Este lunes a las 10 comenzará el juicio contra integrantes de la Triple A de Bahía Blanca, a 45 años de sus crímenes contra más de cuarenta militantes políticos, estudiantiles y gremiales.

Para seguir el desarrollo del Juicio Triple A, desde FM De la Calle actualizamos nuestro blog juiciobahiablanca.wordpress.com y pusimos a disposición de nuestra audiencia el detalle sobre LA CAUSA, los IMPUTADOS y las VÍCTIMAS.

La audiencia pública será en Colón 80. Es el séptimo juicio por crímenes de lesa humanidad que se realiza en la ciudad y el primero contra civiles que actuaron en el terrorismo de Estado.

La Multisectorial por los Derechos Humanos convocó una concentración desde las 9:30.

Para unos minutos después hicieron lo propio H.I.J.O.S., Red por la Identidad y la Mesa x el Juicio y Castigo.

La banda paraestatal estuvo en nuestra región al mando del secretario general de la CGT y diputado nacional del FreJuLi, Rodolfo “Fito” Ponce, y del rector interventor de la Universidad Nacional del Sur, Remus Tetu.

Los acusados que llegarán al banquillo son Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero. Héctor Oscar Chisu falleció a fines de 2019. Se les imputa el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, el homicidio en un pasillo de la UNS del estudiante David “Watu” Cilleruelo.

La actividad de la patota paraestatal dejó como saldo más de cuarenta homicidios, la proscripción de los centros de estudiantes, el cierre del comedor universitario, la expulsión de alumnos y cesantías masivas de docentes por razones políticas, entre otros aspectos.

Desde este lunes serán juzgados cuatro represores civiles que integraron la Alianza Anticomunista Argentina en nuestra ciudad. Será el séptimo juicio por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca y el primero contra civiles que actuaron en el terrorismo de Estado.

Si bien el tribunal definirá el horario este viernes, se estima que será entre las 10 y las 12 en la sede del rectorado de la UNS de Colón 80. La Multisectorial por los Derechos Humanos convocó una concentración desde las 9:30.

La banda paraestatal estuvo en nuestra región al mando del secretario general de la CGT y diputado nacional del FreJuLi, Rodolfo “Fito” Ponce, y del rector interventor de la Universidad Nacional del Sur, Remus Tetu.

Los acusados que llegarán al banquillo son Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero. Héctor Oscar Chisu falleció a fines de 2019. Se les imputa el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, el homicidio en un pasillo de la UNS del estudiante David “Watu” Cilleruelo.

La actividad de la patota paraestatal dejó como saldo más de cuarenta homicidios, la proscripción de los centros de estudiantes, el cierre del comedor universitario, la expulsión de alumnos y cesantías masivas de docentes por razones políticas, entre otros aspectos.

En una etapa anterior de la misma causa, el juez federal Walter López da Silva demora la definición de la situación procesal del ex presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Néstor Luis Montezanti, indagado en febrero de 2018.

El Comité de Solidaridad con Chile, Bolivia y Pueblos Latinoamericanos presentó una denuncia penal contra la dictadura boliviana por crímenes de lesa humanidad. Lo hizo invocando el principio de jurisdicción internacional ante el Juzgado Federal Nº1 de Bahía Blanca a cargo de Walter López da Silva.

Las organizaciones que integran el comité afirmaron que “desde la instauración de la dictadura de la autodesignada presidenta Janine Añez, con el apoyo de la derechas locales, los Estados Unidos y el Estado de Israel, los hermanos bolivianos han sido víctimas de una innumerable cantidad de violaciones a los derechos humanos, dejado un triste saldo de personas muertas, heridas y desaparecidas, agresiones físicas, manifestaciones racistas y odio fomentado por los medios masivos de comunicación y las autoridades”.

El secretario de DD.HH. de la CTA, Dante Patrignani, dijo a FM De la Calle que “se presentó la denuncia en mesa de entradas, estuvieron revisándola y se aceptó la demanda. Ahora esperaremos qué respuesta hay. El objetivo principal que teníamos era avanzar con algunas cuestiones para visibilizar esto y por eso nos damos por satisfechos”.

“Sabemos que se presentó en Córdoba por parte de una asociación de ex detenidos políticos y en Buenos Aires por parte de la comitiva que viajó a Bolivia en la que participaron compañeros de distintas organizaciones. Sería bueno que esto se replique para que algún juez le de trámite. Es nuestro aporte, modesto pero nos parece que teníamos que hacerlo”.

En la demanda se propone una serie de testigos que padecieron el accionar de las fuerzas golpistas, encabezados por el ex presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales. “Esperamos aporte al conocimiento de los hechos, el señalamiento y juzgamiento de los culpables y la reparación a las víctimas”.

Hoy, el movimiento obrero internacional despide con honor, tristeza y esperanza a uno de sus referentes más honestos y comprometidos con la causa de la justicia social. José Rigane, secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata, responsable de la Federación de Trabajadores de la Energía de la Argentina, apagó su luz, dejando una estela inexorable en el firmamento de los justos.

Durante la dictadura, aprendió a reconocer en sus dirigentes las mejores tradiciones de lucha del movimiento sindical, uno de los ámbitos sociales que más suele castigarse, sin jamás destacar las luchas de quienes no tienen tanta prensa pero dejan su vida en cada pequeña pelea por la dignidad humana. Habría que revisar si los directorios empresariales resisten los sesudos análisis a los que los medios de –al decir de Walsh- “los dueños de todas las otras cosas” suelen poner bajo examen a nuestra clase.

Decimos Rigane y decimos clase trabajadora. Muchos intelectuales, incluso progresistas, nos han intentado convencer –como coreutas demorados que llegan tarde y quieren ingresar a las mieles del banquete- de que “la clase obrera ha muerto” y de que “la lucha de clases ya no es un prisma para observar la realidad”. Según ellos, sería demodé. Se trata de una de las batallas culturales centrales: la lucha por las categorías del pensamiento. ¿Pensamos la sociedad como elegimos pensarla lxs trabajadorxs o asumimos mansamente las categorías de nuestrxs opresorxs? Tránsfugas de ideas, tristes vencidos y peores traidores, serán apenas olvido, eco de un coro fantasmal, agónico y prescindible.

José Rigane, en cambio, jamás ingresará a las sombras de la historia del olvido. José tenía muy en claro la necesidad de la lucha cultural. Cuando él hablaba siempre había dos o tres dimensiones de cada tema de análisis: hablar de la energía era referirse a las inversiones, pero también al derecho humano a la energía, a la soberanía, al debate de qué proyecto de país podía contener un modelo que nos liberara y con ello qué tipo de sociedad debíamos ocuparnos de construir como laburantes organizadxs.

José Rigane tenía conciencia del pasado, actuaba con certeza sobre el presente y siempre que hablaba se dirigía a la Historia. Cada día de construcción en el movimiento obrero argentino era una acción hacia el futuro, un legado concreto.

Decíamos que tenía plena conciencia de la necesidad de la disputa de ideas. Por eso escribía y cuando no, arbitraba los medios para que un profesional de la comunicación le entrevistara o escribiera un comunicado sobre tal o cual cosa. Toda cuestión era discutible y requería la opinión de nuestra clase. Por eso la obra de Luz y Fuerza Mar del Plata está registrada sistemáticamente en la revista 8 de Octubre y por eso su página web estaba traducida a otros idiomas. La construcción de la Historia y sobre todo una con voz propia era central en su percepción.

Cada lucha iba a acompañada de una reflexión y de la respectiva comunicación. Se tratase de una reincorporación de un compañero en una pequeña empresa de la costa bonaerense o de un gran logro que implicara un avance en materia de acceso al derecho a la energía, José pedía que fuera contado. Había un mensaje subyacente en cada pequeño comunicado, en cada entrevista o en cada pieza audiovisual: “somos la clase trabajadora, somos capaces de organizarnos y tenemos una propuesta de sociedad digna de ser vivida. No somos un objeto de descarte del capitalismo. Tenemos conciencia, ideas y un mundo por construir”.

Ese mandato de José Rigane es como una voz inconsciente por todos los rincones donde el mensaje llega: “organicémonos”, “depende de nosotros”. Las palabras liberación y soberanía son claves para comprender su enfoque.

A partir del regreso a la democracia, fue reconocido por sus compañeros y compañeras como dirigente. No lo esperaba. Le tocó una enorme tarea: sacar a su gremio de las conducciones oscurantistas que –aún en la primavera democrática- perseguían a sus propios afiliados por “zurdos”, “marxistas” y otros tantos calificativos que la violenta burocracia sindical, esos infiltrados de nuestros enemigos de clase, han utilizado para estigmatizar a quienes se juegan la vida por la vida digna.

Una vez recuperado el sindicato a mediados de los ochenta, las tareas para un cuadro destacado como él comenzaron a ser más desafiantes. La ola neoliberal acechaba con devorarse todo y las sobras que la bestia vomitaba eran deseadas por corruptos dirigentes enquistados en algunas estructuras sindicales. La propaganda del “compre importado” y de la “corrupción de los servicios públicos” que sería solucionada a través de la apertura de importaciones y la “liberalización de los mercados y la libre competencia (que no fue más que oligopolización y consumidores rehenes de precios acordados) era feroz y los relatos del “Fin del Historia” dominaban la prensa y las producciones culturales. La disputa de sentido era estratégica.

Había pues que dar una batalla a nivel país por la defensa de las empresas estatales y de los puestos de trabajo. Hay que destacar, en este sentido, que toda acción de la línea Rigane suponía dos ámbitos: derechos de la comunidad en su conjunto y derechos laborales de su gremio. Para él, no había luchas “sectoriales” sino que había una mirada integral. Para acceder al derecho a la energía hacían falta empresas bajo el dominio de lo público y esto supone mayor y mejor mano de obra para garantizar el acceso.

Luz y Fuerza Mar del Plata, heredera política de la Luz y Fuerza de Córdoba, es decir, de aquella sintetizada en la figura de Agustín Tosco, observaba con tristeza que la FATLyF, la federación que nucleaba al conjunto de laburantes de la energía del país, no sólo transaba con el mandato privatizador sino que algunos de sus dirigentes se convirtieron en accionistas del nuevo modelo.
Una nueva lucha por la conciencia y una nueva estrategia: crear una federación que respondiera a un proyecto popular, no al de las empresas privadas. Es así que con un conjunto de valiosísimos compañeros y de valiosísimas compañeras emprenden la tarea: se construyen los cimientos de la Federación de los Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA). En buena medida, la resistencia a la privatización de los servicios en Argentina se encuentra explicada por el espíritu de esta iniciativa y la gran labor tanto de acción política concreta como de disputa ideológica por parte de estas herramientas.

Al mismo tiempo, casi en coincidencia, el conjunto de la clase obrera argentina estaba dando otra gran pelea: ¿democracia sindical o burocracia sindical? ¿Sindicatos por la liberación de sus pueblos o gremios aliados a los proyectos patronales de país? En medio del complejo proceso de ruptura con la CGT y la creación de la CTA, José participó activamente. Actualmente, se desempeñaba como secretario adjunto de la CTA Autónoma. Repetía sin cansancio: “autonomía de los patrones, de los partidos y de los gobiernos”. Es decir, un proyecto propio la clase trabajadora.

En la provincia de Buenos Aires, tuvo un rol central en la lucha contra los despidos y la privatización de ESEBA (Empresa Social de Energía de la provincia de Buenos Aires) a manos del por entonces gobernador Duhalde. José Rigane peleaba con la misma intensidad por la reincorporación de un compañero en una pequeña empresa o por un reclamo masivo. Un paso adelante o un retroceso siempre puede ser importante en tanto jamás es un paso adelante o un retroceso individual: debe significar algo para el conjunto de la clase y para sus organizaciones.

Un jubilado de una pequeña empresa de la costa contó: “En el año 86 me despidieron sin causa. No sabía qué hacer. Llamé al sindicato en Mar del Plata. A las tres horas estaba José con un conjunto de compañeros y de compañeras y no levantó las medidas de acción ni se fueron hasta que lograron mi reincorporación. Lo digo ahora que no está –se había retirado al baño-, porque a él no le gusta que hablen de él. Eso es un dirigente sindical”.

Comenzamos diciendo que hoy el movimiento obrero internacional despide con honor, tristeza y esperanza a uno de sus referentes más honestos y comprometidos con la causa de la justicia social. Decíamos honor, porque toda vida de lucha honra al conjunto de la humanidad. Tristeza, porque era un gordo lindo y luchador al que ya no podremos abrazar. Esperanza, porque en su recuerdo se yergue una senda por donde reconocer nuestros próximos pasos, del mismo modo que él encontró otros en luchas previas.
Tal vez sea éste su gran legado: no hay lucha aislada de las otras y, al fin de cuentas, hablar de él es hablar de la historia de una clase. Por eso en estas líneas no hay culto a la personalidad; hay un justo reconocimiento a un ser humano tan excepcional como posible; ojalá se nos llenen las sedes de Josés, humildes para comprender a los suyos, firmes para enfrentar a los opresores.

En ocasión de recordar a su gran referente, José Rigane dijo: “Pero no es una cuestión de recordar a un líder de manera solitaria. Tosco fue parte de una generación de trabajadores y trabajadoras que expresaron las ideas de la clase, las ganas de encontrarse y organizarse. La lucha por una vida mejor, una vida digna. Una vida nueva. Las ideas del sindicalismo que llevó adelante y propuso Tosco y su generación es la de un modelo de sindicato nuevo, un tipo de organización gremial pensada para que cada trabajador y cada trabajadora sienta que la lucha no es individual, sino colectiva. Sienta que su sindicato le pertenece realmente y que luchar y organizarse sirve”.

“Podríamos estar días y días recordándolo. Pero seguir su ejemplo y sus ideas no tiene que ver con trasladar automáticamente sus discursos. No se trata de copiar ni de repetir lo que exactamente decía Agustín Tosco. No se trata de hacer historia por la historia en sí misma. Llevar adelante las ideas de Agustín Tosco y su generación no es mirar hacia atrás. Pensar en Tosco es mirar hacia adelante. Es construir hoy la lucha concreta por la unidad del movimiento obrero organizado; es creer genuinamente que la única forma que tienen los trabajadores/as para tener futuro es la unidad de la clase obrera; es construir un nuevo modelo sindical de lucha, participativo, democrático y transformador; es combatir contra el patrón pero también tirar abajo la burocracia sindical; es la unidad entre los trabajadores/as pero también la unidad con otros sectores sociales golpeados por el sistema; es pensar en el país desde la soberanía y no desde la dependencia”.

“En definitiva, pensar en Tosco es construir un país con los trabajadores/as como protagonistas”.
Aquí está el centro de su pensamiento, de su acción y casi todas las horas de su vida. Hoy, como laburantes, como parte de esa clase, estamos tristes por la muerte de uno de los nuestros. Mañana, con la conciencia de que hay lugares concretos que ocupar, requeridos por las luchas de nuestro tiempo, nos toca revisar qué estamos haciendo para que nuestras herramientas contengan a nuestra clase y que ésta sea capaz de convertirse en protagonista de nuestra Historia.

Por último, cabe saludar y enviar nuestro cálido abrazo especialmente su familia, partícipe de esa lucha, y sus queridxs compañerxs lucifuercistas.

José Rigane, hasta la victoria siempre.

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito convocó a una Jornada Federal y Mundial a dos años del pañuelazo que dio inicio al debate legislativo en 2018. “El proyecto está en la calle”, es la consigna de cara a la apertura de sesiones legislativas del próximo 1 de marzo.

En más de 100 ciudades del país se exigirá el tratamiento urgente y la aprobación del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que presentaron el 28 de mayo de 2019. En Bahía Blanca el pañuelazo será a las 18 en Plaza Rivadavia.

La iniciativa de la Campaña es resultado del consenso de las más de 700 organizaciones feministas, de mujeres y disidencias, políticas, sindicales, artísticas, académicas y de Derechos Humanos, que confluyen en la Campaña. Recoge el debate parlamentario y social de 2018, cuando la marea verde salió a las calles a exigir aborto legal ya.

“Este 2020 la Campaña cumple 15 años. Hemos presentado 8 veces consecutivas nuestro Proyecto de Ley. El más reciente garantiza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 y consagra derechos constitucionales, adecuándose a las exigencias de Organismos Internacionales de Derechos Humanos de los que Argentina forma parte”, aseguraron.

Desde la campaña agregaron que “con el pañuelo en alto y las manos unidas, seremos millones exigiendo la aprobación de una Ley en sintonía con la equidad en el acceso a la salud integral, la atención igualitaria, la Educación Sexual Integral y el Estado laico”.

“El aborto legal es una deuda de la democracia. Un reclamo de la lucha feminista que ha marcado el devenir de millones de jóvenes en la región, que reclaman más derechos, libertad y autonomía. Nuestro reclamo trasciende fronteras, porque los abortos inseguros son un problema de salud pública que provocan muertes evitables. Nuestra demanda es por nuestro proyecto de vida autónomo y por el derecho a decidir en libertad. Por eso, ¡nuestro proyecto está en las calles!”, concluyeron.

El juicio contra cuatro represores civiles que integraron la Alianza Anticomunista Argentina en nuestra ciudad debía comenzar este miércoles. Sin embargo, trámites sobre la prueba que se admitirá en el séptimo debate por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca provocaron su postergación.

“Pareciera que no hay audiencia pero no nos llegó ninguna notificación de la suspensión”, dijo esta mañana a FM De la Calle el fiscal auxiliar Pablo Fermento. En horas de la tarde el secretario del tribunal confirmó verbalmente a Fiscalía que el debate no iniciará.

La banda paraestatal estuvo en nuestra región al mando de los fallecidos Rodolfo “Fito” Ponce y Remus Tetu, en época de los hechos diputado nacional del Frente Justicialista de Liberación y rector interventor de la UNS, respectivamente (foto).

Los acusados que llegarán al banquillo son Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero. Héctor Oscar Chisú falleció a fines de 2019.  Se les imputa el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, el homicidio en un pasillo de la UNS del estudiante David “Watu” Cilleruelo.

La actividad de la patota paraestatal dejó como saldo más de cuarenta homicidios, la proscripción de los centros de estudiantes, el cierre del comedor universitario, la expulsión de alumnos y cesantías masivas de docentes por razones políticas, entre otros aspectos.

El juez federal Walter López da Silva continúa demorando la definición de la situación procesal del ex presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Néstor Luis Montezanti, indagado en la misma causa.

Días atrás, el Tribunal Oral comenzó la evaluación de la prueba que admitirá en el debate, presentó dudas respecto de algunas de ellas y dio lugar a las partes para que brinden su opinión en un plazo de 48 horas. “Nosotros contestamos el viernes y la defensa pidió una prórroga que entiendo que la van a conceder porque era un plazo muy breve. Esto en principio perjudicaría el inicio mañana”, manifestó Fermento.

“Es importante la voz de los familiares. Por más que puede parecer redundante o superfluo, siempre es necesario que cuenten cuáles son las consecuencias de estos hechos, cómo se vivieron, qué produjeron. Son pertinentes para definir la existencia de la asociación ilícita y cuantificar la pena que, para nosotros ya desde este momento, consideramos que es la máxima”.

El fiscal auxiliar destacó que el Tribunal no comprende al Juicio Triple A en el marco de las otras causas de lesa humanidad que se tramitan en la ciudad. “Para nosotros forma parte de la causa madre, la 05/07. Hicimos la imputación en la Causa Ejército, que es la fuerza con la que encontramos las mayores vinculaciones por parte del grupo paraestatal”.

“Consideramos que toda la prueba de la Causa Ejército y las audiencias del juicio, las víctimas -la mayoría de las cuales eran militantes de Bahía Blanca y sufrió la persecución por parte de este grupo-, forman parte de la misma causa. Esto no es visto en el mismo sentido por el tribunal y nos pidió, entre otras cosas, que justifiquemos porqué habría que incorporar esos testimonios”.

Fermento ejemplificó: “Sobre la comunidad informativa que integraban todos los organismos de la ciudad y la región, en todas las causas se mostró cómo la actividad de inteligencia sobre las víctimas se remontaba a diez o quince años y, particularmente en los años 74 y 75 fue muy intensa. En este juicio hablamos de que uno de los jefes de la asociación ilícita, que era Remus Tetu, participaba de las reuniones de la comunidad informativa. Toda esa inteligencia, esa actividad de espionaje y de fijación del blanco, fue utilizada durante la dictadura. El rector interventor de la universidad iba a señalar gente, militantes políticos de determinada tendencia o ideología, con las consecuencias que eso tenía”.

“Varios de los miembros de esta asociación ilícita, por ejemplo los hermanos (Héctor y Miguel Ángel) Chisu, que en el 74 o 75 operaban dentro de este grupo paraestatal bajo la órbita del Destacamento de Inteligencia 181, en el 76 se incorporan como Personal Civil de Inteligencia del Destacamento y hay numerosos testimonios, sobre todo de conscriptos, que mencionan a este grupo de civiles reclutados como el grupo de confianza que utilizaba (el general Adel) Vilas para los trabajos nocturnos, cuando no utilizaban uniformes o a la tropa”, detalló el fiscal.

“Watu” Cilleruelo y el “Negrito” Jesús García.

En cuanto a la tarea investigativa sobre el accionar del terrorismo de Estado antes y después del golpe de marzo del 76, Fermento comentó que “hay grandes diferencias”.

“Cuando hablamos de la estructura burocrática del Estado directamente implementada para la tarea represiva, como fue a partir del golpe, podemos hablar de coautoría mediata y descansar en la organización reglamentaria del Estado, de las fuerzas, de las unidades militares, las cadenas de mandos. Acá tenemos un grupo paraestatal. Esto significa que el Estado no está asumiendo una tarea sino que la está delegando en un grupo que no reconoce como propio o cuyo vínculo oculta. Es el Estado actuando sin reconocer que lo hace. Se hace mucho más difícil probar o explicar las relaciones orgánicas”.

Por ello, la pesquisa apuntó a la figura de la “asociación ilícita” y su relación con los hechos juzgados y con el Estado. “Las dificultades son enormes, estamos hablando de un período histórico que no se encaró, en cuanto a la investigación, con la misma intensidad con que se hizo con el período posterior al golpe de Estado”.

“El laburo con las víctimas es más delicado, más traumático. Hay familias que nunca hablaron de esto. La impunidad genera un velo muy difícil remover para saber qué pasó, quiénes operaron. Jurídicamente es una valla para avanzar en las imputaciones directas. Sin embargo, el propósito de la Fiscalía fue no quedarse con ese impedimento sino empezar a avanzar sobre lo que solicita la asociación ilícita que es la finalidad de una empresa criminal, constituirse para hacer determinada cosa”, afirmó.

La Fiscalía probó que “la finalidad de este grupo, además de amedrentar, perseguir, hacer inteligencia, también era asesinar personas. En varios de los casos, al menos en tres de los operativos, pudimos acreditar la participación de algunos de los miembros de la asociación”.

“Se constituyó con un fin concreto en el marco de un programa que tenía alcance nacional y se estaba instrumentando a través del Batallón de Inteligencia 601 y las distintas unidades de inteligencia del país, con grupos operativos de carácter civil en el plano operativo”.

Ante la vacancia del Tribunal Oral bahiense quienes deben realizar el juicio son subrogantes. El presidente Roberto Amábile, integra la Cámara Federal local y Pablo Diaz Lacava y Marcos Aguerrido vienen del TOF de La Pampa. “Aguerrido está pronto a que se le venza la designación”, explicó Fermento, “si arranca el juicio ahora queda conformado el tribunal y si se posterga y arranca luego del vencimiento tienen que designar a un tercer juez. Además está pendiente el nombramiento del cuarto juez”.

(Por Comisión de DD HH – CTA Regional Bahía Blanca)El miércoles 12 debería comenzar el Juicio por Crímenes de Lesa Humanidad conocido como causa Triple A (Alianza Anticomunista Argentina). Pero sufre una nueva postergación por requerimientos de la defensa.

Es el primer caso, en nuestra ciudad, donde las acusaciones no recaen sobre personal militar sino sobre integrantes del grupo paraestatal liderado y armado por Rodolfo Ponce y Remus Tetu. En este caso por el crimen de David “Watu” Cilleruelo, estudiante de la UNS, secretario de la Federación Universitaria del Sur y militante de la Federación Juvenil Comunista.

Los imputados son: Raúl Roberto Aceituno, con prisión preventiva, directamente involucrado en el crimen secundando al ejecutor material “Moncho” Argibay, ya fallecido. Y, como integrantes de la “asociación ilícita”, Héctor Angel Forcelli, Osvaldo Omar Pallero y Juan Carlos Curzio.

Otro imputado, Héctor Oscar Chisu, falleció impune y queda pendiente que el Juez Federal Walter López da Silva resuelva la situación procesal de Néstor Luis Montezanti, también señalado como parte de la patota, habiendo transcurrido dos años desde la indagatoria.

Pesan también, sobre los acusados, otros veintitrés crímenes, entre ellos el de Luis Jesús “Negrito” García, preludio de los que, después del 24 de marzo de 1976, cometería la dictadura cívico-militar-eclesiástica.

El asesinato de Watu tiene una especial connotación ya que, a diferencia de otros crímenes, se cometió a plena luz del día, en presencia de testigos, y los imputados fueron formalmente contratados como “personal de vigilancia y seguridad” por el interventor Remus Tetu en la UNS (Resoluciones132, 159 y 165 de marzo y abril de 1975).

Durante los últimos cuatro años, y por decisión política del gobierno de Cambiemos, los Juicios de Lesa Humanidad sufrieron un freno favoreciendo la impunidad biológica de los represores. El compromiso permanente de los organismos y militantes de DD. HH. junto a los familiares de las víctimas, seguiremos reclamando por las condenas que merecen los responsables.

No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos!!
30.000 compañerxs detenidxs-desaparecidxs, PRESENTES!

(Por Red de Comunicadoras de Bahía Blanca) Cumplimos un año “en red”. Estamos agradecidas y movilizadas. Recorrimos un camino impensado y fortalecedor. Desde aquellas primeras mateadas en las que nos encontramos, a los comunicados colaborativos que hicimos públicos para expresar nuestro repudio a despidos y a las violencias sufridas en medios locales de prensa… hemos aprendido a visibilizarnos y a acompañarnos.

Nos faltaba sólo eso: encontrarnos de verdad. Escucharnos, descubrir nuestras coincidentes decepciones y sorprendentes sueños compartidos. Repensarnos en el despertar feminista para muchas, con los consejos oportunos y aleccionadores de aquellas ya transformadas por este movimiento liberador.

Con plena diversidad nos conformamos como RED. Elegimos esa forma de organizarnos porque somos tejedoras profesionales. Punto a punto hemos hilvanado nuestro oficio, algunas veces sin cuestionarnos demasiado, incluso las situaciones dolorosas que padecimos trabajando periodísticamente. Pero ahora llega el tiempo de desovillarlas, desandarlas, para deconstruirnos y seguir creciendo. Y para eso, nos volvimos a elegir.

Somos una RED inspirada en la gran participación de las mujeres en los escenarios públicos de Argentina y Latinoamérica. Creemos indispensable enlazarnos con otras organizaciones y saberes para complementar nuestro camino y prácticas cotidianas. Nos posicionamos activamente frente a la condena del silenciamiento y aislamiento que pretende imponer la cultura liberal y patriarcal.

En la Red de Comunicadoras Bahía Blanca construimos un espacio para escucharnos, formarnos y no callar más. En nuestro primer año, produjimos materiales audiovisuales y documentos con pronunciamientos colectivos, nos reunimos con ganas y constancia y logramos un relevamiento histórico donde reflejamos las desigualdades y violencias sufridas en nuestros ámbitos laborales. Fue presentado el 25 de noviembre, un día elegido con la certeza de que mucho tenían que ver: contextos actuales y resultados. Y así fue. Ante una gran convocatoria y gracias a la numerosa participación de encuestadas, pudimos contar con fundamentos las brechas de género y la inequidad laboral perpetuada en los medios locales de comunicación, cuyos puestos de decisión son ocupados por hombres, injustamente, en su amplia mayoría.

Hasta el lenguaje que usamos ilustra estas realidades, por eso también lo cuestionamos e intentamos su utilización no sexista, a pesar de que sigan considerándolo “accesorio”. NOMBRARNOS es reconocernos. Despojarnos de los prejuicios y mandatos del lenguaje para aprehenderlo desde una praxis liberadora, capaz de identificar las nuevas representaciones.

Queremos agradecer una vez más y públicamente a las profesionales que nos acompañaron en este proceso fundacional: Carolina Goldman, María Julia Eliossof y Agostina Costantino. Sus talentos y miradas feministas nos ilustraron la búsqueda y nos acariciaron el alma.

Como mujeres comunicadoras y trabajadoras en los medios privados, estatales y comunitarios, vamos asumiendo la importancia de reflexionar sobre las dimensiones de género. Sabemos que estamos comenzando, y que poner en palabras lo que nos pasó por el cuerpo lleva tiempo. Afrontarlo JUNTAS es un desafío que prometimos atravesar. Emocionadas e indignadas, alegres y reflexivas, enojadas e inconvenientes… pero SOLAS NUNCA MÁS.

No podríamos expresarlo mejor que Loahana Berkins: “esas cosas me parecen maravillosas y siento que de alguna manera tiene que ver con nuestra lucha. Acá estamos nosotras, poniendo la verdad en el cuerpo a todas las violencias, para seguir brillando.”

El ejercicio de relatarnos ya comenzó. Revivimos entonces, esos momentos llenos de dolor, avasalladas en el silencio cómplice de una redacción, en la producción de un móvil periodístico, en el insulto fuera de micrófono, en el golpe vil ante las miradas de una sala de prensa, en las decisiones que nos dejan sin poder preguntar, nada más y nada menos. No para revictimizarnos. Sí, para dejar testimonio a las que vienen y vendrán. Nombres y apellidos de violentos que ya no tendrán el privilegio del anonimato, para desempolvar su miseria. Ya pensaremos en protocolos internos de alerta y cuidados sororos.

A un año de empezar a “tejernos” para desentramar nuestras experiencias y forjar la trama colectiva, nos habita un profundo orgullo por lo realizado y un sincero agradecimiento a quienes nos escucharon y nos dieron la oportunidad de expresarnos. Hoy valoramos este presente JUNTAS. Y resuenan en nosotras las palabras de Ana Cacopardo… “Hay vidas celebradas tan a fondo, que parecen no alcanzar varias vidas más para contarlas”.

Intentaremos narrarlas, porque somos las historias que contamos.

Gracias por vuestra lectura, les deseamos un 2020 de muchas alegrías y sanas resistencias.

(Notas Periodismo Popular) Este lunes habrá sesión de la Legislatura provincial con el objetivo de derogar la ley 9209 que habilita la megaminería y restituir la 7722. Así lo dispuso el gobernador Rodolfo Suárez el pasado viernes luego de una semana de movilizaciones masivas en rechazo a la normativa.

Los festejos recorrieron toda la provincia de Mendoza el viernes pasado. Por la noche el gobernador radical Rodolfo Suárez anunció que enviaría un proyecto a la Legislatura para derogar la ley 9209 votada una semana antes. “Si bien es legal no tiene la legitimidad del pueblo”, dijo.

La fecha señalada para la votación es este lunes y estará acompañada, como todos estos días, de una importante movilización popular en la capital provincial.

La normativa ahora vigente dejó sin efecto a la 7722 que protegía los recursos hídricos mendocinos abriendo las puertas al desarrollo de emprendimientos megamineros. Es que, entre otras cosas, se eliminó la prohibición de la utilización de químicos contaminantes como el cianuro.

Antes de la votación del viernes 20 de noviembre ya habían comenzado las protestas. Sin embargo tras la aprobación por parte del Poder Legislativo -con los votos del oficialismo y casi todo el peronismo opositor- y promulgación por parte del gobernador, se intensificaron.

Esto llevó a Suárez a anunciar, a mitad de semana, que frenaría su reglamentación para “informar” mejor a la población sobre los fundamentos de la ley. Pero fue rechazado por un espectro tan amplio como variado y transversal de la sociedad mendocina que continuó exigiendo como única salida la derogación. Allí se cuentan desde las Asambleas Ciudadanas en defensa del agua, pasando por los productores vitivinícolas, la Iglesia Católica y hasta la Comisión de Reinas de la Vendimia que instó a suspender la tradicional fiesta hasta que no haya una respuesta satisfactoria a sus demandas.

La presión popular obligó a Ejecutivo a dar marcha atrás. Sin embargo, las manifestaciones se sostienen y anunciaron que no terminarán hasta que la derogación de la ley 9209 figure en el Boletín Oficial.

En ese marco este sábado se realizó en Uspallata una asamblea de todas las asambleas de Mendoza en defensa del agua. La localidad fue elegida porque a 30 kilómetros se intentó instalar el Proyecto San Jorge, un emprendimiento megaminero de capitales rusos. “Hay representantes de la empresa que van casa por casa preguntando qué necesita la gente. Lo que piden se los dan, con la condición de que cuando la minera tenga licencia social tendrán que trabajar para ella”, relató a Página/12 Federico Soria, de la Asamblea por el Agua de Uspallata. “Han apadrinado una escuela del barrio más pobre; le construyeron el edificio a una unión vecinal”, agregó.

Asimismo este domingo se mantuvo el “banderazo” de carácter plurinacional convocado en toda la provincia y que tuvo una gran participación. A lo largo de la ruta 40 hubo varios puntos en los que se ondearon banderas argentinas pero también la wiphala.

Este lunes todas las fuerzas estarán concentradas en la Legislatura donde se espera que las mismas personas que aprobaron la ley hace apenas 10 días, ahora la anulen. En caso de concretarse será un hecho histórico para la provincia y un importante precedente en la lucha por la defensa del medioambiente a nivel nacional.

(Por Eduardo Latino – OPSurEn horas de la noche se mantuvieron las movilizaciones y los cortes de ruta en distinros puntos de la provincia. Mientras tanto, se publicó la promulgación de la nueva ley que reforma la 7722 en el Boletín Oficial. Mientras el pueblo se mantenía movilizado, el Gobernador Rodolfo Suárez, en un acto de provocación visitó a un supuesto policía herido, por las manifestaciones, en el hospital.

La jornada ha sido extenuante. Las largas columnas de manifestantes con distintos carteles y banderas en favor del agua se multiplicaron con el correr de las horas. Todo hacía presumir que la marcha de la mañana sería la más grande de la historia, cuando la noche llamó a un cacerolazo que se convirtió en un nueva “Marcha de la Dignidad”. Alrededor de 50 mil personas se movilizaron por todo el radio céntrico de la ciudad de Mendoza y culminaron la marcha en la Legislatura provincial, donde el viernes último se aprobó la reforma de la Ley 7722, que los y las asambleístas han llamado “la ley guardiana del agua”. Paralelamente a la histórica movilización, el pueblo de Uspallata mantuvo un corte total de la Ruta Internacional 7, que conecta con Chile a través de la cordillera, hasta pasada la medianoche. En San Carlos, el corte de ruta fue sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de Eugenio Bustos y se sostuvo también hasta horas de la noche. En el Departamento de General Alvear, al sur de la provincia cuyana, los cortes de ruta se sostuvieron durante todo el día.

La policía reprime a La Marcha

más grande de la historia de Mendoza

 

La nueva ley que se promulgó hoy, y que el gobernador Suárez envió al Boletín Oficial, es la 9209, ley que ya desde las asambleas socio-ambientales han salido a denominarla “ley minera”. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, mostró su preocupación al llamar en horas de la tarde a la Senadora Nacional, Anabel Fernández Sagasti, a una reunión urgente para analizar lo que sucede por estas horas en Mendoza. Sin embargo la senadora ha guardado silencio y solo ha hecho un comentario vía Twitter en el cual trata de desmascarse del gobernador Suárez respecto a la represión y ha decidido mantenerse ajena a la conflictividad que crece en su provincia desde que se avanzó en un acuerdo PJ y UCR para aprobar la reforma de la ley. La militancia activa que sigue a Sagasti se ha manifestado disconforme, a punto que según una fuente allegada a la senadora, que se manifestaban en apoyo de la Ley 7722, comentó: “los grandes responsables de esta situación son Anabel (Sagasti) y Lucas (Ilardo), sobre todo este último que ha manejado muy mal las cosas, incluso durante la campaña”.

La noche se ha profundizado para los dos partidos mayoritarios que muestran una crisis política de dimensiones poco conocidas en los últimos tiempos. La noche ha marcado un hito histórico y una movilización que refleja el nivel de descontento masivo y una soberbia desde la gobernación, que están poniendo al límite la institucionalidad y la credibilidad política en la provincia. El nivel de descontento que se percibía a lo largo de las más de cinco cuadras de marcha, colmada por familias, amigos y amigas, vecinas y transeúntes casuales de las avenidas de la capital mendocina, son espejo de lo que sucede al otro lado de la montaña, donde el pueblo chileno reaccionó desde el lugar menos esperado para la clase política. Suárez está en una encrucijada, a punto que la gobernabilidad se muestra en juego ante manifestaciones tan masivas que expresan fuertemente que en Mendoza “No hay licencia social” para el extractivismo, en particular para la megaminería. Eso es lo que quedó claro esta noche en una movilización histórica.

Inés Alman, de la Asamblea de Autoconvocados de Uspallata, adelantó que “el jueves tendremos asamblea después de este día histórico y analizaremos si volvemos al corte de ruta” Desde horas de la mañana Alvear se volverá a movilizar a las rutas con cortes y con ánimo de sostenerlos durante todo el día. La rebeldía crece desde el malestar que se profundiza ante el accionar del ejecutivo provincial. Las voces de rechazo se multiplican y el desconcierto político es el actor dominante de un fin de año caliente en la provincia del sol y del buen vino.

La CTA Bahía Blanca rechazó el artículo 51 del proyecto de ley de Solidaridad Social que obtuvo este viernes media sanción en Diputados. La norma, suspende por 180 días las subas previstas por la ley de movilidad previsional.

El 49% de les jubilados/as de ANSES cobran la mínima de 14 mil pesos sin cubrir el costo de la canasta básica. Otro 16% perciben entre uno y dos haberes mínimos.

El secretario general, Enrique Gandolfo, dijo a FM De la Calle que “sin dudas la gestión macrista agravó la situación de los jubilados. Ponemos en cuestión la lógica de por qué se llama solidaridad social a impedir que aumente la jubilación de quienes ganan más de 19 mil pesos, como si quienes estén entre 19 y 30 mil pudiesen ser considerados ricos, para ser solidarios con quienes cobran la mínima”.

“Esto merece una consideración integral. Si el sistema previsional está desfinanciado hay que restituir los aportes patronales que fueron reducidos durante la gestión de Menem y Cavallo y que nunca más fueron subidas. Y también que haya una campaña por la registración del trabajo precarizado que no aporta y que conforma el 35% de trabajadores de la Argentina”, aseguró.

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El dirigente se preguntó “cuándo les va a tocar a los grandes grupos económicos, a los grandes bancos, empresas de energía eléctrica, de gas y petróleo, que han ganado millonadas. Además, la decisión presidencial de bajar las retenciones a las mineras y al petróleo, no solamente no castigarlos sino bajarles las retenciones”.

(Por Brenda Daney* y Sebastián Janeiro**) Tras cuatro años de la Alianza Cambiemos, el FOMECA sigue vivo. Paralizado primero y subejecutado después, el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual deberá ser una de las políticas públicas que el nuevo gobierno ponga en valor prioritariamente para garantizar la diversidad y el pluralismo en el sistema de medios.

La mutilada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) establece en el artículo 97 que se debe destinar específicamente y de forma concursable el 10% de los fondos recaudados en concepto de gravámenes a “los servicios de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de pueblos originarios”. Con el FOMECA, los medios comunitarios y de pueblos originarios contaron por primera vez en su historia con una política pública de fomento destinada exclusivamente a promover su desarrollo y sostenibilidad. Esta discriminación positiva les permitió acceder a equipamiento técnico; mejorar la infraestructura física de sus emisoras; fortalecer los procesos de gestión organizacional; y realizar producciones audiovisuales de calidad, que aportan a la diversidad, el pluralismo, la construcción de ciudadanía y la inclusión social.

El FOMECA comenzó a implementarse en julio de 2013. Hasta 2019 la recaudación del fondo según la LSCA acumuló más de $1.500 millones. Sin embargo, en seis años solamente se asignó al fondo más de $640 millones de los cuales se pagaron tan solo $340, es decir alrededor de un 23% del fondo previsto por ley. Así, el FOMECA posee un remanente (dinero no ejecutado) que supera los $1000 millones, que debería reasignarse en los futuros concursos, tal como reclaman desde hace años las redes de medios comunitarios, populares y alternativos. https://www.farco.org.ar/trabajadores-y-trabajadoras-de-medios-comunitarios-y-populares-sin-nada-que-festejar/

Cambiemos intervino y disolvió la autoridad federal de aplicación para dar lugar a un ente gubernamentalizado que despidió a más de 400 trabajadorxs y jibarizó al área encargada del FOMECA. En paralelo, se encargó a la SIGEN una auditoría “integral” sobre los fondos otorgados entre 2013 y 2015, que duró siete meses y sirvió para congelar los pagos de años anteriores y frenar nuevos concursos por casi un año. A partir de ahí se demonizó a la comunicación comunitaria e indígena y se cuestionó la pertinencia del Estado para apoyar y promover al sector. Además, se hiper burocratizaron los mecanismos y requisitos para presentarse, se cuestionaron las rendiciones con objeciones arbitrarias e infundadas, y se instauraron procesos administrativos interminables que prolongaron aún más los tiempos del FOMECA. En 2019 aún se pagan concursos de 2017 y todavía no se saldaron deudas de 2014 y 2015, las cuales son afectadas por la espiral inflacionaria.

Resulta vital que el nuevo gobierno comience a revertir la política comunicacional que durante cuatro años buscó asfixiar y vaciar a los más de 330 medios y proyectos comunitarios e indígenas. Para ello, será imprescindible: pagar las deudas del pasado y reasignar el dinero remanente de años anteriores; llamar a concursos con más frecuencia atendiendo a las demandas prioritarias de los medios; simplificar y agilizar los procesos de presentación y análisis; establecer reglamentos estables y acordes a las necesidades y características del sector no lucrativo; capacitar y acompañar presencialmente; nombrar jurados idóneos y vinculados a la temática; y restituir a los medios comunitarios e indígenas su lugar de participación e incidencia en los organismos de promoción y aplicación. Porque #SinMediosComunitariosNoHayDemocracia.

* Profesora de Filosofía (UBA) – @Brendinit1

** Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA) – @sajaneiro

Publicado en La ventana de Página/12

El titular de la APDH La Matanza, Pablo Pimentel, compartió con FM De la Calle su experiencia como integrante de la Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo Boliviano que viajó días atrás al estado plurinacional.

Describió el clima represivo de la dictadura de Jeanine Añez, la indefensión de las víctimas y sus familias y la persecución a los sectores opositores a los golpistas.

Evalúan presentar una denuncia por crímenes de lesa humanidad ante la justicia de nuestro país.

“El objetivo era entrar y no prenderse en ningún tipo de provocación. Entrar y escuchar a las víctimas. Pudimos encontrar un lugar tranquilo y dedicarles mucho tiempo a los familiares de las víctimas y a todos los que están sufriendo la represión”, relató.

El primer ataque ocurrió al llegar al aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra donde un grupo de civiles agredió a la delegación ante la inacción de la policía.

“Era previsible porque hay una intolerancia en la sociedad que apoya al golpe muy grande, hay una venganza, una revancha a todo el proceso que empezó este grupo de pueblos originarios, de movimientos sociales, de equilibrar la balanza y repartir igualitariamente las riquezas”. Luego, el ministro golpista Arturo Murillo les amenazó abiertamente.

“Si a nosotros nos trataron así, no se imaginan lo que están padeciendo los militantes, los dirigentes sociales y de pueblos originarios. Se tienen que mover cada tres o cuatro días a distintos domicilios para que no les pase nada. Les están rompiendo las organizaciones, las están debilitando, es realmente horroroso”, comentó.

Pimentel manifestó que en Argentina “hay una grieta que ojalá empiece a achicarse, pero allá se ha hecho un cráter de una medida tan grande que va a costar muchísimo remontarlo”.

Destacó “el grado de perversidad que hubo en los ataques”. Por ejemplo, en Senkata, “pusieron todas las armas militares en contra del pueblo para cuidar una planta de gas de petróleo, mandaron diez tanques de guerra, dos helicópteros, y desde ahí fue desde donde más dispararon y más mataron. Las heridas mortales fueron todas arriba, en los hombros, en los brazos, la cabeza. Eso da las claras desde donde tiraban. Gente que iba a trabajar, que estaba trabajando, que pasaba por ahí, fue victima de esta locura”.

“Lo grave también es que no tienen un Poder Judicial donde hacer la denuncia. No hay ningún abogado -pero ninguno, eh-, hemos hablado con dirigentes de alto rango del MAS que están escapando antes que los metan presos y no tienen abogados que los defiendan. Todos los abogados de la matrícula en Bolivia, por miedo o vaya a saber qué, no están queriendo tomar casos y representar a las víctimas. Nos pidieron ver de qué manera podemos acompañarlos en la búsqueda de defensa”, afirmó.

El dirigente dijo que están sistematizando el material recogido y avanzar en una denuncia por delitos de lesa humanidad en los tribunales argentinos.

“Hay personas que están heridas y escondidas porque los pueden llegar a meter presos y otros están en hospitales públicos pero a la espera de elementos para la operación. Están como depositados. Por eso vinimos con esa misión de ver como se canaliza a través de Cáritas, ver si Cáritas de Argentina puede hablar con Cáritas de Bolivia y darles una mano hasta tanto el gobierno se haga cargo”.

La delegación comprobó “hechos gravísimos como tener detenidos a menores con problemas de retraso madurativo acusados de sedición, terrorismo y tenencia de arma de guerra porque fueron detenidos por vecinos de un barrio de clases medias altas y, por temor de que les vayan a robar, los vecinos los detuvieron, los ataron con alambre, les pegaron, vino la policía y les plantó todo esto que digo. Fueron llevados presos a un instituto de menores. De esta manera justifican que hay toda una banda de terrorismo que está asolando Bolivia y siguen justificando la represión”.

“Hay personas desaparecidas. La última reunión que tuvimos fue con dirigentes del MAS, le hicimos esa pregunta, nos confirmaron que sí y la otra característica es que hay tanto miedo que no lo han denunciado en ninguna parte. Primero porque no hay quién les tome la denuncia y, segundo, porque hay un temor muy grande de que los salgan a buscar y les pase algo a los familiares”, sostuvo.

Pimentel opinó que en “cualquier escenario que se dé que gane algún sector contrario a esta banda de golpistas delincuentes le va a ser muy difícil gobernar. (…) Y si gana esta gente que ha arrebatado a través de un golpe la vida política de Bolivia creo que el grado de venganza va a ser muy fuerte y van a volver a la política de sometimiento de los sectores más pobres”.

“Eso va a llevar a que los grupos, las organizaciones sociales se endurezcan mucho más y salgan a defenderse y ahí puede producirse una cosa muy compleja, dios quiera que no porque va a costar muchas vidas humanas, ya las está costando”.

El Observatorio por el Derecho a la Ciudad y otras organizaciones denunciaron al presidente Mauricio Macri, a su ex ministro Nicolás Dujovne y al titular del Banco Central, Guido Sandleris, por los acuerdos con el FMI.

Les imputan los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y de administración fraudulenta contra la Administración Pública.

“Esperamos que la justicia investigue y no archive la causa y que el próximo gobierno y el Congreso realicen una auditoria de la deuda”, dijo a FM De la Calle el abogado Jonatan Baldiviezo.

La denuncia afirma que “el FMI participó, de manera cómplice y corresponsable de la orgía especulativa que caracterizó a la administración Macri al instituir un régimen de política económica que combinó el endeudamiento con la valorización financiera y la fuga de capitales”.

“Son tres aspectos: considerar que la deuda no es democrática, no ha sido aprobada por el Congreso Nacional que es el único poder competente para que el Estado se endeude. Se hizo revivir una ley muerta del año 2010 para tomarla. Es de una gravedad institucional muy importante, es la deuda más grande de la historia argentina que no se ha discutido con los representantes del pueblo y, por eso, el Estado y los ciudadanos argentinos no deberían asumir la carga”, comentó.

Baldiviezo agregó que tampoco “se cumplieron los pasos administrativos previos para autorizar el acuerdo con el FMI, no hay dictámenes técnicos previos del Banco Central, dictámenes jurídicos, nada que prevea la situación del Estado sobre si era posible pagar la deuda, tampoco existe una autorización de Macri a su ministro -por entonces Dujovne- o al presidente del Banco Central autorizando la deuda”.

“La tercera es para qué se utilizó esta deuda”, dijo. Desde junio de 2018 a julio de 2019 ingresaron a la Argentina U$S 44.490 millones. Solo se utilizaron para pagos de deuda U$S 28.594 millones. En el mismo período, salieron del país U$S 36.380 millones.

“Es obvio que si el FMI prestó U$S 44.490 millones y en la Argentina se fugaron en el mismo período más de U$S 36.000 millones y se pagaron solo U$S 28.000 millones, el país tenía dólares propios para afrontar sus pagos y, por lo tanto, el endeudamiento con el FMI carecía de sentido. En todo el período de Macri, la fuga superó los U$S 83.000 millones. La intervención del FMI es simultánea a la aceleración de la fuga de capitales”.

La demanda advierte además que “la devolución del crédito otorgado y absorbido en el fallido intento de reelección macrista debe ser devuelto de manera concentrada en el período 2020 – 2024. La acumulación de vencimientos con el organismo por un monto de U$S 51.039 millones en esos años define la inviabilidad financiera de la Argentina”.

En los últimos meses, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) viene denunciando reiteradamente ante la justicia que los depósitos de las cárceles bonaerenses no tienen suficiente comida para alimentar a las personas detenidas.

Las licitaciones no se cumplen por falta de pago, el hambre crece y el correlato directo son las graves afectaciones a la salud por una alimentación escasa, mala y desequilibrada.

En varías unidades penitenciarias, los detenidos comenzaron huelgas de hambre.

La CPM también reclamó al Ministro de Justicia Gustavo Ferrari que tome medidas urgentes. El juzgado de ejecución de La Plata también intimó a las autoridades provinciales y penitenciarias a aprovisionar de alimentos las cárceles bajo la advertencia de sancionar económica y penalmente el incumplimiento de la resolución.

La comida que hay es poca y de mala calidad. El resto no llega: en cada una de las cárceles inspeccionadas por la CPM confirmaron que, dentro de las licitaciones contratadas, hay faltantes de alimentos que deberían ser provistos de acuerdo a ese contrato. Las empresas alegan falta de pago por parte de la Provincia.

La situación es grave y profundiza la crisis humanitaria de los lugares de encierro en la provincia de Buenos Aires. Ante la desesperante situación, las personas reclaman mediante diferentes medidas.

El organismo también reclamó que se garantice la provisión de dietas especiales por razones de salud, algo que prácticamente no existe en ninguna cárcel de la Provincia, agravando las condiciones clínicas de estas personas que padecen VIH, diabetes, hepatitas, entre otros padecimientos.

Según el relevamiento de las inspecciones y las denuncias reiteradas de detenidos y familiares que llegan a la CPM, se confirma que el hambre se generaliza en todas las cárceles provinciales.

Hay cárceles en donde alimentos indispensables faltan desde hace meses; es muy habitual la ausencia de frutas y verduras A y B por largos periodos. La carne y pollo, que debería proveerse todas las semanas, llega pocas veces. En algunas unidades penitenciarias, no hay queso desde hace un año. Leche, huevos, aceite o yerba pueden faltar por meses.

Solo como ejemplo para ver la gravedad de la situación: en junio pasado, la CPM inspeccionó la UP 1 de Olmos, en ese momento había 2.858 personas detenidas; en el depósito de comida sólo había un pallet de arroz, cinco bolsas de lentejas, once bolsas de arvejas y 6.900 kilos de harina. Algunos cortes de carne tenían un fuerte olor nauseabundo y color amarillo.

En casi todas las inspecciones, se detecta problemas de este tipo en el stock de carne vacuna: mal refrigerada o contaminada. La carne provista es mala y poca, por ejemplo, el jefe de depósito de la UP 2 de Sierra Chica reconoció que, con el abastecimiento que reciben cada vez, sólo les alcanza para cocinar con carne una vez a la semana.

En función de la mala calidad, los detenidos intentan reelaborar estas comidas que le llegan a los pabellones y celda, lavándolas y recocinándolas. Esas nuevas comidas llamadas “rancho” y lo que proveen sus familiares configuran en esencia la alimentación de las personas detenidas. Pero esto nunca está asegurado debido a la escasez de recursos económicos y/o la imposibilidad de concurrir a las visitas por parte de las familias.

El testimonio de una persona detenida grafica aún más este padecimiento: “Desde hace tres días sólo como dos panes por día”. La defensoría agrega que todas las personas entrevistadas dijeron tener hambre.

La falta de alimentación y la mala calidad de la comida, combinada con el régimen de vida las graves condiciones de detención, constituyen una grave afectación de los derechos de las personas detenidas, cuyo consecuencia inmediata es el peligro para la salud y el agravamiento de los padecimientos ya existentes. En estas condiciones, el peligro para la vida es inminente y el hambre se constituye en tortura o malos tratos de parte del estado provincial.

Entre los días 29 de noviembre y 1 de diciembre las asociadas a AMARC Argentina nos encontramos en Luyaba, Provincia de Córdoba, en el marco de nuestra segunda asamblea del año 2019, en la que FM Las Chacras nos recibió como anfitriona.

Fueron jornadas de intensos debates e intercambios en las que pudimos poner en común nuestras miradas sobre el recrudecimiento de la derecha que golpea a nuestro continente.

Frente al avance de los gobiernos de neoliberales, conservadores y estrechamente vinculados a las religiones neopentecostales en América Latina, sin legitimación popular, a través de la judicialización de la política, procesos de lawfare y golpes de Estado maquillados de institucionalidad; reivindicamos y reforzamos el rol de los medios y radios comunitarias de nuestro continente. Ante la desinformación y los intentos de ir contra la voluntad popular de los pueblos latinoamericanos cobra especial énfasis nuestra perspectiva de la comunicación como un derecho humano y se vuelve vital para entender y comprender los procesos socio políticos. No es casual que esta avanzada surja en el contexto de una nueva ola de reivindicaciones de los movimientos feministas, estudiantiles e indígenas y nuestros medios no pueden ignorar que las políticas extractivistas, se anclan, fortalecen y fundamentan en el capitalismo y el cis-hetero-patriarcado.

A nivel nacional, podemos destacar el décimo aniversario desde la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Desde AMARC Argentina, continuamos exponiendo nuestros reclamos históricos. Si bien algunas de nuestra radios comunitarias han recibido licencias, otras quedan fuera de toda posibilidad de regularización por falta de planificación técnica o con esperas indefinidas, dejándolas en una situación de incertidumbre. Expresamos la importancia de los Fondos de Fomento Concursable de Comunicación Audiovisual (FOMECA) y que estos se ejecuten sin dilaciones. Asimismo, repudiamos la concentración y discrecionalidad en los criterios de distribución de la pauta oficial a nivel nacional provincial y municipal, favoreciendo a los medios hegemónicos y con fines de lucro.

Desde AMARC Argentina manifestamos la necesidad urgente de una Ley de Pauta Nacional que nos contemple; pedimos la designación de personas idóneas en los organismos encargados de atender los reclamos y/o el fomento de nuestro sector; exigimos la normalización de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y que el Estado ejecute el total del dinero, que por ley corresponden a fomentar nuestra actividad a través de los FOMECA.

Durante el transcurso de la asamblea, tuvimos la oportunidad de dialogar con integrantes de distintas organizaciones del campo popular de la región. Esta charla nos lleva a expresar nuestra preocupación por la amenaza constante a la que son sometidas las comunidades transerranas por diferentes proyectos y emprendimientos vinculados a lógicas extractivistas como la megaminería, el
turismo, la agricultura basada en la aplicación intensiva de agrotóxicos y las obras públicas destinadas a la extracción de esos bienes.

Nos preocupan sobremanera las situaciones de violencia de género que comienzan a visibilizarse en la región y que dan cuenta de prácticas que se han realizado con el silencio, la inacción, complicidad del Estado y parte de la comunidad. En este sentido es que exigimos la aparición con vida de Delia Geronimo Polijo, quien falta de su hogar desde el 18 de septiembre de 2018. Desde entonces no se han logrado conseguir datos relevantes durante la investigación, y la misma corre el riesgo de frenarse totalmente si no fuese por la movilización popular.

Manifestamos también nuestra preocupación por el procesamiento de estudiantes de universidades nacionales, a partir de los procesos de lucha en defensa de la educación pública, en los que como acción directa se llevaron a cabo tomas de distintos edificios. En particular, en la Universidad Nacional de Córdoba donde una compañera de Radio Revés, perteneciente a nuestra red, fue imputada y procesada bajo la carátula de usurpación por despojo. Ante esta situación, repudiamos la criminalización de la protesta y la persecución a lxs estudiantes.

Después de cuatro años de un gobierno que nos persiguió como sector y que favoreció la concentración de grupos empresarios mediáticos históricamente beneficiados por el Estado, aguardamos la llegada de la nueva gestión, a la que haremos llegar nuestros reclamos históricos.

Estamos convencidas de que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y las licencias otorgadas son derechos conquistados y no un regalo del Estado. Sin medios comunitarios no hay democracia.

AMARC Argentina – Diciembre de 2019

En el marco de la conmemoración de un nuevo Día Mundial del Sida, las organizaciones que integran el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH expresaron la preocupación ante el retroceso en materia de salud pública para las atención de las personas que conviven con el virus.

“Nos encontramos a pocos días de que el proyecto de nueva Ley de VIH, hepatitis virales e infecciones de transmisión sexual pierda estado parlamentario una vez más. El gobierno de Macri demostró su falta de voluntad política durante estos años para impulsarla y sus legisladores para sancionarla”.

La Ley vigente desde 1990 necesita actualizaciones que por segunda vez perderían la posibilidad de volverse una realidad. “Este nuevo proyecto pretendía incluir el enfoque de derechos humanos, en contra del estigma, de producción y compras públicas de medicamentos y que declara de interés nacional los tratamientos de VIH”, señaló a FM De la Calle José María Di Bello, presidente de la Fundación Grupo Efecto Positivo.

En el documento señalan que “hemos padecido en primera persona el desabastecimiento y la falta de tratamientos. No ha habido planificación ni previsión en las compras de medicamentos antirretrovirales desde 2016. Se subejecutó el presupuesto asignado al área de competencia, y de manera continuada se abandonó el mecanismo habitual de compra anticipada de medicamentos mediante licitación pública, provocando desabastecimiento en la provisión de los mismos a escala nacional, como también innecesarias compras directas que representaron un injustificado incremento en los los precios y la falta de garantías de transparencia en la adquisición de los medicamentos”.

“La resistencia está dada por la definición política de la salud de este gobierno. Este año la disminución de preservativos fue notoria, lo mismo que pasó con la leche de fórmula para madres con VIH  y la alimentación de sus hijos. Tiene que ver con la degradación del Ministerio de Salud”, argumentó Di Bello.

Uno de los imputados que debía ser juzgado en la demorada causa Triple A falleció este fin de semana. Se trata de Héctor Oscar Chisu, alias Ginebra, ex miembro de la custodia del interventor de la UNS Remus Tetu y, luego, del general Adel Vilas.

Chisu había sido detenido por la Policía Federal en mayo de 2015 en su vivienda del barrio Malvinas Argentinas de Trelew. El juicio por los crímenes de lesa humanidad de la banda paraestatal tiene audiencia programada para el 12 de febrero de 2020 aunque eso no significaría el inicio del debate.

En una etapa procesal anterior de la misma causa está imputado el ex presidente de la Cámara Federal, Néstor Luis Montezanti.

Antes de la detención del represor ahora fallecido, fueron necesarios dos pedidos de pronto despacho de la Fiscalía ante el juez subrogante -hoy fiscal federal- Santiago Ulpiano Martínez para que active la acción penal contra algunos de los responsables de más de una veintena de homicidios de militantes políticos.

Héctor Oscar Chisu integró -al igual que su hermano Miguel Ángel- la “seguridad” del interventor de la Universidad Nacional del Sur Remus Tetu, tal como lo indican los testimonios y la documentación entregada por la casa de altos estudios a la justicia federal en abril de 2006.

Durante la dictadura, fue custodio del general Adel Edgardo Vilas, quien fuera segundo comandante del V Cuerpo de Ejército y jefe de la Subzona 51. Además, fue agente civil del Destacamento 181 del Ejército.

En octubre de 2017, la Cámara Federal de Bahía Blanca confirmó los procesamientos de Chisu, Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero por asociación ilícita.

Los camaristas destacaron la “enorme cantidad de testimonios que dan cuenta que el grupo contratado como personal del ‘Departamento de Seguridad’”, creado por el rector Remus Tetu, “se paseaba por los pasillos de los edificios de la universidad en actitud amenazante e intimidante, haciendo ostentación de armas largas y cortas, generando un clima de miedo que provocó que muchos estudiantes abandonaran los estudios”.

La intrusión de la agrupación paraestatal en el ámbito universitario dejó como saldo la proscripción de los centros de estudiantes y la confiscación de sus bienes, el cierre del comedor universitario, la proscripción de 497 títulos pertenecientes a la biblioteca, la expulsión de alumnos/as y cesantías masivas de docentes por razones políticas, entre otras cuestiones.

Los magistrados señalaron que el diputado Rodolfo “Fito” Ponce y Tetu fueron los jefes y organizadores, en tanto que Aceituno, Chisú, Curzio, Forcelli y Pallero la integraron junto a Jorge “Moncho” Argibay y su hijo Pablo Francisco -ambos fallecidos-, Roberto Néstor Sañudo, Héctor Alfredo Mansilla y Basilio Omar “Chacho” Pérez, entre otros.