(Por Claudia Rafael – APe) Ya es letra legal. El boletín oficial publicó la resolución 598/2019 del Ministerio de Seguridad para la creación del “Servicio cívico voluntario en valores” para “jóvenes” de 16 a 20 años. Con la firma de Patricia Bullrich, se crea de hecho aquello que tantas veces se quedó en los últimos años a mitad de camino en el Congreso. A 25 años del fin de la colimba, tras las torturas y homicidio del soldadito Omar Carrasco, y a 118 años de su creación, a través de la Ley 4301 de Servicio Militar Obligatorio destinado a la “moralización pública”, se pondrá en marcha este “servicio” en un contexto de país en el que el presente y el futuro son inasibles para siete millones y medio de chicas y chicos pobres. La gran salida –según el texto de la resolución- es impulsar medidas desde el Estado “que ofrezcan oportunidades a jóvenes para que, conforme la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, puedan desarrollar sus potencialidades y lograr la máxima satisfacción, integral y simultánea, de sus derechos y garantías”.

La Gendarmería será la que –con sus “estructuras” y “recursos humanos”- dará “oportunidades de formación a los jóvenes a través de los valores democráticos y republicanos, que suponen compromiso cívico para que conozcan sus derechos y sus responsabilidades, sus capacidades y potencialidades personales”.

La misma gendarmería que tuvo clara responsabilidad en la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Aquella que el 29 de enero de 2016, arremetió a balazos de goma y plomo contra la murga de la Villa 1-11-14: once heridos, varios de ellos niños.

La misma que exactamente dos años atrás reprimió a los trabajadores de la planta de PepsiCo Snacks de Florida que estaban luchando por su reincorporación. O que, en agosto de 2017, mató de un balazó por la espalda a un joven de 18 años que junto a otro huía después de un intento de robo.

La misma gendarmería –para entender que hay lógicas estructurales que van mucho más allá en el tiempo- que en marzo de 1996 baleó a ocho jóvenes en una esquina de Palermo Viejo y que, después, fue condenada a ocho años de cárcel.
Esa es la fuerza de seguridad a la que el Estado otorga ahora la responsabilidad de formar “en valores democráticos y republicanos” a jóvenes de 16 a 20. Por ahora, y hasta fin de año, en pruebas piloto dentro de Campo de Mayo, Mercedes, Jesús María, Santiago del Estero, Bariloche y González Catán.

Adiestrar. Adoctrinar. Forjar “las potencialidades” en aquello que Foucault definía como instituciones de encierro. Para –después de todo- vigilar y castigar. Eso sí: voluntariamente. Cuando nada es posible de ser elegido ¿qué es voluntario? ¿Qué es lo que se asiente y por qué cosas se opta en la vida cuando la calle y la ausencia de abrigo son una constante?

El Estado anuncia con grandilocuencia que hay un “compromiso con los jóvenes” que “consiste en trabajar por una Argentina sin narcotráfico, donde el resguardo de la vida y la libertad de quienes podrían encontrarse en situación de vulnerabilidad social sea prioritario”. Y pone a sus lobos rabiosos a formatear a corderos desesperados argumentando que “la gendarmería nacional viene desarrollando importantes iniciativas de cooperación con la comunidad”. En donde ejemplifica tareas que van desde repartir donaciones, actuar en inundaciones o incendios, rescatar turistas en la cordillera, ofrecer su servicio de bandas a eventos públicos “ejecutando marchas militares y música popular”. No tiene desperdicio la lectura concienzuda de la resolución.

Que ofrece formalmente una presencia activa y directa del estado en el universo de la educación. Una presencia del estado que es selectiva en los modos, en los tiempos, en los formatos y en los destinatarios. Porque los brazos represivos estatales obedecen a las voces de mando y también, debidamente, se ceban. Y actúan ejerciendo un permiso que demasiadas veces es premiado y elogiado.

Ayer se conoció el fallo de Casación por el que se confirmó la condena a siete integrantes de otras fuerzas securitarias –policía y servicio penitenciario- por “abuso sexual” y “promoción de la corrupción de menores”. Con penas de 7 a 16 años de cárcel. Contra dos hermanas que vivían en “grave estado de vulnerabilidad”. Y que eran víctimas del use y tire. Y que –según el fallo de Casación- eran consideradas “objetos para desahogar su apetito sexual” en el que no faltaba ni siquiera el uso de armas. Ellas también fueron formateadas por y para el estado.

Un estado que ahora decide con letras legales que hay que estimular “el sentido del deber”. Y por eso determina que el brazo armado institucional –el mismo que balea, que abusa, que tortura, que obedece, que asiente, que viola, que intrusa- será responsable de formar para evitar la calle, la droga, la esquina de birra y faso. Para dar un destino a imagen y semejanza a los sindestino.
Voluntariamente, dicen. Con “valores democráticos”, postulan.

Siete millones y medio de pibes siguen bajo la línea de pobreza. Y la nueva escuela de vida que para ellos abre el estado tiene colmillos de gendarme.

(Periferia) Investigadores e investigadoras de CONICET concluyeron que el medioambiente de la ciudad bonaerense está bajo “un alto y constante” impacto causado por la actividad humana, al encontrar dosis de 16 hidrocarburos y metales pesados, en 5 especies de sus humedales.

Científicas y científicos argentinos presentaron un informe del estudio que realizaron en el Estuario de Bahía Blanca, donde encontraron Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) en ejemplares de saraquita, pescadilla de red, corvina rubia y gatuzo , capturados en 2015 y 2016.

Pero, además, en otro estudio, identificaron concentraciones de metales pesados en sedimentos, en material “particulado en suspensión” y en la especie de cangrejo Neohélice de dos regiones de humedales de la ciudad.

Los científicos del Instituto Argentino de Oceanografía (IADO) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas concluyeron que el medioambiente de la ciudad bonaerense se encuentra bajo una “alta y constante presión antrópica” ocasionada por la actividad humana.

Es que en el Estuario de Bahía Blanca se ubican varios puertos, ciudades y uno de los complejos industriales más grandes de Sudamérica, y se vuelve objeto de análisis por las consecuencias mediambientales que ocasiona.

Las conclusiones de los dos estudios fueron presentadas en la quinta reunión de Geoquímica de las Superficies, realizada entre el 12 y el 14 de junio, en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de La Plata.

Hidrocarburos 

En el primer estudio los investigadores concluyeron que las concentraciones de hidrocarburos en todas las especies estudiadas “fueron menores a 100 ppb y fueron mayores en los juveniles que en los adultos Saraquita fue la especie que presentó la mayor carga”.

Además, “el 5% de las muestras analizadas se hallaron por sobre los niveles de seguridad o screening (USEPA), el parámetro que determina la peligrosidad de su consumo para humanos.

Los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) son una serie de compuestos orgánicos persistentes con una vida media de 6 meses que son constituyentes naturales del petróleo crudo y conforman una fracción de hasta el 20% del total de sus hidrocarburos, explican en el informe que se encuentra disponible en el repositorio institucional de la Universidad Nacional de La Plata.

También resultan de los procesos de combustión incompleta a alta temperatura de diversos tipos de materia orgánica.

Anualmente, aproximadamente 6,1 millones de toneladas métricas de productos derivados del petróleo y su combustión terminan en los océanos, según las conclusiones de un estudio elaborado por Mervin Fingas, jefe de la división de ciencia y tecnología de emergencias del centro Environmental Technology Centre of Environment Canada, en 2010.

La mayor proporción de estos hidrocarburos deriva de “fuentes antropogénicas” como la actividad industrial, el transporte, la energía y derrames de petróleo y es por eso que los investigadores concluyeron que “el medio marino está siendo víctima de atropellos humanos como la eliminación de gases de los barcos o el vertido de lubricantes usados“.

En el estuario de Bahía Blanca las fuentes de este tipo son abundantes debido a que en sus costas se emplazan grandes ciudades como la propia Bahía Blanca y Punta Alta con unos 400 mil habitantes, según cifras del INDEC de 2010. Allí, por tanto, hay puertos comerciales e industriales de aguas profundas como Puertos Rosales, Ingeniero White y Galván con parques industriales y petroquímicos.

“Las cuatro especies bajo estudio evidenciaron trazas de HAPs en los músculos, siendo mayores las cargas en los juveniles y en la especie que cumple todo su ciclo de vida en el estuario”, a pesar que “los niveles de riesgo tóxico por hidrocarburos para el consumo de peces se mantuvieron dentro de los niveles de seguridad”, expresaron los investigadores.

Metales pesados  

En el segundo estudio, realizado por investigadoras del IADO y de la Universidad Nacional del Sur, concluyeron que “el comportamiento de los metales en ambas matrices podría deberse a las diferentes características de cada puerto analizado: uno dedicado a la pesca artesanal, afectado por el dragado del Canal Principal, por las industrias presentes en Puerto Ingeniero White y por la descarga cloacal ?Tercera Cuenca? y otro cercano a la Base Naval, al sector de reserva de combustible ?Baterías?, afectado también por la descarga cloacal de Punta Alta.

“Por otro lado, la presencia de biofilms junto con la materia orgánica existente en los sedimentos estarían reteniendo a estos contaminantes impidiendo su liberación al ambiente”, concluyen los investigadores.

Los metales pesados son aquellos cuya densidad es por lo menos cinco veces mayor que la del agua y tienen aplicación directa en numerosos procesos de producción de bienes y servicios.

Los más importantes son Arsénico, Cadmio, Cobalto, Cromo, Cobre, Mercurio, Níquel, Plomo, Estaño y  Cinc.

De ellos, los tóxicos son aquellos cuya concentración en el ambiente puede causar daños en la salud de las personas. Los términos metales pesados y metales tóxicos se usan como sinónimos pero sólo algunos de ellos pertenecen a ambos grupos.

De hecho algunos metales son indispensables en bajas concentraciones, ya que forman parte de sistemas enzimáticos, como el cobalto, zinc, molibdeno, o como el hierro que forma parte de la hemoglobina. Su ausencia causa enfermedades, su exceso intoxicaciones.

Autores 

El estudio sobre metales pesados estuvo a cargo de las investigadoras Natalia Buzzi, Melisa Fernández Severini, Daniela Truchet, Diana Villagrán, Eleonora Fernández y Carla Spetter.

De la investigación sobre hidrocarburos formaron parte Andrés Arias, Ana Carolina Ronda, Ana Laura Oliva, Tatiana Recabarren, Lautaro Girones, Melina Orazi, Gabriela Blasina, Andrea López Cazorla, Norma Tombesi y Jorge Marcovecchio.

Ambos estudios se encuentran disponibles en el sitio del repositorio institucional de la Universidad Nacional de La Plata.

El Comité Técnico Ejecutivo (CTE) infraccionó esta madrugada a la empresa Profertil S.A. por emisión de ruidos molestos. Hubo cinco denuncias vecinales.

El 16 de junio, la empresa fue multada por la emisión de humos negros en el marco del apagón nacional y, tres días después, se registraron 9 denuncias y una infracción por ruidos molestos ocasionados por la puesta en marcha de la planta de amoniaco.

Hoy, el incremento de ruido se produjo a partir de las 05:30 como consecuencia de las maniobras de parada de planta no programada por un problema de energía eléctrica.

La emisión fue registrada por la estación de monitoreo acústico continuo del CTE y constatada por los inspectores.

Luego de analizados los registros de niveles sonoros y realizados los cálculos correspondientes se determinó que el mismo superó los límites legales para emisión sonora en horario nocturno.

A diferencia de lo ocurrido con la explosión de Dow que puso en vilo a la ciudad el viernes 28 de junio, por el evento de Profertil se procedió al labrado de un acta de infracción imputando falta al ART. 1 DE LA RESOLUCION 159/96 (EX-SPA) (NORMA IRAM 4062/84) MODIFICADA POR LA RESOLUCION 94/02 (EX-SPA).

(Por Pablo Becher) En las últimas décadas, diversos estudios sociales y económicos han visibilizado el crecimiento de la precariedad como uno de los elementos constitutivos de una nueva configuración en las relaciones laborales, que atraviesan al conjunto de trabajadores y trabajadoras asalariades en todo el mundo. Si bien el carácter de novedad puede ser puesto en debate, es interesante visibilizar el establecimiento de una nueva morfología, como expresó el brasileño Ricardo Antunes (2009), que ha adoptado el mundo del trabajo capitalista, configurado por diversas modalidades de informalidad,  flexibilidad y condiciones de trabajo precarias, organizadas de forma diferente a como se expresaban en el “empleo típico” de los años fordistas a mediados del siglo XX. La recomposición implicó una disminución abrupta del clásico obrero industrial para dar lugar a una población asalariada multiforme.  En este sentido, la tendencia mundial en medio de un contexto capitalista en constante transformación y competencia interburguesa, ha sido el deterioro manifiesto de la protección social en un amplio espectro de trabajadores/as, la creciente inestabilidad laboral, y la existencia de una cantidad considerable de puestos de trabajo con bajas remuneraciones en medio de la absoluta informalidad.

En Argentina, la estructura ocupacional se ha caracterizado en las últimas décadas por una profunda heterogeneidad y fragmentación en una gran mayoría de trabajadores/as, marcada por un aumento significativo de la desocupación abierta, la sub-ocupación horaria, la sobreocupación y la proletarización-descalificación de amplios sectores, incluyendo la clase media. Esta tendencia puede visibilizarse en la propia Encuesta Permanente de Hogares (EPH- INDEC) que refleja que un promedio de más de un 35% de la población activa en los últimos diez años se encuentra en estas condiciones. Sin lugar a dudas dentro de este proceso que afecta a toda la clase obrera, la precarización laboral se presenta como una condición que formaliza y naturaliza un fenómeno histórico cada vez más visible. Este fenómeno solo es entendible en su complejidad como síntoma de los cambios y mutaciones en la dinámica en el  interior del patrón de acumulación capitalista, sino también como parte de una respuesta del capital a su propia crisis. De esta forma, al crecimiento de la desocupación – de ese creciente ejército de reserva que empuja al trabajador/ active- y la creciente alza del sector marginal sin oportunidades ni posibilidades de acceder a un empleo, se suman múltiples personificaciones sociales que tienden a engrosar las filas de la población sobrante: jóvenes sin empleo y estudio, ancianes jubilades y pensionades que no pueden acceder nuevamente a trabajar, personal no calificado en nuevas tecnologías, personas ex privadas de la libertad, personas con discapacidad, personas con distintas orientación sexual, entre otres.

Por otra parte, la precarización afecta con mayor crudeza a las mujeres (que alcanzó en Argentina a un 58% para el primer trimestre de 2019 – fuente EPH-INDEC) que en muchos casos cobran una remuneración menor que los hombres por igual tarea y extienden su jornada laboral en actividades domésticas dentro de casa como trabajo sin reconocimiento. Y también a los migrantes y personas de descendencia étnica diferente, que son puestos a realizar actividades intensivas por un mínimo salario.

La legislación laboral durante gran parte del gobierno macrista (2015- 2019), si bien no pudo presentar la reforma laboral, en los hechos estableció distintas medidas tendientes a flexibilizar aún más los mecanismos de contratación laboral, permitiendo al conjunto del capital un marco regulatorio laxo con el objetivo de reducir costos laborales, bajar los pagos por indemnizaciones y las rigideces del mercado, en un contexto de alta inflación y recesión. Precisamente, en un marco de dificultades económicas generalizadas para la acumulación y ahorro de capital, la inversión descendió abruptamente (y sí se extendió la deuda externa) y la mano de obra fue la más afectada no solo a nivel de salario real (vía tarifazo) sino también en cuanto al deterioro de sus condiciones laborales, y de su propia supervivencia (por mayores despidos), lo que volvió a la estrategia empresarial de reducir costos una reacción determinante para el mantenimiento de “supuesto piso de ganancias”.

Si bien durante el período anterior, con el gobierno kirchnerista, el número de convenios colectivos aumentó por rama de actividad, la tendencia en alza de convenios por empresa fue una constante que ascendió significativamente durante el macrismo. Esta situación fue oportuna para las grandes empresas, que se vieron beneficiadas de implementar sus condicionamientos al negociar directamente con los trabajadores, mediando en algunos casos con sindicatos adeptos. A los cambios por contratos por tiempo determinado, períodos de prueba, regímenes de preaviso, indemnizaciones por despido, reducción de cargas patronales, el marco regulatorio fue dando cuenta de una mayor vulnerabilidad de la clase trabajadora en el lugar de trabajo. La intensidad laboral implicó un aumento en las horas trabajadas, con un mínimo de mano de obra, aumentando de esta forma la plusvalía absoluta.

Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a precarización laboral?

La precariedad se ha definido conceptualmente de diversas formas. Tanto es así que su percepción ha ido variando para dar a entender no solo una condición específica del asalariade sino también a un fenómeno emergente y disruptivo, una forma de estar/ser vinculado a la pérdida o debilitamiento de los vínculos sociales de integración y protección social que sostuvo el “Estado de bienestar”. En esta dirección, que luego discutiremos, el concepto de precariedad laboral se asocia al deterioro de las condiciones laborales, inestabilidad, inseguridad, desprotección ante la expansión de las relaciones no formales y falta de derechos sindicales, relacionados con un momento histórico de visibilización de la cuestión social, debilitado en la actualidad por el neoliberalismo, sin discutir de fondo al Estado y las configuraciones que adopta el capitalismo (Ezkenazi y Marticorena, 2010). Esta perspectiva se caracteriza entonces como un síntoma de nostalgia, de un pasado al cual se desea volver, bajo el manto de un capitalismo nacional aliado a un estado democrático que asegure el pleno empleo y los derechos sociales perdidos. De esta forma, la comprensión de la precarización como una dimensión contemporánea de la configuración actual del trabajo aparece como un espejo roto del capitalismo industrial fordista basado en la sociedad salarial (como decía el sociólogo francés Robert Castel (2012)) donde se hace hincapié en  los procesos de desmantelamiento y degradación del “empleo típico” (contratos a término, trabajo subcontratado, trabajo parcial, tercerizado, siempre realizado por varones adultos).

Otra mirada del concepto de precarización apunta a discutir este concepto exportado de Europa, en el marco de la intelectualidad, para entenderlo como complejo proceso histórico que acompaña al capitalismo desde sus inicios, generando una estructura ocupacional múltiple con diferentes grados de inserción, que tiene como final principal bajar costos al capital. Es en ese sentido y, como menciona la economista Mariana Fernández Massi (2014), es que puede hablarse de distintas escalas de precariedad en el empleo asalariado y no de si es estable o erosionado.

En diversos estudios, la precariedad laboral aparece como un mecanismo del capital para asegurar una inserción débil y marginal del trabajador/a en el proceso de trabajo. Inserción atravesada por condiciones contractuales que no garantizan la permanencia y se refleja en indicadores como la falta de aportes jubilatorios, ilegalidad y relaciones endebles en la medida de que los trabajadores no gozan de un sistema protector que les garantice derechos a indemnización por despido, pago de vacaciones y aguinaldo (Neffa, 2010). En los últimos años la introducción de tecnología en algunos sectores como el metalúrgico o automotriz puso en jaque la contratación de personal con antigüedad y redujo drásticamente la ocupación. Pero, en general, el uso de maquinaria y tecnología no ha hecho más que aumentar la cantidad de trabajo informal, empeorando las condiciones laborales existentes (como de hecho surge en el sector de la industria frigorífica o textil).

La matriz dominante que expresa la condición de precariedad implica la intensificación de la explotación capitalista, que oculta el rol deshumanizante y de alienación que surge cada vez con más fuerza en el interior de la llamada “cultura del trabajo” (mas productividad, mayor consumo, menos ocio, menos vagancia, más actividad fuera del propio trabajo). La alienación significa en este sentido desapropiarse de la propia tarea manual e intelectual, para perder el sentido de la identidad como trabajador o trabajadora, explotade y oprimide en su condición de trabajo hacia /para otro.

Metodológicamente, la visibilización de la precariedad no resulta sencilla. Si bien el análisis de dimensiones objetivas de la precariedad a través de distintas variables relacionadas con el empleo (dentro del EPH) resultan significativas para evaluar un sector generalizado de trabajadores (fundamentalmente en términos de prestaciones sociales), sin embargo, el reconocimiento de las dimensiones de tipo subjetivo, que aluden a los sentidos y percepciones que se tienen sobre el trabajo, permiten visibilizar una relación particular entre el fenómeno de estudio con las vivencias y experiencias propias de los trabajadores, en tanto representaciones de los sujetos (riesgos psicosociales, satisfacción en el trabajo, utilización de los saberes).

Como expresa en su trabajo Mariana Fernández Massi (2014) vale la pena comprender que la caracterización de la estructura productiva resulta clave en la definición de las condiciones de empleo ofrecidas. De esta forma, pueden observarse diferencias cruciales en las distintas ramas de actividad a nivel nacional. Por ejemplo, es común el empleo no registrado y el no reconocimiento de los derechos laborales en el sector de comercio y esparcimiento, con jornadas laborales intensivas y pluriactividad. En el sector de servicios sociales, y fundamentalmente en el sector público, están muy difundidas formas de contratación vinculadas a planes de empleo y becas/pasantías por poco tiempo, sin percibir el mismo sueldo que un empleado de planta. En la industria y la construcción las altas tasas de precariedad se pueden visibilizar en las insalubres condiciones de trabajo, pese al continuo señalamiento de cuerpos de delegados sobre el problema, lo que ha acarreado muertes y accidentes laborales de gravedad. En muchos casos estos sectores amparados por negociación colectiva son aquellos en los que hay menor reconocimiento de derechos laborales, menores salarios y jornadas laborales atípicas. El sector servicios financieros, inmobiliarios, informáticos y empresariales presenta grados de precariedad bajo, pero su expresión aparece en la extensión de la jornada, con horas extras, e inestabilidad.

En Bahía Blanca los datos del informe de precariedad e informalidad del CREEBA[1] del 2018 comparan las tasas con los niveles nacionales, señalando que en la ciudad  para el cuarto trimestre de 2018 hubo un 31% (equivale  a 29400 personas) de personas en situación de informalidad y un 38% de precariedad (equivale a 49500 sujetos), que resultan relativamente cercanos a la tasa nacional (37% informalidad y 42% precariedad). Teniendo en cuenta el margen de error que tienen estas muestras tomadas desde la EPH, sin embargo muestran un panorama de la situación que diacrónicamente (es decir a lo largo del tiempo) va presentando una desmejoría y un proceso de deterioro del mercado de trabajo laboral bahiense (ver gráfico 1 extraído del informe).

Esta situación implica diversas estrategias empresariales “cuando el negocio va mal” que van desde la polivalencia y la multifuncionalidad del trabajador o trabajadora (que pasa a barrer, limpiar, cepillar baños, llevar la contaduría y servir paquetes, además de su tarea concreta) hasta la intensificación de los ritmos, tiempos y procesos de trabajo. En última instancia, los comercios o industrias de menor envergadura apuestan por el despido sin causa, los retiros o jubilaciones anticipadas o los concursos de quiebra.

En las situaciones de precariedad el espacio y el tiempo se metamorfosean, cambian de la concentración al trabajo en red, o de las relaciones personales a las relaciones inmateriales, basadas en aplicaciones digitales (APP) que borran los sentimientos y reproducen las sensaciones de abandono, ignorancia o desidia. Estos mecanismos informáticos amplían las formas de extracción de trabajo y reproducen la lógica de la incertidumbre como móvil para la realización de tareas. Sin lugar a dudas la uberización del mercado laboral va por ese camino.

A este trabajo virtual se le suman las nuevas formas de organización, más flexibles, con jornadas de trabajo part time, a destajo o con el cobro de plus por horario extra. Aquí el emprendedurismo o el trabajo voluntario se asientan como paradigmas del trabajador/a moderno: el primero con la falsa  lógica por el cual el/la obrere puede individualmente montar o concretar su propio negocio porque se convierte en un empresario de la noche a la mañana (sin darse cuenta de que en forma encubierta sigue siendo un asalariado) y el segundo con la idea de que asumiendo las obligaciones y aceptando sacrificios, que nunca serán reconocidos por el patrón, el/la obrere se convence de que puede llegar a convertirse en un líder. Ni hablar de las formas distorsionadas que asumen algunas cooperativas, lejos del espíritu solidario y socialista que las constituyó en sus orígenes. Muchas de ellas se montan como empresas capitalistas donde predomina la autoexplotación y una cruel flexibilización laboral.

Pero la peor forma de contratación es la que asumen empresas tercerizadas. Como explica Victoria Basualdo (2014) la tercerización se refiere a la descentralización de las tareas, y a la decisión de una empresa de que un tercero puede realizar tareas eficientes dentro de la misma (ya sea como subcontratación, intermediación, suministro de mano de obra temporal y utilización de trabajadores autónomos). Se desintegra el verticalismo empresarial, aunque no la cadena de mandos, para ahondar más en una confusa red de contratos que diluye ciertas responsabilidades y permite mayores flexibilizaciones, incluyendo el propio salario.

¿Qué sucede con la subjetividad del precariade? Por un lado la sensación de inseguridad y de ver imposibilitadas la idea de pensar un proyecto a largo plazo implican mecanismos de defensa que pueden derivar en trastornos psicológicos o graves problemas de salud. De hecho las tasas de enfermedades asociadas el trabajo han crecido en los últimos años (como el consumo de ansiolíticos) provocando una mirada despectiva del trabajo como realidad cotidiana, ya que el control de la propia tarea disminuye (incluso en las actividades intelectuales como la docencia o la investigación) y aumenta la ansiedad y el estrés por terminar como sea las tareas asignadas.

En este sentido, la sensación de falta de reconocimiento, de inseguridad por las endebles condiciones de trabajo o la expropiación de un saber artesanal para convertirse en una máquina que debe cumplir determinados tiempos y producciones, revitalizan las peores características del viejo taylorismo ahora remodelado bajo nuevas modalidades de trabajo.

La posibilidad de generar un trabajo libre resulta una utópica posibilidad en medio de mecanismos de control que vigilan los movimientos extraños y rutinizan las tareas, los diálogos y los productos que necesita el mercado. El acostumbramiento se vuelve la única forma de continuidad.

Ante estas formas de explotación, la organización de les trabajadores/as y las resistencias colectivas, desde el sindicalismo, la sororidad, hasta los encuentros entre pares en actividades culturales y deportivas, constituyen alternativas necesarias para enfrentar la cosificación de la tarea y la precarización laboral.

Porque en última instancia no solo se trata de mejorar las condiciones de trabajo, los salarios o la propia organización laboral, que por supuesto resultan fundamentales para finalizar con la explotación. Sino también, de la posibilidad de convertir la idea material y simbólica del trabajo como una actividad vital, libre, fundada en el tiempo disponible, rechazando de plano la idea del trabajo como excedente para la reproducción de capital, la mera producción de mercancías innecesarias y el tiempo de producción destructivo y superfluo. Se debe posibilitar como afirma Antunes la posibilidad de rescatar el verdadero sentido estructurante del trabajo vivo contra el sentido (des) estructurante del trabajo abstracto para el capital, que cosifica al trabajador/a como una mera mercancía. “De modo radicalmente contrario, en una nueva forma de sociabilidad, plenamente emancipada, construida por los individuos libremente asociados o por la asociación libre de los trabajadores” (Marx), el florecimiento del trabajo social que desestructura el capital a través de la atención de las auténticas necesidades humano-sociales desestructurará al capital. Dando un nuevo sentido tanto a la vida dentro del trabajo como a la vida fuera del trabajo” (Antunes, 2009:42).

Bibliografía

-Antunes, Roberto (2009), “Diez tesis sobre el trabajo del presente (y el futuro del trabajo)”, en AAVV. Trabajo, empleo, calificaciones profesionales, relaciones de trabajo e identidades laborales. Vol. I, CLACSO, disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20160216040822/04.pdf

-Basualdo, Victoria y Morales, Diego (2014), La tercerización laboral, Buenos Aires, Siglo XXI.

-Castel, Robert (2012), (2012), El ascenso de las incertidumbres. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

-Ezkenazi, Matias y Marticorena, Clara (2010), “Reflexiones críticas entre precariedad laboral y trabajo asalariado”, en Revista Herramienta web, disponible en: https://herramienta.com.ar/herramienta-web-6/reflexiones-criticas-acerca-de-la-relacion-entre-precariedad-laboral-y-trabajo-asa

-Férnandez Massi, Mariana (2014), “Dimensiones de la precariedad laboral: un mapa de las características del empleo sectorial en la Argentina”. en Cuadernos de Economía, 33(62), Buenos Aires, pp:231-257.

-Neffa, Julio Cesar (2010), “Naturaleza y significado del trabajo/empleo precario”, en Busso, Mariana y Pérez, Pablo (Comps.), La corrosión del trabajo, Buenos Aires, Miño Dávila, pp: 17- 50.

[1] http://www.creebba.org.ar/coyuntura/informe_otros/01_ipil_4_2018.pdf

El Comité Técnico Ejecutivo realizó una nueva inspección en la planta LHC II de Dow donde ocurrió la explosión del viernes 28. Según el acta publicada por la web municipal, el organismo de control no infraccionó a la empresa por el hecho que conmocionó a la población de Ing. White y Bahía Blanca.

El inspector del CTE registró que el viernes pasado “se recorrió el sector afectado en el cual se encuentran realizando tareas de limpieza”.

Observó “piezas que aún no han sido movidas debido a que aún se están realizando tareas de investigación”.

“Se nos informa que los análisis de causa raíz se están llevando a cabo con distintos especialistas y que se encuentran en un 70% de avance aproximadamente”.

 

(Por Agustina López Oribe para ANRed) Tras 14 años, se dictó sentencia sobre el juicio civil que la Federación Pilagá realizó al Estado Nacional por los delitos de lesa humanidad durante la Masacre de La Bomba en 1947. 

El juez subrogante Fernando Carbajal, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Formosa, ordenó hacer lugar a la demanda promovida por la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá y estableció una serie de resarcimientos para el pueblo pilagá.

Alerta sobre la falta de iniciativa por parte del Estado de esclarecer los hechos durante el proceso y destaca la labor de Valeria Mapelman, documentalista, quien no solo recabó testimonios de los sobrevivientes durante 4 años para el documental Octubre Pilagá y escribió un libro profundizando la historia, sino que también registró la mayor parte de los trabajos periciales y aportó documentos oficiales relevantes para la investigación. La sentencia expresa que pudieron probarse una sucesión de hechos que desencadenaron la masacre, la persecución y ocultamiento posteriores.

Se acreditó que hubo durante varios meses del año 1947 una comunidad espontánea de población pilagá en el paraje La Bomba, donde previamente ya era habitado por un grupo pequeño y el cacique Oñedié tenía una chacra. El resto de las personas que llegaron al lugar fueron convocadas por Tonkiet, un líder religioso con capacidad de sanador. No puede probarse la cantidad de gente convocada allí pero podrían ser miles. Cantaban, bailaban y transitaban por el pueblo Las Lomitas donde habitaban criollos y quedó probado que las ceremonias religiosas y de curación eran los aspectos centrales de la concentración.

Esta presencia fue considerada como una “invasión” y motivó en un primer momento el ofrecimiento por parte de la Gendarmería de ser reducidos y trasladados a la Colonia Aborigen Bartolomé de las Casas y luego, frente a la negativa de los pilagás, se desencadenó una masacre que duró varios días.

“Dicho contexto era de un conflicto de base cultural, racial y económico, entre una comunidad que reclamaba derechos básicos (comida y la posibilidad de decidir su propio destino) y un Estado que se mostraba impotente para dar respuesta a esa demanda y, cuando lo intentaba agravaba el conflicto (provisión de alimentos en mal estado) o respondía según baremos de la época con la pretensión de “reducirlos”, reflexionó el juez en el escrito.

Una vez desencadenado el fusilamiento masivo que según el magistrado fue “planificado y organizado por las autoridades estatales”, a cargo del comandante Emilio Fernández Castellanos, jefe del Escuadrón 18 de Gendarmería, penetraron sus tropas, acompañadas de algunos civiles en el monte “en forma de abanico” y agrega el juez: “típica maniobra de despliegue para ocupación del territorio”.

Se deja claro que “no existió ningún ataque que justificara la respuesta del uso de ametralladoras” y que “los disparos se realizaron sobre la población civil mayormente desarmada” porque días antes la Gendarmería había retirado todo elemento de metal o considerado peligroso del asentamiento multitudinario. Esa fuerza “los persigue matando a hombres y violando y asesinando mujeres y niños”, asegura el fallo.

No puede establecerse la cantidad de víctimas porque no hay registros oficiales de ningún tipo, dejando en evidencia que hay un intento claro de ocultamiento de los hechos por parte del Estado. “Este silencio oficial debe ser severamente reprochado pues se constituye en una clara demostración del carácter ilegal y clandestino de los actos realizados”, escribe el juez Carbajal y “con la complicidad de los medios de prensa”.

Se produjo luego una persecución y matanza sistemática de los pilagá huyendo que además de centenas de ametralladoras contó con un avión de la Fuerza Aérea que despegó en El Palomar, aterrizó en Resistencia donde se extrajo la puerta principal para colocar una ametralladora Colt Calibre 7,635 milímetros que permaneció una semana en el territorio de conflicto. “El uso de la aviación para la represión del pueblo Pilagá es también un dato fáctico probado, que patentiza nuevamente la desproporción en la actuación del Estado”, sentenció Carbajal.

Se ocultaron los actos ilegales quemando las tolderías de los asentamientos y los cadáveres dispuestos en el lugar: “el fuego como elemento encubridor de los actos”, enfatizó el fallo.

La reparación otorgada no será de tipo individual y ordena la sentencia dos tipos de reparaciones: No patrimoniales y Patrimoniales. La primeras son de carácter integral y el primer acto de reparación es el propio dictado de la sentencia que “implica establecer los hechos sucedidos y posiciona a los actores en el rol que le cupo como víctimas y victimarios, dejando establecida la verdad histórica judicialmente determinada”. Luego estipula su publicación en la web del Ministerio de Justicia de la Nación y el INAI; la publicación en el Boletín Oficial y ordena incluir el 10 de octubre en las efemérides nacionales como recordatorio de la “Masacre de La Bomba”. Adjudica toda coordinación a la Federación Pilagá para redactar, imprimir y distribuir material de difusión para uso educativo. Además ordena al Estado la realización de un monumento conmemorativo y que otorgue una serie de becas destinadas a promover y fortalecer al pueblo pilagá.

Las reparaciones patrimoniales serán destinadas a promover el fortalecimiento institucional de la Federación Pilagá y será de la suma de 720 SMVM (Salarios Mínimos Vitales y Móviles, actualmente de 12.500 pesos) a razón de 6 SMVM mensuales para cerca de 6000 personas que conforman la Federación.

“Instrúyese al intendente municipal de Bahía Blanca a clausurar en forma preventiva toda planta industrial del Polo Petroquímico o Zona Portuaria de ese Municipio cuya acción o inacción por falta de medidas adecuadas de prevención, constituya grave peligro de daño inminente sobre la salud de los trabajadores, de la población o del medio ambiente”, ordena el Decreto 31 del 11 de enero de 2001.

Previamente, la norma -que puede leerse en el sitio web del municipio- delega en el jefe comunal “las atribuciones de control y fiscalización de las obligaciones de las empresas” radicadas en el polo y el puerto para la “preservación del medio ambiente y el cuidado de la salud de los habitantes de Ingeniero White”.

Justamente la comunidad whitense fue la que motorizó la firma por parte del entonces gobernador Carlos Ruckauf ante la “inacción” del ex intendente Jaime Linares. Ocurrió meses después de los escapes de cloro y amoniaco en las plantas de Indupa y Profertil.

“Es esencial la inmediatez para la efectividad de las medidas de control de las obligaciones de las empresas para preservar el medio ambiente, caso contrario la legislación cae en vía muerta y es meramente declarativa”, dice uno de los considerandos del decreto.

El concejal Marcelo Feliú afirmó este jueves que el intendente Héctor Gay tiene facultad para clausurar preventivamente plantas del polo petroquímico “ante determinadas situaciones graves, delicadas, donde se haya podido poner en peligro o haya la posibilidad de un daño inminente sobre la salud de los trabajadores, la población o el medio ambiente”.

“Casi una descripción de lo que pasó”, agregó en referencia a la explosión ocurrida el viernes en el Craker 2 de Dow.

Fue en el marco del debate que terminó con la aprobación de la convocatoria a la subsecretaria de Gestión Ambiental, el coordinador del proceso Apell y el titular del Comité Técnico Ejecutivo para que den explicaciones ante el deliberativo.

Además, se avaló un pedido de informes sobre lo ocurrido y un llamado a reunión extraordinaria de la Comisión Asesora Ambiental, paralizada hace ocho meses por Cambiemos.

Al analizar el rol de la Municipalidad, Feliú recordó que a partir de los escapes del 2000 se entendió que Bahía Blanca estaba en una situación extraordinaria y se aprobó una ley localizada que delegó en la comuna el poder de policía en materia ambiental.

El ex diputado provincial refutó las declaraciones de Gay y de algunos de sus concejales al señalar que ante riesgos para la población o el ambiente “recobra en cabeza del propio intendente tal vez la facultad más importante que en este caso se puede inmediatamente tomar desde lo local. El intendente puede clausurar preventivamente a la empresa que ha motivado este hecho”.

“Este decreto absolutamente vigente y que pone en total complementariedad con esta idea de que habría que avanzar en la delegación, le da poder al intendente para ser el director del manejo de la crisis -explicó Feliú-. Absolutamente el director. Quien puede lo más, que en este caso es la clausura inmediata preventiva, puede lo menos. Principio jurídico indiscutible. Si yo puedo hacer lo máximo, constato de que la situación fue potencialmente peligrosa para personas y bienes, inclusive por fuera del ámbito privado, ahí el intendente tiene la facultad de ser quien conduce el proceso políticamente”.

El concejal agregó que “a esa facultad jurídica con decisión política se llega a la conclusión de que ante un evento no se disminuye la posibilidad de intervenir sino que aumentan”.

La empresa Dow difundió anoche las primeras imágenes del sector de la planta Craker 2 que explotó el viernes pasado y causó conmoción en Ing. White y Bahía Blanca.

El registro de fotos y videos en el lugar había sido impedido en primer término a bomberos y a algunos periodistas que fueron invitados a recorrer el sector el lunes. La empresa adujo “cuestiones de seguridad”.

Sin embargo, sí pudieron hacerlo el fiscal Christian Aguilar y el juez Guillermo Mércuri durante la inspección ocular que realizaron el domingo para dilucidar si hubo daño a trabajadores o bienes de terceros y, en consecuencia, se configuró delito durante el incidente.

Horas después de la explosión, Dow informó que se trató de “un acontecimiento sonoro sin presencia de fuego”. El fin de semana, la empresa publicó una solicitada en la cual sostuvo la minimización de la gravedad del episodio y agregó que lamentamos profundamente lo sucedido y pedimos sinceras disculpas”.

Consultado acerca de las versiones que circularon durante el fin de semana acerca de su expulsión, el fundador del Partido Obrero señaló que “la fracción oficial que dirige el partido obrero lo está rompiendo. Tenemos una discusión política hace bastante tiempo entre nosotros. En función de nuestro estatuto hemos pedido el reconocimiento de una corriente interna para tener derecho a asistir a todos los debates”.

Según el dirigente, el oficialismo le había solicitado que utilizaran este recurso y cuando tomaron la decisión de hacerlo, con el apoyo de más de setecientos afiliados, “la reacción a esto es un comunicado que sacan el sábado donde afirman que me había ido de la organización. Han tomado medidas de exclusión muy importantes con gente que ha firmado esto. Hay un ambiente de exclusión y de ruptura”.

Altamira también destacó que esta actitud representa un “golpe a la campaña electoral”. Desde los spots de campaña se habla de la unidad del noventa por ciento de la izquierda a través de la alianza FIT-Unidad.

¿Cuál es la diferencia de fondo?

“Esencialmente entendemos que el partido está siendo llevado por esta fracción oficial a una deriva electoralista, parlamentarista y en el plano de la propaganda mediática donde el planteamiento profundo de nuestros objetivos es desplazado por frases y sonrisas. No se está construyendo el Partido Obrero sobre una perspectiva de rebelión del pueblo”.

Altamira sostiene que “hay una manifiesta crisis del régimen político integral. Al mismo tiempo un ataque como pocas veces se ha visto a los trabajadores y todavía promesas de reformas más agresivas que las que ya hay”. En este contexto, “la banca parlamentaria es un instrumento débil e ineficaz para detener una cosa de este tipo. Hay que decirle al trabajador que tiene que tomar las cosas en sus propias manos y construir al Partido Obrero desarrollándolo sobre la base de esta premisa política”.

“En mi opinión somos más realistas que nuestros críticos que nos quieren llevar por el mismo camino diciendo ´esto es lo que hay´. Hay que quebrar esta muralla que partidos e instituciones ponen a que se satisfagan los reclamos del pueblo trabajador”.

Que a esta nueva explosión en el polo petroquímico no se la lleve el viento.

Que sirva para pensar la ciudad que fuimos, la ciudad que somos y la ciudad que queremos ser.

Un aporte para este finde lluvioso.

“Ingeniero White, un pueblo que están matando”, de María Giovis.

Este documental es un grito de denuncia, de dolor y de lucha. White era un pueblo donde había vida, con miles de ferroviarios y portuarios en actividad y que empezó a morir con los despedidos de esos trabajadores y siguió con la instalación al lado del pueblo, de un Polo Petroquímico. La contaminación, las muertes abruptas, los cánceres raros y la precarización laboral, llegaron con ese Polo.

La película entera se puede descargar con fines educativos y de difusión desde el siguiente enlace (copiando y pegando este enlace en una pestaña y clickeando el botón debajo del video que dice descargar) link: https://vimeo.com/269130923

IDEA ORIGINAL, GUIÓN, DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN: MARIA GIOVIS

EQUIPO TÉCNICO:

MONTAJE: CYNTHIA GABRENJA

MÚSICA ORIGINAL: MARIANO PIRATO

RESTAURACIÓN DE SONIDO: MARCELA TURJANSKI

MÚSICA ORIGINAL : CHRISTIAN LASALLE “KRIS FUEGO”

ANIMACIÓN: RUBÉN LONGAS.

DISEÑO GRÁFICO: CYNTHIA GABRENJA

DURACIÓN: 01:47:10

COLOR

FORMATO ORIGINAL: HD

IDIOMA: ESPAÑOL

ASPECTO DE RATIO: 16:9

Tras la explosión ocurrida esta madrugada en Dow, el abogado Leandro Aparicio advirtió que no estamos ante el primer episodio de estas características y recordó al inspector Martín Negri, “suicidado” por denunciar un hecho similar en 2011.

Aparicio trabaja en un documental en el cual expondrá parte de las grabaciones que le entregó la familia del inspector: “La mamá me da tres CD´s con 500 horas de grabación desde el 26 de junio del 2010 hasta el 14 de octubre de 2012”.

“Agobiado por el acoso laboral del que era objeto, por las presiones y amenazas constantes, el ingeniero agrónomo Martín Negri, que se desempeñaba integrando la Coordinación de Unidad de Respuesta Rápida (URR) del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) puso fin a su vida el pasado 14 de octubre del 2012″, informaron en aquel momento la Asamblea Ambiental Buenos Aires Sur, Aukan, Asamblea Ambiental del Sur, la Asociación Vecinal en Defensa del Ambiente, Gral. Daniel Cerri y estudiantes autoconvocados.

El abogado refirió que en tres llamadas de junio de 2011, Negri “advierte primero lo que pasa, la jefa le dice que sabía y que vaya, va y le dice que lo llamó la Municipalidad, (el entonces titular del CTE, Fernando) Rey Saravia me llamó, me está llamando el gerente de Dow, me dice ‘comunicate con (la ex titular del OPDS) Verónica Gladario que es tu jefa”.

“Yo si entro a la empresa clausuro. Si quieren unificar criterio con el municipio me quedo acá en casa y no hago nada”, decía Negri.

“Él los manda a la mierda. Esa conversación final es el principio del fin”, afirmó Aparicio. “A los dos meses lo echan, cuando él habla con la jefa, cuando lo están echando, pide perdón, dice que se sintió abandonado y la jefa le dice ‘¿y que querés? A mí me llamó el gobernador. Se relaciona con el rol de Scioli con Dow, quien efectivamente en la campaña del 2015 fue a visitar la planta con el embajador de Estados Unidos en Argentina”.

Ocho años después, el único cambio que estamos en condiciones de confirmar es el de los nombres propios de quienes ocupan dichas responsabilidades y que Negri ya no está.

Para Aparicio “no hay nada más real que el audio de una persona que se graba y después se suicida. Esa información la tenemos que dar a conocer. Las empresas ponen una plata para salvar el planeta y sarasa y esa plata es la que fomenta los organismos de contralor como el CTE y el OPDS”.

Imagen: Canal 7.

(FM De la Calle) – #explosión #Bahía Una fuerte explosión se escuchó en Bahía Blanca veinte minutos después de la medianoche.

Actualización:

9:00: “Infracciones: NINGUNA” Acta Comité Técnico Ejecutivo.

A las 2:19 el comisario Claudio Petrizan, jefe de la Policía Departamental, informa:

A la 1:50 informó DOW:

A la 1:09 el Municipio transmitió el siguiente mensaje oficial: “Sucedió una explosión en el craker de lhc2 de empresa DOW, NO HAY HERIDOS, estan verificando las causas. No se accionó la sirena de planta. Se activo el PRET nivel 1.

Bomberos, Prefectura, Defensa Civil y efectivos policiales trabajan en el lugar.

Un grupo de vecinas y vecinos se reunió en avda. San Martín y Libertad, a unos 200 metros de la planta.

Martín, del barrio 26 de Septiembre, relató a FM De la Calle que “la explosión fue muy fuerte, estaba justo afuera, te puedo decir que hasta temblaron los vidrios. Nos enteramos en el barrio que fue en una de las plantas, no sabemos nada, no sabemos si hay un escape, no se sienten sirenas, no sabemos dónde estamos”.

“Estaba entrando el auto y escuché una explosión muy fuerte, temblaron todos los vidrios de la casa, automáticamente salimos pero nada, por ahora no se ve nada más que una llamarada. El susto fue muy grande (…) una explosión de esta magnitud es la primera vez, los ruidos son normales, pero explosión en esta magnitud nunca”, dijo Joaquín.

César, vecino de Ing. White, sintió “una explosión muy fuerte, ruido y movimiento de ventanas. Un desplazamiento aéreo importante típico de cuando a veces se abren las válvulas de seguridad de la termoeléctrica pero potenciado. Es super preocupante”.

“Una tremenda explosión que levantó a White y a Bahía de la cama. Yo nunca había escuchado un ruido así”, dijo Clara. Claudia del 26 de Septiembre agregó que “vibraron todos los vidrios, las ventanas, se cayeron las macetas que tengo colgadas de las paredes. Después nada más, silencio y el patrullero que entró y cortó el tránsito en la esquina. Yo estoy frente al Parque Industrial. No se escuchó una alarma o advertencia a los vecinos, nada”.

Testimonios: Emiliano Randazzo.

El 3 de noviembre de 2015 se registró otro incidente en la misma empresa.

Incendio en planta de Dow

 

El abogado de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría, Lucas Beier, destacó el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones que ordenó diagramar un plan de inversiones para frenar la contaminación del estuario.

“Compensa el mal golpe del año pasado cuando la jueza (Gabriela) Marrón decía que la pericia no era suficiente para tomar una medida. Nosotros decíamos: ¿qué otra prueba más se puede llegar a necesitar? La Cámara dice lo contrario, que la pericia es suficiente, que tratándose del medio ambiente y que está en juego la salud pública no se necesita tanto ritualismo y hay que tomar una medida”, afirmó en FM De la Calle.

La máxima autoridad judicial bahiense ordenó que el fiscal Santiago Ulpiano Martínez coordine la mesa a integrar con las empresas denunciadas, los pescadores artesanales, la Municipalidad, el Consorcio del Puerto, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, la Autoridad del Agua y los organismos especializados intervienen en la causa.

La Cámara tuvo en cuenta los anuncios de ABSA sobre el avance de la obra de planta de tratamiento de líquidos cloacales de la Tercera Cuenca y recordó la alternativa de reutilización para uso industrial.

“Es una propuesta que viene de hace años, la hemos planteado y ABSA es bastante reticente. No sé si por cuestiones políticas o económicas. La idea sería la reutilización de esa agua y la no utilización del agua del dique. Con una orden de la justicia que dice que tiene que disminuir los residuos ya no va a ser una decisión únicamente de ABSA”, dijo Beier.


Toda la información sobre #ContaminaciónenlaRía


En cuanto a la tecnología que podría aplicarse para un mejor control, el abogado comentó que lo que los expertos de la UBA sugerían era “poner un caudalímetro que controle de forma constante y no una vez por mes, como se hace ahora”.

Respecto a la continuidad de la causa, más allá del plan de inversiones, la querella considera que no hay nada más para investigar. “Tenemos bien identificado cuáles son las empresas del polo que arrojan los desechos, qué desechos arrojan y con la pericia acreditamos el peligro: el delito es poner en peligro la salud pública”.

Mientras tanto, en el fuero civil, el juez Agustín López Coppola se apresta a abrir la instancia de alegatos. A fines de mayo recibió informes de las defensas. Para Beier, las conclusiones fueron “un papelón”.

“Me causaba indignación leer a los peritos de Bahía, principalmente del IADO, del Conicet local. Que hayan presentado ese tipo de informe donde, por ejemplo (Jorge) Marcovecchio, expresamente pone que es potencialmente imposible que las empresas del polo petroquímico contaminen el estuario, después de toda la prueba que hay, genera una indignación terrible”, afirmó.

(Por Mauro Llaneza) La Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca dispuso la formulación de “un plan concreto” para “diagramar inversiones futuras y asegurar el desarrollo integrado y sustentable de la Ría de Bahía Blanca, que establezca un equilibrio entre el desarrollo y la preservación del ambiente”.

La causa investiga la destrucción de la pesca artesanal y la contaminación del estuario.

El fallo da “fuerza probatoria” a la pericia de la Facultad de Agronomía de la UBA que probó científicamente la existencia de “altas concentraciones bioacumuladas de cadmio, plomo, cromo y cobre en branquias e hígado de todas las especies analizadas”.

El camarista Pablo Candisano Mera advirtió el “peligro de daño grave a la ría” y se apoyó en el derecho humano a un ambiente sano -art. 41 de la Constitución- y en jurisprudencia de la Corte Suprema. Adhirió a su voto Silvia Fariña.

“Parecería que el incremento de empresas radicadas en el Polo Petroquímico de Bahía Blanca que arrojan sus vertidos en la Ría, sumado a los efluentes volcados por ABSA, han provocado una amenaza cierta de un posible daño ambiental grave e irreversible, tornando necesaria la implementación de medidas para atender al problema”, afirmaron.


Toda la información sobre #ContaminaciónenlaRía


La aceptación parcial de la apelación realizada por el abogado Lucas Beier excluye el llamado a indagatoria de directores y gerentes de las empresas denunciadas y la prohibición del vertido de sustancias tóxicas.

Mesa de abordaje

La Fiscalía coordinará la mesa que tendrá 90 días para presentar el plan. Deberá convocar a las empresas denunciadas, a los pescadores artesanales, a la Municipalidad, al Consorcio del Puerto, al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible,  a la Autoridad del Agua y a los organismos especializados que hayan intervenido en la causa.

La Cámara requirió “un plan de concreción de los medios necesarios para incorporar nuevas tecnologías para el tratamiento de efluentes y/o instrumentar sistemas de ‘aguas regeneradas’, con el consiguiente plan de inversiones al efecto, en un plazo razonable”.

También, “reformular la normativa aplicable que establece los parámetros de vuelcos de efluentes en la zona en cuestión, teniendo en cuenta la particular morfología del estuario y la cantidad de empresas radicadas en el polo industrial”.

El pedido incluyó el refuerzo de “los mecanismos de control de vertidos a la aplicación; y cualquier otra vía que contribuya a la disminución de efluentes contaminantes en el estuario bahiense”.

Antecedentes

Luego de un primer rechazo judicial al pedido de medidas cautelares, la Asociación de Pescadores Artesanales denunció como “hecho nuevo” la pericia de la FAUBA que ratificó el perjuicio ambiental y determinó, entre otras cosas, que “el dragado por sí mismo genera un daño ambiental”.

La demanda fue otra vez rechazada por la jueza Gabriela Marrón y el fiscal subrogante Horacio Azzolin, quienes sostuvieron que no había pruebas para determinar si existe delito y quiénes serían sus autores.

El presidente de la Cámara afirmó que la jueza no tuvo en cuenta el principio precautorio previsto en la Ley General del Ambiente, el cual establece que “cuando haya peligro de daño grave e irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del ambiente”.

Por otra parte, le reprochó no haberle dado “fuerza probatoria (…) a lo expresado en el informe pericial” de la FAUBA.

Candisano Mera destacó que “si bien en este caso no hay aún procesamiento del responsable penal del delito, la contaminación del estuario evidencia la aludida verosimilitud de un posible daño ambiental, que sumado al peligro en la demora de que dicha situación se perpetúe en el tiempo, acreditan la urgencia del caso y el dictado de la medida cautelar ambiental a fin de evitar que tal situación se prolongue en el tiempo indefinidamente, independientemente de la situación procesal del o los probables autores del ilícito”.

Con mucha alegría, informamos que este lunes 17 de junio de 2019 finalizó una nueva asamblea de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Argentina) realizada en Bahía Blanca, donde se encuentra FM De la Calle, emisora que está por festejar su 30° aniversario. Durante tres días, habiendo iniciado el sábado, radios de Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Chubut, Rio Negro, Santa Fe, La Pampa, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Jujuy, hemos compartido saberes, prácticas, realidades y participado de intensos debates en torno al derecho a la comunicación y la Argentina actual.

En este sentido, la aguda situación económica a la que llevan las políticas impulsadas por el gobierno de Macri se ve reflejada en las realidades diarias de nuestro quehacer: nuestras radios son de las comunidades en las que nos desenvolvemos y cada una de ellas se ve afectada por tarifazos, pérdida de capacidad adquisitiva, niveles inflacionarios que sacan del juego a amplias mayorías, déficit de vivienda, crisis general de los sistemas públicos de educación, salud y cultura.

Por ello y contemplando la rica diversidad que expresan las radios que componen AMARC (Argentina) ratificamos nuestro férreo compromiso para redoblar todos los esfuerzos, en el marco de esta situación económica, para garantizar el derecho a la comunicación. Somos radios comunitarias que bregamos por ello a diario. Hacemos en distintos aires pero con el mismo aliento.

A 10 años de la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el estado argentino aún no cumple con sus propias normas y mandatos constitucionales. Sin medios comunitarios no hay democracia y aún el gobierno no articuló los recursos necesarios para otorgar las licencias correspondientes a nuestros medios, es decir, a los medios de las comunidades del territorio argentino. Asimismo, ratificamos el reclamo del debido financiamiento público a través de fondos concursables, que son derechos establecidos, a fin de que ese derecho a la comunicación tenga posibilidades materiales de desarrollo concreto.

Por otra parte, para la sociedad civil en cada rincón argentino, es importante el funcionamiento de los organismos que nacieron con el fin de velar por los derechos comunes del público, las audiencias y lxs hacedorxs de la comunicación comunitaria. En este sentido, expresamos nuestra profunda preocupación por el progresivo desfinanciamiento de la Defensoría el Público. Reclamamos al gobierno su inmediata normalización presupuestaria a fin de que disponga de los recursos necesarios para cumplir las tareas para la que fue creada.

Esta asamblea también decidió ratificar su posición respecto de la necesidad de profundizar nuestros aires y nuestras prácticas a través de un enfoque de perspectiva de género. Creemos que debe ser un aspecto transversal que atraviese nuestros cuerpos y nuestras voces, nuestros vínculos y nuestras propuestas, y es ahí en donde las disidencias en todas sus caracteristicas vienen aportando un aire renovado a AMARC y las radios que la nuclean generando dicha transversabilidad que nos moviliza y nos permite repensarnos hacia adentro de cada radio.

Hemos, además, consolidado debates acerca de nuestra manera de ser, de existir, es decir, de cómo nos organizamos para hacer. Celebramos los pasos dados hacia mayor trabajo regional, en un país que se declama plurinacional, heterogéneo, multicultural y diverso, pero al que aún le cuesta asignar la misma importancia a cualquier lugar de su territorio. Vamos hacia mayor trabajo de base en cada región, a fortalecer los vínculos y a afrontar los problemas de carácter nacional desde las ópticas de cada región.

Esto es, además, una invitación abierta a cada proyecto comunicacional comunitario y popular de cualquier lugar: en AMARC hay lugar para cada expresión que nazca de esta necesidad de bregar por el derecho a la comunicación y cada expresión a su vez es parte constitutiva de un colectivo que es el todo en cada una de sus partes.

En un contexto hostil desde el punto de vista macro político, en el que oficialismos y oposiciones consideran que la comunicación no es un derecho sino un negocio y proponen que debe estar en manos de grupos concentrados de la economía, hacemos también un llamado a la unidad de acción y todas las redes de nuestro sector. Vemos con profunda preocupación que, en vísperas electorales, el debate en torno a la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y, antes, el mismo concepto de que la sociedad tiene derecho a la comunicación y a la información no esté en agenda de las declaraciones públicas hasta el momento. Creemos que es suficiente motivo para que lo que nos une a todas las redes, nuestra visión de la comunicación como un derecho humano fundamental, nos lleve a unirnos y accionar en conjunto.

Parte de nuestra inmensa alegría se debe a la incorporación de nuevos colectivos y radios. ¡Bienvenidas FM Sudaca de la ciudad de Trelew y FM Indie Rock de Tres Arroyos! ¡Bienvenidas también a las personas que se asociaron de manera individual desde la provincia de Jujuy! Crecemos en ustedes y con ustedes.

En esta oportunidad, la sede de la asamblea fue Bahía Blanca. En esta ciudad, preocupa que la concentración de medios se vea abiertamente acompañada por el gobierno municipal, que ha negado el acceso a la pauta publicitaria a los proyectos populares y, en coincidencia, favorecido abiertamente a los sectores de la comunicación que sirven de herramienta de poder a los factores económicos de mayor concentración. Esos mismos medios a los que el sector público financia a través de los recursos económicos de la comunidad mediante la pauta oficial han despedido a más de 70 trabajadores y trabajadoras en los últimos cinco meses. Observamos también la necesidad de discutir horizontalmente el modelo sindical que requiere este contexto.

Agradecemos a las organizaciones populares sindicales, de la economía social y solidaria, y culturales que apoyaron la realización de esta asamblea de AMARC, quienes se acercaron a compartir un momento de reflexión en torno a la comunicación.

AMARC Argentina agradece a todas las personas, celebra este encuentro y ratifica el convite a ser parte de esta lucha fundamental de nuestros pueblos. Porque sin medios comunitarios no hay democracia, AMARC sube el volumen y reafirma que sin medios comunitarios no hay democracia.

En Lambaré 873, barrio porteño de Almagro, grandes puertas de colores enmarcan la casa de FM La Tribu. Hoy cumple 30 años y festeja toda la semana. Pionera del movimiento de radios comunitarias, encendió el aire 1989.

“Con los sentimientos a flor de piel”, Juana Alfonso definió a La Tribu como “una radio, un centro cultural: es capacitación , es una casona gestionada por la comunidad, es un colectivo. También somos las personas que la vamos atravesando”.

La radialista afirmó que “el colectivo crece y se va transformando a sí mismo con el objetivo principal de luchar por el derecho a la comunicación, por disputar sentido, disputar la cultura como concepto hegemónico. La Tribu existe por sí misma, está compuesta por personas pero lo que hacemos va más allá de cada una de nosotras”.

Juana participa del proyecto desde 2013: “Llegué a partir de la invitación de dos compañeres. Mi paso por La Tribu me cambió a tal punto de no concebir la comunicación si no es comunitaria, no tener ganas de hacer otro tipo de radio que no sea la de la militancia por el derecho a la comunicación”.

A pesar del contexto, La Tribu sigue creciendo: “Vemos que se acentuó la persecución a las radios y medios comunitarios. Este último tiempo hemos conocido el cierre de muchas radios comunitarias, por la economía o por persecución política”.

Desde 1993 La Tribu tiene un Permiso Precario y Provisorio: “En diciembre nos presentamos a un concurso por oposición que se abrió desde el ENACOM. No sin contradicciones porque muchas radios comunitarias no han podido entrar a ese concurso. Nos veíamos entre la espada y la pared porque si no nos presentábamos perdíamos el permiso y ese marco de legalidad. Presentamos los papeles y un escrito solicitando al Estado que regularice y cumpla lo que dice la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que abra los concursos y que se regularice el 33% del espectro para medios comunitarios”.

Entre los festejos programados FM La Tribu realizará dos programas especiales: el miércoles de 10 a 20 (con retransmisión en Bahía por FM De la Calle 87.9 de 10 a 16 y de 18 a 20) y el sábado desde las 14.

“Ante la certeza del fascismo, el silencio, la soledad angustiosa:
La incertidumbre de lo erróneo,
la falla como posibilidad,
lo colectivo como antídoto,
la autogestión entre los dientes,
el encuentro como detonante,
la organización como horizonte de lo posible.

El aire como llamado a la acción.

LA TRIBU 30 AÑOS ENCENDIDA”

Las Abuelas de Plaza de Mayo comunicaron la restitución de Javier Matías Darroux Mijalchuk, hijo de Elena Mijalchuk y Juan Manuel Darroux, ambos desaparecidos en diciembre de 1977.

Él nieto 130 participó de la conferencia de prensa y relató su búsqueda y el interés por conocer datos sobre el destino de sus padres. Las investigaciones realizadas por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y más tarde por la Unidad Fiscal Especializada para Casos de Apropiación de Niños no pudieron arribar a ninguna información concluyente.

Gracias al trabajo conjunto de Abuelas, la CONADI y el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), Matías pudo encontrarse con su familia, saber su origen biológico e iniciar otra búsqueda –la de su hermano o hermana–, ya que al momento de la desaparición, Elena estaba embarazada de dos meses.

El papá y la mamá

Juan Manuel Darroux trabajó en la Prefectura Naval Argentina de diciembre de 1961 hasta junio de 1966. De septiembre de 1969 a mayo de 1975 se desempeñó en la Universidad de Morón, en tareas administrativas, y allí conoció a Elena Mijalchuk, que estudiaba la carrera de Contadora Pública en ese establecimiento. Elena y Juan Manuel formaron pareja y aunque la familia de ella en un principio se opuso por la diferencia de edad –él era mayor que ella–, finalmente aceptaron la relación. Elena se mudó con Juan Manuel, quien ya vivía solo, a Capital. La familia de él era de San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires.

Según consta en el legajo de la Universidad de Morón, Elena rindió su primera materia en 1969 y la última en diciembre de 1976. El 5 de agosto de 1977, en el Hospital Alemán de Capital Federal, nació su primer hijo. Lo llamaron Javier Matías, y si bien a Elena el nombre que más le gustaba era Matías, agregó Javier para que el niño llevara las mismas iniciales que su padre. Con el tiempo las tensiones con los Mijalchuk quedaron atrás, al punto que la pareja se mudó a Caseros con ellos. Al poco tiempo, Elena volvió a quedar embarazada. Ella misma se lo contó a su madre y a su hermano Roberto, así como Juan Manuel también se lo había mencionado a su medio hermano Raúl Venturelli.

Las desapariciones

Al momento del secuestro, Juan Manuel, Elena y el pequeño Javier Matías, ya vivían en Caseros. Lo último que la familia supo sobre Juan Manuel fue a través de sus primos Luis Molina y Domingo Carmelo Graziadio, a principios de diciembre de 1977. Se habían encontrado con él en un bodegón en la localidad de Valentín Alsina, ubicado en Rucci y Viamonte, donde se solían reunir. Luego Juan Manuel le pidió a su primo Domingo que lo acercara hasta Paraná y Panamericana, zona norte del conurbano. Domingo lo dejó allí pero como lo notaba preocupado volvió a pasar y vio cómo su primo discutía acaloradamente con cuatro hombres que lo subieron a una Chevy azul metalizada. Fue la última vez que lo vio.

Elena se enteró de la situación. Juan Manuel no aparecía y ella no sabía dónde buscarlo. Hacia fines de diciembre de 1977, recibió una llamada y después una carta en la que su marido le indicaba que el 26 de diciembre debía encontrarse con unos compañeros en Capital Federal. En la víspera, Día de Navidad, Elena mostró la carta a sus padres y les pidió que la acercaran con su bebé al lugar. Al día siguiente, tal cual lo convenido, llevaron a Elena y al pequeño Javier Matías a la cita, en Pampa entre Lugones y Avenida Figueroa Alcorta, en Núñez. Esa fue la última vez que los vieron.

Las búsquedas

La familia Mijalchuk no conocía a nadie que les pudiera brindar información. A finales de los 80, tanto ellos como los Darroux pidieron a la justicia la presunción de fallecimiento. Pero en mayo de 1999 Roberto Mijalchuk se decidió y denunció la desaparición de su hermana embarazada, su cuñado y su sobrino. Así se abrió un nuevo legajo de una mujer embarazada desaparecida en la CONADI y otros en la CONADEP.

Roberto dejó como contacto un teléfono de línea que, en estos años, nunca dio de baja, esperando recibir alguna vez una noticia. Las familias Mijalchuk y Darroux fueron incorporando sus muestras al Banco Nacional de Datos Genéticos. Abuelas, por su parte, solicitó a la justicia que se realizaran exhumaciones de familiares fallecidos para completar la información genética. La última muestra que se sumó, la de su abuela paterna, Natividad Arelano Venturelli, junto a la ampliación de los marcadores analizados por el Banco, permitió la identificación de Matías. A todo esto, los equipos de la CONADI investigaban infructuosamente las causas de desaparición de la pareja.

Mientras tanto, un joven con dudas sobre su identidad se acercó a la filial de Abuelas Córdoba. Él siempre supo que no era hijo de quienes lo criaron y su expediente de adopción consignaba que había sido encontrado por una mujer la noche del 27 de diciembre de 1977. Fue en la intersección de Ramallo y Grecia, a tres cuadras de la ESMA, cerca de donde esa misma madrugada Elena Mijalchuk fue vista con su bebé por última vez. Por disposición de la justicia, el bebé fue entregado en guarda para adopción a un matrimonio, con quienes se crió en la Ciudad de Buenos Aires. El muchacho se mudó a Córdoba en 1999 y allí inició su búsqueda. Paralelamente, en Abuelas Capital se habían recibido denuncias sobre un joven presuntamente hijo de desaparecidos, que fueron incorporadas al caso para su investigación.

El encuentro

Como en todos los casos de personas con dudas sobre su identidad, Abuelas dio intervención a la CONADI, que ordenó los estudios genéticos. En octubre de 2016, el Banco informó que el perfil del hombre coincidía con el de la familia Darroux Mijalchuk, pero las causas de desaparición de sus padres aún continuaban indeterminadas. CONADI derivó el caso a la Unidad Fiscal que profundizó la investigación y luego la presentó ante la justicia federal, donde hasta hoy se siguen recabando datos y testimonios.

El tío Roberto Mijalchuk recibió el llamado tan esperado a ese teléfono fijo que nunca había dado de baja. La CONADI le comunicó que había encontrado a su sobrino y que podían reunirse. Matías Javier Darroux Mijalchuk conoció su origen y hoy las Abuelas le dieron la bienvenida a la familia para restituirle su derecho a la identidad y contribuir a la reconstrucción de su historia.

Fuente: Abuelas.