Asesinaron a dos miembros de la CTEP

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La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular denunció este fin de semana que la Policía de Córdoba asesinó a uno de sus integrantes, Marcos Soria, en el barrio Angelelli II. El jueves pasado la Bonaerense fusiló a otro miembro de la CTEP, Rodolfo Orellana, cuando participaba de una toma de tierras en La Matanza.

“Venía a la madrugada a acostarse a su casa, en una cuadra lo para la policía para hacerle el control, él empezó a correr porque vio que era el policía que siempre le pegaba y lo verdugueaba”, dijo a FM De la Calle, Silvia, cuñada de Soria.

Agregó que “los policías lo corrieron, lo alcanzaron, lo mataron a golpes. Se subieron al móvil, de ahí vinieron de un costado al otro del barrio, lo vuelven a bajar, le vuelven a pegar, lo arrodillan a golpes, él intenta escapar de nuevo y ahí cuando corre cinco metros o más, tiran un tiro al aire y otro lo fusiló. Él no corría, se paró, no tenía ni un arma, nada”.

Marcos tenía 32 años, una compañera, un hijo de cuatro años y una hija de once meses. “Vivía con su sonrisa día a día, si podía te ayudaba, es un compañero de la organización, un cartonero o carrera y se ganaba la vida”.

CTEP destacó que su cuerpo fue retirado tres horas después del fusilamiento por parte de policía judicial: “tiempo suficiente como para modificar la escena del crimen”.

La organización exigió en su comunicado del fin de semana información sobre el paradero de Oscar Campos. Según informó Silvia “a ese compañero lo han detenido porque andaba por la calle y ha visto cómo lo mataban a Marcos”. Sin embargo, “está detenido por el homicidio de Marcos”.

El jueves por la madrugda fusilaron en el suelo con bala de plomo a Rodolfo Orellana, militante de OLP de Villa Celina, cuando se manifestaban en defensa de tierras en Puente 13 en La Matanza. Otres cuatro militantes fueron detenidxs.

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Amenazada por un femicida: “¿Por qué me tengo que cuidar yo?”

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La madre de una víctima de femicidio denunció que el asesino y su entorno familiar la amenazan permanentemente. Se trata de Cristian Puebla, quien en pocos meses saldría en libertad.

La madrugada del 10 de octubre de 2012, Pueblas apuñaló a Leonela Costa, con quien convivía en una casa de Villa Cerrito. Díez días después, la joven de 24 años murió.

A espaldas de la familia de Leonela, la justicia condenó al femicida por homicidio simple y lo encerró en la Unidad Penal N°19 de Saavedra. Silvia Martínez, aseguró a FM De la Calle, que eso no impidió que Pueblas intimide a su familia.

“Él dice que a mi hija la mató el hospital, no la mató él. Mi hija entró al hospital porque él le hizo daño, le pegó una apuñalada y la dejó tirada como si fuera un perro en el patio después de que fingió un asalto y, que si no fuera porque encontramos los cordones con sangre, este señor se escapába”, recordó.

La madre de Puebla contacta a Martínez por Facebook y escribe “cosas que no tienen nombre, cosas aberrantes. Esta persona tiene la foto de mi hija de perfil, que no sé por qué la tiene. Me gustaría tener una charla pero yo no encuentro cómo porque escribe cosas incoherentes como que yo a mi hija la mandaba a prostituir desde los 10 años con mi mamá. Mi hija fue criada en el colegio y yo nunca conocí a mi mamá. Dice que mi hija le contaba cosas feas y no puede ser así porque yo sé cómo crié a mi hija y sé la mamá que fui para ella”.

Cristian Puebla, condenado por homicidio simple en un juicio abreviado, saldría de la cárcel luego de cumplir su condena. “En ningún momento me avisaron que iba a ser un juicio abreviado, lo único que sí lo vi en la calle al señor abogado Avellaneda que me representaba, me tocó el hombro y me dijo así nomás: ‘al asesino de tu hija le dieron siete años’. Ya sé que en siete años a mi hija no me la van a devolver pero no puede ser que ésta persona y todo el entorno familiar siga haciendo daño”.

“Pienso que va a seguir amenazándome. Yo fui a fiscalia y constaté que al señor en la requisa del penal le encontraron un celular y un bisturí y eso no es mentira porque fui al expediente de mi hija para saber cómo va la causa, como todos los meses, y lo vi”, aseguró Martínez.

Agregó: “Estoy remando día a día. Estoy alquilando y me dieron el botón antipánico. Tengo cámara en mi casa y es como yo le digo a la policía… ¿por qué me tengo que cuidar yo? Yo no hice nada, no maté a nadie, no hice maldad. A mi me sacaron una nena de 24 años y me sacaron las ganas de vivir. Tengo tres varones más pero era mi única hija, la que me hizo madre, no tenía maldad, era humilde, era sencilla. Hoy tengo que resguardarme y cuidar a mis hijos. Y espero que no haya mas Leonelas, ojalá que esto se calme y se termine”, finalizó.

Foto: Canal 7.

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G20: ¿Infraestructura para el desarrollo?

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Cada vez falta menos para la cumbre del G20 en la cual 19 países y la Unión Europea se reunirán para definir el rumbo de la política económica y financiera del resto de mundo. Buenos Aires será el epicentro del encuentro. La Capital estará severamente controlada por las fuerzas de seguridad de Patricia Bullrich y efectivos que traerá cada presidente.

La Confluencia Fuera G20-FMI propone desarmar mitos acerca del foro y proponer una alternativa. Desarrollarán la Semana de Acción contra el G20 con actividades a cargo de organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales y feministas que culminarán con una marcha el 30 de noviembre.

Beverly Keene, integrante de la Confluencia, conversó con FM De la Calle, acerca de uno de los ejes de la cumbre: la “infraestructura para el desarrollo”.

“Cuando el G20 habla de infraestructura para el desarrollo habla de privatizar la obra pública y ahí viene también el acuerdo con el FMI que apunta en la misma dirección y busca asegurar que las inversiones privadas de infraestructura sean rentables. Esto es un peligro para todos los países porque tradicionalmente las grandes obras públicas no son rentables o son rentables a muy largo plazo e incumben riesgos para quienes invierten en ello. Están  buscando mecanismos para que el Estado, el público, nosotros también, asumamos los riesgos y el desafío. Eso significa más riesgo y más endeudamiento para Argentina”, aseguró Keene.

Respecto al modelo energético de Vaca Muerta, planteado desde el gobierno como solución a grandes problemas energéticos, de empleo y desarrollo, comentó que “es el ejemplo claro del modelo agroexportador que el G20 discute en este momento y busca condiciones para tornarlo aún más rentable. Es el incremento del modelo extractivista, los pueblos sufren costos y daños”.

Agregó que “el Estado se endeuda para mantener ese modelo y permite las inversiones de las empresas ofreciendo, por ejemplo, la exoneración de impuestos. Los beneficios se van para afuera y las deudas se quedan adentro”.

“Vemos  que las políticas del G20 y FMI coinciden con las políticas del gobierno de Macri, buscando profundizar ese modelo y expandirlo”, concluyó.

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8 muertos: la mayor masacre en comisarías

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Ya son ocho los jóvenes muertos tras el incendio de la Comisaría 3º de Esteban Echeverría ocurrido el jueves. Se trata de la mayor masacre en la historia de las comisarías argentinas. El edificio estaba clausurado como lugar de detención, sin embargo, había 27 personas.

La Comisión Provincial por la Memoria afirmó que “es el resultado directo del hacinamiento y la sobrepoblación, entre otros factores de violación de derechos en contexto de encierro, de una política criminal que persigue y encierra a los pobres”.

Sandra Raggio dijo a FM De la Calle que “en 2015 ya presentamos una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dio lugar, por la situación de las comisarías”.

“Lamentablemente, después de esa presentación, ocurrió la masacre de Pergamino y ahora ocurre la masacre de Esteban Echeverría. Y además, cada vez peor. La verdad que es bastante -no sé cuál sería la palabra- decepcionante es demasiado poco, desolador, pensar que frente a estos acontecimientos tan aberrantes no haya decisiones políticas que se correspondan con la gravedad de los hechos”.

-Ustedes hablaron con sobrevivientes y descartan cualquier versión referida a un motín o fuga. ¿Qué testimonios recogieron?

No, No, ni motín ni fuga ni nada. Había una situación de sobrepoblación en el lugar, eso está claro. Esa comisaría estaba clausurada como lugar de detención por una resolución del año 2012 del Ministerio de Seguridad que después hizo oídos sordos a su propia resolución y empezó a mandar detenidos ahí. En marzo de este año por un habeas corpus que presentó el Juzgado de Garantías de Esteban Echeverría, el juez de garantía ratificó la clausura y ordenó que de manera inmediata se desalojara la comisaría, se lo ordenó hasta a la gobernadora María Eugenia Vidal. Dio la orden el juez porque peligraba la vida de las personas. También elevó por desobediencia la causa a la fiscalía y tampoco hubo avances en ese tema.

Acá las responsabilidades funcionales son claras, más allá de lo que ocurrió. Porque la cuestión del fuego es una forma de protesta muchas veces de los propios reclusos. Pasó en Pergamino, pasó acá, pasó en Magdalena. El tema es cómo responde el Estado que tiene a esas personas en custodia. Era un lugar que realmente era una ratonera porque no tenía ningún tipo de ventilación, estaban hacinados y creemos que la justicia, que fue quien ordenó que desalojaran el lugar, ahora debería abocarse a la investigación de las responsabilidades funcionales que expliquen la muerte de estas ocho personas y dos que están en extrema gravedad.

Raggio manifestó que “hay testimonios de las personas detenidas de la celda 2, que sobrevivieron todos, que en un momento cuando empieza el incendio ellos se despiertan por el fuego y entonces van a intentar mojar las toallas, que es como una medida de protección por el tema del humo, y cuando van a abrir las canillas no salía agua. Hay que investigar por qué no sale agua. Según las personas que estaban allí siempre había agua, en ese momento no había agua”.

Por otra parte, destacó que “hay una política de persecución penal, de encarcelamiento, orientada a estos eslabones más débiles del delito y de delitos no graves que no hay distinción. La policía capta para el sistema penal, las fiscalías convalidan, los jueces terminan convalidando las privaciones de la libertad. Ahí tenemos un montón de gente procesada en comisarías, por delitos menores que serían excarcelables. Algunos también eran por tenencia simple de estupefacientes”.

“La única forma de resolverlo es repensando la política criminal. No vamos a resolver el problema del narcotráfico persiguiendo al consumo, no vamos a resolver el robo de autos y el mercado ilegal de autopartes persiguiendo solo a los que roban el auto. Si no nos avocamos a la investigación de delito complejo, de las redes delictivas, de los mercados ilegales y todavía estamos esperando que haya una política de seguridad”.

“Hay también una sensación de inseguridad ligada con lo que pasa en la calles, con el hurto que a la gente pareciera que le parece bien que todo eso que le puede causar un daño a uno de manera directa esté preso. Pero en un mapa de la inseguridad no es lo prioritario. Para que haya mayor seguridad lo que hay que tratar de resolver son las cadenas delictivas que organizan el delito”, dijo.

La integrante de la CPM comentó que el organismo aborda el debate de la seguridad “porque pareciera que a los que defendemos los derechos humanos no nos importan las políticas de seguridad”.

“Estas políticas de seguridad ligadas con la mano dura, con el aumento de la crisis de inflación, etcétera, no dan ningún resultado. Si se sigue invirtiendo y gastando plata en políticas de seguridad, se desatienden las otras áreas del Estado que deberían estar. Se desatiende la promoción y protección de niños, niñas y adolescentes que tiene 0,37% del presupuesto del año pasado del año pasado, 38% que tiene seguridad y capaz están subejecutados esos presupuestos”.

Raggio concluyó: “La justicia se lo advirtió a la gobernadora, al ministro Ritondo, no sólo nosotros como organismo de derechos humanos, la propia justicia, y desoyen las órdenes de las justicia. Entonces, cómo vamos a tener una ciudadanía responsable, una ciudadanía que esté ligada con la ley y respeto a las instituciones si el propio Poder Ejecutivo no respeta las órdenes de los jueces”.

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¿Qué hace el municipio con nuestros datos?

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Un proyecto de ordenanza para proteger los datos personales de los que dispone el municipio presentó en el Concejo Deliberante, Martín Moyano, quien gestiona el sitio Bahía Segura.

La regulación propuesta alcanza a las plataformas digitales, las aplicaciones móviles y las imágenes audiovisuales del Centro Único de Monitoreo y a todas aquellas que generen bases de datos con información de vecinas y vecinos.

Como ejemplos, Moyano mencionó la aplicación del sistema de parquímetros o VotAPP. “No tenemos responsables individualizados de esas bases de datos ni conocemos con certeza el destino de las mismas, tampoco contamos con canales de acceso que nos permitan conocer la información que el municipio tiene de nosotros, ni para solicitar que se rectifiquen en caso de que contenga errores”.

Moyano comentó que “las características sociales y políticas de las últimas décadas hacen que los municipios avancen cada vez más en el desarrollo de estas herramientas a nivel local para promover la participación y el acceso sencillo a las herramientas de gestión municipal”.

“Estos avances son tan vertiginosos que muchos de ellos se producen y desarrollan antes de que existan regulaciones pertinentes y efectivas para el correcto uso o prevención respecto de un mal uso de la información que a través de estas aplicaciones se recolecta”.

La iniciativa pretende “ordenar y reglamentar el uso de datos brindados u obtenidos por otros medios en todas sus etapas de recolección, alojamiento, utilización, cesión y eliminación de datos personales de los ciudadanos”.

Son considerados “datos personales” todos aquellos que permitan la individualización de personas como: DNI, dirección, teléfono, situación crediticia, imágenes personales, fotográficas o de video filmaciones, estados de deuda, claves personales, cuentas de correo, números telefónicos.

El proyecto establece que “toda persona que intervenga en cualquier instancia del tratamiento de datos personales recolectados por el ámbito público del Municipio de Bahía Blanca estarán sujetas a guardar secreto y garantizar la confidencialidad con carácter indefinido sobre los mismos y serán responsables por cualquier mala utilización”.

Respecto al Centro Único de Monitoreo, Moyano propone la elaboración de “un protocolo oficial para reglamentar el uso y difusión de las imágenes digitales obtenidas mediante el sistema de cámaras de vigilancia, como así también de los procedimientos administrativos que deberán cumplirse para acceder a esa información por parte de los vecinos en el uso de legítimo sus derechos cuidando siempre de garantizar el acceso efectivo a la información”.

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G20: ¿Qué se esconde detrás de la “gobernabilidad global”?

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Durante la cumbre del G20 que se realizará a fines de noviembre en Buenos Aires, los presidentes de los países mas influyentes del mundo debatirán acuerdos para “revitalizar el sistema actual de comercio”.

Desde la web oficial aseguran que “la presidencia argentina propuso continuar las discusiones hacia un sistema de comercio inclusivo que contribuya al desarrollo justo y sostenible, para que los beneficios del comercio y las inversiones lleguen a todos y para que las personas puedan afrontar los desafíos y las oportunidades de la globalización y de los avances e innovación tecnológica”.

Javier Echaide, abogado y doctor en Derecho Internacional en la UBA, aseguró que en términos de comercio e inversiones, las intensiones de Argentina como sede del foro son ni más ni menos que “meterse en estas cadenas globales de valor que favorecen a los sectores más pudientes de la sociedad, el trabajador termina pagando con la degradación de sus derechos, aumento de los costos sociales, mayor desempleo”.

¿De quiénes son mis datos?

Uno de los ejes del área de negocios de la cumbre es lo que denominan “Nueva Revolución Industrial” y que, según Echaide, “se hace a partir de la comercialización de las plataformas de internet como, por ejemplo, pedir algo por una app y allí viene involucrada la generación de datos. Si yo pido una pizza a cualquier lado y me lo trae un muchacho en una bicicleta que ya no es el delivery de la pizzería sino que es un chico que está contratado por una empresa trasnacional por una aplicación del celular que se dedica a eso, eso crea un perfil de negocios, que es distinto y que no se conocía hasta ahora”.

Esta información sobre perfiles de consumidores según preferencias se denomina “Big Data” y el conflicto se presenta a la hora de decidir a quiénes le pertenecen esos datos y, por consiguiente, quién puede comercializarlos, venderlos o intercambiarlos por otro tipo de información. “Los bancos viven comprando y vendiendo estos datos sobre nuestras cuentas personales en términos financieros, desde hace ya muchos años”, aseguró Echaide.

Acuerdo Mercosur-Unión Europea

El Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea está en negociaciones desde hace varios años. La Unión Europea tiene reparos sobre la colocación de producciones que vienen de países que denominan “subdesarrollados”  por el riesgo que eso conlleva.

“Paradójicamente Argentina es uno de los países en este momento que más le llega la apertura comercial. Digo paradójicamente porque Argentina tiene una crisis en la balanza de pagos, una crisis en la fuga de capitales, abrir las importaciones implica tener que pagar eso con fuga de divisas. El gobierno argentino tiene fe en el libre comercio y desea firmar este acuerdo  con la UE”, comentó Echaide.

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Abuso sexual: ¿El Estado protege la infancia?

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(Por Facundo Muñoz) Silvia Piceda y Sebastián Cuattromo hablan con un lenguaje claro y simple. Se presentan contando sus historias y relatan con crudeza -pero sin morbo- cómo fueron abusadxs. Sus historias no son sólo la carta de presentación que utilizan en las charlas que dan a lo largo y ancho del país sino que también son una puerta para visibilizar una problemática latente en nuestra sociedad.

Ayer se conmemoró el Día Internacional para la Prevención del Abuso Sexual Infantil.

Cuando se les pregunta cómo deciden formar la ONG Adultxs por los derechos de la infancia y cómo trabajan, Silvia responde: “Los dos veníamos de nuestros caminos de lucha. Yo venía como madre protectora, Sebastián venía de su juicio y habiendo podido poner en la cárcel al que fue su agresor. Y los dos teníamos la visión de que este delito no tiene que ver con la vida privada de las personas, no tiene nada que ver con la intimidad, tiene que ver con un comportamiento social”.

“Había que hacer público esto, porque esto es un problema de toda la sociedad y es la sociedad adulta la que lo va a resolver. Entonces, por un lado tenemos el grupo de ayuda de pares, que era lo que yo venía haciendo con otro grupo de madres, que es, evidenciar el poder sanador de la palabra. Y por otro lado la visibilización que es esto, ir a todos los lados en los que nos llaman para contar esto, en base a nuestros testimonios, nosotros no hablamos como científicos sino desde nuestros testimonios”, asegura.

Paradigmas y retóricas

Una revolución se produce cuando se encuentran anomalías que no pueden ser expresadas por el paradigma universalmente establecido y aceptado. El paradigma no es simplemente la teoría vigente sino la cosmovisión dentro de la cual existe y sus implicancias. En todos hay anomalías que se descartan como niveles de error aceptables o simplemente se ignoran.

Vivimos bajo un paradigma sobre el cual Silvia sostiene que “desde la Convención de los Derechos del Niño, que tiene rango constitucional, la Ley de ESI (Educación Sexual Integral) y demás, todo habla de que el niño es reconocido como sujeto de derecho. Eso antes no existía porque la infancia, en verdad, no era reconocida como una instancia particular de la vida del humano. En algún momento se empieza a reconocer a la niñez, ese es el paradigma. El tema es que cuesta muchísimo que ese paradigma pase del papel donde están puestos y acordados los derechos, que pasen a la vida cotidiana cuando tenés que defenderlos”.

Existen retóricas hipócritas de las cuales nos sostenemos para poder seguir avalando el paradigma de los derechos de lxs niñxs. Silvia comenta que tienen que ver con que “Occidente es el defensor de los derechos de infancia o es el defensor de los derechos humanos y eso es una retórica que no es real. Porque vemos que en Estados Unidos, Europa, acá y demás, la infancia no es defendida”.

“Esta sociedad además de patriarcal y machista es adultocéntrica. Todo gira alrededor de las necesidades, tranquilidades y objetivos de los adultos. No es real que el niño en la infancia sea tenido en cuenta, ni siquiera para generar políticas. Porque vos pensá cuando vas a votar a las múltiples personas que se presentan: ¿alguno de nosotros le preguntamos cuál es su programa de infancia? A nadie le importa”.

El Estado que siempre falla

El sistema de 0800 del programa “Las víctimas contra las violencias”, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en 2016 se registró que las niñas mayores de 5 años son las principales víctimas.

El 53% de los casos ocurre en los hogares de las víctimas y el 18% en el hogar del agresor. Este dato se condice con la estadística que demuestra que el 75% de los agresores son familiares: el 40% de ellos son padres de las víctimas.

La estadística se registró entre el 19 de noviembre de 2017 y el 19 de diciembre de 2016. Vale destacar que estas cifras existen porque hubo denuncias. ¿Qué pasa con aquellos casos que no son denunciados? ¿Y con aquellos que tienen como víctimas a niñxs institucionalizados? ¿Dónde está el Estado protector en ese momento?

Silvia Piceda comenta: “El Estado no es protector de la infancia. Una figura del Estado es el Poder Judicial. Y si vos tenés un Poder Judicial que en lugar de reconocer que el abuso existe, que es muy frecuente, que los abusadores en la mayoría de los casos son adultos y que en verdad tenés que buscar al responsable y lo que hacen es todo lo contrario, tratando de demostrar que todas las denuncias son falsas, en verdad el Estado esta faltando en la protección de los derechos de la infancia”.

A eso hay que sumarle que “falta capacitación en todos los niveles. En el Poder Judicial, en Salud, en trabajadores sociales, en psicólogos, a todos los que trabajamos en lo que tiene que ver con el trato con seres humanos, nos falta formación en temas específicos graves, por ejemplo, el abuso sexual contra la infancia”.

Cambiar la realidad de lxs niñxs y salvaguardar sus derechos debe ser un compromiso que la sociedad debe asumir para acabar con los abusos sexuales contra la infancia.

Pensar en nuevas formas de comunicarnos con lxs más chicxs y hacer de la igualdad una realidad. Entender que existen otras realidades posibles en las cuales primen los derechos de todos los sectores sociales debe ser nuestra forma de evolucionar hacia una sociedad que se haga cargo de sus problemas.

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Toda esta sangre en el monte

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El sábado a las 19 se proyectará la película “Toda esta sangre en el monte” con presencia de su director Martín Céspedes. La actividad es organizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA Bahía Blanca-Coronel Dorrego   en el salón de la AJB (Ing. Luiggi 63).

La película relata la situación actual del movimiento campesino, específicamente la situación que ha atravesado el MOCASE de Santiago del Estero a lo largo de los últimos años, y repasa sus estrategias de organización política-social.

“Es también sobre la violencia. Una violencia económica de un capital que llega a los territorios campesinos con una lógica de acumulación y que lo que hace es destruir comunidad, territorios y cuerpos;  una violencia política de gobiernos que hacen la vista gorda permitiendo que ese capital entre e irrumpa y con una violencia institucional-judicial que lo legitima, lo avala a través de la impunidad”, contó Céspedes a FM De la Calle.

Parte del largometraje cuenta el asesinato de Cristian Ferreyra, hecho ocurrido en 2011 mientras defendía su territorio de sicarios que trabajaban para un empresario agropecuario de la zona. Se “toma de excusa el juicio de los asesinos de Cristian para dar puntapié a lo que es este conflicto y poder conocer un poco la realidad que se está viviendo en Santiago del Estero, tanto lo que es la organización política como a los modos de vida”.

“Porque al fin y al cabo la lucha por la tierra en realidad es una lucha por un modo de vida que quizás quienes habitamos las ciudades esos modos de repensar nuestras vidas están más relegados, quizás estamos más centrados en cuánto más de esa renta del capital podemos acaparar para poder vivir mejor”, afirmó.

Toda esta sangre en el Monte tardó varios años en poder terminarse y, según el director, es “una película que se explica así misma, esos modos de vida, esos conflictos, los vemos a través de la observación y me parece que es lo más interesante que tiene. Es como estar ahí viviendo las situaciones y me parece que la película en ese sentido se muestra bastante bien sola”.

“La construcción del documental es también una construcción colectiva con la organización campesina, yo no quería caer con la película del porteño que va a mostrar cómo viven los campesinos (…) y para eso no hubo un guión previo marcado al cual ir a filmar, sino que fue ir y devenir en el lugar lo que surgiera. Fue algo muy interesante, muy enriquecedor y que también termina de alguna forma aportando a toda esa riqueza y a lo multifacético que es la organización campesina. El MOCASE es realmente muy potente, imaginemos que están luchando contra un poder gigantesco que es el agronegocio y al día de hoy no han perdido ni un metro de tierra”, finalizó.

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Cambiemos y parte del PJ aprobaron presupuesto de ajuste

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El interbloque Cambiemos logró superar la parada más importante del año legislativo que termina. Con apoyo de una porción del peronismo de Miguel Pichetto y de partidos provinciales, el oficialismo consiguió sancionar en el Senado el Presupuesto 2019, que recibió 45 votos afirmativos, 24 negativos y una abstención.

El proyecto, que es el tercero de la gestión de Mauricio Macri, fue aprobado al cabo de un debate de alrededor de doce horas, donde quedó al desnudo la división en el interbloque Argentina Federal. Nueve senadores de ese espacio votaron en contra, con el formoseño José Mayans a la cabeza, mientras que otros doce lo hicieron a favor y uno se abstuvo: el correntino Carlos “Camau” Espínola.

Acompañaron a Cambiemos los integrantes del Movimiento Popular Neuquino (MPN) Guillermo Pereyra y Lucila Crexell; los misioneros Maurice Closs y Magdalena Solari Quintana; y Ada Itúrrez de Capellini y Blanca Porcel de Riccobelli, del Frente Cívico Santiagueño referenciado en el gobernador Gerardo Zamora. Los otros senadores que se inclinaron por el “sí” fueron los salteños Juan Carlos Romero y Cristina Fiore, y el santafesino Carlos Reutemann.

Por el contrario, fueron por el rechazo el Frente para la Victoria-PJ de Cristina Kirchner; los puntanos Adolfo Rodríguez Saá y Eugenia Catalfamo; el porteño Fernando “Pino” Solanas; y la rionegrina Magdalena Odarda.

Hubo solo dos ausencias y una de ellas fue la del radical Eduardo Costa, quien en las horas previas a la sesión se había rebelado sorpresivamente contra el Presupuesto, reclamando obras para Santa Cruz. El otro que no participó de la votación fue el santiagueño Gerardo Montenegro.

La sanción del Presupuesto le permitirá al Gobierno dar una doble señal: por un lado, al Fondo Monetario Internacional (FMI), en virtud del polémico acuerdo firmado este año; y por otro, a los países que integran el G20 en la previa de la cumbre que tendrá lugar entre el 30 y el 1ro. de diciembre en Capital Federal.

Entre sus principales variables, la “ley de leyes” prevé para 2019 una inflación interanual del 23% al mes de diciembre; un dólar promedio a 40,10 pesos; y una caída del 0,5% del PBI. Además, el 77% del gasto primario se destinará a servicios sociales, y se estima una caída del consumo privado del 1,6%.

Al cierre del debate, cerca de las 2 de la madrugada del jueves, Cristina Kirchner sostuvo que “no se sale de la recesión ajustando el gasto público” y alertó: “Lo que vamos a hacer con este Presupuesto es profundizar el sufrimiento de la sociedad argentina, y además va a ser un sacrificio inútil. Todos sabemos que la recesión se va a profundizar”.

Por su parte, Pichetto reiteró que “no votar el Presupuesto no cambia el rumbo económico” y que es necesario aprobarlo para evitar discrecionalidad en la ejecución de fondos. Pero además, se refirió a las movilizaciones contra la ley: “Tenemos autonomía de lo que pasa en la calle. Nunca la votación de un Presupuesto fue un hecho insurreccional. Son estimaciones, que se pueden cumplir o no”.

En tanto, el jefe del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff, explicó: “Tenemos un Presupuesto de emergencia producto de factores externos -la crisis internacional-, e internos -la sequía-; pero también el factor económico de la causa de los cuadernos, que ha paralizado las obras públicas”.

El radical también defendió el acuerdo con el FMI, al señalar que “la historia de la Argentina” con este organismo de crédito “no es nueva”, ya que “se suscribieron 26 acuerdos con ese organismo durante gobiernos radicales, justicialistas, militares y desarrollistas”. “No es bueno ni malo, se recurrió cuando hubo situaciones de crisis”, sintetizó.

La apertura del debate estuvo en manos del presidente de la Comisión de Presupuesto, Esteban Bullrich (Pro), quien casi como un dogma precisó: “Es falso que consumir es mejor que ahorrar, es falso que ordenar el Estado es ajustar oportunidades y es falso que los recursos del Estado son infinitos”.

El macrista sostuvo que la inflación “no es gratis” y que está vinculada a “un pasado que los argentinos no quieren volver”. “El déficit es el desahorro. Esto no es una herencia recibida, no es culpa de un gobierno o de un partido. Esto viene de más atrás y la única forma de dejarlo atrás es si lo hacemos juntos”, dijo Bullrich.

Por su parte, el jefe del bloque del Frente para la Victoria-PJ, Marcelo Fuentes, sentenció que “el gobierno de Cambiemos solo ofrece a los argentinos más ajuste, precarización, endeudamiento y recesión”.

Sentado a la derecha de la expresidenta Cristina Kirchner, Fuentes denunció que “es cínico presentar como una virtud los programas de emergencia que crean para paliar la crisis que ellos generaron”.

El neuquino remarcó que “es la primera vez en la historia argentina donde un Presupuesto viene a declarar que el país va a involucionar, y lo presentan como una virtud”, cuando “normalmente un gobierno, ante un panorama como el que describen, busca medidas para evitar esa debacle”.

Por su parte, Mayans denunció que el Gobierno “ha hecho un endeudamiento brutal” que de acuerdo a este Presupuesto será de “casi 400 mil millones de dólares”. Además, indicó que “este gobierno ha tenido una de las inflaciones más altas de la historia argentina” y pronosticó que “este año va a ser de casi el 50%”.

Desde el bloque del Frente para la Victoria hubo discursos tan duros como el de Mayans. El jefe de esa bancada, Marcelo Fuentes, alertó que “el gobierno de Cambiemos solo ofrece a los argentinos más ajuste, precarización, endeudamiento y recesión”.

“Es cínico presentar como una virtud los programas de emergencia que crean para paliar la crisis que ellos generaron”, subrayó el neuquino, que abrió la lluvia de críticas que siguió después con Ana Almirón, Silvina García Larraburu, Anabel Fernández Sagasti, Nancy González, María de los Ángeles Sacnun, María Inés Pilatti Vergara, Ana María Ianni y la propia Cristina Kirchner.

Por el MPN, Crexell anticipó su voto a favor “desde la convicción de la importancia de dar señales que acompañen la gobernabilidad”. “A pesar de nuestras observaciones, entendemos que debemos dar signos de madurez política”, dijo la neuquina, alineada esta vez con su par Pereyra.

En cambio, la puntana Catalfamo advirtió que este Presupuesto “de argentino y popular no tiene absolutamente nada”, y lo consideró “desfasado de la realidad que viven los argentinos todos los días”, al poner como ejemplo que se proyecta un dólar a 40 pesos, valor superado por las bandas cambiarias.

En nombre del radicalismo, Ángel Rozas reconoció que “no es el Presupuesto ideal, pero que es el Presupuesto posible, al que llegamos después de un entendimiento con un grupo importante de gobernadores y de opositores”.

Fuente: Parlamentario.com

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“Los bancos son los ganadores del modelo”

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El 6 de noviembre de 1924 se fundó la Asociación Bancaria ante la necesidad de organizar sindicalmente a los trabajadores y las trabajadoras que luchaban por reducir su jornada laboral de 12 horas.  Por eso, se conmemora cada año el Día del Trabajador Bancario.

El martes pasado, visitaron el estudio de FM De la Calle José Lualdi y Néstor Conte, jubilados del Banco Credicoop y del Provincia, respectivamente. Telefónicamente participaron la ex trabajadora del Credicoop Hilda Abad y el delegado del Provincia Marcos Helbert.

“El Día del Bancario se lo tenemos que dedicar a los 200 trabajadores y trabajadoras bancarios detenidos desaparecidos. El gremio enfrentó la Fusiladora del ‘58 y tuvo 50 días de huelga, enfrentó el achique del país de Frondizi y tuvieron casi 70 días de huelga con casi 6000 trabajadores despedidos. Si no fuera por sus trabajadores no sé si tendríamos Banco Nación y Banco Provincia. (…) Es un gremio de lucha que va camino a los 100 años y que tendrá que, en esa historia, exigir la reconstrucción histórica del sindicato, enfrentando los patrones más poderosos, los ganadores históricos de la Argentina”, aseguró  José Lualdi.

Néstor Conte coincidió en que las conquistas fueron producto de las luchas de los trabajadores y trabajadoras, sin embargo, agregó que “el derecho a las vacaciones, a los días hábiles, indudablemente están sobre la picota permanentemente, porque hoy lo que se está viendo en el caso nuestro como jubilados del Banco Provincia es un ataque a nuestra caja de jubilaciones, una liquidación de una serie de años de aportes al sistema previsional que este gobierno ha violentado con una maniobra de tipo parlamentaria, para lo cual tuvo el concurso del PJ y del kirchnerismo. Volvemos a poner sobre la mesa de negociaciones el ataque a las condiciones de los trabajadores por eso las movilizaciones que se vieron durante todo este año”.

Marcos Helbert comentó que su base gremial está “en un largo conflicto que lleva más de 11 meses y el eje central es el desfinanciamiento y vaciamiento del Banco Provincia. La excusa ha sido la modificación de la Ley Previsional donde la provincia se saca de encima una responsabilidad y se la transfiere al banco. Este es un claro ataque a la banca pública en su conjunto, a los dos bancos más grandes del país: al Banco Nación y al  Provincia, dos bancos públicos de excelencia, donde indudablemente la apetencia del capital financiero se cierne sobre neutros destinos. (…) Hay una estrategia muy clara que es quebrarnos en la voluntad de lucha a lo largo del tiempo”.

“Desde Menem, sobre todo a partir de las crisis financieras de los 90’, (…) las condiciones objetivas de trabajo se modifican y ya aquello que era más tranquilo, por decir así, empieza a ser un trabajo que comienza a generar enfermedades en los trabajadores producto de esa presión que hoy se manifiesta con muchísima más energía. Tenemos muchísimos trabajadores bancarios con carpeta médica producto de esas presiones. Los patrones, los bancos, son los auténticos ganadores de los últimos años, de la dictadura militar para acá fundamentalmente hay perdedores y son las condiciones objetivas de los trabajadores y trabajadoras bancarias”, opinó Lualdi.

Consultado sobre el funcionamiento de los bancos, Conte explicó que “funciona como cualquier prestamista nada más que ya tiene un título, que es una institución. Toman plata y te pagan en un plazo fijo al 20%, se la prestan a alguien que la necesita a una tasa superior y en el caso del Banco Provincia se la prestan fundamentalmente al Estado. Pero los bancos también quiebran, no es que los bancos salen indemnes de las crisis financieras. Acá hay un problema político que es de fondo: los que salvan a los bancos son los propios Estados desparramándoles esa quiebra a la propia población. Cuando a un banco le va mal, le va mal al conjunto de los trabajadores. Y cuando les va bien, a la población no le va bien, le sigue yendo bien a los banqueros”.

“El sistema financiero en la Argentina es usurario y es bastante más parecido al prestamista del barrio, a la vieja financiera que te canjeaba los cheques, que a la necesidad de un sistema financiero que pueda construir un círculo virtuoso. Porque a los ganadores del modelo lo único que les interesa es ganar plata”, sentenció Lualdi.

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G20: espionaje y despliegue bélico

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Desde la Confluencia Fuera G20/FMI denuncian que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) están realizando ciberespionaje sobre los movimientos sociales en el marco de despliegue armamentístico que está desplegando el gobierno para la semana de la cumbre.

“Es un nivel muy alto de la movilización de las fuerzas de seguridad y las fuerzas secretas. No tenemos idea qué implica, si es activar formatos de seguimiento de celulares, de seguimientos tecnológicos, eso nos deja en un nivel de vulnerabilidad muy grande. Es algo muy peligroso que hay que salir a denunciar fuerte”, comentó a FM De la Calle Luciana Ghiotto, economista e integrante de Attac y de la Confluencia.

La consigna de la contra-cumbre es “El G20 no nos representa”. Ghiotto afirmó que  “de ninguna manera están afrontando los problemas reales de un capitalismo en crisis y de un cambio climático tremendo. No está dando respuestas y no hay ni siquiera un interés de dar respuestas de manera cabal”.

Desde la asamblea en rechazo al G20 denuncian que el gasto en materia de defensa y seguridad  durante la cumbre es de 1100 millones de pesos. A pesar de que no se sabe la cantidad de efectivos militares o de las fuerzas de seguridad que participarán en el operativo del G20 y del equipamiento que se comprará para reforzar el operativo militar, el Decreto 125/2018 prevé una operación contractual secreta por razones de seguridad y defensa nacional para la adquisición de material bélico.

“Desde el Ministerio de Seguridad lo están planteando como si la consigna de los movimientos sociales fuera ir a tomar el poder. Nosotros estamos planteando que queremos una resistencia, una crítica. Y las propuestas alternativas que tienen las organizaciones sociales, sindicales, ambientalistas a nivel regional y global. No es que queremos ir a pegarnos con la policía”.

Los ministerios de Seguridad y de Defensa, la Cancillería, la Agencia Federal de Inteligencia y otros organismos del Estado, más el Comando Sur de Estados Unidos, especialistas en temas de seguridad de Gran Bretaña, Alemania, China y Rusia serán quienes queden a cargo de la seguridad de este Foro. Estados Unidos, Rusia y China participarán del encuentro con sus propios equipos de seguridad instalados en el país.

Ghiotto aseguró que “corremos de eje las provocaciones del gobierno, porque la compra de armamento es una provocación. Nosotros evitamos la confrontación barata, porque se tergiversa nuestros objetivos, nuestros métodos. Queremos que se entienda políticamente porqué rechazamos el G20 y la propuesta de Macri del FMI”.

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Revistas culturales en emergencia

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La Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina (AReCIA) declaró en estado de emergencia al sector que incluye 131 publicaciones autogestivas tras analizar la crítica situación expresada en el marco de su asamblea anual en la que se vio reflejado el impacto de la crisis económica en los medios que editan publicaciones impresas. AReCIA advirtió que la situación encierra una amenaza a la libertad de expresión y al trabajo autogestivo.

Según el reciente censo realizado por AReCIA, las publicaciones registraron un aumento promedio del costo de impresión por ejemplar del 60 por ciento. El papel subió un 79 por ciento en sólo seis meses (hasta agosto), superando la devaluación del peso argentino respecto del dólar, que en el mismo período acumuló una suba del 61 por ciento. Además, al estar los soportes web atados al valor dólar, también se genera una instancia de incertidumbre a la hora de planificar la sostenibilidad de los medios.

La encuesta realizada a las publicaciones asociadas entre fines de mayo y principios de junio reveló que las políticas económicas y el impacto en la estructura de costos de las revistas impidieron la salida en papel de un 15 por ciento de los títulos.

Entre las revistas que aún siguen publicando el panorama también es amenazante: todas aseguran haber sufrido -en los últimos meses- aumentos en los costos de producción.

? Un 66,6 por ciento registró aumentos en los servicios de agua, gas y luz.
? Un 59,5 por ciento, en gastos de conectividad (teléfono e Internet).
Los editores también informaron aumentos en alquileres, transportes, correo y servicios profesionales contratados.

En lo que se refiere a la impresión, el golpe de los costos es aún más claro:

?? El 50 por ciento de las revistas redujo su tirada.
?? El 25 por ciento redujo la cantidad de páginas o la calidad de impresión.

Las ediciones que no modificaron calidad de impresión ni cantidad de páginas sufrieron aumentos en los costos de impresión que en algunos casos llegan al 500 por ciento. AReCIA confrontó costos por ejemplar informados por cada publicación en su último censo, en agosto de 2017, con los de mayo de este año. El aumento promedio fue casi del 67 por ciento en 9 meses.

? AReCIA exige a las autoridades políticas nacionales, provinciales y municipales, y en especial a los funcionarios del área de Cultura, que brinden una respuesta ante el estado de emergencia en el que se encuentran las publicaciones gráficas autogestivas de todo el país, en tiempos de creciente concentración y monopolización de los medios de comunicación, con los riesgos que ello conlleva para la existencia de una genuina libertad de expresión.

La situación implica, a su vez, una amenaza para la vida democrática.

Las propuestas:

1. Reparto equitativo y transparente de la pauta pública.
2. Acceso igualitario y protegido al precio del papel, principal insumo del sector.
3. Eliminación del 2,5% de IVA a las publicaciones.
4. Posibilidades de crédito sin tasas usurarias.
5. Democratización del circuito de distribución.

Fuente: Hamartia.

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“Lo que Bolsonaro haga depende de cuánta organización y resistencia haya”

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Jair Bolsonaro coronó este domingo el triunfo fascista en Brasil al obtener el 55,1% de los votos en la segunda vuelta frente a Fernando Haddad, el candidato del PT, quien se quedó con el 44,9% de los sufragios.

Horas antes de la votación, el director de la Izquierda Diario, Fernando Rosso, participó en Bahía Blanca en la charla “Cómo enfrentar a Bolsonaro y la derecha en Brasil” -organizada por la Agrupación Tesis XI en el Departamento de Humanidades- y conversó con FM De la Calle.

El portal de noticias “La Izquierda Diario” tiene ya cuatro años de trabajo digital y se ha posicionado como fuente de consulta de muchos sectores organizados. Rosso comentó cómo surgió el periódico digital: “Si dejamos que solo la derecha utilice los medios más avanzados, como por ejemplo está haciendo ahora Bolsonaro en Brasil, con lo que hizo con las redes sociales, con whatsapp, las fake news, y nosotros nos quedamos en lo conservador de la tradicionalidad de la izquierda, sin cambiar necesariamente, ni las ideas, ni el programa, ni la estrategia y buscamos llegar… (…) Estamos entendiendo que cuanto más masivo no es que aggiornas el discurso pero sí tratás de no hablar en la comodidad de la zona de confort, de la jerga”.

Respecto a la situación de la política actual, Rosso adjudicó parte del avance de las políticas del macrismo a quienes le otorgan gobernabilidad al actual gobierno, entre los que también se encuentran, según él, la mayoría de los sindicatos.

“Hay que trabajar sobre los sindicatos para pensar cómo es la relación entre las conducciones y las fuerzas en Argentina. La diferencia que tenemos con Brasil, es que vivimos un momento sindical, que pese a todo el retroceso que tuvo el movimiento sindical en el mundo, hay una relación de fuerza que se le hace mucho más difícil a Macri, que si pudiese en términos de programa  económico  sería  como el de Bolsonaro o más y no puede.  Me parece que hay que pensar qué utilidad se le da a esas organizaciones porque pensando sólo en términos electorales  o parlamentarios Macri hasta ahora sigue avanzando”.

El periodista y conductor del programa de radio “El Círculo Rojo”, el cual se emite todos los domingos por Radio con Vos, afirmó que hay un sector empresario que comienza a soltarle la mano al actual presidente:  “No porque no tenga acuerdo con lo que Macri plantea, sino porque no creen en la capacidad de lo que pueda hacer”.

“El 17 de octubre  estuvo el aniversario en Tucumán y ahí sectores empresarios como por ejemplo Hugo Sigman, que es dueño de un oligopolio de laboratorios acá y en el mundo, Daniel Vila de América y otros de los que participaron… empezaron a poner fichas en la posibilidad de lo que llaman un ‘peronismo racional’, es decir alguien que gobierne bajo la perspectiva que dejó planteada Cambiemos pero que pueda hacer las cosas: que pueda hacer la reforma laboral, que pueda hacer un ajuste negociado, que pueda menemizarse. Insisto no porque no lo apoyen, sino porque creeen que se está debilitando demasiado y un segundo gobierno agónico de Macri puede ser peligroso para la estabilidad”.

En este sentido, analizó los antecedentes de la llegada de Bolsonaro a Brasil y el avance de la derecha. “Las causas son múltiples y ninguna es despreciable. Si las democracias en general tienen muchas distorsiones, en el caso de Brasil es una cosa distinta. Hubo un golpe institucional que destituyó a Dilma Rouseff en 2016, hubo una gran operación que es la Operación Lava Jato que la encabeza el juez Sergio Moro  y que juzga a unos y deja libre a otros (…), después se dio la proscripción del principal candidato que tenía el 40%  de intención de votos según las encuestas, que es el caso de Lula, (…) todo eso fue favoreciendo a Bolsonaro, más los medios y las fake news”.

“También hay una desilusión sobre todo con lo que fue el segundo gobierno del PT de Dilma, que había empezado un ajuste importante que se expresó en jornadas como las del 2013, manifestaciones en la calle… y que si uno va al núcleo, el motivo de fondo de muchos de los votantes es económico. Nosotros lo vemos y no lo podemos creer, pero tampoco es una tendencia tan loca: estaba Trump, está la derecha italiana; hay como una bronca con los sistemas políticos tradicionales, no necesariamente reaccionaria de conjunto. La gente que ve la corrupción, que la pasa mal y que ve que se enriquece,  tiene una bronca justa. Después si no hay salidas progresivas es muy probable que terminen canalizadas por demagogos de este tipo ¿no?”.

Rosso aseguró que el modelo de Bolsonaro para Brasil “desde el punto de vista económico propone un neoliberalismo radicalizado. Paulo Bede que es el que va a poner como ministro de Economía estudió en el Chile de Pinochet la economía ultra neoliberal. Además propone privatizar un montón de las empresas estatales que quedan en Brasil. Para el tema laboral propuso derecho con trabajo o trabajo sin derechos; propuso declarar como terroristas al MST y al Movimiento Sin Techo”.

“Y no sé si va a poder hacer todo eso, porque una narrativa de Estado de ese tipo puede desatar en términos clásicos una lucha de clase peligrosa para el orden, por lo cual, quizás lo quieran contener las propias Fuerzas Armadas, que algunos dicen que tienen intereses más nacionalistas, o el propio poder judicial que está manejando como árbitro el régimen político y no quiere largar eso. (…)  Lo que Bolsonaro haga depende de cuánta organización y cuánta resistencia haya”.

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Medios comunitarios denunciamos recorte de fondos concursables

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Desde nuestras redes de radios, canales de TV y otros medios comunitarios denunciamos el nuevo recorte brutal que el proyecto de Presupuesto infringe al Fomento legalmente establecido por ley 26.522, agravando a una escala inédita la millonaria deuda que el Estado arrastra con el sector.

Hasta acá, el incumplimiento venía dándose por tres vías: asignando menos de lo que la ley indica; ejecutando menos de lo asignado vía rechazo de proyectos con argumentos absurdos o inexistentes en reglamentos; y estirando meses y hasta años las definiciones y pagos con procedimientos complicados y engorrosos. Esto viene acumulando deudas por: 35 millones de concursos ganados y nunca pagos de 2015, 58 millones de concursos no adjudicados en 2016, 160 millones de concursos todavía en proceso de 2017, 300 millones correspondientes a concursos 2018 aún no abiertos y varios cientos más por diferencias acumuladas entre lo dispuesto por la ley y lo asignado año tras año.

Esta es la primera vez que a todo esto se le suma una baja de lo asignado el año anterior: de 180 millones asignados en el Presupuesto 2018 (contra 300 que correspondían por ley, según recaudación del gravamen a la comunicación audiovisual del año anterior), bajamos a 140 millones para este ejercicio (sobre una recaudación que va a ser obviamente mayor, que el acumulado 2018 es de 258 millones faltando todavía 3 meses).

Esto constituye: una burla a los compromisos asumidos por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) luego de muchas manifestaciones y “mesas de diálogo” que son inconducentes sin recursos; una expresión más del vergonzoso Presupuesto del Ajuste dictado por el FMI; un nuevo ataque al Derecho a la Comunicación y la pluralidad de voces que la ley debe garantizar con este mecanismo; y el agravamiento de un incumplimiento sistemático de esta ley por parte del propio Estado y sus funcionarios, reteniendo o usando para otros fines fondos de asignación específica, lo que es un delito.

Reclamamos:

-A legisladores y legisladoras que no convaliden este nuevo atropello, ni el vergonzoso proyecto de Presupuesto del FMI que lo contiene junto a muchos otros más

-Al gobierno nacional y las autoridades del ENaCom, organismo de aplicación de esta ley y esta política pública, que cumplan los compromisos asumidos y la ley sin más trampas ni dilaciones.

Espacio InterRedes:

Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) / Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CONTA) / Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC Argentina) / Red Colmena (Cooperativas de Trabajo-CNCT) / Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA)

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Absoluciones por trata: “Es un cachetazo a la sociedad”

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El fiscal Antonio Castaño manifestó su bronca en FM De la Calle tras las absoluciones de Víctor Hugo Iglesias y otros dos imputados por el delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual y se mostró confiado en que la Cámara de Casación revoque la sentencia del Tribunal Oral.

El funcionario judicial fue quien realizó junto a su par de la Protex, Marcelo Colombo, la investigación desde 2014 e intervino en la causa hasta su elevación a juicio. “Si en Bahía no hay trata tampoco hay droga”, ironizó al responder dichos de la defensa.

Si bien los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu aún no difundieron sus fundamentos, el fallo estaría basado en “que no existe prueba porque no han podido ser citadas a declarar las víctimas”.

“La idea de los imputados de llevar a juicio a quienes fueron víctimas de este flagelo hace nada más que volver a revictimizarlas. Es imposible que declaren frente a estos personajes que, como todos sabemos, las tienen atemorizadas, las tienen amenazadas, saben dónde viven, dónde se desenvuelven”, dijo Castaño.

Las redes de trata “permiten que esas mismas personas circulen por distintos lugares, cuyos propietarios tienen relación con los propietarios de los demás lugares por donde las víctimas han pasado. Son blanco fácil de poder ubicar”.

Castaño remarcó que entre la prueba “teníamos declaraciones testimoniales brindadas en el ámbito de nuestra Fiscalía Federal con todas las garantías del proceso, porque no solamente he estado yo sino también las defensas de los imputados. Lo que no permitió el tribunal es que esas declaraciones que estaban en forma escrita sean leídas en el debate. Fue a pedido de las defensas, más vale, quieren que las víctimas vayan al lugar y que lógicamente lo que van a declarar no va a ser lo que realmente han pasado”.

Martín Vargas, Víctor Hugo Iglesias, Alfredo García y Eduardo Gutt.

Para ejemplificar las situaciones de riesgo y las intimidaciones padecidas por las testigos víctimas, recordó que para una de las mujeres cuyo testimonio fue “totalmente contundente en cuanto a la operatoria de Víctor Iglesias” tuvo que solicitarle a la jueza Mirta Filipuzzi una custodia permanente ante su domicilio.

Dicha tarea la asumió la Prefectura, la cual informó luego que durante su tarea “se habían acercado distintos personajes a los efectos de, según ellos, invitarla a comer un asado a esta testigo, personajes relacionados con los imputados de la causa”.

“Esto lógicamente va a ser apelado por el fiscal de juicio, el dr. Santiago Roldán. Hay antecedentes en Casación de estas circunstancias, así que tenemos plena fe con el fiscal de juicio que esto va a ser revertido pero queda la sensación de impotencia tanto mía como de toda la gente que trabajó denodadamente en esta causa”.

El fiscal destacó el poder alcanzado por algunos imputados: “Son personas con mucho poder económico, vinculadas normalmente a cuestiones políticas y enquistados en nuestra sociedad como grandes señores, hoy son empresarios y así se seguirán manejando”.

“Lo de Gutt está comprobado.

Hoy tiene la posibilidad de volver a la Prefectura, es una barbaridad desde todo punto de vista”.

El Tribunal Oral dio a conocer el viernes el veredicto tras prohibir la participación del público y la prensa durante las audiencias. El fiscal Roldán desistió de acusar al dueño de El Gran Chaparral, Martín Vargas, quien recuperó su libertad tras los alegatos. Lo mismo sucedió al día siguiente con Iglesias y el ex prefecto Eduardo Horacio Gutt.

El administrador del Bar Broadway, Alfredo García, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por facilitación de la prostitución.

Foto Castaño: De la Bahía.

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En noviembre continuará el Juicio Armada II

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Con la lectura de la acusación arrancó este viernes el sexto juicio por crímenes de lesa humanidad de Bahía Blanca. Es el segundo tramo de la causa que investiga crímenes del terrorismo de Estado ordenados y ejecutados en jurisdicción de la Base Naval Puerto Belgrano.

De los 18 imputados uno solo llegó esposado en un móvil del Servicio Penitenciario. Otros tres se acercaron por su cuenta a Colón 80 desde sus prisiones domiciliarias y el resto hizo lo propio, hacia sedes judiciales de Capital Federal y Necochea, para seguir la audiencia por videoconferencia.

El fiscal Miguel Ángel Palazzani afirmó que el debate mostrará una vez más “el circuito de Baterías, Comando de Operaciones Navales y la comunidad de la Armada Argentina operando junto con el V Cuerpo de Ejército. Vamos a escuchar algunas cosas que ya conocemos como hechos notorios y otras que se van a ventilar por primera vez, con todo lo que significa la realización de un juicio para seguir construyendo la memoria, la verdad y obtener justicia”.

Las próximas audiencias serán el jueves 1 y el viernes 2 de noviembre desde las 15.

El tribunal está integrado por los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu. Mónica Fernández Avello y Walter Larrea representan las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos y de H.I.J.O.S. y APDH, respectivamente.

El fiscal Palazzani destacó ante FM De la Calle que “hay un contexto discursivo, simbólico, de cierta regresión. Es la instalación de discursos que uno pensaba que estaban superados a esta altura”.

“Es una conquista de toda la sociedad argentina, hay un hecho notorio -y eso tiene su significación judicial, es un hecho que no debemos probar ni discutir- que es la existencia del terrorismo de Estado. Y uno viene escuchando en ciertas esferas de producción discursiva reverberancias de la teoría de los dos demonios, de la palabra guerra, de reivindicaciones del sector que fue victimario y no víctima”, afirmó.

Miguel Ángel Palazzani.

Miguel Ángel Palazzani.

Palazzani aseguró que ver “en el público algunos cursos de chicos del secundario” hace que los juicios “tengan sentido”.

Consultado respecto a la generalización de las detenciones domiciliarias, el fiscal explicó que fueron recurridos en Casación y en la Corte todos los casos que consideran injustos o en los cuales los genocidas, incluso con alguna dolencia, pueden ser atendidos dentro del Servicio Penitenciario Federal. “El resultado es este que estamos viendo. Fiscalía no deja recurso ni petición por efectuar. Luego, los que deciden son los jueces”.

Mario José Bilesio.

Mario José Bilesio.

 

Minutos antes del inicio de la audiencia, integrantes de la Agrupación H.I.J.O.S. leyeron un comunicado en el cual repudiaron las domiciliarias y el escaso tiempo dedicado por el Poder Judicial para las causas de lesa humanidad.

“En momentos de profundos retrocesos en materia de derechos humanos y de derechos en general en nuestro país, a lo largo y ancho de Argentina, se sigue juzgando genocidas gracias a la convicción y valentía de los sobrevivientes y testigos, de un sector del Poder Judicial que continúa avanzando a pesar de las dificultades y del compromiso de organismos y ciudadanos que sostenemos los juicios”.

Luis Oscar Conti y Carlos Enrique Lacoste.

Luis Oscar Conti y Carlos Enrique Lacoste.

El secretario de Derechos Humanos de la CTA Bahía Blanca-Cnel. Dorrego, Dante Patrignani, afirmó que estamos atravesando “un momento histórico en el cual desde el gobierno se están ralentizando estas cuestiones y hay una clara política en contra de la memoria, la verdad y la justicia, desde el negacionismo de Lopérfido a poco de asumir el gobierno pasando por el intento del 2×1 se trata de silenciar todo esto y, como organización de los trabajadores, teníamos que estar presentes”.

El dirigente agregó que la designación como fiscal del ex juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez, a pesar de las impugnaciones presentadas por organismos de derechos humanos por su complicidad con los genocidas, va “en la misma dirección que el nombramiento de Carlos Rosenkrantz (como presidente de la Corte) y las presiones hacia los jueces que cumpliendo las normas legales se niegan a seguir las directivas del gobierno. Hay toda una ofensiva del Poder Ejecutivo, de los pro genocidas del gobierno, para que el Poder Judicial se someta a sus políticas”.

Arturo María Quintana.

Arturo María Quintana.

Tras la lectura de la acusación, la Fiscalía adelantó que su alegato contendrá el pedido para que los delitos sexuales cometidos o avalados por varios de los imputados sean considerados de manera autónoma a las torturas, tal como se plasmó en la sentencia del primer debate de la causa.

Las defensas se escandalizaron aun antes de escuchar el planteo fiscal y deberán argumentar su oposición en la apertura de las sesiones de principios de noviembre.

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Juicio por trata: un solo condenado

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El ex presidente de Huracán Víctor Hugo Iglesias y el prefecto Eduardo Horacio Gutt fueron absueltos por el tribunal oral en el mayor juicio por trata de mujeres para explotación sexual de la historia judicial bahiense. El administrador del Bar Broadway, Alfredo García, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por facilitación de la prostitución.

El fiscal Sebastián Roldán había requerido ayer una pena de diez años para Iglesias por trata y facilitación de la prostitución, cinco años y medio para García y cinco años para Gutt. Respecto al propietario de El Gran Chaparral, Martín Vargas, había pedido su absolución por falta de pruebas.

En los próximos días los jueces Luis Salas, Oscar Albrieu y Marcos Aguerrido darán a conocer los fundamentos del fallo. Víctor Hugo Iglesias, quien fue defendido por Maximiliano De Mira y Dámaso Larraburu, deberá afrontar otro juicio oral por una investigación iniciada en 2012.

Antes de la lectura de los alegatos, un conjunto de organizaciones realizaron un llamamiento para que “la explotación sexual no quede impune y que se brinde una reparación integral a las mujeres victimizadas”.

Nora Dinoto, integrante de la Red Local de Violencia de Género y firmante del documento, agregó que consideran a la trata de personas “como una forma de violencia extrema en el que se vulneran todos los derechos; el derecho a la identidad y a la vida misma. Lógicamente la ciudadanía y los organismos que peleamos por los derechos humanos tenemos que estar presentes aquí para reivindicar una vida digna para todas las personas”.

Además opinó sobre la actuación del tribunal: “Tendrían que haber difundido más toda esta cuestión que está en discusión. Hay que evitar la revictimización de las víctimas rescatadas en toda esta situación de trata pero sí quedaron algunas cosas pendientes que nos hubiera gustado que se manejaran de otra manera”.

Miriam Iantosca, integrante de Bahía Contra la Trata, aseguró a FM De la Calle que “se debatió muchos años y costó mucho. Verlos acá y que tengan que rendir cuentas hace que nosotros sigamos luchando, por esto que es una violación a los derechos humanos. A las mafias hay que seguirles los pasos, porque estas mafias mutan, hay que perseverar y permanecer en esta lucha porque es la única manera que vamos a estar rescatando a las niñas, niños y ahora, adolescentes”. Antes de conocer el veredicto afirmó que “lo que queremos es que queden adentro, lo que parece es que puede haber un poco de impunidad”.

Para la concejala de Unidad Ciudadana Gisela Ghigliani el juicio fue “hermético”, con irregularidades y poca información. “Hay algunas cuestiones con las pruebas que fueron bastantes dudosas, en un juicio que ha sido el operativo más grande en la ciudad de Bahía Blanca. Nos preocupa porque seguimos viendo que se declama desde los estados municipales, provinciales y nacionales pero cuando vamos a la práctica, cuando realmente tenemos que demostrar lo que se hace y dar fallos ejemplificadores, todo queda muy licuado. Ellos mismos solicitaron la Declaración de Emergencia en Materia Social de Violencia de Género que sigue vigente y hemos pedido dentro del marco de la emergencia saber qué medidas se tomaron. Acá murieron tan solo este año cuatro mujeres y nos parece que el Ejecutivo al no responderte claramente nos está diciendo qué es lo que hace”.

Al ser consultada por los vínculos de Iglesias con el peronismo y en particular con el dirigente Dámaso Larraburu, Ghigliani dijo que “cuando estuvo en la interna del Partido Justicialista nosotros fuimos en la otra lista y es uno de los puntos que planteamos y, por suerte, ganamos la interna porque nos parecía que era aberrante que figurara como si fuese una persona que pudiera venir a decidir en un espacio político partidario”.

El documento leído este jueves frente al tribunal fue firmado por más de cuarenta organizaciones. La ex diputada nacional Virginia Linares, integrante del Frente Julieta Lantieri, aseveró que “Bahía y Punta Alta le han dado la espalda a la trata de personas, como si no existiera en esta ciudad. La idea es empezar a decir esto: existe en Bahía Blanca la trata de explotación sexual y también la laboral y que hay que empezar a denunciar”.

Verónica Bajo de Acciones Feministas brindó un marco más amplio desde dónde pensar la explotación sexual: “Siempre decimos que la prostitución es la cosificación extrema de un ser humano, de las mujeres en este caso. Es la conjunción máxima entre capitalismo y patriarcado. Usar a las mujeres para hacer un ejercicio de poder sobre los cuerpos es la visibilización más patriarcal que hay. Y no es casual que hoy estemos asistiendo a un juicio que ha sido invisibilizado por los medios donde hay un silencio muy grande y donde hay complicidad. No es casual que sea uno de los negocios más grandes del mundo, tiene complicidad de los estados, de los gobiernos, de los poderes económicos y de la justicia”.

Ana Canullo, integrante de CTA Bahía Blanca-Coronel Dorrego, instó a que “la gente que va a la Cantina Royal  sepa a dónde va, que sepa quién es el dueño de la cantina y dónde se sienta a comer. Evidentemente estas cuestiones de poder son tan dificiles de desenmarañar que es una tarea de las militantes salir a denunciar”.

Finalmente Laura García Vázquez, secretaria adjunta de CTA Autónoma Provincia de Buenos Aires, agregó que “lo importante es todo lo que se ha avanzado en conciencia social. Hace unos años parecía que estar en contra de la trata estaba bien pero daba un poco de miedo. (…) Lamentablemente todos estos delitos aberrantes para la condición humana, y en este caso para las mujeres, cuentan con el apoyo del poder real: económico, político, judicial. Y esa es una batalla muy grande que tenemos que dar por las mínimas garantías democráticas”.

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Lentos pero vienen: arranca el sexto juicio

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Este viernes a las 9 comenzará el debate oral del segundo tramo de la causa Armada. Mientras, se demoran una cuarta parte de Ejército, el juicio a integrantes de la Triple A y otras investigaciones contra responsables civiles del genocidio en Bahía Blanca y la región.

18 imputados, 64 víctimas, casi un tercio de ellas desaparecidas. Las audiencias orales y públicas serán cada quince días en Colón 80. Habrá alrededor de veinte testigos y, probablemente, solo un represor en la sala. El resto seguirá el debate por videoconferencia.

Es el sexto juicio que se realizará en el aula magna de la Universidad Nacional del Sur. Es el lento camino de una etapa del Juicio y Castigo iniciada en junio de 2011.

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En septiembre de 2012 fue la histórica sentencia con condenas de prisión perpetua para 14 genocidas y otras tres de entre 17 y medio y 18 años. El grupo de criminales estaba conformado por integrantes del Comando V Cuerpo de Ejército, del Batallón de Comunicaciones 181, del Destacamento de Inteligencia 181, de la Policía Federal de Viedma y por ex responsables de la Unidad Penal 4 de Villa Floresta.

Además, el fallo incluyó decisiones relevantes en el proceso judicial como fue la orden de abrir y profundizar investigaciones contra genocidas civiles: el clan Massot y La Nueva Provincia, el capellán Aldo Omar Vara y de quienes ocuparon la Secretaría del Juzgado Federal: Hugo Mario Sierra y Gloria Girotti.

En diciembre de 2013, el Tribunal Oral Subrogante de Bahía Blanca difundió el segundo veredicto en la Causa 05/07 que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo jurisdicción del V Cuerpo de Ejército.

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Hubo cuatro penas a prisión perpetua y el resto a once, cuatro y tres meses y tres años y cinco meses. Los siete condenados pertenecían al Batallón de Comunicaciones 181 y al V Cuerpo de Ejército, entre ellos se destacaba un grupo de guardias del centro clandestino de detención, torturas y exterminio La Escuelita.

Los magistrados ordenaron abrir una investigación sobre la responsabilidad del ex juez provincial Francisco Bentivegna durante el terrorismo de Estado y, a modo de reparación, dictaron la nulidad absoluta de una sentencia del Consejo de Guerra del V Cuerpo.

El 25 de noviembre de 2015 el TOF bahiense condenó a prisión perpetua a 18 genocidas y a penas de entre ocho y 18 años a otros cuatro. Los sentenciados fueron miembros de la Armada, el Ejército, la Prefectura Naval, la Policía Bonaerense y el Servicio Penitenciario provincial, quienes cometieron crímenes de lesa humanidad “en el marco del genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívico militar”. Nueve marinos fueron castigados por la violencia sexual ejercida en los centros clandestinos.

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Además, los jueces ordenaron que una vez quede firme la sentencia, “el diario LaNueva. (ex La Nueva Provincia) publique la rectificación, como acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria, de la información oportunamente vertida en ese periódico donde se comunicaba a la ciudadanía” que ocho militantes peronistas “fueron detenidos o abatidos en enfrentamientos militares, cuando quedó debidamente acreditado en este proceso que fueron objeto de secuestro, tortura y, en su caso, fusilamiento por parte del personal militar de la época, haciendo expresa mención de la fecha, página y sección en la cual fueron vertidas tales noticias”.

Por otra parte, se solicitó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que señalice “el predio donde funcionó la Séptima Batería de la Base de Infantería de Marina Baterías” como Sitio de la Memoria del terrorismo de Estado y que el juzgado federal realice en el lugar “trabajos de prospección orientados a recolectar pruebas vinculadas a los hechos ventilados”.

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En mayo de 2017, el comisario Gustavo Abel Boccalari fue condenado a prisión perpetua por secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer a Julio Argentino Mussi. Tras el debate los jueces Luis Roberto Salas, Pablo Ramiro Díaz Lacava y Marcos Javier Aguerrido ordenaron señalizar como “sitio de la memoria del terrorismo de Estado” el predio de Chile y España donde funcionó el centro clandestino de detención de la División Cuatrerismo.

En octubre del mismo año, 21 genocidas fueron condenados a penas de prisión perpetua en el mayor juicio por crímenes de lesa humanidad de la provincia de Buenos Aires. Fue el Juicio Ejército III, en el cual otros nueve represores recibieron castigos de entre tres y catorce años y uno fue absuelto.

El tribunal aceptó nuevamente el pedido de derecho a réplica colectivo requerido por la Fiscalía y ordenó que, una vez firme la sentencia, La Nueva Provincia “publique la rectificación como acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria” de ediciones en las cuales varias de las víctimas aparecen como “detenidos o abatidos en enfrentamientos con militares, cuando quedó acreditado que fueron objeto de secuestro, tortura o fusilamiento por parte del personal militar de la época”.

Luego de realizarse la audiencia preliminar del juicio que ahora comienza, los jueces Jorge Ferro, Martín Bava y José Triputti renunciaron a sus subrogancias en el tribunal oral y fueron reemplazados por Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu.

16 de los imputados serán juzgados por primera vez en la ciudad. Otros dos ya fueron condenados a prisión perpetua en el primer tramo del juicio. De todos ellos, uno solo está en la cárcel.

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