(Por Julio Gambina) Macri busca normalizar las relaciones políticas y económicas de la Argentina con el poder económico mundial y por eso concurrió al Foro Económico Mundial en Davos, con señales hacia los principales protagonistas del sistema capitalista: el gobierno de EEUU, el inglés, el FMI y ejecutivos de las transnacionales ávidas de negocios con segura rentabilidad. La movida argentina fue presentada como sistémica con la compañía de buena parte del Poder Ejecutivo y Sergio Massa como líder de la oposición peronista. Oficialismo y oposición juntos para una opción de política de Estado amigable con la liberalización.

Llevaba Macri en su haber el cumplimiento de la demanda de la cúpula concentrada de las empresas que actúan en el país: la devaluación de la moneda, la eliminación y reducción de las retenciones y una mayor liberalización de la economía, acompañada de una brutal modificación regresiva de los precios relativos contra los ingresos populares y favorables a las ganancias. La inflación que miden las provincias de San Luis y la Ciudad de Buenos Aires, referentes del INDEC ante la ausencia de indicadores propios, señalan una variación promedio del 6% para diciembre pasado y similar para enero 2016, consolidando la transferencia de ingresos de los de abajo a los sectores más concentrados en disposición de aumentar precios.

Además, se hace propaganda del compromiso de terminar con la cesación de pagos declarada en 2001, por lo que se propone arreglar con los holdouts, los “fondos buitres” que tienen sentencia de cobro por parte de la justicia estadounidense. En ese marco se habilitó al FMI que vuelva a auditar las cuentas de la Argentina según establece el estatuto del Fondo, t así, las restricciones externas para préstamos al país empezaron a flexibilizarse con el rumbo económico del gobierno Macri, aunque las divisas no terminan de ingresar.

De hecho, la colocación del Bonar 2020 en estos días y el canje de Bonos con vencimiento en 2017 tuvieron escaso impacto y pone en evidencia, que no alcanza con buena voluntad y profesión de fe por la iniciativa privada para que se concreten operaciones de ingresos de dólares a la Argentina, ya que la situación de la economía mundial no acompaña las expectativas de los empresarios gobernantes del país.

Lo concreto logrado es el ajuste interno

El FMI corrigió a la baja las estimaciones de evolución de la economía mundial, que en la coyuntura no solo incluye a los países capitalistas desarrollados como hasta hace poco, sino también a los llamados emergentes, especialmente a Brasil en franca caída y a China con desaceleración confirmada con un crecimiento del 6,9% para el 2015, menos de lo esperado y claro, mucho más que el pobre promedio de la economía mundial. Para la Argentina, la previsión es recesiva, con caída de su capacidad de producción.

El dato real es que los capitales globales, salvo ofertas excepcionales de rápida rentabilidad, prefieren la seguridad de los mercados tradicionales, especialmente EEUU con sus expectativas de subas de la tasa de interés, y por eso hay disputas inter-capitalistas que se manifiestan como “guerra de monedas” en un ciclo donde la mayor valorización de la moneda estadounidense induce la baja de los precios de las commodities, entre ellos el petróleo, el gas y de interés para la Argentina, los alimentos y muy especialmente la soja. Parte de ese fenómeno se manifiesta como crisis de las bolsas en todo el mundo, y la de la Argentina es una de las más perjudicadas en este comienzo del 2016.

La realidad es que la disputa por el ingreso y la riqueza se concentra en la redistribución regresiva hacia el interior de la Argentina. Por eso se cuentan por miles los desempleados del Estado y el sector privado, la cara visible del ajuste prometido y ejecutado. Se aprovecha el consenso electoral en el primer tramo de ejercicio de un gobierno que funciona a base de Decretos e iniciativa política e ideológica mediática para construir aceptación social más allá de lo obtenido en las urnas. Es curioso, pero el autoritarismo está asociado a la búsqueda de mayor consenso. Se presenta como señal de autoridad, de eficacia de gestión. Se trata de lógica política de empresarios por la eficiencia en la gestión.

El capitalismo mundial en crisis necesita de más liberalización de la economía y el gobierno Macri es funcional a ese programa. Los capitales transnacionales aguardan conocer cómo se procesa el conflicto social, con represiones diversas y confrontaciones en un tiempo de receso por vacaciones, con negociaciones paritarias que empiezan a intervenir en el debate económico y político, caso de los docentes, los bancarios o los petroleros. Todo agudizado con la incertidumbre derivada de la ausencia de cifras oficiales que midan la evolución de precios y salarios.

Los propósitos del Foro Económico Mundial

Davos reúne al poder económico mundial desde hace 45 años, cuando se convocó al primer Foro Económico Mundial en 1971, con la crisis capitalista de entonces asociada a la disminución de las ganancias gestada desde la mayor acumulación de poder popular en la historia.

Entonces parecía imparable el socialismo en el mundo, con EEUU enterrado en el fango de Viet Nam, que irremediablemente perdería poco tiempo después. En ese marco, el poder sindical había arrebatado históricas conquistas al poder concentrado. El Sur del mundo ejercía su capacidad de demanda asociada al sistema socialista para discutir un Nuevo Orden Económico Mundial, como Carta de los Deberes y Derechos de los Países en debate de la ONU en 1974, solo con 12 votos en contra.

A comienzos de los años 70´, el imperativo era frenar la acumulación de poder popular y se desató una gigantesca ofensiva del capital sobre el trabajo. Una ofensiva de contrapoder para restaurar la capacidad de mando y dominación del capital en la civilización contemporánea. Davos renueva en esta versión del 2016 sus propósitos, aunque sobre el mar de una crisis capitalista que empezó a visibilizarse desde el 2007/8.

La esperanza por una alternativa se procesó con el cambio político en Nuestramérica, justamente en el momento de eclosión de la nueva crisis mundial en 2007. Macri en Davos llevó tranquilidad al poder económico por su disposición a retomar el programa de máxima del gran capital e intervenir en la región para orientar su rumbo hacia la liberalización. Su política internacional inducirá las ansias liberalizadoras de corrientes afines en los gobiernos de Uruguay y Paraguay para contrarrestar el peso de Venezuela o Bolivia en el Mercosur, con un Brasil abocado a resolver su propia crisis interna y lejos de toda pretensión hegemónica regional.

Lo alternativo como asignatura pendiente

Por eso, la pregunta que se impone, para la Argentina y la región es relativa a los límites del proyecto de cambio político, especialmente en las modificaciones estructurales de orden económico. No haber avanzado en ese camino generó las condiciones de retorno al proyecto hegemónico de las transnacionales, los organismos internacionales y los países más desarrollados del capitalismo y el imperialismo.

El proyecto alternativo sigue siendo la asignatura pendiente. Es necesario instalar esa conclusión en la sociedad, ya que no alcanza con propugnar un sentido común de retorno a procesos que mostraron sus límites e incapacidades para transformar profundamente la realidad. La foto del balotaje con dos opciones constituye un problema para construir ese proyecto alternativo. La opción binaria del balotaje no sirvió para identificar rumbo alternativo al orden capitalista y su cristalización en el debate político cotidiano es un límite a superar.

La iniciativa política del gobierno Macri unifica acciones y movilizaciones para la defensa de reivindicaciones económicas y sociales. El problema es que no se requiere solo la unidad de acción, incluso de unidades orgánicas, tal como se sugiere con las CGT o las CTA. La cuestión de fondo es sobre la hegemonía de ese accionar en unidad, si para retomar procesos que demuestran sus límites para avanzar en proyectos de emancipación social, o si se define una propuesta con suficiente densidad social y política para desafiar al orden de Davos.

(Por Liga Argentina por los Derechos del Hombre) Por un 24 de marzo contra el ajuste con represión, en repudio al golpe de Estado de 1976, en solidaridad con los pueblos de América Latina que siguen luchando por la segunda y definitiva independencia; por todos los derechos para todos en Argentina y la región.

En una vertiginosa carrera de decretos de supuesta “necesidad y urgencia”, el Presidente Macri cambia leyes, reglamentos y protocolos como si encabezara una Junta Militar que hubiera dado un golpe de estado, anulado la Constitución Nacional y comenzado un nuevo “proceso” equiparable al de la Fusiladora en 1955, la claudicación “desarrollista” de Frondizi en 1958 o aún, el iniciado en 1976 por Videla.

De todos nosotros depende que tales presagios no se cumplan. Y estamos a tiempo.

Enumerar los decretos y analizar los cambios en las leyes comienza a pasar a segundo plano dada la complicidad de la Corte Suprema, de la mayoría de los Jueces Federales, una parte sustancial de los senadores y diputados nacionales y el desconcierto o impotencia de otros que asisten casi en silencio a la transformación de un orden constitucional en otro nuevo, que todavía no sabemos donde desemboca pero ya sabemos que es un orden para satisfacer los deseos y expectativas de los grupos más concentrados de la economía, esos que mantienen una relación de pertenencia o dependencia subordinada con las transnacionales que sustentan el Poder Imperial de los EEUU y Europa.

En el nuevo orden que se comenzó a instalar al mismo día de la asunción de Macri, los que no aceptan pasivamente los dictados presidenciales son tratados como “enemigos” y encarcelados por la sola razón de convocar a manifestarse, como el caso de Milagro Sala, o expulsado de su trabajo por explícitas razones ideológicas. Se habla de cerca de veinticinco mil despidos solo en la Administración pública y es notorio el afan de contar con una Corte Suprema adicta. De casi todo esto ya nos hemos pronunciado.

La sanción por decreto de una virtual “pena de muerte” con la llamada ley de Derribo, junto a una nueva declaración de Emergencia en materia de Seguridad que autoriza la convocatoria de efectivos retirados de las Fuerzas Armadas (todos ellos, por razones generacionales, con pasado en el periodo del Terrorismo de Estado y formados en la Doctrina de Seguridad Nacional, más allá que individualmente hayan sido inculpados o no, de algún delito de lesa humanidad) es solo un paso más en la construcción de un nuevo ciclo de graves violaciones a los derechos humanos que atraviesa al menos tres dimensiones: la preparación de las fuerzas de seguridad para las tareas represivas, la adaptación del corpus jurídico para las nuevas tareas de estigmatización y judicialización de la protesta social y la construcción discursiva de un nuevo “enemigo” que es nada menos que el militante popular al que se descalifica como corrupto, ñoqui en el Estado o beneficiario de supuestos favores por su condición de compromiso social y político.

La sanción por decreto de la emergencia en materia de Seguridad habilita un costado ya insinuado en otros actos gubernamentales: la administración de la cosa pública como negocios particulares (por la emergencia se podrán hacer compras sin licitación, con los conocidos negociados que el escándalo Niembro reveló) y la subordinación al Imperio en tanto y en cuanto se buscará “la mejor tecnología” y “el mejor know how”, lo que en su concepción no puede ser otro que el de la DEA, el FBI, el MOSSAD israelí, el DAS colombiano o la misma CIA que buscan este costado de la penetración para sus planes de contrainsurgencia estratégica para el continente como lo mostró la destitución de Lugo en Paraguay luego de una acción policial que contaba con asesoramiento de todas estas agencias.

Ante esta situación no alcanza con la queja ni con la denuncia aislada, hace falta la construcción de un amplio bloque de fuerzas comprometidas con la defensa de los derechos humanos en su concepción más integral y abarcativa para lo cual habrá que superar los sectarismos y cálculos partidistas o personales; se requiere una actitud generosa y una voluntad muy firme para enfrentar los nuevos desafíos y derrotar la ofensiva derechista y autoritaria.

Proponemos formalmente al conjunto de organismos y fuerzas vinculadas a la lucha contra la impunidad, por la Memoria, la Verdad y la Justicia; a todos los que se oponen al ajuste con represión de Macri organizar de manera democrática y con protagonismo de todas y todos una jornada unitaria en conmemoración del 40 Aniversario del Golpe de Estado y contra la ofensiva de Macri en Argentina y de todas las fuerzas derechistas en la región

Será el mejor modo de honrar la memoria de los treinta mil y hacer efectiva la consigna del Nunca Más.

(Por Astor Vitali) Milagro Sala fue detenida el 16 de enero en el marco del expediente “Sala, Milagro Amalia Ángela y otros p.s.a. de Investigación a cometer delitos y tumulto en concurso real. Ciudad” tramitado por el Juzgado de Control Penal de Feria, Jujuy.

El primer hecho que le imputa el juez Gutiérrez corresponde al día 14 de diciembre de 2015. Según el voluntarioso juzgado, Sala “juntamente con Germán Noro, Emilio Cayo Rocabado y Alberto Esteban Cardozo, comenzaron a dar indicaciones que se manifestaron con arengas, señalamientos, ademanes y gestos a los fines del establecimiento y distribución de sectores, para ubicar a grupos de personas que seguían sus indicaciones, tanto de la vía pública como en la Plaza Belgrano”.

Continua el laborioso magistrado arguyendo que “esta actividad de persuasión tuvo por objeto, que personas indeterminadas a la fecha y en cumplimiento de sus directivas, acampen indiscriminadamente en sitios públicos, instalando carpas y gazebos y otros elementos similares”.

Para más claridad, en devoto feligrés de la actividad judicial estival sostiene que “la conducta despliega por los prevenidos, fue la de instigar públicamente a personas indeterminadas, integrantes de distintas organizaciones sociales que los acompañaban, a ocupar los espacios públicos consignados precedentemente”.

El segundo hecho que señala el paladín de la justicia se basa en que “luego del día 14/12/15, los prevenidos, configuraron la coautoría de instigación pública a cometer delitos descripta en el hecho anterior, continuaron concurriendo esporádicamente, a la zona de la plaza Belgrano y adyacencias de la misma con un propósito diferente: Alzarse públicamente junto con los acampante que aún permanecen en el mismo lugar, contra la decisión de ejecutar el Plan de Regulación y Transparencia de Cooperativas y Beneficios Sociales dispuesta por el Gobierno de la Provincia para impedir su ejecución”.

El Defensor de la Paz Social además agrega que “esta afirmación se desprende del informe emanado del Sr. Gobernador de la Provincia, agregado a estas actuaciones, que da cuenta que, a la fecha, persisten grupos de personas que se niegan a dar datos personales, por motivos que den ser objeto de investigación, y de esta manera, obstan a la ejecución íntegra del plan referido” aportando de esta forma su estrecho vínculo en el intereses de que los objetivos políticos del gobierno vigente se cumplan.

Del contenido de la orden de detención se desprenden algunas conclusiones de severa gravedad respecto del derecho de manifestarse. En principio, las organizaciones sociales se dan su propia forma de funcionamiento y tienen derecho a hacerlo. El rol de dirigente existe desde el principio de los tiempos. Y la orden cuestiona abiertamente el hecho de “dar indicaciones con arengas” como acto probatorio de que los delitos tipificados en el Código Penal que señala la orden fueran responsabilidad de la dirigente.

¿Qué sería de la historia de la lucha obrera sin capacidad de organización y sin el rol de dirigentes?

Pero la orden avanza más en su cuestionamiento a la organización social y en su camino abierto de allanar terreno a la criminalización de la protesta. En el documento se hace explícito que la organización, a través de su dirigente, rechaza un programa de gobierno y toma medidas de protesta en este sentido.

Aquí el letrado se pone al frente de las huestes del statu quo y se mete en el terreno de la política en nombre de la asepsia judicial. Si hay una diferencia de una organización social respecto de un programa de gobierno esto debe resolverse en el terreno de la política. El vetusto magistrado habla atribuye a la dirigente el hecho “alzarse públicamente (…) contra la decisión de ejecutar el Plan de Regulación y Transparencia de Cooperativas y Beneficios Sociales dispuesta por el Gobierno de la Provincia para impedir su ejecución”.

De esto se trata la criminalización de la política: la “justicia” penaliza a las organizaciones sociales y políticas ante la incapacidad de resolución de los conflictos públicos en el ámbito de la política por parte de los gobiernos en los distintos estamentos del Estado. Se puede dar por incapacidad o directamente por concepción política, es decir, no reconocer a las organizaciones sociales como interlocutores políticos y, por ende, manda a la justicia a encerrarlos.

De ese criterio político de funcionamiento donde la justicia y las fuerzas de seguridad son un brazo de acción violenta contra la pobreza que se organiza, se desprende un claro componente de clase. Es decir, quienes se organicen y opongan diferencia ante mi política no son interlocutores sino simplemente criminales.

Al margen de las coincidencias y diferencias políticas que cada organización que se considere popular puede enumerar con la Tupac Amaru y su dirigencia, tolerar esta clase de atropello abierto hacia la organización popular representa dar un cheque en blanco al gobierno de los CEOS.

No sólo es necesaria la solidaridad con la organización perseguida sino rechazar de plano cualquier otro intento de este tipo en cualquier localidad del territorio donde se lleve a cabo.

Manifestar pacíficamente por una diferencia política mediante una acción como una manifestación, un acampe, una olla popular no es delito.

Naturalizar el accionar de la política mediante la justicia condenando a la protesta social puede traer severos problemas en el marco de la vida democrática y de la lucha política.

Sería natural que las tradiciones políticas de lucha en Argentina rechacen de plano la criminalización de la protesta expresada en la detención de Milagro Sala. Se advierte, en cambio, cierta timidez en el rechazo al accionar político-judicial. Tal vez tenga algo que ver el hecho de que para los espíritus progresistas sea más aberrante la censura sobre un periodista blanco y prolijo que sobre una dirigente de piel oscura en el norte del país.

Mejor aún que manifestar la solidaridad, es trabajar para lograr la liberación Milagro y dar una clara advertencia al macrismo y a los envalentonados mandaderos judiciales respecto de lo que aquí no se toca.

Fuente: Rebelión

(Por Alfredo Grande) Hace algunos años, ante un derrumbe de una casa en la ciudad de buenos aires, un arquitecto amigo comentó: “fatiga de los materiales”. Hace algunos años más, cuando todavía existía Movinet, la internet de Movicom, una operadora ante mi consulta por la imposibilidad de conectarme dijo: “los archivos se corrompen”. Pensando en voz alta, que siempre es preferible a no pensar en voz baja: si los materiales se fatigan y los archivos electrónicos se corrompen: ¿la subjetividad tanto individual, vincular, grupal y social puede estar exenta de estos procesos de degradación?

Mi propia degradación es palpable porque me resulta más difícil ir al pedicuro que al cardiólogo. Y varios y varias decretaron mi degradación política irreversible cuando en mi artículo “Votar en Negro” sugerí optar a Daniel el Tranquilo en el balotaje. Hasta el idioma español ha degradado. “Las cifras de El español en el mundo, anuario del Instituto Cervantes, ratifican un crecimiento sostenido de dominio junto al inglés en 2015. Pero frente a estos alentadores números no conviene caer en espejismos que nublen la cada vez más preocupante calidad del idioma, según alertan los expertos. Su uso resulta progresivamente “zaparrastroso” [adjetivo coloquial: desaseado, andrajoso, desaliñado y roto], en palabras de los responsables del Cervantes y de la Real Academia Española (RAE)”. Lo zaparrastroso nos habita. Hace décadas que hablamos de corrupción, tanto, que debería dictarse al menos una maestría en el tema. Profesores sobran y alumnado también.

“En la cultura represora,

cualquier cacatúa esta convencido

que tiene la pinta de Carlos Gardel”

(Aforismo implicado tanguero A. G.)

Corrupción es, entre tantas otras cosas (delitos varios, por ejemplo), la degradación absoluta de la cosa pública. Degrada a negocios privados y de tan privados que son, son clandestinos. Aceptar la degradación es ser optimista. Nos queda como cantaba Gardel… “la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser”. Eso en el mejor de los casos. La degradación anula la vergüenza y también el dolor, aunque alimenta el rencor.

Los dioses de una época son los demonios de la siguiente, señalaba Freud. Agrego que son demonios resentidos. Ofendidos. Lacerados en sus prebendas y privilegios. Heridos y, por lo tanto, peligrosos. El kirchnerismo en su desarrollo político rescató a los derechos humanos como política de Estado. Pero esa lucha degradó a una planificación sistemática de administración de privilegios para los que eran “gente como uno”. Los únicos privilegiados no fueron los niños sino los gerenciadores, los tercerizadores, los ejecutores. Milagro Sala está en esa categoría. Tercerizó e intermedió los presupuestos del Estado construyendo un Estado dentro del Estado, que también martirizó al gobernador Fellner. Y la degradación es homologar la militancia por todos los derechos humanos que interpelan y enfrentar a las pretensiones punitivas y depredadoras de los Estados, con la militarización de sectores sociales para construir organizaciones creadas desde, por y para el Estado.

Para dar carne a las fieras que decretan mi degradación, porque darles pasto es inútil, haré una comparación odiosa. Si alguna vez hubieran sido encarcelados los organizadores, financiadores y ejecutores de la Triple A ¿se los pensaría como presos políticos? Porque la Alianza Anticomunista Argentina y sus integrantes expresaron una política de estado con la nave insignia de López Rega, gerente del Bienestar Social. Fin de la comparación. Estoy de acuerdo con María del Carmen Verdú, Adolfo Pérez Esquivel y Vicente Zito Lema que Milagro Sala es una presa política.

Después de todo y antes de nada, no es fácil polemizar con cualquiera de los tres y suicida con los tres juntos. Pero me permito preguntar (les): “¿de que política es presa Milagro Sala?” Y también: ¿que política expresa Milagro Sala? Una gran compañera, Alicia Jardel en un intercambio con Oscar Castelnovo (Agencia para la Libertad) recordó un artículo de la ley antiterrorista: “ Art. 213 ter: “Se impondrá prisión o reclusión de CINCO a VEINTE años al que tomare parte de una asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. Como dijo el poeta, todo es según el color del cristal con que se mira y desde la ideología con que se piensa. Todo preso es político, cantaba el Indio Solari. “Obligados a escapar, somos presos políticos, reos de la propiedad, los esclavos políticos”. Milagro Sala también.

Pero a mi criterio, quizá zaparrastroso, es una expresión degradada de la categoría “preso político”. No es lo mismo pelear por nuevos derechos que combatir por mantener antiguos privilegios. Incluso es lo opuesto. Invocar supuestos fueros parlamentarios (el “hablasur” que algunos llaman parlasur) es otra marca de la degradación. La asamblea del año XIII abolió los títulos de nobleza. Y los fueros, todos los fueros, son el residuo de nuestra “noble igualdad”.

Una de las formas más habituales de degradarme, además de chicanearme con mi contradicción insalvable entre estatura y apellido, es decirme “gorila”. Aunque no necesariamente esté en la niebla. Por eso hago mías, muy mías, las palabras de mi amigo y compañero el “negro” Soares: “Llamaría a la reflexión, a todos nosotros, a los que hoy (por el lunes) marcharon, a los que se solidarizaron, porque a Milagro Sala yo la he visto. Yo he marchado con el Perro Santillán y con los obreros del SEOM y he visto las patotas y bandas policiales reprimir a los obreros del SEOM y entre policías uniformados los infiltrados de la Milagro Sala”.

“Algo elemental en toda política,

desde la estatal hasta la vincular:

no victimizar al victimario”

(Aforismo implicado A. G.)

El abogado de La Gremial de Abogados recordó que en una de esas represiones un obrero perdió un ojo. “Milagro Sala no es una dirigente compañera, es una dirigente de la derecha kirchnerista y de lo peor de esa derecha. Una dirigente que ha reprimido a los sectores populares de Jujuy. Sería bueno que al cortar esta comunicación (1) y antes de recibir las puteadas de alguno lo llamen al Perro Santillán, que tiene muchísima más autoridad que yo para hablar de Milagro Sala”, expresó citando al referente de la Tupaj Katari, agrupación enfrentada con la de Sala. Insisto: no es lo mismo luchar por nuevos derechos que luchar por mantener antiguos privilegios. Los dioses convertidos en demonios cultivan el rencor, tan peligroso como el dengue. Y más contagioso.

El final del duhaldismo fue el asesinato de Darío Santillán que hoy tendría 35 años. Y seguiría luchando por nuevos derechos. Contra el Estado Gendarme que, después de una brutal devaluación, que algunos llaman pesificación asimétrica, pasó a ser nominado como Estado de Bienestar. Luciano Arruga fue preso político, torturado político y asesinado político. Pero, al igual que Darío, de las políticas no degradadas. De las políticas emancipatorias fundantes, donde se autogestiona la vida.

Hasta las cooperativas están degradadas cuando se las convierte en receptorías y licenciatarias de las dádivas estatales. Milagro Sala es una presa política. De una política que más temprano que tarde, tendrá que cambiar. Pero no desde el arriba del Estado sino desde el abajo de los pobres de la tierra. De los que luchan por todos los derechos y no de los administran todos los privilegios.

(1) En referencia a la entrevista en el programa radial “Sueños Posibles” que conduzco en La Retaguardia con Irene Antinori.

(Por José Rigane*) La declaración de la “emergencia energética” por el gobierno de Macri y la anunciada quita de subsidios y aumento de tarifas, junto al incremento del costo de vida producto del fuerte shock devaluatorio y el nuevo impulso inflacionario, imponen la necesidad de implementar una Tarifa Social.

La Tarifa Social nació en nuestro país a finales del año 1999 en la ciudad de Mar del Plata, al calor de la lucha popular y donde nuestra organización, el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, junto a las agrupaciones barriales, fomentistas y de desocupados de Mar del Plata, desafiamos a las multinacionales Camuzzi y United Utilities para lograr la implementación de una iniciativa que discutiera la lógica de las ganancias empresarias plenas impuesta desde la privatización de los servicios.

La Tarifa Social es Ley de la Provincia de Buenos Aires. Lleva el número 12.698 y es uno de los primeros reconocimientos legislativos a las luchas de los desocupados y pobres por recuperar su derecho a ciudadanía.

La Tarifa Social, con metas de quitas hasta del 50% del valor final, es un paliativo concreto para el desangrado de los bolsillos de las familias populares, pero también es un pilar en el reconocimiento de la energía como un derecho humano. Nadie puede estar privado de un servicio esencial para la vida en nuestras sociedades contemporáneas como es la energía.

La Tarifa Social es el precio diferenciado para el uso de los servicios públicos esenciales (agua y cloacas, electricidad y gas) dirigido a la población de escasos recursos. Supone, además, el no corte de los servicios ante la comprobación manifiesta de incapacidad de pago de las facturas y facilidades financieras para saldar las deudas.

Aranguren, ministro de Energía y Minería del actual gobierno de Macri, ya adelantó sin demasiadas precisiones que con el nuevo esquema de quita de subsidios se prevé como contraparte la implementación de una “tarifa social”, que seguramente se intentará aplicar como un servicio a la demanda, depositando el dinero (un porcentaje del valor final) en las cuentas del beneficiario como ya se ha hecho, por ejemplo, con el gas en garrafa.

La cuestión que se impone es preguntarnos quién va a poner estos aportes. ¿Serán nuevamente los trabajadores los que respondan, a través del estado y sus recursos, garantizando las ganancias a las empresas que supuestamente iban a solucionar la crisis de energía en Argentina? ¿Qué van a poner las empresas que han amasado fortunas desde 1999 hasta la actualidad? ¿Continuaremos en la senda de garantizar las ganancias a las multinacionales como lo venimos haciendo con el sistema eléctrico o con el precio de barril “criollo” de petróleo, donde el gobierno le garantiza a fuerza de subsidios de más de 12 millones de dólares por día un precio de u$s 60 el barril cuando en el mundo está debajo de los u$s 30?

La crisis actual en energía y el cambio de gobierno nacional habilita a repensar y revisar las condiciones con las cuales se viene desarrollado el sistema privado en materia de energía.

La tarifa social debe ser responsabilidad de las empresas y no del Estado.

Para conocer más sobre la tarifa social, su lucha para convertirla en Ley y los textos legales presentados para crear un Proyecto Nacional de Tarifa Social pueden visitar el siguiente URL

* José Rigane es Secretario Adjunto de CTA Autónoma y Secretario General de la FeTERA

La Comisión Provincial por la Memoria junto al CELS, el CEPI, FOJUDE, AJUS La Plata, la Defensoría de Casación y funcionarios judiciales presentaron una petición a la Gobernadora María Eugenia Vidal para que anule el Decreto del Poder Ejecutivo que designa al dr. César Albarracín como fiscal de Casación adjunto.

Albarracín se desempeñó hasta fines de diciembre como subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, teniendo a su cargo al Servicio Penitenciario Bonaerense. El cuestionamiento se fundamenta en las graves violaciones a los derechos humanos que sucedieron en las cárceles bajo su gestión; por su desempeño como funcionario es que se pone en duda su idoneidad para cumplir con las funciones que el cargo de casación demanda.

Las distintas políticas llevadas adelante, contravienen la manda de la Constitución provincial que reclama el “respeto por los derechos humanos” y los “valores democráticos”.  La gestión de Albarracín en aquella Subsecretaría se basó en la negación de la grave situación de violaciones a los derechos humanos que sufren las personas privadas de su libertad en la provincia.

Las pésimas condiciones de detención, la corrupción dentro de la estructura penitenciaria, la circulación de armas de fabricación casera, la violencia de los agentes penitenciarios, la tortura y la muerte, han sido sistemáticamente negadas por la gestión del dr. Albarracín, que no tomó medidas efectivas para combatirlas y obstaculizó los distintos intentos de hacerlas cesar.

Este modo de gestionar, provocó la interposición de múltiples acciones judiciales e incluso, la necesidad de recurrir ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ante estos reclamos, la respuesta de Albarracín, como representante de aquella Subsecretaría y del Poder Ejecutivo provincial, fue obstaculizar la labor de la justicia en la tutela de estos derechos.

Entre otros puntos, la nota presentada a Vidal señala esa reiterada negativa a dar cumplimiento a distintas órdenes judiciales, al tiempo que procedió de manera sistemática a recurrir e impugnar las decisiones de los jueces en materia de Hábeas Corpus colectivos por agravamiento de las condiciones de detención de las personas en ámbitos carcelarios, impidiendo que se ejecuten las medidas destinadas a hacer cesar los actos lesivos verificados por los magistrados. Así, la gestión de la Subsecretaría desnaturalizó y privó de efectividad al instituto del Hábeas Corpus, una de las principales herramientas de denuncia presentada por funcionarios y organizaciones no gubernamentales, para el ejercicio del derecho a una tutela judicial efectiva frente a los agravamientos en las condiciones de detención de las cárceles Bonaerenses.

Además de estos antecedentes, la nota presentada subraya el tiempo que ha transcurrido en el proceso de designación del fiscal, lo que evidencia un “injustificado incumplimiento de la obligación constitucional de expedirse en un plazo razonable para evitar una parálisis que conspire contra los fines del sistema de designación de magistrados y afecte el mandato de efectividad en la tutela judicial”. Este proceso tiene cinco años de demora y su principal explicación se encuentra en los intereses personales del candidato, que privilegió la asunción de cargos políticos en el poder Ejecutivo, en evidente desmedro de la justicia y los derechos.

Por estas razones, la CPM junto al CELS, FOJUDE Y AJUS La Plata, el Defensor de Casación Mario Coriolano, el juez de Cámara de Mar del Plata, Marcelo Madina, Pedro Sisti del CEPI y la Defensora Oficial de San Martín María Dolores Gómez, solicitan a la gobernadora revisar su designación, por contrariar el tercer párrafo del art. 175 de la  Constitución de Buenos Aires.

Repudio a la criminalización de la protesta

Por su parte, la CPM expresó su “repudio a toda forma de criminalización de la protesta social y cualquier tipo de persecución política, ejecutado por cualquier autoridad o funcionario del Estado Argentino en todos sus niveles. En estos actos se encuadra la detención y persecución política de la parlamentaria del Mercosur, Milagro Sala. La gravedad del hecho implica no sólo al gobierno de Jujuy sino también y sobre todo al accionar de la Justicia que actúa como instrumento del Poder ejecutivo, apelando a la represión y la intimidación desde el sistema penal como vía de abordaje de un conflicto claramente político-social”.

“Los argumentos judiciales que pretenden justificar la detención son inadmisibles. Porque en democracia es inadmisible que se criminalicen actos que son propios e imprescindibles en la coordinación de la acción colectiva, e inherentes al ejercicio del derecho a asociación que son la base de los derechos políticos y el ejercicio de la ciudadanía. Promover la acción colectiva no es “instigar al delito”, una manifestación masiva no es un “tumulto”, y oponerse a una decisión del gobierno no es un “acto de sedición”. Es el libre ejercicio de las libertades políticas”.

Además, la organización sostuvo que “la represión en La Plata a trabajadores despedidos -que también estuvo acompañada por el señalamiento por parte del Municipio de supuestos ‘instigadores’ de la manifestación- y la violenta represión a los trabajadores de la empresa ‘Cresta Roja’, son antecedentes de este hecho que alertan sobre una modalidad de abordaje del conflicto político-social basado en la represión y la persecución penal de la protesta que ha sido defendida por los distintos ejecutivos implicados”.

Finalmente, desde el organismo afirmaron que “la criminalización de la protesta y la represión no son una novedad en Argentina, y ya sabemos los efectos nefastos que ha tenido. No han resuelto ningún conflicto, por el contrario han generado la pérdida de decenas de vidas. A más de 30 años de democracia, existen numerosos mecanismos institucionales y políticos para dirimir los conflictos de acuerdo a la Constitución y la ley, e instamos a todos los funcionarios a resolverlos de manera pacífica y a través del dialogo. Solo en el respeto, la tolerancia y la paz, se fortalece la democracia”.

Fuente: CPM

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria publicó el libro “Los plaguicidas agregados al suelo y su destino en el ambiente” durante el mes de diciembre de 2015.

El trabajo revisa el marco regulatorio de los temas medioambientales, realiza un repaso por la historia de los métodos de análisis y parámetros de medición de contaminación, conceptos sobre el suelo, perjuicios de las técnicas de siembra directa del suelo, entre otros aspectos.

El Scanner de FM De la Calle deja algunos de los extractos destacados.

“El actual modelo de agricultura industrial o modelo extractivo ha pretendido que la química (en este caso, los plaguicidas) controle a la biología, simplificando así la toma de decisiones. Sin embargo, dentro de este modelo, no se ha tenido en cuenta que el uso excesivo de plaguicidas pone en serio riesgo al recurso suelo, debido a que se disminuye la capacidad del mismo para cumplir con una de sus funciones vitales que es actuar como reactor bio-físico-químico”.

“En el concepto establecido por Comerford (2003) en el que se considera al suelo como un Reactor Natural capaz de transformar, filtrar, amortiguar y depurar las sustancias que lleguen a su superficie, así como regular los ciclos biogeoquímicos. De todos los contaminantes presentes en el medio ambiente, los plaguicidas son los más criticados debido a su aplicación masiva y directa en los sistemas naturales. En este sentido, nos preguntamos si la introducción de plaguicidas al suelo estará afectando la capacidad potencial de Reactor Natural de los mismos”.

“El objetivo de la incorporación de plaguicidas en los sistemas productivos es el control de malezas y plagas, en este sentido, se aplican tanto sobre los cultivos como en el suelo descubierto. Sin embargo, no es la única “función” que tienen estos químicos en el medio ambiente, es decir, no sólo pueden afectar las malezas del suelo y/o las plagas que combaten, sino que su efecto adverso residual se ve aumentado al atacar de forma indirecta a los organismos no blanco del suelo y de otros ambientes (acuáticos y aéreo), que también son destino de estas moléculas”.

“En Argentina, la actividad agropecuaria se encuentra fuertemente ligada a la disponibilidad de agua, lo cual resulta en una relación directa de la localización de los campos cultivados con ecosistemas acuáticos superficiales y/ó subterráneos. Asimismo, el uso de aeroplanos y/o pulverizadores autopropuslados (mosquitos) para la aplicación de plaguicidas en toda la extensión de los campos, puede causar una introducción directa en los cursos de agua superficiales. A este hecho se le suman la incorporación de plaguicidas por eventos de lixiviación, escorrentía y deriva”

“En los estudios realizados en estuarios del sudeste bonaerense (Laguna de Mar Chiquita y Estuario de Bahía Blanca) se observa que los niveles de POCs (Plaguicidas organoclorados*) detectados en los organismos, tales como cangrejos y espartillo, son similares a los detectados en pejerreyes que habitan en la Laguna de los Padres, ubicada de forma adyacentes al cinturón hortícola de la ciudad de Mar del Plata. Este hecho indica que la llegada de POCs hasta los estuarios se debe al transporte por ríos y arroyos que atraviesan zonas cultivadas (Menone et al., 2000a), así como también al proceso de volatilización que experimentan los POCS, debido a que presentan altas presiones de vapor que presentan”.

“Argentina es un país mundialmente reconocido por su rol de proveedor de productos primarios agropecuarios. Según datos de la FAO (2015), respecto de la utilización de herbicidas por superficie arable por país, Argentina está en el segundo lugar de mayor utilización de herbicidas por hectárea en sus sistemas productivos”

Km Herbicida

“Sin embargo, este uso intensivo de herbicidas no se ve reflejado en un mayor rendimiento por hectárea comparado con otros países como Estados Unidos, Alemania, Francia y Dinamarca (Banco Mundial, 2015) donde hay una mayor eficiencia en la producción de granos por cantidad de herbicida empleado. Para visualizar esto seleccionamos países del mundo que contaran con información sobre utilización de herbicidas (FAO, 2015) y rendimiento por hectárea arable, para un mismo año (Banco Mundial, 2015), y vemos que Argentina es el país menos eficiente en producir granos (Tn de grano por Kg de i. a) seguido de Chile y Brasil”.

“El suelo es un recurso natural no renovable a escala de vida humana que se puede conceptualizar como un reactor biofísico-químico con funciones potenciales de filtración, amortiguación, depuración y regulación de los ciclos biogeoquímicos (Comerford, 2014). La presencia de plaguicidas en distintas matrices ambientales indica un agotamiento en la capacidad del suelo de funcionar como reactor. El suelo, al operar como una interfase entre el aire y el agua, estaría provocando un impacto en estos dos recursos vitales”.

“La presencia de plaguicidas en distintos compartimentos ambientales genera una preocupación genuina en la sociedad. El sistema científico-tecnológico ligado a la producción agropecuaria debe tener una posición que jerarquice la discusión y establezca un mensaje claro. El manejo de los suelos, los sistemas de labranzas, los sistemas ecológicos, las tecnologías de procesos, la reducción de dosis de plaguicidas y el uso de insumos en el marco de las buenas prácticas agrícolas, entre otras prácticas agronómicas, son herramientas a debatir para proponer, desde INTA, alternativas al modelo agropecuario actual”.

“El principal objetivo del modelo actual es maximizar la renta con una mirada de corto plazo, poniendo en situación crítica al Sistema Agroalimentario Argentino en el mediano y largo plazo. Por otra parte, algunos estudios indican que, si bien los rendimientos en toneladas de cultivo por hectárea han aumentado en diferentes porcentajes para diferentes cultivos (Fig. 13), la capacidad de captación de esa ganancia por parte del productor agropecuario argentino es menor debido justamente a que hay una transferencia de esa rentabilidad a las empresas que producen y venden los paquetes tecnológicos de altos insumos, esto indica una baja eficiencia productiva de Argentina. Sumado a que las empresas que producen y venden plaguicidas son en su mayoría internacionales y/o multinacionales, existe una pérdida en la competitividad de los productores locales (aquellos capaces de garantizar un desarrollo territorial eficiente) y, a su vez, esa captación de ganancia por parte de las empresas multinacionales no queda dentro de las fronteras nacionales, sino que contribuye a una fuga de divisas al exterior”.

*Los plaguicidas organoclorados (POC) son compuestos orgánicos que persisten en el medio ambiente durante años, pudiendo ser introducidos en el organismo humano a través de la cadena alimentaria (1), particularmente por el consumo de alimentos con elevado contenido de grasa, entre los cuales se encuentran los aceites vegetales

FICHA TÉCNICA

INTA Ediciones

2015

Compiladores

Ing. Agrónoma (Dra) Virginia Aparicio Bioquímico (Dr) Eduardo De Gerónimo Lic. en Microbiología (Ms C) Keren Hernández Guijarro Lic. en Cs. Biológicas (Dra) Débora Pérez Ing. en Recursos Naturales (Ms C) Rocío Portocarrero Ing. Agronóma (Esp Riego) Claudia Vidal

Revisores

Ing. Agrónomo (PhD) José Luis Costa Ing. Agrónomo (PhD) Adrián Andriulo

iNTA aMBIENTE Y PLAGICIDAS

(Por Julio Gambina) El pasado miércoles 13 de enero habló, a un mes de asumido el gobierno de Macri, el ministro de Economía.

La primera curiosidad es que su crítica al gobierno anterior remite al periodo 2007-2015. Tiene lógica, ya que englobar a todo el ciclo entre 2003 y 2015, lo involucraba a él mismo al frente del Banco Central entre diciembre del 2002 a septiembre del 2004, entre los gobiernos de Duhalde y Kirchner.

Es más, hizo el autoelogio de haber contribuido con la política monetaria del BCRA a disminuir la inflación del 40% al 5%, y aun reconociendo circunstancias distintas, oculta que la baja de la inflación estuvo asociada a la recuperación económica luego de años de recesión entre 1998 y 2002, una reactivación sustentada con la devaluación y la cesación de pagos.

Ambas medidas (devaluación y default) favorecieron, brutales transferencias regresivas de ingresos mediante, la instrumentación de políticas económicas activas y políticas sociales masivas (Plan Jefas y Jefes de hogar) al evitar pagos a los acreedores no privilegiados (recordemos que a los organismos internacionales, siempre se les canceló los vencimientos).

En la actualidad, si bien venimos de un periodo de desaceleración económica y recesión industrial, sin la profundidad del ocaso menemista, los pagos de deuda vienen siendo crecientes y lo serán mucho más a partir de la negociación anunciada con los buitres (hold-outs) y la justicia estadounidense.

Los crecientes pagos de deuda, el llamado desendeudamiento, significaron cuantiosos pagos de viejas deudas, al tiempo que se asumía nuevos endeudamientos, especialmente con organismos nacionales, del tipo del BCRA o la ANSES. Esos bonos con los organismos nacionales son los que ahora se utilizan como garantía para nueva deuda externa.

Recordemos que a la salida de la crisis del 2001, la devaluación orientada a reactivar la “producción y la competitividad local”, estuvo acompañada de la cesación parcial de pagos, liberando fondos públicos para la política económica y social desde el 2002, lubricando un consenso que sustenta el ascenso electoral del ciclo kirchnerista entre 2003 y 2011.

La devaluación actual, más que activar la competitividad o la productividad de la producción local, actúa directamente como un mecanismo de mejora de la rentabilidad de la cúpula empresarial, especialmente de los sectores hegemónicos de la producción agraria e industrial asociada a la exportación, y claro, como siempre, la banca y los capitales concentrados en el ámbito de la especulación.

Alfonso Prat-Gay quiere mostrar los logros macroeconómicos a la salida de la recesión 1998-2002, asumiéndose protagonista de esa historia y se pone nuevamente en ese lugar, ahora como Ministro de Economía, pretendiendo asimilar la herencia actual a la debacle del 2001.

En su mensaje habla de la herencia negativa, especialmente la continuidad del default, que habría que superar para volver al mercado financiero mundial. Ahora, la continuidad de la cesación de pagos sería una situación negativa en su lógica analítica del presente, cuando en realidad, fue una condición de posibilidad indispensable para la recuperación macroeconómica desde el 2002.

Por eso sugiere negociar “en serio” en EEUU, situación que ya está en marcha, incluso la licitación de una nueva representación de abogados ante la justicia estadounidense.

Claro que señala el despropósito de la justicia estadounidense que multiplicó por diez, vía intereses punitorios, una deuda de capital que en origen era menor a 500 millones de dólares (demanda de los buitres).

Ese monto más punitorios y otros acreedores no partícipes de los canjes de deuda del 2005 y 2010 acrecen la demanda a casi 3.000 millones de dólares; base de la discusión en estos días para terminar con el default y volver al mercado de créditos mundial en condiciones similares a la de otros países de la región (tasas del 4 al 6%).

La deuda constituye un capítulo esencial de la política económica actual y condiciona al conjunto de decisiones que asume el gobierno, privilegiando a los acreedores del Estado por encima de cualquier propósito, aun cuando se formula el objetivo de pobreza cero.

Inflación, precios, salarios y el papel del Estado

El ministro insiste en un diagnóstico ortodoxo sobre la inflación, el que podría resolverse con restricciones en la política monetaria, fiscal y de ingresos, o sea con ajuste.

El Estado “bobo” sería el responsable de la inflación. Dice Prat Gay que el Estado gasta más de lo que recauda y denuncia un déficit fiscal primario (antes de pagar deuda) para el 2015 de 5,8% del PBI, contra el 2,3% informado por la gestión anterior.

El dato acrecido surge de incluir gastos no registrados en las cuentas oficiales (deudas a proveedores, p.e.) e ingresos incorrectamente incluidos, caso de los aportes del BCRA o de la ANSES, aunque admite que es una tesis discutible.

Si se suma el pago de intereses, el ministro de economía denuncia un déficit fiscal total del 7%.

Vale discutir lo del Estado bobo, calificativo que escamotea el carácter capitalista del Estado en la Argentina, desde que este se considera país independiente.

Por lo tanto, el Estado, más que bobo, siempre estuvo al servicio de algún sector de la clase dominante, claro que con los matices que pueden diferenciar los regímenes militares a través de la historia, especialmente entre 1930 y 1983 respecto de los gobiernos constitucionales en ese periodo y los previos; incluso los matices y especificidades de las lógicas de dominación capitalista en el ciclo 1983 y el presente.

No hay Estado ausente, sino un Estado que define esencialmente el orden económico, social y cultural. Eso remite a una construcción histórica del modelo productivo sojero, mediado con los cambios institucionales y operativos de la producción ocurridos en los 90; pero también el despliegue de la mega minería a cielo abierto, consolidado con las modificaciones de la última década del siglo pasado; o la extensión de la industrialización dependiente de insumos y partes del exterior (desde siempre); junto al condicionante del endeudamiento y la lógica especulativa del sistema financiero, asociada a la dinámica delictiva del narco tráfico, la trata de personas o la venta de armas.

Remito a una realidad construida desde el Estado, con matices, en los 40 años a cumplirse el próximo mes de marzo. La soja emerge en los 70 y se consolida como cultivo hegemónico en los 90. El cambio del código minero y la legislación específica del sector hizo atractiva a la cordillera para las grandes mineras transnacionales, del mismo modo que el extractivismo petrolero busca rentabilidad explotando los hidrocarburos no convencionales. La ley de entidades financieras y la de inversiones externas datan de los años de la dictadura genocida.

Cada gobierna milita “su” Estado y le adiciona capas de personal necesaria para cada proyecto político. El Ministro es un militante del proyecto Macri y las aspiraciones de las clases dominantes asociadas por primera vez a una gestión gubernamental sustentada en el voto mayoritario de la sociedad.

El ministro quiere quitar lastre del gasto público y por eso alude a la “grasa militante”. No se lo ocurre disminuir gasto vía la suspensión de pagos de la deuda, y ojo que a la Argentina no le fue tan mal entre 2002 y 2007, con cesación de pagos y aislamiento de la lógica financiera mundial que castigaba al país por el default.

Lo concreto sugerido explícitamente es el ajuste del salario y del empleo, especialmente en el estado. Ni siquiera es sutil cuando sugiere paritarias por debajo de su objetivo de inflación: entre el 20 y 25%. Incluso amenaza con quedar descolocado al que negocie por encima de esa “meta de inflación”.

Se trata de un mensaje ortodoxo, de alguien que se presenta como neo-keynesiano. En rigor, es un pragmático que piensa en la mejor manera de hacer funcionar, según sus intereses, al capitalismo local.

La herencia y las propuestas

El ministro carga la responsabilidad sobre el déficit fiscal al derroche de los gobiernos de Cristina Fernández, más que al de Néstor Kirchner, y no realiza ningún análisis sobre el modelo productivo y de desarrollo construido por décadas, más allá del ciclo kirchnerista.

El kirchnerismo en la oposición no acepta ningún diagnóstico crítico sobre ese modelo productivo consolidado en tres turnos y su correspondiente modelo de desarrollo sustentado en el consumismo y la extranjerización de la economía.

Es más, el comentario entre los seguidores del kirchnerismo alude al límite de haber realizado lo que se pudo, sin imaginar nada más allá de lo intentado o ejecutado, ya que la sociedad no hubiera acompañado.

Nuestra tesis es que la sociedad nunca fue convocada a discutir el modelo productivo y de desarrollo construido entre 1976 y 2001, y que la respuesta electoral remitió a otro debate, quizá más asentado en las formas del ejercicio de la política. Se trata de un problema, ya que el discurso oficial se apoya en el convergente consenso electoral al respecto.

La mayoría de la sociedad expresó en el voto la insatisfacción del proceso previo, por lo menos en su tramo final, entre 2013 y 2015, y se expresó entre otras formas en paros generales y extensión de la protesta social, los que no pudieron materializarse en propuesta política para la disputa del gobierno, por lo que el resultado del castigo emerge en un gobierno alineado a la derecha política y por la liberalización de la economía.

El discurso kirchnerista se asume como el límite de lo posible y se atrinchera en su propio relato, sin imaginar la radicalización programática y menos la constitución de una subjetividad popular para encarar transformaciones sociales. No es solo un problema de Argentina y puede identificarse como dificultad central para los procesos de cambio en Nuestramérica en este Siglo XXI.

Existe la necesidad de construir relatos alternativos al macrismo y al kirchnerismo, para encarar el proceso emancipador. Mariategui aludía al mito de la revolución socialista hace un siglo, como tarea de los pueblos en Nuestramérica.

Puede ser que atrase un proyecto que sustente nuevamente el mito del socialismo, como muchos me dicen, pero más atrasa la propuesta liberalizadora, base de las consignas de los iniciáticos liberales del dejar hacer.

¿Qué es más antiguo, el liberalismo o el marxismo, el capitalismo o el socialismo?

En rigor, ni más antiguo ni más moderno, solo un interés de clase, de los que dominan o los dominados que luchan por su emancipación.

Foto: Hoja de noticias

(Por Alfredo Grande) “La historia se repite dos veces, primero como tragedia y después como farsa” . La tentación de empezar con esta cita del “18 Brumario de Luis Bonaparte” de Carlos Marx fue irresistible. La tragedia: la autodenominada “revolución libertadora”. La farsa: la “votación libertadora”. Algunos llamaron a esto balotaje. Dos candidatos que no eran lo mismo, pero que para encontrar diferencias había que usar micro cirugía intelectual y política. Lo intenté en mi trabajo “Votar en Negro” con el resultado conocido. Sigo pensando que no solamente no son lo mismo, sino que va quedando claro que son lo opuesto. ¿Opuesto a qué? Esa es la cuestión.

El intento de oponer como excluyentes un proyecto nacional y popular y un proyecto anti nacional y anti popular suena tentador. Pero agoté mis tentaciones con la cita de Marx. No son lo opuesto en lo fundante. La matriz de una economía concentrada, transnacionalizada, con un reparto de la riqueza parecido a un “delivery” de la “buena gente” que llena este país, ratifica la profecía de Eduardo Duhalde. Presidente mixto entre de facto y de jure, sentenció que: “el Estado para los pobres, el mercado para los ricos”. Omite el otrora hombre fuerte de Lomas de Zamora que tanto el Estado como el Mercado están dirigidos, conducidos, comandados por los ricos. Y que la cínica teoría del derrame no es en su fundante diferente a la política del eterno subsidio que también es el derrame de las magnas ganancias de las empresas líderes y de la dimensión industrial de la política. Eso que llaman Estado.

Pero no son lo mismo en el origen cultural y político. No es lo mismo venir de la UCEDÉ que venir del laborismo o del anarquismo. Lamentablemente, ya dentro de la farsa, Menem peronizó a la derecha en la figura de la nave insigne de las políticas económicas reaccionarias de la Argentina, o sea, el ingeniero Álvaro Alsogaray. Antes que eso, creo que cuando era presidente Frondizi o más o menos por ahí, Alsogaray fue a una reunión internacional de economistas. Con su humor filoso, Aldo Cammarota preguntaba: “¿y por la Argentina quien va?”. La UCEDÉ incluyendo a nuestra venus de las pieles, la ingeniera María Julia ( Gatúbela) Alsogaray a la que nadie osó tirar al Riachuelo el día 1001 donde debía verificarse su promesa de sanear la pestilencia, decía que la UCEDÉ derechizó al peronismo. Que apenas resistió en pocos diputados, entre ellos el inolvidable Germán Abdala.

“RESISTIR SIEMPRE ES VENCER.

Porque atravesamos

el mandato represor de no resistir”

(Aforismo implicado A. G.)

Desde la Revolución Libertadora del 55 y su secuela de fusilamientos y asesinatos, hasta la Votación Liberadora con su secuela de despidos de ñoquis, represión con balas (¿importa que sean de goma para minimizar la bestialidad?) y desmantelamiento de programas laborales de inclusión social, la farsa es que se pudo llegar a esto luego de una década supuestamente ganada. Si hubiera sido perdida llegaba Freddy Kruger o Jason. He denominado “alucinatorio social y político” a la hegemonía de la farsa. También grotesco mágico, porque nada queda del realismo, ni capitalista ni socialista.

Ante la perplejidad, el asombro, la profunda decepción, la insondable tristeza, los terrores que regresan, el espacio de una profunda autocrítica de los que nos gobernaron todavía no ha llegado. Al menos cuando triunfó Alfonsín hubo en el peronismo un movimiento renovador y marcaron a fuego a los denominados “mariscales de la derrota”. Un renovador de esos tiempos fue Menem que luego se siguió renovando y terminó como un neo conservador renovado. Su aliado estratégico que ayudó al golpe económico contra Alfonsín, Domingo ¿Faustino? Cavallo, inventó o deliró o ambas cosas, con el delirio de la paridad cambiaria que bautizó con el neologismo convertibilidad. No salir del neologismo le costó a Fernando el Aburrido que la paridad cambiaria le estallara en las manos.

Otra farsa apareció: las cuasimonedas. Pero Cavallo bancarizó a todos y todas, y eso sigue. Cada trabajador que cobra su sueldo lo hace en los bancos que administran cuantiosos recursos que son de los trabajadores. Negociado. Corrupción. Estafa reiterada. Asociación ilícita. Pero la bancarización llegó para quedarse. Un colega me decía que estaba furioso por 4 pesos con 60 centavos que nunca podía retirar de su sueldo. Hacer largas filas para pedirle al cajero retirar esa suma era un ridículo que no podía tolerar. Los cajeros automáticos no creen en lágrimas ni en billetes menores a 100 pesos. Otra estafa.

Cuando el Frente para la Victoria profetizó que podían ir juntos el capitalismo serio (sic) y los derechos humanos, pocos plantearon lo paradojal de esa afirmación. En una jornada creo que del 2004 organizada por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (en 1937 las cuestiones de género no estaban en el tapete) que se denominó “Las largas sombras del genocidio” dije que la profecía del capitalismo serio con derechos humanos era un delirio. Y que el núcleo de verdad de ese delirio era Hebe de Bonafini. Años después el abrazo de Hebe con Milani me dio una razón que hubiera preferido no tener.

“Para la cultura represora

el pasado siempre fue mejor.

Sabe que para el futuro

planifica el exterminio”

(Aforismo implicado A. G.)

No creo que la tragedia se cerró con el Nunca Más. Correpi nos recuerda siempre que los asesinatos en democracia no sólo no son pocos, sino que demasiados. Lo trágico aún nos habita. Por eso la farsa es simultánea con la tragedia, y el arte de lo simultáneo es marca registrada de la cultura represora. Para muestra basta un botón, si ese botón es un analizador. La fuga de tres condenados, los vaivenes de su persecución, las declaraciones de los funcionarios, todos los chistes que generaron, ubican ese episodio en la tragedia y en la farsa al mismo tiempo. Y la unión de ambos registros provoca incertidumbre. Pésima consejera. Anestesia el miedo pero va convocando al terror. Y el terror es el arma letal de todas las dictaduras, incluso las de origen constitucional. El terror degrada al sujeto colectivo y social en individuo. “Sálvese quien pueda” forma piadosa de sentenciar “Muérase el que no pueda”.

Para enfrentar el terror hay dos operaciones fundantes: volver a construirnos como sujetos y eso implica organizar colectivos que son grupos con estrategias de poder. Y clonar el terror en miedo. Porque el miedo no es sonso. El miedo identifica el peligro real y habilita la defensa. Yo tengo miedo. Pero para impedir que me domine el terror, sigo militando el colectivos diversos, desde mi cooperativa de trabajo, la fundación Pelota de Trapo, la Liga Argentina, el periodismo alternativo no empresarial. Por eso el programa radial que conduzco con Irene Antinori sale por la radio La Retaguardia, que integra la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) Y si “solo saben los que luchan” algo debo saber en más de 40 años de batir varios parches. Mi brújula es algo que escribí hace ya demasiado tiempo… “no tengo la certeza compartida, pero sí la convicción de una lucha compartida”. Y lucharé para que nadie crea nunca más que puede haber una “votación libertadora”.

(Por José Rigane*) A un mes de asumir, el gobierno del presidente Mauricio Macri comienza a dejar en claro con hechos -no sólo con palabras- la política económica y social que quiere llevar adelante en Argentina. Por un lado, intenta hacernos creer a través de ministros como Triaca o Prat Gay que hay un retroceso del proceso inflacionario, con lo cual no reconoce la devaluación provocada con la quita del cepo en diciembre ni del aumento disparado de los precios de los alimentos a fin de 2015.

Desde el gobierno nacional se hace hincapié en el “dialogo social” (aunque avanza en realizar masivos despidos en distintos organismos estatales). Se reivindica desde el ejecutivo nacional a este acuerdo social como una meta a alcanzar y se remarca que participarán los gobernadores provinciales y algunos dirigentes políticos. También se reivindica el proceso de unidad de los dirigentes sindicales, sobre todo de la CGT.

Pero, por otro lado, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, les pide a los dirigentes sindicales “responsabilidad” a cambio de las paritarias y de quitar algunas presiones tributarias a los trabajadores como ganancias (impuesto al salario). Es decir, desde el gobierno dicen que podrían modificar el sistema de ganancias pero amenazan con que las demandas de los trabajadores para las paritarias tengan “responsabilidad”.

Sobre este tema Prat Gay fue el más claro del gobierno nacional cuando dijo que “cada gremio sabrá hasta dónde arriesgar empleos a cambio de salarios”. Es decir, que los trabajadores vamos a tener que optar entre “salario o empleo”.

Prat Gay directamente nos está amenazando a los trabajadores diciéndonos que si reclamamos aumento de salario en las paritarias se van a “venir” despidos masivos. Además, dijo que la inflación no va a superar el 20 o 25% y, por lo tanto, las paritarias no tienen que superar de ninguna manera esa cifra. Es decir, Jorge Triaca y Alfonso Prat Gay le están poniendo un cepo a las paritarias.

Esto es una verdadera extorsión porque en realidad de lo que se está hablando es algo que los trabajadores ya conocemos en Argentina, como ocurrió en la época de Martínez de Hoz o con Domingo Cavallo.

Es decir, lo que el gobierno busca es “competitividad” para los empresarios y los trabajadores sabemos que esto significa bajar salarios y cambiar el régimen laboral. Es decir, significa una gran pérdida del poder adquisitivo de los asalariados. Esto no siempre le resulto efectivo al poder en nuestro país, porque se encontraron con la presencia de los trabajadores en la calle. Nuestro pueblo tiene una rica experiencia en enfrentar estas políticas.

Pero Jorge Triaca continua diciendo que “tenemos que recuperar competitividad y los dirigentes sindicales son concientes de esto”. Y sigue: “en los últimos tiempos hubo desorden en el ámbito del trabajo, hubo fallos que modificaban el modelo sindical, otorgaron personería gremial, etc. y esto requiere un reordenamiento, una modernización”.

Esto los trabajadores también sabemos qué significa: ajuste para los trabajadores y más ganancia para los empresarios (garantizada por el gobierno).

Como venimos diciendo desde la CTA Autónoma, evidentemente no queda otro camino que ganar la calle. No queda otra opción que organizarnos más y mejor para desarrollar poder propio. Pero no hay que ganar la calle de cualquier manera: hay que recordar que parte de esta situación que vivimos hoy se genera en un pasado donde no se quiso, no se pudo o no se tuvo la voluntad política en avanzar en tomar las medidas políticas, gremiales y sociales que se requerían para profundizar a favor del pueblo y los sectores populares. Es decir, que no todo es responsabilidad de lo que genera este gobierno de Macri en la actualidad.

Los trabajadores tenemos que defender nuestros intereses, gobierne quien gobierne. Los trabajadores debemos organizarnos y discutir cuál es la mejor forma de enfrentar este nuevo ataque a nuestros bolsillos. Los trabajadores tenemos que discutir y debatir, pero pongamos por delante la organización y la unidad para salir nuevamente a la calle a luchar, como siempre lo hicimos.

(Sec. Adjunto de la CTA Autónoma y Sec. Gral. de la FeTERA)

Fuente: Fetera

(Por Julio Gambina) La inflación está en el centro de la evolución económica de estas horas, con una aceleración que se inició antes de asumir el nuevo gobierno de Macri y que no para en el verano, con una proyección preocupante para todo el 2016, con valores que se acercan al 40% y sin el INDEC normalizado.

No se trata de adivinar a cuanto escalará la suba de precios, pero el tema es clave a la hora de discutir, próximamente, las paritarias. La regresiva distribución del ingreso actúa ya, bajo la lógica del mercado, en la oferta y la demanda, de precios en alza e ingresos populares congelados.

El aumento de los combustibles de 6% en esta semana, que se replicará en marzo próximo resulta emblemático, por su impacto en toda la cadena de valor. Alimentos y medicamentos están a la cabeza del aumento de precios, y son precisamente importantes al medir la capacidad de compra de la mayoría de la población.

Los aumentos de precios posibilitan recomponer las ganancias de las empresas con capacidad de fijar precios, en un ciclo de desaceleración económica y recesión productiva, al mismo tiempo que deprimen la capacidad de compra de los ingresos fijos, imposibilitados de actualizar sus precios, el de la fuerza de trabajo. Por eso, a comienzo de año, se sigue demandando un bono compensatorio de fin de año.

Empleo o salarios

Resulta interesante considerar el chantaje del Ministro de Economía, quien sugiere optar entre empleo y actualización salarial. Se trata de una opción que se presenta en el marco de despidos que ocurren tanto en el sector estatal como en el privado.

En el Estado el tema se enrarece con la discusión de los “ñoquis” o designados políticamente, escamoteando el tema de fondo de la precariedad laboral de contratados por más de una década. En el sector privado, la realidad de los despidos transita por la lógica de la impunidad derivada de la ausencia de delegados de las/os trabajadoras/es.

La discusión sobre “ñoquis” oculta el debate sobre bajos salarios y precariedad, especialmente en los Estados municipales, con ingresos de trabajadores menores a los de los Estados provinciales y de estos respecto de la Nación. Sin hablar de la inseguridad de esos contratos, explicitados con la masiva rescisión ocurrida en estas horas, acompañada de represión ante la lucha de esas cesantías.

Queda claro que la variable de ajuste son las/os trabajadoras/es, contra la impunidad empresaria y una política económica de ajuste fiscal regresiva y estimulo inflacionario que consolida la brutal transferencias de ingresos desde la mayoría de la sociedad a la minoría más concentrada del poder económico.

El Estado en debate

Incluso, lo que no se discute es ¿qué Estado es necesario?, ¿con cuántos trabajadores y para qué funciones? Ello nos lleva a una discusión sobre los ingresos y los egresos del Estado, o sobre quienes sostienen financieramente al Estado y en que se gasta. El Estado siempre actúa, lo que necesitamos esclarecer es para quién actúa, quién se beneficia y quién se perjudica.

La historia reciente del debate presupuestario, por ejemplo, se agota en la iniciativa del Poder Ejecutivo y su hegemonía en el Parlamento o su capacidad negociadora con legisladores opositores, tal como ocurre en estas horas en la Provincia de Buenos Aires con oficialismo sin mayoría en el Congreso provincial.

Es cierto que lo formal deriva en una democracia “delegativa, representativa”, sin lugar a la participación social. No existe participación de la sociedad en el debate, salvo la delegada a los poderes legislativos y ejecutivos.

Algunas veces se nos consulta sobre qué medidas alternativas podrían sustentarse. Bueno, el presupuesto participativo, con asambleas territoriales o sectoriales serviría para considerar la orientación de los recursos públicos en diferentes niveles del Estado, municipal, provincial o nacional.

Es una utopía esperar una respuesta en ese sentido desde un gobierno que se orienta a profundizar la iniciativa privada, pero constituye un programa a sustentar desde el movimiento popular.

Discutir el régimen tributario es una gran asignatura pendiente, mediada por límites del régimen federal actual y sus formas de funcionamiento, en donde opera el condicionante financiero de la Nación sobre las provincias y de éstas sobre las Municipalidades.

Cuestión de poder

Tanto la inflación como el Estado remiten a una cuestión de poder. Por eso se propone desde el gobierno Macri un Pacto Social tripartito, entre el sector empresario, el sindicalismo y el Estado, que ahora parece demorarse hasta que se pueda deteriorar la capacidad negociadora de trabajadoras y trabajadores. Los empresarios están más que dispuestos para una negociación condicionada, en la perspectiva de contener el costo salarial e inducir una escalada de facturación y ganancias.

El conflicto social existente demora los objetivos del gobierno por el pacto que ajuste salarios, por lo que dejan operar las leyes del mercado, con la escalada de precios y un restringido accionar del Estado para morigerar el impacto social, con el bono mísero de $400 para jubilados de la mínima y planes sociales; la continuidad de los “precios cuidados”, claro que con precios actualizados, y alguna mediación en conflictos visibilizados por la prensa, caso de Cresta Roja.

Desde el gobierno Macri se imaginaba que su política de shock iba a ser acompañada, desde el consenso electoral, por la docilidad de la organización social y sindical de los trabajadores, pero también por la solidaridad y disposición de los mercados mundiales.

Ninguna de ambas premisas se materializa. No hay disposición social a resignar derechos adquiridos, y la crisis mundial tiene dinámica propia más allá de la profesión de fe ideológica en la lógica mercantil.

La sorpresa de estas horas es China, con nuevas devaluaciones e impacto en los precios relativos a escala global, con baja de los precios de las commodities, especialmente el petróleo y los alimentos, y fortalecimiento del dólar contra otras monedas mundiales. La guerra monetaria continúa y es forma de expresión de la disputa entre los Estados nacionales por atraer capitales excedentes del sistema mundial.

¿Qué tiene que ver todo esto con la Argentina? Que los sojeros quieren un mejor tipo de cambio ante la baja del precio de la soja. El dólar volvió a subir esta semana, con mayor demanda de importadores. Eso alimenta la expectativa especuladora de productores para la exportación, que retienen producción en espera de mejor cotización de la divisa. Además, los capitales que se buscan en el exterior, inversiones o préstamos, para sustentar la política económica de Macri demandan enormes concesiones para decidir su rumbo inversor o de préstamo en el país, tentado por las ofertas sugeridas en otros territorios, especialmente, por la expectativa de continuidad en la suba de las tasas de intereses en EEUU.

No es tan sencillo para el gobierno Macri construir el consenso político hacia un programa reaccionario, y no alcanza con lo logrado en el proceso electoral, ya que a la hora de gobernar, las contradicciones locales y globales actúan. Es la lucha de clases que se abre camino más allá de la voluntad gubernamental.

Es poco lo cambiado esencialmente en Argentina, ya que el modelo productivo y de desarrollo se sostiene, con modificaciones en la explicitación del interés por las ganancias de las empresas, enfatizado por un gobierno sin mediación política, con empresarios definiendo las políticas de Estado. Por ello es que se impone el debate de la cuestión del poder, en el orden local y mundial.

(Por Alfredo Grande) Señor presidente de la República Argentina
Ingeniero Mauricio Macri.

Por diferentes medios, que no puedo confirmar en forma fehaciente, encontré la mención de su deseo de restituir el cuadro de Jorge Rafael Videla en la galería de los presidentes de la Argentina. Alarmado por tal circunstancia, verifiqué que en la página web de la Casa Rosada figuran militares condenados por delitos de lesa humanidad como “presidentes de facto”. Ignoro y no me condeno por ello, quiénes lo asesoraron en este sentido.

Sugiero que los cambie inmediatamente, porque comprometen muy tempranamente su gestión republicana como presidente de jure. O sea: de derecho. “Presidente de Facto” es un neologismo, apto para la poesía, la política ficción, el realismo mágico o como me agrada decir, el alucinatorio política y social. Denominar presidente de facto a los militares genocidas es igual que denominar marido de facto a un violador. O dueño de facto a un ladrón.

No sigo porque temo que me roben las ideas. Para concretar, ya que su tiempo es de oro aunque hace tiempo que el mío es de lata. Si es Presidente no hay “facto”. Y si hay “facto” no hay Presidente. El hecho consumado rompe la necesaria continuidad entre legitimidad y legalidad. Sin esa fundante condición, lo legítimo puede ser ilegal y por cierto algo quizá más grave, lo ilegítimo puede ser legal. Mal presagio para cualquier Presidente de Derecho, especialmente en su caso que ha propuesto y triunfado en su propuesta de “Cambiemos”. Debo reconocer, con la humildad que no me caracteriza pero que ante su investidura no puedo menos que asumir el remanente que aún queda, que no lo voté ni en primera vuelta ni en balotaje porque no supo entender qué iba a cambiar y en qué dirección.

Lamento participarle de un recuerdo personal, pero que no he podido elaborar en mis 15 años de terapia psicoanalítica. Mi primera esposa, que no era mi primera mujer pero no quiero desviar el tema, mi primera esposa una mañana me dijo: “cambiemos”. Y tuvo relaciones sexuales con el portero. En esa época no eran encargados de edificio y mucho menos disfrutaban de una corporación con más poder que los propietarios, pero también es otro tema. El “cambiemos” me quedó marcado especialmente en mi frente. Pero si el cambiemos incluye una galería de presidentes donde incluye a asesinos seriales, ladrones, torturadores, es decir, mayoristas del crimen organizado, en ese cambiemos no puedo ni quiero acompañarlo. En otros “cambiemos” quizá tampoco, pero eso es otro tema.

Para colmo de males, aunque siempre me preocupó que nadie diga “para colmo de bienes”, aunque eso es otro tema, el rabino Bergman dijo, palabras más, palabras menos que:
“En una reciente entrevista con el portal Pura Ciudad, Bergman sostuvo que, en caso de ser presidente de la Nación “Mauricio no hubiera descolgado el cuadro. Me parece que una cosa es de ese tenor y otra institucional. Estoy de acuerdo en descolgarlo pero dentro de una decisión del tipo institucional. Honraría a las Fuerzas Armadas, que sean las propias Fuerzas Armadas las que tomen la decisión”, argumentó el diputado con respecto a los cuadros de los genocidas Reynaldo Bignone y Jorge Rafael Videla del Colegio Militar. (Diario Regstrado.7/1/2016)”.

“En el preámbulo de nuestra constitución

cuando arrasemos a la cultura represora

escribiremos que el pueblo delibera y gobierna

a pesar de sus representantes”

(Aforismo implicado A. G.)

Honrar a las Fuerzas Armadas que han hecho desaparecer a las fuerzas desarmadas de varias generaciones, no logra conmoverme. El informe del General Ratenbach recomendaba fusilar a los responsables militares de la Guerra (es un eufemismo, Usted comprenderá, quiero decir denominar Guerra a esa estrategia de perpetuarse en el poder a costa de la vida de conscriptos, pero también es otro tema) Por supuesto, no siguieron la conclusión del General Ratenbach. Lo lamento. El Código de Justicia Militar no contempla la obediencia debida.

Me lo enseñaron amigos militares del CEMIDA que recibieron atentados y expulsión de sus camaradas de armas por oponerse a la dictadura genocida. No fueron presidentes de facto sino asesinos con el agravante de ocupar el Estado Nacional transformando a las Fuerzas Armadas en una asociación ilícita y criminal. Siempre pensé que descolgar el cuadro de Videla no hacía olvidar que el ex Presidente Néstor Kirchner nada hizo para enfrentar el genocidio. Pero tantos otros y otras tampoco, que al menos tardíamente ese gesto aunque marcaba una reparación imposible, algún confort republicano traía. Recuerdo la moraleja de una fábula que mi padre me contaba: “si el bueno critica, es malo. Si el malo aplaude, es peor”.

Su medida de volver a colgar los cuadros, y mucho peor en la web que tiene mucho más sencillo acceso que el Salón de los Presidentes de la Casa Rosada, en caso de ser aplaudida, será por los malos. Y si Usted se queda atrapado en ese aplauso, el “cambiemos” será en el mejor de los casos, gatopardismo liso y llano, tan bien descrito por Lampedusa. Y en el peor, una estafa cultural y política. No habrá cajas que pueden ser de Pandora. La Casa Rosada no tolera mezclar Presidentes con Asesinos. Por supuesto que algunos presidentes de derecho han asesinado. Y no poco. Pero eso es como ya dije, otro tema. Importante. Pero otro.

Como ciudadano no puedo tolerar que se ignore la memoria de los que lucharon entre otras cosas, para que Usted pueda ser presidente de una república democrática. No se puede servir a dos amos. Ni a tres. Poco he leído el evangelio, pero ese poco lo he leído bien. Su amo es el pueblo, incluso el que no lo votó.

Le acerco una idea que puede ayudarlo. No quiero ser amarrete porque lo que está en juego es demasiado importante. Puede dar prueba fehaciente de su convicción republicana que no puede disociarse de la constitución nacional. Dice el artículo 29 de la Constitución Nacional: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales, a los gobernadores de provincias, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la Patria”.

Imagínese el grado de infamia que sería que sea el propio Ejecutivo Nacional el que se concede a sí mismo esas prerrogativas. Eso se llama Golpe de Estado, donde el Estado es golpeado, molido a patadas, descuartizado, por una asociación ilícita de los delincuentes más peligrosos que en la historia hubo. Se autodenominó Junta Militar. Le acerco la idea: inaugure invitando a personalidades de la cultura, la política, el arte, incluso puede invitarme, a inaugurar El Salón de los Infames Traidores a la Patria. Eso anula lo de presidentes de facto, letal neologismo. Además, es más inclusivo porque han traicionado a la Patria muchos que no fueron Presidentes. Pero si brazos ejecutores. Por ejemplo: estatizar deuda privada. Pero eso es otro tema.

Lamento haber utilizado su tiempo que es oro. Y le escribo porque aunque no crea ser patriota, seguro estoy de no ser un infame que desde cualquier Poder, decide traicionarla.
Le deseo lo mejor para nuestra Patria.

(Por Laura Garcìa Vazquez) Vivimos en un mundo dónde las relaciones entre los países, entre las naciones, no son democráticas ni justas, ni de colaboración, ni de solidaridad. Por el contrario, y aún en esta época de globalización o multipolaridad hay países dominantes y países dominados. Es más, el neocolonalismo convive con el colonialismo, y hay opiniones diferentes sobre lo que diferenciaría  estos conceptos. La evolución de las formas de producir de las empresas transnacionales tiene sus propias fronteras que pasan por encima de los límites de los países, de las naciones. En este orden injusto es importante señalar que la dominación cultural no es algo menor sino que es indispensable a la hora de mantener hegemonía. La tarea de descolonializar es permanente para quienes tenemos la responsabilidad de ser parte de la educación institucional ya que todo está pensado desde la cultura dominante y tener una visión por fuera de estos conceptos grabados a fuego es un ejercicio dificilísimo y que hay que mantener constantemente. Hay que “dar lugar” tanto a aclarar cuando nos referimos a la “cultura occidental y cristiana” para no tomarla como “universal” como a incorporar pensamientos construidos desde nuestra identidad latinoamericana.

Por otro lado el termino nacionalismo ha sido tergiversado innumerables veces a lo largo de nuestra historia al servicio de la dominación, y se ha contrapuesto a lo universal señalando esto  como lo más humanizado y deseable. Ni hablar del término Patria, que ha sido vapuleado innumerables veces. La reformulación de la dependencia de nuestra nación argentina ha sufrido un sinnúmero de manejos de este tipo, por citar uno, el del genocidio cometido por la dictadura cívico militar que decía incansablemente “la subversión apátrida” al referirse a los militantes que perseguía y desaparecía, mientras hizo crecer nuestra deuda externa y por lo tanto aumentar nuestro grado de dependencia. También es bueno recordar que en la larga historia de la Deuda Externa, desde el empréstito Baring Brothers en 1824  fue recién en el primer gobierno de Juan Perón donde esa deuda fue inexistente, es decir, pagada pero sin volver a endeudarnos (que es lo que los dominadores siempre quieren) y por lo tanto, nuestra nación más independiente.

Por todo esto, creemos que hay que defender las naciones desde un nacionalismo que busque la emancipación en todos los aspectos así como también la integración de latinoamérica como  hermanos que somos y tenemos una historia común, y por supuesto, esto no excluye, al contrario,  necesita de los pueblos originarios y un nuevo orden plurinacional en cada nación. Así fueron las batallas emancipatorias en nuestra región y eso deberíamos retomar las veces que sea necesario.

Valga una aclaración más, para contextualizar desde dónde hablamos, antes de pasar a las dos citas  que consideramos importantes a la hora de preguntarnos qué significa la designación de Alberto Manguel como nuevo director de la Biblioteca Nacional invitando a que esto sea pensado por cada uno. Por un lado preguntarnos qué tan nacionalista fue la cultura oficial argentina en los últimos años que no impidió el saqueo de nuestros bienes mediante la acción de empresas transnacionales que utilizan prácticas extractivas peligrosas y contaminantes, y por otro si la “tradición de la cultura occidental”, que según Martín Caparrós recuperaríamos con la designación de Manguel no significa reformular, una vez más, la dependencia.

Invitamos a pensar cómo sería una cultura al servicio de la emancipación, nacional, social y latinoamericana. Cómo descolonializamos.

“Tras una década en que el nacionalismo dominó la cultura oficial argentina, en que la Biblioteca se transformó en el centro de la cultura política oficialista, el nombramiento de Manguel, un hombre que casi no ha vivido allí, que es más conocido fuera de su país que en él, que siempre escribió sobre temas universales, recupera la tradición borgiana que pretende que lo argentino no consiste en limitarse a lo supuestamente propio sino en abrazar como propio todo lo que el mundo puede dar. “Creo que nuestra tradición es toda la cultura occidental, y creo también que tenemos derecho a esa tradición”, dijo, aquella tarde, Borges.”

Martín Caparrós

“Es cierto, de hecho, que las dinámicas globales no producen igualdad universal, ni uniformidad que no sea superficial, ni mucho menos unidad del mundo. Lo que se afirma en la globalización es, según los casos y los puntos de vista, un universalismo mínimo e insignificante en cuyo interior se reproducen conflictos de todo tipo, o, al contrario, una hegemonía de la parte occidental  del mundo sobre las otras. Y es también cierto que esas dinámicas quitan de en medio la centralidad política de lo común políticamente construido y espacialmente delimitado, es decir, del moderno estado nacional democrático. Es cierto por lo tanto que la relación entre particular y universal, entre lleno y vacío, está -en sus formas tradicionales- de hecho ausente. y que así como la verdad política de la globalización es más el conflicto caótico que la paz, y que su verdad ecológica es más el dominio destructivo del planeta que su salvaguardia, así también su verdad desde el punto de vista de la idea de humanidad es más la fragmentación y la desigualdad del poder, de la riqueza, del saber, que una sensata, articulada y fraterna unidad del género humano.”

Carlo Galli, La Humanidad multicultural

Siempre hay que apostar a la esperanza, sobre todo a los jóvenes, transmitirles que la vida es maravillosa. Esto me conmueve un poco porque lo asocié directamente con la frase que dijo mi padre el día antes de morir: ‘Qué bella que es la vida, qué hermosa que es la vida’. Eso me lo llevo grabado también. Uno debe aferrarse a la vida“, dijo años atrás Hugo Omar Cañón en los estudios de la FM De la Calle.

El militante y ex fiscal general de Bahía Blanca murió este domingo en el Partido de Olavarría, tras un choque de autos en el que también fallecieron su nieto Santiago y otras dos personas. Desde el Colectivo de FM De la Calle realizamos el programa especial que aquí compartimos como homenaje y agradecimiento por su vida.

La Comisión Provincial por la Memoria informó que despedirá a quien fuera uno de sus fundadores este martes, entre las 8 y las 16, en la sede del organismo (calle 54 nº 487, e/ 4 y 5, ciudad de La Plata). “Esta casa que se convirtió en un símbolo de la memoria y la defensa de los derechos humanos, es el lugar que elegimos para esta triste y dolorosa despedida, recordando su compromiso, sus convicciones y su lucha que nos seguirán guiando”.

La escritora y profesora Alicia Partnoy recordó ayer su primer contacto con Cañón y el comienzo de las investigaciones sobre los crímenes del V Cuerpo de Ejército. “Me impresionó su profesionalismo y su valentía porque en aquel momento todavía la gente tenía mucho miedo”, aseguró desde Estados Unidos la sobreviviente de La Escuelita.

“A nivel humano era una persona extraordinaria, tuvimos una conexión extraña en un momento, lo que yo llamo marxismo mágico. Esta iniciativa de incluir el libro La Escuelita como evidencia en los juicios, allá por los Juicios por la Verdad en el año 99, fue algo visionario. Yo pensé que estaba loco realmente. Nunca me voy a olvidar la mirada de los jueces cuando él pidió incorporar un relato de La Escuelita como evidencia, me acuerdo que dijeron ‘bueno, si es relevante’ y él dijo: ‘es relevante'”.

El camarista mandato cumplido, Luis Alberto Cotter, advirtió que “desde que me enteré de este trágico suceso estuve pensando qué palabras se podrían utilizar para que realmente representen lo que uno está viviendo ante la pérdida de un hombre como Cañón. No las he encontrado”. “Cañón era un hombre de convicciones arraigadas, cuando él ubicaba el camino que consideraba que era el correcto era difícil separarlo del mismo”.

“Recuerdo que en la oportunidad de la iniciación de los juicios de los comandantes, los jefes supremos de la dictadura sangrienta que sufrió el país, la mayoría del Poder Judicial, por conveniencia, por cobardía, o por afinidad tal vez con los dictadores, pensaban que ahí había que terminar la cuestión si no la democracia iba a caer o se iba a debilitar o no se iba a poder gobernar. Cañón sostenía en esa época contra todos que, al contrario, se fortalecía la democracia si se castigaba hasta el último de los autores de estas atrocidades. Era la única manera en que no se iban a volver a repetir estos episodios”, manifestó sobre “el único fiscal, repito, el único fiscal federal de todo el país que planteó la inconstitucionalidad de la Ley de Obediencia Debida”.

El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel destacó en diálogo con FM De la Calle que “fue un compañero, un hermano apreciado en todo el trabajo que veníamos realizando juntos y con su personalidad tiene una pérdida muy grande no solo la Comisión Provincial por la Memoria, (también) Bahía Blanca, que era su lugar de residencia y actividad como fiscal durante 23 años. Un hombre que tuvo posiciones muy claras de los juicios y los crímenes de lesa humanidad buscando la Verdad, la Justicia, la represión del daño hecho y que nunca más vuelva a ocurrir”.

Pérez Esquivel compartió la copresidencia de la CPM con Cañón desde su fundación y por casi 15 años. “Siempre fue un hombre que aportó desde su experiencia jurídica fundamentalmente pero también su gran compañerismo y aportes que hizo en el trabajo que la Comisión hace en cárceles y comisarías, los crímenes de lesa humanidad, él siempre estaba atento a todo eso como a Jóvenes y Memoria, que en el último encuentro que tuvimos en Chapadmalal en noviembre participaron 12 mil jóvenes”.

“Nos cuesta pensar que Hugo Cañón no está. Casi creo que mejor pensemos que fue un compañero que se fue antes y nos queda un legado enorme, un legado inmenso”, dijo el dirigente de CTA Bahía Blanca y Suteba, Enrique Gandolfo, y agregó que “es cierto que la Historia se construye entre muchos, pero hay veces que algunos hombres juegan un rol determinante, creo que no se puede hablar de la historia de los derechos humanos y del juicio y castigo a los culpables en Bahía Blanca sin mencionar el rol principalísimo que ha jugado Cañón”.

Para cumplir un rol de esa magnitud “los hombres necesitan algo de sapiencia, algo de tozudez y también algo de locura, de locura de la buena, de esa locura que hace que uno pueda seguir andando cuando parecería que toda la situación empuja para atrás”.

Finalmente, el secretario general de la Federación Judicial Argentina, Víctor Mendibil, comentó la militancia sindical de Cañón al rememorar cómo “se sumó a la organización del gremio y trabajó intensamente, con una decisión, con un compromiso, con una pasión, con una intransigencia, con una capacidad de organización que acompañó los pasos fundantes de la Asociación Judicial Bonaerense”.

“En la huelga del año 71, cuando el onganiato reprimió una lucha por reivindicaciones muy puntuales que estábamos llevando los judiciales de la provincia, la primera gran huelga, se deja cesante a tres secretarios que en aquel momento acompañaron la lucha. Y en esa situación es que Hugo redobla su compromiso en la vida gremial, es más, con otros compañeros lleva adelante una huelga de hambre una cantidad de días en la sede de nuestro gremio en calle 13 frente a Tribunales, 13 y 48, y posteriormente la lucha continúa y a consecuencia de esa perseverancia, de esa capacidad de indignarse todos los días contra la desigualdad, contra el autoritarismo o contra la violación de los principios y normas constitucionales hizo que esa pelea” diera frutos durante el gobierno de Cámpora.

“En la vida no hay que tener metas para aferrarse a lograr o llegar a un destino determinado. Creo que como dice Machado el camino se hace al andar y el objetivo está en andar y correr detrás de la utopía también. Qué sentido tendría llegar a la estación y terminar la carrera. Lo importante es el andar, el hacer cosas, el brindarse y tratar de resolver. Y si no puedo hacerlo o me veo agobiado o es tal la imposibilidad me dedicaré a otra actividad. (…) Siempre buscando resolver algo y ayudar a los demás. En el fondo uno trata de ayudar a los demás pero también se ayuda a sí mismo porque uno se salva a sí mismo en la medida que actúa desde acá. Si uno actúa desde el odio, desde la venganza, desde el rencor, se autodestruye. Eso es indudable”.

Hugo Cañón tras conocerse su candidatura a diputado provincial por Nuevo Encuentro.

Programa Pensemos Juntos la Vida (IEMA), FM De la Calle, 2009.

Durante su última semana a cargo del Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca, el juez Alejo Ramos Padilla ordenó a las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense que “permitan sin restricciones el acceso de los representantes del Ministerio Público Fiscal Federal en las unidades carcelarias”. Para esto, hizo lugar al amparo presentado por el fiscal general y titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Miguel Ángel Palazzani, y el fiscal federal José Alberto Nebbia, luego de que no les permitieran acceder a la Unidad Carcelaria N°4, que forma parte del Complejo Penitenciario Sur.

En su presentación ante la justicia, los fiscales habían indicado que el 2 de septiembre, el fiscal coordinador del distrito Bahía Blanca, Alejandro Cantaro, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20, inciso c, de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (N°27148), “dispuso la inspección de la Unidad Carcelaria N°4 del SPB, asignando a tres funcionarios del Ministerio Público Fiscal para su efectivización, la que fue prevista para el día 3 del mismo mes”.

Sin embargo, “al presentarse los autorizados en dicha unidad y hacer entrega del oficio del fiscal general al director de la Unidad, Prefecto Mayor Carlos Brunetti, se hizo presente el jefe del Complejo Penitenciario Zona Sur, prefecto mayor Hugo Gauna, quien hizo saber a los representantes del Ministerio Público que impediría su ingreso al predio por carecer de competencia funcional para ello, negándose a suscribir el acta labrada en función de sus manifestaciones”.

En su resolución, Ramos Padilla precisó que “el artículo 20 inciso c) de la ley 27148 impone el deber del fiscal de distrito de concurrir periódicamente a las cárceles y otros lugares de detención para tomar conocimiento y controlar la situación de las personas allí alojadas, promover o aconsejar medidas tendientes a la corrección del sistema penitenciario y dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos”.

Luego, destacó que “la ley no crea ninguna distinción entre establecimientos carcelarios provinciales y nacionales al establecer el deber de visitarlos periódicamente. Es sabido que los jueces no pueden crear distinciones no creadas por ley, y que la interpretación de las normas sobre derechos humanos fundamentales debe ser siempre la más amplia y favorable a la vigencia de tales derechos”.

Asimismo, el juez federal señaló que la “Procuración Penitenciaria está dentro del ámbito del Poder Legislativo de la Nación (artículo 1º ley 25875) por lo que su organización y funciones ninguna relación tiene con las atribuidas al Ministerio Público Fiscal, órgano independiente con autonomía funcional conforme al artículo 120 de la Constitución Nacional y leyes dictadas a su respecto (por caso la ya citada ley 27148)”.

En ese contexto, concluyó que, “tal como lo sostienen los amparistas, atento a lo previsto en los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional y jurisprudencia citada, los derechos humanos en lugares de detención deben ser especialmente protegidos atento a la vulnerabilidad de las personas sometidas a encierro, a lo que cabe agregar que cualquier violación a esos derechos en lugares de encierro en el territorio nacional acarreará la responsabilidad del Estado Nacional”.

Por otra parte, en cuanto a las excepciones de falta de legitimación activa y falta de personería que habían interpuesto los representantes del Servicio Penitenciario bonaerense, Ramos Padilla aclaró que, “en primer lugar […] las consideraciones sobre la falta de acuerdo del Senado y carácter de funcionario ad hoc sólo caben con respecto al Dr. Nebbia, mas no al Dr. Palazzani titular de la Procuraduría de Violencia Institucional. A lo que cabe agregar, en cuanto a los fiscales ad hoc, que el régimen de designaciones y subrogancias es legal, tal como lo ha resuelto pacíficamente la jurisprudencia y recientemente el 11 de noviembre del corriente la Cámara Federal”.

Además, especificó que, “siendo que la conducta que se denuncia como lesiva de derechos constitucionales afectaría la actuación atribuida por ley al Ministerio Público Fiscal de la Nación, es obvio que los representantes del mismo tienen legitimación para ejercer la acción tendiente a obtener tutela judicial al respecto”.

Desde las redes de medios comunitarios, cooperativos y populares, y de carreras de comunicación rechazamos el nuevo avasallamiento institucional, político y legal perpetrado hoy por el gobierno, a partir del anuncio de otro Decreto de Necesidad y Urgencia, que terminaría de barrer en los hechos con la Ley más debatida, de mayor consenso y participación popular desde el regreso de la democracia.

La medida se justificó en un curioso concepto formulado por el Jefe de Gabinete Marcos Peña: “la desconcentración o no, no puede ser el objetivo, sino la pluralidad”.

Nos vemos en la necesidad de reafirmar una vez más lo obvio: la concentración de la palabra en pocas manos es el mayor obstáculo para la pluralidad de voces, y que sin desconcentración en la propiedad de los medios no es posible la democracia.

Las redes abajo firmantes, junto a innumerables organizaciones sociales, académicas, sindicales, profesionales y los más renombrados especialistas en Derecho de la Comunicación, fuimos activos constructores y partícipes de la ley vigente, concebida como una herramienta indispensable para una comunicación más democrática y plural, así como hemos sido permanentes custodios y demandantes de su aplicación total y efectiva, sistemáticamente saboteada por maniobras judiciales que pretendieron –y lograron- evitar justamente eso que hoy se pretende relativizar en el discurso pero evidentemente es prioritario para los impulsores de este nuevo DNU: la desconcentración de la propiedad de los medios en pocas manos. Todo el proceso de debate y sanción de esta norma fue impulsado y acompañado por un amplio abanico de sectores que excedió largamente al gobierno saliente, incluyendo a expresiones que estaban en su oposición, por lo que repudiamos que se nos insulte y trate como a simples peones de una “guerra entre el gobierno y Clarín” como excusa para anularla por decreto y a contramano de derechos y tratados internacionales.

Nos preguntamos de qué manera es posible resguardar la vigencia y aplicación de las leyes actuales mientras se debate una nueva, como prometieron los ministros, cuando en la práctica siguen anulando sus competencias y disolviendo las instituciones por ellas creadas a través de decretos.

Rechazamos las definiciones del ministro Aguad orientadas a que “el mercado” sea el único árbitro de la actividad de los medios, porque la historia nos enseña de sobra que impera la ley del más fuerte detrás de las invocaciones a la “libre competencia”, y porque desconocen toda la legislación con rango constitucional que define el acceso a la comunicación e información como derecho humano, y no como mercancía.

Rechazamos la eliminación de nuestros representantes en el Directorio del organismo y otros espacios, que nos permitían algún grado de injerencia y representación en el diseño de las políticas comunicacionales.

Convocamos a los legisladores nacionales para intervengan y soliciten una reunión urgente con el presidente y una convocatoria a Sesiones Extraordinarias del Congreso en defensa de las instituciones y el funcionamiento democrático, para frenar este nuevo atropello que pretende acallar y limitar las voces y posibilidades del pueblo y sus organizaciones para expresarse por sus propios medios.

Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de la República Argentina (REDCOM) – Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) – Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) – Red de cooperativas de comunicación (Red Colmena) – Asociación de Revistas Culturales Independientes (ARECIA) – Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina (FADICCRA) – Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) – RED PAC (Productoras Audiovisuales Comunitarias) – Barricada TV – Pares TV – Urbana TV

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El juez en lo contencioso administrativo de La Plata, Luis Arias, dictó hoy una medida precautelar mediante la cual ordenó al Ejecutivo nacional que “se abstenga de suprimir o afectar derechos adquiridos y/u otorgar nuevos derechos vinculados al ejercicio de la competencia y funcionamiento de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca)”.

Arias tomó la decisión judicial tras recibir hoy un planteo del delegado de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) de la Región La Plata, Guillermo Luis Guerín, en la que se solicitaba la “nulidad absoluta” del Decreto N°236/15, que resolvió la intervención de la autoridad de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

En este sentido, Arias dictó una medida precautelar en la que ordenó “la prohibición de innovar y de alterar, modificar, eliminar o suprimir las funciones y la existencia de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual mediante todo acto o reglamento que implique una modificación a cualquiera de las previsiones contenidas en la Ley 26.522”.

Al mismo tiempo, el magistrado declaró “la incompetencia de la justicia provincial para dirimir la contienda de autos” y remitió las actuaciones “al juzgado federal competente para su intervención”.

Arias dijo que la resolución “afecta todas las medidas que se tomen del 29 de diciembre en adelante (fecha de la presentación del pedido de nulidad)” y señaló que la acción se realizó “en favor del derecho colectivo a la información y la libertad de expresión”, al tiempo que explicó que “es una medida preventiva para que no haya nuevo actos que agraven la situación”.

En el fallo, el magistrado sostuvo que si bien la materia es competencia de la justicia federal, actúa en las facultades que le otorga “el sistema de control constitucional difuso por el cual todos los jueces están llamados a defender la vigencia irrestricta de la Constitución nacional frente a los embates por parte de las autoridades públicas que detentan el poder político”.

“Estas razones fundamentan la posibilidad de los jueces de disponer medidas cautelares aún en causas ajenas a su competencia jurisdiccional, potestad que se encuentra prevista en los ordenamientos procesales, tanto de la Nación como de la provincia de Buenos Aires”, graficó.

Por ello, resolvió que “en ejercicio de la competencia transitoria en materia cautelar se dispone –con carácter precautelar- la prohibición de innovar ordenando al Poder Ejecutivo Nacional se abstenga de suprimir o afectar derechos adquiridos y/u otorgar nuevos derechos vinculados al ejercicio de la competencia y funcionamiento de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual”.

Arias explicó que la medida rige a partir del 29 de diciembre “por lo que además deja sin efecto todas las medidas adoptadas por la Intervención de la Entidad y/o el Poder Ejecutivo Nacional a partir de esa fecha”.

La medida precautelar fue dictada en el mismo día que el poder Ejecutivo, a través del jefe de Gabinete Marcos Peña, anunció la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que absorberá las funciones de la Afsca y de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

El jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, junto al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y el interventor de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Miguel de Godoy, anunció la eliminación de este organismo y de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU). Asimismo anunció la propuesta de un debate en el Congreso para una nueva ley que regule la comunicación.

Luego de una introducción en donde habló de una “guerra contra los periodistas” llevada a cabo por decisión de la ex presidenta Cristina Fernández, destacó que la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 26.522 fue motivada por una “visión cerrada de la democracia, una visión autoritaria que planteaba que aquel que no se disciplinaba era alguien que debía ser combatido, marginado, perseguido por el Estado”. Agregó además, que es una “ley vieja, concebida en una visión de la comunicación del siglo XX”.

Posteriormente, habló de la AFSCA, refiriéndose al organismo como una herramienta kirchnerista para imponer su pensamiento y controlar a los medios, a la vez que lo criticó porque “la mayoría de los objetivos de la ley no fueron llevados adelante”. Consideró también que la ley de telecomunicaciones (regulada por la AFTIC) tiene un espíritu controlador.

Retomando los tres objetivos que el Gobierno nacional viene planteando en su discurso, hizo referencia al de la “unión de los argentinos” para enmarcar el anuncio del DNU que saldrá en el Boletín Oficial el día 31 de diciembre de 2015.

“Hoy estamos firmando un DNU que tiene tres líneas principales: creación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), presidido por Miguel de Godoy, que absorberá al AFSCA y el AFTIC, que desaparecen a partir de mañana”, afirmó. El segundo punto del decreto, según el funcionario, será que “se van a sacar los cepos a la industria para la necesidad de inversiones”. Por último, anunció la creación de una comisión bicameral del Congreso “con el mandato de discutir una nueva ley de comunicaciones que integre las dos leyes: la ley de medios y la ley de telecomunicaciones”.

Cuando el funcionario fue consultado sobre los objetivos de la nueva ley que pretenden proponer, haciéndose referencia al espíritu desconcentrador de la ley 26.522, respondió: “La desconcentración no tiene que ser el interés central; el objetivo tiene que ser la pluralidad, la competencia, la libertad, la apertura, y al mismo tiempo la inversión y la mejora de servicios. Es una visión distinta. El discurso de la desconcentración era un eufemismo para un disciplinamiento”.

Agregó además que “hay que sacarle dramatismo y tensión a esta cuestión de la comunicación. No es tan determinante al final del día si el medio de comunicación altera o no altera la realidad. La realidad es la realidad”.

Finalmente, le consultaron si tendría en cuenta medidas concretas respecto de los medios más chicos, a lo que aseguró que eso “es parte de la política del Estado, es parte de la ley de medios, ya lo hemos hecho en la Ciudad”.

Con respecto a este punto, el ministro Aguad aseguró: “Vamos a ayudar a los medios más chicos, a los que tienen dificultad para expresarse. También para conectarlos a Internet. Los recursos de la AFTIC, en alguna medida, van a ser utilizados para eso. Queremos que todas las voces se puedan escuchar y que todos los ciudadanos tengan el derecho a escuchar las voces que se quieren pronunciar”.

Para cerrar, resaltaron la importancia de las redes sociales y de las nuevas maneras de comunicar, y anunciaron que habrá dos años para la convergencia, “para que todos los actores puedan hacer todo, y romper con los compartimentos estancos”.

Fuente: Notas.org