Hugo Héctor Álvarez, vicepresidente del PJ y dirigente local y nacional del gremio de la AFIP, declaró en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A. Convocado por la defensa de Osvaldo Pallero siguió el mismo camino del desmemoriado titular del justicialismo, Adalberto Simón.
Embanderado en el “ejemplo” de José Ignacio Rucci afirmó que -aún hoy- no podría explicarles a sus hijos qué fue la Alianza Anticomunista Argentina que funcionó durante el gobierno de Juan Domingo Perón y María Estela Martínez.
Pallero es un ex militante de la Juventud Sindical Peronista e integrante de la seguridad de Remus Tetu. Según el ex interventor de la UNS, integró la primera tanda de represores contratados porque “habían enfrentado los ‘problemas subversivos’ en la UTN y, en tal carácter, se habían postulado espontáneamente para hacer lo propio en la UNS”.
Álvarez conoció al imputado en las colonias de Maldonado durante su infancia. Según manifestó, entre 1973 y 1976 no lo frecuentó. “Yo seguí la carrera de técnico automotor, teníamos taller a la mañana y clases a la noche. En el mediodía mi padre, que era ferroviario, se iba a Darregueira y yo tenía que encargarme de unas vacas”.
Tras la vuelta de la democracia se reencontraron en la militancia en distintas líneas del peronismo aunque no recordó a cuál pertenecía el acusado. Dijo que Pallero trabajaba en la Junta Nacional de Granos y que no le consta que haya sido empleado de la Universidad del Sur.
Respecto a la banda parapolicial comandada por Rodolfo Ponce y Remus Tetu, el dirigente afirmó que “lo que uno veía es lo que mandaban los diarios, no estaba en eso (…) Decían que había una Triple A y las cosas que decían los periódicos en ese momento. No le podría especificar”.
Recordó que José López Rega “fue ministro” aunque no sabe si se lo vinculaba con la organización paraestatal. Ignora si Pallero participó en algún grupo violento: “Nunca lo vi armado ni me contaron”.
Con el correr de los años tampoco conoció más que “lo que llegaba en los diarios” sobre los crímenes que hoy son juzgados. Dijo que eso no se habla “en nuestro ámbito de militancia”.
Consultado si en alguna ocasión se enteró de la vinculación de Ponce con grupos armados declaró: “Le tengo que contestar lo mismo, tenía una edad diferente en ese momento, ellos eran más grandes, no lo conocía a Ponce, lo que decían los medios lo decían los medios”.
“Si lo tuvo ni me acuerdo tampoco”, dijo cuando el fiscal le preguntó si el diputado nacional del FreJuli y secretario de la CGT bahiense había ocupado algún cargo.
-¿Hoy tiene algún conocimiento, si le tuviera que explicar a sus hijos, sobre qué era la Triple A?, preguntó la querella.
-No.
-¿Escuchó hablar de la patota de Ponce?
-Por los diarios, que había una patota, que había un Falcon verde.
-¿Qué actividad tenía?
-No me acuerdo.
En cuanto a los crímenes de militantes en la época dijo: “Me acuerdo en la universidad, lo que decían los diarios es que parece que estaban repartiendo volantes, vino alguien y le pegó un tiro”. No sabe si Remus Tetu tenía guardia de seguridad o alguna relación con Ponce.
Álvarez afirmó que José Ignacio Rucci es “un ejemplo” para él aunque desconoció si Ponce tenía la misma línea política que el ex jefe de la CGT nacional.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2021/02/ha.jpg?fit=960%2C428&ssl=1428960FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-02-12 14:23:262021-09-01 09:58:07Triple A: el vicepresidente del PJ tampoco sabe ni recuerda
El presidente del Partido Justicialista de Bahía Blanca, Adalberto Mario Simón, declaró esta mañana en defensa de Héctor Ángel Forcelli, uno de los cuatro ex integrantes de la Triple A juzgados por crímenes de lesa humanidad.
Afirmó que sabía “muy poco” sobre la actuación de la banda parapolicial que cometió decenas de homicidios de militantes políticos y que atemorizaba a la población patrullando la ciudad y haciendo ostentación de armas en ámbitos sindicales y universitarios.
“Hablar de eso sería mentirle”, dijo al tribunal y manifestó que desconoce “totalmente” que haya funcionado una célula en Bahía Blanca. Consultado por el jefe de la patota, Rodolfo Ponce, quien fuera diputado nacional del FreJuLi y secretario general de la CGT en la época, respondió: “Creo que fue legislador nacional”.
Este viernes declara el vicepresidente del PJ, Hugo Álvarez, convocado por la defensa de Osvaldo Pallero.
Simón comentó que a Forcelli se lo presentó Ezequiel Crisol en el marco de la campaña que proponía al dirigente de Empleados de Comercio como candidato a intendente a principios de la década del 90. Comiendo en el Club Olimpia sellaron su amistad: “Si hubiese llevado armas no sería amigo mío”.
El ex legislador provincial se afilió al Partido Justicialista en 1971. Durante el período de acción de la Triple A era empleado de Entel y militaba en el gremio telefónico. “Nunca me enteré de todo este tema, de esta patota, nada”.
Supo que entre las filas del peronismo hubo víctimas del terrorismo de Estado, “un compañero y una compañera, pero no recuerdo sus apellidos”.
Desde 2018 Simón transita su tercer período como presidente del peronismo bahiense. Ya había ocupado el mismo cargo en 1991 y en 2003. Sin embargo, apenas escuchó hablar de Ponce, nunca registró alguna vinculación del ex secretario de la CGT con las patotas, ni supo ni sabe de la existencia de líneas internas en su partido durante la década del 70.
A René Bustos, referente del peronismo enfrentado a Ponce, lo conoció “porque fue concejal conmigo en 2003”.
Por último, el presidente del PJ respondió a la abogada de H.I.J.O.S., Mónica Fernández Avello, que mantuvo “dos o tres reuniones” con integrantes de la agrupación. “Hubo un acto del 17 de octubre por el Día de la Lealtad en la plaza del Noroeste, Forcelli participó y tuve algunos reclamos de los sectores de izquierda. Desde el partido les explicamos que fue un acto a puertas abiertas y Forcelli podía participar como afiliado al peronismo”.
El hecho ocurrió en 2018 luego que la justicia federal otorgara la excarcelación al represor por el vencimiento del plazo de prisión preventiva.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2021/02/WhatsApp-Image-2021-02-11-at-11.32.28-AM.jpeg?fit=1276%2C613&ssl=16131276FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-02-11 17:22:242021-09-01 09:58:34Triple A: presidente del PJ defendió a integrante de la patota
La jueza federal Gabriela Marrón homologó un acuerdo entre la Fiscalía y la empresa Profertil en la causa que investiga la contaminación del estuario de Bahía Blanca y la destrucción de la pesca artesanal.
Profertil afirmó que el acuerdo “no implica el reconocimiento de hechos, ni otorgar validez a las pruebas que pudieren encontrarse incorporadas, ni la asunción de responsabilidad penal en el asunto”.
El convenio establece que la empresa deberá informar el avance y cumplimiento de la propuesta en forma trimestral y por el plazo de 18 meses. Las medidas serán evaluadas por el Instituto Argentino de Oceanografía (IADO) y/o autoridad técnica “imparcial” que la Fiscalía designe.
“La conciliación queda supeditada al cumplimiento del presente acuerdo y los restantes convenios que suscriban y ejecuten los sujetos vinculados al objetivo trazado por la Alzada. Por lo que, oportunamente, corresponderá tratar la extinción de la acción penal”, afirmó Marrón.
La causa impulsada por pescadores artesanales apunta a los vertidos de Solvay Indupa, TGS, Petrobrás Argentina, Compañía Mega, ABSA, Profertil, Cargill, Consorcio de Gestión del Puerto, PBB Polisur y Azurix Buenos Aires.
La fábrica de fertilizantes propuso mejorar la calidad del efluente; mantener parámetros de vuelcos más rigurosos a los exigidos por la normativa medioambiental vigente, optimizar la utilización de recursos hídricos y un “compromiso de alto impacto condicionados al proyecto de ampliación + UREA”.
El 29 de diciembre Santiago Martínez solicitó la homologación judicial del acuerdo suscripto con el abogado de Profertil, Ariel Diego Blázquez. Entendió que resulta “superador del conflicto planteado”.
Ordenaba, además, la conformación de una mesa de abordaje con todas las partes que contemple la incorporación de nuevas tecnologías para el tratamiento de efluentes y reformular la normativa referida al vuelco de contaminantes “teniendo en cuenta la particular morfología del estuario y la cantidad de empresas radicadas en el polo industrial”.
Profertil aseguró a la justicia que “no utiliza metales pesados en todo su proceso productivo” y destacó que “los elementos químicos, incluidos los metales pesados, se encuentran en la naturaleza y, por lo tanto, en el agua en distintas concentraciones. Profertil recibe el agua que proviene del Dique Paso Piedras ya con presencia de dichos elementos químicos”.
¿En qué consiste la propuesta?
Compromisos para mejorar la calidad del efluente
Mejora industrial en el sistema de agua de enfriamiento, construcción de planta piloto para optimizar el tratamiento de agua, rediseño de la planta de tratamiento Branch e incremento de frecuencia de controles-análisis periódicos de elementos relevantes.
Compromisos para mantener parámetros de vuelcos más rigurosos a los exigidos por la normativa medioambiental vigente
Establecer como límite interno de aportes al efluente, la mitad de los exigidos por la normativa actual para metales pesados.
Compromisos para optimizar la utilización de recursos hídricos
Rediseño del sistema de enfriamiento para reducir el consumo de agua y el caudal de efluente, y un proyecto para recuperar vapor de agua venteado a la atmósfera para reutilizarla en el proceso.
Compromiso de alto impacto condicionados al proyecto de ampliación + UREA
Utilización de nuevas tecnologías de última generación en la construcción de la ampliación de la planta y la instalación de un nuevo sistema de tratamiento de efluente para su reutilización.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2017/10/WhatsApp-Image-2017-10-04-at-17.15.14.jpeg?fit=1040%2C780&ssl=17801040FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-02-11 14:35:332021-02-11 14:38:16Contaminación en la ría: acuerdo entre el fiscal y Profertil
(Por Adriana Meyer – Ojos Vendados) Tras un análisis minucioso de los elementos forenses de todo el expediente que ubican a Facundo en vida y luego de su desaparición, así como del hallazgo y posterior autopsia del cuerpo, la médica forense y criminóloga Virginia Creimer como perita de la familia Castro concluyó que esa investigación fue «ineficaz, ineficiente, tardía y defectuosa», y que por lo tanto quedan abiertos los interrogantes principales sobre lo sucedido. «Hay preguntas que desde el 30 de abril de 2020 se hacen Cristina Castro, el resto de su familia y buena parte de la sociedad, pero aún no han sido respondidas fehacientemente por el Estado: ¿Qué pasó con Facundo Astudillo Castro? ¿Cuándo murió? ¿Dónde murió? ¿Qué hechos y circunstancias ocasionaron su muerte violenta por asfixia por sumersión? ¿Qué hechos y circunstancias llevaron a que, con excepción de una de sus zapatillas, casi todas sus pertenencias aparecieran en diversos momentos y lugares, tan disímiles como un calabozo y un patrullero de Origone, un patrullero de Bahía Blanca y otra zona del cangrejal de Villarino Viejo?», se preguntó la perita Creimer.
Resulta que «de las 15 especies de diatomeas que aparecieron en la médula ósea de Facundo solo cinco coinciden con la toma de agua del lugar donde fue encontrado el cadáver». Por lo tanto, entre las medidas de prueba que el juzgado se niega a proveer, está el «análisis del agua de las dependencias policiales» por donde habría pasado el joven. La experta puso de manifiesto la insistencia del resto de los peritos que participaron en la autopsia para descartar lesiones en vida, y luego así aventurar que no hubo terceras personas en la escena del crimen. Pero la paradoja es que si no hubo lesiones vitales tampoco pudo haberse tratado de un «accidente».
El peritaje de Creimer indicó que la custodia del cuerpo y la ropa de Facundo no debió estar a cargo de una fuerza policial, y cuestionó la forma en que se realizó su levantamiento. Según ella, las conclusiones de la autopsia ignoraron el contexto descripto en la causa, como por ejemplo el hallazgo de una de las zapatillas del joven en perfecto estado al lado de sus restos esqueletizados, y de un cabello en uno de los patrulleros que coincide con el ADN de Facundo, entre otros varios elementos. Creimer arribó a diferentes conclusiones con los mismos datos, a saber: el informe de entomología sobre las especies encontradas sobre sus huesos «habilita a pensar en la posibilidad de que Castro no haya muerto en ese lugar y que sus restos hayan sido plantados».
El documento de casi 200 páginas servirá como punta de lanza en la nueva batalla judicial que emprenden Cristina Castro y sus abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio en los tribunales internacionales, luego de denunciar «sucesivas trabas» del juzgado a cargo de María Gabriela Marrón, recusada por la familia pero ratificada en la causa por la Cámara Federal de Bahía Blanca. Así, a nivel local podría consolidarse un estancamiento, más allá del esfuerzo de los fiscales especiales Andrés Heim y Horacio Azzolín y los propios letrados de Cristina que siguen sumando nuevos elementos para profundizar su hipótesis respecto al protagonismo de la Policía Bonaerense en la desaparición forzada del joven.
Si bien la Cámara ordenó a la magistrada la realización de las medidas de prueba pendientes que piden los fiscales y la familia, nada se ha movido en su juzgado en tal dirección. Marrón y el fiscal Ulpiano Martínez fueron acusados por la querella particular y la que encabeza la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) de «contribuir al encubrimiento del hecho para beneficiar a los uniformados, con la estrategia de abonar la hipótesis de un presunto accidente en el que Facundo habría perdido la vida».
El año pasado, en ocasión de la reunión donde surgieron las conclusiones de la autopsia, la perito de la familia firmó en disidencia. Virginia Creimer sostenía que debía ser un «ateneo» para debatir las conclusiones pero cuando llegó el informe final ya estaba redactado. En ese momento, le hizo saber de tal irregularidad a la jueza Marrón, pero ante la inacción de la magistrada, Creimer procedió revisar punto por punto el informe y a marcar sus acuerdos y disidencias, tal como quedó plasmado en el acta de ese día. El artículo 262 del Código Procesal Penal establece que «los peritos practicarán unidos el examen, deliberarán en reunión secreta, a la que sólo podrá asistir el juez, y si estuvieren de acuerdo redactarán su informe en común. En caso contrario, harán por separado sus respectivos dictámenes”. Este sitio junto a La Izquierda Diario accedieron ese dictamen de la experta y perita de parte de la familia, que ya forma parte del expediente.
Creimer indicó: «Por el propio carácter de parte de esta perita, pero sobre todo por los resultados obtenidos tras un minucioso análisis de todas las evidencias científicas obrantes en la causa, se concluye que las respuestas a las preguntas precedentes deberían ser respondidas a partir de la producción de otras medidas de prueba, rastrillajes y peritajes que nos acerquen lo más ajustadamente a la verdad de los hechos. En ese marco, no hay más que considerar lo que ya expresó la querella a la que asisto, a través de dos pedidos de recusación al fiscal de la causa, una apelación por negativas de la jueza a producir medidas de prueba determinantes y un recurso de queja presentado ante la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca. En todas esas instancias la propia madre de Facundo Castro aseguró que la falta de respuestas a esas preguntas aún irresueltas se debe a una ineficaz, ineficiente, tardía y defectuosa investigación por parte del Estado y sus instituciones. Esa sentencia exime a esta perita de mayores argumentaciones. De lo que sí está respondido científica y pericialmente, lo que sigue es todo cuanto puedo informar:
* Dónde estuvo y qué hizo Facundo antes de su desaparición
Surge de las declaraciones testimoniales de Virginia María Gongora, Daniel Gayte y Juan Francisco Cardona que Facundo, luego cenar en la casa de su amigo Daniel Gayte y de permanecer allí la madrugada del día 30 de abril, aproximadamente a las 4 o 5 de la mañana salió hacia Bahía Blanca, adonde planeaba llegar caminando o haciendo dedo. Se dirigía a la casa de Daiana González, con quien había mantenido una relación de pareja mucho tiempo. Góngora, mamá de Daniel, confirma que el 29 de abril Facundo se encontraba en su casa, se quedó a cenar y al día siguiente, cuando ella se despertó, el joven ya no estaba. Cuando le consultó al hijo, éste le dijo que a las 4 am se había ido. Que su hijo le escribió a Facundo y éste no volvió a responder. En su declaración adjuntó capturas de pantalla de una conversación que tuvo con Daiana González el día 3 de junio de 2020, donde la joven le dice que Facundo debía haber ido a su casa el 29 de abril, pero nunca llegó.
Juan Francisco Cardona, también amigo de Facundo, confirmó que Facundo se encontraba viviendo en su casa y trabajando con él en su cervecería, Turmalina. Que el día 27 de abril le pidió a Facundo si podía irse, ya que no tenían espacio porque llegaba su hermana a la casa. El 30 de abril a las 20:21 pm Cardona recibe un mensaje de texto (SMS) desde el número de Facundo, que dice que se había quedado sin señal, sin batería y que después lo llamaba. Nunca lo llamó. El 1 de mayo Cardona envió un nuevo mensaje a Facundo, que no fue entregado.
En la causa consta la declaración de Nancy Moncada, quien al tomar conocimiento de que se estaba buscando a Facundo se presentó espontáneamente en la dependencia comunal de la localidad de Hilario Ascasubi. La vecina de Mayor Buratovich dijo que en los últimos días del mes de abril, entre las 8:30 y 9, mientras se dirigía desde Ascasubi a Buratovich, sobre la Ruta 3, cerca del Puente Blanco, vio a un joven haciendo dedo. Ella le dijo que podía llevarlo hasta la entrada de Buratovich. Él subió y se pusieron a conversar, Facundo le dijo que tenía que ir a Bahía Blanca urgente, que se había quedado sin trabajo y que le quedaban 50 pesos en el bolsillo. Es posible inferir que Facundo fue dejado por Moncada en el ingreso a Buratovich, aproximadamente entre las 9 y 9:30 del jueves 30 de abril. Como corroboración científica de la presencia de Facundo allí se puede ver el informe de la empresa AMX CLARO donde surgen tres llamados salientes del celular de Facundo, a las 7:07, 9:05 y 9:06, que impactaron sobre la antena de Ascasubi.
A partir de la llegada a Buratovich, tal como consta en el expediente, Facundo tomó contacto con personal policial de la zona en distintas oportunidades y en el siguiente orden: primero con Jana Curuhuinca y Mario Sosa (fs. 70), luego con Siomara Flores y finalmente con Alberto González. A partir de las diversas declaraciones testimoniales se reconstruye que el 30 de abril de 2020 Facundo se encontraba caminando por la Ruta Nacional 3 en dirección Pedro Luro-Bahía Blanca cuando fue detenido, al menos, en dos oportunidades por agentes de la Policía de la provincia, uniformados y con móviles de la fuerza a su disposición. Los agentes Sosa y Curuhuinca detuvieron a Facundo mientras transitaban por la calle San José Obrero y la Ruta 3, km 779. Allí lo interceptaron en virtud del DNU 297/20, identificándolo como Facundo Astudillo. Al declarar el joven que no poseía permiso de circulación, le notificaron de la infracción al artículo 205 de Código Penal.
Asimismo, consta el asentamiento de la prevención a Facundo en el libro de la comisaría de Buratovich. En el celular de Curuhuinca (fs. 1547) quedó registrado ese contacto, mediante una fotografía en la que Facundo aparece de espaldas junto a Mario Sosa y de frente al móvil 23.630 (de Buratovich) y dos imágenes (anverso y reverso) del DNI del joven. Mediante informe pericial se establecen las semejanzas entre Facundo y la persona de espaldas de la fotografía. A su vez, el informe de DATIP concluye, luego de realizar un análisis sobre la imagen, que Facundo en ese momento tenía la zapatilla izquierda puesta.
Sosa y Curuhuinca declararon que, luego de constatar el domicilio de Facundo, lo dejaron seguir camino a Bahía Blanca por la ruta. Cristina Castro declaró que a las 13:33 habló con Facundo, que él le dijo que estaba en Buratovich, que mantuvieron una discusión hasta que en un momento la madre del joven escuchó un golpe seco, como que se golpeó el celular de Facundo, y luego se cortó la comunicación. Esa llamada se encuentra científicamente probada mediante el informe de AMX CLARO.
La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) corrobora que del informe de AMX CLARO sobre el teléfono de Facundo se desprende que hasta el 29 de abril se produjeron comunicaciones a través de celdas de Pedro Luro; que el día 30 las primeras 3 comunicaciones se cursaron a través de una celda de Ascasubi. A las 10 surge que el efectivo de la policía bonaerense Delgado le dice al efectivo de la policía bonaerense Sosa “si se hace el pajero, bajalo”. Las siguientes 7 llamadas del celular de Facundo se hicieron a través de una celda ubicada en Buratovich, con un último registro de llamada saliente a las 13:33 hs. A partir de ese momento no se encuentran datos técnicos positivos sobre la ubicación de Facundo.
* Dónde estuvo Facundo después de su desaparición
En la búsqueda de Facundo se solicitó el 20 de julio el allanamiento, registro y secuestro de elementos policiales de la subestación Policía Comunal de Teniente Origone, y el secuestro de elementos que puedan pertenecer a Facundo. El Poder Judicial designó formalmente como perito de parte de la querella particular al adiestrador canino Marcos Herrero. En ese allanamiento se encontró el primer elemento perteneciente a Facundo en forma fehaciente: una bolsa con un paquete de cigarrillos y una esfera con forma de sandía con una vaquita de San Antonio dentro, la cual Cristina Castro reconoce como pertenencia de su hijo. Luego lo demostraría presentando amuletos iguales pertenecientes a los hermanos de Facundo (todos regalados por la abuela materna una década atrás).
De los sucesivos peritajes de móviles policiales, tres camionetas Toyota Hilux y un auto particular Chevrolet, dieron resultado positivo con el can Yatel; el mismo perro encontró en la comisaría de Origone la bolsa con los cigarrillos y el amuleto de Facundo; el can Duke marcó rastros en una casa color rosada; Yatel también marcó restos óseos y en el patrullero Toyota Etios de Bahía Blanca marcó con insistencia el asiento de atrás, tanto desde el interior como desde el baúl (…) Se recomendó efectuar un nuevo peritaje con desarmado de asientos del vehículo con el asesoramiento de licenciado en criminalística, experto en accidentología vial (peritaje mecánico) para el correcto desarmado de los elementos del móvil. En ese nuevo peritaje Yatel halló un trozo de mineral conocido como turmalina que es compatible con el colgante que Facundo usaba siempre y llevaba el día de su desaparición.
* Qué pasó con el hallazgo del cadáver, el lugar donde apareció, su levantamiento e identificación y los peritajes posteriores
El 15 de agosto a las 17 la delegación Bahía Blanca de la Policía Federal (PFA) recibió un llamado de la Fiscalía Federal 1 de Bahía Blanca. El propio fiscal Santiago Ulpiano Martínez avisó que “un señor de nombre Maximiliano -quien sería pescador-, tendría información trascendente con relación a la búsqueda de Facundo». Por orden de Martínez, la PFA se dirigió al lugar marcado por Maximiliano y realizó una inspección en el canal “Cola de ballena”, donde se logra avistar sobre el suelo que, a simple vista, se trataría de un cuerpo humano en estado cadavérico.
Pocas horas después del hallazgo (entre las 21 y las 22) se hicieron presentes en la delegación Bahía Blanca de la PFA los ciudadanos Pablo Daniel Núñez Pablo y Damián Orlando Garcés (ninguno de nombre Maximiliano). Ambos afirmaron que esa tarde estaban pescando en Villarino Viejo cuando a la orilla de un canal, sobre una zona de barro húmedo y matorrales bajos, vieron un esqueleto enterrado en el barro. En fecha 16 de agosto se comienza un rastrillaje del lugar abierto siendo las 13:30, «con un perímetro SIMPLE de 100 m de largo x 30 mts de ancho». Interviene en el levantamiento del cuerpo el Equipo Argentino de Antropología Forense. «En este acto debe destacarse que no se observan los protocolos internacionales básicos de intervención pericial en los hallazgos de cuerpo, a través de un equipo interdisciplinario conformado por Fotógrafos, Planimétricos, Criminalistas, Rastros y Médicos Forenses. El análisis del lugar del hecho resulta de esta manera incompleto, circunstancia que se corrobora al encontrarse en forma posterior otros restos humanos correspondientes al mismo cadáver», afirmó Creimer.
A las 11:40 llega el EAAF, a las 12 comienza la inspección y a las 13:30 se produce el hallazgo de un cadáver humano incompleto. Estaban presentes la Policía Federal, la Prefectura y la Gendarmería. Se hizo presente Cristina Castro, acompañada por Virginia Góngora y los letrados de la querella en autos. Llama la atención que, atento el estado de esqueletización del cuerpo hallado, la zapatilla encontrada a pocos metros, que se correspondería con la que vestía Facundo al momento de su desaparición, se encuentre en total estado de indemnidad. También apareció un trozo de tela con elástico con tela camuflada de varios colores, trozos de telas de otros colores que corresponderían a vestimenta, una plantilla de zapatilla e incluso un trozo de cuarzo. Se efectuaron levantamientos fotográficos y métricos respecto de una huella dispuesta en el suelo y que corresponderían a un vehículo.
En el marco de estas claras fallas en el análisis del lugar del hecho primigenio, se realiza el 21 de agosto un nuevo relevamiento del área donde se encontró el cuerpo hallándose nuevos restos óseos (un humero, una escápula, entre otros) y más restos de ropas. Sin tener en cuenta las directivas internacionales y nacionales de no involucrar a las fuerzas de seguridad en casos de lesiones, vejámenes y torturas (Protocolo de Estambul) y/o muerte en custodia o con participación de personal policial (Protocolo de Minnesota), se ordena a la Policía Federal Argentina la recolección de agua del lugar para posible cotejo posterior. Pero esta toma se realizó cinco días después del hallazgo y a 80 metros de donde estaba el esqueleto.
El 1 de septiembre se realiza un nuevo levantamiento de restos óseos en las cercanías del hallazgo primario, siendo descartados para la investigación. «A lo largo de toda la diligencia se mantuvo una interacción permanente con el doctor Luis Fondebrider, director ejecutivo del EAAF, quien manifestó que ‘la mandíbula es humana’, y que ‘esos huesos no le faltan al cuerpo que levantamos nosotros‘». Este hallazgo hizo sospechar a los abogados de la querella sobre la posibilidad de que el sitio fuera un cementerio clandestino utilizado por la policía local.
* Qué pasó en la autopsia realizada en la ex ESMA
Una vez reunido el equipo de profesionales propuesto por el Equipo Argentino de Antropología Forense en causa 8604/2020 caratulada: N.N. s/AVERIGUACIÓN DE DELITO, se procedió a la realización de los estudios con el objeto de determinar la identidad, la data, causal, y modo de la muerte. «Es de destacar que, si bien quien había sido encomendado a dirigir el procedimiento fue el EAAF, fue el doctor Cohen del Cuerpo Médico Forense (CMF) quien decidió el orden y la metodología de exposición de las conclusiones preliminares de cada equipo/profesional presente en la autopsia, cuando sólo era un perito más de los convocados, lo cual se encuentra corroborado por las filmaciones de la autopsia», indicó Creimer en sus conclusiones del peritaje de casi 200 fojas.
Creimer expresó que fue «llamativa la insistencia con la cual Cohen pretendía descartar las circunstancias violentas de la muerte de quien se presumía como Facundo Astudillo Castro. Esto es, tras cada exposición pericial, sin requerimiento de persona alguna, el perito hacía una ‘traducción’ de lo expresado remarcando la ausencia de lesiones vitales». La paradoja es que tal insistencia también se lleva puesta la hipótesis del «accidente», porque esa también es una muerte que deja en el cuerpo signos de lesiones vitales.
Para la médica forense y criminóloga, las conclusiones científicas aplicadas al análisis forense global del caso indican que:
– La última acción de Facundo comprobada en la causa fue la conversación telefónica con su madre a las 13:33 hs del 30/4/2020, lo que está certificado tanto por el testimonio de Cristina Castro como por el informe de AMX CLARO de las llamadas recibidas por Facundo, ubicando la celda de su celular en Mayor Buratovich. A partir de ese momento no se encuentran datos técnicos positivos sobre la ubicación de Facundo.
– En la búsqueda de Facundo se allanó y registró parte de la subestación Policía Comunal de Teniente Origone, con la participación de Marcos Herrero y su perro Yatel, como perito de parte de la querella particular. Allí encontró un primer elemento perteneciente a Facundo en forma fehaciente: una bolsa con un paquete de cigarrillos y una esfera con forma de sandía con una vaquita de San Antonio dentro, la cual Cristina Castro reconoció indubitablemente como pertenencia de su hijo.
– Mientras que otros elementos pertenecientes a Facundo, incluyendo material genético (coincidencia con Cristina), también fueron hallados en otros rastrillajes y peritajes; tanto el hallazgo del cuerpo del joven como su mochila fueron protagonizados por eventuales pescadores que (supuestamente) pasaban de casualidad por los sitios indicados.
– Como consta en las actas de la PFA, el 15 de agosto tres pescadores (uno por un lado y dos por otro), aparentemente de forma espontánea, dieron aviso de la existencia de un cadáver en el canal “Cola de ballena” de Villarino Viejo. Inmediatamente la Policía Federal, cumpliendo órdenes de la Fiscalía Federal 1 de Bahía Blanca, se hace cargo del arribo al lugar y de la custodia de la escena hasta el día siguiente.
– El 16 de agosto el Equipo Argentino de Antropología Forense interviene en el levantamiento del cuerpo. A las 13:30 se comienza un rastrillaje del lugar abierto, con un perímetro simple de 100 metros de largo x 30 de ancho. En este acto debe destacarse que no se observan los protocolos básicos de intervención pericial en los hallazgos de cuerpo, a través de un equipo interdisciplinario conformado por Fotógrafos, Planimétricos, Criminalistas, Rastros y Médicos Forenses. El análisis del lugar del hecho resulta de esta manera incompleto, circunstancia que se corrobora al encontrarse en forma posterior otros restos humanos correspondientes al mismo cadáver.
Llama la atención que, atento el estado de esqueletización del cuerpo hallado, la zapatilla encontrada a pocos metros, que se correspondería con la que vestía Facundo al momento de su desaparición, se encuentre en total estado de indemnidad.
– El 25 de agosto se realizó la autopsia al cuerpo encontrado, en el Laboratorio del EAAF ubicado en la ex ESMA. Allí la doctora Marta Maldonado (odontóloga forense CMF) fue clara y contundente sobre la impregnación hemática de los dientes del maxilar inferior de la víctima de autos (Pink Teeth), estableciendo que se trataba de un fenómeno vital y violento, como lo había hecho en casos previos. Allí el doctor Jorge Pereyra (radiólogo forense CMF) estableció preliminarmente que no existían fracturas de tipo vital en huesos largos, lo que descartaría una caída accidental desde altura, una posibilidad ventilada en algunos medios a partir de las versiones filtradas desde la fiscalía de Martínez y el juzgado.
– Del examen de la médula ósea extraída de Facundo se obtuvieron muestras cuyo resultado fue el hallazgo de numerosas cubiertas celulares y fragmentos identificables de al menos 15 especies diferentes de diatomeas. En la muestra de agua, se identificaron 17 especies de diatomeas, de las cuales 5 estuvieron presentes en la muestra de médula ósea. «El hallazgo de diatomeas en la médula de un cuerpo establece que su muerte ha sido violenta, por asfixia por sumersión. Dicha aseveración confirma que Facundo murió por el ingreso de un medio líquido (como el agua) que poseía en suspensión microorganismos como las diatomeas identificadas en el análisis de referencia.
El hallazgo de diatomeas en la médula de un cuerpo establece que su muerte ha sido violenta, por asfixia por sumersión. De las 15 especies encontradas en la médula de Facundo, sólo 5 coincidían con las 17 obtenidas en el agua colectada por la Policía Federal cinco días después del hallazgo y en una zona alejada del sitio donde fue encontrado el cuerpo de Facundo. En tanto que se obtuvieron datos fehacientes sobre la presencia de objetos perteneciente a Facundo en las dependencias policiales donde fue apercibido, sería procedente analizar también el agua de las dependencias, a fin de determinar la existencia de diatomeas en las mismas.
– Desde el punto de vista lesionológico, los Dres. Roberto Cohen (médico forense CMF) y Alejandro Rullán Corna (médico forense CMF), establecieron que no se encontraban en los restos encontrados desprovistos de partes blandas, lesiones de características vitales.
– El entomólogo deja en claro que mínimamente la muerte de Facundo se produjo 40 días antes de su intervención, pero no puede establecer ni el momento en el cual se produjo la muerte ni siquiera un plazo máximo estimativo. Resulta de gran interés remarcar que el mismo constata la presencia de especies que colonizan los cuerpos en avanzados estados de putrefacción o directamente cuando ya se encuentran esqueletizados. Por ello, no se puede descartar que la muerte de Facundo no se haya producido en este lugar y que su cuerpo haya sido plantado en el mismo. Del análisis realizado por el médico radiólogo se puede concluir que Facundo no posee en el cráneo ni en los huesos largos traumatismos compatibles con fracturas secundarias a jumping ni a defenestración (caídas de altura coincidentes con el supuesto accidente). Facundo estuvo desaparecido 107 días, desde el 30 de abril al 15 de agosto. Las pericias entomológicas concluyen que el cadáver tenía al momento de la autopsia un mínimo de 40 días de fallecido, pero no pudo establecer ningún máximo. Es decir que nadie ha podido determinar aún si Facundo murió el mismo 30 de abril, o algún día de mayo, o de junio o incluso algún día de la primera quincena de julio.
– Debe quedar en claro que, la presencia o ausencia del Pink Teeth no influye en el hecho de que la muerte de Facundo fuera mediante una muerte violenta por asfixia por sumersión. Sin perjuicio de ello, podría hablarnos de una compresión extrínseca del cuello que hubiera provocado la muerte de Facundo o su pérdida de conciencia. También podría hablarnos de una sumersión violenta que hubiera provocado la muerte de Facundo por este mecanismo, tal como la doctora Maldonado sostuvo en causas previas que, de no aclarar su posición, deberán ser revisadas. (Este cuestionamiento de la perita alude a que Maldonado dijo en la autopsia que el diente rosa era un fenómeno ocurrido en vida, pero en el informe final se desdijo).
– Del minucioso trabajo del equipo tafonómico surge que el cuerpo de Facundo fue atacado por carnívoros medianos o pequeños, presumiéndose el directo accionar del zorro que habita en la zona. También se infiere que el cuerpo ha sido rotado, ya que si bien fue encontrado en decúbito ventral (boca abajo), para recibir el accionar de esta fauna debió encontrarse en posición inversa, es decir en decúbito dorsal (boca arriba). Resulta de interés adicional tener en cuenta que la bibliografía utilizada es sobre una experiencia con coyotes, teniendo estos animales un porte mayor, equivalente a aproximadamente quince kilos más que los animales sindicados en este caso. Finalmente, el tiempo de exposición en el lugar a la totalidad de la fauna de la región se estima en un plazo de 28 días.
Para la médica forense, los peritos del Cuerpo Médico Forense se expiden sobre la presencia de lesiones postmortem descartando la posibilidad del accionar de terceras personas sin tener un conocimiento cabal y contextualizado de todo lo actuado en autos (ni elementos científicos para llegar a esa conclusión), como lo establece el Protocolo de Minnesota, mecanismo a ser aplicado en casos de desaparición forzada de personas.
Asimismo, resulta de interés el hecho de que, ante el desconocimiento de los hechos acontecidos en autos (aparición de la mochila de Facundo con toda su ropa), los profesionales hayan considerado que las mismas podrían haber sido extraídas por la fauna autóctona, es decir, que las cosas de Facundo se las habrían «llevado» los animales que atacaron su cadáver. Vale recordar, como dato de contexto, que la mochila conteniendo la ropa, el teléfono celular y demás pertenencias de Facundo apareció el 12 de septiembre a unos 4 kilómetros de donde había aparecido el cadáver y que el informe de la autopsia se presentó el 1 de octubre, 19 días después de ese hallazgo.
En definitiva, Creimer en nombre de la familia plantea que lo esencial para el esclarecimiento del caso sigue siendo un misterio. Y su informe ratifica que las respuestas a esas incógnitas las tiene el Estado, como presunto desaparecedor de Facundo Astudillo Castro.
Un episodio sucedido en noviembre debería ser suficiente evidencia de que este nuevo caso de un desaparecido en democracia no tiene «dos campanas» sino víctimas y encubridores, que vienen amenazando a la familia y a los testigos desde el día cero. Sino de qué otro modo se explica el apriete que recibió Cristina Castro en noviembre por parte de un policía que le dijo: “Quedate tranquila que la jueza cierra la causa y después te la vas a tener que ver conmigo”. La misma amenaza viene pronunciando la madre de las hermanas policías implicadas en el caso. ¿Por qué será que están tan seguros del cierre del expediente?
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2021/02/458331.jpg?fit=1024%2C572&ssl=15721024FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-02-09 09:37:462021-02-09 09:37:48Autopsia del expediente: todo lo que te contaron sobre el caso Facundo es mentira
El periodista Néstor Busso declaró en el juicio a cuatro integrantes de la Triple A bahiense a partir de un informe realizado por el Servicio de Documentación e Información Latinoamericana sobre el asesinato del sacerdote Carlos Dorñak y la persecución a sectores católicos progresistas.
“El clima de Bahía Blanca era de terror, pánico, miedo. Principalmente de los sectores cristianos comprometidos con los más humildes, de la comunidad salesiana”, dijo el ex director del Sedipla y agregó que, en ese contexto, la actitud del arzobispo Jorge Mayer fue “lamentable y claramente de complicidad con el poder”.
Busso dedicó su testimonio a la memoria de Eugenio Navarrete, presidente de la Asociación de Presos Políticos de Rio Negro, quien declaró en el juicio en diciembre y falleció en Viedma el 29 de enero.
El Servicio de Documentación e Información Popular Latinoamericano (Sedipla) surgió a principios de la década del 70 como iniciativa de un grupo de matrimonios vinculados a la Pastoral de la Conferencia Episcopal.
Su objetivo era difundir “la presencia de la Iglesia Católica en la realidad de la Patria Grande y el compromiso de los cristianos con los más pobres”. Dicho espíritu era fruto “del Concilio Vaticano II, la Conferencia Latinoamericana de Obispos en Medellín y su concreción en Argentina que tuvo como resultado el documento de San Miguel”.
Anoticiados del incremento de la violencia en Bahía Blanca y del asesinato del cura salesiano Carlos Dorñak, Néstor Busso viajó a nuestra ciudad junto a Alberto Aguirre el fin de semana del 25 de mayo de 1975.
“Entrevistamos a distintas personas, volví a La Plata y redacté el texto que fue publicado en la revista en junio. Fue un viaje muy intenso en un clima de mucha tensión y de gran terror”, recordó ante el tribunal.
Afirmó que “en Bahía Blanca solo estaba el padre Del Col. Santecchia y Stochetti se habían ido por las amenazas y los hechos sucedidos en marzo. Ingresé al lugar donde asesinaron a Dorñak y saqué fotografías. Era un zaguán con un hall al que daban varias habitaciones, estaba destruido, con rastros de un incendio, se veían las marcas de disparos”.
En los paredones del centro bahiense vio inscripciones con la sigla de la banda paraestatal y le llamó la atención “una leyenda en la fachada del Instituto Juan XXIII que decía ‘las AAA son nuestros compañeros, que sigan reventando zurdos’”.
El informe del Sedipla de junio de 1975 destacaba que en aquel clima de terror “todos los entrevistados pidieron no ser identificados”. Busso mencionó que le “hablaban de la patota de Ponce y la patota de Remus Tetu”.
“Grupos armados que circulaban por la ciudad a los cuales se le atribuía los hechos de violencia. Se sumaba la presencia muy fuerte de la Marina. (…) Además de a Dorñak, esa noche asesinaron a Marisa Mendivill y a Fernando Alduvino. El padre José Zamorano, estaba en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, también fue atacado y unos días antes habían asesinado a un militante cristiano con mucha participación en la iglesia, José ‘Pepe’ González”.
El periodista dijo que “en aquel momento no había diferenciación entre las patotas y se las vinculaba con la Triple A, que tenía un discurso de defensa de la patria, anticomunista y atacaba especialmente a sectores religiosos que ellos calificaban de izquierdistas, zurdos, subversivos”.
Para justificar los crímenes estaba La Nueva Provincia: “Acusaba a las víctimas de ser los originantes de esos asesinatos y esa violencia, quienes pensaban de determinada forma debían ser eliminados”.
“Era evidente que esos hechos, ese desfile de patotas portando armas de las que muchos me hablaron, no podrían haber sucedido si no hubiera habido un ‘permiso’ de parte de las fuerzas del Estado. En el caso de Dorñak llegaron los bomberos y luego la policía apenas miró el lugar, no tengo noticias que haya habido investigaciones judiciales”.
La complicidad de Mayer
Busso aseguró que la actitud del arzobispo Jorge Mayer, a quien entrevistó para la publicación del Sedipla, “fue lamentable y claramente de complicidad con el poder. Muy diferente a la actitud anterior de monseñor Esorto quien había acompañado a sus sacerdotes amenazados y mantenía dialogo con las comunidades cristianas de los barrios populares”.
A Mayer lo esperó en la puerta de la Catedral un domingo de misa. “Se bajó de un auto importante vestido al estilo que usaban los obispos años antes, con una ornamentación particular. El diálogo que reproduce la revista fue tenso y al mismo tiempo respetuoso”.
“Le pregunté por qué no los protege, él hablaba de enfrentamientos, le dije que las víctima estaban de un solo lado, son los sacerdotes comprometidos con los sectores populares, las religiosas de los barrios, los grupos de jóvenes. No tuve respuesta. Supe también de sus vínculos con la Marina y La Nueva Provincia”, manifestó.
Por otro lado, Busso sostuvo que una de las entrevistas “más reveladoras” fue la que realizaron al padre Hugo “Coco” Segovia en Punta Alta. “Fuimos con mucho miedo porque se consideraba un lugar peligroso. Me contó el proceso que estaban viviendo de amenazas y ataques a Zamorano que ya se había ido, él vivía con su mamá, habían baleado su casa, estaba haciendo esfuerzos por quedarse ahí. Supe que después se trasladó a Mar del Plata”.
La carta de Pepe
En otro tramo de su declaración, el ex secretario de Derechos Humanos de Rio Negro se refirió al homicidio del obrero e integrante de la comunidad de la Parroquia San Roque, José González.
Busso recibió una carta suya en el monasterio benedictino de Los Toldos. “Me la entregaron como testimonio de un cristiano que había sido asesinado y que le mandó una carta a su amigo que poco antes había ingresado al monasterio. Me impresionó, se declaraba militante cristiano y demostraba no solo una importante formación teológica sino profundas convicciones fundadas en su fe”.
“Firma ‘Pepe’ y habla de su militancia citando textos bíblicos y del magisterio de la iglesia para fundamentar un cambio personal y de estructuras para vivir una sociedad más justa, equitativa, solidaria y fraterna. Me resulta conmovedor cómo una persona, a partir de su fe, puede entregar su vida al servicio de la comunidad”.
El testigo afirmó que “los sectores de la derecha del poder económico y del privilegio siempre pretendieron usar la fe religiosa como un justificativo de su ideología y defensa de sus intereses. En la CNU, la Triple A y los jerarcas de la dictadura estaba muy presente el discurso religioso y el odio a quienes provenían de comunidades religiosas y los consideraban subversivos o izquierdistas”.
El Sedipla y el propio Busso sufrieron amenazas del CNU. “Iba con mi esposa Olga y mi hijo mayor que tenía unos meses, me crucé en Diagonal 80 de La Plata con un señor que amenazó al bebé: a estos zurditos hay que reventarlos antes que crezcan así que tené cuidado”.
El último número de la revista se editó en marzo de 1976. En agosto, el Ejército ingresó al local, secuestró a Busso y robó los archivos del centro de documentación.
En distintos centros clandestinos de detención y torturas del Circuito Camps el periodista fue interrogado sobre la labor de Sedipla. Un par de meses después de su detención ilegal pudo salir del país y vivir en el exilio hasta 1983.
En la audiencia del miércoles 3 de febrero declaró también Raquel Barabaschi, militante por los derechos humanos y víctima del terrorismo de Estado en La Pampa. Este jueves lo hicieron Roberto Adrián Grill, Hugo Alberto Moreno y Víctor Susca en defensa del represor Juan Carlos Curzio y mañana lo harán José Manuel El Alabi, Roberto Armando Ferri y Juan Carlos Ibáñez en favor de Raúl Roberto Aceituno.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2021/02/Foto-Va-con-firma.jpg?fit=1200%2C530&ssl=15301200FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-02-04 19:29:182021-09-01 09:59:38Triple A: “La actitud de Mayer fue de complicidad con el poder”
Tras la feria judicial se escuchará a los últimos testigos ofrecidos por la fiscalía: Raquel Barabaschi y Néstor Busso. Será este miércoles desde las 9 de la mañana con transmisión mediante el canal de Youtube de Audiovisuales UNS.
Los imputados son Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno. Están acusados de haber pertenecido a la Triple A y, en el caso de Aceituno, de ser uno de los autores del asesinato del estudiante y militante estudiantil David Hover “Watu” Cilleruelo.
Raquel Barabaschi es referente de los organismos pampeanos de derechos humanos y fue víctima del circuito de la sub-zona 14 durante la última dictadura cívico-militar. Su testimonio fue solicitado a fin de que declare sobre los vínculos de la Triple A de Bahía Blanca con hechos que tuvieron lugar en la provincia de La Pampa y, particularmente, sobre la intervención de Rodolfo Ponce y de su grupo armado en la persecución de sectores estudiantiles de izquierda pertenecientes a la sede de la Universidad Tecnológica Nacional de la localidad de General Pico, a principios de 1975.
Néstor Busso fue secretario de Derechos Humanos de la provincia de Rio Negro y víctima del circuito “Camps” durante la última dictadura cívico-militar. Fue convocado para que se explaye acerca del trabajo de investigación realizado por el testigo a través del Servicio de Documentación e Información Latinoamericana (SEDIPLA) en junio de 1975, respecto del asesinato del sacerdote salesiano y vicerrector del Instituto Superior Juan XIII Carlos Dorñak, como así también sobre la persecución a los sectores religiosos de izquierda de la ciudad de Bahía Blanca.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2017/10/triple-a-bahia-efemedelacalle-c.png?fit=584%2C361&ssl=1361584FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-02-01 19:52:472021-09-01 10:00:16Se reanuda el juicio a integrantes de la Triple A
Hasta el 4 de diciembre hubo 9 sentencias, con 51 condenas y 7 absoluciones, lo que implica una caída respecto de años anteriores y una tendencia a la baja. Se consolidó la prisión domiciliaria como modalidad de detención.
El 70% de las sentencias espera revisión. Las etapas recursivas tienen las mayores demoras. Las causas en instrucción, advierte, necesitan “la implementación de medidas y recursos urgentes que se orienten a permitir un avance y esclarecimiento”.
Los datos corresponden al Informe estadístico sobre el estado de las causas por delitos de lesa humanidad en Argentina que contiene el diagnóstico realizado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
Desde la reapertura de las causas fueron dictadas 250 sentencias desde 2006 en las que resultaron condenadas 1013 personas y absueltas 164.
El trabajo realizado por la oficina a cargo de la fiscal federal Ángeles Ramos sistematiza, procesa y analiza la información brindada por las fiscalías y unidades fiscales de todo el país que intervienen en este tipo de procesos.
Entre las principales conclusiones respecto del proceso de juzgamiento de estos crímenes durante 2020, la Procuraduría explica que “más allá de la situación excepcional de Aislamiento Preventivo, Social y Obligatorio (ASPO), persisten demoras en diferentes instancias del proceso, manteniéndose estable en la instrucción y agudizándose en las instancias recursivas contra las sentencias definitivas dictadas por los tribunales federales de todo el país”. Entre otros datos, indica que el promedio de tiempo que insume la confirmación de una sentencia con el fallo de la Corte Suprema es de 5 años y 2 meses desde que se formula en esa causa el requerimiento de elevación a juicio.
Asimismo, pone de relieve que “disminuyó el total de sentencias dictadas durante el 2020 respecto del año anterior [de 22 a 9], y el número de personas detenidas” (863 en la actualidad) y que “se consolidó el arresto domiciliario como la modalidad de encierro predominante”. El 74 % de las personas detenidas (unas 638) transita la detención en su domicilio, lo cual implica que las personas detenidas en cárceles y otros establecimientos suman 225.
De los 904 fallecidos y fallecidas en los 14 años de procesos, 692 murieron antes de obtener sentencia y 212 luego del dictado de su condena o absolución.
Las causas
En relación con las causas judiciales por crímenes de lesa humanidad, la Procuraduría puso de relieve:
Al 4 de diciembre de 2020 se registran un total de 623 causas en las que se han investigado crímenes contra la humanidad.
De las 250 sentencias dictadas desde 2006, 173 de ellas (un 70 %) posee alguna instancia recursiva pendiente ante la Cámara Federal de Casación o la Corte Suprema, lo cual significa que no se encuentran firmes. Al menos 101 recursos se encuentran a la espera de resolución en el máximo tribunal del país; involucran a 150 personas en 39 causas.
La caída en la cantidad de sentencias durante 2020 “podría analizarse por la situación excepcional en la cual se decretó el DNU 260/20 que estableció el ASPO, sin embargo aún si hubiesen tenido veredicto el total de causas con juicio y plenario en curso -en los casos de juicios que tramitan bajo la modalidad del viejo Código Procesal Penal (ley 2372)- que no iniciaron durante el 2020 (10), el descenso hubiese sido similar al año 2018”, cuando se dictaron 18 sentencias en todo el año, lo cual contrastó con las 27 de 2017.
Durante el ASPO, se suspendió el debate en 12 causas y se reanudó en 11.
Existen 373 causas en las que aún no se ha dictado sentencia: 18 están en etapa de debate; 75 están elevadas a juicio y sólo 2 de ellas tienen fecha de inicio para 2021. Ello implica que “además de disminuir la cantidad de causas con juicios iniciados durante 2020, la proyección estadística para 2021 permite sostener que la actividad se ha relentecido”, indica el informe.
El resto de las causas, unas 280, se encuentra en instrucción, “un número estable en todo el período” de 14 años entre 2006-2020: en 9 de ellas se dispuso la elevación a juicio y en 13 el MPF formuló requerimiento de elevación a juicio. Respecto de estos últimos números, son “los niveles más bajos registrados desde 2015”, señala.
En relación a las causas en instrucción, “el informe estadístico es demostrativo de que el volumen de causas que se encuentran en etapa de investigación por crímenes de lesa humanidad requiere de la implementación de medidas y recursos urgentes que se orienten a permitir un avance y esclarecimiento en el menor tiempo posible”, valora la Procuraduría.
Las personas
De acuerdo con el informe de la Procuraduría, desde 2006 a la actualidad 3448 personas fueron imputadas en causas por crímenes de lesa humanidad. En ese universo se encuentran incluidas las 1013 condenadas y las 164 absueltas.
Hasta el 4 de diciembre del año que culmina, obtuvieron sentencia 58 personas, de las cuales 51 fueron condenadas y 7 absueltas. De esta forma, se “consolida una tendencia descendente desde el 2017, año en el cual quienes resultaron sentenciados/as fueron 234. En 2019 las personas sentenciadas habían sido 95 y 108 en 2018”, precisa.
Mientras tanto, “continúa siendo alto el número de personas que aún no han obtenido sentencia”, dado que 628 se encuentran procesadas y 176 con falta de mérito. Otras 614 tienen pedido de convocatoria a prestar declaración indagatoria, mientras que 39 fueron indagadas y aguardan la resolución de su situación procesal.
Otras variables relevantes están expresadas en los siguientes guarismos:
Son 276 las personas condenadas con al menos una sentencia firme, y 24 las absueltas: 27% y 15% del total en cada caso, respectivamente.
A lo largo de este año fallecieron 36 personas investigadas por crímenes de lesa humanidad. En todo el país se registran 29 prófugos.
De los 904 fallecidos y fallecidas en los 14 años de procesos, 692 murieron antes de obtener sentencia y 212 luego del dictado de su condena o absolución.
Los plazos
De acuerdo con el estudio de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, el promedio de tiempo entre el requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía y el dictado de la clausura de la instrucción por parte del juez es de 5 meses. Desde la elevación a juicio hasta el veredicto, pasan 2 años y 4 meses en promedio. Y entre la sentencia del tribunal oral y el último fallo de la Corte Suprema pasan 3 años y 7 meses en promedio.
En torno a las demoras en la conclusión de los procesos, la Procuraduría regresa en el informe 2020 sobre el concepto de “espiral recursivo”, el cual desarrolló en su balance correspondiente a 2019. Ese concepto tiene que ver con la práctica que ordenó el sistema de reenvíos desde la Cámara Federal de Casación a los tribunales orales para que dicten una nueva sentencia sobre los puntos casados. Ello implica que la nueva sentencia de los TOF sea pasible de un nuevo recurso y consecuente revisión por el máximo tribunal penal, estirando el trámite del proceso.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2020/03/IMG_7516.jpg?fit=5472%2C3648&ssl=136485472FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-01-19 18:34:182021-01-19 18:34:19Lesa humanidad: en 14 años se dictaron 250 sentencias con 1013 personas condenadas y 164 absueltas
¿Para qué sirve el cuerpo de las mujeres? ¿Sólo para procrear y ser cuidadoras? ¿Para el goce sexual y visual de los hombres? ¿Para vender productos y fantasías? No y no. Con sus cuerpos mujeres, jóvenes y niñas pueden (y deben) jugar, correr, abrazar, entrenar, transpirar, relatar historias y aventuras.
Negar el derecho a abortos legales, seguros y gratuitos era persistir en el mandato que el cuerpo a la mujer no le pertenece. Era continuar ese concepto de que un cuerpo gestante es de la sociedad y el sistema capitalista que lo utilizan para reproducirse y multiplicar desigualdades e injusticias.
Y fue así como el mundo del deporte fue alejado durante décadas del alcance de mujeres y disidencias con deseos y habilidades para ser protagonistas tanto en el juego, entrenamientos y competencias, como en planos dirigenciales, arbitrales o en diversas profesiones en torno a ámbitos deportivos.
Camila Recalde es periodista deportiva y comunicadora feminista. Ella fue parte de la transmisión especial de FM De la Calle en la jornada histórica en la que se debatió y aprobó la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el último 29 de diciembre en Plaza Rivadavia. Con ella conversamos sobre los derechos y desafíos que se amplían desde ahora.
“Debatir esta ley, es hacer explícito el derecho que tenemos para decidir sobre nuestros cuerpos. Que nuestras voces sean escuchadas y nuestros deseos respetados. En el deporte se hace muy notoria la falta de pluralidad de voces de género y disidencias. En Bahía Blanca somos solo dos las mujeres que hacemos periodismo deportivo en radio. Junto a Fabiola Natalio, durante mucho tiempo trabajamos y nos formamos para estar a la altura de cualquier tarea relacionada a esta profesión. Sabemos que hay muchas mujeres capaces de ser parte de coberturas y transmisiones deportivas y no son convocadas para estar frente a la cámara y a los micrófonos. Hay mucho potencial acá, pero permanece esa mirada patriarcal sobre qué podemos o no hacer”, explicó Recalde.
Por deporte… y deseo
Jugar, entrenar, competir y ser protagonista del deporte es un poder más construido desde los feminismos. Animarse a sentir en los cuerpos todas esas sensaciones que fueron negadas durante décadas era impostergable. Sin embargo, el periodismo deportivo avanza muy lento hacia una perspectiva de comunicación más democrática.
“Es muy difícil hablar de perspectiva de género en la comunicación cuando las mujeres y disidencias no estamos en los medios, cuando nuestras voces no son escuchadas para contar lo que nos pasa o sucede alrededor. Surgen varios problemas allí, sobre todo en el modelo de medios hegemónicos, que nos guste o no, es más masivos. En esos espacios sigue existiendo discriminación y violencias. Creo que con diálogo, capacitaciones y ejemplos de trabajo cotidiano podremos construir otra comunicación más inclusiva”, aseguró la periodista.
Y fue más allá: “Busqué relacionar aborto y deporte en noticias o crónicas publicadas y de eso no se habla. Hay algunas periodistas o deportistas que se proclaman a favor de ley IVE, pero enseguida salta la implicancia de hacer actividad física con los riesgos de abortar. Y ahí otra vez aparece la estigmatización y la desinformación”.
Nos fue censurado el deporte, como palabra y ejercicio. Y se nos había negado transitar las experiencias corporales que a su vez, nos enseñaban a tener conciencia de nuestros derechos para decidir cómo nos queremos ver y qué queremos para nosotres. Hoy la deconstrucción que muchas realidades reflejan está pariendo nuevas oportunidades, merecidas conquistas y necesarias transformaciones en tal sentido.
Camila, integrante además de la Red de Comunicadoras de Bahía Blanca, fue contundente: “Ojalá el periodismo deportivo pueda estar a la altura, y sus masculinidades (algunas lamentables cómplices de violencias que se perpetúan) tengan la voluntad y sabiduría para revisar sus privilegios y correrse del centro de la cancha. Tenemos derecho a jugar y a contarlo. Podemos discutir sobre fútbol o cualquier deporte, estamos capacitadas para ocupar cualquier rol profesional: relatar, comentar, entrevistar, y además pensamos estrategias deportivas como política de cuidado e inserción social y laboral”.
Nos mueve el deseo amoroso que condena la clandestinidad y el individualismo. Queremos libertad y salud para todas las personas gestantes. Para que puedan gestar sueños, proyectos, dudas y revoluciones, además de embriones. Gestar la vida que deseen vivir. Con cicatrices y triunfos elegidos. Como derecho conquistado y destino merecido.
Y no podríamos expresarlo mejor que Tamara, militante de Las Martas Fútbol feminista888… “En el jugar hay una potencia hermosa y en el juego colectivo esa potencia se vuelve infinita. Si le agregamos jugar a algo donde se suponía que no debíamos estar nosotras, si le agregamos que nuestros cuerpos ocupen (desde el deseo y el placer) espacios pensados sólo para hombres, la combinación conlleva una irreverencia imparable. El fútbol jugado por mujeres es fútbol feminista y eso es revolucionario. (…) Que las canchas y la vida toda, sean nuestras”.
Que la comunicación y el periodismo… también.
888 Declaración publicada en el libro Feminismo para Jóvenas, editorial Chirimbote.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2021/01/WhatsApp-Image-2021-01-13-at-8.56.17-AM.jpeg?fit=1276%2C574&ssl=15741276FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-01-14 08:16:392021-01-14 08:16:39#Es ley: “Tenemos derecho a jugar y a contarlo”
Será este jueves en un acto que encabezará el presidente Alberto Fernández en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada. La ley amplía los derechos de las mujeres y personas gestantes, garantiza su atención en el sistema de salud y pone fin a una legislación vigente desde 1921.
Entrará en vigencia nueve días después de su publicación en el Boletín Oficial.
La ceremonia, prevista para las 18.30, reunirá a referentes de los colectivos que reclamaron durante años la legalización y despenalización del aborto, legisladoras/es y funcionaries.
La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue convertida en ley por la cámara alta el 30 de diciembre pasado, con 39 votos favorables y 29 en contra.
En el acto, el jefe de Estado también promulgará la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia -conocida como el Plan de los 1.000 días- que recibió un apoyo unánime en el Senado.
Argentina contaba con una ley casi centenaria que exponía a las mujeres que acudían al aborto a una condena de cárcel y sólo permitía la interrupción de los embarazos en casos de violación o de peligro de vida para la persona gestante.
Ahora, las mujeres podrán un embarazo hasta la semana 14 sin temor a ser penalizadas y el sistema de salud pública deberá garantizar la cobertura de la intervención de manera gratuita.
En tanto, el plan de los 1000 días establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo -una vez por año- para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años.
La IVE tiene como eje central la consagración del “derecho de las mujeres y personas con otras identidades de género a decidir la interrupción del embarazo” en los servicios del sistema de salud “en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2021/01/DSC03062-scaled-e1598397636648.jpg?fit=1191%2C482&ssl=14821191FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-01-13 08:03:202021-01-13 08:08:29El Presidente promulgará la ley de aborto
A pocas horas de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina, el pasado 29 de diciembre, las noticias internacionales llegadas del otro lado del mundo anunciaban que Corea del Sur se sumaba a la lista de los países que legalizan el aborto hasta la semana catorce del embarazo.
Dos pequeños, pero importantes, pasos que parecen indicar que los países del Sur caminan en dirección a disminuir la gran brecha con los países de Norte en la garantía del derecho a decidir sobre los cuerpos. Sin embargo, aún falta mucho por avanzar.
Como muestran los mapas que circularon en las últimas semanas, mientras la mayoría de los países llamados ‘desarrollados’ contemplan hace años el derecho al aborto, el panorama no es tan favorable en las regiones ‘subdesarrolladas’ o dependientes. En América Latina y el Caribe, se calcula que más del 90% de las personas gestantes en edad fértil están prohibidas de realizar prácticas voluntarias de interrupción del embarazo y, según la CEPAL, se estima que las cifras de muertes por abortos clandestinos superan los cinco mil óbitos anuales. Entre los pocos países que ya garantizan este derecho en la región están Cuba (1965), Guyana (1995) y Uruguay (2013), y el Distrito Federal (2007) y el estado de Oaxaca (2019) en México.
Aunque, como sucedía en Argentina antes de la reciente sanción, existen diversidad de normativas algunas de las cuales permiten el aborto dentro de una serie de supuestos como violación, riesgo de la madre y/o malformación del feto, el problema de acceso a la salud y educación público, y la desinformación se amarra a las graves desigualdades de clase, género y raza que impide la garantía de estas mínimas excepciones en la región. Ese es el caso de Chile, Colombia y Brasil, donde la inestabilidad política y el fuerte peso de las derechas católicas son un nítido obstáculo al avance de la democracia. Entre los países más restrictivos, podemos mencionar El Salvador, Haití y Honduras, donde la prohibición del aborto bajo cualquier supuesto convive con altos índices de violencia sexual.
Para Claudia Korol, comunicadora feminista, integrante del equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía, la sanción de la ley avanza en la conciencia antipatriarcal de la sociedad no sólo en Argentina, sino que estimula las luchas en el resto de Abya Yala – el continente americano- por el derechos a decir sobre nuestras vidas, modos de estar y de decidir con autonomía sobre nuestro cuerpo. La lucha por la interrupción voluntaria del embarazo evidencia el crecimiento del poder feminista y “da más fuerza para seguir organizándonos contra las violencias con las cuales pretenden reglamentarnos”; sin embargo, advierte Claudia, una ley no garantiza en sí mismo el derecho y hay que continuar organizadas para que se reglamente en las provincias. “Esperamos que salgamos más organizadas y, a partir de eso, construir desde abajo, desde el pie, desde la raíz, más fuerza para seguir la lucha antipatriarcal, feminista, anticapitalista y anticolonial”, dijo Claudia Korol en conversación con FM de la Calle en la previa a la sanción de la ley.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2021/01/mapa-aborto-para-materia-en-FM-de-la-calle.jpg?fit=1061%2C588&ssl=15881061FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-01-11 08:03:262021-01-11 08:19:14#EsLey: en América Latina continúa la lucha feminista, anticapitalista y anticolonial
Más de 60 referentes de organizaciones sociales y políticas, militantes de organismos de derechos humanos y sindicatos, familiares de víctimas de la violencia policial, docentes y estudiantes, participaron de un primer encuentro organizado por la Comisión por la Memoria (CPM) con el objetivo de informar sobre el estado de las causas que tramitan en los tribunales federales de Dolores, Lomas de Zamora, La Plata y Comodoro Py, en las que se que investigan las acciones de espionaje ilegal desplegadas entre 2016 y 2019 por el gobierno de Cambiemos.
Roberto Cipriano García, secretario de la CPM, inauguró el debate explicando que el objetivo principal del espacio era “compartir información para poder reflexionar sobre la trascendencia de la inteligencia ilegal y el espionaje político e ideológico en la Argentina, visibilizarlo y fundamentalmente dejar de naturalizarlo. La CPM tiene una expertiz sobre estos temas, ya que desde su fundación le fue conferida la custodia del archivo de inteligencia de la ex DIPPBA”.
La experiencia de la CPM en el trabajo de investigación y peritaje de documentos de lo que fuera la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), la ubican como un actor clave para reflexionar en torno a las rupturas y continuidades de las prácticas de inteligencia ilegal en tiempos de dictadura y democracia, y proponer acciones concretas para definir políticas de Estado.
Por su parte, Sandra Raggio, directora general de la CPM, precisó que “la política debe comprometerse con la erradicación de la inteligencia ilegal, ya que no se trata de algo que haya quedado en la opacidad de los pliegues del estado represivo sino que, por el contrario, es una trama muy compleja que llega hasta nuestros días y constituye una de las vulnerabilidades de nuestra democracia”.
En el mismo sentido se expresó Víctor Mendibil, integrante de la CPM: “La democracia no ha resuelto muchas de las demandas que tiene nuestro pueblo y una de ellas son las acciones de espionaje ilegal que tienen el objetivo de perseguir, espiar y disciplinar al conjunto de la sociedad que resiste”.
Estas acciones de espionaje que investiga la justicia y cuyo blanco fueron centralmente personas que militan en organizaciones del campo popular, comenzaron a consumarse en decisiones políticas tomadas inmediatamente después de las elecciones presidenciales de 2015. A partir de ese momento volvieron las reservas sobre la identidad de los agentes de inteligencia y se repusieron los gastos reservados: el crecimiento del presupuesto de inteligencia entre 2016 y 2019 llegó a los 8 mil millones de pesos, de los cuales más del 90% fueron gastos reservados, imprescindibles parea el despliegue de acciones ilegales.
Luego, Federico Schmeigel, director del Programa contra la corrupción y la inteligencia ilegal de la CPM, expuso con detalle las características de esta red de espionaje que investiga la justicia en la que aparecen trabajando de manera articulada los referentes políticos de la AFI con ex comisarios de la policía bonaerense o agentes de la misma fuerza y el SPB. “Las bases creadas por el gobierno de Cambiemos en los puntos calientes del conurbano empezaron a funcionar de manera secreta entre 2016 y 2018. Aunque su objetivo formal era la investigación de delitos complejos como el narcotráfico, las investigaciones muestran que su motor real era el espionaje social y político”.
Por estos hechos, el juzgado federal de Dolores acaba de dictar el procesamiento de 11 ex funcionarios y agentes de la AFI acusados de formar parte de una red de inteligencia ilegal en el AMBA durante los años 2017 y 2018. La prueba acumulada en la causa y los hechos acreditados revelan la gravosa magnitud del sistema de vigilancia política implementado durante la gestión CAMBIEMOS, con rémoras de viejas prácticas autoritarias. Las tareas de inteligencia ilegal alcanzaron a centenares de militantes opositores y de diversas extracciones políticas. Asimismo, se produjeron infiltraciones en partidos políticos, cooperativas, organizaciones sociales y gremios.
Durante más de dos horas participaron del debate referentes de estas organizaciones espiados y abogados querellantes en las diferentes causas. Gabriela Troiano, diputada nacional mandato cumplido por el Partido Socialista, agradeció a la CPM por el espacio y la iniciativa de llevar adelante las acciones necesarias, y manifestó: “Esto es algo que no podemos dejar pasar, somos responsable de hacer las cosas que hagan falta para vivir en una democracia, y para eso tenemos que hacer cumplir sus principios básicos: el espionaje ilegal no está dentro de estas premisas, pertenecen a una etapa oscura de nuestra historia”.
Por su parte, Guillermo Torremare, abogado y presidente de la APDH Nacional, habló también como querellante en una de las causas. Desde ese lugar explicó que “lo que resulta novedoso en este caso es la magnitud y la línea de responsabilidad política en los acciones de inteligencia que se advierte en la investigación judicial y que están diseñados para orquestar una represión hacia sectores opositores o enemigos”.
El juez Alejo Ramos Padilla llama la atención sobre el impacto que estas acciones de espionaje han tenido sobre la educación. Son numerosos los casos de trabajadores de la educación y estudiantes espiados y perseguidos. Muchos de ellos estuvieron hoy presentes en el encuentro y como contracara de estas acciones represivas reivindicaron su derechos a la organización y la protestas por los derechos.
En este sentido, Sergio Zaninelli de ADUNS señaló que “cualquier gobierno que espía a los sindicatos por lo hacen en defensa de sus representados, nos espía porque somos un peligro para quienes nos gobiernan”. En este punto también resultó conmovedor el testimonio de Clara, joven de Moreno que tenías 16 años y era estudiante secundaria cuando fue espiada en 2016 por sus actividades políticas. Clara participaba del programa Jóvenes y memoria de la CPM y militaba en la JP Cámpora de su localidad.
Quienes participaron del encuentro coincidieron en reforzar la línea de investigación iniciada por los juzgados de Dolores y lomas de Zamora y permanecer en alerta ante posibles acciones que pretendan derivar estas causas hacía los tribunales de Comodoro Py con el objetivo de frenarlas y garantizar impunidad para quienes diseñaron e implementaron este plan de espionaje ilegal.
También hicieron uso de la palabra la Secretaria Adjunta de SUTEBA Maria Laura Torres, el Secretario de DDHH de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) Mariano Fernandez, y el Secretario de DDHH de la CTA Autónoma y ATE provincia, Emiliano Huevarillo. A ellos se sumaron representantes del CEPRODH y otras organizaciones presentes. Asimismo participaron la concejal platense Victoria Tolosa Paz y la consejera escolar de Mar del Plata, Eva Fernández.
Por otro lado, se remarcó la necesidad de hacer visible estos hechos ante la opinión pública y alertar a la sociedad, desde todas las organizaciones, sobre la gravedad que tienen para la vida institucional de la democracia. En este punto, desde la CPM se anunció la realización de un encuentro sobre democracia e inteligencia para el año próximo y la coordinación de una serie de acciones tendientes a generar mecanismos institucionales de control adecuados en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2021/01/foto-actividad-inteligencia-660x400-1.jpeg?fit=660%2C400&ssl=1400660FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-01-05 08:17:292021-01-05 08:17:36Encuentro de querellantes y víctimas del espionaje político en la provincia
El Foro de Sociedades Científicas, Organizaciones de la Sociedad Civil y de Universidades llamó a “asumir el compromiso y la responsabilidad de brindar información veraz y de fuentes oficiales” ante la proliferación de noticias falsas sobre las vacunas contra la Covid 19.
Destacan la necesidad de “fortalecer la confianza pública en la campaña de vacunación” y de robustecer “la solidaridad y la necesidad de ampliar el vínculo social que puede contener y mitigar las consecuencias de la pandemia”.
“El método científico ha dado muestras de ser el mejor procedimiento para el avance del conocimiento general y para validar la seguridad, eficacia y calidad de las vacunas”, afirmaron.
El texto, compartido a nivel local por la Sociedad de Medicina Interna, sostiene que “la adhesión colectiva a la vacunación develará el justo reconocimiento y el apoyo que merecen los y las trabajadoras/es de la salud que mantienen su compromiso irreductible con el cuidado de la salud de la población, mientras que las falsas noticias conspiran contra este apoyo”.
“Para sumarnos al enorme esfuerzo de estos trabajadores, es imprescindible no circular mensajes que no hayan sido debidamente cotejados con fuentes confiables y oficiales”.
Por último, las organizaciones que componen el Foro manifiestan que “de la misma manera en que la humanidad ha sorteado otros grandes desafíos, saldremos adelante si mantenemos las medidas de cuidado entre todos y todas, reafirmando nuestra convicción en que la solidaridad hoy es la única opción disponible para la prevención y el alivio definitivo del sufrimiento pandémico”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2021/01/argentina-1024x651-1.jpg?fit=1017%2C455&ssl=14551017FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-01-05 08:15:432021-01-05 08:15:44Vacunas y fake news: “La solidaridad es la única opción para la prevención”
Desde hoy queda operativa y en plena vigencia la Prestación Básica Universal y Obligatoria. Es para servicios de telefonía móvil, fija, internet y TV por cable.
Está destinada a personas que ya tienen un dispositivo móvil, un celular, pero que hasta ahora se manejaban con un Plan Prepago por falta de recursos. Esta modalidad de cargar cuando se cuenta con algo de dinero en el bolsillo tiene finalmente un costo mucho más caro.
La misma tiene como objetivo garantizar el derecho humano de acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) por cualquiera de sus plataformas.
“La Prestación Básica Universal persigue el horizonte de la expansión de derechos establecidos por el Gobierno nacional como lineamiento general para asegurar que todos los argentinos y argentinas gocen de las mismas oportunidades”, indicó el Delegado Regional del Encom, Nicolás Bartolozzi.
El Decreto de Necesidad y Urgencia 690/20 del Poder Ejecutivo Nacional, determina que la TELEFONIA CELULAR, TELEFONIA FIJA, INTERNET y la TELEVISION POR CABLE (TIC’s-Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) son servicios públicos, esenciales, estratégicos y en competencia.
¿Cómo se concreta el Beneficio?
*Se debe completar esta declaración jurada, la cual se envía la misma a las Compañías de Telecomunicaciones.
*Las Empresas tienen la obligación de iniciar el trámite para el otorgamiento de la prestación, la disposición de Enacom es de cumplimiento obligatorio.
*No es necesario cambiar de Compañía, aplica para personas que ya tenían Servicio, o que lo pueden pedir desde cero.
¿Quiénes son los Beneficiarios de la Prestación Básica, Universal y Obligatoria?
El Padrón de Beneficiarios está construido con anterioridad, es clara su individualización y alcanza los 10.000.000 de Argentinas y Argentinos.
Los Usuarios y Usuarias que podrán optar por adherirse a las Prestaciones Básicas, Universales y Obligatorias son los siguientes:
1) Beneficiarias y Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Universal por Embarazo. También están incluidos sus hijos e hijas entre los 16 y los 18 años, y los miembros de su Grupo Familiar (Padre, Madre, Cónyuge, Conviviente).
2) JUBILADOS y PENSIONADOS que perciban un Beneficio en Bruto menor o igual a 2 (dos) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles ($41.000). También están incluidos sus hijos e hijas entre 16 y 18 años.
3) Usuarias y Usuarios inscriptos en el REGIMEN DE MONOTRIBUTO SOCIAL. También están incluidos sus hijos e hijas entre 16 y 18 años.
4) Beneficiarias y Beneficiarios de PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a 2 (dos) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. También están incluidos sus hijos e hijas entre 16 y 18 años.
5) Trabajadores y Trabajadoras en RELACIÓN DE DEPENDENCIA que perciban una Remuneración Bruta menor o igual a 2 (dos) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. También están incluidos sus hijos e hijas entre 16 y 18 años.
6) Trabajadores y Trabajadoras inscriptas en el REGIMEN DE MONOTRIBUTO, en una Categoría cuyo ingreso mensual no supere los 2 (dos) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. También están incluidos sus hijos e hijas entre 16 y 18 años.
7) Usuarias y Usuarios que perciban SEGURO DE DESEMPLEO, y también sus hijos e hijas entre 16 y 18 años.
8) Trabajadores y Trabajadoras incluidas en el Régimen de PERSONAL DE CASAS PARTICULARES (Ley 26.844), y también sus hijos e hijas entre 16 y 18 años.
9) Beneficiarias y Beneficiarios de una BECA DEL PROGRAMA PROGRESAR. (Jóvenes entre 18 y 24 años, Estudiantes Argentinos de Nivel Primario, Secundario, Terciario o Universitario, o que estén realizando una Curso de Formación Profesional). Además, todos los Jóvenes pueden navegar por las Páginas Web Educ.ar y Edu.ar sin costo alguno, sin consumir Paquete de Datos.
10) Personas que se encuentren DESOCUPADAS, o que se desempeñen en la ECONOMIA INFORMAL, y también sus hijos e hijas entre 16 y 18 años.
11) Beneficiarias y Beneficiarios de PROGRAMAS SOCIALES, y también sus hijos e hijas entre 16 y 18 años.
12) Entidades de Bien Público tales como Asociaciones Civiles, Simples Asociaciones, Fundaciones, que no persiguen Fines de Lucro (Ley 27.218); Organizaciones Comunitarias con Reconocimiento Municipal; Clubes de Barrio y de Pueblo (Ley 27.098); Asociaciones de Bomberos Voluntarios (Ley 25.054).
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2021/01/lvp.telefonia-movil-la-mas-beneficiada.jpg?fit=958%2C596&ssl=1596958FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-01-04 07:53:162021-01-04 07:53:17¿Qué es y a quiénes beneficia la prestación básica de telefonía, internet y TV?
(Por Analé Barrera – Tramas Boletín) El aborto es legal en Argentina.
Lo digo para adentro, lo digo en voz alta. Una y otra vez.
Se lo digo a mi hija de tres años ni bien se despierta, como se lo dije en una canción de cuna improvisada con la media sanción en 2018.
Lo hicimos.
Ahora vos y tus amigas no van a tener que pasar por el dolor de clandestinidad.
Ellas escucharán los discursos en el Congreso y les resultarán increíbles, de otro mundo; como cuando nosotrxs escuchamos los planteos de quienes se oponían al voto femenino.
Las imagino fuertes y diversas, luchando por demandas nuevas. Rebeldes, libres, sonriendo.
El aborto es legal en la Argentina.
Detrás de esta conquista hay una larga historia de lucha en las calles y también dentro de las organizaciones, en los lugares de trabajo, de estudio y hasta en la mesa familiar. Están los encuentros, las campañas, las marchas, los pañuelos verdes, los brillos, los cantos… y también las peleas menos estridentes, del día a día. Las pibas que hacen una vaquita o buscan unx médicx que se juegue a recetar para acompañar a una amiga, las trabajadoras de la salud que peleaban porque se cumpliera con la ILE por causales (reconocidas en el Código Penal de 1921), las docentes que escucharon, las socorristas, las compañeras, las madres, tías, abuelas y hermanas que sostuvieron la mano.
El aborto, ¿es “cosa de mujeres”?
Cuando esos diputados y senadores “viejos chotos” (no hablo en términos de edad, sino de una categoría política; pensemos si no las emocionantes palabras de Pino Solanas en 2018) nos dicen qué tenemos que hacer y cómo… nos empieza a subir la bronca. ¿Cómo se atreven a forzar a mujeres ¡a niñas! a llevar un embarazo? Ahí decimos, sin vueltas: no tenés útero, no opines. Callate de una vez, Raúl.
Sin embargo, la identificación de la demanda por el aborto legal como tema únicamente de quienes podemos gestar, supone un reduccionismo si queremos hablar de qué estructuras sostienen la organización de la sociedad y cómo hacemos para cambiarlas.
Al recorrer la historia de las luchas feministas, vemos que desde el movimiento obrero y partidos de izquierda, con vocación de representar intereses de la clase trabajadora… se ha reforzado el planteo del aborto, entre otras demandas, como una cuestión privada, como “tema femenino” y, como tal, posible de tirar para más adelante, cuando se pueda, cuando no genere inconvenientes hacia adentro, en las alianzas…
En este sentido, el aborto legal no es (sólo) “cosa de mujeres”. Y debe ser un eje programático de cualquier movimiento que se proponga la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
La noción fundamental de que las mujeres y personas con capacidad de gestar tenemos soberanía sobre nuestros cuerpos remite a la autonomía personal, claro, pero también es esencialmente una cuestión social.
En la demanda del aborto legal se juega algo más.
Los sectores fundamentalistas que hablan de la “ideología de género” acá y en el mundo así lo entienden: creen que el aborto legal es la punta de lanza para otras transformaciones que destruirán a la sociedad y blablablá.
Y acá bien vale decirles: ojalá que se destruya la sociedad desigual que pregonan, así como sus discursos de odio misógino, homolesbofóbico, transfóbico, racista, xenófobo, aporofóbico. (Disculpen si sueno un poco beligerante. Pero con estos sectores que ponen porotos en todos los casilleros de la opresión, no hay coreadelcentrismo posible).
El aborto legal es entonces, en principio, “cosa de mujeres” (y de las personas con capacidad de gestar). Pero tiene implicancias que van mucho más allá.
Recuerdo la primera marcha de Ni una menos. ¿Qué tiene que ver el aborto con los femicidios? se escuchaba por ahí , en la que creo que fue la marcha más grande en la que participé en Tandil, ciudad donde viví 12 años. ¿Que qué tiene que ver? Todo. Y también con la brecha salarial de género, con la precarización, con los pisos pegajosos y el techo de cristal. Tiene que ver con el miedo a caminar solas por la calle, el tener que juntar la mesa mientras los varones de la casa se rascan, el dejar proyectos propios por cuidar a lxs hermanxs menores, hijxs, enfermxs y ancianxs…
La legalización del aborto viene a, por lo menos, horadar el mito que asocia “lo femenino” y lo natural, lo intuitivo, lo maternal y que nos confina al ámbito de lo privado y de la reproducción; legitimando así la desigualdad y las violencias de género que sufrimos en los distintos ámbitos de la vida.
Esta conquista hace que las mujeres dejemos de ser ciudadanas de segunda. Porque en la base de la negación de nuestros derechos y de las violencias que vivimos, está la idea de que tenemos una calidad inferior; de que somos accesorias, definidas en relación a los varones. Otras.
Ahora podremos dejar de ser vistas como vasijas vacías y reclamar nuestra condición de personas. Tan básico y radical como eso.
Entonces… ¿Por qué decimos que la consigna (¡y la conquista!) del aborto legal nos lleva a otras?
Porque esta lucha ilumina el hecho de que si bien el mandato de la maternidad pesa sobre las mujeres en general, no todas lo vivimos de la misma manera. Asumir una mirada interseccional implica así saber que hay vivencias que nos unen como mujeres pero que no hay una esencia biológica o abstracta ahí: las decisiones sobre maternar o no se dan en situaciones concretas, cruzadas por opresiones de género así como de clase y raza.
Porque expone estereotipos de género y nos da herramientas para romperlos. En este proceso, el aborto legal es coherente y confluye, entre otras, con las demandas por generar condiciones para garantizar y proveer los cuidados implicados en la crianza y educación de les niñes… Para que no caigan mayoritariamente sobre nosotras y se distribuyan de forma equitativa entre mujeres y varones y, también, entre hogares, comunidad, Estado.
Porque la experiencia de lucha nos da perspectiva y organización para ir por más.
Levantemos la copa y el puño
Este nuevo derecho nos deja el invaluable aprendizaje de que luchar, sirve.
(Así lo demostraron también anoche lxs trabajadorxs de la huelga aceitera, que después de tres semanas le ganaron la pulseada a la angurria clasista de las agroexportadoras. Vaya nuestro saludo para ellxs).
Mañana brindemos y dejémonos arropar por esta alegría conquistada, que tanto necesitábamos. Que la noticia les dé más fuerzas a las compañeras que luchan en todos los países del mundo en los que el aborto aún es clandestino. Como nos gusta cantar a los gritos: ¡… se cuidan, se cuidan los machistas; América Latina va a ser toda feminista!
La cosa no termina acá: queremos una vida no sólo menos dolorosa, sino también más justa y feliz.
Nos mueve el deseo de cambiarlo todo. Y ahora… ¿quién nos para?
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2020/12/1609340290_049367_1609341065_noticia_normal_recorte1.jpg?fit=1300%2C587&ssl=15871300FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2020-12-31 08:00:502020-12-31 09:46:56El aborto es legal en Argentina. Y ahora, ¿quién nos para?
Con 38 votos a favor y 29 en contra el Senado convirtió en ley el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Hubo una abstención y cuatro ausencias. También se aprobó el Plan de los 1000 días para el acompañamiento a las maternidades deseadas.
La votación llegó a las 4:12, luego de doce horas de debate que fueron seguidas con vigilias frente al Congreso y en muchas ciudades del país. En Bahía Blanca el encuentro fue en Plaza Rivadavia desde donde FM De la Calle realizó una transmisión especial de la histórica sesión.
Con el correr de las horas se conocieron las posturas de las senadoras y los senadores que aun no las habían explicitado y fueron los que permitieron revertir el resultado negativo del debate del 2018 cuando el proyecto fue rechazado por 38 votos contra 31.
El Poder Ejecutivo se comprometió a realizar un veto parcial de dos artículos para sumar, entre otros, el voto del ex gobernador de Rio Negro, Alberto Weretilneck. El cambio implicará una mirada más restrictiva para la realización del aborto luego de la semana 14.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2020/12/134093879_1567126610141502_2910170941768027783_n.jpg?fit=960%2C469&ssl=1469960FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2020-12-30 08:10:502020-12-30 08:43:03Es ley
El camarista Pablo Candisano Mera ratificó a la jueza Gabriela Marrón al frente de la investigación por la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro.
Para el magistrado las querellas encabezadas por Cristina Castro y la Comisión Provincial por la Memoria “no han logrado demostrar la existencia de elementos que abonen a la afectación de la garantía constitucional invocada”, es decir, el temor de parcialidad.
La causa continúa con apelaciones pendientes en la Cámara Federal bahiense y con la producción de medidas de prueba. Las querellas recurrirán nuevamente la resolución contra el apartamiento de Marrón y la denunciarán ante el Consejo de la Magistratura.
Defensa corporativa de la Bonaerense
Mediante sus abogados, Leandro Aparicio y Luciano Peretto, la madre del joven de Pedro Luro cuestionó a la jueza por denegarles medidas de prueba orientadas a dilucidar la responsabilidad de la Policía Bonaerense en los hechos.
Se le reprochó a la titular del Juzgado Federal N°2 hacer “una defensa corporativa” de la fuerza de seguridad y reclamaron revisar el comportamiento de los efectivos en el marco de las infracciones por violación al aislamiento obligatorio.
La querella denunció que la Bonaerense actuó de manera discrecional, sin control judicial y con criterio de selectividad -apuntando a personas humildes y migrantes– y abusando de la fuerza física.
De hecho, Facundo fue interceptado en Mayor Buratovich y en Teniente Origone y no hubo consulta a la propia jueza Marrón ni al fiscal Ulpiano Martínez -ambos de turno-, ni lo trasladaron a su domicilio.
Por otra parte, la querella planteó una queja por las sospechas de Marrón sobre la propia Cristina Castro, su orden de investigar al perito Marcos Herrero y la denuncia contra uno de los abogados de la familia.
Al rechazar su recusación, Marrón advirtió “una deformación del instituto utilizado para apartar al juez natural de la causa, tergiversando el alcance y contenido de reglas básicas del debido proceso, de los derechos de las víctimas, las garantías constitucionales, la validez probatoria, descontextualizando las circunstancias y los hechos de la causa”.
Candisano Mera afirmó que “el temor de parcialidad en el juzgador, aun cuando no esté incluida expresamente en el catálogo de motivos o causales de apartamiento de magistrados reglados en el art. 55 del CPPN, resulta una causal válida de recusación”.
“Sin embargo, los supuestos de recusación no deben constituir para las partes un instrumento para separar al juez interviniente del conocimiento de la causa”.
El camarista sostuvo que “la Corte Suprema ha sostenido la improcedencia de la recusación de los jueces fundada solamente en su intervención oportuna en un proceso, en el marco de sus propias funciones”.
“No compartir el criterio utilizado por quien decide, sólo habilita al presentante a deducir los recursos pertinentes pero carece de entidad como supuesto objetivo capaz de generar un ‘temor de parcialidad’ que justifique su recusación”.
Candisano Mera manifestó que “más allá del acierto o no de aquellas decisiones y de la terminología utilizada, en razón de tratarse de una resolución dictada en cumplimiento de una obligación constitucional, sobre los puntos sometidos a su consideración, habilitada y fundada, descalifica de plano la alegada parcialidad, por no verificarse sospechas objetivamente justificadas que permitan afirmar –fundadamente– que la magistrada no utiliza como criterio de juicio el previsto por la ley”.
Por último, aclaró que aún están pendiente de resolución las apelaciones a muchas de las medidas tomadas por la jueza Marrón.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2020/12/marron-firma.jpg?fit=839%2C373&ssl=1373839FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2020-12-29 17:39:382020-12-29 18:03:28Ratifican a la jueza Marrón en la causa de Facundo
La directora del Programa Justicia por Delitos de Lesa Humanidad, Claudia Bellingeri, declaró, en carácter de testigo de concepto, en el marco del juicio que lleva adelante el TOF de Bahía Blanca contra los responsables de los crímenes cometidos por el grupo parapolicial Triple A entre 1975 y los primeros meses de 1976.
Como organismo designado por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata para la preservación, administración y gestión del archivo de la DIPPBA, la CPM realizó para esta causa un aporte documental de 164 registros, entre fichas, legajos e informes que individualizan a los integrantes del grupo de tareas civil, el seguimiento a muchas de sus víctimas y las conexiones con la Universidad Nacional del Sur y el diputado Rodolfo Ponce, entre otros aspectos que se ventilan en este juicio.
Las audiencias continuarán los días 3, 4 y 5 de febrero.
La exposición de Bellingeri fue acompañada de una serie de diapositivas en las que se mostraban extractos de documentos oficiales de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) con datos de las víctimas de la Triple A en Bahía Blanca, la participación del por entonces interventor de la Universidad Nacional del Sur (UNS), Remus Tetu, en la coordinación del grupo de tareas sobre los claustros estudiantil y de no docentes, y el rol del diputado nacional Rodolfo Ponce -secretario general de la CGT local- en la conducción del grupo civil, además de la inserción funcional de la DIPPBA dentro del esquema y zonifación del terrorismo de estado.
El testimonio se extendió por más de tres horas y contempló la explicación y contextualización de 164 documentos aportados por la CPM en tres informes distintos que fueron presentados durante los últimos años desde el inicio de la investigación penal.
En primer lugar, la testigo de concepto detalló los principios de integralidad, cadena de custodia y autenticidad de los documentos, a partir del extenso trabajo de desclasificación, organización y digitalización del archivo DIPPBA. En ese marco, también se proyectó en plena audiencia el video titulado “La Inteligencia también fue Terrorismo de Estado”.
En cuanto a la Comunidad Informativa -categoría que designa la articulación, coordinación y colaboración de todas las agencias de inteligencia del país para la ejecución del plan de exterminio-, describió sus organigramas, funcionamiento orgánico, y su expresión local en Bahía Blanca.
De las reuniones de la Comunidad Informativa bahiense, por ejemplo, Bellingeri destacó documentos que prueban que Tetu participó activamente aportando nombres de trabajadores no docentes y estudiantes identificados como subversivos o de izquierda peronista o marxista, además de haber creado en la Universidad el Departamento de Seguridad desde el cual directamente se contrató a integrantes de la Triple A.
Asimismo, con respecto a Ponce los documentos expresan que varios de los integrantes de la Triple A de Bahía Blanca eran considerados como “guardaespaldas” o personal de seguridad del diputado Ponce, provenientes de gremios como el de la Junta Nacional de Granos, URGARA, y otros.
Entre las acciones encomendadas a este grupo de tareas civil se destacan la detección, seguimiento y, en algunos casos, el asesinato de “posibles elementos de izquierda” que intervinieran en los espacios gremial, fabril o universitario.
Cabe destacar que en los documentos de DIPPBA aportados a esta causa aparecen no sólo los nombres y roles de los cuatro que están siendo juzgados -Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero- sino también los de otros integrantes de la Triple A que no llegaron a juicio, como en los casos de Argibay padre e hijo, Sañudo, Chizú, Dodero y otros.
Respecto al nombre de la organización parapolicial, Bellingeri explicó que en ningún documento aparece explicitado como Triple A sino que se los menciona como “grupo civil”, “peronismo histórico”, “peronismo ortodoxo” o “juventud sindical peronista”.
Entre las víctimas que aparecen registradas en los documentos DIPPBA se destaca el caso de David Watu Cilleruelo, estudiante universitario asesinado por el grupo de tareas y cuyo nombre había sido aportado por el rector Tetu en una de las reuniones de la comunidad informativa de Bahía Blanca.
Tras el crimen del joven, y ante las protestas y movilizaciones de la comunidad universitaria, Tetu detalló “el estado rebelde y subversivo en los claustros, provocado por dichos activistas, cuyos antecedentes se adjuntan”.
Bellingeri también puntualizó en la documentación sobre otras dos víctimas -Luis Jesús García y a Rodolfo Gini- aunque aclaró que existe material documental sobre muchas de las víctimas que se contemplan en esta causa.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2020/12/prezi-triple-a-660x400-1.jpg?fit=660%2C400&ssl=1400660FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2020-12-24 08:57:322021-09-01 10:05:04Triple A: la CPM contextualizó documentos DIPPBA sobre los “grupos de tareas civiles”
El juez federal Walter López Da Silva dispuso y concretó la semana pasada la detención de cuatro ex militares en cumplimiento de la resolución de la Cámara Federal por la cual se hizo lugar al recurso interpuesto por la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad para que se les imponga la prisión preventiva.
Las capturas de los cuatro imputados tienen como antecedente la resolución dictada por el tribunal de alzada el 3 de diciembre, por la cual se confirmó su procesamiento por el delito de abuso deshonesto contra una víctima que permaneció cautiva en la compañía Combate My. Keller del Batallón de Comunicaciones 181 y se ordenó que fueran detenidos.
Los militares detenidos son el ex jefe de sección, Enrique Stel; el ex oficial de Estado Mayor, ex ayudante del jefe de la Unidad y ex jefe de Sección, Raúl Esteban Andrés; el ex jefe del Grupo Artillería, Vicente Alfredo Flores; y el ex jefe de grupo, Eduardo Carlos Videla.
Los cuatro imputados revistaron durante 1976 en aquel destino. La compañía tuvo una destacada participación en la ejecución de los operativos de secuestros y constituyó el principal grupo de tareas con el cual contaba el batallón.
El juez López Da Silva solicitó cupo al Servicio Penitenciario Federal para alojar a los cuatro ex militares, aunque decidió que a raíz de la pandemia de COVID-19 cumplan la medida cautelar en sus domicilios.
Esa resolución fue recurrida por la Unidad Fiscal. No es la primera vez que estos imputados son detenidos pero se encontraban en libertad porque habían sido excarcelados en otros expedientes.
En el recurso ante la Cámara Federal, la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos de Bahía Blanca, a cargo del fiscal general Miguel Palazzani, sostuvo que la decisión apelada se apartaba de la jurisprudencia de la Corte Suprema en la materia. También señaló que no se habían analizado los peligros procesales que provoca la omisión del dictado de la medida cautelar.
Los cuatro militares detenidos a raíz de la decisión de la Cámara Federal fueron imputados de varios hechos de violencia sexual, pero ese tribunal consideró que había prueba suficiente para uno de los hechos, calificado como abuso deshonesto, que tuvo como víctima a una mujer. Respecto de los demás hechos, dictó el sobreseimiento. La Unidad Fiscal informó que se encuentra en preparación el recurso de casación para revertir esa decisión. Para la representación del MPF el análisis desde una perspectiva de género en los procesos de lesa humanidad resulta determinante a la hora de demostrar el carácter sistemático de este tipo de conductas.
Con la confirmación del procesamiento de los doce imputados, el proceso se encamina hacia el primer juicio -el juez López Da Silva ya corrió traslado a la fiscalía para que solicita la elevación del caso a debate oral y público- en el que se juzgará a miembros del Ejército Argentino por delitos sexuales ocurridos en centros clandestinos bajo su jurisdicción. En 2015 el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca encontró responsables por este tipo de delitos a varios integrantes de la Armada Argentina.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2020/12/batallon-efemedelacalle.jpg?fit=936%2C421&ssl=1421936FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2020-12-21 12:53:312020-12-21 12:53:32Detienen a represores imputados por violencia sexual