Lo dijo a FM De la Calle el testigo directo de crímenes cometidos por la banda de la Triple A bahiense y querellante en la causa judicial, Alberto Rodríguez, tras conocer que el Poder Ejecutivo Nacional publicó el decreto 427/2016, firmado por el presidente Mauricio Macri y el ministro de Justicia, Germán Garavano, aceptando la renuncia del camarista Néstor Luis Montezanti.

“En segundo lugar, se declaró cobarde. Y en tercer lugar, el pueblo le pagará la jubilación de por vida, al haber el PEN aceptado la renuncia a alguien que va a ser condenado”, agregó. En este sentido, Rodríguez se preguntó: “¿Qué haría el Poder Ejecutivo ante algún morocho con gorrito dado vuelta si lo detienen por robo de gallinas y se arrepiente? ¿Lo liberaría? Creo que no. Por lo tanto, como siempre, la clase dominante exculpa a sus aliados y condena a los humildes. Nada nuevo bajo el sol”.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación debía resolver este mediodía si removía o no al ahora ex juez acusado por mal desempeño de sus funciones. Montezanti había sido  suspendido en septiembre por el Plenario del Consejo por sus vínculos con la Triple A y su pasado como personal civil en el Destacamento de Inteligencia 181 durante el terrorismo de Estado.

Según manifestó Rodríguez “había elementos suficientes para que el fallo del jury fuera desfavorable para el ex camarista. Si presentó la renuncia una semana antes es porque un señor como Montezanti tiene las amistades necesarias para contarles los votos y avisar cómo le iba a ir. Él sabía que iba a ser condenado”.

Por su parte, el titular de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre, José Schulman, organismo que había pedido al PEN que rechazara el pedido de renuncia, sostuvo que “lo más importante desde el punto de vista de la consecuencias es que pierde los fueros: pasa a ser un ciudadano común. Ahora el juzgado de instrucción de Bahía Blanca no tiene otra opción que llamarlo a declaración indagatoria” en el marco de la causa Triple A en la cual está imputado junto a cinco integrantes de la patota que se encuentran detenidos.

“El poder lo sigue defendiendo. Faltaban dos días para leer la sentencia. ¿Por qué razón se apura Macri a aceptar la renuncia?”, se preguntó el dirigente y recordó que el jury del Consejo de la Magistratura “se constituyó por dos denuncias: una es la de los trabajadores judiciales de Bahía Blanca que durante mucho tiempo han denunciado toda clase de maltratos, agravios, actos del machismo más brutal”.

“Y en segundo término, nosotros hemos apoyado desde siempre una antigua denuncia de Alberto Rodríguez, primero y de Dante Patrignani, luego, sobre la vinculación del doctor Montezanti con la Triple A”.

La imputación hacia el ex camarista como integrante de la Triple A “fue discutida hace muchos años en un juicio que el propio Montezanti abrió contra Rodríguez por supuestas injurias y agravios. Fue el primer momento en que se discutió la cuestión de la Triple A en Bahía Blanca. Fue una batalla realmente importante, donde pudimos confrontar dos maneras de entender la vida”.

A su vez, Schulman invitó a considerar la renuncia de Montezanti como “una victoria enorme, ética. En general las ratas huyen de los barcos cuando los barcos se hunden. Pobre Montezanti que es una rata pero que tuvo que huir de un barco que en realidad está en el momento más glorioso: ha recuperado el gobierno, el sobrino de Massot es presidente del bloque (del PRO), Macri habla de la teoría de los dos demonios con una impudicia… pero los procesos son contradictorios y nuestros más de 10 años de lucha fructificaron ahora”.

Con el acuerdo arribado para cancelar la sentencia de la Justicia estadounidense con los “fondos buitres”, se consuma un nuevo fraude a la sociedad argentina.

Esta vez por 15.000 millones de dólares, que es el monto a pagar en efectivo a los acreedores, y que se obtendrán de una nueva colocación de títulos de la deuda pública, que alcanzaría un stock de deuda por 300.000 millones de dólares, y habilita a nuevas rondas de préstamos que agravará la hipoteca de nuestro pueblo.

Los especuladores financieros (buitres) compraron bonos depreciados en plena cesación de pagos de la Argentina, y ahora cobrarán con una renta increíble que oscila, según sea cada título, entre 400 a 1.000%. Más que un gran negocio, se trata de una estafa gigantesca.

Una estafa convalidada bajo un gobierno constitucional, ratificando la reiterada lógica de todos los turnos gubernamentales desde 1983, quienes renegociaron la deuda pública surgida de manera ilegal, ilegitima y odiosa en tiempos de la dictadura genocida.

En rigor, se viene escamoteando la investigación sobre la deuda, un tema que logró incluirse en la ley de pago soberano que ahora pretenden derogar para habilitar el acuerdo con los buitres y la justicia de Nueva York. La comisión bicameral incumplió con la presentación de un informe a fines del 2015.

Nuestro país legaliza en cada turno de gobierno el endeudamiento espurio y se niega a auditar las deudas, desconociendo, incluso, fallos de la justicia local (sentencia de Ballesteros, del año 2000) y otros procesos judiciales en curso.

Ahora se celebra el fin del default asumiendo más deuda, con la convicción de que será punta de partida de un crecimiento que reproduce la lógica de producción, distribución, intercambio y consumo para beneficio de la élite empresarial que usufructúa el trabajo social.

Es curioso como ayer se celebraba el desendeudamiento y ahora se continúa con pagos y nuevas rondas de deuda. Son relatos de la alegría para profundizar la pérdida de soberanía a 200 años de la independencia.

Además, las deudas de hoy se exigirán pronto y restarán recursos fiscales para satisfacer derechos sociales de alimentación, salud, educación, energía, entre muchas necesidades insatisfechas. La nueva deuda es una de las caras del ajuste, aunque el tema se presente como única salida que convoca al consenso de toda la población.

Ganar en conciencia social movilizada para suspender los pagos, mientras se audita la deuda, sería un camino alternativo.

(Por Francisco J. Cantamutto) Trascendió por anuncios informales que los fondos buitres más litigiosos habrían arreglado con Argentina. ¿Capítulos finales de la entrega del país?

Tal como explicábamos hace poco, el gobierno de Macri lanzó una campaña de arreglo con los fondos buitres en litigio en las cortes de Nueva York. Se busca conseguir el acuerdo con estos houldouts a toda costa, abiertamente reconociendo la posibilidad de ceder ante cualquier reclamo. Es un paso clave para el nuevo gobierno, pues según sus propias declaraciones, es el instrumento para reanudar la relación del país con los mercados de crédito internacionales. En buen criollo, retomar el camino de la deuda. El programa de salvaje ajuste que está llevando adelante el gobierno requiere de fuentes de financiamiento para evitar una crisis fiscal y económica generalizada.

En este marco, el ministro Prat Gay –antiguo funcionario de la banca JP Morgan- había anunciado sin mayores precisiones una oferta de pago por 6.500 millones de dólares. Este monto está envuelto en múltiples imprecisiones.  Por un lado, se presentó esta propuesta como una quita frente a una deuda total en litigio de 9.000 millones de dólares, pero hasta ahora se ha negociado con acreedores por menos de 5.000 millones. Prat Gay señaló que para pagar a estos acreedores, emitiría deuda por 15.000 millones. Esta cifra sigue por debajo de los 20-30.000 millones que el mismo ministro señalara como el total de holdouts previamente. En síntesis, no sabemos cuánta es la deuda sin arreglo, cuánta la que está en litigio, con qué proporción se está arreglando ni cuánto nos costará.

El acuerdo no es aun firme. Se trata de una indiscreción del abogado de los fondos buitres Matthew McGill, que reconoció públicamente que NML Capital y Aurelius –los fondos administrados por Paul Singer- estarían de acuerdo con la oferta. Como se trata de los dos principales buitres en materia de juicios a la Argentina en las cortes de Nueva York, socios en la acción con el juez Griesa, esta noticia fue leída como el anticipo del cierre del problema. Con otros dos fondos que ya aceptaron, la negociación estaría casi cerrada, estando pendientes solo precisiones técnicas de la talla de los plazos y formas de pago. El mediador Daniel Pollack se enojó por este anuncio por fuera de la negociación formal, pero ninguna fuente desmintió los dichos.

Griesa debería levantar las cautelares que emitió en los últimos 4 años para permitir el arreglo. El juez demandó para ello que el gobierno logre el acuerdo del Congreso. Por eso, el jefe del bloque de diputados de PRO, Nicolás Massot, ya explicó que enviará en breve el proyecto para derogar las leyes que complican el pago. Se trata de la Ley Cerrojo (N° 26.017) de 2005, que prohibía la reapertura del canje de Kirchner de ese año, y la  mal llamada Ley de Pago Soberano (N° 26.984) de 2014, que declaraba de interés público el pago de la deuda y comandaba a investigarla al mismo tiempo. La Ley Cerrojo se suspendió en dos ocasiones ya (2010 y 2013) para permitir el pago con acreedores que no entraron al canje en 2005. La comisión creada para investigar la deuda mediante la Ley de Pago Soberano no ha producido ningún efecto real. Al enviar la iniciativa al Congreso, el PRO busca compartir la responsabilidad por la deuda con las fuerzas políticas mayoritarias, una auténtica política de Estado contra el pueblo, de las que demandan los analistas ligados al empresariado. Gane quien gane, que no se toquen los fundamentos de la economía.

Se cerraría así, una vez más, la oportunidad de auditar la deuda y repudiar el pago. Investigar y repudiar es la única posible salida soberana al problema de la deuda. Una operación ilegal e ilegítima que no puede extenderse más en el tiempo. La política de pagos seriales no logró resolverla a pesar de haber puesto a disposición miles de millones de dólares: la voracidad del capital no tiene límites.

La propuesta de Macri representa un retroceso fuerte en la materia. Referentes de Scioli y Massa salieron a respaldar la decisión, dándonos la razón respecto al acuerdo común que tenían en esta materia. Se trata de rendirse ante las fracciones más predatorias del capital financiero, sin obtener nada a cambio. Si los capitales entran al país luego de esta operación, se tratará de nueva deuda para financiar el ajuste que se está llevando adelante: es decir, si esta operación tiene “éxito” será una derrota mayor para todo el pueblo, que se ve obligado a vivir en peores condiciones para pagar la deuda que no lo benefició en nada.

Foto: Vía Rosario

La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca confirmó la falta de mérito del dueño de La Nueva Provincia, Vicente Massot, imputado por crímenes de lesa humanidad, y declaró abstracto el pedido de nulidad de lo actuado por el abogado Claudio Pontet, quien benefició al empresario en marzo de 2015.

Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia habían cuestionado aquel fallo ante la Alzada local, cuyo ex presidente Néstor Luis Montezanti presentó ayer la renuncia al cargo -en el cual estaba suspendido- jaqueado por un jury que le reprocha su pasado como personal civil de inteligencia del Destacamento 181 y sus vínculos con la Triple A. Con la lectura del veredicto establecida para el próximo jueves, el Ministerio de Justicia deberá decidir si acepta o rechaza la dimisión. En la causa Massot se había involucrado para exonerar al juez Álvaro Coleffi.

Ayer, Pablo Candisano Mera y el camarista marplatense Jorge Ferro firmaron la sentencia y dijeron que, “por el momento”, no se encuentra acreditada la responsabilidad de Massot como coautor de los homicidios de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola y de haber efectuado “aportes esenciales” en los secuestros, torturas y asesinatos de otras 35 personas a través de tareas de acción psicológica desplegadas por su multimedio.

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Pablo Candisano Mera.

En cuanto a la validez de la intervención de Pontet, Candisano Mera validó sus actos y afirmó que su designación no adolece de vicio alguno y, en ese sentido, el Consejo de la Magistratura solo se limitó a no ratificarla”. Ferro contrapuso que el letrado “no estaba en condiciones legales ni reglamentarias para acceder a tal cargo” aunque coincidió en que finalmente el pedido fiscal, con el juez fuera de la causa, “cae en abstracto”.

Los magistrados manifestaron que las operaciones psicológicas, según su lectura de las normativas militares, eran planificadas y desarrolladas por los uniformados y que “el control y fiscalización gubernamental de los medios de comunicación en la lucha contra la subversión también estaba consagrado reglamentariamente”.

“No es posible considerar como lo hacen los fiscales que toda esta responsabilidad recayera en una empresa privada, o en un civil, siendo más lógico y razonable, a la par de legal y reglamentario, que el Jefe de Operaciones de la Zona 5 se valga de aquellos elementos que le puedan resultar útiles en su planificación, resultando La Nueva Provincia ineludible en esta ciudad y alrededores, especialmente por su posición en el mercado local y su enfoque ideológico abiertamente expuesto”, dijo el autor del primer voto.

El veredicto compartió la “cuasi legalidad de la época” planteada por Pontet reconociendo los decretos del gobierno de Isabel Perón para “aniquilar la subversión”. “En ese marco de violencia política, dado fundamentalmente por el accionar, por un lado, de agrupaciones como Montoneros y el ERP y, por el otro, de grupos parapoliciales apañados por el Estado como la Triple A, el golpe militar no fue resistido por la sociedad, sino más bien aceptado, en algunos casos con resignación, en otros con entusiasmo, en especial en los medios de prensa”.

Como “para ciertos sectores de la sociedad”, entre ellos la empresa de la familia Massot, “la subversión armada era un peligro actual, real y palpable, por lo que la acción psicológica militar sobre ella, solo tendría que acentuar el miedo sin necesidad de convencer. Por ello es que no puede considerarse acreditado que el diario y/o sus directivos tuvieran un conocimiento previo y certero respecto de la realidad de la lucha contra la subversión”, entendió Candisano.

Al amparo de la “libertad de prensa”, agregó: “De allí también que la línea editorial, si bien no era muy diferente antes, alentara y proclamara la necesidad de aniquilar la subversión de la que legítimamente podían sentirse blanco, y dicho mensaje no era más que el oficial y, aún sin saberlo, hasta legal, según los cánones de legalidad de la época”.

La Fiscalía ubicó al actual director del diario dentro del “núcleo duro” de administración del multimedios, en una segunda línea compartida con su hermano Federico, subordinada a la madre de ambos, Diana Julio. Para ello destacan su carácter de dueño, de ser el encargado de representar internacionalmente a la empresa, de queintervino en forma directa y personal en los conflictos laborales haciendo labrar actas notariales, que tuvo reuniones con jerarcas de las fuerzas represoras y que cobraba sueldo como editorialista. Los jueces opinaron que nada de ello fue probado.

Por ejemplo, su rol de correo entre los genocidas Guillermo Suárez Mason y René Azpitarte, en medio de una interna militar, no significa “elemento cargoso alguno, pues dada la presencia prácticamente hegemónica del diario a nivel local y regional, resulta razonable que guardaran buenas  relaciones con las distintas autoridades asentadas en la ciudad, ya sean nacionales o  provinciales, civiles o militares”.

“La extensa y compleja imputación fiscal fue tratada en profundidad por el a quo y descartada por falta de elementos probatorios que la confirmen, pues no se ha acreditado que el imputado tuviera algún grado de participación en los hechos endilgados, teniendo en cuenta la edad, lugar de residencia  y su actividad al momento de los hechos”, culminó Candisano Mera.

ferro efemedelacalle

Jorge Ferro.

El marplatense Jorge Ferro, presidente del Tribunal Oral que ordenó investigar el rol de La Nueva Provincia tras condenar a 17 represores del V Cuerpo de Ejército, firmó que “hasta el momento no se han podido acreditar” los delitos imputados, “pues la sola circunstancia de publicar ciertas ideas más afines a  gobiernos dictatoriales o una línea editorial que muestra el perfil que sostiene el diario La Nueva provincia, no obstante que no se compartan tales ideales, por sí solo no dan la idea acabada de haber formado parte del plan criminal y formar una asociación ilícita a partir del Terrorismo de Estado”.

“Si bien he dicho en la causa N° 982 que le resulta arbitraria la consideración que los militares ‘utilizaron’ a La Nueva Provincia y admitieron una acción psicológica, imputar por ahora a todos los directores de diarios sería aplicar la lógica de libre convicción ya que, insisto, hasta el momento no  se valoró elemento alguno que lo acredite”, escribió.

En la misma línea, subrayó que “tampoco ha sido demostrado ni siquiera indiciariamente” que “el imputado asumió voluntaria y conscientemente su parte en el plan delictivo, realizando actividad de inteligencia, en las especialidades  de selección de blancos, construcción del enemigo, actividad psicológica de persuasión, compulsión y sugestión de la población, enmarcada incluso en los reglamentos militares, hasta el momento y con la indulgencia de las pruebas que exige este estado procesal”.

El presidente Mauricio Macri recibió el martes a organismos de Derechos Humanos “preocupados por algunas decisiones que viene tomando la nueva administración en esta materia”. Junto a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo concurrieron Haydeé Gastelu, por Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora; Carlos Pisoni por H.I.J.O.S; Lita Boitano por Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y Gastón Chillier por el CELS quien comentó los resultados del encuentro a FM De la Calle.

-El presidente Macri recibió a los organismos luego de negarles una audiencia a principios de año y delegar esa tarea en su jefe de gabinete Marcos Peña, ¿qué significado tuvo poder concretarlo ahora?

Por esa razón me parece que el encuentro en sí mismo es una buena noticia, como lo planteó Estela de Carlotto y el CELS también comparte mucho esa idea, los organismos desde la transición democrática hasta ahora hemos participado y hemos aportado muchísimo para la construcción de las instituciones democráticas y políticas respetuosas de los derechos humanos.

En ese sentido, tener este encuentro con el presidente de la Nación fue un avance y también fue un avance poder plantear toda la agenda de preocupaciones que tenemos los organismos en temas de derechos humanos, desde la agenda tradicional -ahí creo que fue el único punto en que hubo un compromiso explícito de apoyo a los juicios por crímenes de lesa humanidad y donde no va a haber regresión- hasta los otros temas que hubo diferencias y que en particular el CELS plantea con mucha preocupación como es el tema de la represión de la protesta social a partir del protocolo del Ministerio de Seguridad, de la criminalización de la protesta a partir de la detención irregular de Milagro Sala por protestar al principio y ahora por otros delitos pero sin resolución judicial por su situación procesal, la cuestión de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la vuelta al paradigma donde el mercado prevalece sobre el derecho a la comunicación y los temas de violencia institucional y policial donde hubo un intercambio con el presidente sobre la represión brutal de Gendarmería a los integrantes de una murga, niños muchos de ellos, de la Murga Los Reyes del Ritmo de la Villa 1-11-14 y el apoyo explícito de la ministra a los miembros de la Gendarmería en lugar de garantizar una investigación que dé respuesta a las víctimas de esa represión brutal

-¿Y en esos casos qué dijo Macri? ¿Qué excusas hubo?

En el caso de la protesta dijo que había que avanzar en la dirección de garantizar la libertad de circulación. Ahí planteamos básicamente la diferencia entre el paradigma de la resolución de los conflictos por una vía política o la resolución de los conflictos por la vía represiva como es el protocolo.

En el caso Milagro Sala planteó que el gobierno era respetuoso de la independencia del Poder Judicial de Jujuy y yo ahí respondí que el CELS está muy interiorizado de las causas judiciales y la detención de Sala nace irregular por las causas que se le aplica sedición e instigación a cometer delitos por protestar y al trata de emprolijarla sigue siendo irregular porque todavía mucho tiempo después no se resolvió su situación procesal. Sí me parece que hay que investigar a cualquier delito de corrupción o cualquier denuncia que haya pero en el 99% de esos casos las personas imputadas tendrían libertad y en este está presa, con lo cual uno no puede dejar de pensar que hay una intencionalidad política. Ahí es donde veo que la cuestión es la inconsistencia del gobierno en plantear, por ejemplo, la detención y la condena de Leopoldo López en Venezuela como un preso político y al mismo tiempo mantener una detención arbitraria con muchos cuestionamientos legales a una líder social en Argentina.

En relación con la cuestión de la represión brutal a la murga y a los niños de a murga la respuesta fue que sí estaba investigando el Ministerio de Seguridad y lo que planteamos nosotros fue que pedimos una información sobre qué se estaba haciendo y la respuesta del Ministerio fue ambigua. No está claro que estén investigando y la respuesta pública de la ministra Bullrich fue el peor mensaje posible, apoyar a los que reprimieron brutalmente y de alguna manera no dar ninguna respuesta a las víctimas. Eso dije en la reunión al presidente, es el peor mensaje que se le puede dar a las fuerzas de seguridad. Es decir, un apoyo a prácticas  violatorias de los derechos humanos y con ninguna consecuencia sobre esas prácticas.

-Respecto al 24 de marzo y la llegada de Barack Obama ¿qué plantearon los organismos?

El planteo fue que se debía, o se le pidió al gobierno, garantizar la marcha histórica que hacen los organismos desde el 83 en adelante y ahora particularmente por ser el aniversario número 40 y que el dispositivo, en caso de que exista, por la llegada del presidente Obama no obstaculice y no limite esa marcha.

Ahí hubo una respuesta positiva del presidente Macri y de los funcionarios de que de ninguna manera se iba a afectar la marcha o todas las marchas que iba a haber en la ciudad de Buenos Aires durante la visita del presidente de Estados Unidos, Obama.

-¿Su probable presencia en la ex ESMA qué representa para ustedes?

Hay diferencias. Para el CELS nos parece apropiado, yo creo que cualquier presidente o mandatario de todo el mundo debería como obligación, o sería deseable, que visite el principal campo de concentración de la Argentina como lo hacen cuando visitan Auschwitz en Polonia, el mensaje al mundo de que esto no tiene que volver a pasar. Independientemente de lo que uno opine sobre la política de Estados Unidos en América Latina que es una cuestión compleja porque por un lado han apoyado las dictaduras pero por otro, en relación con Argentina, la gestión de Carter ha apoyado las denuncias y ha posibilitado y ha sido fundamental para que la Comisión Interamericana visite en el 79 el país, que fue un punto de inflexión en las denuncias de la dictadura.

Eso no significa que los organismos deban participar, pero bueno hay otras organizaciones como H.I.J.O.S. que no está de acuerdo. Para nosotros la ESMA justamente es patrimonio de la sociedad argentina y del mundo y, en ese sentido, que se visite nos parece positivo. Eso no implica que uno discuta después la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos en la región o inclusive ahora como hacemos desde el CELS, exigir que se investiguen las torturas sistemáticas que cometió el gobierno y comete Estados Unidos en Guantánamo o en la llamada guerra contra el terrorismo como lo hacemos en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

A continuación compartimos el documento consensuado por los organismos que asistieron a la reunión y presentado al presidente:

Sr. Presidente de la Nación

Ing. Mauricio Macri

Trascurridos dos meses de su gobierno, los organismos de derechos humanos queremos expresarle nuestra profunda preocupación por aspectos centrales de las políticas de derechos humanos en el país:

  1. Continuidad de las políticas de Estado de Memoria, Verdad y Justicia.
  • Los juicios por delitos de lesa humanidad. Usted ha manifestado que el Poder Judicial debe continuar con los juicios a los genocidas. Sin embargo, también es fundamental que el Poder Ejecutivo a través de diversas agencias continúe impulsando estos procesos. En este sentido, es decisivo que se sostenga la actuación como querellante de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación en los juicios en curso, independientemente de su estado procesal y con especial énfasis en los juicios que se desarrollan en las provincias. Además, es imprescindible que se continúe acompañando a víctimas y testigos, a través del “Centro Ulloa” y del “Programa de Protección” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
  • El Poder Ejecutivo Nacional debe facilitar el acceso a la información en manos de distintos organismos públicos y realizar relevamientos sistemáticos de archivos y legajos. Parar ello, es primordial que continúe la labor de las direcciones de Derechos Humanos de los Ministerios de Defensa y Seguridad de la Nación y sus áreas equivalentes en la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central. También es fundamental que continúen las investigaciones y apoyos que presta el “Programa Verdad y Justicia”.

También señalamos que debe garantizarse la preservación del acervo documental del Archivo Nacional de la Memoria y su accesibilidad para la Justicia, los organismos de derechos humanos y la sociedad en general.

El avance de las investigaciones sobre la responsabilidad de los sectores civiles en el plan sistemático de desaparición y exterminio también requiere una participación activa del Poder Ejecutivo que le de continuidad a las investigaciones iniciadas. También es necesario el compromiso de los legisladores de la alianza Cambiemos para la puesta en marcha de la “Comisión Bicameral de la Verdad, la Memoria, la Justicia, la Reparación y el Fortalecimiento de las Instituciones de la Democracia.”

  • Debe respetarse el mandato constitucional de la Procuradora General de la Nación, quien ha impulsado decisivamente estos procesos y constituye una garantía de que el Ministerio Público Fiscal seguirá teniendo un rol protagónico en la búsqueda de verdad y justicia.
  • Búsqueda de los jóvenes apropiados y nacidos en cautiverio. Es preciso el fortalecimiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) y del Banco Nacional de Datos Genéticos, como pilares fundamentales del compromiso y la obligación del Estado en la búsqueda de los nietos y nietas que todavía nos falta encontrar y quienes siguen privados de su derecho a la identidad. En este sentido, señalamos que se deben respetar los compromisos asumidos por el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el “Acuerdo de Solución Amistosa” del caso “Pegoraro” (decreto 1800/09). En particular, es fundamental asegurar la continuidad de la labor del “Grupo Especial de Asistencia Judicial” en el Ministerio de Seguridad de la Nación para realizar procedimientos de obtención de ADN, así como garantizar la cooperación de la Cancillería para la búsqueda de los nietos y nietas en el exterior.
  • Búsqueda e identificación de los cuerpos de los miles de desaparecidos. Es primordial la continuidad del financiamiento de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas, programa a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación.
  • Los sitios y espacios de memoria. Los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio deben seguir siendo preservados como pruebas judiciales, debidamente señalizados y conservados. Además, se requiere sostener los recursos humanos y materiales de los espacios de memoria que han sido refuncionalizados, para enseñar a las futuras generaciones el respeto por los derechos humanos.
  • La búsqueda de los prófugos. Todavía hay más de 70 personas acusadas por delitos de lesa humanidad que son buscadas por el Poder Judicial. Los Ministerios de Justicia y Seguridad deben continuar y fortalecer el trabajo para encontrarlos.
  • Control de ascensos militares. Es importante que se garantice la continuidad del mecanismo de consulta pública y acceso a la información sobre ascensos militares y nombramientos de otros funcionarios públicos tal como se realiza desde el retorno a la democracia.
  • Sostener las políticas de Memoria, Verdad y Justicia también implica:
  • No incorporar a la administración pública a personas vinculadas al Terrorismo de Estado o apologistas de sus crímenes.
  • No aceptar el negacionismo de los crímenes cometidos, porque es una de las prácticas que atenta contra la construcción del Nunca Más. Por eso expresamos nuestra preocupación por los dichos de algunos funcionarios del actual gobierno nacional y de referentes de la Alianza Cambiemos en este sentido.
  • El rechazo al encuentro mantenido en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, con el CELTYV. Estos encuentros no pueden ocurrir jamás en estos espacios de construcción de la memoria de la vida y militancia de nuestros familiares detenidos-desaparecidos.
  1. Derecho al trabajo. Manifestamos nuestra profunda preocupación por los despidos masivos en el Estado y el sector privado, porque el Estado debe garantizar y velar por el derecho al trabajo y no ser el promotor del desempleo ni la estigmatización y/o persecución a los trabajadores y trabajadoras. En este sentido, desde hace dos meses, vemos cómo las medidas de ajuste que el gobierno nacional instaló está retrocediendo en los avances logrados sobre el derecho al trabajo digno.

En cuanto a los despidos en las áreas de derechos humanos de diferentes Ministerios, es importante destacar que si no se garantiza la continuidad laboral de los profesionales con experiencia, tampoco pueden garantizarse las políticas de Estado de Memoria, Verdad y Justicia.

  1. Derecho a la protesta social.

El gobierno nacional ha tomado decisiones que afectan gravamente el ejercicio del derecho a la protesta. La puesta en vigencia del “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas” pone en riesgo aspectos esenciales de la democracia y su aplicación afecta los derechos a la vida, a la integridad, de reunión, de petición a las autoridades y la libertad de expresión. Este protocolo pone en riesgo la integridad física y la vida de las personas que participan de manifestaciones públicas, ya que no prohíbe que las fuerzas de seguridad porten armas de fuego ni restringen el uso de las llamadas “armas no letales” como las balas de goma. Además, limita el ejercicio de la libertad de expresión y restringe la labor periodística, dificultando la posibilidad de registrar prácticas de violencia institucional. Por estos motivos, solicitamos que el Protocolo sea derogado.

Además de este protocolo represivo, nos encontramos con un caso gravísimo de criminalización de la protesta social. Milagro Sala se encuentra detenida desde el 16 de enero. Su primera detención fue consecuencia de haber convocado a una manifestación pública en reclamo a medidas de gobierno. Exigimos su inmediata liberación y manifestamos que este hecho representa una amenaza a la vigencia de las libertades democráticas. Milagro Sala es una presa política, no hay fundamento legal alguno para su prisión preventiva y cualquier investigación en su contra debe desarrollarse sin vulnerar el principio de inocencia ni el derecho a la libertad personal. Por lo tanto, exigimos que el Poder Ejecutivo garantice el derecho a la libertad y al debido proceso judicial de Milagro Sala. Ha sido notoria la presión e intervención del gobierno provincial jujeño sobre el Poder Judicial. Como familiares de ex presos políticos y de detenidos-desaparecidos, no podemos dejar de ver este hecho como un enorme retroceso en la historia democrática de nuestro país.

  1. Violencia institucional.

En noviembre pasado la Policía Metropolitana fue responsable de un hecho grave de violencia institucional en el que Lucas Cabello resultó herido de gravedad por tres disparos policiales. En enero de este año, efectivos de la Gendarmería nacional dispararon balas de goma contra la murga “Los Auténticos Reyes del Ritmo”, integrada por niños y niñas del Bajo Flores. En ambos episodios, la primera reacción de los funcionarios del gobierno fue justificar el accionar violento de las fuerzas de seguridad. Es imprescindible que estos hechos sean investigados de manera adecuada, sus responsables sancionados y que las autoridades políticas de las fuerzas de seguridad brinden mensajes políticos claros sobre que estas prácticas policiales violatorias de derechos humanos no serán toleradas.

  1. Derecho a la comunicación

Una de las primeras medidas del gobierno nacional, en diciembre pasado, ha sido transformar por completo el rol del Estado en las políticas de comunicación. Las modificaciones, por decreto, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual redujeron drásticamente el papel del Estado en la regulación del sistema de medios y habilitan que se consolide la concentración. También se realizaron reformas que reducen la participación de la sociedad civil en las instancias de toma de decisiones sobre las políticas públicas en este campo. Estas medidas afectan negativamente el pluralismo y el ejercicio del derecho a la comunicación en nuestro país. Al mismo tiempo, consideramos que el espacio en el que se deben discutir las políticas que afectan a la libertad de expresión es el Congreso nacional.

  1. 24 de Marzo. Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.

Los organismos de derechos humanos, como todos los aniversarios del golpe de Estado, realizaremos una manifestación en la Plaza de Mayo y centenares de plaza en todo el país. Requerimos que se nos garantice el derecho a manifestarnos libremente y que no haya interferencias producto de la visita del Presidente de los Estados Unidos de América. Ninguna razón de seguridad puede esgrimirse para interferir con esta conmemoración popular a 40 años del golpe.

Por último, resulta fundamental que el Estado argentino reclame al más alto nivel la entrega de archivos aún no desclasificados por el gobierno estadounidense sobre el período dictatorial y demande la cooperación de este país para la búsqueda de los posibles nietos apropiados que viven allí, así como la extradición del Capitán (R) Roberto Bravo por su activa intervención en la Masacre de Trelew.

Por lo antes expresado, le solicitamos un canal de diálogo sincero, expeditivo y efectivo para temas que requieren urgente resolución y decisiones políticas respetuosas de los derechos humanos. Lo saludamos atentamente.

Abuelas de Plaza de Mayo
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas
H.I.J.O.S.
C.E.L.S.

El espía chileno Arancibia Clavel dejó asentado en su archivo que su “amigo” Vicente Gonzalo Massot era parte de sus contactos en Buenos Aires. En un informe de 1974 -hallado recientemente por la Dirección de Comunicación de la PGN-, el agente revela que el empresario bahiense le pidió información para hacer una campaña en los medios “sobre la penetración soviética en América Latina”. Para la Fiscalía, los documentos fortalecen la acusación a Massot sobre instigación al genocidio.

El director del diario de Bahía Blanca La Nueva. (ex La Nueva Provincia) pidió en 1974 información al agente secreto de la Dirección Nacional de Inteligencia chilena (DINA), Enrique Arancibia Clavel, “para hacer una campaña” en sus medios “sobre la penetración soviética en América Latina”, según dejó plasmado el propio espía trasandino en su archivo, que es parte de la prueba del histórico juicio en el que se juzga la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur, la Operación Cóndor. En los mensajes dirigidos a sus jefes, el agente indicó que lo unía “una antigua amistad” con Massot y que se reunía semanalmente con la redacción de la revista Cabildo, de Buenos Aires, donde el empresario justamente se desempeñaba como secretario de redacción.

Los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos de Bahía Blanca, Miguel Palazzani y José Nebbia, presentarán la prueba documental en la causa que tiene al empresario periodístico con pedido de procesamiento por “instigación al genocidio”. La escandalosa falta de mérito que le dictó el juez subrogante Claudio Pontet -separado luego de la causa- está siendo analizada por estos días por la Cámara Federal de esa ciudad.

La Fiscalía bahiense accedió a la información de inteligencia gracias a la colaboración prestada por el fiscal general Pablo Oviña, de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos, que interviene en el juicio oral por la Operación Cóndor, donde ya pidió la condena de 17 de los 18 acusados que llegaron a la instancia final del debate.

El informe que menciona a Massot como contacto de la DINA en Buenos Aires fue hallado por personal especializado de la Dirección de Comunicación Insitucional de la Procuración General de la Nación entre cientos de cables e informes de diferentes embajadas en base a los cuales se publicó en el sitio www.fiscales.gob.ar la nota sobre los documentos que prueban la Operación Cóndor. A raíz del hallazgo, desde la Dirección de Comunicación Institucional se avisó a ambas dependencias del Ministerio Público.

El documento hallado fortalece la acusación de la fiscalía. Massot, que en 1974 tenía 25 años, se encuentra imputado, precisamente, de realizar operaciones psicológicas para las Fuerzas Armadas, como presentar públicamente los fusilamientos de las víctimas como “enfrentamientos”. Los fiscales señalaron que realizó -junto a otros miembros fallecidos del clan, como su madre, Diana Julio- “aportes esenciales”, que “consistieron en el ocultamiento deliberado de la verdad” en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas a través de tareas de acción psicológica desde las páginas del diario antes, durante y después de la última dictadura cívico-militar. También está acusado como coautor del homicidio, entre el 30 de junio y el 4 de julio de 1976, de los obreros gráficos del diario, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, tras un conflicto sindical registrado el año anterior en la empresa.

Arancibia Clavel fue detenido en 1978 por el Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal en medio del conflicto con Chile que casi termina en guerra por la disputa del Canal de Beagle. Tiempo después de la mediación Papal, fue liberado. En esa época el espía chileno era conocido por diferentes contactos de las Fuerzas Armadas argentinas, pues era enlace de la Operación Cóndor en nuestro país. En el juicio oral en curso se ventilaron pruebas sobre su participacion en el secuestro en 1977, en Buenos Aires, de Laura Elgueta y Sonia Díaz Ureta, junto a policías federales. El propio fiscal Ouviña señaló en su alegato la paradoja de dos países que, pese a considerarse potenciales enemigos, compartían como objetivo común la persecución -para la eliminación- de la resistencia a las dictaduras.

En la década del ’90, Arancibia Clavel regresó a vivir a la Argentina y fue detenido, juzgado y condenado por el asesinato del jefe del Ejército chileno del gobierno de Salvador Allende, Carlos Prats, y de su esposa, Sofía Cuthbert, perpetrado en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974 en el marco de una asociación ilícita. Ambos murieron por la detonación de un explosivo colocado en su vehículo. El caso judicial sentó jurisprudencia, pues la Corte Suprema señaló en agosto de 2004, un año antes de declarar inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que el delito de asociación ilícita por el que había sido condenado Arancibia Clavel era imprescriptible, por integrar la categoría de crímenes de lesa humanidad. En 2011, el ex agente chileno apareció muerto, apuñalado en el pecho, en su departamento del centro de Buenos Aires, donde cumplía el arresto domiciliario por la condena.

“Gonzalo”

LH_Banner_2Según se desprende de los documentos hallados, Massot pretendía alertar desde los medios que controlaba sobre la compra de armas por parte del gobierno militar del peruano Juan Velasco Alvarado (1968-1975), que despertó preocupación en las dictaduras vecinas del continente porque su principal proveedora fue la Unión Soviética. Pinochet era además uno de los principales interesados, pues Perú era considerado en Chile entre las hipótesis más serias de conflicto bélico.

Con 30 años de edad en 1974, Arancibia Clavel enviaba semanalmente partes desde la Embajada en Buenos Aires a la DINA, la organización creada por la dictadura de Pinochet para perseguir a los opositores al régimen dentro y fuera de sus fronteras. En un informe fechado el 29 de octubre de 1974 en la Capital de nuestro país, a menos de un mes del atentado que culminó con la vida de Prats y su esposa, Arancibia incluyó un acápite sobre los “contactos establecidos” en Argentina y puntualmente señaló: “Gonzalo Massot, subdirector de la revista CABILDO (nacionalista de derecha y dueño del diario, televisión y radio de Bahía Blanca, me pidió material informativo sobre el armamentismo peruano para hacer una campaña en los medios que el controla sobre la penetración soviética en America Latina. También con Gonzalo me une una antigua amistad” (sic).

El encabezado del documento indica que se trata del “Memorándum 5” con destino a Luis Gutiérrez, en Santiago de Chile. Ese nombre, en realidad, no corresponde a ninguna persona, sino que era una clave de la DINA. En el juicio oral por la Operación Cóndor el documento fue identificado como 17A. Al final del documento el espía indica, pero no firma, su nombre de cobertura: Luis Felipe Alemparte.

En otro documento, nominado “Memorándum 9-A”, fechado el 3 de diciembre de 1974, Arancibia describe a la revista Cabildo, como lo hace con otras publicaciones, y pone de relieve que se reúne de forma “semanal” con su redacción: “CABILDO, revista mensual, nacionalista de derecha, antiperonista, normalmente tiene artículos sobre geopolítica en que atacan a Chile por problemas limítrofes, en el aspecto ideologico son defensores de la Junta. Mi relación con su equipo de redacción son muy buenAS y mantengo una reunión semanal con ellos. Envío el último número que corresponde a noviembre” (sic).

“Engranaje continental”

Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia, que preparan la presentación de estos documentos, ponderaron que “siguen apareciendo evidencias que fortalecen una hipótesis que no ofrece ni ofrecía dudas sobre el rol de Vicente Massot, no sólo en el esquema de poder del grupo La Nueva Provincia, sino como un engranaje a nivel continental nada menos que con Arancibia Clavel, conocido agente de la DINA en Argentina”.

Palazzani y Nebbia agregaron que estos “documentos muestran que su participación personal en operaciones psicológicas con coordinación continental data de 1974 y que el contacto con la inteligencia de la dictadura chilena era semanal”.

“También, nos muestra la importancia de la preservación y el acceso a los archivos que construyen la memoria colectiva”, consideraron, al tiempo que pusieron de relieve el “gran trabajo del fiscal Ouviña y del equipo de comunicación de la Procuración General”, que permitió dar con esta información.

Fuente: fiscales.gob.ar

(Por Laura García Vazquez) Este escrito comenzó hace unos días, en el medio sucedieron dos hechos que cambiaron la dimensión de lo que nos está pasando a los trabajadores. Un falaz anuncio sobre el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias (en un acto aplaudido por las CGTs ) y una “equivocación” en el porcentaje ofrecido a la paritaria docente nacional que llevó a situación impredecible el comienzo de las clases. Hechos, ambos, en lo que mi memoria me permite,  inéditos en este tipo de negociaciones. Increíbles, también.

Impuesto a las ganancias

Mucho se difunde, desde diferentes poderes, el argumento de que el porcentaje de aumento que “faltaría” en el resultado de las paritarias se “compensaría” con una readecuación del impuesto a las ganancias. Más que una falacia esto se transforma en una enorme mentira, en primer lugar, porque la inmensa mayoría de los trabajadores NO TRIBUTAMOS GANANCIAS ya que nuestros salarios están muy por debajo del mínimo no imponible. Cualquier negociación mezclando el porcentaje de aumento con dicho impuesto  entre el presidente Macri y los dirigentes de las CGTes  es, en principio, profundamente injusta.

Valga aclarar que el impuesto a las ganancias sobre el salario de los trabajadores es una falacia,  ya que el salario no es ganancia,  pero además es una carga impositiva que recae sobre un sector (minoritario) de trabajadores que sufren los descuentos que debieran hacerse a las grandes empresas privadas y extranjeras. Por ejemplo las que practican la megaminería en la Argentina y que pagan 0 retenciones gracias a una medida de Cambiemos. Antes, pagaban muy poco.

Por lo tanto un cambio en Ganancias  será una mejora sensible en los gremios con mejores salarios, pero con poco impacto en los gremios más populosos.
El descuento por ganancias llega a la totalidad de los trabajadores de algunos sindicatos y en otros apenas roza la masa de empleados, aquí algunos porcentajes:
Petroleros 100%,  Bancarios 95%, Camioneros 85%, La Fraternidad 80%, Dragado 80%
En los gremios más populosos el tema es distinto el porcentaje de afiliados que pagan Ganancias: UTA 30%,  ATE 15% , docentes 15%, Sanidad 10%,  Gastronómicos 10%.
También es muy bajo el porcentaje que tributa Ganancias en Comercio y en UOM

Inflación y pérdida del poder adquisitivo

El origen último de la depreciación del salario fue la combinación de la devaluación del peso frente al dólar y la eliminación (y disminución en el caso de la soja) de las retenciones. Estas dos medidas resultan una transferencia brutal de recursos de los sectores asalariados hacia los exportadores. Recientemente se anunció la eliminación de las retenciones a las empresas mineras. Mientras, seguimos con una gran inflación en los productos de primera necesidad, aumentan las tarifas, el transporte, los impuestos y, también, de paso, el sueldo de los funcionarios.

Entre estos aumentos y los que logremos en los salarios siempre pasan muchos meses, y pareciera que esa pérdida no existiera. Por eso pensamos que los aumentos desdoblados son trampas, porque lo que hay que recuperar es lo que ya perdimos, y, en todo caso, volver a reclamar paritarias en cuanto los aumentos sean insuficientes. Estas son las negociaciones con mayor pérdida real acumulada de los últimos años, más allá de las cifras, cualquiera que administre su salario lo sabe.

Despidos

Los despidos en el estado no son los únicos que están sucediendo. Ya se habla de etapa recesiva en la economía y las consecuencias de esto son lamentablemente conocidas por los argentinos.

Un gobierno que se comprometió a pobreza 0 y a defender el trabajo toma medidas en sentido contrario. En el caso del Estado, en el  nuestro no hay trabajadores de más, al contrario, como dice ATE en su consigna: “Soy estatal, mi trabajo son tus derechos”, para garantizar todos los derechos a toda la población en cuanto a salud, educación y justicia.

Los llamados “ñoquis” (alguien que cobra sin concurrir al trabajo y sin tarea asignada) no deben

existir, pero su número real es escasísimo, por el contrario se han despedido a muchos trabajadores necesarios. Siempre se puede capacitar o readecuar funciones, pero los despidos

constituyen un gran daño y, lamentablemente, están ligados a amedrentar los pedidos de recuperación del salario. Así como la represión está dirigida a amedrentar la manifestación y participación popular.

Unidad, el principal desafío

Al terminar el escrito nos encontramos ante un primer paso hacia la unidad, el Paro Nacional de ATE anunciado para el miércoles 24 de febrero próximo y que ha tomado una importancia política significativa y al que han adherido no sólo las dos CTAs sino muchas organizaciones sociales y sindicales.

Ellos nos separan, nosotros nos uniremos.

Los trabajadores mejores pagos (al menos en teoría) que tributan ganancias,  los que no tributamos pero cobramos en blanco que necesitamos un salario digno, los que cobran en negro (muchísimos) y dentro de ellos muchos no llegan al salario mínimo, o los desocupados cuyo número empieza a crecer. Situaciones de desigualdad pero un objetivo común: solidarios y unidos entre nosotros.

Los trabajadores y las trabajadoras tenemos que trabajar profundamente en la imperiosa UNIDAD ya que somos los que producimos los bienes materiales y culturales, nada justifica los sectarismos, las especulaciones ni las mezquindades, no es momento. Es momento, también, de reconocer las limitaciones pero también las cualidades de muchos honestos y capaces dirigentes sindicales. Es momento de protagonizar los que tenemos convicciones e intereses en común señalando que la plata que nos falta a los trabajadores alguien la tiene y
que priorizar intereses privados y extranjeros es perjudicar al pueblo.

Ilustración: “Obreros” de Tarsila do Amaral 1933

La normativa anti-piquetes que legaliza la represión y criminalización de la protesta social, presentada la semana pasada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y aprobada por el Consejo de Seguridad Interior con el pomposo nombre de “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas”, comenzó a recibir sus primeros rechazos y repudios por parte de organismos de derechos humanos y organizaciones gremiales.

El Centro de Estudios Legales y Sociales salió inmediatamente a cuestionar la iniciativa tildándola de “antidemocrática” y advirtiendo que “uno de los aspectos más graves de la resolución es que no prohíbe de manera explícita que los policías que intervienen en las manifestaciones utilicen armas de fuego, ni tampoco que usen balas de goma para dispersar. (…) El gobierno nacional, en lugar de regular la actuación de las fuerzas de seguridad y el uso de la fuerza, amplía sus facultades para reprimir y criminalizar. La ministra respondió que “el CELS no sabe leer, lee lo que le conviene y tiene una actitud beligerante y de obstrucción. (…) Desde que nosotros somos gobierno, ellos y los que pertenecen al gobierno anterior lo único que hacen es hacer cada día más cortes de rutas, más piquetes”.

Desde el organismo no tardaron en retrucar afirmando que “la protesta social y las manifestaciones públicas son parte de la vida democrática, son el megáfono de las demandas sociales. En nuestro país han sido inseparables de transformaciones sociales que ampliaron derechos. Frente a estas demandas, los gobiernos pueden priorizar la resolución política de los conflictos a través de mecanismos no represivos o pueden hacer prevalecer el orden público y la represión. Pueden dar el mensaje de que van a controlar la actuación policial o el de que van a dejar que actúen con sus propios criterios. Este es un debate político de fondo en el que están en juego derechos fundamentales”.

La Comisión Provincial por la Memoria rechazó la “criminalización de la protesta social” que propone el nuevo protocolo “en un escenario de conflictividad social” en el cual “la represión de la protesta termina con situaciones de violencias generalizadas, no aporta a la resolución de los conflictos, vulnera las garantías constitucionales y degrada el sistema republicano y democrático”.

“Amparándose en el derecho a transitar y mediante la utilización de términos ambiguos y laxos, la nueva legislación delimita de manera arbitraria el derecho fundamental de la ciudadanía a manifestarse y peticionar ante las autoridades y, al mismo tiempo, permite la discrecionalidad de las fuerzas de seguridad para intervenir en las manifestaciones públicas”.

Por otra parte, el organismo repudió “las limitaciones impuestas a la participación de los medios de comunicación, que siempre funcionaron como un reaseguro de la legalidad de las intervenciones de las fuerzas de seguridad. (…) Cualquier limitación al trabajo de los medios de comunicación resulta también inconstitucional en tanto vulnera la efectiva libertad de prensa. Además, con el pretexto de evaluar la actuación de las fuerzas de seguridad, se permite tomar registro fílmico y fotográfico de las manifestaciones. Sin embargo, existen innumerables antecedentes en donde este tipo de información pasa a engrosar los archivos de inteligencia”.

Para la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional el protocolo es “un dispositivo ideológico que tiende a restringir las libertades públicas, al tiempo que consolida el proceso creciente de exclusión social, y estigmatiza y moldea la opinión pública, allanando el camino para que gobiernen en contra de las clases subalternas. No se diferencia sustancialmente de otros intentos, como el del anterior gobierno, con el consenso de todos los partidos patronales, a partir del discurso presidencial de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso el 1º de marzo de 2014”.

En cuanto a los registros audiovisuales que deberán realizar las propias fuerzas de seguridad para ser utilizadas en sede judicial, CORREPI sostiene que es “una clara reedición del Proyecto X del anterior gobierno”. “De este modo, y considerando que en otro punto se vincula la protesta con la infracción a varios delitos del Código Penal (art. 183, daño; art. 194, corte de calles, etc.), se habilita la filmación de reuniones previas, o la identificación de los organizadores, con la excusa legal de prevenir o evitar la comisión de esos delitos”.

“Criminalizar la protesta, devaluar el derecho a ejercerla, rebajando incluso su trascendencia al asimilarla al derecho al libre tránsito de las calles, importa propiciar un verdadero estado policíaco que la clase dominante necesita, porque se trata de enfrentar el peligro que para esa clase implica su ejercicio. Niveles inflacionarios devastadores del bolsillo de los trabajadores y del pueblo, techo a las paritarias, tarifazos, despidos masivos, impuesto al salario, cortes de luz, persecución política y social, represiones varias, son la contracara de las enormes ganancias transferidas a los más ricos en los últimos dos meses”, agrega el comunicado y convoca a la clase trabajadora a “tomar nota de esta amenaza concreta y disponerse a enfrentarla con redoblados esfuerzos organizativos para no dejar las calles”.

El secretario de Derechos Humanos de la CTA Autónoma y secretario general de la Federación Judicial Argentina, Hugo Blasco, opinó que el gobierno está interpelando el modelo democrático argentino: “Tenemos una larga tradición de más de 20 años, recordemos los piquetes del del ’94, ’95, de desocupados que inclusive significaron el asesinato de compañeros y compañeras. Hay una larga tradición respecto a la movilización popular, al corte de calle, al corte de rutas, cuando hay toda una instancia previa que no ha sido atendida por el Gobierno, por el Estado como trabajadores despedidos de un día para el otro, trabajadores que no cobran el salario hace 3, 4, 5 meses, poblaciones enteras que se ven afectadas en su calidad de vida por la contaminación ambiental y no tienen ninguna respuesta ni solución”.

“Ahora la respuesta del Estado es la represión porque en definitiva en esta democracia que no es tal, no es la que pretendemos los trabajadores, siempre se nos dice, desde los medios de comunicación fundamentalmente y de toda la catarata ideológica liberal que hay que garantizar los derechos de todos como la libre circulación ahora los otros derechos que son vulnerados y que son gravísimos, porque yo puedo tener una demora un día siendo automovilista, puedo tomar por otra calle que me signifique llegar más tarde a donde tengo que ir, ahora el que no tiene para comer, no tiene para comer, el que perdió el empleo, perdió el empleo y eso no lo resuelve caminando tres cuadras más o una hora por un embotellamiento de tránsito”.

Victorio Paulón, titular del área de Derechos Humanos de la CTA que conduce Hugo Yaski, dijo que el plan de Bullrich “es un enorme retroceso respecto a todo lo que se había construido en los últimos años no solamente en la sociedad civil, en el propio parlamento. El Acuerdo de Seguridad Democrática había establecido un claro protocolo en el que estaba prohibida la portación de armas a los agentes de seguridad, la obligación de la mediación y generar espacios de negociación que permitieran abordar los motivos del conflicto y todo esto de un plumazo es borrado por la ministra de Seguridad y volvemos al viejo esquema de un emplazamiento de pocos minutos para desalojar la calle, caso contrario la represión”.

“En términos históricos es un retroceso de una década, en términos prácticos esta es la antesala de que empecemos a contabilizar heridos, detenidos, procesados y por qué no también algún muerto como consecuencia de la represión. Esto es reiterativo. Kosteki y Santillán siguen presentes en la memoria colectiva, en las organizaciones sociales, en los sindicatos, en los organismos de derechos humanos, y lo que hace este protocolo es generar exactamente el mismo escenario que teníamos en aquel momento”.

La Asociación de Reporteros Gráficos se opuso al “corralito periodístico” y argumentó que “una cobertura periodística callejera no puede realizarse de ningún modo desde ‘una zona determinada’ por la policía, y que esta solo sirve para ocultar un accionar que se presupone así represivo cuando no ilegal”.

“No es necesario tampoco abundar en ejemplos donde la cobertura periodística justamente desnudó y ayudó a castigar ese accionar abusivo o ilegal de las fuerzas de seguridad. Fotos icónicas de la Matanza de Tlatelolco o de la universidad de California lo demuestran, y las fotos de nuestros colegas que cubrieron y denunciaron y facilitaron el castigo de los asesinatos de Kosteki y Santillán lo confirman”, afirmaron y responsabilizaron al gobierno nacional “por la integridad física de los trabajadores de prensa que cubren la protesta social” exigiendo que “se les permita cubrir los hechos con la libertad de movimiento y perspectiva que corresponde a una prensa libre y responsable”

En el mismo sentido, la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (REDCOM) mostró “particular preocupación” por “la limitación del trabajo de periodistas, fotógrafos y otros trabajadores de la comunicación. La historia también nos ha dejado la lección de que muchos episodios de abuso policial y represión criminal han sido juzgados gracias a los registros fotográficos y audiovisuales realizados por comunicadores”.

“La prescripción de una ‘zona de ubicación determinada’ para los trabajadores de la comunicación implica un condicionamiento de la línea editorial de los medios y garantiza la impunidad para los agentes de seguridad que violen los derechos humanos de los manifestantes”.

Este lunes, en el marco de reanudación del juicio Escuelita IV en Neuquén, los organismos de derechos humanos de la región adherirán al proyecto de repudio al protocolo presentado en la legislatura provincial por el diputado del PTS-FIT, Raúl Godoy. Natalia Hormazabal, del CeProDH, expresó que el proyecto del gobierno “resulta ilegítimo e ilegal desde todo punto de vista, y que constituye un gravísimo avance en la criminalización de la protesta. Es escandaloso que se brinde poder ilimitado a las fuerzas de seguridad dejándoles la potestad de definir qué protestas permiten y cuáles no. Asimismo, el hecho de que bajo la argucia de la ‘flagrancia’, las fuerzas encargadas de la represión y el Ministerio de Seguridad puedan definir arbitrariamente quién comete delitos, juzgado ‘in situ’ sin intervención judicial, basándose en el artículo 194 del Código Penal impuesto por el general Onganía, constituye un real ataque a las más amplias libertades democráticas”.

“Amnistía Internacional considera de suma importancia que se desarrolle un debate serio informado y participativo en torno al derecho a manifestarse y expresarse. Es imperioso examinar el marco jurídico actual que impacta en el ejercicio de este derecho”, señaló la organización en una carta que su directora ejecutiva, Mariela Belski, le envió a la ministra Bullrich tras al anuncio del protocolo.

Finalmente, la Multisectorial La Plata-Berisso-Ensenada aseveró que “mientras el pueblo se encuentra abocado a preparar los actos de repudio al golpe de Estado genocida de 1976, reivindicando las 30.000 compañeras y compañeros detenidos – desaparecidos y la lucha antidictatorial, el gobierno de Mauricio Macri ha decidido reivindicar el accionar de esa dictadura genocida. Así, el nombramiento de funcionarios ligados a la dictadura militar, la reunión del secretario de DDHH Carlos Avruj con la ONG CEITYV, el negacionismo del ministro de Cultura porteño Darío Lopérfido y el proyecto elaborado en el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, es una muestra inequívoca que el gobierno nacional a poco de cumplirse los 40 años del golpe genocida, se coloca claramente junto a los represores que tiñeron de sangre la historia de nuestra tierra”.

(Por Julio Gambina) La creciente insatisfacción social ante múltiples medidas de ajuste contra los trabajadores y la mayoría de la población, apuró anuncios del gobierno Macri sobre modificaciones al mínimo no imponible del impuesto a las ganancias.

Una reivindicación de larga data en el país y que motivó importantes movilizaciones en los últimos años, incluidos varios paros nacionales, arrancando compromisos de campaña de todos los candidatos con posibilidades de gobernar.

La insatisfacción se asocia a las restricciones en los ingresos populares por encarecimiento de precios, y eso que aún no impacta el aumento de las tarifas eléctricas.

Pero la desconformidad proviene también de la gigantesca transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados de la economía, derivados de la devaluación continua, con un dólar a más de 15 pesos y sin techo previsible, aun cuando el BCRA tuvo que vender 40 millones de dólares para evitar un alza mayor.

La gota que rebalsó la copa fue la eliminación de las retenciones a las exportaciones mineras, beneficiando a las grandes empresas transnacionales asociadas al saqueo y la depredación de los bienes comunes. Agravado con la difusión de la medida en San Juan, cuando aún está latente en la memoria social el derrame tóxico de septiembre pasado sobre las aguas del río de una provincia que sufre por escases de agua.

Hasta sectores asociados al gobierno señalaron la incongruencia entre este beneficio a las mineras y la postergación de medidas contra la inequidad por el mantenimiento del impuesto a las ganancias sobre los trabajadores.

El gobierno pretendía discutir desde marzo en el Parlamento el tema del impuesto a las ganancias y el impacto sobre los asalariados. Era una cuestión de mediano plazo, pero el clima de inconformidad en el marco del inicio de las negociaciones colectivas por el salario, aceleró los tiempos de la actualización del mínimo no imponible.

Anuncios en la disputa del consenso

La iniciativa política en la disputa del consenso social mueve al gobierno, no hay duda, y por eso separa del INDEC a una funcionaria que pretendía organizar un trabajo profesional, haciendo evidente que la “política” (autoritaria) se impone también en esta etapa sobre la seriedad y la profesionalización de la información estadística.

Necesitan un dato ahora, sin importar el grado de rigurosidad del mismo, sin gran diferencia que lo argumentado hacia el 2006/7 y el desarme del sistema estadístico de la Argentina hasta el presente.

Por eso se imponen ahora los cambios anunciados en el impuesto a las ganancias, y es parte de lo que demandan los dirigentes sindicales más cercanos al gobierno y que son privilegiados a la hora del dialogo con las autoridades. Estos sindicalistas son expresión de organizaciones que nuclean a parte importante de los trabajadores de mayores ingresos, y por ende sujetos del impuesto a las ganancias.

El Presidente dice que el anuncio es solo “un primer paso” para contentar a quienes demandan actualizaciones de las exenciones y al reducir la imposición sobre los asalariados, se puede mejorar la capacidad de compra de ellos y sus familias.

La realidad es que la actualización está muy lejos de lo que se había sugerido, pues los 30.000 pesos mensuales de mínimo no imponible son relativos al ingreso bruto de los trabajadores. Por lo que los ingresos netos eximidos de pago al impuesto son por 25.000 pesos mensuales al trabajador con cargas de familia y 18.880 para el soltero sin hijos.

Son cifras importantes en una franja minoritaria para un promedio salarial que ronda poco más de 7.000 pesos al mes, pero menos de lo reclamado.

Al ser un impuesto que actúa sobre ingresos anuales, la medida es retroactiva a enero 2016 y se eliminan todas las disposiciones que habían servido de parche desde el 2013, por lo que algunos pagarán menos impuesto, y otros, que antes no tributaban, ahora podrán ser sujetos del tributo.

En el imaginario de la discusión previa se aludía a una eximición desde los 30.000 pesos mensuales netos.

No se modifican las escalas ni está prevista una actualización regular de estos nuevos valores del mínimo no imponible, con el argumento que eso requiere ser modificado por ley y que se llevará al Parlamento para su discusión.

Claro que ni hablar de la eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores, argumento sustentado de que los salarios no son ganancia, sino el pago a la venta de la fuerza de trabajo.

Mucho menos en tiempos de déficit fiscal y que la medida anunciada supone una merma de recaudación. Disminución que parcialmente será compensada por el mayor consumo que genere entre los que se beneficien con estos nuevos mínimos.

Claro que no todo irá al consumo y una parte puede derivarse hacia la especulación, inducida por altas tasas de interés y la regular variación al alza de la divisa estadounidense.

Compensaciones insuficientes

Los grandes beneficios de la política económica de Macri apuntan a satisfacer el programa del capital más concentrado y en ese marco, se ofrecen solo compensaciones parciales e insuficientes a los sectores de ingresos fijos.

Vale adicionar que los anuncios se quedan cortos por no incluir a los trabajadores por cuenta propia, que son parte de la informalización del empleo en los últimos años.

Lo que sí se incluye es la actualización de las asignaciones familiares para compensar a sectores de menores ingresos y que no son sujetos del impuesto a las ganancias.

Estos anuncios intervienen para facilitar a la baja la negociación de las paritarias por actualización de salarios, que una vez producida dejarán desactualizadas las correcciones ahora informadas por la AFIP y el gobierno.

El reclamo de fondo por la eliminación del impuesto al salario, equiparado a las ganancias, es un tema actual y constituye parte esencial del programa de reivindicaciones democráticas del movimiento sindical.

Claro que el propósito de Macri es contener la conflictividad y ganar consenso para su política, aun cuando el privilegio sea servir al objetivo central del programa de los capitales más concentrados.

Por eso las compensaciones, aun limitadas y parciales, suponen algunos ingresos mayores para una franja de trabajadores.

Pero junto a la disputa del consenso, se promueve el protocolo de la represión a la movilización popular, dispositivo que goza de apoyo de la sociedad, en parte motorizado ideológicamente desde los medios de información y comunicación. El consenso se disputa y manipula.

El mensaje gubernamental es claro: se asegura un determinado sentido de la política, para la concentración y la dominación del gran capital, con compensaciones limitadas; y ante la conflictividad, se ejerce la represión y la criminalización de la protesta.

En rigor, no solo interviene la iniciativa del gobierno o la del poder económico, sino también la que se ejerce desde otros sectores sociales y políticos, con otros sentidos y para otros objetivos.

Como siempre, lo que interesa discernir es quien terminará definiendo el sentido común.

Santiago Marino es Doctor en Ciencias Sociales, Magíster en Comunicación y Cultura y Licenciado en Ciencias de la Comunicación (FSOC-UBA). Dirige la Maestría en “Industrias Culturales: políticas y gestión” de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). En diálogo con el programa En Eso Estamos, que esta semana comenzó su octava temporada en las mañanas de FM De la Calle, analizó las primeras medidas del gobierno nacional en el ámbito de las comunicaciones y sus consecuencias.

Días antes de la entrevista, Marino firmó un manifiesto junto a un grupo de académicxs vinculados al estudio de las relaciones entre los medios, las tecnologías de la comunicación y la política democrática, en el cual se sostiene que “el relajamiento de los límites a la propiedad generará consecuencias importantes sobre un sector fuertemente propenso a las economías de escala, beneficiará a los mayores grupos y, con toda probabilidad, consolidará la dominación del sector por parte de muy pocos conglomerados, lo que no constituye solo un problema que afecta la competencia económica, sino que atañe a la libertad de expresión y a la calidad de nuestra democracia”.

-¿Qué balance podrías hacer a modo de síntesis de lo que ha sido este verano en materia de políticas de comunicación?

Nos hemos manifestado muy preocupados con el conjunto de investigadores de distintas universidades, incluso algunos que residen en el exterior del país pero que trabajan estos temas, ante las decisiones que ha tomado Mauricio Macri en el momento de su asunción y hasta estos días en torno a la regulación del sistema de medios en general.

Si uno tuviera que hacer una síntesis, lo primero que diría es que por un lado se ha afectado el corazón de la ley audiovisual estableciendo cambios específicos sobre los topes a la concentración que planteaba aquella ley y sobre, por ejemplo, la composición institucional del organismo de aplicación que era la AFSCA y que tuvo esa novela de fin de año que conocimos que fue la permanencia de Sabbatella en el organismo defendiendo esta situación que está judicializada.

Pero mientras tanto el DNU avanzó y hoy tenemos un nuevo organismo de aplicación que su mayor problema es que tiene siete miembros: cuatro ya fueron designados directamente por el Ejecutivo y los otros tres serán designados por el Congreso cuando comience a funcionar. Uno de ellos corresponderá también a la minoría que representa el gobierno nacional allí, pero además, todos pueden ser revocados sin explicación de causa por el Poder Ejecutivo. Con lo cual hay una dependencia central del PE de este organismo de aplicación, hemos vuelto a una situación casi precámbrica.

El Ejecutivo controlando el organismo que administra la relación con el sistema de medios y tomando decisiones en torno a favorecer a los grandes grupos concentrados. En ese marco el gobierno de Macri anuncia que enviará, tal vez lo haga en próximos días en su primer discurso ante la Asamblea Legislativa, una nueva ley que reemplace tanto la ley audiovisual como la de Argentina Digital, que supuestamente estará basada en una visión novedosa en términos tecnológicos porque su argumento y el de su propio ministro es que Argentina está atrasada tanto el términos tecnológicos como regulatorios.

Ese es el tercer gran problema. No me parece mal que haya una nueva ley y que la ley salga por el Congreso, de hecho lo manifestamos en el documento, pero el problema es que los cambios que estableció el decreto a la ley audiovisual son cambios que van a ser permanentes, no momentáneos hasta que haya una nueva ley. Por ejemplo, haber frenado la adecuación de los grupos concentrados.

Pero el otro problema es que el gobierno opera sobre un argumento falaz que es el de la novedad o desarrollo tecnológico como central para la regulación. Porque si eso fuera así en el momento en que sancioné la ley va a quedar vieja, la tecnología cambia permanentemente.

Hay que interrogarse en torno a si el gobierno opera en base a una mirada comercial y privada de la comunicación y cierta ignorancia sobre el tema en el que están trabajando, sobre todo el ministro de Comunicaciones que no parece ser un experto en el área, o bien si tiene una mirada más compleja, que desconocemos su objetivo final, y que responde a una planificación integral cuyos elementos desconocemos.

-Respecto a las primeras medidas tomadas por el ENACOM, recién mencionabas el tratamiento de distintos proyectos de adecuación que habían presentado grandes grupos que estaban pendientes, ¿cuál fue el criterio que se tomó y qué se resolvió?

Lo que se decidió concretamente es dar de baja todos los planes de adecuación. Porque como el decreto 267, que es el más relevante, el que cambió centralmente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por un lado cambia los topes a la concentración de la propiedad, allí donde había que tener diez licencias por medio ha sido cambiadas, pero además, excluye a la TV por cable de la ley audiovisual y ya no se regula más el mercado de distribución de televisión por cable por esa normativa sino que queda bajo la órbita de lo que todavía queda vigente de Argentina Digital. Mediante una resolución de ENACOM aprobada por los cuatro directores que designó el Poder Ejecutivo se dieron de baja toditos los planes de adecuación.

Ahí tendría que hacer una aclaración más que es quiénes son esos directores de ENACOM. No es un asunto personal con ellos, de hecho a algunos los conozco y pude intercambiar y dialogar sin ningún problema aunque no acordemos, pero si uno se fija de dónde vienen encontraremos que hay un representante de Cadena 3, uno del Grupo Clarín, uno de Telefónica y uno del gobierno concretamente. Cuando me refiero a representante me refiero al gerente hasta noviembre de Telefé. Este colectivo designado por el Poder Ejecutivo y con ese origen es el que tomó la decisión de dar de baja a los planes de adecuación de la ley audiovisual.

-Muy en línea con el resto de la composición del gabinete.

Claro, uno puede componer esa serie, gerentes y CEO’s de distintas cuestiones en el mismo marco. Uno se entera que el gobierno de Macri llamó a una licitación para importar petróleo por primera vez en su gestión y la gana frente a una compulsa de dos empresas aquella en la cual era gerente hasta diciembre el actual ministro de Energía, y entonces entiende de qué hablamos cuando hablamos del gerente de Telefé suspendiendo los planes de adecuación de la propia empresa.

-También hubo avances en algunos negocios que pretendía hacer Clarín en el marco de la convergencia.

Fue conocido a final del año pasado que Clarín compró la empresa Nextel, que provee el servicio de telefonía móvil con una tecnología peculiar que usa 2G y funciona también como sistema de radio, pero lo cierto es que fue el camino de entrada al mercado de telecomunicaciones que es donde no estaba y necesita estar prontamente el Grupo Clarín.

El ENACOM había aprobado en primera instancia esa compra, que no es tan significativa en términos económicos como simbólicos porque es el punto de entrada a ese mercado. Digo esto porque Nextel controla solo el tres por ciento del mercado de la telefonía móvil, el 97 restante se reparte entre las tres empresas Movistar, Claro y Personal, es decir, Telecom, la empresa mexicana y Telefónica España que además opera en TV abierta.

Ese ingreso le va a significar a Clarín una erogación importante de dinero para adecuarse al mercado porque la red de Nextel no está desarrollada plenamente para la tecnología 3 y 4G que es el futuro de la telefonía móvil pero es el mecanismo de un proceso que estimo culminará, en algún momento, con la compra de Telecom que es lo que pretende Clarín y supuestamente generó su pelea con el gobierno anterior y  fundamentalmente con Néstor Kirchner.

-En cuanto a los medios sin fines de lucro el macrismo desde el principio y hace poco en una reunión con las redes de medios comunitarios decía que en varios aspectos no había habido modificaciones por lo cual debería quedar todo igual. Es muy difícil pensar en avanzar en la entrega de licencias ante un panorama como el que estás planteando y con un espectro finito por repartir.

Sí, dividiría la respuesta en dos planos. Por un lado, es cierto, los aspectos que regulan al sector comunitario o sin fin de lucro no fueron cambiados de la ley audiovisual pero también es cierto que el gobierno asegura que la va a reemplazar por otra, yo tengo una mirada negativa respecto a cuántos de los derechos reconocidos por la ley audiovisual para el sector sin fin de lucro se contemplen en esa nueva normativa.

También habría que dar cuenta que en esa reunión que tuvieron las organizaciones, si bien es cierto que lo que le plantearon es nada negativo en torno a sus demandas tampoco es que recibieron una respuesta positiva, les dijeron por ejemplo que los fondos concursables que se desarrollan para el sector comunitario y que tan bien funcionaron, es de lo poco que ha funcionado muy bien en la ley audiovisual, en la Universidad de Quilmes hemos hecho un estudio al respecto y lo destacamos, no están frenados, bueno, pero tampoco está abierta ninguna convocatoria de ninguna línea y algo que no se ha dicho en esa reunión y que me toca decirlo, lamentablemente, es que como el decreto 267 excluye a la TV por cable de la ley audiovisual también la excluye de los aportes que tiene que pagar en caso de multas, erogaciones, etcétera. Y eso es parte fundamental de lo que financiaba los Fomeca, con lo cual esperar que el Fomeca continúe del mismo modo que antes se me vuelve un tanto difícil.

En ese escenario estamos y sin embargo la reunión fue aparentemente amena y los reclamos fueron atendidos y supuestamente habrá respuesta en una próxima reunión. Insisto en que estaría muy advertido en tanto si efectivamente hay una nueva ley, cuánto de los elementos que reconoce la ley audiovisual serán contemplados.

Además, creo que la discusión sobre la finitud del espectro, que es cierto, se mantiene como finito, puede ser con la visión que manifiesta este gobierno respecto al desarrollo tecnológico puesta en duda u opacada a partir de que como la discusión será la convergencia y todo el mundo podrá tener triple play, no hay un problema para que los comunitarios tengan su licencia.

Tengo una mirada muy negativa respecto del futuro porque la ley audiovisual no solo establecía aquel reconocimiento sino que lo hacía en todas las bandas y frecuencias. ¿Por qué no podía haber una cooperativa que brinde todos los servicios? Es una asociación sin fin de lucro y que gestiona el proceso desde otro modelo económico. Creo que eso no se va a contemplar en la ley propuesta por el gobierno de la Alianza Cambiemos en tanto el decreto 267 estableció, por ejemplo, que se pueden transferir las licencias ahora, algo que prohibía la ley audiovisual, incluso planteó que si se transfieren hay que avisarle al Estado y si el Estado no responde en 90 días queda aprobado, pero las cooperativas no pueden vender servicios. Ese es un problema, hay una desigualdad ante la ley. Son el único actor que podría competir con un servicio de calidad a empresas que controlan el 97 por ciento del mercado.

Oscar de Isasi, secretario general provincial de ATE y la CTA Autónoma, dialogó con FM De la Calle sobre los despidos masivos de trabajadorxs del Estado, el contexto político y económico y el plan de lucha gremial para enfrentar el ajuste.

-¿Qué sectores fueron los más afectados por los despidos y cuántas personas han sido cesanteadas?

Los despidos más masivos fueron en los municipios, alrededor de ocho mil o nueve mil. Algunos fueron reincorporados porque son empleados hechos y derechos y también, por la presión de nuestra organización sindical.

-¿Y en provincia de Buenos Aires?

En la provincia, de los que nosotros hemos detectado, ha habido entre 200 y 300 despedidos, el pico fue en la Dirección de Escuelas donde tenemos 29 trabajadores con probadas condiciones laborales, no tienen con qué darle con el tema de ñoquis pero al día de hoy no han sido reintegrados. Estuvieron ocupando el organismo de manera pacífica para ir a una negociación que esperamos tenga el resultado que tenga que tener, que los trabajadores que trabajan tienen que seguir trabajando y cobrando su sueldo.

-Hay preocupación respecto a lo que pueda suceder a fines de marzo, ¿no?

Sí, porque en realidad lo que uno olfatea es que a fines de marzo se intente una nueva ofensiva en ese sentido. Estamos convencidos de que el gobierno nacional e irradiando a los gobiernos provinciales y municipales más allá de su signo político, porque también hay despidos en Santa Cruz donde gobierna Alicia Kirchner, algunos diciendo no me queda otra y otros de manera entusiasta, lo que se está haciendo es descargar la crisis sobre los trabajadores y los sectores más vulnerables.

Si uno observa el presupuesto de la provincia de Buenos Aires uno va a ver como vuelve a reducirse la partida de salud, de desarrollo social, de niñez. ¿Quiénes son los que más necesitan las áreas sociales? Son los que menos tienen, que necesitan que se recupere a través del Estado el circuito de vida digna. Se ha reducido esas partidas, se ha precarizado las condiciones laborales, ni siquiera hay un cargo nuevo en el Estado provincial, más allá del operativo mediático que se hizo diciendo que iba a haber 40 mil cargos nuevos, lo cierto es que lo que hicieron fue blanquearlos. O sea, congelamiento de vacantes reales, sobrecarga de trabajo.

Estos dos datos duros hablan de que hay un desfinanciamiento en las áreas que más necesitan los que menos tienen y que hay un desfinanciamiento en el tema de los trabajadores. Si uno tiene en cuenta que la última oferta salarial es del 22.8 en cuatro cuotas, que termina siendo 14.7 anualizado y que no merece ni siquiera reflexionar sobre eso, uno se da cuenta que quieren que haya un aumento salarial muy por debajo de lo que fue la devaluación de los salarios. Los despidos son parte de este combo. En nombre de los ñoquis, están generando un fantasma, lo que se hace en realidad es trata de achicar el Estado en materia del número de trabajadores y se lo hace generando la sensación de que sobra personal y que esos son todos vagos.

Los números duros no mienten, Buenos Aires es una de las provincias que más necesita de la participación del Estado, porque hay miles de trabajadores sin trabajo que están por debajo de la línea de pobreza asentados en el conurbano bonaerense y al costado de las grandes ciudades del interior y además porque es uno de los Estados que tiene menor cantidad de trabajadores por habitante.

Cuando uno habla del Estado y de las áreas sociales y dice que es necesario más presencia en educación, salud, alimentación, uno no habla de robots, no puede reemplazar a un médico, un enfermero o un trabajador social por un robot, habla de privilegiar la incorporación de recurso humano para que los trabajadores sociales hagan encuesta en las barriadas, para que los médicos generalistas estén en las unidades sanitarias, para que los enfermeros en lugar de trabajar 14 o 16 horas para sacar un manguito más, solo por la falta de personal, estén trabajando seis horas con cuatro pacientes a cargo y puedan brindar mayor cantidad de atención.

-Más allá del 22.8% ofertado en la paritaria, ¿con qué demandas habían llegado?

Veníamos planteando que es necesario abordar políticas de recuperación del poder adquisitivo. Por un lado, hay que abordar la urgencia, lo que hemos perdido. En 2014 y 2015 con la carrera inflacionaria donde hemos perdido un 12% y contemplar una proyección inflacionaria mínima del 33 %, eso nos da el 44% de bolsillo que deberíamos recuperar. La mayoría de nuestros representados cobra 7300 pesos a partir de septiembre porque el último aumento fue en cuotas, la canasta básica, la que te pone por encima de la línea de pobreza, no la que te hace feliz, según la ciudad de Buenos Aires -o sea que no merecería discusión porque son del mismo signo político- está en 15600 pesos. Un salario mínimo en la provincia de Buenos Aires puede comprar el 48% de la canasta para sobrevivir, entonces un 44% de aumento sobre ese salario todavía nos pone por debajo. A finales del 2007, el salario mínimo de un empleado de Provincia era igual a la canasta básica, esto lo ponía sobre la línea de pobreza.

-¿Cómo viene la construcción de la medida de fuerza del próximo miércoles y el camino que empieza a recorrerse en forma conjunta con la Central de Trabajadores de la Argentina que conduce Yasky? ¿Es posible empezar a ver la unidad con la Central Autónoma en la calle?

En primer lugar, el paro y movilización a la Plaza de Mayo que vamos a hacer el día 24, que va a ser masivo, que vamos a construir un dato que entendemos que debería hacer reflexionar a Macri y los gobernadores, es un paro de los gremios estatales de la CTA Autónoma y otros gremios también estatales que han decidido transitar el camino de la lucha por los salarios dignos, por la reincorporación de los despedidos, contra la criminalización de la protesta y exigiendo la libertad de Milagro Sala y por la defensa de la seguridad social. Hay algo que no se habla pero en Córdoba y en Tierra del Fuego se está desguazando en pocos días de gestión.

Han adherido las centrales sindicales y muchos otros gremios y organizaciones sociales están dispuestas a solidarizare marchando con los gremios estatales. Ese va a ser un paro de estatales en construcción a lo que creo yo necesitamos que es un paro de las centrales si esto no cambia.

La unidad, lo que vos referías a las dos CTA que también podría ser aplicable a otras centrales, no se hace por arriba con dos dirigentes, hay que construirla por abajo, hay que trabajar con los compañeros docentes, estatales, empezar a hacer asambleas conjuntas que nos permitan fortalecer la unidad por arriba pero que no sea una unidad de supervivencia de algunos sino una unidad sólida donde en cada escuela, en cada hospital, en cada organismo, se tenga la fortaleza para poder sostener esa unidad en función de lo que necesitamos que es la masividad y la contundencia para parar el ajuste y para ir por una más justa distribución de la riqueza en un país donde el destino no es ser pobre sino un país inmensamente rico cuyo problema es que la riqueza está concentrada en pocas manos.

Texto: Diego García.

(Por Francisco J Cantamutto) El jueves pasado, el Gerente de la Nación Macri anunció cambios en el impuesto a las ganancias que benefician a una minoría y nos perjudican al resto del pueblo.

El día jueves Macri anunció el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, de los $15.000 vigentes a $30.000. La medida se corresponde con la propuesta de campaña de Cambiemos y el Frente Renovador, y es retroactiva al 1 de enero.

La decisión de otorgar el aumento llega tras el fuerte incremento de los precios de los primeros 70 días y de cara a las paritarias por venir. De hecho, la cifra anunciada se corresponde exactamente con lo pedido por Hugo Moyano tres días antes. La cúpula de la CGT viene reuniéndose con el Gerente de la Nación de cara a las negociaciones paritarias de este año: buscando obtener privilegios para sí, le ofrecen a Macri un intento de contención social, en el marco de un ajuste social de gran escala. La oferta del Gerente encontró buen eco en los representantes de camioneros, bancarios, petroleros y portuarios: se trata de los gremios donde casi la totalidad de sus representados paga el impuesto. Sin embargo, la realidad para el conjunto del pueblo trabajador es otra

El impuesto

El debate por el impuesto a las ganancias viene candente desde hace varios años. Se trata de un tributo relativamente común en el mundo y de carácter progresivo, excusas utilizadas para justificar su aplicación. Se trata de una excusa, porque al eximir del impuesto la mayor parte de las ganancias generadas en operatorias financieras, el tributo redistribuye entre los propios trabajadores. Por eso, el debate está ligado a lo que en Argentina se conoce como cuarta categoría, que son los asalariados en relación de dependencia y jubilados.

Todos y todas quienes superen un monto mínimo de ingresos se ven obligados a pagar por este impuesto. El cálculo exacto es complejo, pues depende de diversos descuentos considerados y distintas tasas (alícuotas) aplicadas. El mínimo es relevante porque es el salario a partir del cual comienzan a pagar. Durante la Convertibilidad, concretamente en 1992, se prohibió indizar este monto, lo que se consolidó una década más tarde, con la Ley de Emergencia Económica de Duhalde. En la medida en que los salarios comenzaron a recuperar poder adquisitivo perdido por la inflación, fueron lentamente acercándose al mínimo que previamente fuera elevado. Así, a partir de 2008, el tema apareció en la agenda como un reclamo gremial, lo que –por cierto- ganó la simpatía del empresariado, siempre de acuerdo con reducir impuestos a las ganancias.

Al no ser actualizado de manera automática, el mínimo no imponible fue modificándose por decreto, según las necesidades fiscales y políticas del gobierno anterior. Las últimas modificaciones fueron en 2013 (decreto 1.242) cuando se estableció que pagarían el impuesto quienes hubieran ganado $15.000 por mes entre enero y agosto de ese año, y en 2015 (resolución 2.437), cuando se redujeron las escalas para sueldos menores a $25.000.

La falta de actualización del mínimo jugó como parte superior de una “tijera” para los asalariados, cuya parte inferior era la corrida contra la inflación: si en las paritarias se lograban mejoras salariales contra la inflación, se caía en el impuesto a las ganancias, poniendo así un tope de hecho. De modo creciente, trabajadores de diversos sectores de actividad fueron cayendo en esta situación. Se trata del segmento del tributo con mayor crecimiento en los últimos 5 años, muy por encima de lo pagado por las empresas. La propia presión de los gremios por pelear contra la inflación aumenta la base imponible, elevando la recaudación sin esfuerzo fiscal. El total de lo recaudado por este impuesto equivalía a casi el 7% del PBI a mediados del año pasado. En enero de este año, significó un 25% de los recursos tributarios totales.

Qué cambió

Con el nuevo mínimo, pasarían a pagar el impuesto los trabajadores solteros que ganen más de $18.880 o los casados con hijos que ganen más de $26.000, en ambos casos en términos netos (“de bolsillo”). Los cambios en las escalas serán enviados para debatir al congreso en marzo.

Actualmente, esto implica a un 10% de los asalariados ocupados en condiciones formales (poco más de un 6% de los ocupados totales) tributan por este impuesto. Desde la AFIP se calculó en 180.000 personas (un 2% de los ocupados) dejarán de pagar con esta modificación, pero la estimación es inexacta, porque se desconoce cuántos trabajadores alcanzaron el mínimo en el lapso de los más de dos años sin ajuste de este valor.

El anuncio de Macri se produce justo antes de las paritarias, porque su rol es el mismo que durante el gobierno previo: funcionar como techo para los gremios de mejores salarios, y a través de ese límite, operar como techo para el resto de las paritarias. Pero no sólo por funcionar como techo en las negociaciones este anuncio es un problema para la mayoría de los trabajadores. El costo fiscal estimado de esta medida está estimado por la AFIP en $49.000 millones. Al igual que la quita de retenciones, impuestos a las importaciones, a los autos de alta gama o al champagne, este cambio contribuye a aumentar el déficit fiscal que el gobierno dice combatir. En la misma lógica, el aumento de gastos ligado a la propuesta de pago a los fondos buitres va contra el argumento utilizado para despedir injustamente miles de trabajadores estatales. En este sentido, esta medida erosiona los recursos del Estado disponibles para políticas públicas.

El anuncio de gobierno no debe tomarse como una buena noticia: se trata de un nuevo ardid oficial en el marco de un brutal ajuste social.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentó al Consejo de Seguridad Interior los alcances del “protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas”. “No vamos a tolerar la extorsión”, advirtió la funcionaria tras su aprobación.

La iniciativa considera manifestaciones públicas a las “concentraciones pacíficas de personas, que se expresan con un fin o motivo en común, las que podrán ser programadas o espontáneas, y que se desarrolla por un período limitado de tiempo”.

En el caso de las programadas, las autoridades de seguridad jurisdiccionales deberán tomar “contacto con los líderes de la manifestación, a fin de que se encauce la misma en el marco del presente Protocolo y las leyes vigentes” y coordinar la protesta “de acuerdo a las características para establecer su recorrido, tiempo de duración y realización, dando aviso a la justicia”.

El protocolo establece que las fuerzas de seguridad “deben garantizar la libre circulación de personas y bienes –sea en calles, avenidas, autopistas, rutas nacionales, corredores de transporte público y de los principales accesos y avenidas centrales de los ejidos urbanos y rurales”, enumera como ejemplo aunque deja a “criterio” de los uniformados “la táctica a utilizar” sugiriéndoles “atención preferencial” hacia niñxs, adolescentes, mujeres embarazadas, adultxs mayores y personas con discapacidad.

El procedimiento propuesto por el macrismo comenzará con el aviso a las autoridades políticas por parte de las fuerzas de seguridad y el establecimiento de “un espacio de negociación para que cese el corte”, seguido por el aviso judicial.

Más allá del resultado de la “negociación”, se escucharán las “frases cortas y claras” del jefe del operativo de seguridad “a través de altoparlantes, megáfonos o a viva voz” ordenando a lxs manifestantes “desistir de cortar las vías de circulación de tránsito”, “retirarse” y “ubicarse en zona determinada para ejercer sus derechos constitucionales”. “El personal de las fuerzas de seguridad no deberá reaccionar ante provocaciones verbales o gestuales de algunos manifestantes”.

Si la protesta persiste, se habilitará la criminalización mediante el art. 194 del Código Penal que promete de tres meses a dos años de prisión a quien “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.

 “Si los manifestantes no cumplieren con la orden recibida, se les solicitará que depongan el corte bajo apercibimiento de proceder conforme lo establecido para los casos de los delitos cometidos en flagrancia, según lo dispuesto en los Códigos de procedimiento Penal de cada jurisdicción, poniendo en conocimiento del Magistrado competente, y se procederá a intervenir y disolver la manifestación”, amenaza el protocolo.

 Tras el acuerdo o la represión, las autoridades políticas de la jurisdicción designarán personal para “establecer una instancia de negociación con el líder o representante del grupo de manifestantes, a los fines de canalizar sus reclamos a las áreas que correspondan”.

 Quienes “inciten a la violencia” o “porten elementos contundentes y/o armas de cualquier tipo, o utilicen fuego, combustibles, elementos explosivos o inflamables, agentes químicos, pirotecnia, o cualquier otro artículo que pudiere dañar la integridad de las personas”, bienes o “el medioambiente”, serán “identificados” y “aislados”.

Si existiesen daños durante la manifestación, se detendrá a sus autores y se accionará civilmente en su contra, así como la de “la entidad con personería jurídica o gremial a la que pertenezca, sus representantes legales o administradores de hecho y/o contra quien corresponda”.

A contramano de lo actuado en sus dos meses de gestión, durante los cuales hubo balas y golpes tanto para trabajadorxs despedidos como para niñxs murgueros, el gobierno sostiene que “el uso de la fuerza” y de “armas no letales” debe limitarse siempre al mínimo posible”, inspirados en los principios de “legalidad”, “oportunidad”, “último recurso frente a una resistencia o amenaza” y “gradualidad”. En tanto, la prensa será ubicada en una zona determinada “donde se garantice la protección de su integridad física y no interfiera con el procedimiento”. Ya de filmar y fotografiar a lxs militantes deberán encargarse los uniformados, que para eso tienen experiencia.

La periodista Maru Ludueña, vicedirectora de la agencia Infojus Noticias desde su fundación hasta su reciente desplazamiento por parte del gobierno macrista, se refirió en FM De la Calle al borrado de notas ordenado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano. Trata de personas, violencia de género, nietos restituidos, lavado de dinero, fondos buitre, justicia federal, Tragedia de Once y violencia institucional fueron los temas centrales de los más de once mil artículos ocultados uno por uno.

La censura de la cobertura del juicio político contra el suspendido vocal de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti, acusado por su pasado como espía de la dictadura y sus vínculos con la Triple A, fue una de las principales preocupaciones de las nuevas autoridades. “Los primeros días yo fui la encargada de hacer un sumario de notas que debían ser consensuadas, no me parecía mal, lo que me parecía mal era que la mayor parte de las notas no estuvieran siendo aprobadas”.

“Siendo parte de una política pública de acceso a la justicia con el caso de Montezanti estamos cumpliendo un rol importante porque hay mucha gente que no sabe lo que es un jury, el Consejo de la Magistratura, por qué se lo juzga a alguien que cumplió esas funciones. En estos temas que son tan complejos es muy importante ese tipo de estrategia periodística de hablar el lenguaje de la gente y no hacer creer que lo de Montezanti es un asunto como de un grupo o de una casta. Era muy grave que no nos dejaran hacer esas notas y si te fijás no hubo más notas de Montezanti en Infojus Noticias”, aseguró Ludueña.

Como ilustra Cosecha Roja, Infojus Noticias es una agencia creada por el Ministerio de Justicia y DD.HH. en marzo de 2013. Su lema fundacional fue: detrás de los expedientes hay personas. Desde el 19 de abril de ese año hasta el 10 de diciembre de 2015, sus periodistas publicaron 14.098 artículos, la mayoría de ellos de elaboración propia, además de cientos de videos, una decena de informes multimedia y varios ensayos fotográficos. El 10 de diciembre de 2015 asumieron las nuevas autoridades y desplazaron a la conducción de la Agencia. Luego despidieron a una decena de periodistas. En enero, con la agencia muy lejos de su producción habitual, las nuevas autoridades decidieron borrar el 83% del archivo, algo inédito en un medio de comunicación.

Según comentó Ludueña en el inicio de la octava temporada de En Eso Estamos, de comprobarse que las publicaciones fueron eliminadas definitivamente “se constituiría delito porque esas notas no solo son el patrimonio de Infojus Noticias sino de toda la ciudadanía porque se hizo desde una estructura del Estado, es información de un valor documental, testimonial, histórico fuerte, es construcción de memoria, más en los temas a los que nosotros nos dedicábamos que eran temas que en general no tienen demasiada resonancia en los principales medios masivos de comunicación”.

Cómo desmantelar Infojus Noticias

foto-infojus-680x365(Publicado por Maru Ludueña en Facebook el 10 de febrero) A diferencia de mis compañeros de Infojus Noticias, de cientos del ministerio y de tantos miles que trabajadores estatales que se enteraron de modo brutal de sus despidos, tuve el privilegio  de que me lo dijeran en la cara. Fue el 30 de diciembre, al final de la tarde. Ya casi no quedaba gente en la redacción, se venían los feriados de fin de año, y estaban por empezar mis vacaciones. Los detalles casi siempre me parecen importantes en los relatos.

El último día hábil del año, la nueva directora de la agencia donde trabajé desde su fundación (en marzo de 2013), me llamó a su despacho. Puso cara de circunstancias y dijo que no tenía buenas noticias.

-Pero hace poco, cuando asumiste al frente de Infojus Noticias, aseguraste a toda la redacción que nos quedáramos tranquilos. No iba a haber despidos- le recordé.

-Sí. Son cosas que me exceden. Los de arriba no quieren que la primera línea de la agencia se quede.

Cristian Alarcón, periodista, una de las personas más talentosas y humanas que conozco, generador de proyectos que crean laburo para muchos colegas, capaz de gestos de nobleza pocas veces vistos. Fue despedido sin que nadie se lo haya dicho. A esta altura solo queda pensar que nadie se atrevió a hablar cara a cara con el fundador de la agencia.

A Sebastián Hacher, jefe de redacción, compañero de largas noches cargando especiales de Infojus Noticias, capacidad insana de trabajo e innovación, lo despidieron el 29 de diciembre, antes de irse de vacaciones. Martín Ale, entonces director de Infojus Noticias -visión política aguda como su ojo editor- había renunciado cuando se anunció a la nueva directora.

Ella, Sabrina Santopinto, desembarcó en la oficina el 10 de diciembre, minutos antes de que Macri asumiera la presidencia, junto a otras tres personas: Alvaro Herrero de la Asociación por los Derechos Civiles (el más cortés, se reunió sólo con el director), Soledad Lladó de la Fundación Pensar y Pablo Actlas, mano derecha en comunicación del ministro de Justicia Germán Garavano. Del día del traspaso presidencial quedan anécdotas para compartir en talleres de periodismo y mesas entre colegas. Ya nos podremos reír. Todavía queda cerca, duele.

Aquel 10 de diciembre, tras una breve reunión con el director en su despacho, “la nueva gestión” se instaló en nuestra pequeña oficina. En el televisor Macri empezaba su discurso, y los tres nuevos nos impartían las órdenes con los modos secos, impertérritos con que los patrones tratan a sus súbditos.

-¡¿Por qué no hay buenas fotos de Mauricio?!

-Quiero las claves de acceso a todas las redes sociales.

-Me nombran administrador en las estadísticas.

-¿Cómo que no tienen una agencia privada que mida el flujo de visitas?

Observarlos era entender que ellos se habían conocido hacía poco, tenían su interna.

Editores, redactores, fotógrafos, equipos de video y redes, todos trabajamos con velocidad para producir los materiales que nos fueron pidiendo. Se habrán sorprendido, no éramos el cuco que esperaban, sino profesionales haciendo su trabajo. Ellos también lo hacían, aunque no podríamos asegurar que con criterios periodísticos:

-Bajá estas dos notas-, ordenó la que en pocos días más se convertiría en nuestra directora.

Las dos notas: “Cristina Fernández de Kirchner se despidió de la presidencia” y “Procelac denunció a la empresa que quiere cobrar bonos de la dictadura”. Qué curioso que fueran esas notas las elegidas: daban pistas. Qué curioso: no habían intervenido Télam, ni Radio Nacional, ni la TV Pública. Pero desde el minuto cero, cuatro enviados especiales tomaron el control de la agencia nacional  de noticias judiciales.

Cuatro veces la ahora directora de Infojus Noticias tuvo que pedir que bajáramos esos artículos. Hasta que apoyo su índice contra la pantalla de mi monitor. “Sacá esas notas”. Se quedó parada hasta que las oculté de la home, siguen online. Desde ese instante, la agencia que nos daba tanto orgullo no existió más. Retiramos las firmas y las iniciales de los que subíamos las notas, un sistema que visibilizó las tareas de cada quien.

Hoy recuerdo el traspaso presidencial como si lo hubiera visto desde la ventana de un submarino en el fondo del océano. Recuerdo a Macri diciendo ante la asamblea legislativa: “Queremos el aporte de todos”. Diciendo “pluralismo”. A Lombardi hablando de “enormes desafíos en materia de comunicación, que haya pluralidad respeto y tolerancia y calidad desde los medios públicos”. De “todas las voces en un tono de respeto”. Mientras Macri bailaba cumbia en el balcón de la Rosada, las claves del nuevo modelo comunicacional y gubernamental habían desembarcado en la agencia. Obsesión por las imágenes y las redes sociales, maltrato laboral, falta de libertad de expresión, desprecio por el Estado y un sentimiento bastante parecido a la revancha.

Al llegar, “la nueva gestión” pidió tranquilidad: no había nada que temer, la agencia les interesaba mucho, era muy valiosa, querían hacerla crecer. No tuvimos que esperar ningún despido para saber que no iban a cumplir.

Los primeros días me tocó hacer el sumario de notas que la nueva directora consensuaba con sus superiores del Ministerio de Justicia. Aceptaban alguna noticia de lesa humanidad pero rechazaban la cobertura de una muestra de fotos de Abuelas de Plaza de Mayo y el jury a Néstor Montezanti, presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, al que se le imputó mal desempeño en sus funciones, por “conductas incompatibles con la vigencia de los derechos humanos” .

De golpe bajó el caudal de notas. Se terminaron las guardias de fines de semana. La nueva directora transfirió mis tareas a otros. En teoría, seguíamos siendo la jefatura de la agencia pero otra jefa nos había pedido desalojar la oficina. Seríamos los primeros, después vendrían por los demás. Con otros modos y objetivos, ya me había pasado.

A fines de diciembre de 2000, una docena de personas fuimos despedidas de un portal de internet de noticias para mujeres (obsidiana.com), con sede en México, Brasil y Estados Unidos, donde trabajé como editora. Un día, sin más, no pudimos entrar a las oficinas. Debimos retirar los objetos personales con custodia. El Chase Manhattan Bank, dueño del sitio que nos había capacitado en su sede de San Pablo, envió telegramas diciendo que pasábamos las horas “jugando al tarot”. Iniciamos una demanda contra el banco con sede en Nueva York. Nos negaron hasta que fuéramos periodistas (la mayoría de esas personas hoy son muy valoradas en sus ámbitos). Aprendí de esa experiencia. Y este diciembre lo vi venir.

Las semanas de transición resultaron desgastantes para todos los que trabajamos -trabajábamos- en la agencia. Nos reunimos en largas asambleas. Muchas veces no logramos ponernos de acuerdo, otras sí. ¿Qué queremos? ¿Cómo lo queremos? ¿Para qué lo queremos? Estas crisis son como la maternidad o la vejez: exacerban lo que había. Y así fueron esos días, controvertidos y agitados. Desde que empezó el desmantelamiento de la agencia, cuando se la vació de contenido, algunos expresamos la necesidad de decir algo públicamente. Se votó esperar.

Un par de días antes de Navidad, la nueva jefa, Sabrina Santopinto me preguntó qué pensaba hacer (yo era subdirectora de la agencia).

-Me sorprendió que los jefes no renunciaran- deslizó con una sonrisa.

-Como el 90% de la gente necesito laburar. Pero soy periodista, quiero saber cómo continúa la agencia y mi tarea. Si habrá notas, si habrá pluralismo, como dijo el presidente el 10 de diciembre.

Me reía de mi, idiota: pidiendo permiso para el pluralismo. Ese día también le pregunté por qué al llegar se había autocensurado haciéndonos bajar dos notas: que CFK terminó la presidencia no es objeto de debate. Dijo que no iba a discutir. Sentí la necesidad de explicarle que mi camino periodístico no había empezado en el ministerio de Justicia. Me advirtió que sabía bien quiénes éramos. Y dijo, sin sonrojarse, que nos habían investigado por internet. Yo también la conocía: ella había colaborado con una nota en Infojus en una oportunidad, un editor le había rechazado con amabilidad una segunda, aún después de darle la chance de reescribirla. Ahora volvía con superpoderes. Quedamos en volver a hablar.

El último día hábil del año, a las seis y media de la mañana, me preparé el mate. Cada mañana, a las siete, tenía los principales títulos leídos, había sintonizado la tele y la radio. Y hablaba con Juan, el redactor que entraba más temprano, para pasar en limpio las primeras noticias del día, para después partir hacia Tandanor.

Esa mañana del 30 de diciembre, conservaba el ritual o la tara, no tenía que pasar ninguna información. La agencia había dejado de subir noticias temprano, mejor dicho: había dejado de subir noticias. Estaba reducida a la difusión de comunicados sobre lo que hizo o dijo el ministro o alguno de sus aliados, salvo excepciones.

Ni bien terminé el primer amargo del día, pispeé algo extraño en la yerba. Algo demasiado oscuro. Me acerqué: había una cucaracha adentro del mate que me acababa de tomar. Tarde para escupir. No supe qué hacer. Presentí que no me esperaba nada bueno.

Cuando llegué a Tandanor, había caras nuevas y muchas miradas atentas a la seguridad en la entrada al edificio. Pensé que vendría Macri, pero alguien comentó: “Viene el ministro”. Me pareció que el ministro no podía venir a Tandanor, una sede importante de su área, como si fuera un lugar ajeno. Al mediodía subí al último piso, donde está el comedor. Sí, era él, Garavano dirigía unas palabras a doscientas personas que sentadas a las mesas habían dejado de comer. Hablaba de fortalecer el acceso a la justicia y de que no tuviéramos miedo a los despidos, su gestión iba a poner orden. Dijo que se había encontrado con un ministerio caótico, donde las dependencias funcionaban desarticuladas, compartimentos estancos. ¿Con qué sentido un ministro se dirige así a los trabajadores cuando les habla por primera vez, y -ya que estamos-, el último día del año? Dudé en acercarme y decirle que los 40 que hacíamos Infojus Noticias funcionábamos como un reloj. Que sabía cómo trabajaban algunas oficinas, en diálogo con diversos sectores. Pero recordé que había desayunado un mate con cucaracha. Insectos que crecen en la oscuridad y son capaces de resistir a la radiación.

Ese día interminable, después de esperar horas, la nueva directora me anunció que estaba despedida. No pudo dar detalles: ni a partir de cuándo, ni cómo, ni cuánto. “Te mando un mail, copio a recursos humanos” (no lo hizo). Le deseé suerte con la agencia: “Cuidala. La hicimos con amor”. Se sorprendió, el día anterior, el jefe de redacción le había dicho lo mismo. La parte más picante fue cuando se ofreció a dar referencias a futuros empleadores, y a explicar que mi “salida” no se debió a nada en particular. Un mes después, en una reunión ante los siguientes diez despedidos, dijo que fue ella la que pidió que echaran a la jefatura.

Tampoco es la idea cargar las tintas contra la directora de Infojus Noticias, una mujer que se escabulle por las escaleras y fue incapaz de dar una respuesta a tantos colegas que la llamaron en los últimos días. Ocupa un puesto donde le toca esta parte horrible, el punto de contacto con los que sí saben cuáles son los objetivos de esta gestión que no para con sus provocaciones. Los que detentan el poder como si fuera un traje caro que se compra con su plata.

Me fui de vacaciones, sí.  Después de la muerte de mi padre y la pérdida de mi trabajo – ocurrieron casi sin intervalos entre sí-, sólo podía seguir el plan de rescate emocional y espiritual trazado con familia y amigos, al mismo paraíso secreto donde veraneamos hace años.

Cuando volvía, diez compañeros más fueron despedidos brutalmente. Algunos habían ido durante días a laburar sin saber que ya los habían echado. Hoy somos 14 los que nos quedamos sin trabajo (contando la renuncia del director). Con una editora muy valiosa “devuelta” en enero a la dependencia que había habilitado su pase. Es decir, quince personas menos. Pocos pidieron la reincorporación, los banco y espero puedan lograrlo. Imagino que para quienes continúan la situación es durísima. Aunque no tengo más que unas clases en la facultad, desde que me echaron aclaré no quería la reincorporación. Lo que me desvelaba era el sentido de la tarea. Lo que hubiera querido evitar es el desmantelamiento de la agencia, que se lee en consonancia con el resto de los despidos en otras áreas del Estado, afectando a políticas de Verdad, Memoria y Justicia, pero también de cultura, género, salud, cárceles.

Cuando nos desalojaron de la dirección, no tenía demasiadas cosas que llevarme: todo lo que había hecho era colectivo y estaba online. Me pregunté ¿por cuánto tiempo más? Aquella tarde, mientras cargaba por los pasillos de Tandanor un par de bolsas con papeles, el mate y el termo, pensé que sentía orgullo de esos tres años de agencia. Hundirla les llevó un día. Borrar la mayor parte de su archivo, unas semanas más.

El miércoles pasado, cuando empezó a correr la voz del borrado de notas de Infojus Noticias, comprobamos que lo estaban haciendo selectivamente y en tiempo real.  El archivo tenía más de 20 mil notas. Hoy sólo están accesibles menos del 10%. “No sólo nos preocupa la pérdida de nuestro trabajo de tres años, sino que muchas de las notas tenían un fuerte valor testimonial, documental e histórico” dice el comunicado de los trabajadores de la agencia.

Pedimos que todos los archivos vuelvan a estar disponibles en la agencia. Seguimos esperando una respuesta. Llegaron la solidaridad, el reconocimiento y el apoyo de colegas, lectores y referentes. “No se puede borrar la historia, es como querer borrar la memoria” dijo Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, a Radio 10. Graciana Peñafort, en una nota en Cosecha Roja, explicó: “Cuando decidís borrar notas que han sido producidas por el Estado, es como quemarlas. No es ordenar tu escritorio, es destruir un patrimonio documental que pertenece a todos”. Peñafort dijo que se trata de una afectación grave del patrimonio documental. De comprobarse que las notas se borraron definitivamente, hay delito. Además de que eliminar estos archivos afecta el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información pública, también implica un incumplimiento del Pacto de San José de Costa Rica.

Cuando empezamos a hacer un registro de las notas borradas, repasé algunos de los momentos más intensos y desafiantes. Imposible nombrar todos. El operativo obsesivo de buena parte de la redacción para localizar la tumba de Videla. Cómo nos temblaron las manos cuando dimos la primicia de que estaba enterrado en Pilar. La emoción de haber contado sentencias históricas en juicios por delitos de lesa en todo el país, pero también las historias de las víctimas. Algunas hablaban por primera vez, y en ese gesto el relato se convertía en memoria histórica.

Las restituciones de los nietos. El momento en que un fotógrafo captó el papelito donde Etchecolatz  escribió “Julio López”. La cobertura persistente de juicios y memorias de violencia institucional (Masacre de Carcova, Luciano Arruga, Julio López). La represión en el Borda. Los juicios a los que no iba casi ningún medio masivo, como el del crimen de Cristian Ferreyra en Santiago del Estero. El proceso por encubrimiento del atentado a la AMIA y de la represión 2001. Las notas sobre trata de personas, diversidades, nuevos derechos. La muerte violenta de Diana Sacayán. Las historias de los bomberos que murieron en el incendio de Iron Mountain, y las revelaciones sobre una red de complicidades. Conflictos como el de la imprenta Donnelley, la planta recuperada por los obreros. El juicio por el crimen de las turistas francesas en Salta, contado en la exquisita pluma de Ana Fornaro. Su cobertura desde Nueva York sobre la negociación con los fondos buitre, poniéndole ojos de cronista a los temás más ásperos.

Ese era nuestro trabajo: contar que detrás de los expedientes hay personas, detrás de las personas, historias y tramas complejas. Servir de insumo a los medios con las noticias judiciales, tanta veces encriptadas en el lenguaje para entendidos. Visibilizar las voces de las víctimas. Porque fuimos parte de una política de Estado de acceso a la justicia.

Algunos artículos hacían saltar los servidores y la adrenalina de la investigación periodística, como pasó con la restitución de la identidad de Ignacio Montoya Carlotto, a la que tampoco se pueda acceder. Otros cobraban vida a partir de un dato simple: la muerte de una médica del SAME, la “leona de ambo verde”, una de las más leídas. Y estaban esas que cuesta cubrir y leer, como la muerte de dos hermanitos en el taller clandestino de Flores, que Juan, un redactor, investigó obsesivamente.

¿Cómo contar la singularidad de cada historia, de cada proceso, de cada centro clandestino de detención, y dar cuenta al mismo tiempo de las tensiones en la que se inscribe la trama colectiva? ¿Cómo visibilizamos la compleja trama del lavado de dinero en Nordelta? ¿Y la complicidad económica con la dictadura? ¿Cómo hacemos para narrar que cada juicio a María Julia es diferente? Eran algunas de las preguntas que intentamos responder en esos tres años. Algunas de las respuestas están -estaban- en fotos, ilustraciones, videos y tuits que configuraron una identidad periodística. Cada temática era también un desafío doble: ¿cómo narrar desde el mismo Estado el atentado a la AMIA, las problemáticas de género, de violencia institucional y de discriminación? A las organizaciones y personas que activan las cuestiones que abordamos les debemos enorme agradecimiento por ayudarnos y más por desasnarnos.

Supimos tener colaboradores rápidos y agudos. Redactores y productores que llegaban de una entrevista y preguntaban qué se hace con ese dolor, como si tuviéramos algún conjuro. Quedan los aprendizajes y las batallas. Haber intentado eliminar para siempre el uso del potencial. Luchas por la construcción de una oración, por el uso de una palabra. Hicimos unos especiales por los que valió la pena laburar 20 horas seguidas, como en el caso de AMIA, que aún sigue online. Le pusimos todo lo que pudimos. En mi caso, no fue difícil: fue uno de los trabajos más hermosos que tuve. Me siento muy agradecida. Más allá de la exigencia que significó en mi vida personal: los malabares con mi hijo, mi esposo, mi madre y mi suegra todas esas veces que pasó “algo” y bancaron.

Los aciertos fueron colectivos, las equivocaciones también. Hubo errores, sí. Y fue de lo que más aprendimos. Con el más grave, pasamos noches sin dormir. Repasamos una y otra vez los procedimientos, dolidos y avergonzados. Al entonces director, Cristian Alarcón, le pidieron la lista de los compañeros involucrados en subir esa noticia. Se negó a darlos. Pagó el costo con su nombre, que a algunos medios les encanta ensuciar, y con su desplazamiento. Nos equivocamos, sí. Apenas lo supimos, pedimos disculpas y nos rectificamos. Esa es la diferencia entre el periodismo y la operación.

Hicimos un proyecto periodístico de calidad. No nos despidieron por nuestra capacidad ¿Por qué nos despidieron? ¿Por qué bajaron la mayor parte del archivo? ¿Por qué el ministro Garavano no pudo dar una respuesta consistente? Dijo al Buenos Aires Herald: “Algunos artículos pueden no estar disponibles, pero no fueron borrados” y anticipó que la agencia sufrirá cambios radicales: “no queremos una agencia de activistas”.  ¿Por qué quienes tantas veces se erigen en paladines de la retórica de la libertad de expresión siguen sin hablar de esto y publicaron notas que pretendieron ensuciarnos con datos falsos, quizás “preparando el terreno”?

Como decía Ryszard Kapuscinski , “para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser un buen hombre, o una buena mujer: buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias”. Ya lo dijo el maestro en el libro donde está esa cita: los cínicos no sirven para este oficio.

Hace unos días fui a notificarme del despido. Mientras esperábamos junto a Cristian, delante nuestro había tres jóvenes de mamelucos viejos y con restos de pintura, derrumbados sobre los asientos. Eran empleados de mantenimiento, esperábamos lo mismo: que el guardia nos hiciera pasar a una ventanilla a firmar los despidos. Una señora de más de 50 que acababa de firmar el suyo salió caminando despacito y se secó las lágrimas en silencio. Volvió a largarse a llorar cuando nos contó que trabajaba en limpieza y se había enterado ese día. Por otra puerta, al mismo lugar, llegaban los nuevos: jóvenes de camisa y pantalón, que, así como nosotros hace tres años, ese día firmaban su incorporación. Transferencia de recursos. Pensé en la promesa de terminar con la pobreza y en los grandes planes de acceso a la justicia. En la cucaracha en el mate y en el cinismo.

Agustín Lecchi, delegado de TV Pública y secretario de Organización de SiPreBA, habló en FM De la Calle sobre los despidos sufridos por periodistas de distintos medios.

El caso más resonante es el que involucra a cerca de 800 trabajadorxs del Grupo 23. “Los están desmembrando, la primera venta fueron Radio América y Tiempo Argentino al Grupo M de Luxe que es de Martínez Rojas, empresario que  jamás tuvo algo que ver con los medios”.

“Hay compañeros que no cobran los sueldos desde hace más de tres meses, ni aguinaldos ni nada, pasaron las fiestas y el verano en esta situación que ya es un contexto de hambre”.

Los conflictos con el gremio de prensa se agudizaron en los últimos tiempos, “se han sumado varios sectores vendidos y algunos de los empresarios que adquieren medios son de procedencia desconocida para nosotros”.

El delegado de TV Pública se refirió a la posición de Sergio Szpolski: “Sabemos que recibió 40 millones de pesos de pauta oficial de este gobierno nacional, como tiempo atrás del kirchnerismo y también del gobierno metropolitano le dieron, y sumado a esto obtuvo pauta privada. (Sin embargo) este tema lo usan de excusa para echar gente”, sentenció.

Con respecto a la precarización laboral de lxs trabajadorxs de prensa, el secretario de Organización comentó el descrédito que tienen los empresarios de medios. “Ellos no cumplieron absolutamente nada de lo que prometieron. Nosotros planteamos que el Estado le saque la pauta oficial a estos empresarios  para solucionar la situación de los trabajadores, pero lo único que recibimos es un silencio cómplice”.

El saldo positivo fue la reunión con el ministro de Medios Públicos, Hernán Lombardi. “Logramos hacer una mesa con las diferentes federaciones y pudimos resolver las situaciones de conflicto que había en Radio Nacional. Las charlas con Lombardi fueron buenas”. “Por ahora no hay despidos de trabajadores de Canal 7 ni hay en vista tocar nada que esté relacionado a la fuente laboral ni a las condiciones de trabajo, solo hubo renovaciones lógicas que suceden cuando cambia la administración”.

Con respecto a la vida gremial, Lecchi manifestó que “teníamos armada una agenda más organizativa, tenemos elecciones en breve y no podemos desatender la situación; pero el conflicto nos llevó a la calle”.

Texto: Diego García.

(Por Francisco J Cantamutto) Dos meses van ya, y el gobierno de Cambiemos confirma día a día su sesgo ajustador, en beneficio de unos pocos. Los ritmos de la devaluación y la inflación al servicio de esos pocos.

Cuando hace 3 meses caracterizábamos las propuestas en juego, señalábamos el sesgo de ajuste de Cambiemos, incluso antes de ser electo. Y todas las predicciones fueron atinadas. No se trata de iniciar esta nota con un enaltecimiento del ego (tantas otras notas hicieron lo propio), sino mostrar que no se trataba de una campaña de miedo, sino de un análisis concreto para desmentir la revolución de la alegría.

El gobierno de Cambiemos, en estos dos meses de tareas, se ha encargado de certificar su sesgo de clase. La columna dominical de Verbitsky comenta sobre un informe del CIFRA de la CTA en este respecto, mostrando –una vez más- que no se trata de un gobierno para todos, sino una gestión para pocos. Allí se consigna la composición social del “equipo”, haciendo notar la presencia explícita de representantes de la banca extranjera, los oligopolios mineros y las empresas de servicios, con menor presencia del agro y la industria. No sólo por la presencia de sus conspicuos portavoces son beneficiados estos sectores concentrados del poder económico y político, pues múltiples adláteres ofician de apoyo bajo una convicción ideológica forjada en años de educación y trabajo para sus mandantes. Es allí donde se cruzan los argumentos neoliberales como excusas y como programa de clase.

Aunque útil para notarlo (por lo explícito del caso), el análisis sobre la hegemonía no debe restringirse a los cuadros orgánicos que ocupan cargos, sino a través de sus acciones concretas. Por ejemplo, señalábamos antes cómo el vínculo directo con la banca ha desatado esta furia endeudadora mediante la venta de bonos del Banco Central, del Tesoro y ahora la propuesta de arreglo con los fondos buitres. Pero pocas cosas parecen tan concretas en estos dos meses como el acelerado ritmo de la devaluación y la inflación, que afecta los bolsillos de la clase trabajadora.

Con un dólar superando los $14,60, la devaluación total de estos dos meses ha sido del 55%. En términos de poder adquisitivo, esto significa que nuestros salarios en pesos perdieron un 35% en dólares. Sí: podemos comprar menos, porque nuestros pesos valen menos. Esta pérdida aplica de modo directo a las importaciones, pero también a productos nacionales con componentes importados, que en la industria promedian más de un tercio de la producción total.

A esta caída del valor del peso, superior a la provocada por Kicillof en enero de 2014, hay que añadirle la quita de retenciones a las exportaciones a toda la producción primaria (primero agropecuaria –con excepción de la soja-, y esta semana, minera). Al quitarle estos impuestos, los exportadores captan un precio mayor de venta: por cada dólar, reciben más pesos, tanto por la devaluación como por la quita de impuestos. Los exportadores son entonces uno de los ganadores de estas medidas, que además han ganado mediante la especulación, reteniendo productos hasta que el precio los satisfaga.

Esto significa mayores ganancias, pero al mismo tiempo un aumento de precios para los compradores de esos productos. Esto significa aumentos de precios para los consumidores pero también aumento de costos en la cadena de valor. Es decir, la devaluación no sólo significa caída del poder de compra en dólares sino que está generando aumentos de precios internos: esto es, inflación. Cambiemos, que se llenó la boca hablando de reducir la inflación durante la campaña, a fuerza de ilusiones abstractas, ha dejado en claro que no es ese el objetivo. Aunque nos han dejado sin estadísticas hasta agosto (ocultando información pública), la inflación estimada entre consultoras privadas y el índice de precios al consumidor de la ciudad de Buenos Aires indica que tanto diciembre como enero cerraron en torno al 4% mensual. Para febrero, merced de los aumentos de tarifas eléctricas (otro sector ganador), que van de 550% a 700%, se espera que el aumento sea del 5%. Un acumulado en tres meses del 13,5%. Extrapolado al año, la inflación superaría el 35%.

Pero este aumento de precios, muy superior al de los años previos, no afecta a todos por igual, como el discurso mediático insiste. Una ventaja de este fuerte aumento de precios es que perdemos noción de los precios relativos. Esto permite a la cadena de comercialización aumentar sus márgenes de ganancia sin correlación alguna en los costos. He aquí otro sector ganador. El gobierno ha propuesto para su control un sistema ineficaz, sólo apto para usuarios de telefonía móvil en ciudades, un traspaso del costo de control a los consumidores.

Entonces, el ajuste de precios beneficia a exportadores, importadores, comercializadores y a las prestadoras de servicios. No es un caos ni aleatorio: el ajuste está diseñado para mejorar las ganancias de unos pocos contra las necesidades de la mayoría.

Justamente, usando como testigo la paritaria docente de la provincia de Buenos Aires, el gobierno espera que los salarios aumenten entre 20 y 25%. Muy por debajo de la inflación. Con casi tres meses de devaluación e inflación, las paritarias inician con desventaja, con salarios que ya fueron reducidos, y en la pelea desigual por recuperar lo perdido, el gobierno nos traslada el costo del ajuste. Y para garantizar ese resultado ya ha puesto en marcha el operativo de represión a la protesta y arreglo con la burocracia sindical.

La inflación no es resultado del gasto público ni la emisión: es el ajuste de precios, la pelea por la apropiación del ingreso. Y en esta pelea, el gobierno ha tomado partido claro a favor de los grupos concentrados.

(Por Julio Gambina) El gobierno de Macri busca disciplinar al movimiento sindical y por eso junto a las cesantías en el Estado, la represión y criminalización de la protesta social, se pretende asociar a los objetivos de la gestión a parte de la dirigencia gremial. Por eso la reunión del gobierno se limitó a recibir a la dirigencia de las distintas versiones del sindicalismo tradicional agrupado en las CGT.

Afuera del diálogo quedaron las CTA, que nuclean a gremios y movimientos sociales que expresan muy fuerte la conflictividad en estas horas. No importó la legalidad de ambas centrales, sino que primó en el gobierno el objetivo de contención y aislamiento del conflicto social. Es una estrategia acompañada de represión y criminalización de la protesta social.

ATE convocó a un paro nacional para el 24 de febrero y crecen las adhesiones y simpatías de una medida que trasciende los propósitos concretos de la medida, contra las cesantías y en defensa del empleo público. Los trabajadores estatales denuncian cerca de 20.000 cesantías en los tres ámbitos del Estado: municipios, provincias y nación, muy por encima del difundido por las autoridades, que solo informan sobre lo que ocurre en el Estado Nacional, desentendiéndose de procesos similares de varias provincias, incluso las gobernadas por el kirchnerismo.

La situación de los gremios docentes está en tensión y son parte de la conflictividad expresada por estas horas. Los docentes bonaerenses acaban de desestimar una nueva oferta del gobierno provincial por actualización salarial del 24,1%, con una demanda del 35% de ajuste, en lo que pretende ser la primera pulseada de un debate nacional reiterado a comienzo del ciclo escolar.

Diversas son las expresiones en solidaridad con la libertad de Milagro Sala y la criminalización de la protesta social, en un momento en que se intenta deslegitimar la experiencia de autogestión desarrollada especialmente ante la crisis del 2001. La “normalización” del orden capitalista local tiene en paralelo la continuidad y extensión de experiencias de organizar la vida cotidiana con y más allá del Estado, lo que supone la disputa de fondos públicos por parte del movimiento social.

En rigor, el problema no es solo de los estatales, ya que las cesantías y suspensiones se extienden también en el sector privado. La Volkswagen y la FIAT anuncian masivas suspensiones ante la reducción de la demanda brasileña. La crisis mundial y su impacto recesivo en Brasil golpea en forma directa sobre la Argentina y desmitifica el imaginario gubernamental de lluvia de inversiones externas hacia el país.

Disciplinar el conflicto social es un objetivo central, ya que en el marco de la crisis mundial de la economía, el imaginario de receptar cuantiosas inversiones externas o préstamos se ralentiza y es creciente el rumbo recesivo de la economía local.

Como hemos sostenido en otras ocasiones, salvo por créditos externos, las reservas internacionales siguen a la baja y no alcanza con las apelaciones a la responsabilidad empresarial para reducir precios. En enero, según la medición en la Ciudad de Buenos Aires, los precios escalaron 4,1%, con alimentos por encima de este promedio, con un registro proyectado para el año del 33%.

La burguesía mundial o local privilegia su propia rentabilidad a los objetivos de “buen gobierno” y “amigable” con el mercado y las empresas sugerido por la burocracia macrista en la gestión estatal.

Precios y salarios

Se puede afirmar que al no poder frenar o morigerar la inflación, con apelaciones morales a la responsabilidad y sin capacidad para disciplinar a los empresarios fijadores de precios, acuden a la reducción de los salarios e ingresos populares.

Un claro ejemplo son los jubilados y otras prestaciones sociales de la seguridad social.

Acaban de difundir la actualización establecida por ley de los haberes jubilatorios, la asignación universal por hijos y las asignaciones familiares, con valores a cobrar a partir de marzo.

La mínima de los jubilados pasará de 4.299 a 4.943 pesos mensuales. Son 644 pesos de actualización, o sea, menos de 22 pesos diarios, lo que supone apenas un poco más de pan en el consumo cotidiano. Un poco más de 4 millones de jubilados se ubican en este rango

El ajuste es de un 15%, cuando la inflación de octubre 2015 (última actualización) a marzo 2016, fecha de efectivización del ingreso, puede ser superior a ese guarismo.

Para las pensiones no contributivas se pasa de 3.009 pesos a 3.460 pesos, unos 451 pesos más, algo así como 15 pesos diarios. Más de 1,5 millones de beneficiarios.

Esa actualización también se aplica a la AUH, con cerca de 3,6 millones de beneficiaros, que pasa de 837 a 962 pesos, una actualización de 125 pesos mensuales, o un poco más de 4 pesos diarios. Se actualizaron también las asignaciones familiares de los trabajadores en relación de dependencia.

Son ajustes mínimos que involucran a más de 10 millones de personas, un 25% de la población, evidenciando la situación de empobrecimiento ante la evidencia de un consumo suntuario y beneficios concentrados en una minoría de la población.

El tema de fondo es que el mínimo para una familia tipo, según los trabajadores del INDEC es superior a los 15.700 pesos, con valores a diciembre del 2015. Los trabajadores aceiteros, insisten que más que porcentaje el salario mínimo que requiere un trabajador del sector es de 20.000 pesos mensuales.

La realidad es que la intencionalidad patronal y gubernamental no apunta a resolver la ecuación de satisfacción de necesidades de ingresos de trabajadores y otros sectores populares, de hecho, la mayoría de la sociedad argentina. La orientación de la política económica es pro empresas y su rentabilidad.

Por eso, el BCRA deja que suba la cotización de la divisa estadounidense y ya se acerca a los 15 pesos por dólar, lo que facilita la liquidación de la cosecha de soja almacenada en silos, una aspiración sostenida desde el primer día del gobierno Macri. Además, estimula la tendencia a la especulación contra la moneda local y aspira dinero de la circulación para inducir vía política monetaria restrictiva bajar la inflación. Se trata del retorno de las viejas políticas monetaristas propias de las “metas de inflación” y la ortodoxia en la gestión del Banco Central.

Límites a la política gubernamental y posibilidades para alternativas

Como las inversiones no llegan y eso demora la apertura de crédito a menores tasas de interés, el esfuerzo del Ministro de Economía se concentra en las oportunidades otorgadas a los fondos buitres (holdouts) y observa con satisfacción cierto guiño de simpatía expresado por el negociador de la Justicia de EEUU y el propio juez a cargo de la causa, claro que el acuerdo supondrá cuantiosos costos para el conjunto de la sociedad argentina.

La expectativa del gobierno se concentra en obtener crédito externo y si puede, alguna radicación de inversión extranjera, por eso recibe con expectativa esperanzada las visitas de los gobernantes de Francia e Italia, y mientras tanto cubre con iniciativa política la búsqueda de consenso político a su gestión. Es una estrategia orientada hacia la burocracia política y sindical, develando acciones en operaciones de manipulación ideológica detrás del republicanismo y el amplio diálogo político pregonado.

No hay dudas que el gobierno actúa con gran iniciativa política y aprovecha el desconcierto político generado en ciertos sectores ante la nueva realidad de un gobierno PRO en la Nación, Capital y Buenos Aires y que sin mayoría parlamentaria demostró capacidad para intervenir en captar voluntades de la oposición sistémica.

Ese accionar motiva a pensar en la necesaria estimulación de iniciativa y acción política organizada del amplio movimiento social y político con voluntad de intervenir en la construcción de alternativa.

La discusión es siempre si se puede proponer algo distinto a la lógica discursiva del poder y no caer en la inevitabilidad del ajuste social para combatir la inflación.

El costo puede trasladarse hacia los sectores de mayores ingresos, lo que supone luchar por reformas progresivas del régimen tributario y claro, discutir el modelo productivo y de desarrollo, sus beneficiarios y el tipo de inserción internacional que privilegie la satisfacción de necesidades sociales por encima de las ganancias.

Foto: Uniónentreríos

La Comisión Directiva Departamental de Bahía Blanca informó que el día viernes 12 de febrero desde las 8 de la mañana se llevará a cabo una Asamblea informativa en el Hall del Palacio de Tribunales (Estomba 34).

Por su parte, a nivel provincial “como respuesta al incumplimiento del compromiso asumido por la gobernadora Vidal durante la reunión mantenida el pasado 23 de diciembre, la AJB declaró el estado de alerta y movilización y convocó a los judiciales a debatir en asambleas la respuesta gremial en caso de mantenerse esta situación”.

Según la organización gremial, “el gobierno provincial asumió el compromiso de iniciar las mesas técnicas con todos los sectores de estatales en el mes de enero, para dar inicio a las negociaciones paritarias durante febrero”.

El 26 de enero, la entidad gremial presentó una nota al Ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, solicitando al gobierno el urgente llamado a mesas técnicas.

El mandato paritario

El Congreso de la AJB, realizado en La Matanza el 18 de diciembre pasado resolvió, a partir de los mandatos de las asambleas departamentales realizadas días antes, reclamar en la negociación paritaria los siguientes puntos:

– Aumento salarial, entre un 45 y un 50%.

– Sanción de la ley de paritarias y de la ley que restituye el 3% de antigüedad.

– Bloqueo de título para los peritos.

– Pase a planta permanente de contratados, pasantes y tercerizados de limpieza.

– Incremento al 40% de la Bonificación Especial y Compensación Funcional.

– Transformación automática de Auxiliar 3º a 1º al año de antigüedad.

– Sanción de la ley de licencia por violencia de género.

– Universalización del cargo de Jefe de Despacho.