Este lunes y martes, a pesar del boicot oficial, se realizaron los festejos del Carnaval en el centro de Bahía Blanca. Los escenarios montados en la Plaza Rivadavia recibieron a decenas de murguerxs y artistas que aprovecharon los micrófonos para denunciar el desguace cultural que ejecuta el gobierno municipal de Cambiemos (PRO-CC-UCR).
“No se puede desguazar una práctica que es popular. Ustedes no lo saben, porque no huelen a pueblo. Jeden a country y club de golf. Pretender ahogar con falta de recursos esta experiencia hecha de amor y abrazos se explica únicamente porque solo conocen el lenguaje del billete”, leyeron Belén López, Alberto Rodríguez, Sasha Quindimil y Ángel Dantagnan en representación de las agrupaciones de la comunidad artística y cultural que organizaron el festival.
Compartimos el documento completo.
El Estado argentino reconoció el Feriado de Carnaval en el año 2011, tras una larga pelea del movimiento murguero. En 1976 la dictadura había decretado la muerte de los farolitos, los banderines y el encuentro popular a través de esta expresión de larga raigambre en nuestro país.
En 2017, el Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca aprobó la ordenanza que creó el Fondo Municipal de Financiación de Eventos Artísticos y Culturales de organización regular y continuidad en el tiempo, cuya letra prevé la financiación de eventos como el Corso Céntrico.
En cambio, el gobierno municipal de Bahía Blanca, por decisión del intendente Héctor Gay y su referente en cartera de cultura, Ricardo Margo, deciden gobernar abiertamente en contra de la legislación del propio Estado, cuyas normas son los primeros llamados a cumplir.
Como si esto fuera poco, el funcionario público que oficia de Director del Instituto Cultural se refirió, en una conferencia de prensa memorable por el destrato hacia los/as trabajadores/as de prensa, a las murgas como “contestatarias” y “en contra del estado”. Lo primero que hay que decir es que se trata de una provocación de baja estofa. Las murgas son un movimiento diverso que no puede reflejarse (salvo en estos términos de provocación) como una suerte de movimiento anarco-cultural que se propone destruir al Estado. Mucho menos suprimir las miles de miradas que cada barrio propone a una sola ideología.
En segundo término, es preciso desmentir abiertamente tal afirmación: las murgas, agrupaciones murgueras, asociaciones civiles, gremiales y espacios culturales bregamos por un Estado grande y presente, que tome en sus objetivos prioritarios los derechos culturales, tal como ha suscripto este país en su reforma última constitucional. Queremos que cada carnaval sea organizado con las entidades de base de casa territorio en articulación con un Estado que nos tome en serio. Estamos seguros/as de que lo que no queremos son funcionarios que se mofen de nosotros/as y le mientan a la comunidad.
Más allá de la opinión personal de cada servidor/a público/a con respecto a esta expresión popular de la cultura bahiense, reclamamos que cumplan con sus obligaciones con la comunidad o que den un paso al costado.
Ha sido expresado públicamente que el retiro de fondos producido este año hacia el Carnaval es resultado de la orden del intendente de recortar gastos públicos. Somos conscientes de que este ajuste afecta a otros/as trabajadores/as de diferentes área vitales e indelegables del estado (salud, educación, cultura, etc.) y nos solidarizamos con todos/as y cada uno/a que se vea afectado/a por decisiones de política económica cuyo resultado conocemos: marginación cultural y pobreza económica.
Por eso este lunes vamos a carnavalear en el Plaza Rivadavia y les invitamos. Queremos comunicar a nuestros/as vecinos/as lo que está ocurriendo. Queremos que sepan que el gobierno decide atacar a los/as pibes/as que en el barrio trabajan todo el año para tener su traje y cantar en carnaval, en lugar de buscar a los responsables de los déficits contables en las contrataciones abusivas, en los sueldos onerosos de funcionarios de dudosa labor o en los sobreprecios de las empresas amigas.
Queremos que sepan que, por decisión política, hoy en Bahía Blanca han puesto al “Carnaval en desguace”.
Intentan desmantelar los recursos que deberían garantizar, pero desconocen que no podrán contra la energía de la fantasía, del/la bombista o del/la barilarín/a. Cuando hay mucho por decir se canta más fuerte. Y el letrista no se olvida.
No se puede decretar la muerte de los festejos populares. No sé pueden ajustar los pasos y la crítica. No se puede desguazar una práctica que es popular. Ustedes no lo saben, porque no huelen a pueblo. Jeden a country y club de golf. Pretender ahogar con falta de recursos esta experiencia hecha de amor y abrazos se explica únicamente porque solo conocen el lenguaje del billete.
Si quieren transparentar y achicar gastos, expliquen por qué siempre hay fondos para el sector privado (que no juega al libre mercado sino a la patria contratista). El carnaval no tiene nada que esconder. Por el contrario, tiene todo por mostrar. A ustedes la mascarita se les cayó hace rato y su política de ajuste es pura espuma: gastan para los que no necesitan.
Este lunes bailaremos y cantaremos en este Carnaval en Desguace. Y el martes desfilaremos abrazados/as a este amor con brillantina.
“Debe dar tristeza y frío” verlo a solas desde una oscura oficina.
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La empresa Cargill S.A.C.I. despidió más 40 trabajadores, distribuidos en las localidades de Punta Alvear, Villa Gobernador Gálvez y Bahía Blanca. En respuesta, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros lleva adelante un paro por tiempo indeterminado. La medida busca la reincorporación de los operarios. En nuestra ciudad afecta a un operario pero temen que los despidos se extiendan con personal en uso de licencia.
Los dirigentes gremiales esperan que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires comprenda la gravedad de la situación y que, en consecuencia, los funcionarios del ámbito laboral dicten la conciliación obligatoria.
SOEA denuncia que la decisión empresarial no se condice con el “buen momento económico por el que atraviesa” la firma sino con “una estrategia de presión hacia el movimiento obrero sindical aceitero”. Esta situación ocurre en cercanía del momento de llevar adelante las paritarias del sector.
El lunes de la semana anterior, los gerentes locales de Cargill ofrecieron retiros voluntarios. Dieron 48 horas para recibir respuesta. Pocos trabajadores aceptaron. Asimismo, la empresa garantizó al sindicato que no se tomaría ningún tipo de represalia contra esos trabajadores. En cambio, la respuesta concreta tronó ayer: despedidos.
La entidad gremial solicitó la intervención del Ministerio de Trabajo. Finalmente, serán recibidos mañana a las 8:30, por autoridades de la cartera. De igual manera ocurrirá con sus pares rosarinos, a las 9:30.
Hace una semana, el presidente Mauricio Macri se reunió con el CEO de Cargill, David MacLennan, durante su campaña en “búsqueda de inversiones” en la ciudad suiza de Davos.
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Esta decisión nos parece como mínimo prematura porque se encuentra en curso una investigación sobre la responsabilidad de ese y otros agentes en un caso gravísimo como el de la desaparición y muerte de Santiago.
El ascenso de un agente en esas condiciones resulta impropio y desaconsejable, ya que podría suponer cierto aval a practicas represivas ilegales y una provocación a los familiares de las víctimas.
Creemos que la resolución debe ser revocada en cuanto a los gendarmes bajo investigación y así lo exigimos.
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La diputada nacional del FIT Romina del Plá presentó un proyecto de ley que plantea la “suspensión de la transferencia de Cablevisión a Telecom y el control societario de la empresa Telecom por parte de Caablevisión Holding SA”.
El proyecto sostiene que la fusión atenta contra derechos elementales como la libertad de expresión y el acceso a la información y defensa de la “competencia” al favorecer una concentración monopólica tanto en materia de contenidos como de infraestructura, interconexión, transporte, comercialización y exhibición final de flujos de la comunicación, a través de la cual el grupo Clarín consolida una posición dominante.
A su vez, agrega que la fusión no tiene nada que ver con un avance tecnológico, sino que golpea a los sectores y regiones más vulnerables de la población y pone en riesgo la prestación de los servicios en amplias zonas, en particular en las regiones centro y norte del país donde se impone el peso de un monopolio exclusivo de las telecomunicaciones que afecta directamente a los trabajadores, usuarios y consumidores.
La iniciativa propone que previo a cualquier fusión Telecom debe cumplir primero con los Pliegos de la privatización de ENTEL que consiste en el pago del 10% de los Bonos de participación en las ganancias adeudados a todos los empleados vinculados a dicha empresa, y para quienes hayan perdido su relación laboral y/o sus descendientes.
Por último, el proyecto plantea la suspensión de la Fusión de Cablevisión SA con Telecom Argentina SA hasta que se garanticen los puestos y condiciones de trabajo, en un convenio único de la actividad de todos los trabajadores de Cablevisión, Telecom, Personal, Arnet, Fibertel y Nextel.
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Las Abuelas de Plaza de Mayo comunicaron la feliz noticia del encuentro de una nueva nieta, la 127, hija de María del Carmen Moyano y Carlos Poblete, nacida en cautiverio en mayo o junio de 1977 en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
María del Carmen nació en Godoy Cruz, Mendoza, el 9 de mayo de 1954. Era la tercera de cuatro hermanos. Su familia le decía Pichona o La Gorda. Practicaba natación, jugaba al básquet y al vóley en el club Talleres. Cursó la primaria y la secundaria en la escuela Normal, donde fue una muy buena alumna.
Estudió Farmacia y Bioquímica en el Instituto Maza de Mendoza y trabajó en una oficina de Tránsito y Transporte como empleada administrativa. Empezó a militar en la villa San Martín, con un sacerdote -el padre Pedro-, quien luego también sería desaparecido por el terrorismo de Estado. En la villa se instaló un dispensario y se daba apoyo escolar.
Después del primer allanamiento en su domicilio, decidió mudarse a San Juan, a la casa de un tío. Allí conoció a Carlos, con quien formó pareja.
Carlos era sanjuanino, nacido el 2 de noviembre de 1944. Pertenecía a una familia numerosa: tenía once hermanas mujeres. Lo llamaban “Tula” o “Guillermo” y estudió Ingeniería Civil.
La pareja compartió militancia en la organización Montoneros. Luego de seis meses de novios, decidieron vivir juntos. Entre abril y mayo de 1977, María del Carmen y Carlos fueron secuestrados en Córdoba. Ella estaba embarazada de entre ocho y nueve meses. La pareja fue vista por sobrevivientes en el centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba. Luego María del Carmen fue trasladada a la ESMA, donde dio a luz una niña. De acuerdo con los testimonios de sobrevivientes de ese campo de concentración, el parto fue atendido por el médico represor Jorge Luis Magnacco. Recordamos que este genocida fue recientemente excarcelado por cumplir dos tercios de su condena, a raíz de las bajas penas que recibió. La pareja continúa desaparecida.
La búsqueda
Desde el secuestro de Carlos y María del Carmen, sus familias iniciaron la búsqueda y presentaron el caso por la desaparición de la pareja y su bebé en Abuelas de Plaza de Mayo.
En 2012, la Comisión Hermanos de la agrupación H.I.J.O.S Mendoza radicó una denuncia ante la Oficina Fiscal de Asistencia en causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado sobre posibles casos de personas que podrían ser hijas de desaparecidos. Entre ellas, se encontraba la de quien hoy sabemos es la hija de María del Carmen y Carlos.
La Unidad de Derechos Humanos de Mendoza, en permanente interacción con la Unidad Especializada para casos de Apropiación de niños durante el Terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación, llevó a cabo diferentes medidas de instrucción con el objetivo de determinar si la mujer, anotada como hija propia de un matrimonio de esa provincia, vinculado al terrorismo de Estado, era hija de desaparecidos. La investigación concluyó con el requerimiento al Juzgado Federal N° 1 de Mendoza de la prueba genética a la víctima, con la que finamente se corroboró que se trata de la hija del matrimonio Moyano-Poblete.
En el marco de una causa judicial, en octubre de 2017, esta mujer fue citada por el Juzgado Federal Número 3 de Mendoza para realizarse el análisis inmunogenético. En la audiencia judicial intervino el equipo interdisciplinario de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), a solicitud del juez interviniente, para colaborar en el proceso. En los últimos días, a partir del estudio en el Banco Nacional de Datos Genéticos, se pudo determinar que se trata, efectivamente, de la hija de Carlos y María del Carmen.
Una vez más, las Abuelas destacaron la importancia de que quienes tienen datos sobre hombres y mujeres nacidos entre 1975 y 1980 que podrían ser hijos de desaparecidos, los acerquen o hablen con ellos para acompañarlos en el proceso de búsqueda de su verdadero origen.
Hace muy pocos días, desde el organismo anunciaron la restitución de la nieta 126. “Hoy cerramos el año de nuestro 40° aniversario con otra noticia feliz, el encuentro de la nieta 127, a quien esperamos conocer pronto para acercarla a su historia y abrazarla en la verdad”.
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(Por Coalición por una Comunicación Democrática) Nuevamente el gobierno de Mauricio Macri está aprovechando las Navidades, los Días de los Inocentes y el filo del almanaque para traspasar las competencias constitucionales y normativas en la regulación las comunicaciones. Con repudiable creatividad, sin antecedentes internacionales en la materia, concentran en unos pocos grandes grupos el control de un sector estratégico para la economía, la cultura y la democracia.
Así lo hicieron entre gallos y medianoche por sucesivos decretos de necesidad y urgencia a fines de 2015, y van por más en estos días. En nombre de la modernización y la competencia congelaron el ingreso de las empresas de telecomunicaciones (ya autorizadas en 2014 por la Ley 27.078) que amenazaban la hegemonía del operador dominante y así permitieron la creación de Cablevisión Holding (Telecom, Cablevisión, Nextel, Personal, Fibertel, Arnet): el gran jugador del Cuádruple Play, sin rivales a la vista y con mercados asegurados en televisión por cable, telefonía celular, internet y telefonía fija en todo el país. A partir de acá habrá una convergencia en cuentagotas.
La criatura que alumbra la gestión del macrismo está apañada por el ENACOM, un ente regulador de comando automático a las órdenes del gobierno y bajo el ala del ministerio de Modernización. También analizan nuevos decretazos para “compensar” a Telefónica, DirecTV, y Claro. Y en paralelo desmantelan todo vestigio de política pública de acceso gratuito como la Televisión Digital Abierta (TDA) y sus señales de contenidos, cuyos trabajadores están despidiendo en medio de un gran ajuste.
Lo hacen en clara violación de las obligaciones legislativas que la Constitución impone al Congreso en su artículo 75, inciso 19) en cuanto a la promoción y protección del patrimonio audiovisual y cuando aún la Corte Suprema no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad del Decreto 267/15 ante un recurso extraordinario que prosperó, promovido por la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social.
Al suprimir en las leyes 26.522 y 27.078 los límites a la acumulación local y/o nacional de medios y plataformas en un mismo propietario, el gobierno actual ha ignorado tanto la jurisprudencia argentina (CSJN, 2013) como la de Estados Unidos (C.Columbia 2011) y la europea. Todas ellas, mediante diversos pronunciamientos, han sentado con claridad el principio de que la regulación de la concentración mediática constituye “una vía constitucional razonable para garantizar la libertad de expresión” y que el “mercado de las ideas” no puede regularse bajo los principios de libre mercado y defensa de la competencia.
Este fin de año nos encuentra denunciando la mayor concentración de medios audiovisuales y de infraestructuras de comunicación de América Latina. El Gobierno consagra posiciones cuasi-monopólicas mientras precariza el esquema regulatorio legal argentino con decretos o resoluciones que violentan leyes para satisfacer los negocios de un puñado de grandes empresas locales y transnacionales del mercado del entretenimiento, la información y la conectividad. Más aún, dispone con discrecionalidad de un recurso natural finito, escaso y estratégico, como el espectro radioeléctrico, para direccionarlo a la satisfacción del modelo de negocios de un sistema cartelizado de cable, telefonía celular y conectividad de internet al mismo tiempo en que se niegan llamados a concurso para nuevos operadores que aportarían diversidad y pluralismo.
Cualquier nueva voz que nazca en estas condiciones estará en clara desventaja para ser escuchada.
Clausuraron el debate público: no mostraron en estos dos años ningún proyecto que mejore o sustituya a las leyes 26.522 y 27.078, ambas modificadas por el Decreto de Necesidad y Urgencia 267/15. Se habían comprometido a hacerlo en Washington, en abril de 2016, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras haber sido emplazados por presión de numerosos organismos reunidos en la Coalición por una Comunicación Democrática.
Sr. Presidente: usted está a cargo de uno de los poderes de la República. Ni más ni menos. No se extralimite. Respete la Constitución Nacional. Todos tenemos derechos constitucionales. La libertad de expresión es un pilar de la democracia que no puede quedar a merced del mercado, ni silenciada por la represión policial como sucedió con periodistas y fotógrafos que cumplían su labor informativa en recientes manifestaciones públicas.
Permítanos disentir. No nos mande a las fuerzas de seguridad si nos reunimos en la vía pública, ni nos haga investigar, ni eche a los trabajadores que defendemos, ni acalle las voces que pueden dar cuenta de otros puntos de vista.
Permítanos debatir. No esconda su Anteproyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes que por Decreto se comprometió a elaborar hace DOS AÑOS, y viene demorando sistemáticamente su envío al Congreso”.
Recordamos que “el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”. Y sólo lo habilita, “cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes…” (CN art. 99. Inc. 3).
Por la vigencia de los mandatos de la Constitución Nacional sobre Libertad de Expresión, Derechos Humanos y el equilibrio de los poderes de la República.
Reclamamos reglas democráticas que fomenten la diversidad y pluralidad necesarias para fortalecer la democracia hoy amenazada.
Coalición por una Comunicación Democrática
www.coalicion.org.ar
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La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) solicitó ayer una audiencia con el ministro de Defensa de la Nación, Oscar Aguad, para manifestarle su preocupación frente a los cambios producidos en el último tiempo en el equipo de relevamiento y análisis documental de los archivos de las Fuerzas Armadas argentinas, que obran en poder del Ministerio, y que ponen en riesgo la continuidad de esta política de estado.
Estos cambios implicaron, entre otras acciones, el despido de trabajadores de vasta trayectoria, muy valiosos para las tareas de preservación. Con estas decisiones se afecta el funcionamiento de los equipos, y esto podría provocar el deterioro de una política pública crucial para nuestra democracia.
El trabajo que estos equipos vienen realizando desde el Ministerio de Defensa es indispensable para el fortalecimiento de las políticas de verdad, justicia y memoria, ya que no sólo da cuenta de la historia reciente de nuestro país sino que constituye una prueba fundamental para el juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del terrorismo de estado.
En la presentación realizada, la CPM manifestó su preocupación por el rumbo que puede tomar la gestión y preservación de estos archivos, solicitándole que revea estas decisiones y garantice la continuidad en sus tareas de las trabajadoras y los trabajadores. Además, expone su consideración sobre la importancia del trabajo que se viene realizando y la necesidad de sostenerlo como política de estado.
Esta preocupación se basa en el reconocimiento de la importancia que tiene el trabajo con los archivos del terrorismo de estado a la hora de conseguir justicia y conocer la verdad sobre lo sucedido. Desde el año 2001, CPM custodia y gestiona el acervo documental de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense, parte del acervo del Servicio Penitenciario Bonaerense y de la Prefectura Naval Argentina. Todo esto ha marcado, desde nuestros orígenes, una de nuestras misiones fundamentales y redunda en una preocupación constante por la preservación y desclasificación de todos los fondos documentales vinculados al terrorismo de estado.
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El jueves pasado, el gobierno de Cambiemos no logró quorum para aprobar el proyecto de ley de reforma previsional. Frente al creciente rechazo social que generó la difusión de la medida y sus consecuencias (3 meses no contemplados para el cálculo final y aumento menor al que la actual fórmula alcanzaría de no ser modificada), Mauricio Macri negoció con los gobernadores el apoyo de los/as legisladores/as de cada distrito. En cambio, con el congreso argentino rodeado de organizaciones sociales, gremiales y políticas que evidenciaron el corte antipopular de la normativa impulsada, la mayor parte de los bloques retiró su apoyo.
Esa misma tarde, una vez que la diputada Elisa Carrió hablaba de “los violentos” en referencia a quienes se manifestaban fuera del recito y sugirió posponer el debate, su gobierno dio orden de reprimir con balas de goma y otros artefactos. Fueron agredidos jubilados, periodistas y fotógrafos.
La Ministra de (in)Seguridad, Patricia Bulrich, aún no dio a conocer a la opinión pública el protocolo por el cual se regiría el procedimiento represivo. En tanto, el oficialismo intentará dar aprobación al proyecto este lunes. Introducirían una compensación por los tres meses que no son contemplados por la nueva norma. Aunque el nuevo proyecto aún no fue dado a conocer.
A nivel local, varias organizaciones gremiales convocaron a concentrar a partir de las 14 en la Plaza Rivadavia y se llevará a cabo una consulta popular para difundir y discutir la medida.
La reforma y sus víctimas en Bahía
FM De la Calle habló con María Rosa Buffa, integrante del Movimiento Independiente de Adultos Mayores Jubilados “La Norma Plá”.
De reciente formación, el espacio surge “de la necesidad de defender nuestros intereses como jubilados y nuestros derechos. Ahora somos un grupo importante, nos estamos organizando y estamos tramitando la personería jurídica”.
Si bien hay problemáticas que las personas jubiladas enfrentan hace años (PAMI, ANSES, etc.), “nunca como estos dos últimos años”. PAMI no “está funcionando como corresponde en la ciudad: hay problemas con los médicos de cabecera”, que dejan sin atención a muchos/as afiliados/as.
“Justamente ahora cuando necesitamos más atención medica –porque no nos regala nadie esta atención (ya que) lo aportamos en el período de actividad–, nos damos cuenta que no tenemos la atención que merecemos”.
“Como movimiento independiente hemos concurrido a entrevistarnos con el director de PAMI” pero siguen sin respuesta desde 4 meses.
Lo mismo les ocurrió en el palacio municipal: “Hemos solicitado entrevista con el intendente (Héctor Gay) para reclamarle nuestros derechos y toda la problemática de PAMI, ANSES. No nos han atendido” Buffa sostiene que si PAMI “no está cumpliendo con su deber como obra social, se tiene que hacer cargo la intendencia porque nosotros pagamos una tasa de salud en los impuestos”.
A la reforma previsional “yo la llamo ‘ajuste brutal’ porque justamente lo hacen en el sector que menos posibilidades de defenderse tiene. Somos jubilados, no somos de cuarta ni somos descartables”.
“Nos tocó a nosotros y les va a tocar a los que están en actividad porque esto es un ajuste implementado por el Fondo Monetario Internacional en base a la deuda que va adquiriendo el país, que hay que pagarla. Y se paga con la plata de los jubilados porque es donde más plata hay”.
La Norma Plá es un movimiento apartidario. “En las reuniones se trata la política jubilatoria, la política previsional, la que nos afecta a todos. Los centros de jubilados lo toman como que es algo partidario. Tratamos de agruparnos para defender nuestros derechos porque esto se agrava; la deuda hay que pagarla y lo van a hacer con este ajuste de los jubilados que son 140 mil millones de pesos”.
Cuando escucha al presidente y al resto de los representantes, a Buffa le genera “gran indignación, impotencia y bronca porque es el presidente de todos los argentinos. Indignación porque no han cumplido con respecto a los jubilados lo que han dicho. La palabra del presidente se diluyó porque no cumplió nada, al contrario, lo agravó”.
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(Por Mauro Llaneza) El sociólogo Gabriel Vommaro presentó su último libro “La larga marcha de Cambiemos” en diálogo con FM De la Calle.
El coautor de Mundo Pro advirtió que “Cambiemos fue depositario de la demanda republicana por presión de la agenda opositora a nivel social” y que tiene “una especie de reflejo de aprovechar al límite del reglamento todos los recursos que le da una régimen sumamente presidencialista, por un lado, y una justicia muy permeable a intereses políticos”.
Durante la entrevista, realizada semanas antes de la represión desatada ayer alrededor del Congreso mientras se pretendía forzar la falta de quórum para imponer el ajuste a jubiladxs, pensionadxs y familias que reciben la asignación por hijx, Vommaro adelantó que en un clima de tensión permanente “vamos a seguir viendo varios intentos de usar recursos institucionales al límite con tal de obtener beneficios políticos o ventajas más coyunturales”.
-¿Qué etapas reconocés en “la larga marcha de Cambiemos” para llegar al gobierno?
Hay dos momentos críticos fundamentales. Uno, como ya hemos visto antes, es 2001, cuando uno puede decir que hay una especie de convencimiento de diferentes sectores sociales, económicos, políticos, vinculados precisamente con el centroderecha en bases diferentes que entiende que ya no es posible confiar en las élites políticas tradicionales, que los partidos tradicionales no son confiables para hacer los cambios que hacen falta y, por tanto, se requiere fundar un partido nuevo, autónomo, independiente de esos partidos, que incorpore cuadros pero que lo haga en forma subordinada. Un partido autónomo de los “lastres” de esas experiencias anteriores.
Y hay un segundo momento que se da entre 2011-2012 y 2015 que tiene que ver con la intensificación de una polarización social y política y con el convencimiento de otros grupos, que no se habían interesado fuertemente por la actividad política hasta entonces, de que era necesario hacer algo, participar, porque sentían que estaba en riesgo el país y que había algunas cuestiones del manejo de la cosa pública que despertaba temor en ellos.
Es el segundo momento de la politización de los CEOs, los managers, que ingresan a la actividad política y se comprometen con lo que sería luego, en 2015, esta gran fuerza Cambiemos.
-Ahí ya está el partido pero también una serie de organizaciones o fundaciones parapartidarias que fueron una herramienta fundamental para acercar a la política a esos CEOs o managers, a ese sector más refractario a la política…
Exacto, uno puede decir que en parte el impulso a la actividad política tiene que ver con el temor, con la idea de que Argentina estaba yendo hacia una venezualización o algo así pero fue posible capitalizarlo porque el PRO, en ese momento, contaba con estas organizaciones, ONGs parapartidarias, que son parte de lo que diría los márgenes, los entornos del partido, y que estaban muy adaptadas a los modos de comprender la política de estos actores económicos que no se veían haciendo una actividad partidaria común, que no se veían en una actividad de proselitismo clásico, participando de un comité, de una unidad básica o de alguna actividad electoral más convencional sino que encontraron en estas ONG una especie de hogar amigable para hacer política de otro modo.
-¿Y eso permitió –primero en Capital Federal- acercarlos al gobierno, a la función ejecutiva?
Claro, para los hombres de negocios vinculados con la acción lo más importante es encontrar un puesto ejecutivo, encontrar una función de acción en la política. En la Ciudad eso se dio a cuenta gotas, algunas decenas de casos, que no son pocos, de CEOs que ingresaron a la actividad política pero fueron más bien las experiencias que sirvieron como testimonio para luego hacer esta inclusión masiva que se dio en 2015 con el acceso a un gobierno mucho más grande y con muchas más posibilidades de incorporación.
-Mencionás el rol fundamental que tuvieron dirigentes como Bullrich o Dietrich. Bullrich no pareció ser el mejor candidato a senador pero viendo su trayectoria en Cambiemos se comprende porqué llegó a ese lugar.
Exacto, ellos dos son actores claves porque ellos mismos son actores del mundo económico, CEOs que dan el salto más tempranamente a la política y marcan camino, son como una especie de testimonio vivo de que era posible salir de la actividad económica privada, pasar a la actividad política y no morir en el intento, tener un paso exitoso de un lado a otro y encontrar sobre todo un partido amable que los recibía como ellos creían que debía ser su actividad y su rol.
-El libro está basado en muchas entrevistas a los propios managers o CEOs. Más allá del “peligro de chavización”, ¿cuáles son los motivos por los cuales se volcaron, “saltaron” o se “metieron” en la política y con qué objetivos lo hicieron?
Hay una idea de descreimiento en las élites políticas tradicionales. Hay una especie de desconfianza respecto a lo que el Estado significaba, una especie de mirada muy negativa del Estado argentino y hay también una búsqueda de reconocimiento social detrás, la idea de que en Argentina las élites económicas sienten que no son reconocidas como deben serlo. En parte el gran desafío era construir desde el gobierno, desde la gestión, desde un nuevo proyecto político modernizador, una especie de reforma para que las élites sean reconocidas por la ciudadanía como actores con cierta vocación pública cuyo rol es públicamente relevante y no sirve solamente a sus intereses.
-En ese sentido, ¿el gobierno de los ricos, de los managers, puede pensar más allá de sus propios intereses y contener en su modelo a los sectores populares?
Creo que son dos preguntas un poco diferentes. A pensar más allá de sus propios intereses creo que se vieron obligados al acceder al Estado. Muchos actores descubrieron que el Estado era un mundo complejo con intereses muy contradictorios y que también los intereses de quienes pensaban sus aliados no necesariamente coincidían todo el tiempo, había fricciones y tensiones con los propios empresarios. Cuando vos te transformas en Estado tu rol cambia, tu necesidad de orientar, poner reglas a los actores se vuelve imperiosa y, por tanto, actores que antes eran tus pares se vuelven críticos, personas menos amables que lo que eran en las mesas cuando estaban en un mismo lado.
La otra pregunta es la de si hay en Cambiemos un potencial proyecto inclusivo socialmente. Personalmente creo que algunas de las recetas económicas del gobierno recuerdan ciertos reflejos ortodoxos vinculados, por ejemplo, con la idea de que poniendo menos protección para la mano de obra genera más empleo, cosa que hasta ahora no ha sido demostrado por los hechos, fuera de las ideas que tiene cada uno y que con esta idea de que lo público siempre supone un gasto excesivo que hace pensar en ciertos riesgos que corre en todo caso un proyecto inclusivo o las dudas que genera respecto a que Cambiemos pueda generar realmente un proyecto inclusivo en un país en el que el Estado tiene un rol fundamental para producir la protección social, la protección laboral y la inclusión de sectores que no encuentran en la economía formal, hasta ahora, te diría por una cuestión más estructural que histórica, menos coyuntural, que no encuentran un lugar en la economía.
A favor del gobierno juega que tiene un reflejo muy claro de no tensar ningún conflicto social, ante la aparición de conflictividad social, ante la aparición de protestas, ante riesgo de la gobernabilidad social y, por otro lado, ante el riesgo de posibles efectos sociales negativos que conspiren contra sus posibilidades electorales el gobierno siempre maniobra para, a través de los recursos del Estado justamente, quizás en contra de sus ideologías más amplias, jugar en un sentido más inclusivo. Uno puede pensar sin duda que no se puede entender la reactivación económica que se dio en los últimos meses sin tener en cuenta que fue el Estado el motor de eso, no fue la inversión privada que aparecía en el imaginario inicial como el gran salvador de esta patria.
-Respecto al republicanismo tan mentado en lo discursivo, después de dos años de gestión, con varios episodios como la intención de meter jueces supremos por la ventana y por decreto, la detención de funcionarios del “régimen” anterior sin condena y demás, ¿cuánto queda en pie?
Dos cosas. Primero que Cambiemos fue depositario de la demanda republicana por presión de la agenda opositora a nivel social. Recordemos, por ejemplo, los cacerolazos de 2011, 2013, que tenían esa idea republicana como una de sus demandas más aglutinantes. No estoy seguro que, en el caso del PRO por lo menos, haya una agenda republicana propia que preceda a esa aceptación de que era un modo de aglutinar la oposición. Sí en cambio en los aliados de PRO hay una tradición más vasta de defensa de las instituciones formales, por así decirlo. Creo que esta misma tensión se ve actualmente y el gobierno tiene una especie de reflejo de aprovechar al límite del reglamento todos los recursos que le da una régimen sumamente presidencialista, por un lado, y una justicia muy permeable a intereses políticos y, al mismo tiempo, aparecer ciertos actores más minoritarios con cierto peso público que pretenden que la agenda republicana sea una especie de modus operandi permanente del gobierno. Esa misma tensión se mantiene todo el tiempo y vamos a seguir viendo varios intentos de usar recursos institucionales al límite con tal de obtener beneficios políticos o ventajas más coyunturales.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2017/12/gabriel-vommaro.jpg?fit=1020%2C560&ssl=15601020FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2017-12-15 18:02:512017-12-15 18:02:52Cambiemos al límite
La reforma jubilatoria aprobada por el Senado a instancias del gobierno nacional “ha tenido el rechazo unánime de la mayoría de la población”, dijo a FM De la Calle el dirigente de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados (CTA), Marcos Wolman.
“Estamos hablando de (un haber) del 44% de la canasta básica, que es una canasta muy básica, de un adulto mayor, o sea que es realmente de un ajuste, algo que no puede aprobarse en la Cámara de Diputados, estamos luchando para que esto no ocurra”, aseguró respecto al resultado de la fórmula del oficialismo.
Wolman comentó que el proyecto propio de la Mesa “plantea los temas que hay que discutir. En primer lugar, que el haber mínimo jubilatorio no puede ser inferior al salario mínimo vital y móvil y debe cubrir la canasta básica. El segundo, que el haber sea el 82% móvil del trabajador activo, esto no es una dádiva, es un aporte que durante 30, 40 o más años la gente está haciendo para tener un sustituto del salario. Y otro aspecto es que hay que terminar con el manejo de los fondos que se está haciendo”.
La modificación de la Ley 26.417 propuesta por el gobierno nacional para actualizar semestralmente jubilaciones y pensiones establece que se aplicará trimestralmente a partir de marzo, con una fórmula de actualización compuesta por el 70% del índice inflacionario del INDEC, más el 30% de la variación salarial del índice RIPTE.
Según advirtió la Mesa Coordinadora, esto significa que la jubilación mínima actual de $ 7246 en marzo se incrementaría solo un 5,7 % y quedaría en “7659. Si se aplicara en cambio la fórmula vigente la jubilación mínima sería aproximadamente de $8.115.
“Es decir que cobraremos $456 menos por mes. Un nuevo ajuste sobre los magros ingresos de la mayoría de jubilados, que aportamos un salario o ingreso diferido durante toda la vida activa para tener una jubilación digna, sustituto del salario o ingreso”.
Como referencia vale mencionar el costo de la Canasta Básica de un Adulto Mayor, actualizada semestralmente por la Defensoría de la Tercera Edad de CABA, que alcanza un costo de $17.523 y la jubilación mínima, “como viene ocurriendo en los últimos 10 años, y peor aún con esta fórmula, no llegará a cubrir en marzo el 44% de la misma”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2017/12/marcos-wolman-e1513031795639.jpg?fit=895%2C445&ssl=1445895FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2017-12-11 19:38:332017-12-11 19:38:33Jubiladxs buscan frenar el ajuste previsional
En el marco desfavorable que sufre el sector de prensa, el 25 de noviembre el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPreBA) realizó una asamblea en la que reformaron su estatuto, incorporando así a integrantes de medios comunitarios, alternativos y populares. También reclamaron la declaración de emergencia laboral. FM De la Calle habló con Agustin Lecchi, secretario de organización del gremio, quién nos contó las novedades.
El comunicador aseguró que “desde diciembre de 2015 a la fecha al menos 2500 puestos de trabajos se perdieron bajo distintas modalidades: cierre de empresas, despidos directos, retiros voluntarios compulsivos a los que muchas veces los trabajadores no se pueden oponer porque cuando se oponen son despedidos. Es un contexto muy adverso, nosotros lo caracterizamos como el peor momento de los medios de comunicación desde la vuelta de la democracia”.
También explicó que no es una situación que solamente esté atravesando la prensa sino que lo sufren otros sectores de la comunicación: “los trabajadores de distintos oficios de la radio, lo mismo en la televisión con la paritaria del SAT (Sindicato Argentino de Televisión)… está siendo extorsionado con la apertura de los convenios. Los empresarios tienden a violar los convenios colectivos, el estatuto del periodista en este caso, con un Ministerio de Trabajo y un Estado que miran para otro lado”.
El dirigente refirió que el sindicato se fundó bajo el anterior gobierno, y aseveró: “siempre tuvimos una premisa fundamental: es un sindicato de trabajadores. Defendemos los intereses de los trabajadores que están en empresas de medios, (…) y que hacen comunicación en otra situación, como los autogestivos”.
Sin embargo, respecto al debate entre la real situación de los/as trabajadores/as y ‘la grieta’ dijo: “a nosotros los posicionamientos políticos de cada compañero que integra la comisión directiva, los cuerpos de delegados del sindicato obviamente que nos importan pero están en un segundo plano en relación a nuestra pertenencia de clase como trabajadores”.
Y agregó que “la cuestión de la grieta la conocemos muy bien, y conocemos la construcción que hicieron distintos empresarios de medios sobre eso. Pero sabemos que para los trabajadores no hay grieta y que la grieta en todo caso es entre nosotros y los empresarios. Esa fue una definición fundacional nuestra porque nacimos enfrentándonos a (Sergio) Szpolski, a Cristóbal López y al Grupo Clarín”.
En referencia al reclamo de emergencia laboral Lecchi indicó que “la gota que rebalsó el vaso fue el cierre de la agencia DyN. De nuevo el Ministerio de Trabajo no hizo absolutamente nada”. Diarios y Noticias es una empresa que no está vinculada “al crecimiento a través de la pauta oficial de la administración anterior (pretexto rápido que utiliza el actual gobierno)”, sino que es una empresa cuyos principales accionistas eran Clarín y La Nación.
“DyN cerró de un día para el otro dejando a 96 compañeros en la calle. En ese marco, y ya que se cuentan de a miles las situaciones de pérdidas de puestos de trabajo, planteamos un anteproyecto en la comisión de libertad de expresión del Congreso de la Nación para que se declare la emergencia laboral en los medios de comunicación, que prohíba por 180 días hábiles que haya despidos para que podamos tener una navidad sin despidos y que le dé prioridad a la bolsa de trabajo del sindicato para los nuevos puestos que se generen”, arguyó.
La inclusión de medios autogestivos, alternativos y populares dentro de SiPreBA se da en el marco de una reforma del estatuto social del sindicato “que nos había impuesto el Ministerio de Trabajo y lo asumimos para poder sacar la inscripción gremial en el menor tiempo posible”. Dicha medida no incluía minorías, “no permitía que jubilados y compañeros de medios autogestivos tuvieran derecho pleno. Creemos que tenemos un estatuto más democrático que nos pone en mejores condiciones también para enfrentar esta situación”, aseguró.
Si bien a los sindicatos con inscripción gremial simple les falta un segundo estamento (personería gremial) para tener el reconocimiento estatal completo, el secretario explicó que tienen “pleno derechos excepto dos cuestiones: el tema de obra social y la paritaria a nivel cámara. Nosotros sí en algunas empresas discutimos salarios entre la comisión interna de SiPreBA de la empresa y determinada patronal”.
No obstante tres o cuatro empresas, “en un claro ataque a nuestra organización y en connivencia con el otro sindicato –Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires–, en algunos casos tratan de obstaculizar nuestra libertad sindical: no quieren que los trabajadores se organicen libremente. A esto lo estamos judicializando porque es ilegal lo que hacen”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2017/12/sipreba.jpg?fit=3196%2C2219&ssl=122193196FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2017-12-08 13:17:142017-12-08 13:17:142500 trabajadorxs de prensa perdieron sus puestos desde diciembre 2015
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca dio a conocer esta semana los fundamentos de la sentencia del Juicio Ejército III en la cual 21 genocidas fueron condenados a penas de prisión perpetua, otros nueve recibieron castigos de entre tres y catorce años y uno fue absuelto.
2024 páginas tiene la argumentación del fallo de los jueces José Mario Triputti, Jorge Ferro y Martín Bava en el expediente caratulado “FBB 93000001/2012/TO1 caratulada ‘González Chipont Julio Guillermo y otros s/ Privación ilegal de libertad (Art.144 bis inc.1) (Lesa Humanidad)’ Querellante: Secretaria de Derechos Humanos Ministerio de Justicia, seguridad y derechos humanos de la Nación y otros”.
La causa incluía hechos en perjuicio de 105 víctimas calificados todos como delitos de lesa humanidad cometidos en jurrisdicción del V Cuerpo de Ejército desde donde se comandaba la Zona de Defensa Cinco, dividida entre las Suzonas 51 (Bahía Blanca) y 52 (Neuquén).
La sentencia involucró a oficiales y suboficiales del Ejército Argentino, Policía Federal, Servicio Penitenciario Bonaerense y Policía de la Provincia de Río Negro. Por otra parte se abordó la metodología represiva aplicada en los centros clandestinos de detención, torturas y exterminio “La Escuelita”, Batallón de Comunicaciones 181, Unidad Penitenciaria N° 4, Delegación de Viedma de la Policía Federal, Unidad Penitenciaria N° 9 y “La Escuelita” de Neuquén.
Las condenasa prisión perpetua correspondieron a Juan Manuel Bayón, Osvaldo Bernardino Páez, Walter Bartolomé Tejada, Osvaldo Lucio Sierra, Guillermo Julio González Chipont, Jorge Horacio Granada, Norberto Eduardo Condal, Carlos Alberto Taffarel, Víctor Raúl Aguirre, Enrique José Del Pino, Carlos Alberto Ferreyra, Pedro Ángel Cáceres, Jorge Enrique Mansueto Swendsen, Alejandro Lawless, Raúl Artemio Domínguez, Arsenio Lavayén, Andrés Desiderio González, Gabriel Cañicul, José María Martínez, Pedro José Noel y Jesús Salinas.
Además, se dispuso condenar a Jorge Horacio Rojas, Miguel Ángel Nilos y Miguel Ángel Chiesa a la pena de 9 años de prisión; Héctor Luis Selaya, a 6 años de prisión; a Andrés Reynaldo Miraglia, a 3 años de prisión; a Osvaldo Vicente Floridia, a 10 años de prisión; a Oscar Lorenzo Reinhold, a 14 años de prisión; a Osvaldo Antonio Laurella Crippa, a 9 años de prisión, y a Antonio Alberto Camarelli, a 3 años de prisión.
Alberto Magno Nieva fue absuelto por el principio de la duda razonable.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2017/10/sentencia-1.jpg?fit=2914%2C1903&ssl=119032914FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2017-12-07 14:00:192017-12-07 14:00:19Difundieron el fallo del Juicio Ejército III
(Por Liga Argentina por los Derechos del Hombre) Desde su primer acto de disciplinamiento, el Protocolo de seguridad de febrero de 2016, el gobierno de Macri, con la anuencia de un amplio sector del Poder Legislativo y Judicial ha transitado un sendero de achicamiento de los espacios democráticos y liquidación de las garantías constitucionales transformando al Poder Judicial en un burdo instrumento de persecución política y disciplinamiento.
Con el encubrimiento de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, que luego se comprobó que fue seguida de muerte por inmersión e hipotermia en el río Chubut, denunciamos una y otra vez que se estaba liquidando el Estado de Derecho manteniendo las apariencias pero disolviendo lo importante de dichas garantías que tienen que ver con el grado de libertad en que viven los argentinos.
Es imposible no vincular estos hechos con el avance de los EE.UU. sobre Jerusalem, la sanción de una ley de Excepción en México, el fraude electoral en Honduras y el incumplimiento de los Acuerdos de Paz en Colombia y de mejores relaciones EE.UU. Cuba a la que se la sigue bloqueando y saboteando.. Mucho más que diez operacones Condor.
El crimen de Nahuel, la persecución a los Mapuches y a Facundo Jones Huala, la decisión de la Corte Suprema de dar por validos los engendros jurídicos de Morales en Jujuy, los avances de las fuerzas estatales que portan armas sobre el conjunto de la vida social, la sumisión ciega a las políticas de EE.UU. de destruir cualquier espacio de autonomía a nivel mundial, son algunos de los pasos que nos traen a esta situación de intentar encarcelar a quienes defendieron un acuerdo entre naciones soberanas, que fue avalado por el Senado y que además, colmo jurídico, nunca se ejecutó y por lo tanto es nulo de toda nulidad.
Hoy Bonadio, como antes otros y muchos jueces de Comodoro Py han vuelto a la tradición genocida de los Jueces de la dictadura militar, aquellos que avalaban las desapariciones forzadas y los crímenes encubiertos como enfrentamientos. La restitución de la identidad de la nieta 126 debería servirles de advertencia que nada es para siempre y que la verdad triunfa al final de toda lucha histórica.
Convocamos a una respuesta unificad de todas y todos los que quieran vivir en una sociedad que tenga limites jurídicos y garantías de sus legítimos derechos.
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En el marco de la avanzada del gobierno nacional contra la Ley de Salud Mental y Derechos Humanos dialogamos con el periodista y escritor Pablo Galfré, autor de La Comunidad (Editorial Sudestada), investigación sobre las clínicas San Camilo y San Antonio.
En estas comunidades es frecuente el uso de la violencia, el maltrato y en algunos casos la muerte: “En mí libro hay tres muertos que son Felipe, Saulo y Matías; y ahora se suma un cuarto muerto que es Franco Ruíz Díaz. Saulo y Felipe mueren en San Camilo, Matías muere en San Antonio. Ahora me enteré de un muerto, que no está en mi libro, que murió en 2013, también en San Antonio”, dijo Galfré a FM De la Calle.
“Felipe es el único que no tiene causa judicial. Las otras tres causas, de las cuatro, las tiene el mismo juez de Garantías, Ceballos, y ninguna de las causas avanza salvo la de Saulo, que es el motor del libro. Es increíble como un juez de Garantías tiene tres muertos en dos lugares y no hace nada al respecto. Los jueces de Garantías tienen las manos un poquito más atadas que un juez de la Justicia Federal”.
Respecto a las causas de las muertes ocurridas en las comunidades, Galfré aseguró que “Saulo se suicida dentro de una celda; Saulo estaba privado de su libertad dentro de la comunidad y dentro de una celda de esa comunidad. No dio para más después de un año y pico de internación, con diabetes tipo 1, a su vez que sufría de depresión, y resolvió terminar con su vida por sus propios medios, pero aclaremos que eso es un homicidio culposo, porque Saulo estaba privado de su libertad dentro de una celda de 16 metros cuadrados con un colchón tirado en el piso”.
“En el caso de Matías, murió de un paro cardiorrespiratorio traumático porque era alérgico a la penicilina. Él estuvo toda la noche asfixiándose y termino muriendo asfixiado por un síndrome asfíctico y un edema pulmonar, sin nadie que lo atienda al cuidado de niños de quince años, que eran los responsables de la guardia de esa noche. Y Franco Ruíz Díaz, es la causa que todavía no me he metido del todo, si bien la he leído, aparentemente se suicida en su habitación, pero en la autopsia se describe que no tenía ningún rastro de droga en sangre, ni legales ni ilegales. Cuando era una persona que tenía que estar medicada porque aparentemente padecía de esquizofrenia”.
El modus operandi que tienen estas comunidades terapéuticas para con sus internos implican hasta patotas para ir a buscarlos a partir del acuerdo con las familias: “Axel (otro de los internos), para darte ejemplos prácticos, estaba en su casa de San Isidro durmiendo; de repente tres patovas grandotes entran, patean la puerta, se lo llevan y le dicen: ‘vení que nos vamos’. Axel piensa que es un secuestro extorsivo, ve a su madre llorando le dicen: ‘ahí está tu vecino, saludalo’, lo agarran como si nada y lo suben a un auto”.
“Si una persona se fugaba la iban a buscar, si esa persona iba a la comisaría a pedir ayuda, la comisaría avisaba a la comunidad o si esa persona llamaba a sus familiares y les decía: ‘papá te espero en el peaje’, el papá avisaba a la comunidad y Martín Iribarne, el dueño de la comunidad, iba con un empleado de seguridad o con algún paciente de la comunidad que iba ascendiendo de fase, entonces la comunidad como que lo ponderaba de alguna manera y le decían: ‘bueno, ahora vos sos un operador terapéutico encargado de seguridad’, y lo llevaban como mano de obra barata a secuestrar a sus propios compañeros” aseguró.
Sobre el rol que cumplen las familias en este sistema, Galfré comentó que hay dos variables: “Está la variable del familiar que no sabe absolutamente nada de nada y piensa que su hijo, por el mero hecho de fumar marihuana es adicto, entonces ponen en google ‘quiero internar a mi hijo’, y saltan estas páginas: San Camilo, San Antonio o Alejandro Merenzon. Y sino están los familiares de quienes, desde hace años desgraciadamente, tienen un consumo muy problemático (…) que pasaron por otros tratamientos ambulatorios y ninguno les funcionó, los familiares por la desesperación de ya haber internado a sus hijos en otras comunidades, y que se hallan escapado, terminan recalando en estas comunidades que funcionan de forma carcelaria”.
El rol del Estado
En relación las responsabilidades que el Estado tiene en estas comunidades, Galfré sostuvo que tiene que ver con “la ausencia total de políticas de drogas en este país desde siempre”. “Más allá de la implementación de la Ley de Salud Mental, que la aplaudimos, y ahora tenemos que salir a defenderla con mucha garra, creo que ya es absurdo que en nuestro país (…) rija el prohibicionismo por un lado y por otro, el abstencionismo. Y después sí, está obviamente, el no control de estas comunidades”.
“La Ley de Salud Mental yo la aplaudo, pero de 2010 a la fecha la verdad que el gobierno anterior, al que también por momentos aplaudí, a veces sentado y a veces de pie como digo en el libro, nunca se impulsó: las casas de medio camino, los tratamientos ambulatorios, los hospitales de día o las internaciones en los hospitales generales. Por eso, estas comunidades se hacen el caldo de cultivo y por eso el Estado no las controla, porque las necesita de alguna manera”.
Respecto de si estas comunidades recibían algún tipo de subsidio por parte del Estado, Galfré comentó que “San Camilo y San Antonio no. San Camilo hasta el año 2010, recibía subsidios y después no”.
“La Ley de Salud Mental de alguna manera le coartó los mecanismos. Lo que sí, la última vez que yo chequé, hace dos años, la SEDRONAR subvencionaba a 110 comunidades terapéuticas. Ya no importa tanto si son comunidades abiertas o cerradas, este sistema de comunidades terapéuticas en general no funciona”, finalizó.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2017/12/FOTO-1-1.jpg?fit=1300%2C735&ssl=17351300FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2017-12-05 15:47:542017-12-05 15:47:54La Comunidad: viaje al abismo de una granja de rehabilitación
Entre el 10 y 13 de diciembre Argentina será sede de la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Este organismo integrado por 164 miembros se plantea como objetivo central ocuparse de las normas que rigen el comercio entre los países. Paralelamente, se realizará una Cumbre de los Pueblos que impulsa el Encuentro Nacional contra la OMC, una iniciativa mundial que busca articular resistencias contra el libre comercio y discutir las alternativas al sistema económico actual.
La “Cumbre de los Pueblos: fuera OMC-Construyendo Soberanía” está integrada por redes y organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos, territoriales, estudiantiles, de mujeres, políticas, campesinas y anti-extractivistas y desarrollará su “contracumbre” a través de un extenso cronograma entre el 7 y el 13 de diciembre en la ciudad de Buenos Aires.
Leandro Morgenfeld, historiador, profesor de la UBA, investigador del CONICET e integrante de la organización comentó a FM De la Calle las confluencias históricas que hoy se retoman con esta iniciativa desde el proyecto del No al ALCA en 2005 hasta Argentina Mejor sin TLC (2016), todas ellas advirtiendo el escenario posible ante el avance de los mega-acuerdos con las grandes empresas y el libre comercio.
“Vamos a tratar de demostrar cómo los pueblos de todo el mundo nos organizamos para decir que no estamos de acuerdo con la agenda de las grandes trasnacionales, que es la que se va a discutir esencialmente en la cumbre formal en Puerto Madero y no sólo vamos a criticar esa agenda sino que vamos a plantear una serie de alternativas”.
Además Morgendfeld caracterizó la XI Reunión Ministerial de la Organización Mundial de Comercio como “un espacio donde se aboga la idea, principalmente en los países no potencias, de la supuesta ‘vuelta al mundo’ a cambio de que éstos tomen las agendas de los países centrales, pero de manera acrítica”.
“Ya hemos experimentado en nuestra historia muchas veces que cuando abrimos nuestra economía, cuando desregulamos al gran capital, cuando desde el gobierno se alienta una ofensiva contra las clases populares, se generan malas condiciones para la mayoría de la población, re-endeudamiento y crisis con un posterior estallido, como hemos tenido tantas veces en nuestra historia reciente”.
Respecto a casos anteriores de injerencia de la OMC en países vecinos, el investigador señaló a México como uno de los antecedentes para visibilizar las consecuencias de estos acuerdos.
“México firmó en el año ‘94 el NAFTA con Canadá y con Estados Unidos, es decir con dos potencias de una asimetría enorme, y en mas de veinte años lo único que ha hecho México es reprimarizar su economía, depender como nunca antes de EEUU trayendo a sus trabajadores condiciones nefastas. La idea de que se iban a igualar los salarios entre México, EEUU y Canadá se comprobó como absolutamente falaz. México tiene niveles históricos de pobreza, hay una criminalización de las clases populares enorme y desde que se inició la famosa guerra contra las drogas impulsada por EEUU, tiene un índice de asesinatos por año que son récords históricos; es decir una situación gravísima producto de subordinarse a las grandes potencias”.
La “Cumbre de los Pueblos: fuera OMC-Construyendo Soberanía” tendrá su apertura el 7 de diciembre en la Plaza de Mayo con una Marcha de las Resistencia de las Madres Línea Fundadora. Los días siguientes habrá paneles, mesas/debate que tendrán como ejes programáticos a la situación de los trabajadores y trabajadoras, la soberanía sanitaria, el poder corporativo y la deuda, bienes comunes, soberanía energética, entre otros.
Además se realizará el lunes 11 de diciembre un Foro Feminista contra el libre comercio que concentrará a mujeres, trans, lesbianas, gays, mujeres migrantes, campesinas e indígenas retomando el antecedente del 2005 cuando en el Encuentro Nacional de Mujeres de Mar del Plata este colectivo se sumó al reclamo ¡Fuera Bush! ¡No al Alca!
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(Por Paula Ércoli) El escenario que propició el gobierno al comunicar las propuestas de reformas en las condiciones laborales, previsionales y educativas en el último mes, empujó a un conjunto de organizaciones, sindicatos y movimientos sociales y políticos a analizar el panorama integral que se desataría si el Congreso las aprueba.
“En este momento de una ofensiva tan brutal hacia la clase en su conjunto, el tema es poder confluir, aglutinar esas luchas que están y que se van a ir multiplicando, en ese sentido es que convocamos a este encuentro. Los que estamos acá, estamos convencidos que la única forma de enfrentar esto es con lucha, unidad y organización”, dijo Ana Canullo, secretaria general de la CTA Bahía Blanca-Coronel Dorrego, al abrir un encuentro abierto de trabajadores/as el sábado en SUTEBA.
Analizar, discutir las consecuencias y acciones conjuntas si el Congreso da el visto bueno a estas reformas, fueron los objetivos, ya que vendrían a profundizar las medidas de ajustes, tarifazos, despidos y ataque a los gremios.
La iniciativa se suma a la lista de acciones conjuntas realizadas en los últimos meses: movilizaciones, actos y convocatorias que muchos espacios organizados están impulsando para aunar fuerzas y tácticamente construir unidad de acción.
Con la asistencia de casi 60 trabajadores y trabajadoras el intercambio analizó el estado actual de algunos sectores. Respecto al sector cultural, el panorama es de una cerrazón por parte del estado. El desguace cultural propiciado por el cierre de los museos locales durante los fin de semana, la persistente precarización de los y las artistas locales y su falta de promoción, el cierre de hecho de la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar, la utilización ilegal del Fondo Municipal de las Artes y el congelamiento del Fondo de “eventos permanentes”; fueron algunos de los puntos mencionados por integrantes de la Unión de Músicos/as del Sur y del Centro de Estudiantes de Artes Visuales.
Las intervenciones vinculadas al sector educativo resaltaron la precariedad de las instituciones y su consecuente falta de presupuesto, el peligro de la privatización de la formación docente por parte del Estado, la profundización de la precariedad económica de la comunidad educativa, entre ellos no sólo los y las docentes, sino también el conjunto de las familias trabajadoras.
El sector estudiantil terciario puso sobre la mesa su preocupación y refirió a la necesidad de pensar nuevas formas de expresar los reclamos, apostando siempre a los esfuerzos por la reconstrucción necesaria del movimiento estudiantil. De esto último emergió la Coordinadora de Centros de Estudiantes de las escuelas terciarias artísticas, instrumento construido para otorgar mayor amplitud y unidad a los reclamos del sector, con el arte como herramienta comunicacional.
En el ámbito judicial la situación va en consonancia con el resto, pero las dificultades fueron profundizadas por el desgaste de la base de trabajadores/as en el marco por la disputa salarial.
La necesidad de encontrarse para poner en común, busca obtener consensos en las diferencias y ampliar los marcos de discusión; la cultura organizativa siempre aparece cuando los sectores de poder y algunas connivencias, intentan avasallar derechos conquistados. Es en este marco donde resurgió la necesidad de pensar la nueva configuración del poder, unificar disputas que se dan ante la vertiginosidad del contexto de manera parcial con vocación real de victoria.
Estas reformas “son la validación de una política que en los hechos ya estaba sucediendo”; el desafío ahora es seguir discutiendo cómo se gana la conciencia subjetiva y de clase para constituir una resistencia contra-hegemónica firme y persistente que les ponga freno. El jueves 30 de noviembre el Senado, donde Cambiemos es minoría, aprobó con 43 votos afirmativos el proyecto previsional acordado previamente con los gobernadores; la Ley de Responsabilidad Fiscal y el Pacto Fiscal también se encaminaron hacia Diputados.
Existen puntos en cada uno de los anteproyectos que si bien “oficializan” situaciones de precariedad existentes incorporan otras que se suman a deteriorar aún más la configuración social actual.
En el caso de la reforma previsional, uno de los puntos que más rechazo genera es el cambio de la fórmula de movilidad, lo cual encubre un recorte de las jubilaciones en comparación con el régimen vigente. Respecto a la laboral las críticas son variopintas, ya que vendría a derribar conquistas históricas. Lo inusitado de todo esto es que “la CGT no hizo nada para pararlo, por el contrario le facilitaron el camino al gobierno”, concluyó una docente antes de dar cierre a la jornada.
Luego de tres horas de intercambio las y los trabajadores que formaron parte de este encuentro arribaron a las siguientes propuestas:
-Expresar la voluntad de construir la mayor unidad para rechazar la reforma integral, laboral, previsional, educativa y de salud, como así también el Pacto Fiscal entre el gobierno nacional y lxs gobernadorxs.
-Resistir las iniciativas para desconocer y fragmentar la organización sindical. Defensa de los sindicatos como herramientas de lucha de la clase trabajadora.
-Ampliar la mirada y la convocatoria a otros sectores, como movimientos sociales, movimiento de mujeres, pueblos originarios.
-Condenar los hechos represivos y a la criminalización de la protesta. Denunciar la persecución a los pueblos originarios y la política del gobierno, en favor de las grandes empresas dueñas de miles de hectáreas en la argentina. Justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
-Organizar una campaña de información, dirigida a trabajadorxs en general, especialmente a quienes no están organizadxs sindicalmente.
-Rechazar el decreto municipal de congelamiento de vacantes y la política de desguace cultural.
-Apoyar las demandas de los movimientos sociales para declarar la emergencia alimentaria y social.
-Repudiar los tarifazos en gas, energía eléctrica y el aumento del boleto de colectivo.
-Aprobar e impulsar las acciones de lucha en unidad de trabajadorxs comenzando por la jornada de lucha del 6 de diciembre.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2017/12/cta-reformas-e1512420087271.jpg?fit=960%2C472&ssl=1472960FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2017-12-04 17:50:192017-12-04 17:50:19Encuentro de trabajadorxs contra el ajuste
El gobierno de Bahía Blanca propuso una nueva ordenanza para instalar antenas emisoras de radiofrecuencias denunciadas por especialistas de diferentes ámbitos por su riesgo para la salud. Desde la ONG Salud Ambiental en Acción Bahía Blanca invitan a asistir a la audiencia pública el 13 de diciembre a las 9 en el Concejo Deliberante. Las inscripciones cierran el 5 de diciembre.
FM De la Calle habló con Gladys Girotti, integrante de la ONG, quién aseguró que leyeron el documento y pusieron “a disposición todos los profesionales que nos asisten permanentemente, a fin de sacar una ordenanza lo más protectora posible y al mismo tiempo que asegure las comunicaciones”.
Sin embargo reveló que no fueron consultadxs a la hora de redactar el documento. De todos modos, “desde el Ejecutivo dicen que este es un primer proyecto, que irá a debate y a comisión del Concejo Deliberante el año que viene” con los aportes que se realicen en la audiencia pública.
“Por eso pusieron el proyecto a consideración online donde las personas pueden entrar a la pagina, dar una opinión de cada uno de los artículos de la ordenanza, una opinión general y elevar una propuesta”, explicó.
Girotti manifestó que la propuesta del oficialismo “es paupérrima”, a pesar de que “la ordenanza anterior dice que no se podían instalar [antenas] en escuelas, centros de salud y demás, nunca se hizo cumplir”.
Además, “el tema es que no resolvemos nada con que te instalen una antena terreno por medio de una escuela si no bajamos la potencia a la que emite. También [la ordenanza] tiene en cuenta bajar la altura de las torres, quedarán bastante más lindas pero estamos acercando más la radiación a la cabeza de la gente”. El proyecto propone que los soportes sean compartidos por más de una empresa, por lo que “estamos sumando más cantidad de antenas en el mismo soporte”.
Girotti aseveró que el documento “no habla de principio precautorio, no habla de salud, no habla de medio ambiente, no habla de contaminación, no se hace cargo de lo que son las mediciones”. A modo de ejemplo mencionó el Polo Petroquímico que “se puede comparar en el sentido de que el municipio tiene que tener elementos de medición para luego reclamar ante los organismos que correspondan sobre la contaminación que está generando”.
Sin embargo, manifestó que “el municipio tiene que realizar mediciones”. La ordenanza anterior tenía prevista participación ciudadana porque las mediciones si están hechas en puntos fijos o en puntos donde no hay radiación –la radiación de una antena no es pareja alrededor de la antena, tiene puntos muertos donde no hay señal– la medición no va a dar un resultado acertado. “La radiación hay que medirla de acuerdo a un protocolo”, explicó Girotti.
Reiteró la importancia de opinar y participar sobre el proyecto: “Es muy importante que lo hagan, sabemos que las audiencias no son vinculantes y que tenemos un Concejo Deliberante formado de doce contra doce, […] pero es una batalla que tenemos que dar. […] Quisieron dar un primer paso de debate, y esta bueno que se arranque por algún lugar, pero hay mucho para construir encima de esta ordenanza”.
La inscripción y el debate online se puede realizar hasta el 5 de diciembre en: www.bahia.gob.ar/dialogos/antenas y la audiencia pública está programada para el miércoles 13 de diciembre a las 9 de la mañana en el Concejo Deliberante.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2017/12/unnamed.jpg?fit=770%2C433&ssl=1433770FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2017-12-01 23:15:312017-12-01 23:15:31Audiencia pública sobre antenas
(Por Mauro Llaneza)”El mapuche es un pueblo que sabe de 1700 y pico de comunidades del lado chileno, unas 70 en la provincia de Neuquén, unas 120 en la provincia de Rio Negro, unas 80 en la provincia de Chubut y a esa descripción hay que sumarle tres o cuatro organizaciones por ciudad en las más importantes, Neuquén, Fiske Menuco, Bariloche y demás. La RAM, si es que todavía existe, es una”, dijo el periodista Adrián Moyano a FM De la Calle.
El autor de “Crónicas de la resistencia mapuche” (2008), “Komütuam descolonizar la historia mapuche en Patagonia” (2013) e “Inakyal” (2017) destacó que “la comunidad agredida tiene una particularidad porque se entronca con la sabiduría más profunda del pueblo mapuche. Aquí se está formando una joven para que sea machi en algún momento determinado” y por recomendación de quienes la están formando “debería vivir en un lugar donde estén más a disposición los lawenes, los remedios de la cultura mapuche
“Estamos en la disputa de dos lógicas muy antagónicas. Para una lógica lo que prima es la propiedad, la seguridad jurídica -de ellos, obviamente- y no hay margen para dialogar con una cultura donde las lógicas descansan sobre los mensajes de los newen, los pewma, los trances y los machi”, agregó.
-Circulan videos de una región completamente militarizada en el marco del clima represivo que ya lleva dos muertos en los últimos meses en el marco de la persecución al pueblo mapuche. ¿Cómo está la situación?
En primera instancia hay que discriminar la información. Aquí el viernes tiene lugar una reunión en el marco del G20 con funcionarios de segunda línea y el despliegue que están haciendo circular por videos tiene que ver con garantizar la seguridad de esa cumbre. Lamentablemente se superpone con este clima de militarización que bien apuntabas que se vive en la ciudad desde hace unos diez días aproximadamente cuando empezaron a verse despliegues de unidades que son de por aquí para, después supimos, propiciar el desalojo de la comunidad que intenta una recuperación en la zona de Villa Mascardi desde hace unos meses.
Pero como bien decías, la demanda o la situación de represión viene de más larga data. Una mirada de largo plazo arrojaría que esta situación tiene unos 130 o 135 años cuando se perpetró la Campaña al Desierto pero se agudizó cuando el actual gobierno llegó al poder, un gobierno que forma parte o es del sector que se benefició directamente de la Campaña al Desierto, no hace falta más que ver el apellido y el origen social de varios de sus ministros y que coincide además con esta búsqueda de lluvia de inversiones por parte de la administración actual, varias de ellas emparentadas con la profundización del modelo extractivista y varios de esos proyectos están en territorio mapuche.
Así que uno entiende que esta construcción del nuevo enemigo interno y de tender a naturalizar situaciones de represión como la que se vivió el último sábado se explica por este esquema, por esta ecuación económica del gobierno de Cambiemos.
-Hablanos de la historia de la lof Lafken Winkul Mapu y de Parques Nacionales, más allá de la imagen que tenemos de un territorio supuestamente preservado…
Parque Nacionales históricamente sirvió para que el Estado triunfante después de la Campaña al Desierto estableciera sus marcas sobre el antiguo territorio mapuche, o sea, la gente en general, sobre todo la que viene como turista a Bariloche, a San Martín de los Andes, Neuquén, tiene una imagen bastante idílica de Parques Nacionales pero la historia de esta institución del Estado en relación al pueblo mapuche se asocia al despojo, al desalojo, inclusive a destrucción de viviendas.
Recuerdo en 1995 cuando fue el conflicto de Pulmarí, en la zona de Parque Nacional Lanín, la gente me contaba cómo recordaba cuando era niña que guardaparques habían demolido sus casas a tiro de caballos. Esta imagen un tanto asociada al conservacionismo de esta institución del Estado hay que matizarla con lo que fue su práctica histórica. Esta relación quiso cambiar a partir del conflicto de Pulmarí cuando se establecieron las prácticas de comanejo que están vigentes, que implican que en Parques Nacionales donde hay comunidades indígenas hay comisiones de comanejo para que los propios mapuches, en este caso, y los demás técnicos de Parques Nacionales establecieran planes de manejo en las zonas a preservar.
Hubo un conflicto anterior en 2015 cuando varias personas mapuches de distinta procedencia intentaron recuperar un espacio territorial en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en el lugar que se llama Ñirihuau Arriba, y ahí la reacción del Estado fue bien distinta a la actual, si bien hubo denuncias en juzgados federales hubo instancias de conversación, de diálogo con otros poderes del Estado y, más allá de situaciones que competen a la interna del pueblo mapuche, es el espacio que hoy considera como suyo la comunidad Huenu Ñirihuau.
Aquí la reacción fue totalmente opuesta, la gente que está participando de la experiencia, la comunidad agredida, tiene una particularidad porque se entronca con la sabiduría más profunda del pueblo mapuche, aquí se está formando una joven para que sea machi en algún momento determinado, es un proceso que viene de varios años y esta joven vive en un barrio castigado de San Carlos de Bariloche y, por recomendación de sus orientadores, es decir, de sus machis que la están formando en este proceso, ella debería vivir en un lugar donde estén más a disposición los lawenes, los remedios de la cultura mapuche, y se eligió un predio que está muy cerca de Villa Mascardi que es aquí a 36 kilómetros del centro de la ciudad.
Esta comunidad estaba fundamentando su proceder en esta afirmación de la cultura mapuche pero evidentemente estamos como suelo decir, en la disputa de dos lógicas muy antagónicas, para una lógica lo que prima es la propiedad, la seguridad jurídica -de ellos, obviamente- y no hay margen para, en este contexto, dialogar con una cultura donde las lógicas descansan sobre los mensajes de los newen, los pewma, los trances y los machi. No hay margen para la comprensión, como quedó en la víspera documentado una vez más a partir de las declaraciones de la ministra de Seguridad.
-Hasta ahí no me hablaste ni de armas, ni de la RAM, ni de un Estado propio. ¿Hay algo de eso en los discursos de las comunidades con las que tenés contacto en la región? ¿Qué opinás de la RAM y qué relación tiene con esta comunidad?
El Estado como forma de organización de lo público, es decir, como institución vertical que monopoliza la coerción y se establece a través de jerarquías es una lógica ajena a la del pueblo mapuche. El pueblo mapuche nunca, si bien desde 1550 en adelante tuvo que lidiar con las formas estatales que trajeron los españoles primero y desde fines del siglo XIX con la usurpación estatal chilena y argentina, el pueblo mapuche nunca aspiró a construir un Estado porque es ajeno a su idiosincrasia.
La manera mapuche de ejercer la política tiene que ver con la horizontalidad y la circularidad y con la ausencia de centralización política. Lo que, dicho sea de paso en opinión de quien te habla, favoreció una resistencia de 360 años aproximadamente desde la llegada del español hasta la Campaña del Desierto y la Pacificación de la Araucanía.
Así que construir un Estado a la manera del Estado moderno, con fronteras, límites y organización burocrática y justamente el ejercicio vertical del poder es ajeno al pueblo mapuche. Ninguna organización mapuche activa reivindica formaciones estatales para garantizar o para arribar a la libre determinación.
Cuando me preguntan sobre la existencia de la RAM yo respondo más o menos de esta manera: el mapuche es un pueblo que sabe de 1700 y pico de comunidades del lado chileno, unas 70 en la provincia de Neuquén, unas 120 en la provincia de Rio Negro, unas 80 en la provincia de Chubut y a esa descripción hay que sumarle tres o cuatro organizaciones por ciudad en las más importantes, Neuquén, Fiske Menuco, Bariloche y demás. La RAM, si es que todavía existe, es una. Una experiencia de unos peñi y lamngen que evidentemente eligieron en su momento radicalizar su protesta pero inclusive los sectores mapuches de más trayectoria o de más representatividad han tomado distancia de la RAM, hace unos dos meses aproximadamente o más, con un comunicado que hicieron público y trascendió mediáticamente.
La descripción que ganó los grandes medios de comunicación en los últimos días sobre un grupo casi guerrillero bajando de la sierra aquí en Villa Mascardi es absolutamente una creación de vaya a saber quién, en este caso parecería ser de Prefectura con el aval del Ministerio de Seguridad. No tiene ningún correlato con la realidad, bueno, invito a la gente a que vea los diarios de la zona para que entiendan a quién mató esta bala de la Prefectura, esta bala del Estado represor y entenderá que muy lejos está de la realidad esta instalación de una amenaza a la seguridad nacional aquí en los lagos de la cordillera.
-Ayer Radio Mitre decía impunemente que la RAM es similar al ISIS…
En todos estos meses, ante inquietudes de compañeros y compañeras como en este caso, yo digo que no es nueva esta demonización del pueblo mapuche, en su momento se lo asoció a las FARC, a ETA, o sea, a la organización guerrillera que estuviera más o menos de moda en el sentido de atemorizar a la clase media argentina. No tiene ningún punto de contacto con la realidad y hablando y pasando en limpio aquí tenemos desde agosto de 2017 hasta la actualidad, un compañero muerto y un peñito muerto y los responsables son las fuerzas de seguridad del Estado. Si me preguntas a mí, son las auténticas amenazas a la seguridad de la gente en estos espacios territoriales.
-¿Qué reconstrucción hiciste de lo sucedido este fin de semana con la muerte de Nahuel y cómo está ahora la comunidad y los heridos?
La reconstrucción que yo puedo confiar no es muy distinta de la que circula en los medios de comunicación. Yo sugiero que la gente que quiera informarse que lea En Estos Días, un portal de aquí de Bariloche o mismo El Cordillerano, a pesar de que es un medio comercial.
Fue asesinado por la espalda este peñi en el marco del operativo que decidió el juez federal. Yo estaba en Buenos Aires cuando sucedió el episodio participando de la jornada sobre Genocidio y Política Indígena que organizó la Red y retorné el domingo por la tarde. Los compañeros y compañeras que estuvieron acompañando y cerca del proceso me cuentan que el sábado hubo mucho nerviosismo, en aquel momento el objetivo era que las fuerzas de seguridad no bajaran ningún compañero o compañera más porque era muy fácil caer en las provocaciones. Felizmente se apaciguaron un poco los ánimos, ahora hay distintas instancias mapuches y no mapuches que están reclamando un espacio de diálogo y negociación con Parques Nacionales, con las distintas dependencias del Estado, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que es el gran ausente en todo este conflicto.
Desde Nación las órdenes son otras, a la luz del tenor de las declaraciones de la ministra en la víspera, parecen obviar que aquí hay gente que sufre, hay gente que llora, la insensibilidad no tiene límites porque esa conferencia de prensa tuvo lugar cuando estaba teniendo desarrollo el velatorio de Rafael, de manera que es una… estoy cerca del insulto pero es una insensibilidad a toda prueba la que está ejerciendo esta funcionaria y el gobierno al cual responde pero en definitiva por estos días se está tratando de establecer algún vínculo de diálogo más allá de que jurídicamente ya se está presentando la APDH para acceder a la causa.
-¿Y quedan dos detenidos?
Tengo entendido que hay dos peñis que están detenidos y hay peñis que están en la comunidad heridos, no quieren bajar porque hay una de ellas que es testigo presencial del asesinato de Rafael y comprensiblemente teme por su vida. Así que está tratando de establecer un marco de negociación para poder declarar, para poder brindar la información que requiera el Poder Judicial si efectivamente tiene la vocación política de investigar qué sucedió allí.
-Leía un testimonio este fin de semana que decía que en Bariloche había sectores que celebraban que se habían asesinado a un indio, ¿esto es así?
Hubo un comunicado formal de la Cámara de Comercio celebrando el desalojo o el intento de desalojo del jueves último, porque el desalojo no se perpetró del todo, pero fue datado con anterioridad a la muerte de Rafael. Lo que no quiere decir que efectivamente a nivel grupos de whatsapp o publicaciones en redes sociales haya celebraciones por este fallecimiento.
A uno le llama la atención que este gobierno que llegó al poder con el mensaje de concordia, de la alegría y del reencuentro entre los argentinos hace un rato largo que está profundizando el odio, la xenofobia, el racismo. Cuando un observa como es el proceder de las fuerzas de seguridad ante otro tipo de movilizaciones, inclusive en el conurbano bonaerense o mismo en la capital o provincias en los últimos tiempos no ha habido este despliegue. Uno tiene que recordar que hubo un operativo con 300 efectivos, policías, cortes de ruta por parte de las fuerzas de seguridad en cercanías de donde está teniendo lugar la recuperación de Pu Lof en Resistencia en Cushamen y donde los que participan de esa ocupación o recuperación son no más que 15 peñi y lamngen y el despliegue de las fuerzas de seguridad es muy desproporcionado.
Otro tanto sucedió aquí. Evidentemente está actuando el racismo como política por parte de este gobierno con la complicidad de las fuerzas de seguridad y también del Poder Judicial. De manera que uno puede decir que es el Estado en su conjunto el que está desnudando su raigambre colonialista, su raigambre racista y sin ningún disimulo, sin ninguna sutileza, así que para los oyentes y oyentas de la radio, tengan en cuenta que no hay que aceptar acríticamente lo que dicen los grandes medios de comunicación.
Aquí lo que se está apuntalando es una lluvia de inversiones que espera hace rato este gobierno, que implica una profundización del extractivismo y varios de esos emprendimientos tienen previsto desarrollarse -ya se están desarrollando- en espacio territorial mapuche. Lo que está sucediendo es una especie de puesta en escena para naturalizar escenarios de represión y disfrutar del consenso de algún sector de la ciudadanía argentina.
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![Vommaro. Cambiemos [tapa]](https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2017/12/978-987-629-778-3.jpg?resize=1500%2C2228&ssl=1)
