Cinco días después de la explosión en la planta de Dow, el intendente Héctor Gay pidió actuar “con prudencia” y afirmó que se cumplió el protocolo de emergencias aunque “hay cosas que mejorar”.

“Hemos pedido a la justicia que actúe, por las leyes vigentes la competencia del Municipio es muy reducida. Hemos acompañado al OPDS y a la justicia en el trabajo. Queremos que se investigue hasta las últimas consecuencias y que se diga lo que pasó. Sí con la prudencia necesaria pero con la preocupación de que no se repita”.

“Por suerte pudimos instalar el comité de crisis muy rápidamente, a los 20 minutos ya estaba instalado, inclusive algunos periodistas pudieron participar de la reunión”.

“Los especialistas dicen que no se puede dar una información en un evento de esta naturaleza, con el grado de certeza que como Estado tenemos que dar, antes de una hora. Se cumplió el protocolo, a los 47 minutos se brindó la información. Hay cosas para mejorar. Hemos tenido reuniones con la empresa, con la justicia y con el OPDS. El Municipio necesita, quiere y exige que haya un esclarecimiento pero obviamente prudente, en los tiempos que se manejan”, comentó.

Entre las cosas a mejorar, Gay apuntó a la comunicación mediante Radio Nacional y dijo que se vieron “atravesados por una situación lamentable que es lo de las noticias falsas que es un problema con el periodismo que quiere informar bien”.

“Que el principal medio nacional (TN) al otro día haya publicado la foto de un incendio en Córdoba diciendo que era en Bahía Blanca, o que otro medio haya publicado otro incendio en la India diciendo que era en Bahía cuando no hubo fuego nunca, es cierto que nos preocupa”.

Finalmente comentó: “Somos conscientes de que hay que dar buena información, verídica, sin ocultar nada pero tampoco hay que caer en los excesos que hemos tenido en estos días”.

Alejandro Barrera, secretario general de la Unión Jerárquicos Petroquímicos, aseguró a FM De la Calle que les preocupa que las responsabilidades de la explosión en la planta Dow recaigan sobre el personal jerárquico de la empresa, el cual no cuenta con representación sindical.

“Muchas de estas compañías cuando hacen esas investigaciones llegan a conclusiones donde los mandos medios, que serían nuestros afiliados, son atacados o despedidos y sin tener la incidencia de un sindicato. Nos perdemos la posibilidad de defender al personal que es el más fácil de atacar, en el sentido que se puede responsabilizar a la gente sin verificar qué pasó”, afirmó.

Barrera aclaró que “hace dos años convocamos a la gente de Dow pero el día que les informamos que estábamos haciendo reuniones para conformar el sindicato despidieron a una persona. Después no pudimos convocar a nadie más. Lamentamos no tener representación en Dow”.

La UJPe está conformada por los mandos medios y superiores, administrativos, profesionales y técnicos. En la actualidad su desarrollo comprende a integrantes de la plantilla de Unipar Indupa.

“Lo único que veo que estuvo mal es una cuestión de comunicación, evidentemente las redes sociales son mas rápidas que los medios. Todo el Polo está monitoreado por el CTE y es quien debería comunicarle a la comunidad lo que pasó, es el primero que se entera. A los cinco minutos ya había fotos circulando, me parece que hay que comunicar más rápido para que la gente no se asuste”, opinó.

Barrera integra la mesa sindical de la CGT, espacio al cual representa en las reuniones de la Comisión Asesora Ambiental que coordina el concejal de Cambiemos Leandro Santomassimo. “Este año no nos convocaron nunca, antes hemos tenido algunas reuniones donde se discutían temas de medio ambiente de la ciudad”, dijo.

La empresa Dow difundió anoche las primeras imágenes del sector de la planta Craker 2 que explotó el viernes pasado y causó conmoción en Ing. White y Bahía Blanca.

El registro de fotos y videos en el lugar había sido impedido en primer término a bomberos y a algunos periodistas que fueron invitados a recorrer el sector el lunes. La empresa adujo “cuestiones de seguridad”.

Sin embargo, sí pudieron hacerlo el fiscal Christian Aguilar y el juez Guillermo Mércuri durante la inspección ocular que realizaron el domingo para dilucidar si hubo daño a trabajadores o bienes de terceros y, en consecuencia, se configuró delito durante el incidente.

Horas después de la explosión, Dow informó que se trató de “un acontecimiento sonoro sin presencia de fuego”. El fin de semana, la empresa publicó una solicitada en la cual sostuvo la minimización de la gravedad del episodio y agregó que lamentamos profundamente lo sucedido y pedimos sinceras disculpas”.

Federico Manfredini, soldador de alta presión durante más de 30 años en Solvay Indupa, comentó a FM De la Calle cómo vivió la explosión en la planta de Dow la madrugada del viernes y recordó algunos mecanismos y formas de trabajo de las empresas del polo.

“Me tembló la cama, las ventanas, el portón. Al principio pensé que era un temblor.  A la mañana hablé con mis ex compañeros y me explicaron lo que sabía todo el mundo”, aseguró el papá de Juan Cruz, joven bahiense fallecido por precarización laboral en Camin Cargo Control.

Manfredini dijo que “las causas siempre son por falta de material, por no haber cambiado caños o por una válvula que no abrió. Son fallas de cuestiones mecánicas, fallas reales. Ahora, si hicieron mantenimiento o no no lo vamos a saber, no te lo van a decir. (Ernesto) Monterroso se cayó a la pileta (de Solvay) por falta de mantenimiento. Eso fue arreglado rápidamente y al otro día estaba todo en condiciones óptimas”.

“El factor riesgo siempre está, se trabaja con presiones muy altas y me llama la atención que un caño de vapor haya hecho tanto ruido. Seguramente hay válvulas que registran eso, que cortan automáticamente o cierran cuando hay un desperfecto. El choque de vapor con la atmósfera es muy grande. Llama la atención que no hayan dejado entrar a los bomberos”.

Manfredini recordó un incidente en el año 87: “Se prendió fuego el fósforo de monómero vinílico. Estaba dividida en tres partes la planta de Solvay. Eso fue muy alarmante porque teóricamente desapareció todo el fósforo. Yo estuve en la reparación del artefacto”.

“La ciudadanía tiene que tener en claro que se deben hacer públicos los registros de mantenimiento a las unidades. Tienen que ser todos los años. Muchas veces durante el año se hacen paradas de planta para arreglar cañerías y válvulas pero no son públicas”.

Manfredini recordó que después del escape de cloro del 2000 “fueron muy exigentes con toda la cañería, con el tipo de soldadura, con el modus operandi de trabajo. Estuvimos muy cerca, todo lo que pasó por esa nube no quedó nada. Como me dijo alguna vez algún gerente de una planta: ‘Mientras salga el producto por el caño, no nos hagamos problema'”.

El fiscal de Delitos Culposos Cristian Aguilar investiga si existió algún delito alrededor de la explosión ocurrida en Dow el viernes pasado. Esta mañana informó que busca determinar si “hubo o no riesgo cierto, no potencial, de afectación de bienes y personas”.

“No cualquier explosión es un delito penal, de lo contrario serán infracciones administrativas. La Fiscalía no controla la actividad de las empresas del polo, esa no es función del fiscal ni del Poder Judicial. Eso atañe al poder estatal, en este caso, a lo administrativo. La investigación de la Fiscalía es cuando el hecho ya acaeció”, comentó.

La intervención judicial de oficio la inició Marcelo Romero Jardín, quien se encontraba de turno al momento del episodio que alertó a Bahía Blanca. Durante el domingo, Aguilar y el juez Guillermo Mércuri -subrogando a la jueza de Garantías Susana Calcinelli- realizaron una inspección ocular junto a peritos de la UNS.

Aguilar manifestó que “no hubo escape de amoníaco, lo que hubo es una explosión de vapor y agua. No hay verificada la existencia de personas muertas o heridas. Incendio o explosión es la denominación técnica del delito”.

Santiago Maíz, secretario de Extensión, Investigación y Convenios del Departamento de Ingeniería de la UNS, destacó que lo que explotó fue “agua a elevada temperatura con lo que se producen dos productos de Dow, hubo un radio de expansión de 40 metros para la zona más alejada y de 10 metros par la zona más cercana”.

“El tanque está totalmente destruido. Pedimos los datos de los registros, era un tanque de tres metros de alto por uno de diámetro. Se ve la chapa abierta completamente. La tapa del mismo tanque estaba ubicada a 40 metros. Estaban destrozados diferentes aparatos cercanos al recipiente”.

¿Qué es la sobrepresión?

Maíz explicó que “ese tanque almacena el vapor que se condensa en las cañerías y lo vuelve a recircular. Pasó la presión de trabajo varias veces y explotó. Nos tienen que pasar los registros de las válvulas, los planos de la planta. La sobrepresión se ha llevado a cabo por alguna válvula que no funcionó. Lo que vimos es un registro que nos mostraron y se ve que la presión se elevó en cuestión de minutos”.

Aguilar insistió en que “para que sea delito se requieren diversas situaciones: que existan lesiones u homicidio. Si esto no ocurre, se requiere una afectación indeterminada de bienes y a personas. Daño ambiental es otro tipo de delito. Es necesario acreditarlas”.

El ingeniero Maíz comentó que, “por lo que pudimos averiguar, con el apagón del domingo anterior la planta se paró y se volvió a comenzar el ciclo que fue lo que derivo en la explosión. Seguramente en esa parada hubo que hacer alguna tarea operativa para el arranque y pudo haber fallado alguna válvula pero todavía no está clara la causa de la explosión”.

Hernán Zerneri, titular de la la Asociación Ambientalista Unión 20 de Agosto, destacó la falta de recursos en los organismos de control y concientización y la subejecución presupuestaria reconocida por el gobierno municipal.

“Los responsables de la empresa manifestaron que la sirena de planta no se activó porque no hubo intervención de productos combustibles ni de fuego. Eso nos abre un interrogante: ¿cuál es el protocolo interno de activación de alarmas internas de la planta siendo que además puede haber fugas tóxicas en las que no interviene fuego y puede que no sean  combustibles? Sin embargo, ¿en ese caso no activan la alarma? Parece que la explicación la ajustaron a lo que pasó“., afirmó.

Zerneri sostuvo que “habrá que evaluar de qué manera establecer la comunicación a partir de ahora y también agiornar el PRET. Por ejemplo, el coordinador de APELL manifiestó que no se habían cumplido ninguno de los pasos comunicacionales del PRET. No podemos darnos el lujo de cometer tantos errores en la comunicación en esta etapa de la manifestación de un episodio como este porque está en juego la respuesta que la propia comunidad tiene que dar en el caso de una emergencia tecnológica“.

La asociación integra el Comité de Control y Monitoreo, organismo de “carácter consultivo” del Programa Especial para la Preservación y Optimización de la Calidad Ambiental, el cual debe controlar las “emisiones gaseosas y efluentes líquidos de origen industrial” en el Polo Petroquímico y el puerto.

Consultado sobre la emisión de gases mediante las antorchas de piso, Zerneri dijo que su instalación “vino a solucionar el problema de todos los gases que emanaban en una parada de planta imprevista. Estos gases se enviaban a la antorcha de altura y generaban una columna de humo negro que se veía a varios kilómetros. Si no salió un humo negro de las de piso significa que hubo una buena quema y combustión, que no repercutió en la cuestión ambiental atmosférica”.

Presupuesto

Zerneri advirtió que “la plantilla de APELL tiene un coordinador y una sola persona activa que es técnica y administrativa. La respuesta a la emergencia, si bien APELL coordina y no es la que actúa operativamente, no puede manejarse solamente con dos personas. Es una plantilla muy pobre para atender un tema tan importante como este”.

En cuanto al presupuesto, comentó que “en una reunión de Comité de Control y Monitoreo el propio Gobierno municipal presentó un resumen de los gastos del Comité Técnico. Tenemos casi 4 millones de pesos que no se ejecutaron. (…) Solamente se ejecutó 700 mil pesos de casi 5 millones”.

Agregó que “si se pudiera ejecutar el total del presupuesto tal vez podríamos tener mayores simulacros, mayor personal del área, podríamos tener un sistema de comunicacional como el de hace unos años con una respuesta más inmediata no solamente de una app sino de WhatsApp”.

De la Secretaría a la Subsecretaría de Gestión Ambiental

“Fuimos la única institución que en su momento, cuando hubo un replanteo del organigrama municipal, solicitamos públicamente a través de notas, hasta nos reunimos con el intendente, del cambio de rango que tuvo el área de medio ambiente. No es menor. Planteamos que teniendo uno de los polos petroquímicos más importantes de Sudamérica, el contrato con terceros más importantes del presupuesto municipal que es el de recolección y disposición de residuos urbanos, sufre la deposición de rango, el área ambiental pasa a ser subyacente a otros”.

“Pasando de secretaría a subsecretaría la autoridad máxima no puede plantear temas en reunión de gabinete como debería”, comentó.

Foto: Telefé.

Que a esta nueva explosión en el polo petroquímico no se la lleve el viento.

Que sirva para pensar la ciudad que fuimos, la ciudad que somos y la ciudad que queremos ser.

Un aporte para este finde lluvioso.

“Ingeniero White, un pueblo que están matando”, de María Giovis.

Este documental es un grito de denuncia, de dolor y de lucha. White era un pueblo donde había vida, con miles de ferroviarios y portuarios en actividad y que empezó a morir con los despedidos de esos trabajadores y siguió con la instalación al lado del pueblo, de un Polo Petroquímico. La contaminación, las muertes abruptas, los cánceres raros y la precarización laboral, llegaron con ese Polo.

La película entera se puede descargar con fines educativos y de difusión desde el siguiente enlace (copiando y pegando este enlace en una pestaña y clickeando el botón debajo del video que dice descargar) link: https://vimeo.com/269130923

IDEA ORIGINAL, GUIÓN, DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN: MARIA GIOVIS

EQUIPO TÉCNICO:

MONTAJE: CYNTHIA GABRENJA

MÚSICA ORIGINAL: MARIANO PIRATO

RESTAURACIÓN DE SONIDO: MARCELA TURJANSKI

MÚSICA ORIGINAL : CHRISTIAN LASALLE “KRIS FUEGO”

ANIMACIÓN: RUBÉN LONGAS.

DISEÑO GRÁFICO: CYNTHIA GABRENJA

DURACIÓN: 01:47:10

COLOR

FORMATO ORIGINAL: HD

IDIOMA: ESPAÑOL

ASPECTO DE RATIO: 16:9

Tras la explosión ocurrida esta madrugada en Dow, el abogado Leandro Aparicio advirtió que no estamos ante el primer episodio de estas características y recordó al inspector Martín Negri, “suicidado” por denunciar un hecho similar en 2011.

Aparicio trabaja en un documental en el cual expondrá parte de las grabaciones que le entregó la familia del inspector: “La mamá me da tres CD´s con 500 horas de grabación desde el 26 de junio del 2010 hasta el 14 de octubre de 2012”.

“Agobiado por el acoso laboral del que era objeto, por las presiones y amenazas constantes, el ingeniero agrónomo Martín Negri, que se desempeñaba integrando la Coordinación de Unidad de Respuesta Rápida (URR) del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) puso fin a su vida el pasado 14 de octubre del 2012″, informaron en aquel momento la Asamblea Ambiental Buenos Aires Sur, Aukan, Asamblea Ambiental del Sur, la Asociación Vecinal en Defensa del Ambiente, Gral. Daniel Cerri y estudiantes autoconvocados.

El abogado refirió que en tres llamadas de junio de 2011, Negri “advierte primero lo que pasa, la jefa le dice que sabía y que vaya, va y le dice que lo llamó la Municipalidad, (el entonces titular del CTE, Fernando) Rey Saravia me llamó, me está llamando el gerente de Dow, me dice ‘comunicate con (la ex titular del OPDS) Verónica Gladario que es tu jefa”.

“Yo si entro a la empresa clausuro. Si quieren unificar criterio con el municipio me quedo acá en casa y no hago nada”, decía Negri.

“Él los manda a la mierda. Esa conversación final es el principio del fin”, afirmó Aparicio. “A los dos meses lo echan, cuando él habla con la jefa, cuando lo están echando, pide perdón, dice que se sintió abandonado y la jefa le dice ‘¿y que querés? A mí me llamó el gobernador. Se relaciona con el rol de Scioli con Dow, quien efectivamente en la campaña del 2015 fue a visitar la planta con el embajador de Estados Unidos en Argentina”.

Ocho años después, el único cambio que estamos en condiciones de confirmar es el de los nombres propios de quienes ocupan dichas responsabilidades y que Negri ya no está.

Para Aparicio “no hay nada más real que el audio de una persona que se graba y después se suicida. Esa información la tenemos que dar a conocer. Las empresas ponen una plata para salvar el planeta y sarasa y esa plata es la que fomenta los organismos de contralor como el CTE y el OPDS”.

Imagen: Canal 7.

A las 0:20 de la madrugada se registró una explosión en el Craker de LHC2 de empresa Dow. César Pérez, titular del Comité Técnico Ejecutivo, brindó detalles de lo ocurrido a FM De la Calle .

Primeros minutos 

“En la guardia nuestra de 24 horas, el monitoreo percibió el ruido de la explosión y se puso en contacto para verificar en qué planta había habido algún incidente. En forma paralela ingresamos a la misma. Apenas emitió la guardia la información, automáticamente ellos (Dow) empezaron a averiguar planta por planta para verificar cual era”.

“Primero se decretó el Plan de Respuesta a Emergencias Tecnológicas con nivel 1, esto tiene todo un protocolo de actuación para evitar lo que ha sucedido en las redes sociales. El ingreso a la planta, la inspección y el recorrido nos lleva un determinado tiempo para dar información verídica de lo que sucedió. La guardia recorre la periferia de la planta para determinar si hay un riesgo o no”.

¿Qué es el cracker lhc2 de Dow y qué implica el PRET Nivel 1?

“Se trata una de las planta de producción de etileno de la empresa”.

“PRET 1 son las siglas de Plan de Respuesta a Emergencias Tecnológicas. Hay tres niveles. El nivel uno implica que lo sucedido se circunscribe dentro de los límites de la empresa. Si se ve afectado personal de la empresa, es nivel dos. Si hay alguna afectación importante hacia la comunidad sería nivel 3, eso implicaría el accionar de la sirena comunitaria para tomar medidas de autoprotección”.

¿A quién le corresponde difundir la información y capacitar a la población? ¿El nivel 3 en qué caso se aplica por ejemplo?

“Comunicar y difundir es parte del programa APELL. En caso que haya algún escape de producto tóxico, de algún gas y que las concentraciones implican riesgo a la comunidad sí se activa la sirena”.

¿Por qué se produjo la sobrepresión en “el recipiente” que explotó?

“Se está evaluando por qué se produce la sobrepresión, están evaluando los técnicos de la planta, evaluando las variables operativas y registros”.

Informaron que no se registró ninguna infracción por parte del CTE, ¿por qué?

“Vamos a hacer un informe técnico y va a ir al OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible) para que determine cuál es la sanción o multa para la empresa Dow.

¿La explosión está vinculada al apagón nacional del 16 de junio?

“A raíz del apagón del Día del Padre todas las plantas tuvieron que parar y paulatinamente fueron poniéndose en marcha. Ayer estaba iniciado todo el proceso de puesta en marcha”.

¿Las cámaras del CTE y del Parque Industrial de quepasabahiablanca.gob.ar las gestionan ustedes? ¿Por qué funciona una de cuatro?

“Son cámaras que van directo a la web, no es gestión nuestra. Nosotros tenemos una repetición de las cámaras y tenemos cámaras propias apuntando directamente a antorchas y chimeneas de las empresas. No presté atención a la web. Sí lo vimos con la cámara nuestra, tenemos una cámara domo que permite hacer un zoom y vimos cómo se registró la nube de vapor”.

¿Hubo algún venteo o quema particular en las antorchas de Dow?

“No, alguna de las imágenes que vi eran de otras plantas y no de la situación de ayer. Lo que se pudo haber observado es mayor luminosidad en las antorchas de esta planta producto de tener que parar la planta, toda la producción la tuvieron que quemar en forma segura en las antorchas que es para lo que están preparadas”.

Foto: Matías Freidig.

(FM De la Calle) – #explosión #Bahía Una fuerte explosión se escuchó en Bahía Blanca veinte minutos después de la medianoche.

Actualización:

9:00: “Infracciones: NINGUNA” Acta Comité Técnico Ejecutivo.

A las 2:19 el comisario Claudio Petrizan, jefe de la Policía Departamental, informa:

A la 1:50 informó DOW:

A la 1:09 el Municipio transmitió el siguiente mensaje oficial: “Sucedió una explosión en el craker de lhc2 de empresa DOW, NO HAY HERIDOS, estan verificando las causas. No se accionó la sirena de planta. Se activo el PRET nivel 1.

Bomberos, Prefectura, Defensa Civil y efectivos policiales trabajan en el lugar.

Un grupo de vecinas y vecinos se reunió en avda. San Martín y Libertad, a unos 200 metros de la planta.

Martín, del barrio 26 de Septiembre, relató a FM De la Calle que “la explosión fue muy fuerte, estaba justo afuera, te puedo decir que hasta temblaron los vidrios. Nos enteramos en el barrio que fue en una de las plantas, no sabemos nada, no sabemos si hay un escape, no se sienten sirenas, no sabemos dónde estamos”.

“Estaba entrando el auto y escuché una explosión muy fuerte, temblaron todos los vidrios de la casa, automáticamente salimos pero nada, por ahora no se ve nada más que una llamarada. El susto fue muy grande (…) una explosión de esta magnitud es la primera vez, los ruidos son normales, pero explosión en esta magnitud nunca”, dijo Joaquín.

César, vecino de Ing. White, sintió “una explosión muy fuerte, ruido y movimiento de ventanas. Un desplazamiento aéreo importante típico de cuando a veces se abren las válvulas de seguridad de la termoeléctrica pero potenciado. Es super preocupante”.

“Una tremenda explosión que levantó a White y a Bahía de la cama. Yo nunca había escuchado un ruido así”, dijo Clara. Claudia del 26 de Septiembre agregó que “vibraron todos los vidrios, las ventanas, se cayeron las macetas que tengo colgadas de las paredes. Después nada más, silencio y el patrullero que entró y cortó el tránsito en la esquina. Yo estoy frente al Parque Industrial. No se escuchó una alarma o advertencia a los vecinos, nada”.

Testimonios: Emiliano Randazzo.

El 3 de noviembre de 2015 se registró otro incidente en la misma empresa.

Incendio en planta de Dow

 

El abogado de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría, Lucas Beier, destacó el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones que ordenó diagramar un plan de inversiones para frenar la contaminación del estuario.

“Compensa el mal golpe del año pasado cuando la jueza (Gabriela) Marrón decía que la pericia no era suficiente para tomar una medida. Nosotros decíamos: ¿qué otra prueba más se puede llegar a necesitar? La Cámara dice lo contrario, que la pericia es suficiente, que tratándose del medio ambiente y que está en juego la salud pública no se necesita tanto ritualismo y hay que tomar una medida”, afirmó en FM De la Calle.

La máxima autoridad judicial bahiense ordenó que el fiscal Santiago Ulpiano Martínez coordine la mesa a integrar con las empresas denunciadas, los pescadores artesanales, la Municipalidad, el Consorcio del Puerto, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, la Autoridad del Agua y los organismos especializados intervienen en la causa.

La Cámara tuvo en cuenta los anuncios de ABSA sobre el avance de la obra de planta de tratamiento de líquidos cloacales de la Tercera Cuenca y recordó la alternativa de reutilización para uso industrial.

“Es una propuesta que viene de hace años, la hemos planteado y ABSA es bastante reticente. No sé si por cuestiones políticas o económicas. La idea sería la reutilización de esa agua y la no utilización del agua del dique. Con una orden de la justicia que dice que tiene que disminuir los residuos ya no va a ser una decisión únicamente de ABSA”, dijo Beier.


Toda la información sobre #ContaminaciónenlaRía


En cuanto a la tecnología que podría aplicarse para un mejor control, el abogado comentó que lo que los expertos de la UBA sugerían era “poner un caudalímetro que controle de forma constante y no una vez por mes, como se hace ahora”.

Respecto a la continuidad de la causa, más allá del plan de inversiones, la querella considera que no hay nada más para investigar. “Tenemos bien identificado cuáles son las empresas del polo que arrojan los desechos, qué desechos arrojan y con la pericia acreditamos el peligro: el delito es poner en peligro la salud pública”.

Mientras tanto, en el fuero civil, el juez Agustín López Coppola se apresta a abrir la instancia de alegatos. A fines de mayo recibió informes de las defensas. Para Beier, las conclusiones fueron “un papelón”.

“Me causaba indignación leer a los peritos de Bahía, principalmente del IADO, del Conicet local. Que hayan presentado ese tipo de informe donde, por ejemplo (Jorge) Marcovecchio, expresamente pone que es potencialmente imposible que las empresas del polo petroquímico contaminen el estuario, después de toda la prueba que hay, genera una indignación terrible”, afirmó.

(Por Mauro Llaneza) La Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca dispuso la formulación de “un plan concreto” para “diagramar inversiones futuras y asegurar el desarrollo integrado y sustentable de la Ría de Bahía Blanca, que establezca un equilibrio entre el desarrollo y la preservación del ambiente”.

La causa investiga la destrucción de la pesca artesanal y la contaminación del estuario.

El fallo da “fuerza probatoria” a la pericia de la Facultad de Agronomía de la UBA que probó científicamente la existencia de “altas concentraciones bioacumuladas de cadmio, plomo, cromo y cobre en branquias e hígado de todas las especies analizadas”.

El camarista Pablo Candisano Mera advirtió el “peligro de daño grave a la ría” y se apoyó en el derecho humano a un ambiente sano -art. 41 de la Constitución- y en jurisprudencia de la Corte Suprema. Adhirió a su voto Silvia Fariña.

“Parecería que el incremento de empresas radicadas en el Polo Petroquímico de Bahía Blanca que arrojan sus vertidos en la Ría, sumado a los efluentes volcados por ABSA, han provocado una amenaza cierta de un posible daño ambiental grave e irreversible, tornando necesaria la implementación de medidas para atender al problema”, afirmaron.


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La aceptación parcial de la apelación realizada por el abogado Lucas Beier excluye el llamado a indagatoria de directores y gerentes de las empresas denunciadas y la prohibición del vertido de sustancias tóxicas.

Mesa de abordaje

La Fiscalía coordinará la mesa que tendrá 90 días para presentar el plan. Deberá convocar a las empresas denunciadas, a los pescadores artesanales, a la Municipalidad, al Consorcio del Puerto, al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible,  a la Autoridad del Agua y a los organismos especializados que hayan intervenido en la causa.

La Cámara requirió “un plan de concreción de los medios necesarios para incorporar nuevas tecnologías para el tratamiento de efluentes y/o instrumentar sistemas de ‘aguas regeneradas’, con el consiguiente plan de inversiones al efecto, en un plazo razonable”.

También, “reformular la normativa aplicable que establece los parámetros de vuelcos de efluentes en la zona en cuestión, teniendo en cuenta la particular morfología del estuario y la cantidad de empresas radicadas en el polo industrial”.

El pedido incluyó el refuerzo de “los mecanismos de control de vertidos a la aplicación; y cualquier otra vía que contribuya a la disminución de efluentes contaminantes en el estuario bahiense”.

Antecedentes

Luego de un primer rechazo judicial al pedido de medidas cautelares, la Asociación de Pescadores Artesanales denunció como “hecho nuevo” la pericia de la FAUBA que ratificó el perjuicio ambiental y determinó, entre otras cosas, que “el dragado por sí mismo genera un daño ambiental”.

La demanda fue otra vez rechazada por la jueza Gabriela Marrón y el fiscal subrogante Horacio Azzolin, quienes sostuvieron que no había pruebas para determinar si existe delito y quiénes serían sus autores.

El presidente de la Cámara afirmó que la jueza no tuvo en cuenta el principio precautorio previsto en la Ley General del Ambiente, el cual establece que “cuando haya peligro de daño grave e irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del ambiente”.

Por otra parte, le reprochó no haberle dado “fuerza probatoria (…) a lo expresado en el informe pericial” de la FAUBA.

Candisano Mera destacó que “si bien en este caso no hay aún procesamiento del responsable penal del delito, la contaminación del estuario evidencia la aludida verosimilitud de un posible daño ambiental, que sumado al peligro en la demora de que dicha situación se perpetúe en el tiempo, acreditan la urgencia del caso y el dictado de la medida cautelar ambiental a fin de evitar que tal situación se prolongue en el tiempo indefinidamente, independientemente de la situación procesal del o los probables autores del ilícito”.

Con mucha alegría, informamos que este lunes 17 de junio de 2019 finalizó una nueva asamblea de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Argentina) realizada en Bahía Blanca, donde se encuentra FM De la Calle, emisora que está por festejar su 30° aniversario. Durante tres días, habiendo iniciado el sábado, radios de Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Chubut, Rio Negro, Santa Fe, La Pampa, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Jujuy, hemos compartido saberes, prácticas, realidades y participado de intensos debates en torno al derecho a la comunicación y la Argentina actual.

En este sentido, la aguda situación económica a la que llevan las políticas impulsadas por el gobierno de Macri se ve reflejada en las realidades diarias de nuestro quehacer: nuestras radios son de las comunidades en las que nos desenvolvemos y cada una de ellas se ve afectada por tarifazos, pérdida de capacidad adquisitiva, niveles inflacionarios que sacan del juego a amplias mayorías, déficit de vivienda, crisis general de los sistemas públicos de educación, salud y cultura.

Por ello y contemplando la rica diversidad que expresan las radios que componen AMARC (Argentina) ratificamos nuestro férreo compromiso para redoblar todos los esfuerzos, en el marco de esta situación económica, para garantizar el derecho a la comunicación. Somos radios comunitarias que bregamos por ello a diario. Hacemos en distintos aires pero con el mismo aliento.

A 10 años de la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el estado argentino aún no cumple con sus propias normas y mandatos constitucionales. Sin medios comunitarios no hay democracia y aún el gobierno no articuló los recursos necesarios para otorgar las licencias correspondientes a nuestros medios, es decir, a los medios de las comunidades del territorio argentino. Asimismo, ratificamos el reclamo del debido financiamiento público a través de fondos concursables, que son derechos establecidos, a fin de que ese derecho a la comunicación tenga posibilidades materiales de desarrollo concreto.

Por otra parte, para la sociedad civil en cada rincón argentino, es importante el funcionamiento de los organismos que nacieron con el fin de velar por los derechos comunes del público, las audiencias y lxs hacedorxs de la comunicación comunitaria. En este sentido, expresamos nuestra profunda preocupación por el progresivo desfinanciamiento de la Defensoría el Público. Reclamamos al gobierno su inmediata normalización presupuestaria a fin de que disponga de los recursos necesarios para cumplir las tareas para la que fue creada.

Esta asamblea también decidió ratificar su posición respecto de la necesidad de profundizar nuestros aires y nuestras prácticas a través de un enfoque de perspectiva de género. Creemos que debe ser un aspecto transversal que atraviese nuestros cuerpos y nuestras voces, nuestros vínculos y nuestras propuestas, y es ahí en donde las disidencias en todas sus caracteristicas vienen aportando un aire renovado a AMARC y las radios que la nuclean generando dicha transversabilidad que nos moviliza y nos permite repensarnos hacia adentro de cada radio.

Hemos, además, consolidado debates acerca de nuestra manera de ser, de existir, es decir, de cómo nos organizamos para hacer. Celebramos los pasos dados hacia mayor trabajo regional, en un país que se declama plurinacional, heterogéneo, multicultural y diverso, pero al que aún le cuesta asignar la misma importancia a cualquier lugar de su territorio. Vamos hacia mayor trabajo de base en cada región, a fortalecer los vínculos y a afrontar los problemas de carácter nacional desde las ópticas de cada región.

Esto es, además, una invitación abierta a cada proyecto comunicacional comunitario y popular de cualquier lugar: en AMARC hay lugar para cada expresión que nazca de esta necesidad de bregar por el derecho a la comunicación y cada expresión a su vez es parte constitutiva de un colectivo que es el todo en cada una de sus partes.

En un contexto hostil desde el punto de vista macro político, en el que oficialismos y oposiciones consideran que la comunicación no es un derecho sino un negocio y proponen que debe estar en manos de grupos concentrados de la economía, hacemos también un llamado a la unidad de acción y todas las redes de nuestro sector. Vemos con profunda preocupación que, en vísperas electorales, el debate en torno a la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y, antes, el mismo concepto de que la sociedad tiene derecho a la comunicación y a la información no esté en agenda de las declaraciones públicas hasta el momento. Creemos que es suficiente motivo para que lo que nos une a todas las redes, nuestra visión de la comunicación como un derecho humano fundamental, nos lleve a unirnos y accionar en conjunto.

Parte de nuestra inmensa alegría se debe a la incorporación de nuevos colectivos y radios. ¡Bienvenidas FM Sudaca de la ciudad de Trelew y FM Indie Rock de Tres Arroyos! ¡Bienvenidas también a las personas que se asociaron de manera individual desde la provincia de Jujuy! Crecemos en ustedes y con ustedes.

En esta oportunidad, la sede de la asamblea fue Bahía Blanca. En esta ciudad, preocupa que la concentración de medios se vea abiertamente acompañada por el gobierno municipal, que ha negado el acceso a la pauta publicitaria a los proyectos populares y, en coincidencia, favorecido abiertamente a los sectores de la comunicación que sirven de herramienta de poder a los factores económicos de mayor concentración. Esos mismos medios a los que el sector público financia a través de los recursos económicos de la comunidad mediante la pauta oficial han despedido a más de 70 trabajadores y trabajadoras en los últimos cinco meses. Observamos también la necesidad de discutir horizontalmente el modelo sindical que requiere este contexto.

Agradecemos a las organizaciones populares sindicales, de la economía social y solidaria, y culturales que apoyaron la realización de esta asamblea de AMARC, quienes se acercaron a compartir un momento de reflexión en torno a la comunicación.

AMARC Argentina agradece a todas las personas, celebra este encuentro y ratifica el convite a ser parte de esta lucha fundamental de nuestros pueblos. Porque sin medios comunitarios no hay democracia, AMARC sube el volumen y reafirma que sin medios comunitarios no hay democracia.

Trabajadores del relleno sanitario denuncian malas condiciones laborales, reducción salarial y mala administración de las autoridades de la Cooperativa Taller 1.

Son 38 y pasaron de percibir 9 mil a 8 mil pesos mensuales a lo cual suman entre 200 y 300 pesos diarios que perciben por la venta del material reciclado en el predio concesionado a la empresa Ingeniería y Arquitectura.

“Nos falta todo, siempre han venido con mentiras, nos dijeron que nos van a dar guantes, ropa, botines pero no tenemos nada. Nos bajaron el sueldo, nos quieren sacar las asignaciones y pensiones, estamos en el aire”, comentó a FM De la Calle Jose Alberto Alarcón.

Afirmó que “todos los reclamos van al Municipio, estamos esperando que se presente la cooperativa que se hizo cargo de nosotros y desapareció. Hemos llamado al Municipio y dicen que no saben nada, que no los conocen y son ellos los que nos contrataron. (El director de Acción Social) Luis Tonin vino con la presidenta de la cooperativa pero nos dijo que no la conoce”.

“Lo llamamos a Luis y nos dijo que no estaba enterado. Le preguntamos por el aumento que nos iban a dar y nos dijo que estaba, pero cuando fuimos a cobrar cobramos menos. Nos estaban pagando 9 mil pesos por mes y cuando fuimos a cobrar, cobramos 8 mil”, comentó Alarcón.

“A Sandra Pérez, (subsecretaria de Gestión Ambiental)  la trajeron cuando recién entró y parecía extranjera porque Luis Tonin tenía que estar traduciendo lo que decíamos a ella.  No opinó nada, no dijo nada, no sé si será muda. Queremos que venga y no quiere presentarse con nosotros”.

“No tenemos ayuda social. Tenemos un compañero que se quebró y no pudo operarse por el asunto que no tiene cobertura médica. Así nos hicieron entrar, como monotributistas, un compañero fue a averiguar a ANSES y algunos nos sacan las pensiones el mes que viene”, finalizó el trabajador.

(Por Mauro Llaneza) Empresas del polo industrial presentaron informes en la causa que investiga la contaminación del estuario. Son estudios de investigadores locales que aprueban el tratamiento que se realiza a los vertidos y minimizan los aportes de las compañías en comparación con efluentes naturales o cloacales.

Los organismos científicos bahienses brindan servicios a las multinacionales del puerto y así financian parte de sus proyectos. Por ello, pescadores artesanales solicitaron que el juez Agustín López Coppola ordene a profesionales ajenos a nuestro medio una profunda pericia sobre peces, agua y sedimentos de la ría.

La respuesta se conoció en septiembre de 2018. Tres expertos de la Facultad de Agronomía de la UBA recomendaron a la justicia que prohíba inmediatamente la captura y consumo de especies del estuario y, en un corto o mediano plazo, “prohíba que se continúe arrojando al estuario cadmio, cromo, plomo y cobre”.

En febrero las demandadas requirieron aportar la prueba complementaria que aquí se reseña. Próximamente comenzarán los alegatos.

El perito contratado por PBB Polisur, Jorge Marcovecchio, dijo que “no hay posibilidades físicas” de que la descarga de la firma “modifique las condiciones físico-químicas del estuario receptor”.

El investigador del Instituto Argentino de Oceanografía (CONICET/UNS) manifestó que PBB descarga en el Canal Colector compartido con otras empresas del polo y que el volumen en que lo hacen “es significativamente menor” que el del estuario.

Apuntó que sí modifican dichas condiciones físico químicas las descargas “provenientes de aportes cloacales y superficiales, estos últimos del río Sauce Chico, Arroyo Napostá Grande, Saladillo de García y Dulce que componen el arroyo Maldonado”.

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Consultado sobre el posible impacto ambiental de los dragados en los organismos vivos, Marcovecchio se excusó de responder porque “para el caso del Estuario de Bahía Blanca no se dispone de información oficial y pública sobre las formas y secuencias que se siguen para la realización” de los mismos.

Concluyó que “la mayoría de los metales tienden a estar retenidos en los sedimentos” y que “la posibilidad de estar en formas químicas asimilables por los organismos (biodisponibles) es pequeña”. En base a esto y al “muy bajo” consumo de peces no existe “riesgo significativo para la población humana”.

Marcovecchio también fue contratado por Pampa Energía. Dijo que “existe un impacto potencial nulo” sobre la zona adyacente a la descarga de la Refinería Eliçabe. Sostuvo que los compuestos de la planta tardarían 4641 años -“como mínimo”- para llegar a la ría a través de las aguas subterráneas.

Preguntado por la empresa sobre el impacto del basurero Belisario Roldán, ubicado a pocos metros del estuario, Marcovecchio citó un estudio del CTE (2012) en el cual se advierte que “tanto los sedimentos como los lixiviados estudiados no contienen concentraciones críticas ni que superen los valores admitidos como adecuados en la legislación vigente”.

Reconoció que varias investigaciones prueban la presencia de “concentraciones de metales pesados, hidrocarburos y otros compuestos orgánicos persistentes en sedimentos y agua” y también “en ejemplares de peces del estuario”. Sin embargo, afirmó que “no es posible determinar la condición de ‘ambiente contaminado’ solo por la presencia de la/s sustancia/s potencialmente tóxica/s en el sistema”.

El consultor ambiental Enrique Otaola, contratado por Unipar Indupa, dijo que el “autocontrol” de la empresa mide sus vertidos cuatro veces por mes: “De 84 meses -7 años- y de todos los parámetros estudiados se detectó un solo analito, Fe (NdR: Hierro), que ha superado, en alguna oportunidad, el valor de ley”.

El ingeniero sostuvo que las tres plantas (cloro-soda, cloruro de vinilo y policloruro de vinilo) no utilizan “directamente en sus procesos de producción” hidrocarburos, fenoles, hierro, cromo, zinc, cadmio ni plomo.

Otaola, ex ingeniero de procesos de Induclor, afirmó además que la empresa cuenta con sistemas de tratamiento diseñados específicamente para reducir o eliminar los compuestos considerados “contaminantes” según la legislación y que su efectividad está demostrada por resultados que “están por debajo de los de la ley”.

Mega contrató los servicios de Plapiqui. El equipo técnico dirigido por la dra. Verónica Bucalá concluyó que su planta de tratamiento de efluentes es “adecuada” y que la calidad de sus vertidos es “aceptable” de acuerdo a la normativa provincial. Se subrayó que la planta aporta el 0,12% del total de vertidos al estuario.

El estudio señala “algunas variaciones de efluentes” en el colector cloacal que, según los descargos de Mega, ocurrieron por un “desempeño ineficiente durante la dosificación de hipoclorito de sodio en la etapa de cloración”; por el aumento de personal durante una parada de planta -“si bien había baños químicos, había mayor cantidad de turnos en el comedor y se incrementaron las actividades de la cocina”-; y por un lavado eventual de membranas en una de las plantas.

Cargill contrató al director del Instituto de Química del Sur, Marcelo Pereyra, quien afirmó que la cerealera cumplió en el “93% de los casos” con los valores de DQO y DBO en sus vertidos a la descarga cloacal, según “valores monitoreados de acuerdo al Plan de Monitoreo Ambiental aprobado por el OPDS”.  DQO es un parámetro que mide la materia orgánica total de un efluente y DBO refiere a la materia biodegradable.

Pereyra indicó que “el vuelco del efluente final del establecimiento descarga en el conducto que anteriormente al 2011 utilizaba la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de Ing. White de ABSA” y que “no está vertiendo su efluente final sobre aguas cloacales”.

El perito subrayó la presencia de metales pesados en cercanías a las descargas de ABSA y mencionó que el aumento del tránsito de embarcaciones de porte en la ría y el uso de pinturas especiales para el carenado de los buques, pueden estar afectando la zona interior del estuario.

Preguntado por la causa de la merma del recurso ictícola, propuso dos hipótesis planteadas en diversos estudios: a) la potencial disminución del alimento de los peces por los continuos dragados y el vertido de desechos urbanos e industriales en las aguas del estuario y b) el aumento de la presión sobre el recurso por el mal manejo que se está haciendo fuera del estuario.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación avaló la ley de preservación de los glaciares al rechazar el pedido de inconstitucionalidad realizado por Barrick Gold y Minera Argentina Gold.

Jonathan Valdivieso, abogado de la Asociación por la Justicia Ambiental, señaló en  FM De la Calle que “esta ley no es definitiva: cuestionaron dos cosas principales, uno que tiene que ver con el procedimiento de las leyes y, por otra parte, la provincia de San Juan demandó que la Nación estaba interfiriendo en las competencias provinciales. La Barrick dice que iba a perjudicar los derechos de industria lícita. La Corte analizó la cuestión formal y dijo que la Ley de Glaciares fue aprobada en el Congreso como dice la Constitución”.

La justicia dijo que la minera Barrick Gold “acudió tempranamente y que no había un riesgo inmediato de que, por ejemplo, se puedan suspender estos proyectos cerca de glaciares. Este debate lo pateó para futuros litigios. Uno esperaba que se hubieran saldado estos debates para proteger glaciares”.

“La Corte estableció criterios generales. Dijo que se iba a considerar que están en juego derechos de alta jerarquía como el derecho al agua y que tiene que analizarse que no solamente se están discutiendo los derechos de las empresas sino que se debaten los derechos de toda la sociedad. Bajo esos parámetros y, analizando la importancia del agua, se deberían someter las futuras discusiones judiciales”.

El abogado informó que no hay proyectos suspendidos por la Ley de Glaciares: “Sí hay informes producidos por la Secretaría de Medio Ambiente, existirían 44 proyectos que deberían ser suspendidos inmediatamente, sobre todo los emprendimientos de la mina del Veladero y Pascua Lama en San Juan que son de la Barrick Gold”.

“La Barrick en años anteriores, cuando tuvo que presentar estudios de impacto de evaluación ambiental, había reconocido que la explotación iba a estar sobre el glaciar, porque no se imaginaban que años deputes iba a salir esta ley. El Estado demoró siete años para hacer un inventario que debería hacerse en meses”, finalizó Valdivieso.

Ante el impacto mundial de la serie de HBO, “Chernobyl”, FM De la Calle conversó con Silvana Buján, especialista en periodismo científico ambiental. “Lo bueno de la serie es que está mostrando que la energía nuclear no es segura, ni limpia, ni sustentable, ni barata. Solamente se puede desarrollar en un marco de censura, corrupción y silencio”.

“Pusieron la fama de un país por encima de la salud humana, se podrían haber salvado miles de vidas. Me parece muy importante que vean que es imperiosamente necesario tener acceso a la información”, afirmó.

El 26 de abril de 1986 la explosión del reactor 4 de la central nuclear Vladímir Ilich Lenin, al norte de Ucrania, por entonces parte de la URSS, provocó varias muertes y cientos de miles de desplazamientos. La planta emitió unas 400 veces más radiación que la liberada en la explosión nuclear de Hiroshima, en 1945.

Buján explicó que “el tema nuclear en Argentina siempre se bañó como secreto de Estado. Solamente técnicos especializados pueden acceder, esto es casi un método ruso. Nos vendieron que era renovable cuando el uranio se agota, nos vendieron que era limpia cuando han dejado desastres en las minas, cuando emiten dióxido de carbono en todo el ciclo, nos dijeron que era barata y consideran solo cuánto cuesta el uranio y cuánto cuesta mantener la central, salvo Malargüe todo el resto están abandonados”.

¿Qué es la radiación?

“La radiación no se ve, no se huele, no hay manera de sentirla. Los primeros muertos (de la explosión de Chernobyl) fueron los bomberos que intentaron apagar el fuego, estaban delante de ese humo con radiación, son las partículas que se pegan al polvillo, se les pegaban en la piel y el que tocaba al enfermo se le quemaba la mano. Eso es radiación directa”.

“Son emisiones de distintas clases, la más fácil de bloquear es la radiación alfa, son partículas grandes. Después sale de esa masa de combustibles, la radiación beta, es complicada porque atraviesa paredes. La radiación gama rompe el código genético de la célula, cuando se quiere reproducir está roto el código genético y va a crecer como puede y va a generar un tumor. De ahí las malformaciones genéticas. Podés morirte porque te quemó la radiación o podés haber recibido menor radiación y tu tiroides colapsó. El cáncer de pulmón es muy común porque vos respirás las partículas y en tus pulmones siguen emitiendo radiación”.

¿Qué hacemos con la basura nuclear?

“Los finlandeses están haciendo algo que lleva 18 mil millones de dólares y solamente para ellos. No es el basurero nuclear del planeta, es su basurero. En Argentina ni siquiera se habla, el reactor tiene la bola redonda y, al lado, una estructura plana. Adentro hay una piscina llena de agua donde se sumergen los complejos combustibles para que se enfríen, las tienen en agua durante mucho tiempo. Teóricamente la vida útil de esa central es igual que la de esa piscina. Acá le pasan un mano de cal y le extienden la vida útil a esas piscinas. En un momento la idea fue tirarlos en Sierra Grande, todavía  hay tambores con el logo de radiación tirados en una cavas a cielo abierto”.

“En Río Tercero cuando se llena la casa de piletas lo ponemos al lado de la central, al  lado de hoteles, parques y el lago. Hay unos 40 cilindros de 15 metros que contienen el residuo radioactivo de alta actividad a cielo abierto. Ahí tenes un lugar ideal para destruir la provincia, si algo cae ahí la radiación que se emite sería letal”.

En cuanto a futuras instalaciones nucleares en Argentina, Buján comentó que “después de coquetear con Rosatom, la empresa rusa, se miró a China para ubicar una central al lado de las otras dos en Atucha. Si tenés una central puede pasar todo lo que ya sabemos. Si tenés dos, la cosa se complica. Y con tres, ni te cuento”.

“Nos pusimos a jugar con elementos que no tienen consecuencias a escala humana”, sentenció.

(Por Nacho Urruspuru) En la entrevista en vivo por la 87.9 para “El Despertar de la Calle”, el periodista y escritor Patricio Eleisegui, quien acaba de publicar su libro “AgroTóxico: Argentina como laboratorio a cielo abierto para el control de la alimentación mundial” se refirió a las consecuencias del modelo agroindustrial actual.

Consultado respecto al volumen de Glifosato utilizado en nuestro país, el periodista afirmó que “hoy en la Argentina tenemos un uso alrededor de los 200 millones de litros anuales cuando a principios de la década del 90 se usaba 1 millón de litros por año. Esto implica un impacto ambiental indiscutible, no se puede tirar semejante cantidad de producto sin que haya un efecto sobre los ecosistemas, sobre la salud de los argentinos”.

En este sentido, Eleisegui afirmó que en comparación con Estados Unidos (el principal productor de agrotóxicos a nivel mundial), Argentina utiliza el doble de litros por hectárea y que este número está en ascenso ya que en nuestra región, las malezas que compiten con los cultivos han desarrollado inmunidad a estos productos y por lo tanto requieren de mayores concentraciones de químicos.

“Hoy por hoy encontramos plaguicidas en el agua de las lluvias, en las partículas de polvo, en los ríos”.

Mediante un estudio de la Universidad de La Plata se descubrió que hay rastros de Glifosato presentes en la totalidad de productos higiénicos como el algodón, vendas, cotonetes, toallitas femeninas, tampones. Además, según el SENASA se han detectado la presencia de plaguicidas en el 70% de todas las frutas y verduras que se encuentran a la venta en los Mercados Centrales de Capital Federal, La Plata y Mar del Plata.

Tenemos más de 800 trabajos independientes que verifican que el Glifosato tiene una afectación directa sobre la salud humana y sobre los ecosistemas en general. Hay que pensar que estas compañías tienen un poder financiero y económico enorme y un equipo de científicos que están abocados a generar bibliografía que dice que está muy bien comercializar estos venenos. La resistencia y la evidencia concreta, lo que se llama en Argentina ‘la ciencia digna’, está hecha por estudios independientes de científicos que dedican su tiempo y sus propios recursos para dar a conocer esto que el poder del lobby oculta”.

“Nosotros ponemos en discusión la bibliografía que generan estas compañías que afirma que hacen falta alimentos, que no se llega con los rindes y que por eso debemos usar transgénicos. La verdad que eso no está ocurriendo, sino que lo que tenemos es un enorme problema de distribución de los alimentos. Diversos estudios de la FAO han demostrado que en la Argentina aproximadamente el 50% de las verduras, frutas y verduras se desperdician”.

Al respecto, el periodista comentó que según surge del relevamiento que el propio Ministerio de Agroindustria posee, estos altísimos niveles de desperdicio de alimentos se genera en la misma cadena de producción, es decir, que las propias empresas que dicen que necesitamos de sus paquetes tecnológicos si queremos alimentar a la población mundial, son las mismas que por ineficiencia en la misma cadena están desperdiciando la mitad de los alimentos.

Eleisegui deja ver que el modelo actual de producción de agro alimentos, tiene varias facetas perjudiciales. Por un lado, el problema de accesibilidad a los alimentos por parte de mucha gente, por otro lado, la erradicación del pequeño productor, ya que estos “paquetes tecnológicos” de semillas modificadas y agroquímicos es muy cara. Por último, las consecuencias en el ambiente y en la salud.

Si hacemos un mapeo, según la actividad agrícola que se desarrolla en cada lugar vamos a encontrar una dolencia vinculada específicamente al tipo de producto que se está utilizando. No por nada toda la zona pampeana, que es la zona de la soja (provincias de Buenos Aires, más sur Entre Ríos, de Santa Fe y de Córdoba), es la que tiene los indicadores más altos de cáncer; si nos vamos a la zona del Norte (Misiones), encontramos un nivel muy alto de abortos espontáneos y malformaciones ligadas los insecticidas utilizados en la industria del algodón, tabaco y té”.

Frente a aquellos discursos que plantean la necesidad de extender la Frontera Agropecuaria e insisten en que la humanidad necesitará cada vez más alimentos, y por ende necesitará del desarrollo de la biotecnología y la industria agroquímica, Eleisegui sostiene que “condenar este tipo de prácticas no implica ir en contra de la actividad agrícola. Hay alternativas: está la agroecología, que trabaja sin venenos y sin semillas transgénicas”.

Este último modelo de producción está aportando los mismos rindes que los cultivos tradicionalmente tratados con venenos.