La jueza federal María Gabriel Marrón desestimó el pedido de detención de cuatro efectivos de la Policía Bonaerense solicitados por la querella que impulsa la madre de Facundo Castro Astudillo.

“El fiscal, fundadamente, no acompañó a la querella, por lo tanto no hay requerimiento de instrucción que habilite la acción penal y por ende la producción del acto jurisdiccional (detenciones)”, resolvió.

Marrón compartió los argumentos del fiscal Ulpiano Martínez en relación a Alberto González y Siomara Flores, difundidos este fin de semana en un comunicado oficial.

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“La evidencia comprueba prima facie la geolocalización de los nombrados en ocasión de tomar contacto con la víctima Facundo José Astudillo Castro y lo ocurrido en dichas oportunidades, siendo sus narraciones coherentes y contestes entre sí. Al mismo tiempo que resultan compatibles con los informes y pericias de los teléfonos celulares de todos los sujetos involucrados, los informes y la pericia del móvil policial conducido por González, la documentación aportada, y los otros testimonios receptados, entre otros elementos de prueba”, escribió.

Para la jueza, “–al menos, de momento-, no hay fundamento suficiente para dudar de los testigos señalados, no obstante la facultad de los representantes de la víctima de recurrir la decisión ante el tribunal superior”.

En cuanto a Mario Gabriel Sosa y Jana Curuhinca, se remitió al rechazo al pedido de detención realizado por el propio fiscal, “sin perjuicio de lo que resulte del avance de la pesquisa”.

Cabe destacar que, en una segunda recusación contra Martínez, tanto Cristina Castro como la Comisión Provincial por la Memoria el plenteó del fiscal estaba “condenado al fracaso de antemano”.

“Se constatan pedidos de imputaciones y detenciones lo suficientemente endebles, como en el caso de los agentes policiales Curruhinca y Sosa, y que por tanto hallaron el rechazo como destino. Tal precedente negativo signó, ante pruebas sobrevinientes, su alejamiento de la posibilidad de imputar y detener personas sospechadas de participación, como en el caso de los cuatro agentes policiales con evidencias notorias”, afirmaron Adolfo Pérez Esquivel y el equipo jurídico del organismo.

Desde las 9 de la mañana continuará el debate oral y público del juicio a la Triple A de Bahía Blanca. También habrá audiencias miércoles y jueves. Transmite el canal de youtube Audiovisuales UNS.

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Fueron convocados trece testigos, entre los cuales figuran familiares y compañeros de las víctimas y empleados de la Universidad Nacional del Sur (UNS) de la época en que los imputados actuaron en esa sede bajo las órdenes del rector interventor Remus Tetu. Cinco de las declaraciones se brindarán por videoconferencia.

Los imputados son Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno como integrantes de una asociación ilícita a la que se le atribuyen 24 homicidios agravados cometidos entre los años 1974 y 1975 en la zona de Bahía Blanca. Por su parte, Aceituno se encuentra sindicado como coautor del homicidio agravado del estudiante y militante estudiantil “Watu” Cilleruelo.

Esta semana comienza a desarrollarse la prueba de los casos de Salvador Julio Trujillo y José Manuel González. Trujillo, de 33 años, era obrero de la empresa textil “Lanera San Blas” de la ciudad y, como integrante de la Asociación Obrera Textil, había sido propuesto como delegado de los trabajadores de aquella empresa para las elecciones gremiales que se realizarían en los meses posteriores a su asesinato.

La noche del 20 de septiembre de 1975, la víctima fue secuestrada por un grupo de personas de civil que lo introdujo en un Fiat 125. Su cadáver fue abandonado junto a la ruta de acceso a Puerto Galván, con seis impactos de armas de fuego en la espalda.

José Manuel González integraba el grupo de Scout de la parroquia San Roque de Bahía Blanca, y trabajaba como ayudante de obra en la construcción del complejo petroquímico de la ciudad, para la empresa McKee Techint -la misma que había empleado a otra de las víctimas de la causa, Luis Jesús “Negrito” García-. Elegido delegado de obra e integrante de la comisión directiva de la UOCRA, renunció al cargo tras las reiteradas amenazas recibidas.

El secuestro de la víctima se produjo el 23 de abril de 1975, cuando se trasladaba desde la obra a la parroquia San Roque donde habitaba. El cuerpo de González fue hallado en el kilómetro 720 de la ruta 22, con doce impactos de bala en la cabeza y espalda.

También se escucharán nuevos testimonios sobre el caso de Alberto Mario Pojomovsky, militante del Partido Comunista atacado por un grupo armado el 29 de junio de 1975 mientras conducía su vehículo en compañía de su esposa. En ese contexto recibió varios impactos de armas de fuego calibre 22 y 45. Producto de aquellas heridas, la víctima falleció veinte días después del ataque, en un nosocomio local. De acuerdo a uno de los testimonios prestados en las jornadas anteriores, antes de morir Pojomovsky alcanzó a informar al padre de la testigo que el ataque había sido ejecutado por la gente de Rodolfo Ponce, por entonces diputado nacional y secretario de la CGT local, sindicado por la acusación como uno de los jefes de la organización criminal.

La Fiscalía General informó que la Justicia Federal remitió actuaciones a la justicia provincial a los fines de que se investigue la posible comisión de un delito de acción pública respecto del accionar de policías de la Bonaerense, en el marco de la investigación por la desaparición de Facundo Castro.

En concreto, los hechos se circunscriben al trato dispensado a algunos integrantes de la familia de la ex novia del joven desaparecido en el marco de diligencias investigativas.

Ello dio origen a dos investigaciones que tramitarán por ante la UFIJ N° 8 a cargo del dr. Marcelo Romero Jardín y la UFIJ N° 12 de la dra. Leila Scavarda, de acuerdo al lugar donde se sucedieron los hechos que se denuncian.

Santiago Ulpiano Martínez había hecho referencia a los vejámenes este fin de semana al rechazar la detención de cuatro policías en relación al encubrimiento de la desaparición de Facundo denunciado por la querella

“El hostigamiento narrado” por la ex novia y su hermano, “claramente delictivo, que dio lugar al pertinente requerimiento de instrucción y por el cual -en su caso- habrán de responder penalmente los numerarios, pareció más bien un accionar tendiente a despejar el manto de sospecha con el que fueron cubiertos a raíz de la desaparición de Facundo”.

“Claramente expresó la ex novia que la pregunta insistente que le hacían era sobre el paradero de Astudillo; las presiones y vejámenes a las que fue sometida -junto con su hermano-, se orientaban más bien a encontrarlo. En todo caso coincidió en lo que expresó la querella respecto a que le exigían “que reconozcan la existencia de algún crimen para con Facundo”, pero en el sentido de si ellos -los testigos- le habían hecho algo, o si sabían qué le podría haber pasado”, agregó.

Finalmente, el comunicado de la Fiscalía Federal destacaba que “su hermano incluso ‘accedió’ –bajo una evidente coacción por parte de los agentes- a que ingresaran en su domicilio y registraran el inmueble en su búsqueda. Tal proceder se condijo más con la voluntad de hallarlo, antes que con la intención de ocultar su desaparición forzada. Al menos eso surgió a primera vista”.

La Fiscalía Federal a cargo de Santiago Ulpiano Martínez desarrolló las razones por las que, de momento, se pronunció en contra de los pedidos de detención de cuatro agentes policiales bonaerenses.

Se trata de Mario Gabriel Sosa, Jana Curuhinca, Siomara Flores y Alberto González. La medida fue requerida la semana pasada por Cristina Castro, la madre del joven desaparecido el 30 de abril.

Se aguardan los resultados de nuevas medidas de prueba y se requirió colaboración al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Comunicado oficial

Sosa y Curuhinca

En relación a los pedidos de detención de los agentes de policía Mario Gabriel Sosa y Jana Curuhinca, se sostuvo que debía estarse a lo resuelto por la jueza federal en su decisión del 4 de agosto, sin perjuicio de lo que resulte del avance de la investigación.

González

La fiscalía tampoco acompañó el pedido intentado por la querella particular, tendiente a procurar la detención de Sr. Alberto González, Oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, por cuanto no se advirtieron -en este segmento inicial- elementos suficientes que hicieran suponer que formó parte de un accionar orientado a la desaparición de Facundo Astudillo Castro o, subsidiariamente, al encubrimiento de una conducta semejante.

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En ese sentido, se recordó que González fue citado a testimonial por primera vez respecto de los hechos que se intentaron dilucidar por la Ayudantía Fiscal de Villarino, que le recibió declaración el 15/06/2020, en el marco de la IPP nº PP02-00-009503-20/00. En esa causa, por entonces, se tendía a dar con el paradero de Facundo.

En aquella ocasión explicó que el día 30/04/2020 recibió un llamado telefónico del Sr. E.P., quien le informó que habría una persona desplazándose por la vera de la Ruta Nacional n° 3 y que, dadas las características físicas observadas, podría tratarse de un menor de edad.

Señaló que, a fin de verificar dicha circunstancia, se trasladó a bordo del móvil policial hasta la citada ruta donde, a cinco kilómetros del acceso a Teniente Origone, habría tomado contacto con Facundo Astudillo Castro. Luego de conversar con este último, pudo saber que se dirigía a Bahía Blanca. Más precisamente a la casa de su novia -de quien aportó su domicilio-.

Luego corroboró que, pese a las medidas de aislamiento dictadas por el PEN, no tenía el respectivo permiso para circular. Ante esta situación, consultó telefónicamente a la dependencia policial de Médanos sobre cómo debería proceder. Sostuvo que sus superiores le informaron que Astudillo ya había sido infraccionado ese día por infringir la cuarentena y le indicaron que lo dejara seguir su viaje. Cumplido ello, mientras se alejaba lo habría visto subir a un vehículo que identificó como un Renault Duster Oroch color gris oscuro.

Alberto González depuso nuevamente ante la aludida Ayudantía el día 02/07/2020 y, si bien brindó algunos nuevos detalles respecto a su encuentro con Astudillo, lo hizo en similares términos que en su anterior declaración.

Puntualmente, agregó el número del móvil en el que se trasladó durante el episodio reseñado (R.O. 22788), incorporó las fotos que tomó de la licencia de conducir de Facundo (datadas el día 30/04/2020 a las 15.43hs) y exhibió las anotaciones que al respecto realizó en su agenda personal, que son materia de investigación.

Se consideró que sus manifestaciones resultaban por el momento verosímiles, pues se veían corroboradas por los testimonios de M.M., M.B. y E.P. Los primeros dos son quienes originalmente habrían visto a Astudillo caminado por la ruta –mientras se trasladaban en su vehículo particular, aproximadamente a las 15.00 de la fecha señalada- y al creer que se trataba de un menor de edad, dieron aviso a P. para que este a su vez informara de la circunstancia a González.

Todas las declaraciones mencionadas fueron corroboradas por elementos técnicos, como son los informes de la empresa de telefonía móvil Movistar. De las planillas remitidas por la compañía surgen no sólo las llamadas realizadas por los testigos -entre sí-, sino que además, de los impactos de sus celulares en las antenas se puede verificar que se habrían encontrado en los lugares donde refirieron estar. Asimismo, el Sistema de Localización Automática Vehicular (AVL) del móvil en el que González dice haberse trasladado arrojó geolocalizaciones y movimientos compatibles con sus declaraciones.

Es que, tal y como señala el informe incorporado por la División Búsqueda de Personas de la Policía Federal Argentina “8) Aproximadamente a las 15:00 horas en el Km 755 Facundo es visto por los testigos M.M. y su esposa M.N.B., quienes divisan a Facundo sobre la ruta (los abonados de estos testigos son captados por la antena de Teniente ORIGONE entre las 14:00 y 15:30 horas. Entre las 15:14 y 15:22 hay registros de comunicaciones entre B. y el abonado registrado a nombre de E.P., captadas en la zona de Teniente Origone, las que tienen relación con el aviso de este matrimonio al nombrado P., y este a las 15:16 entabla comunicación con el Teniente Primero Alberto GONZALEZ”.

Más adelante refiere que “El AVL del móvil interno 22788 lo ubica en las coordenadas (…) entre las horas 15:27:27 a horas 15:41:57. Si calculamos la distancia desde la salida de Teniente Origone al punto de geolocalización del AVL del móvil de GONZALEZ la distancia es de 5,8 km desde la circunvalación hacia la posición en que el móvil estuvo detenido”. Luego “El AVL del móvil interno 22788 lo ubica entre las horas 15:51:18 hasta las horas 18:37:35 en las coordenadas (…), dentro de Teniente Origone”.

También se advirtió un impacto de la línea de Astudillo en una antena ubicada en Ingeniero White -denominada POLOPETROQUÍMICO UN- a las 16.06 del día 30/04/2020. De dicha circunstancia, informada por la empresa “Claro”, podría colegirse que el nombrado siguió su rumbo hacia Bahía Blanca, alejándose cada vez más de Origone.

Ello podría confirmar el testimonio de E.R., quien aseguró haber levantado a Facundo en una circunstancia que parecería ser la narrada por González. La testigo explicó que lo vio haciendo dedo cerca del camino de ingreso a Origone, próximo a un móvil policial.

Desde allí lo habría trasladado hasta las vías más cercanas a dicho pueblo, desde donde Facundo habría emprendido su camino hacia Bahía Blanca –lo que explicaría el impacto informado por la empresa “Claro”-.

La verosimilitud de la declaración de E.R. se ve fortalecida –al momento- con el informe aportado por el Municipio de Villarino, del que surge que su vehículo fue captado a las 16.03hs por la lectora de patentes emplazadas en el kilómetro 714 de la Ruta N° 3.

Se destacó que del análisis del teléfono celular de González no se desprenden elementos que permitan albergar sospechas respecto de su conducta. Las conversaciones extraídas, relativas al hecho de marras, parecieran –al menos hasta el momento- encontrarse en armonía con sus testimonios, pues vuelve a nombrar a P. como la persona que lo alertó sobre la presencia de un supuesto menor en la Ruta.

Finalmente, en el reciente informe pericial remitido por la División Laboratorio Químico de la PFA, donde se cotejaron algunos de los rastros obtenidos del móvil conducido por el oficial bonaerense, no surgieron elementos que generasen alguna sospecha para esta parte.

Si bien se trata de un informe parcial, pues aún resta examinar otros elementos levantados en la inspección del rodado, lo cierto es que de momento no arrojó resultados incriminantes en su contra.

La querella, por su parte, advirtió contradicciones en las que habría incurrido González quien, durante el rastrillaje practicado sobre la Ruta 3, refirió que vio a Astudillo irse caminando. En dicha ocasión no sostuvo haberlo visto subir a ningún vehículo.

Al respecto la fiscalía entendió que debía darse prevalencia a las declaraciones practicadas en sede judicial, en un contexto en el cual se encontraba brindando todos los detalles que recordaba del encuentro con Facundo. La aparente contradicción señalada podría tratarse más bien de una omisión y, si bien es tenida en cuenta y valorada por el Ministerio Público Fiscal, no revestía entidad suficiente -confrontada con las restantes pruebas- como para desvirtuar el resto de las constancias en las que se sostienen sus manifestaciones precedentemente reseñadas.

Asimismo, sostuvo el fiscal federal que no le escapaba el hallazgo de un elemento que habría pertenecido a Facundo Astudillo, en las inmediaciones del Destacamento Policial de Teniente Origone que, en los términos de su madre, “sería un amuleto de la suerte que su abuela le regalara (al mismo momento uno a cada nieto, estando en mi domicilio el de mi hijo Alejandro y Lautaro –el cual era una frutilla-) y que siempre llevaba con él en su mochila.”

Agregó que dicha circunstancia, de corroborarse, constituiría un dato indiciario atendible pues ubicaría a Facundo –o al menos a sus pertenencias- en Teniente Origone, pero restan medidas pendientes de producción -análisis de datos biométricos, ADN y testimoniales- que refuercen dicha tesis. Hasta entonces, a su entender, seguía prevaleciendo el cúmulo de elementos precedentemente señalados por sobre el hallazgo aludido.

Flores

En relación a Siomara Flores, también se solicitó su detención. Sin embargo, al igual que sucede con González, el titular de la acción pública entendió que, de momento, no se habían reunido elementos suficientes como para sostener que participó de la desaparición de Facundo o, al menos, en el encubrimiento de una conducta de esas características.

Recordó que fue involucrada en esta investigación por la Ayudantía Fiscal de Villarino -en el marco de la IPP nº PP-02-00-009503-20/00- donde presta declaración testimonial el día 10/06/2020, ocasión en la que relató que el día 30/04/2020 salió temprano desde Origone hacia Pradere, a realizar algunas tareas personales. De regreso pasó por Mayor Buratovich y, cerca del ingreso a dicha localidad, indicó haber visto a Facundo Astudillo Castro a la vera de la Ruta Nacional n° 3, en “horas del mediodía”. Agregó que el joven estaba haciendo dedo en dirección a Bahía Blanca y Flores lo habría levantado y trasladado hasta el ingreso a Origone.

Flores indicó que durante el trayecto habrían mantenido una conversación, de la cual recordaba algunos detalles como: que se dirigía a Bahía Blanca a buscar trabajo, toda vez que había perdido su empleo –en una cervecería de Pedro Luro- por la situación de pandemia; que su madre trabaja en la estación de servicio Shell y que se había peleado con ella, por lo que no podía vivir en la misma casa; y que lo habían infraccionado en Mayor Buratovich por violar el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. La nombrada le manifestó conocer a su madre por lo que, al descender de su vehículo, Astudillo le habría solicitado que no le contara que lo vio.

El 30/06/2020 la numeraria volvió a prestar declaración en el marco de la IPP referida. En su nuevo testimonio, si bien brindó algunos detalles específicos respecto a su encuentro con Astudillo, se manifestó en similares términos a su anterior deposición. Indicó haber recibido un llamado telefónico de su padre en la fecha señalada –quien se encontraba en Origone -a las 12.34hs-; arrojó precisiones sobre el lugar donde habría levantado a Facundo (“pasando el parque eólico que está sobre la ruta, antes de curva y contracurva”); sostuvo que el nombrado le manifestó que “estaba haciendo dedo desde las 6 de la mañana”; y que cree que llegaron a Origone a eso de las 13.00hs.

El relato de Flores, hasta el momento, también resultó verosímil para la fiscalía. En principio, aparecía respaldado por los listados de comunicaciones entrantes y salientes de su línea, que remitió la empresa “Claro”.

En ese sentido, se observó una llamada y una conexión de datos móviles que, alrededor de las 11.30, impactaron en la antena de Pedro Luro. Esto la geolocalizaría próxima a la localidad de Pradere por la mañana. Asimismo, se encuentra constatada la comunicación que mantuvo con su padre a las 12.34hs y se ve reflejada una conexión de datos móviles a las 15.53hs. –ambos impactaron en la antena de Mayor Buratovich-. Como puede observarse, estos datos -técnicos y objetivos- resultan compatibles con las manifestaciones vertidas por Flores en sus dos declaraciones testimoniales.

El celular de la mujer fue peritado y, si bien no pudo extraerse toda la información pretendida, se observaron numerosas conversaciones relacionadas con el hecho. Además, de los teléfonos de Sosa y de Curuhinca pudieron obtenerse gran cantidad de diálogos en los que participó como interlocutora, todos orientados en un mismo sentido.

En general son apreciaciones respecto a la investigación sobre la desaparición de Facundo, trascendidos periodísticos y expresiones de sus emociones al respecto. A criterio de la fiscalía no resultaban incriminantes y reflejaban, más bien, la preocupación de Flores por que apareciera y su fastidio ante las sospechas que recaían sobre el accionar policial.

Algunas de sus manifestaciones fueron: “No sabes lo mal que la pasé ayer por este pibe que está desaparecido Porque fui la última que lo vi y los perros se quedaron en origone hoy arrancaban ahí más los vigis, quiero que aparezca para no sentirme culpable”; “Bueno yaaaaau quiero que aparezca el chicoooo”; “espero que aparezca por que la última en verlo fui yo, por quererle hacer una gauchada y acercarlo”.

Finalmente, en el reciente informe pericial remitido por la División Laboratorio Químico de la PFA, donde se cotejaron algunos de los rastros obtenidos del vehículo Chevrolet Corsa conducido por Flores, no surgieron elementos que generasen alguna sospecha. Si bien se trata de un informe parcial, pues aún resta examinar otros elementos levantados en la inspección del rodado, lo cierto es que de momento no arrojó resultados incriminantes en su contra.

Ahora bien, para la querella resultó motivo de sospecha que “la agente Flores manifiesta haberlo levantado en cercanías “a la curva peligrosa” (entre Buratovich y Origone) aproximadamente a las 12:30” circunstancia que no sería compatible con el llamado que Facundo mantuvo con su madre 13.33hs toda vez que “es por todos conocida la circunstancia de que en el mencionado punto y por varios kilómetros más (específicamente hasta el Fitosanitario) la empresa CLARO no posee cobertura de red, motivo por el cual, la llamada de Facundo debió haber partido indefectiblemente aún desde Mayor Buratovich”.

Sin embargo, podría ocurrir que la agente haya errado en los horarios aproximados que indicó en sus declaraciones y en realidad trasladó luego de las 13.33hs a Facundo, lo que justificaría el pedido de este último de que no le contara a su madre que lo había trasladado. Dicha circunstancia será despejada a través la producción de elementos técnicos ordenados por la Fiscalía, cuya elaboración ya se encuentra en marcha.

También han advertido los querellantes cierta reticencia a aportar información por parte de Flores, toda vez que durante el rastrillaje habría eludido las preguntas que le efectuaran el Dr. Luciano Peretto y Cristina Castro.

Al respecto, de momento, el fiscal no observó una conducta elusiva por parte de la nombrada. Consideró que había brindado dos testimonios detallados bajo juramento respecto a su encuentro con Astudillo y había entregado voluntariamente su teléfono celular para que fuera pesquisado.

Sobre las consultas que se le hicieron durante el rastrillaje, advirtió que Flores interpretó la situación de manera diferente a como lo hacía la querella, toda vez que consideró haber contestado “normal” a los interrogantes que se le planteaban, explicando lo que sería su verdad sobre los sucesos investigados.

En sus propias palabras, tal como surge de los mensajes remitidos por ella al teléfono celular del oficial Sosa: “Me re hostigó el abogado y me creía hablar y hablar y yo conteste normal la verdad que solamente lo lleve hasta Origone, pero empezó a hacer más preguntas y me puso nerviosa y el jefe vino me agarró y me sacó de ahí, parecía un interrogatorio”.

Respecto de la agente Flores se señaló que restaba realizarse una nueva pericia sobre su teléfono celular, que podría arrojar elementos de cargo o bien corroborar este análisis preliminar.

El fiscal señaló que lo sostenido respecto de los oficiales, cuya detención a su criterio aún no encontraba suficiente sustento probatorio, se asentaba asimismo en la valoración disímil que efectuó de algunas de las constancias que obran en la investigación.

En ese sentido, advirtió que para la querella Facundo fue interceptado y desaparecido, conforme fuera sostenido por tres testigos de identidad reservada en forma “…certera, inequívoca y con sustento en pruebas objetivas…”, y luego se ejecutó un plan de encubrimiento que a los fines didácticos dividió en cinco etapas.

La lectura de las declaraciones de los aludidos testigos, como también la ratificación de sus dichos en las videoconferencias celebradas en la causa, no permiten aseverar en la forma que se ha efectuado, que Facundo fuera “ascendido”, “interceptado” y “desaparecido” (al menos por el momento).

Se destacó que las tres deposiciones fueron contestes en señalar que no habían visto subir a Astudillo a ningún patrullero, restando determinar si efectivamente se encontraba en el horario y lugar donde lo situaban. Ello por cuanto existen pruebas objetivas que, en principio, lo ubican en sector distinto al que refirieron.

Esta circunstancia es materia de una investigación profunda que se sigue realizando por estas horas y que procura arrojar luz sobre este aspecto.

En otro orden de ideas, advirtió el fiscal que la querella sustentaba una sospecha, en la manifestación de otro testigo de identidad reservada que indicó que Facundo no mandaba SMS.

Sin embargo, para la fiscalía dicha afirmación no encuentra correlato en las pruebas colectadas hasta el momento, por cuanto podía observarse en los registros remitidos por la empresa Claro que dicho medio de comunicación era habitualmente utilizado por el joven, circunstancia que, a su vez, fue confirmada en la declaración testimonial de quien fuera su ex pareja.

Asimismo, tampoco creyó que abonara la tesis sobre la desaparición forzada la conducta desplegada por los policías de la Provincia de Buenos Aires contra quien fuera la ex pareja de Astudillo y su hermano. El hostigamiento narrado por los testigos, claramente delictivo, que dio lugar al pertinente requerimiento de instrucción y por el cual -en su caso- habrán de responder penalmente los numerarios, pareció más bien un accionar tendiente a despejar el manto de sospecha con el que fueron cubiertos a raíz de la desaparición de Facundo.

Claramente expresó la ex novia que la pregunta insistente que le hacían era sobre el paradero de Astudillo; las presiones y vejámenes a las que fue sometida -junto con su hermano-, se orientaban más bien a encontrarlo. En todo caso coincidió en lo que expresó la querella respecto a que le exigían “que reconozcan la existencia de algún crimen para con Facundo”, pero en el sentido de si ellos -los testigos- le habían hecho algo, o si sabían qué le podría haber pasado. Su hermano incluso “accedió” –bajo una evidente coacción por parte de los agentes- a que ingresaran en su domicilio y registraran el inmueble en su búsqueda.

Tal proceder se condijo más con la voluntad de hallarlo, antes que con la intención de ocultar su desaparición forzada. Al menos eso surgió a primera vista.

A la luz de lo expuesto, considerando el informe técnico incorporado por la División Búsqueda de Personas de la Policía Federal Argentina, que efectúa un desarrollo minucioso de muchos de los hechos vinculados al trayecto seguido por Facundo Astudillo el día 30/04/2020, constatados objetivamente con datos técnicos, no surgió para la fiscalía actuante –de momento- una sospecha suficiente respecto de Siomara Flores ni de Alberto González como para solicitar su detención –o cualquier otra de las medidas de coerción pedidas por la querella-.

Se consideró que los datos técnicos aportados y la valoración conjunta del plexo indiciario con el que contaba la fiscalía -más allá de los argumentos brindados por la Sra. Juez de Instrucción-, sin mayor esfuerzo importaban –además- una clara disminución de la sospecha que fundamentó su requisitoria del 30/07/2020.

Destacó asimismo que lo expuesto lógicamente no importaba un juicio definitivo, pues se advertía la existencia de un cúmulo de medidas de prueba pendientes de ejecución, y otras tantas que habrán de orientar la pesquisa, de las que podían derivar nuevos elementos para confrontar -o confirmar- lo que preliminarmente se sostenía.

Medidas probatorias

A raíz de los hallazgos del miércoles 5 de agosto y a solicitud de la querella particular, se ordenó un rastrillaje en la zona. Se llevó a cabo este viernes con participación de personal de Policía Federal Argentina, de Prefectura Naval Argentina, de los canes K9 de la Policía Federal Argentina y de los pertenecientes a la División de Cinotecnia del Ministerio de Seguridad de la Nación, como también del instructor Marcos Herrero y su ayudante Lucas Maciel.

La División Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina remitió un informe preliminar sobre el estudio practicado sobre las muestras tomadas de los móviles policiales y vehículo secuestrados. De allí surge que no se comprobó la presencia de sangre en las muestras de tela sometidas a peritaje, mientras que en el resto del material no se efectuó ensayo orientativo debido a la escasa cantidad de muestra.

Se solicitó a la compañía Claro que designe un técnico idóneo para que se constituyera en la delegación de la Policía Federal Argentina, a fin de prestar colaboración al personal de la División Búsqueda de Personas de la PFA, a cargo de confeccionar el informe técnico integral ordenado en la causa.

Se efectuó un nuevo requerimiento de información a la Central de Atención Telefónica de Emergencias (CATE911), aportando mayores precisiones a tal fin.

En orden a lo informado por el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) del Ministerio de Seguridad de la Nación, si bien se requirió la medida a la Policía Federal Argentina, contando con recursos tecnológicos aptos al efecto, se encomendó a dicho organismo la confección de un mapeo con la geolocalización de todos los lugares en que se haya afirmado que se vio a Facundo Astudillo Castro, tendiente a sistematizar dicha información y, en su caso, remitirla a la fuerza de seguridad actuante para proseguir con las tareas investigativas dispuestas.

Igualmente, se solicitó a dicha repartición que por su intermedio se requiriera colaboración al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), especializado en casos de desapariciones complejas, para cooperar con los profesionales y recursos técnicos que pudieran ser de utilidad en la investigación.

La Fiscalía Federal N°1 de Bahía Blanca ordenó el análisis de restos óseos y elementos secuestrados durante una inspección ocular solicitada por la querella en cercanías del kilómetro 780 de la Ruta Nacional N°3, según refiere en un nuevo comunicado que actualiza las tareas de investigación en torno a la búsqueda del paradero de Facundo Astudillo Castro, de 22 años, desaparecido desde el 30 de abril pasado .

Entre otras medidas adoptadas, el nuevo comunicado de la fiscalía refiere que, con un nuevo chip con el número de teléfono del desaparecido, se obtuvieron nuevos datos para la pesquisa. Además, la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) presentó un informe sobre los resultados arrojados por el Sistema de Localización Automática Vehicular (AVL) de los móviles policiales investigados, que serán analizados por la División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas de la Policía Federal Argentina (PFA).

Peritajes

La División Tecnologías Aplicadas de la PFA elaboró un informe de las tareas realizadas y conclusiones arribadas a partir de la introducción de la tarjeta SIM de la línea de Facundo Astudillo Castro en un teléfono celular, recuperando algunos datos, los cuales se resguardaron en un CD.
Por otro lado, se recibió el dispositivo secuestrado a Jorge Agustín Galarza y se remitió el mismo a la División de Apoyo Tecnológico de la PFA a fin de que extrajera la información allí registrada mediante la tecnología UFED (dispositivo forense de extracción de datos). La fiscalía ordenó que se remitieran los resultados a la División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas de la PFA, para que verifique si existen elementos que puedan resultar de interés para el avance de la causa y confeccione un informe con el análisis del contenido extraído.
Se recibieron los libros secuestrados en el Destacamento de Hilario Ascasubi y se solicitó al Gabinete Científico de la PFA que practicara un peritaje caligráfico sobre el libro con la inscripción “actas” —utilizado como libro de guardias y novedades— a efectos de determinar si en las anotaciones correspondientes al 30 de abril pasado existen enmiendas, raspaduras, borrones o faltantes de hojas, que permitan suponer que existió una adulteración de su contenido o, en la medida de lo posible, informe si existieron agregados posteriores a la fecha mencionada.

Solicitud de informes

A fin de verificar si existe la posibilidad de arbitrar la tecnología necesaria para extraer la totalidad de la información de uno de los teléfonos secuestrados, se solicitó colaboración a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), aportando la información pertinente el fiscal a cargo de esa oficina, Horacio Juan Azzolin.

Se remitió vía correo electrónico a la División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas de la PFA el informe confeccionado a modo de colaboración por la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), con un análisis integral de información probatoria producida en el marco de investigación con específica referencia al Sistema de Localización Automática Vehicular (AVL) de los móviles policiales que habrían circulado por la traza de la Ruta Nacional 3, entre los kilómetros 725 y 809, entre las 0 y las 23.59 horas de la jornada del 30 de abril.

Se solicitó a ese mismo organismo que verificara si se ha efectuado al momento la determinación del kilometraje y ubicación de la localidad exacta en la que cada uno de los móviles allí consignados hubieran detenido su marcha en las franjas horarias de interés, a los fines de determinar, del cruce de la eventual información procesada, si hubo coincidencia con la detención prevencional del joven Facundo Astudillo Castro la jornada del 30 de abril pasado alguna otra circunstancia de relevancia. También se le requirió que informara cuáles eran las cuentas asociadas a algunos de los teléfonos peritados.

Sin perjuicio de haberse encomendado oportunamente a la División de Tecnologías Aplicadas de la PFA la confección de un análisis técnico integral de toda la información que obra en la causa y de la medida encomendada a la División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas de la PFA en la misma línea, de conformidad con lo sugerido por la PROCUVIN, se le dio intervención a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación y se le remitió de manera electrónica la totalidad de los informes obrantes en la causa con el objeto de que elaborare un análisis pormenorizado en los mismos términos que el anterior.

Se solicitó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DaJuDeco) más información en relación a otra línea telefónica de interés para la investigación.
También se solicitó a todas las empresas prestadoras de servicio de telefonía móvil que verificaran si alguna de sus antenas captó una comunicación (sea llamado o mensaje de texto) en la se encontrara involucrada la línea telefónica de Facundo Astudillo Castro.

Se reiteraron pedidos de información oportunamente requeridos a la PFA, a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y al Ministerio de Transporte de la Nación.

Se le requirió a la empresa Claro que ampliara la información respecto de los alcances de la antena ubicada en Ingeniero White, denominada POLOPETROQUÍMICO UN.

Otras medidas

Ante un nuevo requerimiento de la Dirección de Contencioso Internacional en Materia de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, se contestó lo solicitado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al respecto, se aportó información sobre la investigación desarrollada por la fiscalía con la colaboración de los distintos organismos del Ministerio Público Fiscal y las distintas fuerzas federales.

El Programa Especial de Atención a víctimas de Violencia Policial de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) remitió un informe acerca del abordaje que viene realizando respecto a testigos de identidad reservada, en el cual refiere las entrevistas mantenidas y sus seguimientos, y formula consideraciones profesionales.

Se ordenó efectuar una compulsa en los registros de la fiscalía del total de las prevenciones efectuadas en los controles policiales de Mayor Buratovich con motivo de la presunta violación al artículo 205 del Código Penal -que prevé sanciones a quien violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia-, con indicación de número de sumario, fiscalía, juzgado interviniente y número de causa, a los fines de poder establecer una comparación entre aquellos y las modalidades de intervención policial respecto de Facundo José Astudillo Castro, en un rango de 15 días antes y después al 30 de abril de 2020.

Al efectuarse un análisis del informe UFED presentado en relación a uno de los teléfonos secuestrados, surgieron interrogantes que la fiscalía entendió suficientes para formalizar un requerimiento de instrucción, para así permitir la formulación del pertinente descargo. En ese sentido, se requirió que se citara a declarar en los términos el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación (declaración indagatoria) a distintas personas conjuntamente con otras medidas. No obstante ello, la jueza federal rechazó la solicitud por considerarla prematura, al entender que no existía mérito suficiente y sin perjuicio de lo que surja del desarrollo de la pesquisa. Delegó la instrucción de la fiscalía federal de la causa en los términos del artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación.

Inspección ocular

La querella particular informó ayer que habrían tomado conocimiento que en cercanías a la ruta nacional nº 3, kilómetro aproximado 780, sobre un camino de tierra lindante, existirían restos óseos y algunos elementos, por lo que se comisionó a personal de la PFA para que se constituyera en el lugar. Una vez allí, la querella señaló un desagüe a escasos metros del camino de tierra y de la ruta nacional nº 3, donde se procedió a la remoción y secuestro de restos óseos. A unos cuatrocientos cincuenta (450) metros del inicio del perímetro constituido, se procedió al secuestro preventivo para un posible futuro análisis de distintas prendas de vestir, zapatillas, un recipiente de cerámica, los cuales, en principio no fueron reconocidos por Cristina Alaniz Castro, quien se encontraba en el lugar. Posteriormente, la nombrada, manifestó que el buzo hallado entre las prendas de vestir podría relacionarlo con aquel utilizado por Facundo al momento de su detención.

En relación a los objetos secuestrados, se ordenó la realización de los correspondientes peritajes.

Actualmente, la fiscalía se encuentra efectuando un análisis integral de los resultados de las medidas probatorias ordenadas y producidas hasta el momento, con el objeto de elaborar un informe sobre conclusiones preliminares en el marco de la investigación, sin perjuicio los resultados a los que se arriben con el devenir de la pesquisa en curso.

Fuente: fiscales.gob.ar

Cristina Castro solicitó a la jueza federal, Gabriela Marrón, un allanamiento y un rastrillaje con canes en cercanías de Mayor Buratovich, tras la aparición de “huesos, prendas de vestir y una mochila semienterrada”.

“Advirtiendo la irregularidad y la complejidad, solicitamos se convoque a todas las fuerzas disponibles, a fin de rastrillar lugares públicos y otros canales de drenaje, si la dinámica de la diligencia así lo amerita”, dice el escrito presentado por los abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto.

La querella pretende que el rastrillaje se realice en la extensión de un camino hasta las vías con la participación del perito Marcos Herrero y su ayudante Lucas Maciel.

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Por otro lado, pidieron que se “convoque a Prefectura Argentina para rastrillar un canal de drenaje que bordea la calle, en las que se han identificado algunas prendas, lo que tornan urgente el carácter de la medida”.

Foto: Emmanuel Fernández.

El Ministerio de Seguridad de la Nación informó que ofrece una recompensa de 500 mil pesos a quienes aporten datos útiles que permitan lograr la captura del ex teniente Roberto Carlos Brunello, con documento nacional de identidad número 7.699.908, imputado por crímenes de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca durante la última dictadura cívico militar, en la causa donde se investiga el accionar del V Cuerpo del Ejército.

Prófugo desde el 22 de noviembre del 2013, a Roberto Carlos Brunello se le imputan los siguientes delitos:

  • Violación de domicilio, secuestro y aplicación de torturas a once víctimas;
  • Secuestro y aplicación de torturas, en relación a treinta víctimas;
  • Violación de domicilio, secuestro, aplicación de torturas y ejercicio de violencia sexual en perjuicio de dos víctimas;
  • Secuestro, aplicación de torturas y ejercicio de violencia sexual, en relación a tres víctimas;
  • Secuestro, aplicación de torturas y homicidio en un caso, bajo la modalidad de desaparición forzada de persona.

La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca informó que Brunello prestó servicios en la Compañía Combate “My Keller”, perteneciente al Batallón de Comunicaciones 181, de la que varios de sus miembros y autoridades ya fueron condenados.

El Batallón era la unidad encargada del Área 511 y para la época de los hechos que se investigan estaba orientada específicamente a la concreción de los secuestros, el sometimiento a cautiverio y la aplicación de torturas, que se cometían en las instalaciones del predio militar. Allí funcionaba el centro clandestino de detención y tortura (CCDyT) “La Escuelita”.

La causa por la que se busca a Brunello centra su investigación en integrantes del Ejército, agentes de las policías Federal y de la provincia de Buenos Aires y del Servicio Penitenciario Bonaerense por delitos cometidos contra 174 víctimas.

Fuente: fiscales.gob.ar

Cristina Castro viajó a Bahía Blanca para presentar el pedido de detención de cuatro policías y denunciar a otros efectivos de la Bonaerense y civiles como integrantes de una asociación ilícita en el marco de la desaparición de su hijo Facundo.

“Me mintieron desde el primer día, encubrieron todo esto, sentí que a mi hijo le habían hecho algo malo y lo voy a seguir sosteniendo. A mí esta gente me va a tener que devolver a Facu”, dijo en Plaza Rivadavia.

El intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, se apoyó en las filtraciones periodísticas para reclamar que se investigue una supuesta pista narco. “Ese señor no tiene vergüenza. Estuve buscando a mi hijo por redes, hice la denuncia por averiguación de paradero y en ningún momento se acercó a nosotros, ninguno de sus funcionarios se acercaron ni siquiera a ver cómo estábamos”.

“Yo le voy a iniciar una denuncia al señor Bevilacqua. (…) Hace más de tres meses mi hijo está desparecido, en su distrito, en su gobierno, desparecieron a un pibe y él se hace el reverendo pelotudo. Si tiene un problema con alguno de mis abogados que no los meta en la desaparición de mi hijo”, afirmó.

Castro aclaró que “a la cabeza de todo esto no está ni el señor Aparicio ni Peretto (abogados querellantes). A mí me llega cada cosa que mandan, leo todo y les voy indicando qué poner y qué no. Es Cristina Castro la que firma todos y cada uno de los pedidos que se hacen”.

Destacó que entre los involucrados está el secretario de Protección Ciudadana de Villarino, Martín Pacheco, porque “mandó informes truchos”.

Respecto a los resultados del allanamiento al destacamento policial de Origone en el cual se encontraron objetos de Facundo, Castro destacó que el perro “Yatel fue contundente”.

“No lo elegí a Herrero porque se me antojó, yo busqué a Marcos Herrero, porque me lo recomendaron, la mamá de Micaela, Mónica Cid, y otros papás de desaparecidos. Hice hasta lo imposible por traerlo, yo confío en sus perros, estoy segura de que me van a devolver a Facu”, dijo.

Consultada sobre quiénes deberían estar imputados, mencionó que “de Buratovich y Teniente Origone todos. Hay personas involucradas y hay quienes se callaron. Los que se callan son tan desaparecedores como los que se lo llevaron”.

“No me voy a cansar nunca de decirlo, cuando lo empecé a buscar era una averiguación de paradero, cuando quise ingresar a Mayor Buratovich en su momento tenía cinco patrulleros y no me dejaron. En Teniente Origone tenía el ingreso tapado con patrulleros, casi nos echa el señor Navarrete, el comisario general de Villarino: ‘usted no tiene nada que hacer acá tiene que seguir hasta la Ruta 3 y 22′”.

“Me acuerdo perfectamente la declaración de Flores y la de González que mirándome a la cara me dijo ‘yo vi cómo su hijo seguía viaje’. Y ese mismo día leo en la declaración que había dicho que mi hijo subió a una Duster Oroch color plata. Me mintieron desde el primer día, encubrieron todo esto, sentí que a mi hijo le habían hecho algo malo y lo voy a seguir sosteniendo. A mí esta gente me va a tener que devolver a Facu”.

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Castro destacó que a otras líneas investigativas que surgieron en la causa “ya las tiramos por la borda. Que Facundo llegó hasta Bahía, el testigo que está imputado, pertenece a la Policía Bonaerense, la señora que dice haber viajado a Bahía y haber levantado a alguien similar a Facundo que después cambiaron todo su testimonio, que no viajó el día 30 de abril”.

“No hay duda, se cayó todo. No hay duda, mi hijo nunca salió de Villarino, a mi hijo lo desparecieron entre Buratovich y Origone. Origone depende de Burato, los móviles utilizados son los mismos. El fiscal de la PROCUVIN, ha descartado e imputado a los testigos que dicen haber visto a Facundo en Bahía por falso testimonio”, agregó.

Respecto a la posibilidad de apelar el rechazo de la recusación del fiscal Ulpiano Martínez, Castro afirmó que “tenemos que seguir trabajando con él por orden de la jueza. Este señor lo único que ha hecho es tratar de desviar la investigación, aportar testigos de que Facundo había llegado a Bahía, y yo sé que Facundo nunca salió de Villarino”.

La Fiscalía a cargo de Santiago Ulpiano Martínez emitió esta tarde un nuevo comunicado oficial acerca de la concreción de nuevas medidas probatorias, como el secuestro de libros y registros policiales del Destacamento de Hilario Ascasubi; el allanamiento y el secuestro de elementos en el puesto de Teniente Origone.

Hoy Marcos Herrero y Cristina Castro confirmaron que se trata de una pequeña sandía de madera que contenía en su interior una vaquita de San Antonio. Era un regalo de su abuela que Facundo llevaba siempre consigo.

Además, se hace referencia a la reconstrucción del recorrido de Facundo Astutillo Castro y el estudio de su cuenta de Whatsapp.

Allanamientos y secuestros

El 30 de julio, de conformidad con lo solicitado por el Ministerio Público, la jueza federal interviniente ordenó librar orden de presentación de los registros correspondientes a la totalidad de los móviles operativos y no operativos, identificables y no identificables, que se encontraran asignados al Destacamento de Hilario Ascasubi al 30 de abril pasado, y orden de secuestro de los libros de guardia y de los dispositivos móviles oficiales asignados a aquella dependencia policial, por encontrarse presuntamente relacionados con los hechos investigados y porque podrían servir como medio de prueba. La medida se llevó a cabo el 31 de julio por personal de la Policía Federal Argentina (PFA).

Asimismo, en virtud del requerimiento efectuado por la fiscalía acompañando el pedido de la querella, la jueza ordenó librar orden de secuestro del teléfono celular perteneciente a Jorge Agustín Galarza y el allanamiento y registro del Puesto de Teniente Origone, a fin de incautar los elementos que pudieran contener registros biométricos de la víctima. En este caso, de acuerdo a lo solicitado por la querella, se autorizó la participación en el procedimiento del perito de parte, Marcos Herrero, y de su colaborador, el suboficial segundo de la Armada Argentina Lucas Maciel, junto a sus canes.

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Este procedimiento también se efectuó el 31 de julio pasado. Según se desprende del acta labrada, participaron efectivos de la delegación Bahía Blanca de la Superintendencia de Agencias y Delegaciones Federales de la PFA; miembros del Gabinete Científico Bahía Blanca de la Superintendencia Federal de Policía Científica; los canes “Tom” y “Aramis”, de la especialidad de Búsqueda de Restos Humanos, ambos de la División Canes de la Superintendencia Federal de Bomberos, con sus respectivos guías; personal de Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) y de Cinotecnia, ambos dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación; y Marcos Herrero con su can “Yatel”.

Durante el desarrollo de la medida, el can “Yatel” detectó entre un montículo de residuos que se encontraba en el sector antiguo trasero del puesto de vigilancia una bolsa transparente que contenía un paquete de cigarrillos en estado de descomposición, con dos mitades que unidas componían un objeto con dibujo de sandía; una de las mitades contenía en su interior un dije de una vaca de San Antonio de color verde. Los elementos fueron resguardados. En esa oportunidad, a solicitud de la madre de Facundo, se autorizó la remoción de tierra del sector del fondo de la dependencia, pero la diligencia no arrojó resultados de interés para la investigación.

La fiscalía ordenó remitir los efectos secuestrados al Laboratorio Químico de la PFA, a fin de que practicare un peritaje tendiente a detectar rastros biométricos y para que se procediera -en su caso- al cotejo con las muestras de ADN extraídas a Cristina Castro Alaniz, con el objeto de verificar si se registran rastros de Facundo Astudillo Castro.

Otras medidas

Además, se autorizó la compra de un chip a la empresa Claro de la línea telefónica de Facundo Astudillo Castro y el ingreso a la aplicación WhatsApp por parte de los profesionales de la División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas de la PFA, medida solicitada por la fiscalía de conformidad con lo sugerido por aquella repartición.
La empresa Claro remitió el chip y finalmente la División de Tecnologías Aplicadas de la PFA designó personal especializado para practicar el peritaje en la sede de la fiscalía federal, el cual arribó hoy a la ciudad de Bahía Blanca.

Por otro lado, se recibió el análisis de la información extraída de los teléfonos celulares peritados, efectuada por la División Búsqueda de Personas de la PFA.

Asimismo, se recibieron las respuestas de los oficios librados a la Dirección Provincial de la Central de Atención Telefónica de Emergencia (911) y a la delegación Rawson de la PFA.

Si bien se recibió el informe labrado por la División de Tecnología Aplicada de la Policía Federal Argentina, al no contemplar la totalidad de los puntos solicitados por el Ministerio Público y por el representante de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), se requirió a la División Búsqueda de Personas de esa fuerza su ampliación en orden a los puntos no abarcados.

En una nueva presentación, la PROCUVIN aportó un documento de trabajo preliminar mediante el cual, en la traza de la Ruta Nacional Nº 3 desde la localidad de Pedro Luro hasta la ciudad de Bahía Blanca, se esquematizó metodológicamente el posible recorrido que Facundo Astudillo Castro habría realizado desde las primeras horas del 30 de abril pasado hasta las primeras horas de la tarde de esa misma jornada en la que fuera visto, según diversas versiones, por última vez.

El trayecto trazado en el esquema de referencia fue diseñado en función de las pruebas físicas, documentales y testimoniales, y técnicas producidas hasta el momento en el marco de la investigación. Su análisis e integración debe ser efectuado con la concreción del estudio integral de orden técnico oportunamente requerido por esa Procuraduría.
Por otra parte, la PROCUVIN sugirió la citación de diferentes personas a prestar declaración testimonial.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió este sábado la Resolución 43/2020, mediante la cual otorgó medidas cautelares de protección a favor de Facundo José Astudillo Castro, en Argentina, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.

La Comisión solicitó información al Estado, recibiendo observaciones sobre diversas acciones llevadas a cabo por sus instituciones para la búsqueda del beneficiario y la investigación sobre los hechos, tanto en el ámbito provincial como federal.

Sin perjuicio de las acciones llevadas a cabo por el Estado, la CIDH observó que, a más de tres meses de la desaparición de Facundo, no se cuenta con información concreta sobre su paradero o destino, por lo que se halla suficientemente establecida la existencia de una situación de riesgo grave para sus derechos a la vida e integridad personal.

De igual manera, la Comisión recibió información sobre la existencia de un pronunciamiento del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas en relación con la situación del jóven.

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Al respecto, el organismo de la OEA recordó que el artículo 25 de su Reglamento no contempla la figura de la litispendencia internacional como impedimento para pronunciarse acerca de una solicitud de medidas cautelares, dicho precepto establece que la Comisión solicitará la adopción de medidas cautelares cuando existe una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable.

En consecuencia, se solicitó a Argentina que:

a) Adopte las medidas necesarias para determinar la situación y paradero de Facundo José Astudillo Castro, con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal. En este sentido, la Comisión instó al Estado a garantizar acciones efectivas de búsqueda a través de sus mecanismos especializados y creados para tales efectos;

b) concierte las medidas a adoptarse con los familiares y representantes del beneficiario;

c) implemente las acciones tendentes a investigar los hechos que motivaron el otorgamiento de esta medida cautelar y evitar así su repetición.

El otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Con una oración, la Corte Suprema desestimó ayer una queja contra la falta de mérito de la cual goza Vicente Massot. El ex dueño de La Nueva Provincia está acusado de ser coautor de los homicidios de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola y por haber efectuado “aportes esenciales” en los secuestros, torturas y asesinatos de otras 35 personas a través de tareas de acción psicológica desplegadas por su multimedio.

“El recurso extraordinario, cuya denegación origina esta queja, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal”, firmaron Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosati, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.

El fiscal Javier De Luca había fundado el recurso en el carácter equiparable a una sentencia definitiva de una resolución de la Cámara de Casación, pues constituía un sobreseimiento encubierto que violaba la obligación internacional de dilucidar y juzgar seriamente los hechos. Además, ponía en riesgo la soberanía jurisdiccional del Estado argentino porque, al tratarse de delitos de jurisdicción universal, cualquier otro país podía juzgar los hechos si no se lo hacía aquí.

La presentación de De Luca esperaba respuesta desde agosto de 2016. El 4 de julio Casación había declarado inadmisible la queja interpuesta contra un fallo de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca que, a su vez, había convalidado otro del juez ad hoc Claudio Pontet el cual declaraba la falta de mérito del empresario.

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Esta tarde se realizó una caravana hasta la Fiscalía federal de Bahía Blanca para reclamar la aparición con vida de Facundo Castro, al cumplirse tres meses desde la última vez que se lo vio subiendo a un patrullero de la Policía Bonaerense.

Cristina Castro, la madre del joven que encabezó una marcha en Pedro Luro, saludó la convocatoria local mediante un mensaje: “Les quiero agradecer por estar, por el bocinazo, por el apoyo, por la marcha. Pedirles que no nos callemos más. Que nunca más sea nunca más”.

“Que devuelvan a Facundo, que se haga justicia, apartamiento del fiscal inmediatamente, basta de encubrir personas, basta de la Bonaerense, basta de matar a nuestros jóvenes. Pedimos que entreguen a Facundo ya, pedimos justicia”, afirmó.

https://www.facebook.com/notes/secretaria-de-ddhh-cta-bah%C3%ADa-blanca/a-3-meses-de-la-desaparici%C3%B3n-forzada-de-facundo-documento/3182596831776087/?__tn__=HH-R

Uno de sus abogados, Leandro Aparicio, dijo que “Cristina es la primera interesada en que Facundo esté con vida. Las pruebas que hay en el expediente nos dicen que a Facundo lo desaparecieron y que desde entonces se activó un protocolo que tiene cinco etapas. (…) El rol que cumplía antes La Nueva Provincia lo cumple ahora La Brújula. Esa es una parte esencial de este encubrimiento”.

El abogado describió los hechos sobre los que sostienen la denuncia del encubrimiento:

  • Empieza el primer día que lo desaparecen cuando le hacen mandar un mensaje de texto del teléfono de Facundo a un amigo cuando nunca hablaba así. Obviamente eso lo mandó un policía.
  • El 8 de mayo la policía que lo llevó (a Origone, Xiomara Flores) desactivó el whatsapp. Qué casualidad. Sin novedades dice el informe de la Policía Federal.
  • El 1 de junio el amigo va a hacer la denuncia y le dicen que tiene que ir la madre. Cuando va, le toman la denuncia en un papel de rotisería. Tené paciencia que ya va a aparecer. De atrás escucha que dicen que los hermanos de la novia eran malos.
  • Las primeras testimoniales dicen lo mismo que decían de Angelito Almada: que se deprimía, que era malo, que andaba mal con la madre, con la novia, que se drogaba, que daba vuelta por los caminos.
  • La tercera parte empieza el 15 de junio cuando se tendría que haber hecho el rastrillaje y no se hace porque llueve. Se le meten a la casa de los hermanos de la novia sin orden de allanamiento, a uno lo llevan a la comisaría, lo tienen entre cuatro apretándolo.
  • El 17 Luciano y Cristina van a Buratovich y no pueden entrar porque hay cinco patrulleros que los bloquean. La que borró el whatsapp (Xiomara Flores) dice que lo llevó a Origone.
  • El 18 de junio un hombre que no dice que es policía declara que vio a Facundo en Bahía. Vuelve a declarar en la cuarta etapa del encubrimiento sin que sepamos nada, manejaba todo la Bonaerense hasta que planteamos la desaparición forzada y la sacamos. Al mismo testigo, cuando declaró en la justicia federal, el fiscal Heim lo cortó porque incurría en falso testimonio.
  • Las últimas tres semanas fueron acumular testimonios truchos que cortan el 6 de julio, ahí no intervenía más la Policía Bonaerense. El 13 de julio una periodista trucha dice ‘vuelco en la causa, habría una persona que habría llevado’. Eso es lo que dice el ministro Berni hoy. Esa persona la mete (el policía Gabriel) Sosa, el que está en la foto con Facundo en la camioneta y Xiomara Flores.
  • Luego consiguen un informe de las lectoras de los autos que pasaron ese día: primero las trae una policía. La lectora marca el ingreso, la gente que entra pero no la hora. Averiguamos con gente de Algarrobo (que aparece) y no viajó ese día. La Municipalidad manda otro el 13 de julio con todo el listado y ahí viaja el auto con los testigos que vieron subir a Facundo al patrullero. El 14 de julio la policía pide otro más y en ese no está ese coche pero sí está el que dice que llevó a Facundo. Eso es lo que La Brújula pone hoy para desacreditar a los tres testigos.

“Obviamente el Estado es desaparecedor, por supuesto que por fiscales, por jueces, por políticos. Pero también por la parte civil, como ese funcionario de Villarino que firmó ese informe trucho que después esta cloaca con ese delincuente de Germán Sasso usa para encubrir a la policía”, agregó Aparicio.

Sergio Maldonado, hermano de Santiago, también hizo llegar su adhesión y sostuvo que “necesitamos que Facundo aparezca con vida lo antes posible”. Este sábado se cumplirán tres años de la desaparición forzada seguida de muerte del militante solidario con el pueblo mapuche en el marco de un operativo represivo de Gendarmería en la Pu Lof Cushamen.

El fiscal Pablo Fermento solicitó la elevación parcial a juicio oral del ex oficial médico Humberto Adalberti y del ex suboficial enfermero Adalberto Bonini. Están acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención, torturas y exterminio La Escuelita.

La fiscalía los considera coautores de los delitos de asociación ilícita, de privaciones ilegales de la libertad (en el caso de Adalberti en relación a 82 víctimas y Bonini por 70), de quince homicidios y de la sustracción de los hijos nacidos en cautiverio de las desaparecidas María Graciela Izurieta y Graciela Alicia Romero.

Según el requerimiento, los imputados asistían a “La Escuelita” para brindar atención médica a las personas cautivas y con esa acción contribuían al mantenimiento de las victimas en esa condición.

“La atención sanitaria, a través de la provisión de medicamentos, enfermería y atención médica –propiamente dicha- resultó esencial para prolongar el cautiverio de los secuestrados en el CCDyT –sometidos a constantes tormentos- mientras no se decidiera otro destino para ellos”, aseguró la Fiscalía.

A la época de los hechos, Humberto Adalberti se desempeñaba con el grado de capitán médico en el Hospital de Evacuación 181, mientras que Adalberto Bonini trabajaba como enfermero general en la División Sanidad del Departamento IV Logística del Comando del V Cuerpo de Ejército, con el grado de sargento primero.

En diversas ocasiones del proceso judicial, testimonios de los sobrevivientes verificaron la concurrencia del personal de salud al centro clandestino para revisar a los detenidos y para asistir en los partos de las víctimas.

Adalberti había sido imputado en 2006 pero la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca decretó su falta de mérito. El avance de las investigaciones derivó en la recolección de nuevos elementos de prueba que permitieron su procesamiento, como la declaración de un testigo que indicó que años después pudo reconocer al imputado por su voz en un lugar público.

La causa en la que fue requerida la elevación a juicio de ambos imputados centra su investigación en integrantes del Ejército, agentes de las policías Federal y de la provincia de Buenos Aires y del Servicio Penitenciario Bonaerense por delitos cometidos contra 174 víctimas.

La jueza federal Gabriela Marrón rechazó “por improcedente” la recusación del fiscal de la causa que investiga la desaparición forzada de Facundo Castro Astudillo. La familia del joven y la querella de la Comisión Provincial por la Memoria habían requerido el apartamiento de Santiago Ulpiano Martínez.

Tampoco hizo lugar a la solicitud de Martínez respecto a una imposición de multa y comunicación al Colegio de Abogados para que “discipline” a los querellantes Leandro Aparicio y Luciano Peretto.

Cristina Castro sostuvo que «el principal desaparecedor de personas es el Estado» no solo mediante las fuerzas de seguridad sino también «a través de mecanismos perversos, sostenidos y flagrantes, como aquellos llevados adelante por la Fiscalía» y denunció que Martínez impulsó solo «aquellas medidas inertes al proceso o las que fueron maliciosamente filtradas, irregularmente producidas o irresponsablemente diligenciadas».

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La magistrada sostuvo que “no advirtió ninguna irregularidad en la actuación del representante del Ministerio Público Fiscal, ya que la investigación desplegada –desde el inicio, a la actualidad- se ajustaba a los parámetros para interpretar el concepto de investigación eficaz”.

A su entender el fiscal cuestionado actúa con “seriedad; objetividad en la búsqueda de la verdad; seguimiento de todas las líneas de investigación; recopilación del material probatorio pertinente y útil, con la diligencia debida; diseño institucional; cooperación intra e inter-estatal; especialidad en las diferentes áreas de investigación; acceso a la justicia de las víctimas; y plazo razonable”.

Para Marrón, el planteó se trató “de una mera discrepancia con la estrategia fijada por el director del proceso”.

Mañana se cumplen tres meses de la desaparición de Facundo y habrá movilizaciones en Pedro Luro y distintas ciudades del país. En Bahía Blanca una caravana con bocinazos partirá desde la Plaza Rivadavia a las 16:30.

El fiscal Pablo Fermento pidió la detención de Juan Carlos Curzio por intimidar a una testigo. El ex corredor de speedway es uno de los cuatro imputados en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A.

Cristina Leiva declaró hoy y brindó detalles de varios de los integrantes de la banda parapolicial, a quienes conoció por vínculos familiares y de su militancia en el peronismo. “Ese llamado no tenía otro objetivo más que intimidar y condicionar el testimonio”, afirmó Fermento.

Sin embargo, el fiscal destacó que “no es solo para ella sino para todos los testigos convocados a este juicio”. En los últimos días ya tuvieron que desistir de varios a causa del temor.

“Hay mucho miedo en torno a este juicio. Es muy difícil llegar a los testigos y que presten su declaración. Es muy importante que los jueces piensen y decidan en función del mensaje que queremos darle a los testigos que tienen que venir”.

La abogada de H.I.J.O.S., Mónica Fernández Avello, adhirió y dijo que “Leiva acaba de decir que actuaban libremente dentro de un partido político hasta que fueron apresados o la asociación a la que represento los tuvo que denunciar en esta querella. Me parece pertinente porque siguen amenazando sin la palabra explícita, llamándolos por teléfono”.

Además de Leiva, hoy declararon José Lualdi y Alberto Brandán. Las audiencias continuarán este jueves desde las 9 con transmisión en vivo por el canal de youtube de la UNS.

“A veces no es necesario hablar”

Leiva ratificó esta mañana lo dicho por Juan Larrea respecto al inesperado llamado del criminal. “Primero me llama mi socia diciéndome que había llamado un tal Juan Carlos que decía que había estado en la cantina pero no había dado el apellido. A los 15 o 20 minutos recibo el llamado de Curzio”.

“Años que no lo veía ni sabía de su vida porque no tenemos trato de amistad. Me dice que es Juan Carlos, que si me acordaba que estuvo en las cantinas. Tanto insistió que se me prendió la luz y le hice una pregunta: ¿vos no estuviste en gayola? Se ríe y me dice que sí. ¿A dónde estás? Estoy en mi casa”, contó.

Respecto a vinculación con la Triple A, el represor agregó: “‘No, no, me involucraron por una cuestión de dinero, no tengo nada que ver’. Ahora comienzan los juicios -le digo- la verdad si hubiera sabido que estabas involucrado no hubieras pisado nunca la puerta de mi casa”.

“No veo el motivo del llamado, no sé si sabría que tenía que declarar o no, si llamó pretendiendo una intimidación o advirtiéndome. No me dijo nada pero a veces no es necesario hablar”, afirmó la testigo.

Los únicos contactos previos que había tenido con Curzio fueron fortuitos. Un día se acercó a su casa para saludar a un campeón de speedway que se alojaba allí. En otras dos o tres ocasiones apareció “para saludar” en una cantina que Leiva administraba. “Yo ignoraba la asociación que tenía con esta gente que manejaba este grupo de asesinos”.

La Fiscalía federal informó este miércoles sobre el desarrollo de las medidas tomadas en el marco de la causa por la desaparición forzada de Facundo Castro Astudillo.

Entre ellas, la PROCUVIN sugirió producir un estudio integral de orden técnico que concentre toda la información obtenida hasta el momento y aquella que reste requerirse, con miras a determinar el recorrido que habría efectuado Facundo desde las primeras horas de la mañana del 30 de abril pasado, como también con qué personas se habría cruzado y/o entablado diálogo, por distintas circunstancias, en el trayecto.

La procuraduría especializada estimó que debería disponerse de la intervención de un gabinete especializado de la fuerza u organismo que se considerase pertinente para llevar adelante el análisis indicado, y someter a su estudio tanto los datos físicos (informes, legajos, listados, documentación en general) agregados a la causa, como la información o datos del tipo tecnológicos que han sido relevados.

Se refiere a los dispositivos móviles, su análisis y el de llamadas de telefonía y mensajería con activación de celdas, georreferenciación, direcciones de correo electrónico, datos de redes sociales, datos de telefonía celular, geolocalizadores de móviles (AVL), modulaciones, lectoras de patentes vehiculares, cámaras.

El fiscal Santiago Martínez dispuso que fuera la División de Tecnologías Aplicadas de la PFA la encargada de llevar adelante el estudio mencionado.

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Por otra parte se siguen recibiendo declaraciones testimoniales mediante la plataforma de comunicación online Zoom, tanto las ordenadas por el Ministerio Público Fiscal como otras requeridas por la querella particular, a las cuales se hizo lugar. En el mismo sentido se continuará en los próximos días con la celebración de audiencias ya fijadas.

Rastrillajes

Aunque con resultados negativos, desde el pasado sábado 25 hasta el lunes 27 de julio se llevaron a cabo distintos rastrillajes con efectivos de la Policía Federal (PFA), la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Gendarmería Nacional, a los cuales se sumaron personal de Cinotecnia de la División Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Ayer se efectuaron tareas de reconocimiento del terreno en un tramo de la Estación Ferrocarril Aguará en General Cerri. Entretanto, continúan las labores de investigación tendientes a corroborar diversos datos vinculados con el paradero de Facundo, a cargo de personal especializado de la PFA y demás fuerzas federales.

Se requirió al Ministerio de Seguridad bonaerense que informe las modulaciones de radios de los patrulleros de Teniente Origone, de la Comisaría de Mayor Buratovich y de la Patrulla Rural de Villarino.

Peritaje

Tras recibirse los libros secuestrados del Puesto de Vigilancia de Teniente Origone, se requirió al Gabinete Científico Bahía Blanca de la PFA que practicara un amplio peritaje caligráfico sobre el libro con la inscripción “actas” –utilizado como libro de guardias- a los efectos de determinar si en las anotaciones correspondientes al 30 de abril de 2020 existen enmiendas, raspaduras, borrones o faltantes de hojas, que permitan suponer que existió una adulteración de su contenido.

Otras medidas

La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DaJuDeco) aportó información solicitada y se le requirió que indicara en qué antenas registraron impactos líneas objeto de investigación.

La Dirección Nacional de Operaciones del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) remitió las respuestas a los pedidos formulados.

La delegación Bahía Blanca de la Policía Federal Argentina remitió el informe UFED (dispositivo forense de extracción de datos) confeccionado respecto al teléfono celular Samsung A6 secuestrado en el marco de la causa, en actuaciones relacionadas con tareas de campo realizadas.

En tanto, la fiscalía requirió a la Dirección Provincial de la Central de Atención Telefónica de Emergencias (CATE) 911 que precise algunos datos en cuanto a la información aportada.

La División Tecnología Aplicada de la Policía Federal Argentina puso en conocimiento que, a fin de dar cumplimiento a lo requerido, solicitó información a distintas compañías de comunicaciones. A esa División se le remitieron los informes recibidos del Ministerio de Seguridad, a fin de que los incorporaran al análisis encomendado.

Se requirió al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que, con carácter de urgente, informara las modulaciones de radios de los patrulleros de la localidad de Teniente Origone; de la Comisaría de Mayor Buratovich; y de la Patrulla Rural de Villarino del 30 de abril pasado.

Se solicitó además que indicara los motivos por los cuales ciertos móviles no contaban con Sistema de Localización Automática Vehicular (AVL). También se pidió a esa cartera que aportara los datos del personal policial de servicio el 30 de abril en la ciudad de Mayor Buratovich, con indicación de aquellos que hubieran prestado funciones ese día y no se encontraran asentados en el libro secuestrado, como también que se individualizara la cuadrilla a la que fue asignado cada uno de ellos en la fecha en cuestión.

Fuente: fiscales.gob.ar

Daniel Alberto Juliá relató al Tribunal Oral bahiense que los integrantes de la Triple A, luego de cometer sus crímenes, concurrían al boliche Rancho X del Barrio Palihue a tomar una bebidas “cortesía de la casa”.

Trabajó como barman desde 1972 hasta horas antes del golpe de Estado de 1976, cuando fue convocado al servicio militar. “Los atendía casi todas las noches en la confitería. Dejaban las armas en un costado de los sillones, venían con ametralladoras, itakas, 16 recortadas. Argibay, Aceituno, De Rosa, eran varios, se iban turnando”.

El propio Rodolfo Ponce, diputado nacional y secretario general de la CGT, solía sentarse con la banda: “Era como que fueran empleados de él”.

Juliá declaró que mientras hacía su tarea los escuchaba jactarse de que “habían matado a cuatro, a seis”. “Pertenecían a la Triple A, lo decían ellos. Decían que se les había encomendado este trabajo desde el gobierno de turno”.

Reportaban directamente a Ponce. Usaban torinos blancos y estaban todos los días en la CGT de Mitre y Rodríguez, “eran como los dueños ya, entraban y salían incluso con las armas en la mano”.

El Servicio de Inteligencia de la Marina les decía si podían o no realizar determinada actividad. “Podían andar tranquilamente porque me decían que la policía no les podía hacer nada”.

El testigo recordó que el grupo solía acompañarse de gente “que pertenecía a esa ideología”. Uno de ellos era el comisario de la Bonaerense Palmieri.

El propietario de Rancho X, Fernández Amigo, los conocía: “Por eso les daba bebidas, no quería tener contactos con esta gente”. Les había pedido que los fines de semana no vayan porque “había mucha concurrencia al boliche”.

Juliá militaba en la Juventud Peronista y simpatizaba con Montoneros. “No sé cómo pero de alguna manera se enteraron y me empezaron a seguir”. Sospecha que la información les llegó por el kioskero de la esquina de su casa a quien le compraba la revista “Causa peronista”. “Yo no sabía que él era militante de la derecha peronista, se llamaba Castellanos”.

“Me salvó un poco mi patrón que les dijo a ellos, este pibe no los va a molestar, tiene sus ideas pero nada más”, dijo.

Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero son juzgados por el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, también por el homicidio de Cilleruelo.

El sábado a la madrugada, durante un operativo policial en el barrio Tolosa de La Plata, policías de la provincia de Buenos Aires detuvieron a un joven de 17 años, lo golpearon con culatazos del arma y lo trasladaron a la comisaría 6ª.

En la dependencia policial, lo torturaron durante horas con golpes y picana eléctrica, exigiéndole que confiese el robo y quiénes eran sus cómplices.

Además de torturarlo, el interrogatorio fue sin la presencia de un abogado defensor y sin la presencia de su madre, violándose garantías constitucionales esenciales. También lo amenazaron de muerte si denunciaba. El cuerpo médico tampoco constató las lesiones sufridas.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó la denuncia penal luego de entrevistarse con el joven en el centro cerrado Almafuerte. También denunció los hechos a la Auditoría General de Asuntos Internos y reclama el cese de estas graves violaciones de derechos humanos ejecutadas por la policía bonaerense.

En la dependencia policial, lo alojaron en un calabozo sin ningún mobiliario, lo obligaron a permanecer de pie durante más de 9 horas al mismo tiempo que tres policías, de manera sistemática, le aplicaron descargas eléctricas con una picana para sacarle información. Mientras esto ocurría, los mismos policías filmaban las sesiones de tortura, imágenes que ellos mismos difundieron por las redes sociales.

El interrogatorio ilegal buscaba que el joven no sólo declarara contra sí mismo sino que incrimine también a más personas. A pesar de tener menos de 18 años y de estar imputado de un delito, durante todas esas horas, las declaraciones se realizaron sin presencia de un abogado o un defensor oficial y sin la compañía del padre, madre o tutor del adolescente.

Se violaron garantías constitucionales esenciales, incluyendo la Convención de derechos del Niño.

Recién en la tarde del sábado, los policías lo llevan a reconocimiento médico; durante el traslado en el patrullero, siguieron aplicándole descargas con la picana. Ninguna de las lesiones que tenía fue registrada.

Casi diez horas después de su detención, interviene por primera vez un funcionario judicial, sin embargo no se generaron las condiciones para que pueda contar lo sucedido. Los mismos policías lo esperaban para trasladarlo.

Finalmente, el joven fue alojado en el centro cerrado Almafuerte; momento de ingresar, por temor a represalias, el joven no dio cuenta de las lesiones que tenía producto de los golpes y torturas en la comisaría, y el personal médico hizo una revisión superficial y registró sólo algunas de las múltiples y visibles lesiones que tenía el joven en el cuerpo.

Tras la detención del joven, intervino la UFI 3 de La Plata que, a pesar de la ilegalidad del operativo, convalidó desde el primer momento todo lo actuado por la policía.

Ante este nuevo hecho, la CPM reclama el cese de estas graves violaciones de derechos humanos ejecutadas por la policía de la Provincia, agravadas en este periodo de cuarentena dónde se incrementaron los índices de letalidad policial y denunciaron gran cantidad de casos de gatillo fácil, uso letal de los patrulleros y torturas y malos tratos. A esto debe sumarse la investigación sobre la presunta desaparición forzada de Facundo Astudillo a manos de la policía bonaerense.