauta, arrancamos tranqui, pensé.

Comenzó a contar: olores, ruidos, que un día salió afuera y le picaba la garganta, que cuando llamó al CTE le dijeron que era por el tanque negro -¿Qué tanque negro? Si eso no existe más-, que a los pibes a los quince días de nacer les dan un PAF, que nunca antes nadie se había enfermado, que cuando le decís al médico que vivís en White lanzan un ahhh y bueno usted qué quiere, pero cuando hay que firmar un certificado ninguno lo firma.

Una catarata de sucesos que terminaron con un:

-¿Para qué carajo nos llaman?.

Rubén llegó a la reunión con ropa de fajina listo para irse a trabajar. Toda la vida en “el Bule”.

-La verdad es que yo no escuché nada, vivimos al lado de la termoeléctrica que cada dos por tres mete unos venteos que te tiembla toda la casa. Nos acostumbramos a los ruidos.

-La próxima deberíamos decirle al CTE que venga porque hay cosas que nosotros no podemos contestar, dijo un miembro del proceso Apell.

La reunión siguió con las bondades del programa de respuesta ante emergencias, las recomendaciones de la ONU y, en contrapartida, vecinas planteando que nadie les decía la verdad.

Las sirenas se accionan cuando las personas deben confinarse. No se pueden confinar por más de dos horas, tienen que ir a buscarlas antes. Legalmente hay dos horas para avisar a la comunidad que pasó. Lo mejor es que se guarden en casa. Cuando haya una emergencia la sirena comunitaria va a sonar sin parar.

Así sucedía la reunión, entre los pasos a seguir ante un riesgo inminente y la vida cotidiana. Mirta preparaba unos cafés con mucho edulcorante para calmar los ánimos.

-La gente está preocupada pero con ganas de participar, de saber qué hay que hacer ante una emergencia. Nos alientan a seguir con el desafío de capacitar y hacer una instrucción a los vecinos, concluyó el coordinador del Proceso Apell, Daniel Ayala.

-Esto hace 30 años que nos está pasando. Todo esto es una pelotudez, es humo para la tribuna, me dijo Tití antes de volver a la peluquería.

Un llamado telefónico puso fin a la reunión, aunque poco a poco se había ido disipando. Antes de irme, la maestra y tres vecinos me pidieron mi teléfono.

-Por si pasa algo.

Me fui por donde llegué. Ya mediodía y las calles seguían inhóspitas. En la parada del colectivo me crucé con otra vecina que volvía a su casa.

-Viste cómo es… -dijo al saludarme- Acá nadie te explica nada.

Escuchá el reporte desde Ing. White para En Eso Estamos:

El Comité Técnico Ejecutivo realizó una nueva inspección en la planta LHC II de Dow donde ocurrió la explosión del viernes 28. Según el acta publicada por la web municipal, el organismo de control no infraccionó a la empresa por el hecho que conmocionó a la población de Ing. White y Bahía Blanca.

El inspector del CTE registró que el viernes pasado “se recorrió el sector afectado en el cual se encuentran realizando tareas de limpieza”.

Observó “piezas que aún no han sido movidas debido a que aún se están realizando tareas de investigación”.

“Se nos informa que los análisis de causa raíz se están llevando a cabo con distintos especialistas y que se encuentran en un 70% de avance aproximadamente”.

 

(Por Agustina López Oribe para ANRed) Tras 14 años, se dictó sentencia sobre el juicio civil que la Federación Pilagá realizó al Estado Nacional por los delitos de lesa humanidad durante la Masacre de La Bomba en 1947. 

El juez subrogante Fernando Carbajal, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Formosa, ordenó hacer lugar a la demanda promovida por la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá y estableció una serie de resarcimientos para el pueblo pilagá.

Alerta sobre la falta de iniciativa por parte del Estado de esclarecer los hechos durante el proceso y destaca la labor de Valeria Mapelman, documentalista, quien no solo recabó testimonios de los sobrevivientes durante 4 años para el documental Octubre Pilagá y escribió un libro profundizando la historia, sino que también registró la mayor parte de los trabajos periciales y aportó documentos oficiales relevantes para la investigación. La sentencia expresa que pudieron probarse una sucesión de hechos que desencadenaron la masacre, la persecución y ocultamiento posteriores.

Se acreditó que hubo durante varios meses del año 1947 una comunidad espontánea de población pilagá en el paraje La Bomba, donde previamente ya era habitado por un grupo pequeño y el cacique Oñedié tenía una chacra. El resto de las personas que llegaron al lugar fueron convocadas por Tonkiet, un líder religioso con capacidad de sanador. No puede probarse la cantidad de gente convocada allí pero podrían ser miles. Cantaban, bailaban y transitaban por el pueblo Las Lomitas donde habitaban criollos y quedó probado que las ceremonias religiosas y de curación eran los aspectos centrales de la concentración.

Esta presencia fue considerada como una “invasión” y motivó en un primer momento el ofrecimiento por parte de la Gendarmería de ser reducidos y trasladados a la Colonia Aborigen Bartolomé de las Casas y luego, frente a la negativa de los pilagás, se desencadenó una masacre que duró varios días.

“Dicho contexto era de un conflicto de base cultural, racial y económico, entre una comunidad que reclamaba derechos básicos (comida y la posibilidad de decidir su propio destino) y un Estado que se mostraba impotente para dar respuesta a esa demanda y, cuando lo intentaba agravaba el conflicto (provisión de alimentos en mal estado) o respondía según baremos de la época con la pretensión de “reducirlos”, reflexionó el juez en el escrito.

Una vez desencadenado el fusilamiento masivo que según el magistrado fue “planificado y organizado por las autoridades estatales”, a cargo del comandante Emilio Fernández Castellanos, jefe del Escuadrón 18 de Gendarmería, penetraron sus tropas, acompañadas de algunos civiles en el monte “en forma de abanico” y agrega el juez: “típica maniobra de despliegue para ocupación del territorio”.

Se deja claro que “no existió ningún ataque que justificara la respuesta del uso de ametralladoras” y que “los disparos se realizaron sobre la población civil mayormente desarmada” porque días antes la Gendarmería había retirado todo elemento de metal o considerado peligroso del asentamiento multitudinario. Esa fuerza “los persigue matando a hombres y violando y asesinando mujeres y niños”, asegura el fallo.

No puede establecerse la cantidad de víctimas porque no hay registros oficiales de ningún tipo, dejando en evidencia que hay un intento claro de ocultamiento de los hechos por parte del Estado. “Este silencio oficial debe ser severamente reprochado pues se constituye en una clara demostración del carácter ilegal y clandestino de los actos realizados”, escribe el juez Carbajal y “con la complicidad de los medios de prensa”.

Se produjo luego una persecución y matanza sistemática de los pilagá huyendo que además de centenas de ametralladoras contó con un avión de la Fuerza Aérea que despegó en El Palomar, aterrizó en Resistencia donde se extrajo la puerta principal para colocar una ametralladora Colt Calibre 7,635 milímetros que permaneció una semana en el territorio de conflicto. “El uso de la aviación para la represión del pueblo Pilagá es también un dato fáctico probado, que patentiza nuevamente la desproporción en la actuación del Estado”, sentenció Carbajal.

Se ocultaron los actos ilegales quemando las tolderías de los asentamientos y los cadáveres dispuestos en el lugar: “el fuego como elemento encubridor de los actos”, enfatizó el fallo.

La reparación otorgada no será de tipo individual y ordena la sentencia dos tipos de reparaciones: No patrimoniales y Patrimoniales. La primeras son de carácter integral y el primer acto de reparación es el propio dictado de la sentencia que “implica establecer los hechos sucedidos y posiciona a los actores en el rol que le cupo como víctimas y victimarios, dejando establecida la verdad histórica judicialmente determinada”. Luego estipula su publicación en la web del Ministerio de Justicia de la Nación y el INAI; la publicación en el Boletín Oficial y ordena incluir el 10 de octubre en las efemérides nacionales como recordatorio de la “Masacre de La Bomba”. Adjudica toda coordinación a la Federación Pilagá para redactar, imprimir y distribuir material de difusión para uso educativo. Además ordena al Estado la realización de un monumento conmemorativo y que otorgue una serie de becas destinadas a promover y fortalecer al pueblo pilagá.

Las reparaciones patrimoniales serán destinadas a promover el fortalecimiento institucional de la Federación Pilagá y será de la suma de 720 SMVM (Salarios Mínimos Vitales y Móviles, actualmente de 12.500 pesos) a razón de 6 SMVM mensuales para cerca de 6000 personas que conforman la Federación.

El senador provincial Andrés De Leo dijo que “no hay que hacer un hecho político” de la explosión en Dow. “Hubo una reacción rápida de parte del Estado, primero hay que ver si la empresa cumplió con los protocolos del accidente y de la información”.

Consultado sobre el proyecto de ley que busca extender el plazo de prescripción de las causas por infracciones medioambientales que tramita el OPDS, el legislador oficialista comentó que luego de la media sanción en el Senado “quedó trunco en Diputados”.

“El OPDS se comprometió a hacer gestiones en la Cámara. Ahora hay un proyecto más abarcativo que está en Diputados, que no ha tenido sanción. Incluye este punto que impulsé en el 2016 con la prescripción de estas multas. El OPDS ha agilizado enormemente el tema que tiene que ver con la sanción de las multas, esto no quita que esa ley venga a cubrir el vacío legal”.

En cuanto a las condiciones presupuestarias y a los recursos con que cuenta el OPDS para el control de las empresas del polo bahiense, De Leo afirmó: “No soy yo un especialista, sería aventurado hablar en términos técnicos. Desde la Comisión de Presupuesto he tenido reuniones con el OPDS, respecto de como ellos necesitan un presupuesto para cubrir fondos”.

“Hay un programa para que ellos puedan contar en el mediano plazo con un presupuesto acorde para cubrir los mecanismos de control. No estoy capacitado técnicamente para decir si esto es así o no. Hay una preocupación y ocupación de parte del gobierno de la provincia para que el OPDS vaya contando las herramientas presupuestaras para llevar su control adelante”.

“Instrúyese al intendente municipal de Bahía Blanca a clausurar en forma preventiva toda planta industrial del Polo Petroquímico o Zona Portuaria de ese Municipio cuya acción o inacción por falta de medidas adecuadas de prevención, constituya grave peligro de daño inminente sobre la salud de los trabajadores, de la población o del medio ambiente”, ordena el Decreto 31 del 11 de enero de 2001.

Previamente, la norma -que puede leerse en el sitio web del municipio- delega en el jefe comunal “las atribuciones de control y fiscalización de las obligaciones de las empresas” radicadas en el polo y el puerto para la “preservación del medio ambiente y el cuidado de la salud de los habitantes de Ingeniero White”.

Justamente la comunidad whitense fue la que motorizó la firma por parte del entonces gobernador Carlos Ruckauf ante la “inacción” del ex intendente Jaime Linares. Ocurrió meses después de los escapes de cloro y amoniaco en las plantas de Indupa y Profertil.

“Es esencial la inmediatez para la efectividad de las medidas de control de las obligaciones de las empresas para preservar el medio ambiente, caso contrario la legislación cae en vía muerta y es meramente declarativa”, dice uno de los considerandos del decreto.

El concejal Marcelo Feliú afirmó este jueves que el intendente Héctor Gay tiene facultad para clausurar preventivamente plantas del polo petroquímico “ante determinadas situaciones graves, delicadas, donde se haya podido poner en peligro o haya la posibilidad de un daño inminente sobre la salud de los trabajadores, la población o el medio ambiente”.

“Casi una descripción de lo que pasó”, agregó en referencia a la explosión ocurrida el viernes en el Craker 2 de Dow.

Fue en el marco del debate que terminó con la aprobación de la convocatoria a la subsecretaria de Gestión Ambiental, el coordinador del proceso Apell y el titular del Comité Técnico Ejecutivo para que den explicaciones ante el deliberativo.

Además, se avaló un pedido de informes sobre lo ocurrido y un llamado a reunión extraordinaria de la Comisión Asesora Ambiental, paralizada hace ocho meses por Cambiemos.

Al analizar el rol de la Municipalidad, Feliú recordó que a partir de los escapes del 2000 se entendió que Bahía Blanca estaba en una situación extraordinaria y se aprobó una ley localizada que delegó en la comuna el poder de policía en materia ambiental.

El ex diputado provincial refutó las declaraciones de Gay y de algunos de sus concejales al señalar que ante riesgos para la población o el ambiente “recobra en cabeza del propio intendente tal vez la facultad más importante que en este caso se puede inmediatamente tomar desde lo local. El intendente puede clausurar preventivamente a la empresa que ha motivado este hecho”.

“Este decreto absolutamente vigente y que pone en total complementariedad con esta idea de que habría que avanzar en la delegación, le da poder al intendente para ser el director del manejo de la crisis -explicó Feliú-. Absolutamente el director. Quien puede lo más, que en este caso es la clausura inmediata preventiva, puede lo menos. Principio jurídico indiscutible. Si yo puedo hacer lo máximo, constato de que la situación fue potencialmente peligrosa para personas y bienes, inclusive por fuera del ámbito privado, ahí el intendente tiene la facultad de ser quien conduce el proceso políticamente”.

El concejal agregó que “a esa facultad jurídica con decisión política se llega a la conclusión de que ante un evento no se disminuye la posibilidad de intervenir sino que aumentan”.

En el marco del aumento de la pobreza y el desempleo en la ciudad y tras la explosión en la planta de Dow y la ratificación judicial de las pruebas de la contaminación del estuario, la agrupación Nuevos Vientos destacó: “Que unos pocos ganen cada día más, lleven sus ganancias fuera del país, a costa de nuestro trabajo, nuestros recursos y nuestro medioambiente no es desarrollo”.

El ex concejal Raúl Ayude dijo a FM De la Calle que “el discurso es macroeconómico, de déficit cero y ves que la gente está más lejos de satisfacer sus necesidades básicas y que en promesas de miles de millones de dólares de inversiones no se generan puestos de trabajo, al contrario, se terminan produciendo riesgos a la salud y medioambientales”.

“Por ejemplo lo que sucedió con la justicia y la confirmación de lo que se había puesto en duda que era la contaminación de al ría y la responsabilidad tanto de empresas como de la Municipalidad, el Consorcio, sumado a lo terrible que pasó en Dow el otro día. Cuando había pasado una hora de la explosión  y nadie sabía lo que tenía que hacer”.

“La decisión acerca de elegir un modelo de ciudad debe darse en un marco participativo de todos los sectores que componen la comunidad. No solo las empresas y el gobierno de turno, sino también las universidades, asociaciones intermedias y vecinos en general, en un debate público y abierto donde se evalúen las repercusiones de dichas instalaciones e inversiones”, afirma el comunicado de Nuevos Vientos.

Agrega que “deben recuperarse ámbitos participativos abiertos e institucionales como el funcionamiento histórico y regular que tuvo la comisión asesora de medioambiente del HCD, herramienta importante para evaluar proyectos”.

La concejala Paola Ariente confirmó que la Comisión Asesora Ambiental no se reúne desde 2018 y aseguró que hay disconformidad desde el Comité de Control y Monitoreo por el manejo de la información luego de la explosión en Dow.

“Si mal no recuerdo no nos reunimos desde mitad del año pasado, el último pedido que hice para que la Comisión Asesora se reuniera fue con el informe que hay de la causa judicial de la contaminación de la ría donde pedí que la gente del IADO, UNS y CONICET pudieran venir a explicar el Programa Integral de Monitoreo que venían efectuando. Se aprobó y nunca se citó”, comentó.

Según la web del Concejo, el último encuentro convocado por el oficialista Leandro Santomassimo fue 6 de noviembre de 2018 para discutir “la evolución del clima la ciudad en los últimos 40 años”. Ariente comentó que “es él quien hace el orden del día y convoca a las reuniones. Como coordinador es quien tiene que estipular la reunión”.

El edil participó este mediodía de una reunión con voluntarios interesados en “trabajar articuladamente un proyecto de apoyo, rescate y socorrismo para animales”.

Ariente informó que presentó una serie de cuestionamientos sobre lo ocurrido en Dow en el Comité de Control y Monitoreo donde hay “disconformidad” por no haberse enterado de los hechos”por los canales formales”.

En cuanto a los fondos destinados a temáticas ambientales, dijo que en la rendición del Centro de Control y Monitoreo “se nos explicó cuál había sido la subejecución, que por una cuestión de contrato y convenio pasaban para este año, pero respecto al dinero que se había destinado al proceso Apell, que no se había ejecutado, no se nos dio una repuesta satisfactoria de por qué no se habían gastado. Hay un guardia ambiental menos porque un inspector dejó su cargo y debe estar por abrirse el concurso. El resto no te sabría decir porque hubo una reducción de personal o de horas”.

Respecto a la  posición del bloque frente a lo ocurrido el viernes pasado, refirió que “no nos puede seguir pasando esto de que cada vez que ocurre un suceso los canales comunicativos sean tan confusos, que siempre tengamos una versión de la empresa, que si bien es válida no puede ser la única”.

“La gente no tiene la respuesta política de quienes deberían tenerla. Ni la gente ni lo concejales tampoco. No nos puede seguir pasando esto, los protocolos hay que revisarlos”, afirmó.