(Tierra Viva Agencia de Noticias) El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático o Panel Intergubernamental del Cambio Climático, (IPCC) publicó su Sexto Informe de Evaluación del Grupo de Trabajo. El estudio deja en claro que las actividades humanas están contribuyendo al calentamiento global y, en consecuencia, al aumento «sin precedentes» de la probabilidad y de la gravedad del calor extremo, las precipitaciones, las sequías y los ciclones tropicales. El documento destaca que en los próximos 20 años la temperatura global aumentará en 1,5°C, superando el límite propuesto en el Acuerdo de París, si no realizan cambios drásticos en la emisión de gases de efecto invernadero.

Para los científicos es clara la necesidad reducir las emisiones de carbono (CO2) a corto plazo. Destacan, además, que las emisiones de metano son especialmente preocupantes. En el estudio participaron 234 autores y fue aprobado por 195 gobiernos. El informe señala que el nivel de las futuras emisiones determinará los niveles de aumento de la temperatura y del cambio climático, así como los impactos y riesgos asociados. Y marca que hay fenómenos que se acelerarán de forma «sin precedentes», como sequías, inundaciones y olas de calor, aún logrando mantener la temperatura por debajo del límite de +1,5 °C.

No solo han aumentado las concentraciones de CO2 en la atmósfera terrestre, sino que también se ha acelerado el ritmo de aumento. La investigación muestra que las emisiones de gases procedentes de las actividades humanas son responsables de un aumento aproximado de la temperatura de 1,1 °C desde el periodo 1850-1900, o sea, a partir de la era industrial.

El informe es la primera evaluación del IPCC en incluir un capítulo (el sexto), dedicado a los denominados “forzadores climáticos de vida corta”, como los aerosoles, las partículas y otros gases reactivos (como el ozono) que existen en la atmósfera entre unas horas y un par de meses (también incluye al metano, que tiene una vida de unos 12 años). El documento de los expertos concluye que las concentraciones de metano y óxido nitroso son ahora más altas que en cualquier otro momento de los últimos 800.000 años.

Ya en el informe especial del IPCC de 2019 sobre el Cambio Climático y la Tierra se ampliaba el enfoque estricto en los bosques y la agricultura al medir que entre el 21% y el 37% de las emisiones globales provendrían de toda la cadena agroalimentaria mundial, incluidas las emisiones previas y posteriores a la actividad productiva, contabilizando la maquinaria, los fertilizantes, el transporte, almacenamiento, procesamiento y empacado.

Cada vez más lejos de los objetivos del Acuerdo de París

El Acuerdo de París estableció en 2016 el objetivo de que el aumento de la temperatura para finales de siglo no supere los 2°C y preferiblemente no ascienda por encima de 1,5°C. No obstante, el informe del IPCC es contundente: tanto 1,5°C como 2°C se superarán durante el siglo XXI a menos que se reduzca profundamente el dióxido de carbono (CO2), junto con otras emisiones de gases de efecto invernadero (GEI, causantes del cambio climático).

Estos otros GEI son principalmente el metano y el óxido nitroso, cuya producción está asociada tanto a los combustibles fósiles como a actividades agrícola-ganaderas. Las temperaturas de la superficie del planeta han aumentado más rápido desde 1970 que en cualquier otro período de 50 años durante, al menos, los últimos dos mil años.

Este año, las naciones que firmaron el Acuerdo deben presentar sus contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) nuevas o actualizadas, que recogen los esfuerzos y las acciones de cada país para responder al cambio climático y reducir las emisiones. Argentina ratificó el Acuerdo de París en 2016 a través de la Ley 27270. En diciembre de 2020, nuestro país se comprometió —en la Cumbre de Acción Climática celebrada a cinco años del Acuerdo de París— a no exceder la emisión neta de 359 toneladas de carbono en el año 2030.

Para cumplir este objetivo, según el estudio del IPCC, será necesario revisar la política energética y productiva nacional. Un estudio de las emisiones de carbono en Argentina durante 2016 reveló que el 9,8 por proveniente del cambio de uso de suelos —el caso de los desmontes para pampeanización y de la silvicultura, un 21,6 por ciento se explica por la actividad ganadera y un 5,8 por ciento por la agricultura realizada en base a transgénicos y agrotóxicos.

Respecto al informe del IPCC, el profesor Miguel Taboada, científico del suelo y del clima de la Universidad de Buenos Aires sostuvo que «la producción ganadera debería realizarse mediante sistemas de pastoreo integrados, como los silvopastoriles, que ayudan a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero al capturar el dióxido de carbono en los árboles y el suelo».

Nuevo informe del IPCC alerta sobre calentamiento global
Sotiris DIMITROPOULOS / AFP – TELAM

El impacto del calentamiento global

Una actualización crucial del documenro del IPCC es el análisis de los eventos compuestos, como olas de calor y sequías que ocurren cerca o incluso al mismo tiempo. Esto supone un riesgo particular, ya que a menudo dejan a las comunidades con poco o nada de tiempo para recuperarse entre los eventos. El informe concluye que la influencia humana probablemente ha aumentado la posibilidad de que se produzcan fenómenos extremos compuestos desde la década de 1950.

Tuntiak Katan, líder Shuar de la Amazonía ecuatoriana, coordinador General de la Alianza Global de Comunidades Territoriales y vicecoordinador de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) advirtió que «las comunidades indígenas y locales son las que protegen los bosques«. «Sin nosotros, el objetivo de 1,5 estará fuera de nuestro alcance. Las políticas climáticas deben hacer valer los derechos sobre nuestros territorios boscosos para que podamos mantenerlos en pie», manifestó.

En la última década, el hielo marino del Ártico alcanzó su nivel más bajo desde 1850. En el informe se evalúan puntos de inflexión de los que no se puede volver, cuya escala podría ser devastadora. Entre ellos se incluye un colapso de la capa de hielo, cambios bruscos en la circulación de los océanos, algunos eventos extremos compuestos y un calentamiento global sustancialmente mayor al evaluado como muy probable a futuro.

La probabilidad de ocurrencia de estos fenómenos es baja, pero no puede ser descartada. Tampoco se pueden descartar respuestas bruscas y puntos de inflexión del sistema climático, como un fuerte aumento del deshielo en la Antártida y el retroceso total de los bosques. El aumento del nivel medio del mar a nivel mundial ha aumentado más rápido desde 1900 que en cualquier otro momento de los últimos 3000 años.

Por su parte, la embajadora Diann Black-Layne, lidereza de la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS, por sus siglas en inglés) Capital, aseveró que «la industria de los combustibles fósiles es la encarnación de la desigualdad de género y de ingresos». Black-Layne argumentó que «un sector dominado por los hombres recibe cada año subvenciones de más de 600.000 millones de dólares para destruir nuestro planeta. En comparación, los Fondos Climáticos de Naciones Unidas reciben 2400 millones de dólares al año para salvarlo».

Nuevo informe del IPCC alerta sobre calentamiento global
JOHAN ORDONEZ -Telam

Fracasó otra instancia de conciliación entre las empresas del polo petroquímico, la Fiscalía y la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría. Las multinacionales debían responder si aceptaban o no financiar una planta de reuso de líquidos cloacales como reparación al daño ocasionado al estuario.

El encuentro virtual se frustró por problemas de conectividad de la Fiscalía aunque las respuestas llegaron por escrito. El abogado Lucas Beier comentó a FM De la Calle que “dicen que en el estuario no hay daño que reparar, que en el caso de que hubiera no son ellas las responsables de repararlo porque no lo causaron”.

“Lamentablemente las que dirigen todo, fijan política, determinan qué hacer y qué no son las empresas. Tanto funcionarios políticos como judiciales le piden a las empresas por favor hagan algo. Las empresas dicen no vamos a hacer nada y eso me contestan los funcionarios a mí. (…) ABSA es el único que quiere hacer la planta pero dice que no tiene plata. El Consorcio no opina y la Municipalidad tampoco, así estamos”, describió.

Beier manifestó que “desde el momento en el que (Santiago Martínez) hizo convenios particulares con las empresas consideramos que tenían que cerrar esta etapa. Más aun cuando la Cámara revocó esos acuerdos. Creo que esta fue la última carta que se jugó el fiscal. Ahora sí no le va a quedar otra”.

El abogado recordó que la causa avanzó a instancias del fiscal Alejandro Cantaro y el juez Walter López da Silva, quienes habilitaron la toma de muestras y su análisis por parte de la Facultad de Agronomía de la UBA y la Policía Federal.

Martínez y la jueza Gabriela Marrón se encontraron con la prueba y “pese a que la Cámara reconoce que el estuario está contaminado y que algo hay que hacer, ellos dicen que no está probado”.

En 2019, la Cámara Federal ordenó que las partes acuerden un plan de inversiones que “establezca un equilibrio entre el desarrollo y la preservación del ambiente». Fue a partir de la pericia que probó científicamente la existencia de “altas concentraciones bioacumuladas de cadmio, plomo, cromo y cobre en branquias e hígado de todas las especies analizadas”.

La «constante y prolongada carga de contaminantes, aunque pareciera que dentro de los parámetros autorizados por la reglamentación vigente (aunque no por la ley provincial de pesca) ha generado una bioacumulación en las especies que viven en el estuario de un grado tal que no solo generan un notorio perjuicio en la sanidad de la vida marina, sino además un concreto riesgo en la salud de la población pasible de consumir estas especies», afirmaron los expertos.

La querella presentará nuevamente en las próximas horas un pedido para que se clausure la etapa conciliatoria. “Espero que el fiscal de una vez por todas se aboque a probar el delito. (…) Que vea el expediente, si considera que falta algo por probar que pruebe y si no que cite a indagatoria y la causa avance”, dijo Beier.

Alberto Rodríguez, testigo en la causa Triple A y compañero de David “Watu” Cilleruelo, manifestó que el juicio que culminó con las condenas a cuatro ex miembros de la banda paraestatal no incluyó a “los autores intelectuales, la cúpula policial y militar que apoyó y entregó armas. El veredicto está dado por la gente, por la sociedad y por el trabajo y las movilizaciones que se han hecho durante 45 años”.

“Es una justicia correcta pero seguiré dudando. El diario La Nueva Provincia acá no está y fue parte. De la sede del diario entraba y salía la patota. Ni la justicia se ha reconvertido en justicia justa ni los medios de comunicación informan con la veracidad y objetividad que deberían. Son parte del poder y así son utilizados”, agregó.

El tribunal oral condenó Raúl Roberto Aceituno a prisión perpetua y a 10 años de prisión a Osvaldo Pallero, Juan Carlos Curzio y Héctor Ángel Forcelli.

José Lualdi, militante en el sector de la construcción en la década del 70 y dirigente de la agrupación Watu Corriente Comunista, expresó durante la transmisión colectiva de FM De la Calle y La Retaguardia que al “tener condena, es momento de recordar y reparar la memoria de aquellos compañeros. Muchos años, planteando la porfía de llevar a juicio a la Triple A. Parecía imposible y lejano pero jamás abandonamos”.

En relación a Luis Jesús García, secuestrado y asesinado el 22 de septiembre de 1974, Lualdi comentó: “Recuerdo cómo lo apretaban los matones al Negrito. Era un chico con muchísima presencia en el gremio. Aquella conducción de la UOCRA, formaba parte de la Triple A. Hoy se ha hecho justicia por él y otros compañeros”.

El periodista Néstor Busso, detenido en la última dictadura cívico militar eclesiástica, narró su paso por Bahía Blanca en mayo del ’75 para cubrir el atentado al Juan XIII y el asesinato del sacerdote salesiano Carlos Dorñak. “Pudimos registrar lo que se estaba viviendo. Era público, era conocido, el comentario generalizado en las calles, especialmente en la universidad, en la Iglesia Católica, en las organizaciones sociales. Publicamos todo lo que estaba sucediendo, reproduciendo editoriales de La Nueva Provincia, marcando cómo eran cómplices y justificaban los hechos de violencia. Ese diario fue instigador, provocador de tanta violencia. Una empresa al servicio de las causas más siniestras de nuestro país, estuvo ausente en esta sentencia”.

Busso explicó que a pesar del “sabor amargo por ver a uno de los condenados irse a su casa caminando, hay que valorar enormemente la sentencia en lo simbólico porque esta gente vivía en la impunidad, sembrando terror. Ha pasado mucho tiempo, 46 años es demasiado, pero las cosas llegan y es importante el mensaje para las y los más jóvenes”.

Por último, el sociólogo puntaltense Fortunato Mallimaci dijo que este lunes fue un día especial: “Condenas a la Triple A hay pocas o casi ninguna. Organismos de derechos humanos, víctimas, la universidad, un pedazo del Poder Judicial, dieron condiciones para este juicio que para muchos era imposible. Debemos celebrar el hoy para crear nuevas utopías. Hay una memoria reactivada con esta celebración, abre nuevas perspectivas para el futuro”.

Para comprender el contexto previo al golpe cívico militar del año ’76, Mallimaci afirmó que “la Alianza Anticomunista Argentina no se entiende en Bahía Blanca sin el peronismo de Ponce, sin el peronismo de la CGT, sin el peronismo de Remus Tetu, sin el apoyo de sectores de la Iglesia Católica y de las Fuerzas Armadas. Hoy tenemos una universidad que votó el Honoris Causa para Watu Cilleruelo, que  reconoce en él a todos los desaparecidos asesinados del ‘74 al ‘83. Ninguna universidad argentina lo ha hecho. ¿Por qué? Porque significa reconocer que participó. Entonces, están diciendo que las autoridades de esta universidad fueron responsables. De Remus Tetu en adelante fueron partícipes en denunciar, hacer listas, participar con servicios de inteligencias. Fuimos víctimas y victimarios y escenario”.

El Tribunal Oral de Bahía Blanca condenó por unanimidad a cuatro ex integrantes de la Alianza Anticomunista Argentina y calificó a los hechos como “crímenes de lesa humanidad”.

Raúl Roberto Aceituno recibió la pena de prisión perpetua al ser considerado coautor del homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de David Hover Cilleruelo, en concurso real con el delito de asociación ilícita.

Raquel Cilleruelo, hermana de “Watu”, manifestó durante la transmisión colectiva de FM De la Calle y La Retaguardia que “logramos que uno de los cómplices llegara, los otros se fueron muriendo. Después de 46 años falta mucha gente acá. La perpetua de Aceituno tiene mucha fuerza para mí”.

Forcelli, Pallero y Curzio fueron castigados con 10 años de prisión, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, accesorias legales y al pago de las costas del proceso por ser coautores penalmente responsables del delito de asociación ilícita.

“Esperamos que sea un aporte para avanzar en las responsabilidades sobre todo de sectores civiles y del poder fáctico”, dijo el fiscal auxiliar Pablo Fermento. Aseguró que “el debate sirvió para que la investigación tomara estado público. A diferencia de lo que pasa en otros juicios donde se llega con todo elaborado, al ser un fenómeno de violencia colectivo fue sorprendente cómo se fue incorporando prueba nueva en función de gente que se acercaba a decir yo viví esta situación. Por ejemplo, el hijo de (Jorge) Argibay que introdujo información y nos permitió corroborar lo que estábamos explicando. Es fundamental el debate y por eso lo planteamos para causas como las de (Vicente) Massot o (Néstor) Montezanti”.

Al respecto, Raquel recordó que Daniel Argibay -quien con 12 años fue testigo de acciones y relaciones de su padre- les envió una carta pidiendo disculpas: “Creo que eso lo sana tanto a él como a nosotros. Después del mal que hicieron su papá y su hermano él pudo reconstruir su vida y elegir el lado bueno de las cosas. (…) Siempre le agradecí por su actitud, no cualquiera lo hace, mirá estos que están condenados ahora, no se arrepienten, para ellos está bien lo que hicieron”.

En el veredicto, los jueces comunicaron que Raquel tendrá derecho a ser informada y expresar su opinión cuando se sustancie cualquier planteo en el que se puedan decidir salidas transitorias, régimen de semi libertad, libertad condicional, prisión domiciliaria, discontinua o semi detención, libertad asistida y régimen preparatorio para su liberación.

Por otra parte, el  tribunal remitió copia del veredicto y de los fundamentos de la sentencia para que evalúen las solicitudes de la Fiscalía para anular las resoluciones de cesantías de empleados no docentes, docentes y alumnos, otorgar el título de doctor honoris causa a David Hover Cilleruelo y colocar en espacios de circulación pública una referencia histórica sobre la puesta a disposición en el período de tiempo investigado de sus instalaciones y sus recursos al servicio del funcionamiento de grupos paraestatales armados. “Ello así toda vez que imponer a las universidades una serie de decisiones como las solicitadas, sin cumplir con los procedimientos administrativos previstos a esos fines, constituye un exceso a la competencia que la ley otorga a este tribunal teniendo en cuenta los principios de autarquía y autonomía de las universidades”, aclaró el juez Roberto Amabile.

“Los únicos planteos de la Fiscalía que no fueron tratados son la calificación de genocidio y queda pendiente resolver las cuestiones atinentes al modo de detención de los imputados que están excarcelados, si se les va a dictar prisión preventiva hasta que esté la pena firme y la domiciliaria de Aceituno”, afirmó Fermento. Aceituno continuará en su casa hasta que el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema le realice un examen médico completo.

El tribunal no hizo lugar al planteo de extinción de la acción penal por prescripción ni por la insubsistencia de la potestad persecutoria por agotamiento de plazo razonable. Tampoco al pedido de inconstitucionalidad respecto de la pena de prisión perpetua, del delito de asociación ilícita y de las consecuencias accesorias de la condena.

Julia García, hermana del “Negrito” García, destacó la condena a Aceituno y se quejó porque “no se investigaron los otros 23 casos de secuestros y asesinatos. ¿Qué estuvimos haciendo para llegar a un fallo como este? Es muy doloroso irnos con las manos casi vacías”.

Verónica Alduvino, hermana de Fernando Alduvino, sostuvo que “hay que rescatar que esto pasó en un gobierno constitucional y este fallo es el primer paso para que cada uno se haga cargo de las distintas áreas que estaban en el gobierno, en la justicia, en los partidos políticos y los sindicatos”.

Los fundamentos del fallo de los jueces Amabile, Pablo Díaz Lacava y Marcos Aguerrido se conocerán dentro de los próximos 40 días.

El lunes 2 de agosto se dará lectura al veredicto del juicio a integrantes de la Triple A en Bahía Blanca. Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero están imputados por haber integrado la asociación ilícita a la que se le atribuyen más de dos decenas de secuestros, torturas y asesinatos.

La banda paraestatal en nuestra región estuvo al mando del secretario general de la CGT y diputado nacional del FreJuLi, Rodolfo “Fito” Ponce, y del rector interventor de la Universidad Nacional del Sur, Remus Tetu.

Es la finalización del séptimo juicio por crímenes de lesa humanidad en nuestra ciudad y el primero contra civiles que actuaron en el terrorismo de Estado. Son solo una parte de la Triple A en Bahía Blanca, organización responsable de la muerte de 24 compañeros y compañeras, militantes estudiantiles, docentes y no docentes universitarios, trabajadores/as y dirigentes gremiales perseguidos por razones políticas.

Desde la Secretaría de DD.HH. de la CTA convocamos a concentrarnos el lunes desde las 10 en la puerta de Colón 80, respetando las medidas de cuidado y distanciamiento social, para acompañar este momento histórico desde la calle.

La lectura comenzará a las 11 en el aula magna, con aforo reducido en virtud de los protocolos vigentes fijados por la propia Universidad, la Municipalidad de Bahía Blanca y la Corte Suprema.

Pasados más de 45 años de sus crímenes, esperamos una condena ejemplar.

¡Son crímenes de lesa humanidad!

30.000 compañerxs desaparecidxs. PRESENTES!!

FM De la Calle realizará una transmisión conjunta con La Retaguardia desde las 10:30 por el canal de Youtube FMDELACALLETV.

(Por Yica Guardia) El proyecto de etiquetado frontal de productos alimenticios, con media sanción del Senado, obtuvo dictamen en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados el 13 de julio y quedó listo para ser tratado en la próxima sesión.

La iniciativa prevé la promoción de una alimentación saludable, mediante un etiquetado informativo, claro y visible que advierta sobre los excesos de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías en los productos alimenticios.

Una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General; Acción Social y Salud Pública; Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia; y de Industria avanzó con la propuesta de colocación de sellos frontales en los envases de alimentos. En total, en el extenso debate, se firmaron cuatro dictámenes: uno de mayoría, dos de minoría y uno de rechazo.

Es un proyecto integral que busca la protección de nuestros derechos y pone el foco en las infancias y adolescencias. Existen antecedentes de este marco regulatorio en otros países, trae una normativa muy completa similar a la experiencia mexicana, considerada la mejor a nivel mundial.

Se establece que de manera obligatoria se implementen en el frente de los alimentos y bebidas que se comercializan envasados un sello, octógono de color negro, que nos advierte cuando un producto tiene una cantidad excesiva de calorías o nutrientes críticos, grasas, azúcares, sodio, y también está contemplado previsto que se incluyan leyendas cuando contengan edulcorantes o cafeína. El objetivo de este último punto es desalentar el consumo de este tipo de productos en las infancias. 

También establece que los envases que tengan más de uno de estos sellos no podrán incluir información nutricional complementaria para inducir a su venta. Tampoco logos de entidades científicas con el mismo fin o crear una ilusión acerca del contenido y calidad del alimento que pretende venderse. Los que incluyan publicidad engañosa como personajes o caricaturas que generen una manipulación en el consumidor, promesa de regalos, sorteos, premios, falsa atracción para los más chicos quedarán fuera de lo permitido.

Todo estaría regulado en esta ley que prohibiría toda publicidad, patrocinio, sorteo, dirigidos a niñas, niños y adolescentes cuando tengan más de un sello. Además, prevé una regulación para mejorar los entornos escolares al respecto. Se establece que se incorpore educación alimentaria en la currícula escolar. También la oferta de alimentos en las escuelas, no sólo lo que se comercializa sino también qué alimentos se ofrecen por parte de los comedores escolares. Se intenta proveer información acerca de una sana y completa alimentación, brindar claridad ante las estrategias de marketing de venta y publicidad de la industria alimentaria que terminan incidiendo en nuestra intención de compra.

Brindar opciones más justas, verdaderas, reguladas, sanas y seguras, donde el Estado brinde herramientas adecuadas y de fácil acceso y disponibilidad para toda la población de consumidores. Nos referimos a un acceso fácil e instantáneo, omitiendo la letra chica que existe hoy en los paquetes que puede resultar confusa y poco clara. El lenguaje es de suma importancia ya que tanto las infancias como los grupos sociales de menor nivel educativo son los más vulnerables, donde la capacidad de distinción entre estrategia de venta y publicidad es difícil de distinguir. Así, tienen menos elementos para hacer lecturas críticas desde lo simbólico y el lenguaje poco legible que se brinda.

Son objetos comestibles que están autorizados para su venta desde el Código Alimentario Argentino pero esto no quiere decir que sean aptos para una sana nutrición. Define la Organización Mundial de la Salud (OMS): “Son formulaciones listas para comer o beber. Se basan en sustancias refinadas, con una cuidadosa combinación de azúcar, sal y grasa y varios aditivos. Incluyen bebidas azucaradas, snacks y comidas rápidas”. Tal es así que impactan negativamente en la salud y son los principales causantes de la malnutrición por obesidad en adolescentes y adultos, exceso de peso en niñas y niños, enfermedades no transmisibles, etcétera.

Una de las principales causas en aumento de enfermedades y muerte es el consumo de estos productos. Listos para consumir, productos- servicio, productos de consumo instantáneo.

Entonces, apoyar y conocer este tipo de proyectos de ley nos hace más conscientes y responsables de nuestra salud y de nuestro rol político como consumidores interpelando nuestra decisión de compra desde qué queremos consumir, cómo, dónde, de quién, por qué, etcétera.

Volver a una alimentación casera, sencilla y saludable es la propuesta que deriva no sólo de esta ley sino también de este tiempo que vivimos donde la soberanía alimentaria, la agroecología para productores y consumidores, el derecho a la alimentación, a la salud y a la información son prioridad conocer y defender. Por ende, la seguridad alimentaria -la disponibilidad, accesibilidad cultural, de calidad y cantidad- deben ser prioritarias en un Estado Democrático, Plurinacional y de Territorio Biodiverso que brega por el bien común y la salud de su comunidad.

Les invitamos a escuchar los podcasts de Conexión Socioambiental con las entrevistas a Miryam Gorban y a Marcos Filardi.

En una audiencia prevista para el 5 de agosto las empresas responsables de la contaminación del estuario deberán responder si aceptan o rechazan una oferta económica para reparar el daño que hicieron. 

Los pescadores artesanales propusieron a la justicia que se hagan cargo del costo de la planta de tratamiento para el reúso de líquidos cloacales, la cual no solo mejoraría la calidad ambiental de la ría sino que aliviaría el abastecimiento de agua potable de la ciudad.

“Hace tres años que está acreditada la contaminación y la cruel realidad es que no hay ninguna resolución sobre este tema”, dijo a FM De la Calle el abogado Lucas Beier. Los trabajadores realizaron cortes y protestas en Ing. White y las empresas respondieron con denuncias penales.

La Cámara Federal dictó la nulidad de una serie de convenios que el fiscal Santiago Martínez y las empresas firmaron sin participación de la querella ni la fiscalía especializada. Siguieron días de protestas y negociaciones frustradas dentro y fuera de los ámbitos judiciales.

Uno de los intentos involucró a la Unión Industrial, entidad integrada por varias de las empresas imputadas, ante cuyas autoridades se ofreció a mediar. “Respondieron que no quieren hacer ningún arreglo, que van a dejar que siga la vía judicial. El Consorcio (de Gestión del Puerto) dijo que si las empresas no participan ellos tampoco”.

Las multinacionales apuestan a llegar a la última instancia judicial, trámite que les podría garantizar una década más de impunidad y avanzar con la ampliación de algunas plantas.

“Queremos que el Poder Judicial tome esto seriamente y dicte de una vez por todas una cautelar más seria, no tratar que se llegue a un arreglo sino tomar decisiones e imponer obligaciones. Así como la jueza de Garantías en menos de 48 horas obligó a los trabajadores a levantar las manifestaciones también podrían obligar a las empresas a intentar ir mejorando el tema ambiental”, afirmó Beier.

Las investigadas son Unipar (Solvay Indupa), TGS, Petrobrás Argentina, Compañía Mega, ABSA, Profertil, Cargill, el Consorcio de Gestión del Puerto, Dow (PBB Polisur), Azurix Buenos Aires, la Municipalidad y la provincia.

Hace dos años, la Cámara Federal le impuso al fiscal Martínez un plazo de 90 días para que disponga la formulación de «un plan concreto» para «diagramar inversiones futuras y asegurar el desarrollo integrado y sustentable de la Ría de Bahía Blanca, que establezca un equilibrio entre el desarrollo y la preservación del ambiente».

En los próximos días, la vía del “consenso” tendrá una última oportunidad. “Las empresas tienen que manifestar si, además de lo que propusieron que era mejorar el sistema de tratamiento -que ellas dicen que es óptimo- en un plazo de 18 meses, aportan dinero para sanear el ambiente cumpliendo con los parámetros de la Cámara”.

La querella considera “suficiente” que se hagan cargo del financiamiento de una planta para la reutilización de líquidos cloacales. “El fiscal consideró que correspondía, les dio traslado y el 5 de agosto tienen que decir si están de acuerdo. Si no están de acuerdo definitivamente se cierra la etapa de conciliación y si dicen que sí habrá que empezar a trabajar en eso”, afirmó el abogado.

El estancamiento de la causa impuesto por Martínez y la jueza Marrón es funcional a la prescripción de la acusación contra los empresarios y funcionarios denunciados. “La causa no prescribiría nunca porque es un delito de ejecución continua -en este momento están arrojando desechos industriales-, a no ser que dejen de arrojarlos y empezaría a correr el plazo. Pero sí corre sobre la persona que deja de ser director. Denunciamos a diez empresas, cada directorio estaba formado por veinte personas, son 200 personas”.

Por último, Beier se refirió a la reciente captura  de peces ulcerados. “No es lo cotidiano que salgan tan visibles pero recordemos que todos los peces analizados en la pericia salieron con úlceras cancerígenas que, según el Departamento de Delitos Ambientales de la Federal, es consecuencia directa del alto grado de contaminación del estuario, no es normal”.

“Dijeron claramente que consumirlos es peligroso para la salud, no es posible el desarrollo de la biodiversidad dentro el estuario. Ninguna de las pericias fue impugnada ni declarada nula pero pasaron tres años y todo sigue como si nada”.

“Las empresas en vez de hacer tantas cuestiones de responsabilidad social empresarial, donando plata o construyendo placitas, se tendrían que hacer cargo del saneamiento del estuario y dejar de contaminar. Es principalmente un reclamo a los funcionarios del Poder Judicial, Legislativo, administrativo, al Concejo Deliberante, al intendente. Cuando salió la pericia hubo un poco de revuelo y después nadie más habló de este tema”, dijo el abogado.

Con mentiras y descalificaciones respondió el ministro de Seguridad, Sergio Berni, a la consulta sobre el estado de la causa por la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro. “Hablemos claro, la justicia determinó lo que pasó, después hay una contraparte que no quiere aceptarlo y recusa permanentemente”, afirmó el jefe de la Bonaerense.

“Tremendo mansplaining recibí”, dijo la periodista Catalina De Elía luego de la entrevista en el programa “Fuego amigo” en referencia a las intervenciones machistas del funcionario que la trató de mal informada y le intentó explicar el funcionamiento de la justicia.

Berni agregó que “quienes acusan son los fiscales, un juez determina si lo que acusan tiene coherencia y verosimilitud para avanzar en la investigación. La jueza ha dicho, en todas y cada una de las oportunidades que los fiscales pidieron ridiculeces, señores esto no existe”.

La Cámara Federal bahiense efectivamente rechazó las quejas contra la jueza Gabriela Marrón presentadas por la Fiscalía. Por eso, Horacio Azzolín, Iara Silvestre y Andrés Heim, esperan una definición por parte de la Cámara de Casación.

En cuanto a las medidas probatorias que Marrón rechazó sistemáticamente, la Alzada tuvo otra postura. En febrero habilitó el secuestro de celulares de varios policías y un nuevo allanamiento en Origone en base a indicios que la jueza no quiso ver: el hallazgo de un cabello que pertenecería a Facundo en el patrullero que el 30 de abril conducía Alberto González, en ese momento a cargo del puesto policial de Origone; el amuleto de Facundo encontrado en un viejo calabozo del mismo lugar y la declaración de una testigo de identidad reservada que dijo haber escuchado a funcionarios municipales comentar que en la comisaría de Origone se hallaron prendas de Facundo y que se ordenó que se las haga desaparecer.

“Todas las veces que se recursó (sic) a la Cámara e inclusive intentaron sacarla, la Cámara dijo que lo que está haciendo hasta acá es correctísimo. Y para la semana que viene le voy a traer un regalo”, dijo Berni. Según sus palabras, se trataría de “una información bastante interesante”. La periodista destacó la necesidad de “que la mamá de Facundo sepa qué pasó con su hijo” porque “la justicia todavía no lo dijo”.

Por otro lado, el ministro afirmó que “la justicia federal tomó la causa no de manera inmediata sino pasado un tiempo, la estaba llevando adelante la Policía de la provincia de Buenos Aires” y agregó que el día que aparataron a la fuerza a su cargo “lo estábamos buscando en el lugar donde se encontró el cuerpo”.

Cabe aclarar que la Bonaerense fue separada en el momento en que se evidenciaron las sospechas sobre algunos de sus integrantes y se comenzó a investigar los hechos como una posible desaparición forzada.

Previamente, la policía de Berni intentó sostener que Facundo había llegado a Bahía Blanca, que se lo había visto vendiendo bolsitas de residuos o que tenía vínculos con el narcotráfico. De hecho, recurrió a uno de los suyos: Jorge Agustín Galarza se presentó ante Fiscalía como un vecino de Cerri que había estado en contacto con el joven, quien le habría dicho que iba camino a Ing. White y luego a Devoto.

Por otra parte, fueron Mario Gabriel Sosa y Siomara Flores -dos de los policías sospechados- quienes llevaron a la testigo H a la Policía Federal y al fiscal Santiago Martínez. La mujer declaró que levantó a Facundo en la ruta y lo acercó hacia nuestra ciudad en un testimonio que se contradice en varios puntos con el del oficial González. 

Tampoco se privaron los hombres de Berni de intimidar y perseguir a amigos y familiares de Facundo para que se hicieran cargo de “algo” que justificara su desaparición como denunció, Marcelo González, ex cuñado del joven de Pedro Luro.

Durante los últimos días, la causa que investiga la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro incorporó nuevas medidas de prueba que contradicen la hipótesis de una muerte por accidente en la ría de Bahía Blanca y obligan a profundizar la investigación sobre la participación de los agentes de la Policía bonaerense en el hecho.

A instancias del Ministerio Público Fiscal, la querella familiar y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), querella institucional en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, se realizó un nuevo reconocimiento al lugar donde fueron hallados los restos óseos. El fiscal Horacio Azzolin y la fiscala federal de La Pampa Iara Silvestre –designada en la causa en reemplazo de Ulpiano Martínez– estuvieron en el lugar y acompañaron el recorrido que realizaron las personas que encontraron los restos óseos y dieron aviso a las autoridades.

Durante ese reconocimiento, uno de los pescadores dio precisiones sobre las características de esa zona de la ría, que visita asiduamente desde hace más de 20 años: “Podés caminar hasta la vera del agua sin enterrarte, sólo te vas a embarrar”, describió. Y agregó que “tendrías que ingresar más de diez metros a la ría para que el agua te llegue a la altura de la rodilla”. Sobre el lugar específico en donde se encontró el cuerpo, el pescador reconoció también que, cuando la marea sube, sólo queda cubierto por unos pocos centímetros de agua.

Estos nuevos elementos en la causa significan, prácticamente, descartar la hipótesis de un accidente que pueda haber sufrido Facundo mientras caminaba por la zona de cangrejal. Hipótesis que sigue construyendo la jueza federal María Gabriela Marrón y cuya única prueba para justificarlo era un informe del Instituto Argentino de Oceonografía (IADO) que, sin ningún tipo de rigor científico, aventura hipótesis sobre un posible recorrido de Facundo para concluir que se trató de una muerte accidental. Un informe que fue rechazado y recusado por el Ministerio Público Fiscal y aún así incorporado por la jueza.

El testigo también recordó que, además de los restos óseos, habían encontrado a pocos metros una zapatilla y otras prendas de vestir. En su momento, les señaló esos elementos al fiscal federal Ulpiano Martínez –a cargo de la instrucción– y el subcomisario de la Policía Federal José Pérez que dirigieron el operativo el día del hallazgo del cuerpo. Sin embargo, los funcionarios incumpliendo con sus obligaciones, no secuestraron esas pruebas. Recién al día siguiente, cuando ya estaba en el lugar el Equipo Argentino de Antropología Forense, la mamá de Facundo, Cristina Castro, vio la zapatilla y se ordenó su secuestro para la causa.

Cabe recordar que, a partir de una presentación de la CPM, ya existe un expediente en la Procuración General de Nación por mal desempeño en las funciones del fiscal Ulpiano Martínez. Con esta declaración se ampliará esa denuncia, se solicitará a las autoridades del Ministerio de Seguridad de Nación la investigación sobre la actuación de Pérez y se presentará una denuncia penal para que se investigue la conducta de ambos funcionarios.

Por otra parte, recientemente se incorporó a la causa la pericia sobre los trozos de piedra de turmalina hallados en el puesto policial de Teniente Origone y en el baúl del móvil de la Policía Local de Bahía Blanca que según el registro de AVL, el 8 de mayo del año pasado estuvo varias horas en la zona del cangrejal donde semanas después se encontraron los restos óseos de Facundo. El informe pericial determinó que había coincidencias entre los dos trozos analizados, que por otro lado fueron encontrados a partir del señalamiento de uno de los perros rastreadores que intervinieron. Cabe recordar que al momento de la desaparición, Facundo llevaba en su cuello un colgante con una piedra de turmalina.

También se conocieron los primeros resultados de nuevas pericias a los teléfonos celulares incautados a los agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Xiomara Flores, Jana Curruhinca, Alberto González y Mario Sosa; los cuatro efectivos que tuvieron contacto con Facundo el día que fue visto con vida por última vez. Sobre el peritaje sobre estos teléfonos, el informe realizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) destaca el particular contacto entre González, el policía que estaba cargo del destacamento de Teniente Origone y detuvo a Facundo en la ruta el 30 de abril, y sus superiores.

También resalta un comentario que hace sobre su declaración ante la Ayudantía Fiscal a cargo de García Dimas, donde tramitó en un principio la causa antes de pasar al fuero federal. “Después de eso es que me llamaron de Fiscalía y el Fiscal me dijo que con todos los datos que yo tenía, con la libreta, la foto y toda la historia, ‘usted con esto salvó a toda la policía de Villarino’. ‘Lo único que hubiera faltado’, me dijo, ‘era la patente del vehículo que sería la frutilla del postre, pero con esto ya está’”, escribió.

Como ocurrió en peritajes a teléfonos anteriores, hubo mucho material que no pudo recuperarse porque había sido eliminado por los policías, las aplicaciones desinstaladas o, incluso, dadas de baja las líneas telefónicas. Todavía restan los peritajes sobre los últimos teléfonos secuestrados en el allanamiento a la casa de Flores y Sosa.

“A pesar de los intentos por entorpecer la investigación, que las querellas venimos denunciando desde hace tiempo, tanto en la actuación del fiscal Ulpiano Martínez y la Jueza Marrón, aún se sigue produciendo pruebas valiosas y que no hacen más que ratificar la hiper intervención policial en torno a los hechos de esta causa, en la desaparición el 30 de abril y en las circunstancias en que se encontró el cuerpo de Facundo”, señalaron desde la CPM.

En se sentido, la Cámara de Casación debe aún resolver el pedido de recusación de la jueza Marrón realizado por los representantes del Ministerio Público Fiscal.

Fuente: Andar.

Fotos: Luciano Peretto y Cristina Castro.

(Por Yica Guardia) Continuando con la retórica acostumbrada por este sistema económico, proponen aumentar las  exploraciones offshore de hidrocarburos. Días atrás la empresa noruega Equinor solicitó tres nuevos permisos para operar frente a las costas de Mar del Plata y otras localidades del sudeste de la Provincia de Buenos Aires, principal corredor biológico del Mar Argentino.

Se ampliaría la frontera acuífera de explotación de hidrocarburos ya establecida en un momento de colapso ecológico y sanitario como el que vivimos, y de emergencia social y ambiental. Es razonablemente impensado. Vale decir que ya desde el 2017 ocurren exploraciones sísmicas en nuestra Plataforma Marítima sin la debida información ni consulta popular.

El fracking está instalado en nuestro territorio como todas las demás formas de saqueo, destrucción y extracción de recursos que son comunes y propios de la Naturaleza. Además de ser recursos obsoletos que ya no permiten más manipulación ni explotación. Todos mecanismos extractivistas sin licencia social y contrarios a la soberanía e industria nacional, como es el caso de la pesca artesanal en el asunto que nos compete estos días.

Por todo esto, el 10 de junio se publicó en el Boletín Oficial la convocatoria a la Audiencia Pública N° 1/21 para compartir con la ciudadanía el Estudio de Impacto Ambiental de la “Campaña de Adquisición Sísmica Offshore en Cuenca Argentina Norte, en las áreas CAN 108, CAN 100 Y CAN 114” (Resolución N° 7/2021).

El método para la exploración de hidrocarburos en nuestra Plataforma Marítima es a través de explosiones sísmicas, técnica con bombardeos mediante cañones de aire que generan un ruido potente similar al despegue de un cohete espacial. Estas ondas sonoras viajan al fondo del océano, se reflejan y son captadas por sensores remolcados detrás del buque de exploración.

Los datos que recolectan son para crear mapas del fondo marino que luego las compañías petroleras utilizan para determinar ubicaciones para futuras perforaciones.  Diferentes estudios desde la Academia y la Ciencia constatan el peligro inminente ante este tipo de métodos, como la concurrencia de derrames de petróleo que rápidamente llegarían a las costas de las playas del sudeste bonaerense y la contaminación de las aguas con graves consecuencias para los ecosistemas marinos, causando desorientación en la fauna marina, pérdida de huevos, desorden en la conducta, impacto y muerte por ondas sonoras de ballenas, orcas, delfines, lobos marinos, entre otros mamíferos acuáticos.

El jueves 1 de julio se realizó la Audiencia Pública con una fuerte convocatoria y adhesión por parte de la ciudadanía, por decreto 1172/03 que estipula el acceso a la información pública. Dicha Audiencia marcará antecedentes en nuestro sistema democrático.

Es importante destacar la urgente y necesaria transición energética que debe emprender el país con responsabilidad de Técnica Ambiental y una gestión ética y transparente con la debida participación de los pueblos y su fiscalización pública pertinente.

En la Audiencia se manifestó una amplia mayoría de expositores en contra del proyecto de concesión offshore para ampliar las fronteras de explotación de hidrocarburos. En diez días el Ministerio de Ambiente de la Nación debe realizar un informe con plazos y modalidad de publicidad que tendrá la resolución final. Deberán explicar, además, cómo tomaron las opiniones de la ciudadanía participante.

Fueron claros y precisos los dictámenes sobre el estudio ambiental presentado como también la decisión de los pueblos que habitamos este territorio, por lo que serán responsables del dictamen y resolución final quienes otorguen permisos y licencias a partir de la misma.

Aguardando dicha resolución oficial, invitamos a escuchar la Audiencia por el canal de Youtube del Ministerio de Ambiente de la Nación, como también a investigar acerca de las explosiones acontecidas días atrás en el Golfo de México por el incendio de un ducto petrolero submarino. Este evento es uno más en una larga lista de sucesos similares: misma causa, mismos responsables. Estos hechos no pueden denominarse accidentes cuando son de peligro inminente y afectan el ambiente y la vida.

La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) envió a la Fiscalía un informe sobre los datos obtenidos de los celulares de Mario Gabriel Sosa, Siomara Anyelén Flores, Jana Curuhinca y Alberto González. Habían sido entregados a Gendarmería el 19 de febrero.

En el marco de la causa por la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro, la justicia aún busca dispositivos utilizados por los agentes involucrados. De hecho, otros tres aparatos fueron secuestrados por orden de la Cámara Federal, en un allanamiento a la vivienda que comparten Flores y Curuhinca en Pradere.

“El diablo en persona”

Según la pericia de la DATIP, del equipo Samsung SM-701M aportado por Sosa se extrajo una tarjeta SIM Claro con una agenda de 99 contactos entre los que se prestó particular atención al de Flores -“Amor”-, al del comisario Luis Alberto Godoy, jefe de turno de la Estación de Policía Comunal Villarino 1° y a otro identificado como “Berrios”.

Roberto Carlos Berrios fue uno de los primeros agentes señalados en el marco de la búsqueda de Facundo por sus antecedentes de hostigamiento contra les pibes del Semillero Cultural.

El subteniente fue trasladado el 8 de julio de 2020 desde la Estación Policial 2° de Mayor Buratovich -donde se desempeñaba desde octubre de 2011- a la Policía de Seguridad Departamental de Bahía Blanca y, una semana después, a la Comisaría 7° bahiense.

Consta en su legajo que está casado con Paola Fabiana Aguilera, oficial de la Unidad de la Policía de Prevención Local (UPPL) de Bahía Blanca, sede de la cual se secuestraron los libros de guardia y el Toyota Etios donde se encontraron restos de una piedra turmalina similar a la del collar de Facundo.

Cristina Castro declaró en septiembre que durante un rastrillaje vio llegar un patrullero desde Médanos, del cual bajaron el comisario Marcos Navarrete y Berrios. “Cuando lo vi le dije a Luciano (Peretto) ‘a mi flaco me lo mataron, me lo mataron acá. Esa persona que viene ahí es el diablo mismo en persona. Es el mismo oficial que ha hostigado y maltratado tantos años a los chicos del Semillero Cultural al que asistía Facundo acá en Pedro Luro’. Se reía y tuvo el descaro de ir a saludarme y darme la mano”.

Recordó que en Luro no tenían dónde denunciar a la Bonaerense “cuando llamaban las mamás que los peques estaban en la comisaría porque Berrios los cagaba a patadas, junto a otro oficial que había en Pedro Luro. Los golpeaba y les decía negros chorros, drogones. Se los subía arriba del patrullero y se los llevaba a la comisaría”. Castro mencionó que el subteniente “fue a la primera persona que apartaron y la llevaron a Bahía Blanca” y que, años atrás, había estado involucrado en otro “incidente feo” con Facundo. A su hijo le tocaron la rueda de atrás de la moto, cayó y lo trasladaron al hospital. La moto quedó intacta y fue levantada por la policía. Cuando la fueron a retirar del corralón “estaba destruida. Toda golpeada y rota por todos lados”.

Respecto al comisario de Médanos, Luis Alberto Godoy, cabe destacar que fue quien tomó testimonios relevantes durante la primera etapa de la causa junto al sargento Dmitrij Janovskis, quien el 8 de mayo de 2020 fue destinado a Origone con Alberto González. Los tres están sospechados de haber manipulado el libro de inspección y visita del Puesto de Vigilancia donde se encontraron el amuleto y otros objetos de Facundo.

¿Dónde están las fotos?

Jana Curuhinca entregó un celular Samsung SM-A605GN del cual no se pudo extraer información porque la pantalla no funcionaba y otro marca XIAOMI Redmi M2003J15SS en el cual, si bien presentó dificultades, se pudo constatar la existencia de imágenes fechadas a partir de agosto de 2020.

“No se encontró ninguna de las cuatro fotos originales que Jana Curuhinca le habría sacado a Facundo José Astudillo Castro el 30/04/2020. En consecuencia, las fotos originales de Facundo y de su DNI, presuntamente tomadas por Curuhinca (y los metadatos que indiquen fecha, hora y eventualmente lugar) aún no han sido halladas”, destacaron los peritos.

Una luz en el camino

Alberto González entregó un celular SAMSUNG SM-G532M con una tarjeta SIM Movistar. El análisis de su contenido permitió identificar otro número de abonado a partir de un testimonio recogido durante el operativo de secuestro de la libreta con anotaciones sobre Facundo y sobre la testigo H.

En otros chats, el policía de Origone coordina un encuentro en su casa del barrio Patagonia Norte con el editor de La Brújula, Germán Sasso, quien le realiza consultas referidas a la zona en la cual detuvo a Facundo. “Muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros. La verdad, fuiste una luz en el camino oscuro que tuvimos”, agradece el Bonaerense a quien “nos pone más inocente”.

Con Sosa coordinan para firmar la designación del abogado del Municipio de Villarino, Sebastián Martínez, como defensor de los cuatro sospechados y la asistencia de un psicólogo a cuenta del gobierno provincial que acerca Federico Montero, delegado del ministro Sergio Berni.

González le cuenta al responsable de La Brújula que había sido citado junto a todos los jefes de dependencia a Médanos donde “Navarrete nos empieza a cagar a pedos”. “Se la agarra conmigo, me dice que yo tenía que saber (…) que él había pasado por ahí, que yo lo tenía que haber visto. Un estúpido Navarrete porque te imaginás no me voy a poner en la ruta a ver quién pasa y quién no pasa”.

Según el policía, relacionó el día con la descripción de Facundo y llamó a su ayudante para que le acerque su libreta. “Yo más que nada para taparle la jeta a Navarrete y le dije ‘ves que me cagás a pedos a mí al pedo si yo tengo acá todo anotado, yo lo paré y tengo todo, es más yo le aviso a Reynoso por teléfono que el pibe iba para Bahía’. Y, claro, ahí se destapa toda la olla, te imaginás, Reynoso quedó como un estúpido (…)”.

A partir de allí, afirma González, lo mandan a declarar a la Ayudantía Fiscal a cargo de Dimas García. “Como que se sacaron un poco el peso ellos de encima, porque hasta ese momento no tenían nada, ninguno. O sea, al ser yo el último que lo para y aportar todos los datos que yo aporto, es como que zafan todos del cuello porque si no estaban todos hasta las manos, tanto Navarrete como Grilloni que era el jefe de Luro. Los cagaban a pedos de la departamental, había un quilombo bárbaro”.

“Después de eso es que me llamaron de Fiscalía y el Fiscal me dijo que con todos los datos que yo tenía, con la libreta, la foto y toda la historia, ‘usted con esto salvó a toda la policía de Villarino’. ‘Lo único que hubiera faltado’, me dijo, ‘era la patente del vehículo que sería la frutilla del postre, pero con esto ya está’”.

Esta última referencia llamó la atención de los peritos informáticos y sumó contradicciones a la coartada de González. En la fotocopia de la hoja de la libreta aportada a la justicia el 2 de julio de 2020 sí está anotada la patente del vehículo en el que la testigo H diría luego haber trasladado a Facundo. En la misma libreta puede leerse arriba del número de chapa “HR-V GRIS”. Sin embargo, el 22 de julio González le dice a Janovskis que él nunca afirmó que Facundo se había ido “en una Honda” sino que “siempre sostuve lo mismo (…) para mí era una Oroch”.

“¿De dónde la vamos a conocer?”

Finalmente, el 14 de julio, con la causa ya en manos de la justicia federal, González chatea con el comisario Reynoso, con quien mantuvo reiteradas comunicaciones el día de la detención y desaparición de Facundo.

En este caso se refieren a la “aparición” de la testigo H, la productora rural cuyo testimonio aportaron los sospechosos Sosa y Flores. La declaración la tomó la Policía Federal y la incorporó al expediente el fiscal Santiago Martínez sin notificar a la querella. La Federal, al igual que la Bonaerense, terminaría apartada de la investigación por reiteradas irregularidades. El fiscal, denunciado y autoexcluido por “violencia moral”.

González afirma que con la testigo “prácticamente, zafamos (…) porque la mina no nos conoce, no tiene ninguna clase de relación con nosotros”. Reynoso responde: “Los de Burato por ahí la conocen, si es que alguna vez la pararon, alguno la puede conocer de ahí, pero nada más. ¿Vos de dónde la vas a conocer? Sos de la otra punta, yo estoy de este lado ¿De dónde la vamos a conocer? Pero bueno, gracias a Dios apareció”.

“Está bueno que (la declaración) no la tomamos nosotros, para que después no digan que la salimos a buscar. Aparentemente llegó una información, se comunicó al Juzgado Federal y una comisión de la Policía Federal, mientras se hacían los rastrillajes”, dice González y se ubica “fuera de sospecha”.

El silencio del jefe

Entre la información obtenida en el celular XIAOMI Redmi M1908C3JG y la tarjeta SIM Claro entregada por Siomara Flores, los técnicos destacaron las referencias a la desinstalación de la aplicación WhatsApp, al intercambio de notas sobre la búsqueda de Facundo con sus hermanas y otros policías y a la preocupación por la salud mental de su hermana Jana.

Son reiterados los mensajes que intercambia con Sasso, a quien, por ejemplo, menciona que los policías que fueron a constatar el domicilio de Facundo luego de su primera detención por infringir el art. 205 habrían sido los oficiales Nadia Soledad Maraz y Marcelo Condori, nombres que no constan en el acta firmada por la oficial inspector Tamara Becerra.

Por otro lado, comenta que el policía que habría parado días antes de la desaparición de Facundo “a la productora rural por un tema de tránsito” fue “Marcelo González” y que desinstaló su WhatsApp el 9 de mayo de 2020 ante supuestas amenazas de dos “malandras” vinculados a robos en la zona.

En un grupo compartido con sus hermanas Jana y Y. comentan notas sobre la desaparición de Facundo al igual que lo hace con su pareja -“Mi hermosito”- Mario Gabriel Sosa.

Al comisario inspector Marcos Navarrete -padre de su hijo y jefe de la Policía de Seguridad Comunal de Villarino- le pregunta si recuerda cuándo había desinstalado su WhatsApp y le pide ayuda para que le saquen el arma a su hermana por la mala situación anímica que atraviesa. Lo mismo hace con el ahora ex jefe de la Estación de Policía Comunal de Villarino 2°, Fernando Gabriel Grilloni, a quien además le pregunta si su hermana podía entregar a la Policía Federal un celular roto que utilizaba “antes que pase esto del chico” para que recuperen los datos y “que sepan que no hicimos nada”. El jefe nunca le responde.

La Asociación Viviendo con Extrofia (VIVEX), red que acompaña a pacientes y familias que viven con extrofia de vejiga y cloaca, lanzó su primera campaña de socios.

Se trata de una patología congénita con una incidencia de 1 en 80.000 nacidos vivos, que produce un defecto en el desarrollo de la vejiga, los genitales y la pelvis ósea, de línea media, desde el ombligo hacia abajo. Por su parte, la extrofia cloacal es de vejiga pero suma ano imperforado. En ambas versiones demanda muchos ingresos al quirófano.

En Bahía Blanca se registra el caso de una niña de 7 años. “Necesitamos difundir la patología, llegar a médicos, pediatras, ecografístas, ginecólogos, para que cuando se topen con uno no digan ‘no lo vi nunca, quedáte tranquilo y cuando nace vemos’, que entiendan que esa familia necesita una organización y estar bien para la llegada de este bebé que implica mucho estrés”, dijo Marianela Salvatore, madre de Olivia y representante local de Vivex.

La asociación organizó en marzo el primer webinar internacional que reunió a profesionales, familiares, y pacientes. En aquella ocasión, Salvatore destacó en diálogo con FM De la Calle: “Tuve suerte que me detectaron la extrofia de Olivia por medio de una ecografía de control al quinto mes de embarazo, la gran mayoría de los casos no se puede detectar porque siempre se mira el sexo del bebé y no otras cosas como la vejiga. La mayoría de los papás se encuentra con esta sorpresa cuando nace y es muy complicado porque no estás preparado y no sabés para dónde salir”.

-Vivex es una experiencia reciente. ¿Cuándo nació Oli qué implicó esa búsqueda? ¿Hubo médicos que supieran explicarles lo que estaba pasando? 

Si bien pudimos registrarnos este año en Vivex, estamos juntos hace casi 8 o 9, éramos un grupo de Facebook cerrado. En la parte médica, la chica que me hizo la ecografía fue la primera que me lo diagnosticó a pesar de que el ginecólogo me dijo que era muy osada con un diagnóstico tan raro.

Llegue a casa y googlé esa palabra que jamás había escuchado, vi fotos terribles. Me contacté con la pediatra de mis hijos, tampoco conocía la patología salvo por bibliografía. Me contactaron con la nefróloga Laura Alconcher, me pudo explicar de qué se trataba y me derivó con Lisando Piaggio que es urólogo bahiense y médico de Olivia hace 8 años. Se formó en Estados Unidos y había visto casos de extrofia, Oli es su primer caso.

Tuvimos oportunidad de viajar a Buenos Aires a conocer otros urólogos pero, por la simple razón de que en casa tenemos dos nenes más y viajar implicaba vivir allá, decidimos quedarnos. Fue de las mejores decisiones porque ha acompañado a Olivia con una altura increíble, de manera profesional y humana. Esta patología necesita eso porque los nenes se exponen en los primeros años de vida a continuas cirugías y tienen que crear un lazo con su médico para que no sea todo tan agresivo. Oli pasó por 16 quirófanos y 9 cirugías.

-Imagino que fueron situaciones muy diferentes entre que nació y fue tomando conciencia de lo que le sucedía.

Cuando era chiquita la llevábamos, la operábamos y salía triunfante. A medida que fue creciendo, cada vez costó más porque ya entendía lo que pasaba y ahí es cuando necesita un psicólogo, ella tiene una ludo terapeuta que la ayuda mucho. Hay que tener en cuenta que los nenes deciden y entienden todo y necesitan que les expliquen y los tengan en cuenta porque exponen su cuerpo, saben que van a pasar dolor y a veces no podés solo como familia, necesitás mucho apoyo.

-¿Cómo es el vínculo que logró con el médico?

El prequirúrgico que le hace es sentarse con ella una hora, dibujarle todo lo que va a pasar dentro de su panza y cómo va a salir. Eso vale oro para una mamá, como la ayuda de su psicóloga y su ludo terapeuta, la extrofia necesita ese compromiso por parte de todos.

-¿Cómo es la experiencia de Oli en el ámbito educativo?

Hemos tenido mucha suerte. Oli fue al Jardín 914 y siempre estuvieron predispuestos a acompañarlos. Pasó su salita de cuatro entre quirófano y quirófano y tuvimos una maestra que fue un amor, la acompañó con banderas, videollamadas, los nenes con mensajitos hermosos.

El primer grado fue pandémico así que no pudo ir pero seguimos en la escuela pública donde su maestra pone mucho para hacerla sentir bien, hay baño apto para que ella pueda llevar su bolsito para hacerse cateterismo intermitente.

Ella lo toma con normalidad, generamos que se pueda manejar en la vida igual que cualquiera. La dra. Alconcher nos dijo que su problema está dentro del pañal y cuando sea grande dentro del baño, después su vida es normal. Fue un consejo muy bueno que me dio y lo pudimos tomar como familia.

-Ustedes se preocupan por lo que viene pero para ella es la normalidad que va construyendo.

Exactamente, siempre tenemos ese miedo y es acompañarla. Ellos van, ponen el cuerpo, aguantan un poco el dolor y salen victoriosos de cada quirófano. Como papás acompañamos eso, no podés hacerlo ni triste, ni mal ni angustiado, hay que estar a su altura.

-¿Las intervenciones tienen que ver con el crecimiento o son durante toda la vida?

La extrofia, aparte de ser atípica, tiene que no hay un caso igual. Cada nene que nace es una nueva aventura para el urólogo. Si bien se intenta que cuando lleguen a primer grado tengan continencia urinaria y fecal, cada nene tiene su tiempo. Menos de ocho cirugías no son.

-¿Cómo es el paso de la atención de la pediatría al paciente adulto?

No todo urólogo es apto para tratar extrofia. Eso es importante saberlo porque hubo casos donde se tomaron malas decisiones que tuvieron que caer en manos de cirujanos especializados que cuestan tres veces más solucionar. Eso pasa mucho cuando no hay un diagnóstico prenatal, el nene nace y los médicos se asustan y derivan para cualquier lado.

El tema es que a partir de los 16 años, ya adolescentes, el urólogo pediatra los pasa a uno de adultos que encuentra a un nene que tuvo 20 cirugías es su panza y la verdad es que los chicos tienen toda la atención en la primera etapa de la vida y cuando llegan a la adultez se quedan huérfanos de médico. No hay urólogos, no hay nefrólogos, no hay ginecólogos que sepan y atiendan a las chicas que quieren ser mamás. Pasa en Bahía, en Buenos Aires y en Estados Unidos.

-¿Cómo es la cobertura por parte de las obras sociales?

Generalmente cuesta. La extrofia recién el año pasado entró entre las enfermedades poco frecuentes, no había un código. Con las prepagas o las sindicales tenés que pelear mucho para que entiendan que son tratamientos prolongados, que necesitás sondas carísimas, prótesis, las cosas que te pide el médico.

Es muy importante conseguir el certificado de discapacidad. Es ni más ni menos que una palabra que no te frena ni te limita. Es una herramienta súper útil para generar igualdad de condiciones, si tuviéramos que pagar las sondas de Olivia sería imposible, pero teniendo el certificado la obra social te las tiene que garantizar.

Ahora, al ser una asociación, empezamos a vincularnos, conseguimos una abogada en discapacidad para asesorarnos, tenemos mucha relación con el urólogo Javier Ruiz del Garrahan y nos dice que han dejado de hacer cirugías porque saben que los padres no pueden afrontar lo que viene después, lo que necesitás para la vida de ese nene. No es justo. 

-¿Cómo fue el caso de Celeste, la niña de Mendoza que nació en una familia sin recursos?

Éramos un grupo de Facebook, llegó el caso por la Asociación Española Asexvede y fue el por qué nació Vivex. Llegó la noticia y Male Otamendi, la fundadora, con el vicepresidente, Fernando Rodele, se pagaron un avión y fueron a Mendoza.

Llegaron al intendente, quien se comprometió a darles una casa y cumplió -cosa que nos sorprendió-, hablaron con los médicos del hospital y los comprometieron con un tratamiento. La casa de Celeste está en cercanías del hospital. Es una nena hermosa que necesita estar bien, tener una vejiga ampliada, ir a la escuela sin tener cuidados que no son necesarios cuando se opera.

 -¿Hay muchos casos en el país?

Estamos tratando de hacer el primer registro, no hay estadística en ningún hospital. Hacemos un trabajo hormiga, a cada padre que conocemos le pedimos que se registren, llevamos 130. Este año fue con mucha incidencia, hubo 6 bebés después de años que no haya nacido ninguno. Nadie sabe por qué, ni cómo ni nada.

-¿Cómo siguen los tratamientos durante la pandemia?

Se complica más todavía porque las cirugías están frenadas, se reprograman, muchas veces los urólogos operan igual porque es necesario. Si bien no son urgencias de vida o muerte, el nene tiene pérdida de orina hace 3 años y ya tiene 12 y no quiere usar pañal, en ese contexto es una urgencia para ese nene. Se complica con las familias que viven lejos y se atienden en hospitales de Buenos Aires y no pueden ingresar y hay nenes que no tuvieron controles.

Con motivo del décimo aniversario del inicio del primer juicio de lesa humanidad en Bahía Blanca -el cual condenó a 18 represores cuyos crímenes fueron enmarcados “en el genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívico militar”- FM De la Calle comparte las siguientes reflexiones de sobrevivientes y militantes por los derechos humanos.

Adriana Metz, su madre Graciela Romero y su padre Raúl Eugenio fueron detenidos y continúan desaparecidos al igual que su hermano Raúl, nacido en cautiverio en La Escuelita y apropiado por los terroristas de Estado

Las Madres Marcela García y Celia Korsunsky junto a Adriana.

Junio del 2011 un rato antes de la primera audiencia me enteraba de que tenía que declarar. En la calle me crucé con Hugo Cañón y me dijo que Bahía empieza a ser algo más justa. Cuánta razón tenía. Fue la primera condena por la apropiación de un bebé, mi hermano, sin que él haya recuperado su identidad. Se pudo comprobar que nació y alguien se lo llevó. 44 años después, lo seguimos buscando. La justicia citó a un civil, Massot, y a un cura, Vara. No solo lo decían familiares, las Madres, las Abuelas, los Hijos, quedó demostrado en la justicia que fueron desaparecidos por razones políticas. Falta mucho pero se hizo bastante, vamos a seguir, no queda otra.

Marita Aure, integrante de la Comisión de Apoyo a los Juicios

El inicio de los juicios fue un momento muy especial cargado de grandes expectativas, de mucho trabajo previo en lo inmediato de los organismos de derechos humanos en pos de su consecución y con mucho acompañamiento de la sociedad en general.

Pasaron seis años del comienzo de los juicios a nivel nacional hasta que se logró su realización en la ciudad por las reticencias y trabas del Poder Judicial local que se rehusaba a ser parte del juzgamiento. Todos los integrantes del Tribunal Oral Federal han sido de otras jurisdicciones, con la excepción de un representante local en la actual conformación.

En estos diez años se han llevado a cabo varios juicios a Ejército, Armada y actualmente a la Triple A. Aún quedan otros por hacer. Mucho se ha caminado, develado, aportado a la verdad histórica. Se han logrado condenas ejemplares y otras que no lo han sido. Siempre se pidió Justicia por los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. Siempre hemos dicho que la justicia tardía tiene poco de Justicia. Con los juicios estamos algo más cerca. De todos modos, ¡seguimos exigiendo su cumplimiento!

Walter Larrea, abogado querellante por la APDH y la Comisión de Desaparecidos de Río Negro y Carmen de Patagones

Hace diez años comenzó un proceso demorado por distintas normas que trabaron el proceso de verdad jurídica. El juicio estaba previsto para meses antes pero hubo que recusar a los magistrados porque en los días previos a la audiencia se conoció la noticia de que los jueces de l tribunal oral se habían reunido con los procesados a tomar café en un club de la ciudad. Eso demoró hasta el mes de junio.

Pasaron cientos de testimonios cruentos, la satisfacción de saber que se inició un camino que había llevado muchos años de impunidad, merced a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final pero que finalmente la democracia argentina comenzaba a saldar una deuda con desaparecidos, familiares y con la sociedad toda.

Emociona cumplir 10 años y el deseo que la justicia avance en la culminación de todos los procesos porque el tiempo atenta contra la posibilidad de brindar justicia. El juicio tuvo una importancia trascendental, pero los procesos de memoria, verdad y justicia no deben anclarse únicamente en procesos judiciales, sino en políticas públicas de no repetición y memoria. Y para que sobrevivientes, familiares y la sociedad toda podamos tener la posibilidad de procesar aquel tiempo y postular que ni en la Argentina ni el mundo, el terror como práctica estatal, la dictadura como método de gobierno, la desaparición forzada, tortura y muerte no puede ser jamás una acción política.

Fortunato Mallimaci, sociólogo e investigador del CONICET. Estudió en la UNS hasta que su exilio en 1975

Me parece importantísimo hacer memoria, verdad y justicia y recordar muy fuerte al fiscal Hugo Cañón, que hizo de su vida un esfuerzo para que estos juicios lleguen a Bahía Blanca; a los organismos de derechos humanos que se movilizaban cuando pocas personas se movilizaban; y a la UNS, que prestó sus dependencias. A partir de ahí comenzó un proceso de condenar a los responsables del terrorismo, de la Triple A, los crímenes que se cometieron del 74 al 83. Hacer memoria, verdad y justicia ayuda para que ese Nunca Más siga presente en Bahía Blanca.

Por último, recordar a las víctimas que sufrieron el terrorismo de Estado en Bahía y que transformaron su sufrimiento en testimonio y permitieron condenar a los responsables. Gran homenaje a ellas y ellos porque nos permiten mirar lejos, tener esperanza y mostrar que ese sufrimiento se ha transformado en condena.

Ángeles Prádanos, hija de Juan Carlos, profesor universitario y técnico del INTA Ascasubi

Gracias por mantener viva la memoria a través de los juicios que se dictan en todo el país, les agradezco a todos los que participan y han participado, quienes están en la justicia, ex militantes, sobrevivientes, los medios y la sociedad que acompaña. No ha sido fácil que haya juicios, es algo que jamás me imaginé. Lamento que muchos ya por impunidad biológica no estén y tantos casos que les han dado domiciliaria. Es una enseñanza para la sociedad y las generaciones futuras, Argentina es un ejemplo. Espero que la justicia llegue a todas las víctimas.

Enrique Gandolfo, secretario general de la CTA

Destacar las emociones que recorrían las calles y el edifico de la UNS, en todas las personas que nos habíamos congregado para celebrar el inicio de aquellos juicios. Habían pasado 35 años de los reclamos por, en primer lugar, la aparición con vida y, luego, por el juicio y castigo a los culpables de los crímenes cometidos.

La cantidad de personas en aquella manifestación y acto estaba atravesado por esa idea de haber alcanzado algo por lo que tanto se había luchado. Y ahí estaban también las memorias presentes de tantos y tantas compañeras que habían dado la lucha desde el comienzo acompañando a los organismos de derechos humanos.

También, es parte de la verdad histórica, era necesario una decisión política que era anular las leyes de la impunidad. En esta ciudad, que en tantos lugares se habla del conservadurismo, también la lucha debería reflejarse, para llegar a ese día hubo un cúmulo de lucha obrera y popular presente. Recordé a Miguel Loyola y a Enrique Heinrich.

Fue el inicio de este proceso de juicios que hoy tiene otro eslabón en crímenes que se cometieron antes, como son los de la Triple A, para los que algunos tienen desmemoria y es necesario refrescar todos los días. Fueron 24 asesinatos entre el ’74 y ’75 y buena parte de las víctimas era militantes del movimiento social, obrero y estudiantil. Llama la atención que el presidente y vice del PJ se olviden que también en esa época se cometieron crímenes y que había responsables y que están identificados en el juicio.

Hay una continuidad en la lucha por la memoria y en no dejar en el olvido a estos crímenes que intentaron acallar las voces que no se resignaban a un presente de explotación, sometimiento y saqueo y llevaron adelante una lucha. Recordamos a los y las compañeras, no por las determinaciones que llevaron a su asesinatos sino por sus actos de vida en la militancia y de creer en los sueños que tenían.

Julia García, sobreviviente del terrorismo de Estado y hermana del “Negrito” Luis Jesús García, asesinado por la la Triple A

Recordar todas las luchas y esfuerzos que se pusieron para llegar a ese punto. Recordar todo lo que fue, habían pasado 35 años del golpe, la lucha del pueblo argentino fue incansable, comenzó con los familiares de las víctimas y la búsqueda de desaparecidos. Un camino que no solamente significó el dolor por las desapariciones, torturas y muertes sino una lucha en contra del propio Estado, de diferentes gobiernos.

Rescatar el Juicio a las Juntas, el informe de la CONADEP, pero no se debe olvidar la ley de Obediencia Debida y la de Punto Final, el indulto de Menem. En Bahía en particular, a pesar de estar vigente estas leyes, se pudo avanzar con los Juicios por la Verdad y tuvimos la suerte de que hubiera miembros del Poder Judicial comprometidos como Hugo Cañón y Abel Córdoba. Este juicio y todos los posteriores son una clara muestra de la organización, de la búsqueda de la verdad y de la información. No me quiero olvidar de ustedes por su presencia y compromiso en la difusión, la otra voz de lo que significó la complicidad de La Nueva Provincia en el genocidio.

Telma Alonso, ex consejera universitaria, militante por los derechos humanos e impulsora del juicio académico a Gloria Girotti

Nos parecía que no llegaba nunca la iniciación del primer juicio por delitos de lesa humanidad pero finalmente llegó. Cuando pienso, no sin una mezcla de alegría y de nostalgia, en ese día histórico me viene a la memoria el recuerdo de gente muy valiosa que nos acompañó, algunos ya no están, como el querido Hugo Cañón o Eduardo Hidalgo, otros siguen en su camino de lucha como Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Marcela, la mamá del Negrito García, José Schulman, el colectivo H.I.J.O.S., los militantes de los distintos campos comprometidos con los derechos humanos. Este hecho fue la demostración más cabal de que es necesario apostar con mucha fuerza al proceso de verdad, memoria y justicia. Se lo debemos a los 30 mil compañeros que están siempre presentes con nosotros y a todas las víctimas de esta nefasta dictadura genocida.

Diez años transcurrieron desde la fría mañana del 28 de junio de 2011 en la cual comenzó el primer juicio por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca. Era el primer tramo de la causa Ejército con 17 represores sentados en el banquillo y una multitud manifestándose frente al rectorado universitario y colmando el Aula Magna de Colón 80.

Quince meses después, llegaría el día de justicia para parte de las víctimas del terrorismo de Estado con condenas a cadena perpetua a 14 imputados, de 17 años y medio de prisión para dos de ellos y 18 para el restante. Sus crímenes fueron enmarcados “en el genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívico militar”.

También se ordenó investigar la posible comisión de delitos por parte del diario La Nueva Provincia a partir de las publicaciones que sustentaban las versiones de enfrentamientos fraguados por el V Cuerpo de Ejército y la complicidad de integrantes de la Iglesia Católica y el Poder Judicial.

Pablo Fermento, fiscal auxiliar a cargo del debate oral de la causa Triple A, por aquel entonces estaba “en la trinchera”, había ingresado al equipo de la Fiscalía cuando Hugo Cañón entregó la posta a Abel Córdoba, y participó de los preparativos del juicio.

-¿Qué significó ese primer juicio?

Era avanzar sobre tierra virgen, no había nada reconocido, así que muchísima ansiedad. Estamos en una jurisdicción de alguna manera tardía en lo que era el desarrollo de los trámites respecto a otras ciudades, en La Plata ya había sentencia desde hacía varios años, en Neuquén también, en Bahía costó un poco más, se trataba de que por primera vez la justicia declarara la existencia de La Escuelita, de los centros clandestinos, de un plan criminal sistemático en la región, muchísimos desafíos. Hubo un prófugo antes de arrancar el juicio, además del antecedente de (Oscar “laucha”) Corres. Muchísimo trabajo, el equipo a full, muy movilizante, algo que te supera por todos lados, técnica, profesional y emocionalmente, fue un juicio fantástico.

-A diferencia del que hoy está en curso acumulaba años de aportes e investigaciones judiciales, de la Conadep, de los organismos de derechos humanos…

Exactamente, el primer juicio fue la consolidación de un trabajo de tres décadas, arrancando desde los habeas curpus que se metieron en la fecha en cuanto a registro documental, los primeros esfuerzos de familiares, de compañeros, de la comunidad en la búsqueda de verdad y justicia; los procesos en sede militar; la 11/86 que fue el Juicio a las Juntas versión Bahía Blanca ya con la presencia de Hugo (Cañón); posteriormente los Juicios por la Verdad; y todo ese bagaje fueron los pilares sobre los que se construyó aquella sentencia.

Hubo personas como Hugo, (Luis) Cotter, Mirta Mántaras, en ese momento la secretaria de Fiscalía era Haydée Hernández, Pirucha para los conocidos, que venía de hacer los Juicios por la Verdad, era una interacción generacional super interesante. Estaba Eduardo (Hidalgo), ya se había ido (Ernesto) Malicia. Abrió caminos, en Bahía fue el primero de los ocho que vamos, fue para nosotros los más jóvenes, parte de un proceso que se tenía que dar y se iba a dar, pero para la gente más grande era ver concretado algo que pensaron que tal vez nunca iba a pasar.

-¿Qué decían los testigos luego de declarar por primera vez ante un tribunal? ¿Cómo les impactaba?

Fue totalmente nuevo para todos. Mi mirada en ese momento también era la de alguien que recién iba acercándose a todo eso. Con el tiempo fui comprendiendo más un montón de situaciones, pero para mí también fue la primera vez que vi declaraciones de víctimas de estos delitos en juicio, yo no había seguido los Juicios por la Verdad, cuando empezamos a trabajar sí vi los videos pero verlos ahí por primera vez y escuchar a los chicos de la ENET, que ya no eran chicos pero que de alguna manera lo seguían siendo porque era como volver a su infancia, a su adolescencia, ellos ya habían declarado dos o tres veces, con esa carga y ese compromiso, era fuertísimo. Escucharlo a Eduardo a quien uno veía como representante de la APDH, un militante, contar su historia, te partía al medio. Y para ellos también era el compromiso de declarar en esas condiciones de estar todo por decirse, no porque en los otros juicios esté todo dicho pero, de alguna manera, ya hay reconocimientos sobre los que se continúa. Hay hechos que consideramos notorios y que se establecieron en ese juicio.

-Luego la sentencia no solamente implicó penas importantes para los represores que estaban en juicio sino que abría investigaciones sobre los sectores civiles. ¿Cuánto esperaban y cuánto se pudo trabajar a partir de ese fallo?

Fue el puntapié para investigar a los civiles. Antes del fallo ya habíamos realizado la imputación a los secretarios federales (Hugo Sierra y Gloria Girotti), se había solicitado el allanamiento de La Nueva Provincia sin imputación, que fue rechazado, pero lo que fue la investigación a los directivos de LNP salió de ahí en base a lo que se había exhibido entorno a los enfrentamientos fraguados, cómo se habían presentado en el diario cuando habían sido fusilamientos.

Siguió con investigaciones al juez (Francisco) Bentivegnia. Ya habíamos hecho la imputación a (Guillermo Federico) Madueño, el juez federal, que estuvo prófugo y falleció al poco tiempo de ser capturado y al capellán (Aldo) Vara. Y en 2015 iniciamos este juicio que está terminando a la Triple A bahiense.

-¿De aquella sentencia están confirmadas las condenas salvo en un caso?

Queda pendiente tratar por la Corte el recurso de Walter Tejada, los demás recursos fueron rechazados. Hace unos días nos corrió traslado el tribunal para la ejecución de las penas, deja de ser prisión preventiva y pasa a ser cumplimiento efectivo de condena.

-¿En aquella sentencia se comenzaba a realizar reparaciones simbólicas?

En Armada I, en 2015, se ordenó la publicación de la sentencia en LNP. En Bayón se solicitó la reparación civil, que no nos hicieron lugar, y en Sticker -que fue en 2013- se solicitó la anulación de un Consejo de Guerra, más allá de que no producía un efecto concreto, esos consejos fueron utilizados para blanquear los cautiverios en La Escuelita y la continuación de esos cautiverios en la cárcel nunca se habían anulado esas condenas y consideramos necesario repararlos simbólicamente.

Triple A: cerca de la sentencia

Juan Carlos Curzio, uno de los cuatro imputados en la causa Triple A.

Este martes la Fiscalía replicará el alegato de la defensa de los cuatro imputados por haber integrado la Triple A. “Vamos a contestar algunos planteos sobre el tratamiento de los hechos y la valoración de la prueba, después hubo planteos técnicos que tiene que ver con cuestionar la imprescriptibilidad de la acción, la incostitucionalidad de la asociación ilícita, del pedido de perpetua y otras que trataremos de desarrollar brevemente para no dilatar más el proceso”, explicó.

Agregó que en su alegato “la defensa en lo general trató de establecer un contexto diferente del que existió y planteamos nosotros, que este escenario previo a la dictadura ya formaba parte de la maquinaria del terrorismo. Y sobre el homicidio de Watu (Cilleruelo) intentó deslizar la duda razonable entorno a la intervención de Aceituno: acepta que fue Jorge Argibay quien disparó y la presencia de su hijo Pablo y sostiene que no habría sido Aceituno sino Sañudo el tercer ejecutor. Es uno de los puntos que vamos a tratar mañana”.

Luego tendrá la opción de replicar la querella a cargo de la dra. Mónica Fernández Avello y de hacer su dúpica la defensa oficial.

Cumplida dicha instancia, restarán las palabras finales de los acusados -Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero- y la lectura del veredicto del tribunal.

Tras cinco jornadas, terminó este mediodía el alegato de la defensa en la causa que juzga a ex miembros de la Triple A de Bahía Blanca. El 29 de junio desde las 9 se dará lugar a las réplicas de las partes.

La estrategia consistió en resumir los crímenes a “luchas sectoriales entre bandas dentro del peronismo y en algunos casos por fuera de él”, la negación del control de los hechos por parte del Estado y, por lo tanto, la descalificación de los mismos como delitos de lesa humanidad y genocidio.

La intervención, a cargo de Gustavo Rodríguez y Cintia Bonavento, culminó con el pedido de absolución para los cuatro imputados por haber integrado la asociación ilícita que cometió más de una veintena de crímenes de lesa humanidad.

La defensa pública pidió la inmediata libertad para Raúl Roberto Aceituno y que se mantenga la excarcelación de Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero y Héctor Ángel Forcelli.

En el caso de Aceituno, respecto a la acusación por el homicidio de David “Watu” Cilleruelo, requirió subsidiariamente se lo condene como “cómplice secundario” a la pena máxima de 3 años de prisión en orden al delito de amenazas calificadas por uso de armas y se tenga por purgada la pena con la prisión preventiva que cursa desde 2015.

El Consorcio del Puerto de Bahía Blanca confirmó este miércoles la llegada de 100 toneladas de mercurio provenientes de la mina Veladero. Ingresaron al sitio 21, muelle concesionado a Patagonia Norte S.A. y son custodiadas por Prefectura Naval.

Según el comunicado, son “cinco contenedores consolidados y precintados” con el residuo peligroso distribuido “en envases de máxima seguridad”.

La CTA de Bahía Blanca, alertada por la información difundida por la Asamblea Jáchal No se toca, destacó que el traslado se realizó “a espaldas de la población de Bahía Blanca e Ingeniero White y del conjunto de las localidades” atravesadas por el convoy.

“Queda absolutamente comprobado que la megaminería genera enormes cantidades de residuos peligrosos, que la mina Veladero viola las Leyes de Glaciares, Residuos Peligrosos y de Medio Ambiente”, manifestó la central y agregó que “por acción u omisión los gobiernos son responsables, tanto en el ámbito municipal, como en el provincial y nacional”.

El Consorcio del Puerto informó que los contenedores “fueron trasladados desde la provincia de San Juan con custodia de Gendarmería Nacional. El operativo previo estuvo a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y dentro del Puerto se encuentran bajo custodia permanente de Prefectura Naval Argentina, según protocolos nacionales e internacionales de seguridad vigentes”.

“Los contenedores, de 20 toneladas cada uno, permanecerán en la terminal hasta ser embarcados con destino al Puerto de Rotterdam en área primaria aduanera, dentro de zona especial para Mercancía Peligrosas según requiere el Código Internacional IMDG”.

El comunicado oficial agregó que “todo el procedimiento de consolidación de residuos peligrosos se enmarcó en lo estipulado por la Ley N° 24051, su decreto reglamentario N° 831/93 y en el cumplimiento del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación, aprobado por nuestro país mediante la Ley N° 23922, garantizando de esta manera los máximos niveles de seguridad ambiental”.

Desde la CTA concluyeron que “la megaminería es incompatible con la vida de los territorios y es parte del modelo de saqueo extractivista que nos une en la lucha de la cordillera al mar y del norte al sur de la Argentina”.

La intervención del Ministerio de Ambiente

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación difundió que la Brigada de Control Ambiental (BCA) fiscalizó los contenedores en el establecimiento que opera la firma Minera Andina del Sol S.R.L. en la provincia de San Juan.

La Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental, cuyo titular es Sergio Federovisky, le otorgó a la empresa Minera Andina del Sol S.R.L. la renovación de su Certificado Ambiental Anual (CAA) como generador, operador y exportador de residuos peligrosos. Dicho certificado alcanza la gestión integral de residuos peligrosos consistentes de mercurio metal líquido desde su generación, incluyendo la etapa intermedia de tratamiento de estabilización, hasta su disposición final.

Además, autoriza a la firma a exportar 500 toneladas de mercurio líquido para su tratamiento en Suiza y posterior disposición final en Alemania. También estipula que la empresa debe mantener actualizado su libro de operaciones, asentando sus diferentes etapas, e informar a la cartera ambiental nacional modificaciones sobre el proceso de generación de los referidos residuos, su sistema de manipulación, almacenamiento, transporte, tratamiento o disposición final y cualquier incidente o accidente donde el mercurio generado se vea involucrado en un plazo de 48 horas; y, al momento de la renovación, la cantidad anual producida de ese residuo peligroso, junto con el stock total almacenado.

La Cámara Federal de Bahía Blanca confirmó el rechazo in límine -sin entrar en el tratamiento del fondo de la cuestión- de la acción declarativa de inconstitucionalidad contra la ley 27.610, de “Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo” interpuesta por el partido NOS de la provincia de La Pampa.

El fallo destacó la falta de legitimación activa de la parte actora y la inexistencia de un caso concreto que permita propiciar la vía del control judicial.

Con el voto del camarista Roberto Daniel Amábile y la adhesión de su colega, Pablo Candisano Mera, el tribunal de alzada confirmó la resolución del Juzgado Federal de Santa Rosa.

En la resolución, la Cámara Federal no ingresó al fondo de la cuestión y rechazó la petición por cuestiones formales, dado que “no se encuentran acreditados los presupuestos necesarios para la procedencia de la acción intentada”.

La decisión se dictó en línea con el dictamen del fiscal general subrogante ante ese tribunal, Horacio Azzolin, y de la fiscala a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, Mariela Labozzetta, quienes habían solicitado al rechazo en una extensa presentación realizada el 14 de junio pasado, en la cual analizaron los aspectos formales del pedido e ingresaron en el fondo de la cuestión.

Antes de esta intervención de la Fiscalía General, la fiscala federal de Santa Rosa, Iara Silvestre, se había pronunciado en el mismo sentido en febrero pasado.

En su voto, el camarista Amábile señaló que “en concordancia con lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal, considiro deben tenerse especialmente en cuenta los lineamientos sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Halabi” respecto de los alcances de la figura de la acción colectiva.

Así, señaló, “se debe corroborar la presencia de los elementos significativos del caso colectivo, que son la existencia de un conflicto colectivo que amerite su canalización, la necesidad de su tramitación y resolución por medio de un único proceso; la concurrencia de un factor de agresión común, en la medida en que la vulneración que se invoca recaiga sobre bienes colectivos o sobre intereses individuales homogéneos; la representación adecuada por parte de quien acciona en defensa del bien colectivo, o del grupo, clase o categoría de sujetos damnificados y los efectos expansivos de la sentencia”.

El camarista explicó que, sobre la base de esos parámetros, “no surge la representación del interés colectivo que se invoca, no solo en razón de la discutida posibilidad de encuadrar a los partidos políticos como uno de los sujetos habilitados por el artículo 43 de la Constitución Nacional para promover este tipo de planteos, sino que además, por las características particulares que rodean al proceso de reconocimiento de personería en curso que se encuentra impulsando la Junta Promotora del Partido NOS”, que “a la fecha impide reconocerle más potestades que las que pudieren otorgarle voluntariamente los diez miembros que de momento la conforman” como parte actora, y “menos aún, la arrogada representación de un interés jurídico concreto, inmediato y sustancial para que la acción resulte procedente”.

Por otro lado, la Cámara señaló que tampoco se ha demostrado “la existencia de un caso concreto” y, por lo tanto, “no corresponde al Poder Judicial de la Nación hacer declaraciones generales o en abstracto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes que dicte el Congreso o de los decretos del Poder Ejecutivo Nacional, sino únicamente con relación a la aplicación de estas al hecho o caso contencioso producido”.

El magistrado que lideró el acuerdo señaló que “la mera invocación formal de la jerarquía constitucional del derecho a la vida que el accionante señala querer resguardar, resulta insuficiente para tener por demostrado un interés jurídico preciso que justifique su legitimación activa, así como también la presencia de un caso concreto que habilite la vía judicial excepcional de control de constitucionalidad de una disposición emanada de los otros dos poderes del Estado siguiendo los procedimientos constitucionales específicamente establecidos a tales fines”.

En ese sentido, citó una vez más la fiscalía para afirmar que el planteo sobre la constitucionalidad y aplicabilidad de la ley 27.610 “no puede ser analizado en abstracto, dado que ello implicaría la intromisión del Poder Judicial, a pedido de un partido político en formación que carece de representantes en el Congreso de la Nación, en una discusión que ya fue suficientemente efectuada y resuelta en el seno de los poderes democráticos”.

Fuente: fiscales.gob.ar

(Por Yica Guardia – Conexión Socioambiental) Amanecimos el martes con la noticia de que un cargamento de cien toneladas de mercurio, cuya partida desde la mina Veladero (San Juan) con llegada al puerto de Ing. White prevista para el lunes próximo denunciaba la “Asamblea Jáchal No se toca”, ya había arribado a la ciudad.

Visibilizamos parte de los lamentables efectos del ejercicio megaminero y del desarrollo extractivista en el territorio, el cual genera enormes cantidades de residuos peligrosos. Tránsito de sustancias tóxicas como el mercurio no orgánico, violando las leyes de Glaciares, Residuos Peligrosos y de Medio Ambiente. Tal responsabilidad se vuelve tácita. La información a la ciudadanía encubierta, medios hegemónicos de comunicación callados, impunidad latente, órganos de contralor estatales que administran su función superficialmente y corruptamente en tantos otros casos, como leyes que se incumplen recurrentemente.

Un puerto lejano que aparece como destino y perfecta opción. Confusión y desinformación, típicos mecanismos de un sistema que deja rastros que esperamos no den frutos como hace unos años atrás ocurrió en Choropampa en Perú. Recordando aquel triste suceso, el viernes 2 de junio del año 2000 un camión de transporte produjo el derrame de 151kg de mercurio metálico ocasionando daños irreparables en la salud y mortales en su caso en la población.

Damos nota de esto citando parte de un informe de investigación brindado por Conicet: “Los informes del daño que ocasiona el mercurio una vez inhalado indican que el 100% del mercurio elemental atraviesa las membranas alveolares de los pulmones y se difunde hacia la sangre, desde donde es distribuido por todo el cuerpo y que, además entre un 75 y un 80% es retenido por el cerebro, los riñones y el feto de mujeres embarazadas”.

Respecto de la llegada del reciente convoy de mercurio debemos decir que no es la primera vez que transitan por el territorio sustancias con residuos altamente tóxicos y peligrosos. Siempre sucede con la connivencia de los gobiernos provinciales y nacionales y la tímida aparición de los diferentes organismos de contralor que escoltan estos tránsitos por tierra, con total ausencia de información hacia las poblaciones que ignoran semejante travesía.

No existe justificación ni excusa para estas maniobras que atentan contra la vida desde su primera vertiente que es la misma existencia de megaminería en nuestro país.

Cada Estado que mal administró estos territorios socavó sus bienes comunes, extirpó sus recursos hasta sobrepasar límites y consecuencias de degradación social, económica y sanitaria. Como de seguridad ambiental. Un sistema de negociados entre jefes patriarcales gubernamentales y sus colegas en valores corporativos y empresariales, cierran un mercado privado financiero de ganancias extradimensionales y abren camino a un sinfín de responsabilidades jamás cubiertas ni cargadas al portador.

Preguntarnos por qué existen aún este tipo de megaproyectos de minería a cielo abierto, por qué utilizan sustancias tóxicas, por qué se permite el uso del agua abusivamente, por qué no existen órganos de contralor eficientes y respetuosos de la ley y de las normativas vigentes. (…) Preguntas retóricas, preguntas necesarias preguntas que ya no queremos hacernos y de las que no esperamos respuestas, porque no las requerimos.

Quienes denunciamos estos hechos sólo buscamos y accionamos para acabar con el statu quo actual extractivista, ecocida y terricida. Podríamos agregar genocida encubierto o descubierto para quien sepa ver las consecuencias previsibles, peligrosas y evitables de estas acciones.

Aún aguardamos declaraciones oficiales por parte del directorio del Puerto de Bahía Blanca como personalmente por parte del presidente del Consorcio, Federico Susbielles. También del CTE (Comité Técnico Ejecutivo) dependiente del gobierno municipal, ARES Ambiental y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentabel (OPDS). Lo mismo respecto a los Ministerios de Energía y Minería y Medio Ambiente.

Y, lo más urgente, aún desconocemos cuánto tiempo permanecerá la carga en almacenamiento en el Puerto de Ingeniero White.