A un año de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, cuyo paradero se perdió el 30 de abril de 2020 hasta que su cuerpo apareció esqueletizado en el cangrejal del estuario de Bahía Blanca el 15 de agosto, la investigación a cargo del Ministerio Público Fiscal se centra en precisar el derrotero del joven y en establecer si integrantes de la Policía bonaerense tuvieron intervención en la desaparición seguida de muerte.

Mario Sosa, Jana Curuhinca, Siomara Flores y Alberto González. (FM De la Calle)

El sitio oficial del Ministerio Público Fiscal difundió este informe elaborado por la fiscala federal de Santa Rosa, Iara Silvestre, el fiscal general subrogante ante la Cámara Federal de Bahía Blanca y titular de la Unidad Fiscal de Ciberdelincuencia, Horacio Azzolin, y el fiscal a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional, Héctor Andrés Heim, quienes llevan adelante la investigación.

De acuerdo a las pruebas, Facundo salió a dedo desde Pedro Luro hacia Bahía Blanca -debía recorrer unos 120 kilómetros- para visitar a su ex novia, en el contexto en el que regía el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional como medida sanitaria frente a la pandemia de COVID-19. La norma prohibía la circulación en la vía pública, salvo al personal denominado “esencial”, y establecía la intervención de las fuerzas de seguridad para que hicieran cesar la acción de quien la violara.

El joven había pasado la noche del 29 de abril en la casa de un amigo y en la mañana del 30, a las 5, inició el viaje a pie por la Ruta Nacional N°3. Tras recorrer los primeros 30 kilómetros del trayecto, Facundo arribó a Mayor Buratovich, donde llegó gracias a un automovilista que lo acercó. El joven tuvo allí su primer encuentro con una autoridad policial alrededor de las 10.

A partir de entonces, la investigación se abre en una serie en incógnitas; la evidencia forense obtenida en diferentes procedimientos, los datos técnicos que se desprenden de dispositivos de telefonía celular y las declaraciones testimoniales relevadas no son suficientes para conformar un relato uniforme y cronológico del derrotero de Facundo.

Las dudas se centran en:

  • Lo sucedido Mayor Buratovich.
  • La forma y circunstancias en las que Facundo continuó su viaje hacia Teniente Origone, lo acontecido en ese lugar y con posterioridad.
  • La relación íntima entre una testigo del caso que dijo haber trasladado a Facundo y el personal policial que lo detuvo previamente en Mayor Buratovich.
  • Las razones por las cuales estuvo en posición de morir por asfixia por sumersión en algún lugar del estuario de Bahía Blanca.
  • La desaparición de su DNI con cuyos datos se obtuvieron líneas de teléfono.
  • La aparición dentro de su mochila -hallada en el estuario casi un mes después que su cuerpo- de la ropa que tenía puesta al momento de ser detenido por primera vez por la policía.
  • Los extraños movimientos de algunos patrulleros cuyos dispositivos de georreferenciación los sitúan en fechas y horarios relevantes para la investigación.

Mayor Buratovich

De acuerdo con los elementos recabados en la causa, Facundo fue interceptado alrededor de las 10 por el oficial Mario Gabriel Sosa y su colega Jana Curuhinca a la altura del kilómetro 779, en la localidad de Mayor Buratovich. Durante el procedimiento, Facundo fue fotografiado de espaldas junto a Sosa. La foto fue hallada durante la extracción forense de datos de un dispositivo de ese oficial, pero no se ha dado aún con el aparato desde el cual se tomó la imagen. Esa fotografía permitió determinar cómo estaba vestido Facundo, quiénes lo interceptaron, el horario y la identificación del móvil policial, N°23.360.

Al momento de su interceptación, Facundo llevaba su DNI: la policía tomó una foto del documento y la incorporó en el sumario formado por la violación del ASPO. El DNI nunca fue hallado, pese a que en septiembre apareció la mochila de Facundo, y después de su desaparición fue utilizado para dar de alta líneas de telefonía celular, aspecto que es objeto de investigación en un legajo de la causa: la fiscalía intenta determinar si quien utilizó los datos de la víctima tiene el DNI en su poder.

En el mismo dispositivo secuestrado a Sosa se halló un audio remitido por la oficial María Delgado, quien le transmitió a su colega la orden del oficial subayudante a cargo de la subcomisaría de Mayor Buratovich, Andrés Daniel Gerbatin, para que le enviaran “los datos completos y la foto” de Facundo y les advertía que “si se hacía el pajero que lo bajaran”. En la jerga policial, “bajar” significa que lo debían trasladar a la dependencia. Todavía se investiga si Facundo continuó su viaje después de ese encuentro con la policía o si, antes de retomar el camino, fue trasladado a la subcomisaría. Los movimientos del sistema de georreferenciación instalados en el patrullero indican que el móvil se dirigió hacia la dependencia tras el episodio.

En las declaraciones testimoniales que les recibió la justicia provincial -a cargo inicialmente de la búsqueda de Facundo-, Sosa y Curuhinca aseguraron que, tras haberle labrado la infracción, le indicaron que retornara a su domicilio. De las actuaciones se desprende que ambos agentes no consultaron con el juzgado de turno cómo debían proseguir, tal y como disponen las normas de procedimiento.

Teniente Origone

Facundo continuó su viaje. Siomara Flores, quien resultó ser miembro de la Policía bonaerense, medio hermana de Curuhinca y pareja de Sosa -cuestión que pudo conocerse a través del análisis del teléfono celular de este último-, declaró que trasladó al joven desde Buratovich hasta Teniente Origone. Unos 25 kilómetros separan las dos localidades. La testigo aseguró que vio al joven haciendo dedo sobre la ruta y que aproximadamente a las 13 descendió del vehículo en la entrada al pueblo, sobre la ruta. Agregó que, durante el diálogo que tuvieron en el viaje, Facundo se dio cuenta que ella conocería a su madre y que entonces le solicitó que no le dijera que lo había visto.

Puesto Policial Teniente Origone (FM De la Calle)

La investigación tuvo noticia de este traslado sólo a través del testimonio de Flores, quien compareció cuando el caso tramitaba en el fuero ordinario como una búsqueda de paradero.

Una prueba técnica contradice o pone en duda esa versión. Cristina Castro, madre del joven, habló a las 13.33 con su hijo; en esa comunicación Facundo le manifestó que “no lo iba a ver nunca más”. La antena de telefonía celular que activó el teléfono del joven fue la de Buratovich, no la de Origone donde -según Flores- había arribado media hora antes.

Aunque no existe certeza del horario de arribo y de quién lo trasladó hacia allí, Facundo llegó igualmente a Origone. Alrededor de las 15 fue visto por dos testigos en el kilómetro 755 de la Ruta Nacional N°3. De acuerdo con el relato, el joven se encontraba recostado a la vera de la ruta y dado su contextura física los testigos creyeron que se trataba de un niño.

Los testigos se comunicaron con un amigo de Origone y esa persona dio aviso al puesto de vigilancia policial. Esa secuencia fue reconstruida con los relatos y los informes concordantes de las prestatarias de telefonía celular.

A las 15.27, en el kilómetro 750, Facundo fue nuevamente interceptado por la policía, esta vez por el teniente primero Alberto González. El agente declaró en el expediente provincial que encontró a Facundo a 6 o 7 kilómetros de la entrada del pueblo y que lo identificó con su carnet de conducir, ya que el joven no habría tenido en su poder el DNI. González fotografió el carnet a las 15.43, de acuerdo con la extracción forense de datos realizada en su teléfono celular.

Alberto González (FM De la Calle)

González añadió que en la oportunidad había consultado con la comisaría de la localidad de Médanos qué debía hacer con Facundo y que el jefe, Juan Carlos Reynoso, le indicó que debía dejarlo continuar. El policía registró lo sucedido en una libreta manuscrita, que fue secuestrada y forma parte de las pruebas de la causa.

Agregó que había visto que Facundo subió luego a una camioneta Renault Duster u Oroch, con sentido a Bahía Blanca. Tanto del relato del policía como de las constancias documentales -notó el equipo fiscal-, se desprende que la fuerza de seguridad no siguió el procedimiento establecido por ley: no avisó a la autoridad judicial ni hizo cesar la conducta violatoria del aislamiento.

No obstante la versión de González y los datos emanados de los peritajes, otros testigos aseguraron haber visto a Facundo entre las 15.20 y las 15.40 en cercanías de Buratovich, en dirección hacia Bahía Blanca, subiendo a la parte trasera de una camioneta negra y blanca de la policía. Los testigos, además, individualizaron al conductor del vehículo como el oficial Sosa.

Entretanto, otros elementos de la causa permiten suponer que Facundo pudo haber pasado por el puesto de vigilancia de Origone. En efecto, sus datos identificatorios -nombre, documento y domicilio al cual se dirigía en Bahía Blanca- figuran en el Libro de Guardia del puesto. Además, el geolocalizador del patrullero de González da cuenta que, tras la interceptación del joven en la ruta, se dirigió a la sede policial. Con posterioridad, en el registro realizado sobre ese patrullero se encontró un pelo. La evidencia no permitió recabar ADN nuclear, pero sí le permitió al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema establecer que presentaba identidad con el haplotipo mitocondrial de Cristina Castro. Semanas después el patrullero fue nuevamente inspeccionado con la ayuda de perros y se detectaron nuevos rastros que se están analizando en este momento.

Asimismo, en el allanamiento realizado a la sede policial de Origone el 31 de julio pasado fue hallado en un montículo de basura un amuleto de madera con forma de sandía que contiene en su interior una vaquita de San Antonio tallada, el cual fue identificado por la madre de joven y otros testigos como propiedad de Facundo: un regalo que le había hecho la abuela materna, idéntico a otros que también le entregó a sus hermanos, y que tenía un alto valor afectivo.

En un segundo allanamiento ordenado por la Cámara Federal por un recurso de la fiscalía, la investigación detectó en el interior del mismo puesto de Teniente Origone un trozo de piedra turmalina que formaría parte de un colgante que podría corresponderse con el que lucía Facundo sobre su cuello. La piedra estaba entre la tierra, en el mismo lugar donde se encontró el otro amuleto. Ese elemento y otras muestras todavía están siendo peritadas por la Gendarmería Nacional.

Continuación del viaje a Bahía Blanca

En la pesquisa es objeto de indagaciones la declaración prestada por un testigo de identidad reservada, el Testigo H, quien dijo que conducía por la Ruta Nacional N°3 a la altura de Origone, aparentemente momentos después de que González hubiera dejado continuar a Facundo. El testigo contó que levantó al joven en su vehículo Honda HRV y que se dirigió rumbo a Bahía Blanca. Dijo que Facundo le pidió que lo dejara en el primer cruce ferroviario viajando en dirección a aquella ciudad, situado a unos 27 kilómetros de Origone. El joven le dijo que pasaría antes por la localidad de General Cerri a visitar a un amigo, para luego continuar camino. Le explicó, siempre según la versión del testigo, que quería evitar el paso por el control zoo-fitosanitario, ubicado en el kilómetro 714 de la Ruta Nacional N°3.

Desde el cruce donde supuestamente el testigo dejó a Facundo, la vía se introduce y se alza en medio del estuario durante casi 19 kilómetros hasta que llega a General Cerri, la supuesta parada intermedia. Situado en el punto donde dijo haberlo dejado el Testigo H, a Facundo le faltaban unos 40 kilómetros para llegar a Bahía Blanca.

El Testigo H afirmó que, al retirarse del lugar, alcanzó a ver al joven caminando por el medio de las vías. En esa zona y en la dirección que según el relato habría tomado Facundo, la topografía cambia al ritmo de las mareas. Los fiscales recorrieron la zona y también entrevistaron a varios testigos que conocen el lugar. Todos coinciden en que las vías son el lugar más seguro para caminar ya que, por la forma en la que fueron construidas, nunca se inundan.

No hay personas que hayan visto a Facundo después del Testigo H. Su último rastro fue un mensaje que partió de su teléfono celular a las 20.21 del 30 de abril hacia el de un amigo, en el cual le informaba que no tenía señal ni batería en el dispositivo y que en un rato lo llamaría. El testigo puso en duda que el mensaje que recibió hubiera sido escrito por Facundo, dado que -según dijo- no redactaba de esa forma. El amigo de Facundo declaró que le había enviado un mensaje de respuesta, pero que nunca había llegado.

Fin de la desaparición

Facundo Astudillo Castro estuvo desaparecido desde entonces hasta el sábado 15 de agosto. Ese día tres pescadores encontraron su cuerpo, totalmente esqueletizado, en el canal denominado “Cola de ballena”, un cangrejal situado en la zona de Villarino Viejo, contigua a la localidad de General Cerri.

En la zona del hallazgo trabajó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) con la asistencia del Gabinete Científico de la Policía Federal. Además de los restos óseos, se encontró una de las zapatillas que vestía el joven a unos 30 metros, “en estado casi intacto”, describió el equipo fiscal.

El 1° de octubre pasado el EAAF dio a conocer los resultados de la autopsia: fue una muerte violenta producto de una asfixia por sumersión. Las microalgas obtenidas en la médula ósea del cadáver se correspondían con las que se desarrollan en el estuario de Bahía Blanca, pero el avanzado deterioro del cuerpo no permitió determinar si en la muerte existió participación de terceros o si fue producto de un asesinato, accidente o un suicidio.

La perito de la parte querellante, Emma Virgina Creimer, presentó una disidencia en el dictamen. Indicó que el fenómeno de pink teeth (dientes rosados) que se observó en el cadáver era la consecuencia de un traumatismo vital antemortem, es decir, en vida, y que por lo tanto no podía descartarse la hipótesis de participación de terceras personas.

Patrulleros en la zona

El equipo fiscal recabó información sobre otros móviles policiales que podrían haber tenido contacto con Facundo o que, de acuerdo a sus dispositivos de georreferenciación, estuvieron en la zona en la que se encontraron los restos óseos.

En efecto, el 8 de mayo un móvil de la Unidad Policial de Prevención Local (UPPL) de Bahía Blanca estuvo ubicado en cercanías del lugar donde se produjo el hallazgo del cuerpo. Todavía llama la atención del equipo fiscal que un vehículo urbano haya ingresado y permanecido en ese lugar.

Al advertir el dato, la fiscalía solicitó el allanamiento de la UPPL y el secuestro del móvil. Semanas más tarde, durante una inspección llevada a cabo por la Gendarmería Nacional, se halló un trozo de piedra de color negro en el interior del baúl, que fue reconocido inmediatamente por Cristina Castro. El estudio pericial desarrollado por un geólogo de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de esa fuerza de seguridad determinó que se corresponde con una piedra turmalina, tal como había referido la madre del joven.

Entretanto, el 12 de septiembre otro pescador de la zona encontró una mochila a unos metros del punto donde fue hallado el cadáver de Facundo. En el interior se encontró la licencia de conducir, dos teléfonos celulares deteriorados y una muda de ropa que presentaba daños, sometida actualmente a estudios para determinar si se corresponden con la biodiversidad del lugar, las condiciones climáticas y/o la acción de otras personas. Para sorpresa de los investigadores y la fiscalía, en esa muda estaba el pantalón que Facundo lucía en la foto que le tomaron de espaldas en Mayor Buratovich cuando había sido interceptado por Sosa y Curuhuinca. Sorprende a los investigadores, además, el buen estado de conservación de la mochila a diferencia del resto de la ropa que estaba en su interior.

El Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del MPF de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene pendiente el estudio de los dos teléfonos celulares encontrados en la mochila con una técnica denominada chip-off, que permita extraer la mayor información posible.

El equipo fiscal y las medidas pendientes

El 12 de febrero el fiscal federal de Bahía Blanca Santiago Ulpiano Martínez se inhibió de seguir interviniendo en el caso. Su pedido fue aceptado por el Juzgado Federal y el procurador general interino, Eduardo Casal, designó en su lugar a la fiscala federal Silvestre, quien pasó a integrar el equipo del MPF en este caso junto a Azzolin y Heim.

El equipo fiscal aguarda actualmente que la Cámara Federal haga lugar a medidas de prueba rechazadas por el juzgado, las cuales consisten en el secuestro de dos patrulleros que habrían transitado por Origone en el horario en el que Facundo se encontraba en la zona y otras medidas de coerción que los fiscales consideran indispensables.

También se encuentra cuestionada la continuidad de la jueza federal María Gabriela Marrón a cargo del caso. El equipo fiscal la recusó, la solicitud fue rechazada y actualmente la fiscalía prepara un pedido para que la Cámara de Casación Federal admita el tratamiento del caso. El equipo considera que la jueza no es imparcial porque ha abrazado como única hipótesis posible la de un accidente.

La obligación de llegar a la verdad

Cuando Facundo se encontraba desaparecido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una medida cautelar para que el Estado Argentino adopte las acciones “necesarias para determinar la situación y paradero” del joven, “con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal”. Luego de la aparición del cuerpo, la CIDH levantó la medida cautelar, lamentó la muerte de Facundo y recordó -de conformidad con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos- que “el Estado de Argentina se encuentra obligado a investigar de manera diligente las circunstancias que dieron lugar a la muerte” del joven. El organismo regional precisó que “corresponde al Estado investigar de manera exhaustiva la totalidad de las hipótesis que han surgido a lo largo la propia investigación, garantizando una adecuada participación a sus familiares y representantes”. En tal sentido, la CIDH instó al Estado “a continuar la investigación y esclarecer las circunstancias relacionadas con la muerte de Facundo José Astudillo, de ser el caso, estableciendo las responsabilidades de cualquier índole a que dieren lugar”.

Esa es la manda que guía el trabajo del equipo fiscal a un año de la desaparición del joven.

“El compromiso de cara a la sociedad y en especial a la familia de Facundo y su mamá Cristina, es el de llevar adelante una investigación profunda que siga cada pista e intente responder cada interrogante”, afirmaron les fiscales de la causa que investiga la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro.

En una entrevista difundida por el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal, Iara Silvestre, Horacio Azzolín y Andrés Heim reflexionan acerca de la responsabilidad institucional del Ministerio Público Fiscal ante la familia del joven de Pedro Luro y cuentan cómo organizan y despliegan su trabajo en el marco de la pandemia de Covid-19.

-¿Cuál es la responsabilidad institucional frente a este caso? ¿Qué puede esperar la sociedad, y en especial su familia, de la actuación del MPF?

El compromiso institucional es absoluto y así está expresado desde la integración de un equipo de trabajo, que implica el involucramiento y la responsabilidad de un grupo de hombres y mujeres integrantes del Ministerio Público Fiscal que día a día trabajan en la sistematización de datos, relevamiento de hipótesis, recolección de pruebas, presentaciones judiciales, etc. Todo el equipo de trabajo ha tomado este caso con un gran compromiso, no sólo porque es nuestra función investigar exhaustivamente para establecer la verdad sobre lo sucedido con Facundo, mucho más cuando entre las hipótesis barajadas se encuentran comprometidos agentes estatales (de la policía de la Provincia de Buenos Aires), sino además porque de no hacerlo de tal manera estaríamos nosotros incumpliendo con el deber del Estado de agotar todos los medios a nuestro alcance para llegar a esa verdad.

En ese sentido, el compromiso de cara a la sociedad y en especial a la familia de Facundo y su mamá Cristina, es el de llevar adelante una investigación profunda que siga cada pista e intente responder cada interrogante.

La responsabilidad institucional de litigar este caso está definida, por un lado, desde la Constitución, los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y el resto de las normas que rigen la actuación del MPF. La Constitución nos exige promover la actuación de la justicia en defensa de los intereses generales de la sociedad y nuestra Ley Orgánica nos manda dirigir nuestras acciones tomando en cuenta los intereses de la víctima, a la que debemos brindarle asistencia. La ley de víctimas establece disposiciones similares. Por el otro, por el tipo de caso, ya que al tratarse de una investigación por desaparición forzada de personas seguida de muerte hay una serie de criterios de actuación, definidos por organismos e instrumentos internacionales, que se deben seguir para concretar investigaciones exitosas y evitar que el Estado incurra en responsabilidad internacional. Estos criterios forman parte del cristal a través del cual debe mirarse el caso, y esa mirada es la que venimos sosteniendo desde que asumimos nuestra intervención directa en la investigación.

(FM De la Calle)

-¿Qué implica la conformación de un equipo fiscal? ¿Cuáles son sus ventajas?

Las ventajas de la integración de un equipo de trabajo están dadas por la diversidad, las múltiples miradas y el intercambio de ideas: cada integrante aporta sus conocimientos y experiencia para enriquecer la posición; de la diferencia de opiniones suelen salir productos más elaborados en cuanto a la estrategia de litigación y la solidez técnica. Ayuda, además, a alivianar la carga del fiscal titular al poder repartir las tareas entre más magistrados. Es un sistema previsto en nuestra ley orgánica y es la forma de trabajo habitual en sistemas acusatorios. Todo es sometido al análisis del equipo y las decisiones se adoptan en función de esos aportes, sobre los que luego decidimos también en conjunto.

La circunstancia de que los y las integrantes del equipo conozcamos y asumamos nuestra ubicación y responsabilidad institucional, hace que tengamos claro el objetivo y estemos cohesionados en función de ello.

La conformación del equipo implica la decisión institucional de reforzar la representación del Ministerio Público Fiscal en un caso que por sus características es complejo, tal y como ha pasado en otras ocasiones de graves violaciones a los Derechos Humanos. En ese sentido, se debe tener en cuenta el contexto en el que ocurrió el hecho -vigencia de la fase 1 del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo Nacional-, los lugares en los que se desarrollaron diversas secuencias del caso que se están reconstruyendo -en la ruta Nacional nº 3, en zonas rurales y/o despobladas y casi sin circulación de personas-, la intervención y ubicación en la escena del suceso de diversos integrantes de una fuerza policial, la ausencia de cumplimiento de las disposiciones del ASPO al momento de la interceptación de la víctima y de comunicación a las autoridades judiciales competentes, la situación de vulnerabilidad de la víctima, las enormes dificultades en la recopilación de la prueba, los obstáculos en su producción, la presentación de elementos distorsivos en la investigación, en especial, en la etapa previa a que el caso pasara a tramitar ante la justicia federal bajo la hipótesis de desaparición forzada de personas, entre otras.

Un trabajo a distancia, pero articulado

Silvestre se encuentra en Santa Rosa, La Pampa, a cargo de las fiscalías de primera instancia y de juicio, y su desempeño tiene lugar en el ámbito de la jurisdicción de la justicia federal de Bahía Blanca. Azzolin y Heim son titulares de la UFECI y la PROCUVIN, respectivamente, que tienen oficinas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El expediente y sus evidencias se encuentran físicamente en Bahía Blanca, donde también trabaja parte del equipo de colaboradores. Fiscales.gob.ar les preguntó también cómo transitan este periodo de investigación, pandemia mediante, y cómo coordinan el trabajo:

El trabajo se coordina básicamente a través de las herramientas tecnológicas que tenemos a disposición, como grupos de WhatsApp, mails, Zoom, etc. Eso hace que podamos estar cerca a pesar de la distancia y continuamente comunicados seguir el trámite de la causa.

Por las características propias de las unidades, trabajamos con fiscales del resto del país en forma remota, por lo que estamos familiarizados a trabajar en las actuales condiciones. Eso nos facilitó el proceso de gestionar un caso a distancia, especialmente durante los momentos en los que no es conveniente desplazarse por la situación epidemiológica.

Ante la imposibilidad de vernos en persona, el diálogo por videoconferencia está a la orden del día. De esa forma nos conocimos primero y discutimos diversos aspectos del trabajo después.

La utilización de servicios en la nube y documentos colaborativos son las herramientas que nos permiten gestionar el expediente, cuya versión física es administrada por un colaborador de nuestra máxima confianza. La digitalización del legajo y el uso de la firma digital optimizan la concreción de la labor en las actuales condiciones que impone la pandemia.

-En la causa colaboran las direcciones generales de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC). ¿Cuáles son y cómo evalúan los aportes de cada área? ¿Y de otras dependencias del MPF?

La colaboración de las áreas del MPF es indispensable. DATIP, para aportarnos una mirada interna (y por ende, de confianza) sobre diversos aspectos técnicos en un caso en el que no podemos depender íntegramente de los laboratorios de la policía; algunos de sus aportes fueron claves para el avance del caso. La DOVIC es otra área indispensable, ya que gestionan la relación con la familia de la víctima y los testigos, los acompañan, contienen, orientan, y nos ayudan a gestionar algunas diligencias que tenemos que hacer con ellos. La Dirección de Comunicación Institucional del MPF también ha sido de enorme ayuda para definir una estrategia de comunicación adecuada para un caso de trascendencia como éste, y para concretar la difusión de esa información.

Las distintas áreas administrativas de la Procuración General de la Nación han sido de inestimable ayuda en la gestión de las diversas situaciones que se van presentando en la tarea del equipo; por ejemplo, la Oficina de Pasajes y Viáticos, para gestionar nuestros traslados motivados en el caso.

Fuente: fiscales.gob.ar

Nuevamente el avance de las empresas mega mineras pone en vilo a la comunidad de Andalgalá. Nuevamente, como en la última década, la movilización y la resistencia son sinónimos de lucha popular en defensa del agua y la vida en la provincia de Catamarca.

El proyecto denominado Mara, resultado de la fusión que realizó la empresa canadiense Yamana Gold con la suiza Glencore y la estadounidense Newmont, pretende utilizar las viejas instalaciones de La Alumbrera: “Nadie se hace cargo y en la orfandad que nos deja el Estado no nos permite vivir tranquilos, no tenemos paz desde hace 11 años”, expresó a FM De la Calle, Rosa Farías, integrante de la Asamblea El Algarrobo.

La vecina de Andalgalá denunció que “desde el 7 de abril han pasado maquinarias al cerro por un departamento cercano para comenzar 11 pozos de perforación. Esto fue documentado por nuestros compañeros y alertamos al pueblo. El gobierno, argumentando la situación pandémica, nos puso en fase roja y empezaron las restricciones de circulación, vigilada con mucha policía trasladada desde la ciudad capital”.

“A pesar de esta prohibición, las mujeres nos manifestamos haciendo una sentada dos días seguidos a la misma hora frente del edificio de la empresa. El 10 de abril, se cumplieron 584 sábados que hacemos una manifestación pública. En medio de la caminata, un grupo de chicos comenzaron con disturbios y se trasformó en caos. Nuestra gente se quedó un rato pero logramos seguir caminando hasta la iglesia del pueblo”, explicó Farías.

Según narró la asambleísta, dos días después de los hechos “comenzaron los allanamientos y las detenciones violentas a varios compañeros, casi todos varones, también a algunos vecinos que no son de la Asamblea”. En las últimas horas, continuaron los arrestos en Andalgalá y la zona: “Así se vive, quienes tienen que hacerse cargo, la siguen careteando. Las autoridades siguen lamentándose por el vidrio roto en un local partidario pero la cuestión de fondo, una minera a 15 km de nuestro pueblo, queda siempre en la nebulosa”.

La compañía canadiense “hace un impresionante pozo en las nacientes de nuestro río. Teníamos una ordenanza municipal que protegía pero fue derogada, declarada inconstitucional por la Suprema Corte catamarqueña. A partir de allí se movieron de forma conjunta la Secretaría de Minería y la empresa para dar inicio a estos pozos”.

Farías explicó que “les han dado una servidumbre de agua de 7 mil metros cúbicos por segundo y ya está impactando, imagínense cuando quieran comenzar las excavaciones, ni imaginar cuando vuelen el cerro. Somos gente que vivimos del agua de las montañas, no tenemos napas. Logramos dictamen favorable en 2016 porque el proyecto era inviable ambientalmente hablando. Pero todo lo dejan sin efecto, estos gobiernos son nefastos y entreguistas, todos los partidos políticos son culpables”.

Este jueves la asamblea El Algarrobo informó que dos de los detenidos obtuvieron el arresto domiciliario y los otros nueve deberán esperar que se resuelva su situación procesal privados de su libertad. Por otro lado, destacó que “ante la presencia real de camiones del ejército, la paz de nuestra ciudadanía volvió a zozobrar ante la falta de información oficial. Situación que captó la atención debido a la sensibilidad palpable de éstos días”.

Hace 5 años asesinaron a la activista indígena lenca Berta Cáceres. Madre de cuatro hijos, lideresa del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). Cáceres había encabezado el movimiento que logró que el Banco Mundial y la constructora china Sinohydro, desistieran de edificar una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque.

La hija mayor de Berta, Olivia Marcela Cáceres Zúniga, dialogó con Julia Giménez, columnista de FM De la Calle en su espacio “Asuntos Latinomaericanos”.

En esta segunda entrega, Zúniga se refiere a la injerencia norteamericana en el gobierno hondureño, el panorama electoral signado por un contexto de fraude de parte del Partido Nacional y al proceso de organización de pueblos indígenas campesinos que resisten la llegada de organismos multilaterales ante el endeudamiento del gobierno.

Si bien el aniversario de Bahía Blanca nos remite a la fundación de la Fortaleza Protectora Argentina, la historia de nuestro territorio incluye a los pueblos que fueron masacrados durante la constitución del Estado argentino y que hoy, poco a poco, reconstruyen su identidad.

“Conocer la historia, aceptarla, aceptar los hechos de sangre ocurridos y el lugar que ocuparon los pueblos originarios” es un primer paso hacia una ciudad intercultural, dijo la docente e integrante de Kumelen Newen Mapu, Daniela Canullán, a FM De la Calle.

Agregó que “primero hay que hacer este recorrido histórico y hay que hacer lecturas. La posibilidad de la interculturalidad tiene que ver con un mirar hacia el pasado y ahí vamos a ver una ciudad en la que confluyan distintas culturas. Se puede dar pero falta un recorrido más profundo de las instituciones”.

Canullán es docente de Literatura en escuelas secundarias, a partir del Programa de Educación Intercultural se reencontró con sus raíces mapuches y decidió recuperar la historia familiar.

“Lo que me ocurre en el presente no es lo mismo que me ocurría hace unos años, cuando empecé la búsqueda de mi identidad oculta, que tiene que ver con el pueblo mapuche. Es una realidad que pasa en el presente de mucha gente, todos fuimos escolarizados en el sistema educativo nacional y hasta que no se nos abrió la puerta a nuestra cultura no hemos podido ver parte de la historia”, esgrimió la docente.

Luego de que la invitaran a participar del Programa de Educación Intercultural, Canullan indagó en su familia: “Pude ir hablando con mi mamá en ese momento, mi abuela, las personas más grandes y que han vivido esa parte de la historia e incluso en otras ciudades”.

“La ciudad es también un punto de encuentro para todas esas familias que tuvieron que  salir de su tierra para prosperar. Mis familias maternas y paternas vienen de la provincia de Rio Negro y se conocen acá. Es lo que le ha pasado a muchas familias hace 50 años atrás o más”.

“Empecé a ver otra cosa, que mi historia tenía que ver con otros hechos que no aparecían en los manuales. Ver gente que ya había hecho ese recorrido y llegó a la Kumelen Newen Mapu.  Es importante porque en soledad es difícil”, agregó.

Persiste el discurso respecto a que los pueblos originarios son historia del pasado, que no tienen presencia en la ciudad. “No solo pasa con alumnos sino con padres y madres que desconocen la fundación de Bahía, hechos como el 19 de Mayo, el mal llamado ‘Último Malón'”.

“En Bahía tenemos varios historiadores/as que han hecho un camino de regreso para mostrar ese material. Por otro lado, ese material no está tan difundido, no aparecen en el diseño curricular. Si bien ha cambiado la mirada, falta que en algunos hechos concretos haya decisiones más fuertes y amplias”, opinó Canullán.

El 2 de marzo se cumplieron 5 años del crimen de Berta Cáceres, líder del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).

Olivia Marcela Cáceres Zúniga, hija mayor de Berta y actual diputada de Congreso Nacional de Honduras por el partido de oposición, Libertad y Refundación (Libre), se refirió en diálogo con la columnista de Asuntos Latinoamericanos de FM De la Calle, Julia Giménez, a la lucha emprendida junto a su madre, como mujer lenca, en defensa de los ríos y contra el gran capital extractivita y a su compromiso como defensora de los derechos humanos para combatir la impunidad encarnada en Honduras.

Para Olivia, el golpe de Estado que en 2009 destituyó al presidente Manuel Zelaya profundizó el modelo extractivo de explotación minero energética entregando soberanía a partir de las Zonas Especiales de Desarrollo.

Asociado a ello, la violencia política contra aquellos y aquellas que resisten al saqueo ya se ha llevado la vida de centenares de militantes populares y defensores de la tierra y el medioambiente en Abya Yala.

En relación al avance la de causa Berta Cáceres, Olivia explicó el proceso en curso contra David Castillo, ex directivo de la represa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) por la coautoría del crimen. Aunque entorpecido por un sistema judicial viciado, para Olivia ello pone al desnudo los vínculos entre los poderes económicos y políticos a nivel nacional e internacionales tanto en el asesinato de su madre como del modelo que continúa matando y expulsando a los pueblos de sus territorios.

“El hecho de que un día la justicia llegue a ese eslabón intelectual tan poderoso sería sentar un precedente en la justicia de este país contra esa impunidad histórica y quizás una forma de que estos hechos no se repitan”, afirmó.

Escuchá la entrevista:

Amigos, amigas, dirigentes políticos, sindicales, sociales y del ámbito universitario conformaron el 3 de abril la Comisión por el Reconocimiento Académico de David “Watu” Cilleruelo, con el objetivo de solicitar a las autoridades de la UNS dicho homenaje.

Desde FM De la Calle compartimos un resumen de las adhesiones y participaciones del encuentro virtual realizado a 46 años del crimen del dirigente de la Federación Universitaria del Sur y la Federación Juvenil Comunista.

El planteo fue recogido por la Fiscalía en su alegato en el juicio a cuatro ex miembros de la Triple A como uno de los pedidos de reparación simbólica solicitados ayer al tribunal.

Raquel Cilleruelo, hermana de David, hizo llegar una carta que fue leída por Gabriela Eberle: “Me pone contenta todo lo que me contás de las actividades programadas, les pido que me disculpen porque entre el aniversario, el juicio, y otras yerbas ando medio, mejor dicho, bastante sensible y no creo poder hacer esto sin llorar. Espero con ansias la sentencia del tribunal y a la vez con tristeza, tanta gente que se nos fue y a la que yo quería abrazar”.

Con gusto seré parte de esta comisión, gracias por todo lo que hacen por la memoria de Watu. Y si ocurriera un milagro y pudiera viajar para cuando dicten sentencia, como siempre pensé que ocurriría, que gran abrazo les voy a dar a todos“.

Guadalupe Godoy, abogada y representante de la UNLP en la Red Interuniversitaria de DD.HH., llamó a “pensar a la universidad como víctima pero también como victimaria, a partir de las intervenciones que sufrió. Genera dificultad porque el homenaje implica la revisión. Hay una memoria incómoda que sigue ahí y estos planteos remueven un montón de cosas”.

Nora Contiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, señaló que “el recuerdo, la memoria, tiene que caminar todos los días. Gustosa voy a estar a sus órdenes para lo que necesiten, para seguir adelante. Todos nuestros militantes merecen que se les siga honrando cada día”.

“Ahí están los que asesinaron a Watu, solos, despreciados, como lo que se merecen. Y está el Watu rodeado de toda la solidaridad, los amigos y los afectos. Les agradezco en lo personal a los que están acá y a los que no están, habernos transmitido no solo el militante, el revolucionario, sino cómo era David. Yo conozco a David gracias a ellos”, mencionó José Lualdi, integrante de la Corriente Comunista David Watu Cilleruelo.

El escritor y matemático Guillermo Martínez recordó “como una deuda de la UNS que ni siquiera se tratara la posible remoción de Tetu (en la década del 80), que se jubiló y, si hubiera querido, hubiera sido profesor emérito”. Al respecto, Dante Patrignani -secretario de Derechos Humanos de la CTA y compañero de militancia de Watu- destacó que “estos tipos eran intocables, como fue intocable Montezanti hasta que lo tocamos. El miedo no era exclusivo de ellos”.

Recordó que en una ocasión “decidimos ir al curso de Tetu un rato antes de la clase, les hablé a los estudiantes, llegó Tetu y nos echó de la clase. Si eso sucedía ahora lo cagábamos a trompadas pero teníamos miedos encima”.

Julio Gambina, economista y presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, mencionó que “para entender el porqué de la pobreza y la miseria de la Argentina actual hay que ir al 75 y 76, a la Triple A y a la dictadura, y ubicar ese tiempo compartido de un gobierno constitucional con grupos parapoliciales que son el antecedente del terrorismo de Estado. Por eso hay que recuperar la memoria de Watu”.

Ariel Armero se refirió al “juicio popular a Remus Tetu en la universidad” y compartió el registro que realizó desde FM De la Calle de la intervención de Osvaldo Bayer en los alegatos. Dijo el autor de la Patagonia Rebelde:

“Esa noche Remus Tetu marco el principio de la tragedia, el Moncho Argibay, el asesino, apenas un eslabón de la tenebrosa Triple A y de la infame ESMA, y los dos juntos, Tetu y Argibay, configuraron todo ese crisol de cobardía, corrupción y ferocidad que se llamaron Astiz, Menéndez, Vila, Acosta y Massera.

Pero la historia no los acompaña, todos seguirán encerrados en sus madrigueras, despreciados hasta por los gusanos y las ratas. En cambio, aquí, el Watu , nuestro amigo, renaciendo y eterno, junto a todos aquellos estudiantes cuyos nombres recordarán las aulas y los recreos, el amor y la caricia, el valor y la mirada hacia adelante.

Hoy no iniciaríamos contentos el regreso ni dejaríamos vacío el salón de reencuentros y propósitos, sin prometernos jamás servir a los autoritarios, demagogos, corruptos, oportunistas, a los que calzan armas para imponer matones, a los que prohíben la palabra y queman libros, a los que dividen al sociedad en aprovechados y azuzados por el hambre y la enfermedad, a los que niegan la tiza y el cuaderno a nuestros maestros, a los que condenan a nuestros viejos y niños a la basura y barro, a los que quieren encerrar las ideas con alambres de púas.

Este es el símbolo de esta reunión de la ética y memoria, el desprecio de la maldición bíblica para Remus Tetu: maldito seas por los siglos de los siglos. Y nuestras flores y nuestras lágrimas embarazadas de futuro para nuestro amado Watu”.

Gervasio Díaz, miembro de H.I.J.O.S. Alto Valle, contó que “pudimos encontrarlo a Remus Tetu y hacerle un escrache. Siempre decimos que cuando no hay justicia hay escrache. Esos momentos así, como este de reconocimiento, son los de mayor justicia que vamos a tener como así las instancias judiciales que permiten a familiares dar cuenta de esa historia de represión y de lucha”.

El educador popular Orlando “Nano” Balbo, sobreviviente del CCDyT La Escuelita de Neuquén, opinó que “los monumentos no son memoria, son dispositivos importantes que evitan que se instale el olvido. Pero para hacer memoria tiene que tener la dialéctica, el dinamismo de poder traer el pasado a interpelar el presente y poder construir futuro. En este proceso, a esta memoria debemos darle una encarnadura humana, es importante que tenga el nombre de Watu, que la universidad sepa que dentro de su territorio se violaron todas las normas y hasta se asesinó”.

Por último, Hugo Blasco, secretario general de la Federación Judicial Argentina, destacó que “hay algunos sectores políticos en los que no conviene o molesta enjuiciar a estos personajes. La complejidad no es solo de la universidad sino en todos los ámbitos de militancia, en el sindicalismo también pasa. Rescatar la historia como fue y hacer justicia con la historia es parte de esa tarea porque sino todo da igual”.

El periodista Miguel Bonasso destacó la relevancia del juicio contra ex integrantes de la Triple A de Bahía Blanca. Este jueves, La Fiscalía cerrará su alegato con el pedido de penas para los cuatro imputados.

“Puede mostrar el vínculo perverso de la derecha peronista con la Marina que ha aparecido siempre como el arma más gorila, más antiperonista, y, por supuesto, con La Nueva Provincia que es un órgano directo del Servicio de Inteligencia Naval”, dijo el ex secretario de Prensa de Héctor Cámpora a FM De la Calle.

La entrevista se realizó días después de las declaraciones de Mario Simón y Héctor Álvarez, presidente y vice del Partido Justicialista bahiense respectivamente, quienes defendieron a dos de los represores y desconocieron los crímenes de la banda parapolicial en la región.

“Para cualquier persona con dos dedos de frente y uno de memoria, no cabe duda: la Triple A no solo existió sino que desgraciadamente no puede negarse la responsabilidad de altos dirigentes del peronismo en su participación directa o en su encubrimiento”, afirmó Bonasso.

¿Por qué el PJ no tiene una mirada crítica respecto a los años previos al golpe de Estado?

No se ha hecho el juicio a Isabel Perón y no se ha calado a fondo en la responsabilidad del propio Perón en la creación de la Triple A y en la persecución brutal desatada después de su regreso con Ezeiza.

El elemento central es que los crímenes perpetrados por la Triple A -más de 1500 asesinatos entre 1974 y el golpe, durante el gobierno ‘constitucional’ de la señora María Estela Martínez, alias Isabel Perón- fueron perpetrados desde el Estado, con autos y armas del Ministerio de Bienestar Social. En Bahía Blanca también con el apoyo de la universidad conducida por el nazi rumano Remus Tetu, de triste memoria.

Todo es terrorismo de Estado y son crímenes de lesa humanidad que no prescriben. Cuando algunos pseudo periodistas como Ceferino Reato presentan a José Ignacio Rucci como un pobre mártir del sindicalismo olvidan el vínculo que, por ejemplo, está explícito y claro en el tema de Rodolfo Ponce, mencionado reiteradamente en el juicio. En este criminal, que fue diputado justicialista, Cámpora tenía confianza al comienzo -me consta por haber sido secretario de prensa del Frente Justicialista de Liberación- y era un hombre de los servicios vinculado a la Marina. No es casual que este juicio esté ocurriendo en Bahía Blanca, esto tenía que ver con lo que significa La Nueva Provincia y el Servicio de Informaciones Navales.

Para cualquier persona con dos dedos de frente y uno de memoria, no cabe duda: la Triple A no solo existió sino que desgraciadamente no puede negarse la responsabilidad de altos dirigentes del peronismo en su participación directa o en su encubrimiento.

Si no se quiere tratar y estos señores contestan cosas que dan la sensación de que viven dentro de un frasco, tanto el presidente como el vicepresidente del Partido Justicialista de Bahía Blanca, les diría que salgan del frasco, saquen la tapa de la olla porque se van a ahogar con los olores fatales que hay adentro y vean la realidad. Es cierto que ha pasado mucho tiempo pero también sabemos muchas cosas que pasaron hace tiempo…

Usted menciona en uno de sus libros “el somatén para Perón”, ¿cómo se fue gestando y cómo lo veían desde dentro de las filas del movimiento peronista?

Cuando escribí ‘El presidente que no fue’ fui el primero que denunció lo del somatén, me hago responsable. Decirlo fue un acto de valentía porque de alguna manera he pertenecido al peronismo, no al PJ sino a la JP, estuve vinculado a Montoneros pero no al PJ específicamente.

Desgraciadamente tengo el testimonio grabado de Gloria Bidegain, la hija del dr. Oscar Bidegain -quien fuera gobernador de la provincia de Buenos Aires- en un viaje que hizo a España en abril de 1973 para ir después a China con José López Rega, uno de los jefes de la Triple A, y con Isabel Perón.

Perón se refirió a algunos actos de violencia que habían ocurrido en Argentina. Algunos posiblemente cometidos por el ERP, no recuerdo exactamente. Dijo: ‘lo que hace falta en Argentina es un somatén’. El somatén fue aplicado en la dictadura española de Miguel Primo de Rivera, el padre del fundador de la Falange José Antonio Primo de Rivera, y era un organismo paramilitar, parapolicial, creado desde el Estado para reprimir actividades fundamentalmente de la izquierda social, sindical, de la que peleaba al nivel de la clase trabajadora.

La Triple A es eso, es un somatén. Perón estaba esbozando ahí la idea de crear un aparato estatal secreto, paraestatal, no oficial sino oficioso, con los recursos del Estado para reprimir a la izquierda, sobre todo a la de su propio movimiento que era la que más le preocupaba. Está comprobado, es histórico, hay numerosos documentos, hay una reunión a la que se convocó a los dirigentes del justicialismo con el objeto de denunciar, investigar y señalar a personas que pudieran ser infiltradas, que fueran subversivos.

¿Por qué ese Perón que había hablado de la juventud maravillosa, que había elogiado al Che Guevara como el mejor de nuestros compañeros, que se había reunido con los Montoneros, que había aprobado el tema Aramburu -muy espinoso- que alentaba a la juventud guerrillera, militante, de golpe se convierte en el tipo que dice hay que hacer el somatén?

Por una razón muy sencilla. Vuelve con un pacto con fuerzas internacionales, incluido obviamente Estados Unidos. El pacto se hace a través de la gente de Licio Gelli de Propaganda Due, los tipos que tuvieron que ver con el asesinato del papa Luciani, le estoy hablando de cosas gruesas, han provocado varios muertos en el mundo, son una mafia internacional muy pesada.

Hay un viaje clave que hacen a Roma Isabel Perón y López Rega para entrevistarse con Gelli. Le plantean que el único que puede parar a la izquierda revolucionaria, a las organizaciones armadas a la Argentina, es Juan Perón con su retorno. Esto explica Ezeiza.

El autor de ‘Recuerdo de la muerte’ y ‘Diario de un clandestino’, entre otros libros, destacó la responsabilidad en la organización de aquella masacre de López Rega y el teniente coronel Jorge Osinde y excluyó al ministro del Interior Esteban Righi y a la Policía Federal.

La Federal había aconsejado armar una especie de círculo alrededor del palco donde iba a hablar Perón para evitar incidentes –recordó-. Osinde, con un argumento aparentemente popular, se negó diciendo que la gente no iba a querer ver uniformes de la Federal que había reprimido hasta el día anterior en la dictadura. Era un argumento de izquierda para hacer una política de derecha. La policía quedó a 1500 metros de distancia. Eso permitió que grupos fascistas como la CNU, el CdO de Brito Lima y otras porquerías siniestras y armadas por el estilo, ocuparan militarmente el palco y el Hogar Escuela que estaba enfrente, lo cual hizo que hubiera una apariencia de enfrentamiento pero eran todos del mismo bando, la extrema derecha peronista. En el medio quedó la multitud.

El periodista destacó que “así como Perón tuvo una primera presidencia brillante, ejemplar desde el punto de vista de la distribución -por algo se generó el peronismo- también es cierto Perón regresó en un negocio con el imperialismo y la oligarquía y fue un Perón represor. No alcanzó a desplegar toda su represión total porque se murió”.

Foto: Diego Goldberg

En cuanto a José Ignacio Rucci, sostuvo que tuvo una participación directa en la masacre de Ezeiza:

Lo que queda demostrado con este vínculo con Ponce y la gente de Bahía Blanca es que Rucci no era un angelito, un pobre mártir del movimiento obrero, lo cual no significa que hubiera que asesinarlo. No estoy para nada de acuerdo con eso, creo que es un hecho terrible y lamentable, que no debió haberse producido. Pero no por sus características morales sino porque Perón lo había elegido como secretario general de la CGT y hacerle eso a alguien que acababa de ganar con el 62% de los votos desde el punto de vista político era una barbaridad descomunal.

Rucci no era un santo. Lo prueba el juicio de Bahía Blanca. Prueba que Rucci estaba decidido a cazar militantes de izquierda. Él decía ‘hay que acabar a los bichitos colorados’. ¿Quiénes eran los bichitos colorados? Nosotros. Por eso 1500 compañeros quedaron tirados en las cunetas, perforados a balazos por la Triple A.

Nunca se debió responder a la violencia con violencia sino con una política de masas. En aquel momento, afortunada y desgraciadamente también, la Juventud Peronista respondía a Montoneros como organización revolucionaria y la visualizaba como conducción, eso sindicaba que había que haber dado una batalla política enorme para quedarse con la conducción del peronismo.

En el juicio se evidenció el alineamiento de Ponce con Rucci y se juzga la toma de la sede local de la UTN en el marco de un proyecto que ese sector del sindicalismo tenía para las universidades y en el contexto de instalación del polo petroquímico. ¿Qué intereses había detrás de ellos?

Rucci era un producto del vandorismo, tuvo una fuerte presencia en la UOM. Hay todo un sector del sindicalismo argentino vinculado al sindicalismo norteamericano. Detrás está el poder económico. Para mí la derecha es derecha, puede ser peronista o no, pueden ser los que pusieron las bolsas (NdR: en Plaza de Mayo) el otro día u otros, representa el poder económico frente a un modelo distinto de justicia social, distributiva. El vandorismo se caracterizaba por simular una lucha sindical, incluso a veces con acciones audaces, huelgas y lo demás, para después negociar. (…)

Lo que querían hacer en las universidades era limpiarlas de toda presencia militante de izquierda peronista o no peronista. Por otro lado, vincularlas al desarrollo técnico pero no por el propósito benefactor de generar técnicos sino de establecer un control político sobre un sector que les resultaba adverso.

Durante la entrevista el ex diputado nacional recordó una conversación con el padre Hernán Benítez, confesor de Eva Duarte:

Él sabía que yo era amigo de Carlos Mujica, asesinado por la Triple A. Me dijo, ¿quién asesinó a nuestro amigo Carlitos? Le digo: la Triple A. Me dice, no, eso ya se sabe, la Iglesia lo sabe bien, yo le preguntó quién disparó la ametralladora. Le digo que, según un testimonio de un sobreviviente que fue herido con Mujica, fue el comisario Rodolfo Almirón. ¿Y qué era el comisario Rodolfo Almirón en ese momento? Le digo: era el jefe de la custodia de Isabel Perón. ¿Usted no cree en el carácter transitivo?, me preguntó.

Por eso, Bonasso repudió semanas atrás el saludo del papa Francisco a Isabel Perón cuando la ex presidenta cumplió 90 años: “Isabel tendría que haber sido convocada por lo menos para la investigación del asesinato de Carlos Mujica”.

En nuestra ciudad el debate oral del juicio continuará mañana a las 9:30 con el tramo final del alegato del fiscal Pablo Fermento. El viernes, comenzará la exposición de la dra. Mónica Fernández Avello por la querella.  Las audiencias son transmitidas en directo por el canal de youtube Audiovisuales UNS y el sitio juiciobahiablanca.wordpress.com

A Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno, se les imputa haber integrado la asociación ilícita y en el caso de Aceituno, además, haber sido uno de los asesinos del dirigente estudiantil David “Watu” Cilleruelo.

Se trata de un proyecto que reúne a diversos sectores del campo popular para solicitarle a las autoridades de la UNS la entrega del título Honoris Causa para David “Watu” Cilleruelo.

Este sábado se realizó la reunión constitutiva en el marco del 46º aniversario del asesinato del dirigente estudiantil a manos de la patota de la Triple A en los pasillos de Alem 1253.

Participan y adhieren, entre otras personalidades y dirigentes, Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y la hermana de Watu, Raquel Cilleruelo.

“Impulsamos una comisión de apoyo plural. Pedimos un reconocimiento que acepta méritos no académicos para un Honoris Causa, aquel actor universitario o no que merece tener ese título de honor por ser referente, por haber llevado aportes a la humanidad”, señaló a FM De la Calle Adriana Rodríguez, docente y ex decana de Departamento Humanidades.

En relación al rol de la UNS, institución que supo albergar a víctimas y victimarios del terrorismo de Estado, Rodríguez afirmó que “la historia es una contradicción, la universidad cumplió un papel diferente en cuanto a la historia reciente. Me acuerdo de actos muy fuertes en cuanto al pedido de la querella, pedir en el Consejo Superior que la universidad sea sede de los juicios, en eso hubo un impulso muy grande de actores de la UNS, de dirigentes sociales, de gente que no tiene que ver con la universidad, de distintos espectros de la política”.

“El hecho del juicio a la Triple A es importante y ejemplar, a mí me gusta quedarme con lo positivo de la lucha. Rescato la institucionalización de la lucha, la UNS que fue promotora de la Triple A, en sus mismos pasillos se asesinó a David, y es sede de los juicios”.

Destacó que otra contradicción “es que nos intervienen los murales de Watu, se trata de unir a Watu con una cuestión solamente ideológica. Obviamente que él tenía su ideología, era comunista, pero eso no implica que nos escriban los murales, desaparezca el chapón, que se tire un cuadro. No lo vemos solo con Watu, sino con los pañuelos de las Madres”.

Lo que trasciende a Watu es la unión: “Fue votado por sus pares, más allá y tan acá de su militancia, es un caso emblema”.

Los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolín recurrirán ante la Cámara de Casación tras el rechazo de la Cámara de Apelaciones bahiense a la recusación contra la jueza federal María Gabriela Marrón.

También apelarán el rechazo de nuevas medidas investigativas, mientras se continúan realizando diligencias en el estuario de Bahía Blanca. Por otra parte, Santiago Ulpiano Martínez ya tiene reemplazante.

La vacante del funcionario inhibido en la causa será cubierta por la fiscal federal de Santa Rosa Iara Silvestre, designada días atrás por el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal.

La Cámara Federal de Bahía Blanca, con el voto de Pablo Larriera, rechazó el planteo de recusación de Marrón. La Fiscalía consideró que su imparcialidad había quedado afectada luego de disponer de oficio y sin control de las partes una medida de prueba por sobre la estrategia de litigación del caso que tienen los representantes luego de que se les delegara la instrucción del sumario.

Heim, Azzolín y Silvestre están elaborando un recurso de casación contra dicha decisión, ya que consideran que sus argumentos no fueron valorados en su totalidad, en especial en lo relativo a nuevas irregularidades cometidas por la titular del Juzgado Federal N°2 de Bahía Blanca en las últimas semanas, como no suspender la ejecución de la medida pese a varios planteos en ese sentido y el efecto suspensivo del recurso interpuesto.

Además, informaron ante la Cámara Federal, en el marco del trámite del incidente de nulidad que plantearon contra esa decisión de la jueza, que consideraron que no estaba adecuadamente fundada y afectaba la independencia del organismo. Si bien la jueza rechazó la nulidad, los fiscales esperan revertir esa situación en instancias superiores y, como consecuencia, apartar a la magistrada del caso tal y como lo prevé el Código Procesal Penal.

Nuevas medidas realizadas y solicitadas

Los y la representante del Ministerio Público solicitaron en los últimos días, con el secreto de sumario vigente, la concreción de una serie de medidas de prueba que fueron rechazadas por la jueza, decisión que también fue apelada.

Azzolín, Heim y Silvestre esperan que la nueva queja sea resuelta por el tribunal revisor en el mismo sentido que lo hizo en febrero, lo que motivó la concreción de allanamientos.

En el marco de los trabajos de campo que desde hace meses vienen realizando en el estuario de Bahía Blanca, días pasados la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y el Cuerpo de Investigadores Judiciales (CIJ) del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizaron un relevamiento del lugar con drones. También se prevé una recorrida a pie en compañía de testigos.

El camarista Pablo Larriera ratificó a la jueza Gabriela Marrón en la causa por la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro.

De esta manera rechazó la recusación planteada por los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolín quienes invocaron “temor de parcialidad” al concluir que Marrón comprende una única hipótesis: que Facundo “en su trayecto hacia la localidad de Ingeniero White, transitó por el complicado terreno del estuario en el que se anegó y luego se ahogó”.

Plantearon, además, que la jueza se entrometió en asuntos de la Fiscalía al reasumir la investigación para incorporar un estudio de mareas del IADO en el cual el director del organismo oceanográfico “realizó consideraciones que no le fueron solicitadas sobre el posible desplazamiento de Facundo dentro del estuario”.

Azzolín y Heim devolvieron el escrito, “no obstante luego, invocando una medida para mejor proveer y afirmando que no reasumía la instrucción, la dra. Marrón ordenó un estudio que, en los hechos, implicaba realizar las mismas actividades que el IADO realizó sin que se lo haya ordenado”.

Al rechazar su recusación la jueza sostuvo que “la conexión entre el Estuario y la Ría de Bahía Blanca y el aporte que puede llegar a lograrse a partir de su estudio es innegable para la reconstrucción del hecho, ya que esta última zona es donde se vio a Facundo José Astudillo Castro transitar con vida, y luego, se encontraron sus restos y pertenencias”.

Se refiere a lo dicho por la Testigo H, cuyo testimonio fue incorporado a la causa por dos de los policías sospechados -Mario Sosa y Siomara Flores- y se contradice en varios aspectos con el de Alberto González, quien detuvo a Facundo por segunda vez el 30 de abril. Marrón no considera, entre otras pruebas, el hallazgo de pertenencias del joven en un calabozo de Puesto Policial de Teniente Origone.

En definitiva, en el fallo firmado ayer en la Cámara de Apelaciones, Larriera manifestó que la delegación de la investigación en los fiscales “no implica que el juez pierda la dirección del proceso y la decisión final en determinados temas”. Esto independientemente de lo que los camaristas resuelvan respecto a la validez de la prueba del IADO cuya nulidad fue planteada en otro incidente.

La madre de Facundo, Cristina Castro, dialogó con FM De la Calle a un mes de cumplirse el primer aniversario de la desaparición forzada seguida de muerte del joven de Pedro Luro.

El lunes, la querella denunció la desaparición de un testigo clave, quien fue localizado varias horas después. Se había escondido por temor a las amenazadas recibidas en el marco de la causa que tiene a la Bonaerense en la mira de la justicia.

“Buscan amedrentar, yo perdí el miedo el día que me mataron a mi hijo. Seguimos en pie de lucha sin importar quién caiga, son muchas las personas que están cubriendo este asesinato”, dijo Cristina.

Como cierre de la semana de la Memoria, afirmó que “cambiaron los Falcon por la Hilux. Estamos viendo una vena de la dictadura que no logramos cerrar. Es lo mismo, solo que en democracia avalados por muchos, por el poder político y judicial”.

“Lamentablemente me tocó pasar por lo mismo que les pasó a las Madres y las Abuelas. Me acordaba de tantas cosas, veo que la lucha de Facu era genuina, tuve que empezar a estudiar historia de verdad, tuve que aprender de lucha”.

En relación al testigo de identidad reservada contó que “desapareció, venía siendo amenazado de muerte él, su familia, su hijo. Nos dijeron que habían activado protocolos de búsqueda. Estos policías tienen un abogado, la jueza (Gabriela) Marrón levantó el secreto de sumario, así tuvieron acceso a las iniciales de estos chicos y empezaron a amenazarlos”.

“Gendarmería tardo casi cinco horas en llegar a Luro y ni siquiera fueron a la casa del chico. Yo creo que apareció por la presión de las redes, los grupos activaron el protocolos de búsqueda”, enfatizó.

Cristina relató que “la ministra Frederic me aseguraba que ya lo habían localizado y estaba todo bien y no era así. Terminé de hablar con ella y a los cinco minutos tenía a la familia en mi casa diciendo que no, que era mentira lo del mensaje de voz, que era un mensaje escrito por Whatsapp, y nos pidieron que no lo dejáramos de buscar hasta que apareciera, que querían verlo con vida. A la madrugada cuando apareció hicieron lo mismo y me pidieron que tuviera un poco de calma y pidiera reserva y tranquilidad para ellos, imagináte el momento que pasaron”.

Respecto a las pericias judiciales realizadas esta semana, en las cuales el perro del adiestrador Marcos Herrero volvió a señalar los patrulleros que detuvieron a Facundo el 30 de abril, Castro destacó la marcación de la Hilux del Puesto de Origone: “Ni bien soltó a Yatel, se clavó en el patrullero, no hay dudas de que mi hijo estuvo ahí y lo trasportaron en ese móvil”.

Consultada sobre el pedido de revisión del teléfono del presidente del Concejo Deliberante de Villarino, Omar Promenzio, explicó que está relacionado a una testigo “que se presenta a declarar de forma espontánea algo que escuchó. No la conozco, ella se acercó, tuvo una entrevista conmigo y después de un tiempo de animó a declarar porque tiene mucho miedo. Recuerden que a los amigos de Facundo los están persiguiendo todo el tiempo, tenemos ocho cartas documentos por un valor de 200 mil pesos cada una (por realizar pintadas). La policía los sigue hostigando, no pueden salir porque les ponen un patrullero atrás”.

“Esta testigo hace referencia a la jueza Marrón y a su amiguismo particular con la familia Bevilacqua, el intendente de Villarino. Nos resulta extraño que siga al frente de la causa cuando dijo que iba a cerrar el caso a finales del año pasado. Vamos a seguir peleando hasta las últimas consecuencias. Estamos esperando resultados para las imputaciones, la salud me jugó una mala pasada, no puedo estar al frente, están mis abogados y mi familia ocupándose”.

Los policías sospechados -Siomara Flores, Mario Gabriel Sosa, Jana Curruhinca y Alberto González- “siguen trabajando y portando un arma, siguen desparramados por acá. Es inevitable no cruzarlos, siguen gozando de un sueldo que le pagamos los ciudadanos y ahora están patrocinados por un abogado que puso el Municipio”.

“Vamos por lo que el Flaco peleaba, por un Nunca Más en serio, porque en Villarino no nos vuelva a desaparecer ni un pibe, porque no los golpeen en las comisarías, porque no tengamos más femicidios, por todo eso. Sabemos que la lucha es larga y contra gigantes, pero no se preocupen que desde este lado les vamos a dar pelea”, concluyó.

Foto: Cristina Castro junto a los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolin en el Puesto Policial de Origone.

A 45 años del inicio de la dictadura cívica militar eclesiástica, Jorge Nawel, coordinador zonal de la Confederación Mapuche de Neuquén, comentó que la mirada de los pueblos originarios “en relación al 24 de marzo ha sido siempre acompañar la lucha de los organismos de derechos humanos para que el ‘Nunca más’ realmente lo sea”.

En diálogo con FM De la Calle, el werken mapuche reflexionó sobre la importancia de “no tener una memoria sesgada, limitada, si no nunca vamos a entender por qué ocurrieron los acontecimientos en los ‘70”.

Sobre las familias y los grupos de poder concentrados que participaron en el golpe, Nawel afirmó que “tienen origen cien años atrás, cuando nuestro territorio fue invadido por un naciente Estado que era una tercera parte de lo que es hoy y que luego se convirtió en lo que conocemos como Nación Argentina. Fue genocidio y, por ende, es un delito de lesa humanidad que no prescribe. Debe haber una política de reconocimiento y reparación del daño que han causado durante 145 años de represión cultural e invasión territorial”.

Nawel será uno de los participantes del Conversatorio “145 años de terrorismo contra el pueblo mapuche” organizado en el marco de la semana de la memoria. La charla, contará también con el docente, ex detenido-desaparecido, Orlando “Nano” Balbo; el activista, periodista y escritor, Adrián Moyano; y la antropóloga feminista de la Lof Newen Mapu, Meli Cabrapan Duarte. La transmisión en vivo será este jueves 25 a las 19hs a través de los canales de Facebook y YouTube de la Confederación Mapuche de Neuquén.

“Poner en agenda del poder judicial este genocidio es una forma de ejercitar la memoria y buscar la verdad y la justicia, ya que no se puede considerar como error o producto del pasado”, explicó Nawel.

Añadió que “son delitos que tienen plena vigencia, deben ser juzgados y tiene que haber condena y, fundamentalmente, reparación. La condena de por sí no va a modificar nada, el Estado debe asumir esa masacre ya que tuvo un alto precio en vida, en cultura y en cosmovisión. Y que se generen acciones de reparación ya que tiene una responsabilidad directa en la política pública. Si no el contexto de relación hoy con el gobierno de turno es de una permanente criminalización, persecución y violencia contra la lucha de las comunidades mapuches en la Patagonia”.

En relación a las medios empresariales de comunicación, el referente mapuche ejemplificó que “cuando se escucha hablar a una Bullrich, a un Pichetto, a un Weretilneck y tiene semejante impacto y dimensión su palabra, no por la importancia de estos personajes porque son marginales en la política sino porque hay otro poder que se impone, que es el mediático y que las sobredimensionan y las convierte en voces poderosas, ahí es donde aparece este nuevo actor que es muy peligroso: los poderes de la comunicación, controlados por esos que ayer se enriquecieron producto del despojo del territorio mapuches”.

Agregó: “La voz de los pueblos originarios quedan soslayadas, quedan marginales al lado de esas otras voces que toman el poder y lo convierten en una palabra peligrosa”. Por último, Nawel afirmó: “No podemos aceptar que los mapuches sean percibidos como un sector terrorista violento cuando se está en semejante estado de empobrecimiento material. Las familias salen a recuperar tierras para desempeñar la vida comunitaria, para forjarse un futuro. Existe una injusticia estructural que hay que modificar y no se puede asumir sin ver que tiene un origen. Por eso esta semana de la memoria es importante agitar esa parte de la historia que no es mostrada, que no es transmitida”.

La Multisectorial por los Derechos Humanos de Bahía Blanca se movilizará esta tarde a 45 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

La convocatoria cerrará con un acto en la Plaza del Sol donde fue nuevamente colocada esta mañana la reseña que la señaliza como Plaza de la Resistencia y la Memoria en homenaje a las y los 30 mil detenides desaparecides.

Dante Patrignani, secretario de Derechos Humanos de la CTA, dijo a FM De la Calle que la manifestación se realizará “con los cuidados correspondientes para que quienes quieran y puedan marchan lo hagan y también aquellos que por algún cuidado especial no lo quieran hacer caminando puedan acompañar en una caravana de autos”.

En cuanto a las consignas, el dirigente afirmó que se destacará “el homenaje, el recuerdo y sobre todo la reivindicación de la lucha de esa generación del setenta que peleaba por algo distinto a este capitalismo maquillado que nos están vendiendo y, por supuesto, los acontecimientos de este último año como la desaparición seguida de muerte de Facundo Castro, la represión que se está dando en varias provincias -en Capital, en Chubut contra compañeros que reclaman contra la megaminería, lo que pasa en Formosa- la represión que siguen estando a pesar de estar en democracia”.

Respecto al juzgamiento de los genocidas, comentó que “este 24 nos encuentra con los alegatos del fiscal (en la causa Triple A) que han sido extraordinarios y esperando que sean condenados los cuatro que están en el banquillo de los acusados”.

Sobre los juicios a civiles sostuvo que “con Massot no se pudo avanzar pero sí con Montezanti que ya está procesado en la causa Triple A y esperamos que cuando se termine con estos acusados se avance con él”.

En el aniversario 45º del Golpe de Estado cívico-eclesiástico- militar, FM De la Calle realizó un programa especial de En Eso Estamos.

Se escucharon los testimonios del secretario de Derechos Humanos de la CTA, Dante Patrignani y de Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén invitando a un conversatorio a 145 años de terrorismo de Estado contra el pueblo mapuche.

Por otro lado, Pablo Stefanoni, autor del libro “¿La rebeldía se volvió de derecha?”, analizó cómo calan en la sociedad la reconversión de los discursos de extrema derecha.

Escuchalo acá.

En un recorrido por el arco político local se compartimos las voces de referentes y referentas de organizaciones sociales, políticas, sindicales y culturales reflexionando sobre el significado de este nuevo aniversario del golpe genocida.

Saira Millaqueo, coordinadora de Ciudadanas Trans y Viviana Marfil, secretaria general de ATE.

Fernanda Petersen, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal y Alberto Rodríguez, miembro del Centro Cultural La Panadería.

Miguel Aolita, secretario general de la Asociación Empleados de Comercio y la CGT y Nahuel Blanco, integrante de la organización barrial Talita Kum.

Ana Canullo, primera secretaria de Derechos Humanos de SUTEBA y Elisardo Tunessi, representante de la Red de Espacios Culturales Independientes.

Pilar, integrante de Sureando y Verónica Bajo, activista de Acciones Feministas.

Luciano, miembro del Centro de Estudiantes del Colegio La Piedad y Carolina, integrante de la organización social El Puente.

Anabella Tarabelli, integrante de la Comisión del Sindicato de Prensa y Diego Dorcazberro, referente de Sureando.

Juan y Victoria, estudiantes de la FES.

María Belén López, delegada general de la Asociación Argentina de Actrices y Actores.

Los relatos de las y los sobrevivientes, su voz, el ejercicio de recordar juntas y las materialidades del Centro Clandestino de Detención y Exterminio La Escuelita de Bahía Blanca son reflejados en el primer corto del Ciclo Zaranda.

Se trata de un proyecto colaborativo impulsado desde el programa Arqueología en cruce del Departamento de Humanidades de la Universidad del Sur.

Cecilia Simón comentó a FM De la Calle que “la idea de zaranda atraviesa todo el ciclo, es un objeto muy significativo y característico de la práctica arqueológica y tiene una funcionalidad que va en diálogo con cómo trabaja la memoria, qué cosas quedan, qué cosas pasan”.

“Aparte es un objeto muy bello, si algo aprendimos a partir de este diálogo con el teatro de objeto es que se pueden resignificar y tener una belleza que no le habíamos dado. Es un material educativo, estamos trabajando en cuadernillos que van a acompañar el corto para que ingrese y se trabaje en las aulas de los distintos niveles. Estamos todas muy contentas porque fue un trabajo muy lindo”.

El punto de partida fue la propuesta de Ina Morales y Cata Corredor, actrices y manipuladoras integrantes de Ciclo Objeto, “para pensar que la materialidad alberga memoria y tiene la capacidad de contar historias”.

“El primer capítulo es sobre La Escuelita, para eso trabajamos conjuntamente con las chicas de H.I.J.O.S. y de Red x la Identidad. A través de encuentros virtuales fuimos pensando distintas historias y objetos que se asocian a La Escuelita. Fueron muy importantes los relatos de Alicia Partnoy, el material que se recolectó en la práctica de campo que se hizo en 2011 y declaraciones testimoniales de quienes sobrevivieron”, contó Simón.

Agregó que “a partir de esos hilos y discursos fuimos armando este relato que se apoya y se hace con objetos y con todo lo que se dispone alrededor. Le dimos mucha importancia a los sonidos, a la iluminación, a recuperar el paisaje”.

Mirá:

Los cables de la embajada de Estados Unidos en Argentina permiten acceder a detalles de los preparativos del golpe de Estado: entre mostrarse eficaces en la lucha contra el comunismo y proyectar una buena imagen internacional, el objetivo de la intervención militar y el plan de los primeros días de gobierno que mencionan, inicialmente, con el nombre de “intervención militar en el proceso nacional”. Los documentos también son reveladores de la lectura política de Estados Unidos sobre el anunciado golpe: esperaban un “gobierno militar por un periodo prolongado y de una severidad sin precedentes”.

Desde varios meses antes, la Embajada sabía de los planes golpistas y mantenía canales de comunicación con la inteligencia militar. En paralelo a la diplomacia oficial, en los días previos al golpe de Estado, también se menciona en los documentos desclasificados la visita de un senador republicano y un ex subdirector de la CIA y las reuniones extraoficiales para lograr que altos mandos militares se encuentren con autoridades norteamericanas.

Los documentos forman parte de una selección publicada por el National Security Archive (NSArchive) en Washington DC, y accedidos como una primicia para ser difundidos aquí en el marco del convenio de cooperación entre la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el National Security Archive y la universidad William & Mary [Para más información contactar al Director del Proyecto de Documentación del Cono Sur del NSArchive, Carlos Osorio].

A 45 años del golpe de Estado, en el marco del convenio con el National Security Archive y la universidad William & Mary, compartimos esta selección, un recorrido de los días previos al 24 de marzo, los militares y la diplomacia, el relato de un golpe militar anunciado largamente y que ya, en ese entonces, dejaba ver lo que se avecinaba: un despliegue represivo nunca visto.

El 14 de marzo de 1976, en una reunión con Raymond Molina, el General Alberto Dalla Tea, afirmó que, entre el miércoles 17 y el jueves 18, las Fuerzas Armadas argentinas derrocarían a la presidenta Isabel Martínez de Perón y que los militares mantendrían el control absoluto durante los primeros diez días del golpe.

La información está contenida en un cable secreto que el agregado legal de la Embajada de Estados Unidos en Argentina Robert Scherrer le envía al director del FBI el día siguiente a la reunión. Entre los muchos puntos cubiertos por el general Dalla Tea durante el encuentro con la fuente, Scherrer destaca tres: “1. Las Fuerzas Armadas argentinas desean una estrecha cooperación con los Estados Unidos; 2. El comandante en jefe del ejército argentino será reconocido el líder golpista; 3. Luego de los primeros diez días del golpe, los militares argentinos pretenden incorporar civiles con perfil técnico al gobierno para cubrir los cargos de ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Economía y ministro de Hacienda”.

La fuente, Raymond Molina, es presentado en los documentos del FBI de esos días como un ciudadano estadounidense, quien participó en la invasión de Bahía de los Cochinos en Cuba. La reunión entre Molina y Dalla Tea fue programada por el empresario y dirigente político Jorge Antonio, quien fuera muy cercano a Juan Domingo Perón y enemistado públicamente en esos años con José López Rega. Según los mismos cables desclasificados, Jorge Antonio tenía la expectativa de “ser elegido presidente de un gobierno civil, que seguirá al golpe de Estado militar”.

El mismo cable del FBI del 15 de marzo también aporta detalles del plan militar, indicios de lo que serían las principales líneas de acción de la dictadura: la persecución al movimiento obrero y el proyecto económico liberal.

“El general Dalla Tea le dijo a Molina que los militares argentinos reconocieron el hecho de que tendrán que ocuparse de varios sindicatos que se opondrán a un golpe militar pero que estaban dispuestos a hacerlo”, transcribe el agregado legal de la Embajada. Y agrega: “[…] creen también que el gobierno ha tomado el control de demasiadas industrias privadas y que muchas de ellas deberían volver al control privado con el fin de alentar la inversión”.

Cuando los militares se fueron del poder en 1983, los resultados de esos lineamientos de gobierno quedaron claros: el 32 % de los desaparecidos durante el terrorismo de Estado eran obreros fabriles, la estructura productiva del país quedó severamente resentida y la deuda externa ilegítima contraída durante esos años se arrastró por décadas.

Los documentos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) —archivo que gestiona la CPM desde el 2001— ponen algo de perspectiva sobre la represión a trabajadores y trabajadoras. En los años previos a 1976, las fuerzas armadas y de seguridad incrementaron las acciones de inteligencia sobre el movimiento obrero, desde la CGT hasta los cuerpos de delegados.

En mayo del 75, por ejemplo, ya estaba funcionando el “acantonamiento militar de Campo de Mayo” una coordinación de las áreas de inteligencia del Ejército Argentino y varias de las Delegaciones DIPPBA, en la persecución de obreros de la zona industrial del norte del conurbano de Buenos Aires. Zona donde se encuentran las mayores empresas industriales transnacionales y que tuvieron una gran cantidad de trabajadores desaparecidos.

La información está en el documento de la mesa Ds [Delicuentes subversivos] carpeta Varios Nº 2981 y tiene el siguiente título. “Hecho: reunión informativa en acantonamiento militar de Campo de Mayo el día 8-5-75”. La reunión se efectuaba en razón de la creación del Destacamento de Inteligencia e Informaciones en ese acantonamiento “tendiente a cooperar en estrecha colaboración con los organismos de seguridad en la represión subversiva e infiltración de elementos ideológicos dentro de la masa obrera de las organizaciones extremistas”, según lee en el documento.

En esa misma reunión acordaron que iban a juntarse todos los meses del 5 al 10 para intercambiar ideas y que iban a pedir a las delegaciones de la DIPPBA que “facilitaran informes sobre establecimientos fabriles existentes en la zona de su jurisdicción para tener un control sobre los mismos en caso de una emergencia”. La vigilancia a establecimientos industriales y fábricas tenía el objetivo de captar el conflicto en el lugar de trabajo.

Los contactos militares por fuera de la diplomacia oficial

En un teletipo también secreto enviado el 16 de marzo al director del FBI, el agregado legal de la Embajada Robert Scherrer retoma la información obtenida por la fuente. En el documento se lee que, durante esa reunión del 14 de marzo, Raymond Molina enfatizó «la absoluta necesidad de que se lleve a cabo un programa de relaciones públicas bien preparado en Estados Unidos para contrarrestar cierta reacción desfavorable a un golpe de estado militar contra un gobierno constitucionalmente electo”.

El comentario habría tenido una aceptación casi inmediata. A las pocas horas, Molina dice que lo visitaron en el hotel donde se hospedaba con el mensaje de que el general Jorge Rafael Videla dio instrucciones para establecer contacto con el mayor general retirado del Ejército de Estados Unidos Daniel Graham “para explorar en detalle las recomendaciones del general sobre el aspecto de relaciones públicas del proyectado golpe de Estado de las Fuerzas Armadas Argentinas”. En el mismo mensaje, Dalla Tea también avisaba que, a la luz de estos comentarios, la fecha del golpe de Estado parecía que iba a pasarse para la semana siguiente.

El Teniente General Daniel O. Graham había sido subdirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) entre 1973 y 1974 y luego director de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), cargo que abandonó en diciembre de 1975.

Graham fue parte de una comitiva que viajó el 12 de marzo a Argentina, junto al Senador republicano por Carolina del Norte Jesse Helms. En un memorándum del 17 de marzo, en respuesta al teletipo del director del FBI, el Teniente Graham confirma esa visita al país, pero se desvincula de cualquier contacto con los militares argentinos: ante los rumores del Golpe de Estado, “sintió que su presencia allí sería imprudente y agregó que no tiene intención de establecer ningún contacto con el general argentino ni sus representantes aquí en Estados Unidos ni en el exterior”.

Por el contrario, en un cable enviado a Washington en esos días, el Embajador en Argentina Robert Hill reconoce que fue él mismo quien lo instó a abandonar rápidamente el país. Y agrega: “Espero que este problema haya quedado atrás. Sin embargo, podría haber sido extremadamente vergonzoso como mínimo y, como mucho, muy perjudicial para nuestras relaciones”.

Su compañero de viaje el republicano Jesse Helms volvería a la Argentina en una visita oficial pocos meses después: el 5 de julio Videla lo recibió en la Casa Rosada. Helms señaló que representaba a un grupo de 17 senadores preocupados por el comunismo y que estaba visitando Argentina, Chile y Uruguay porque “sus gobiernos parecen compartir el deseo de pararse frente al comunismo”. El dictador argentino le dijo que compartía la preocupación por la amenaza del comunismo y le regaló una edición del Martín Fierro.

Los informes de la inteligencia militar a la Embajada  

Más allá de la información remitida por Raymond Molina a las autoridades de la Embajada y la presencia en el país de esa comitiva de miembros del partido Republicano, durante las semanas previas al golpe de Estado se intensificaron los informes de fuentes del Ejército al agregado legal de la Embajada de Estados Unidos.

El 18 de marzo, en un nuevo teletipo dirigido al director del FBI, el agregado legal dice que un oficial de rango del Servicio de Inteligencia del Ejército Argentino le indició que el golpe de Estado se dará el sábado 20 ó domingo 21.

La fuente confidencial también le informa sobre otros detalles de la preparación del golpe: “El agregado militar superior argentino en cada embajada en todo el mundo ha recibido instrucciones de pasar por alto al embajador respectivo en cada país y presentarse ante el gobierno anfitrión, notificando que el gobierno de Perón será reemplazado por un gobierno militar. Esta notificación a los altos agregados militares argentinos en las distintas embajadas del mundo se programará para que el agregado militar superior tenga al menos doce horas de anticipación sobre la hora real del golpe de estado militar”.

“Según un informe reciente emitido por el alto mando del ejército argentino, diez países ya informaron informalmente a los agregados militares argentinos en esos países que se otorgaría un reconocimiento inmediato a un gobierno militar argentino”, agrega Robert Scherrer. 

El 20 de marzo, en un nuevo teletipo al director del FBI, el agregado legal de la Embajada en Buenos Aires informa que los militares argentinos pospusieron el golpe de Estado hasta el martes 23 de marzo, “debido a problemas no especificados en Rosario relativos a la efectiva imposición del control militar”. Y agrega: “No consideran el derrocamiento del gobierno peronista como una revolución o un golpe de Estado en el sentido más estricto de estos términos, se refieren a sus acciones como una ‘intervención militar en el proceso nacional’”.

La actualización de información, nuevas incidencias, quedaron registradas en esos cables de los días previos al golpe de Estado: la postergación de la fecha del derrocamiento, los problemas no especificados en Rosario, discusiones en los círculos políticos y militares en torno a los nombres que se mencionaban para el gabinete militar, la mención a un atentado de Montoneros.

Esta información no solo da cuenta del flujo de comunicación entre la Embajada y las fuentes del Ejército argentino sino también del interés y el grado de conocimiento que las autoridades diplomáticas tenían sobre los hechos. La antesala de un golpe militar anunciado: de acuerdo a los archivos recientemente desclasificados, la Embajada conocía desde hace mucho tiempo el plan de derrocamiento.

Tal como explica el National Security Archive en esta gacetilla de prensa, si bien hay referencias anteriores, el primer informe sustantivo sobre un “posible golpe de Estado” en Argentina es de mediados de febrero de 1976. En un cable, el subsecretario de Estado William Rogers le advierte al secretario de Estado Henry Kissinger: “[…] al intensificar la lucha contra la guerrilla, es casi seguro que un gobierno militar argentino incurrirá en violaciones de derechos humanos que generen críticas internacionales. Esto podría llevar a presiones públicas y del Congreso de Estados Unidos que complicarían nuestras relaciones con el nuevo régimen».

En esa misma fecha, en otro cable aparece un elemento revelador: el propio Embajador Robert Hill reconoce que “la embajada ha indicado discretamente y a través de terceros a los militares que el gobierno de los Estados Unidos reconocerá un nuevo gobierno en Argentina”. El 23 de marzo en una nota al Consejo de Seguridad Nacional, Hill dice que, mientras redacta el documento, Argentina está en un estado de cambio. Y agrega: “Argentina ha sido uno de nuestros principales interlocutores y es poco probable que esto cambie”.

Equipo de producción integrado por:
Carlos Osorio, director del proyecto de documentación del Cono Sur del NSArchive
Silvia Tandeciarz, profesora William & Mary
Área de comunicación y programa contra la corrupción y la inteligencia ilegal – CPM

El secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano García, dijo a FM De la Calle que el testigo de identidad reservada cuya desaparición se denunció ayer, “está otra vez con su familia, muy afectado y asustado por todo lo que le viene pasando”.

Afirmó que se trata de “una serie de llamados telefónicos, amenazas y hostigamientos, hacia él y su familia, todo en función de haber sido testigo en la causa de Facundo”.

Respecto a la protección judicial que debió tener el testigo, Cirpiano contó que “es bastante deficiente, lo venimos señalando, ha costado mucho que la justicia se haga cargo de la protección de testigos, funciona con intermitencias y desprolijidades. Son testigos que hay que cuidarlos mucho porque aportaron información muy importante”.

“En algún momento el temor y el terror que sentía por esos llamados y el involucramiento de algunos de sus familiares lo llevó a esconderse por temor a que esas amenazas se convirtieran en algo real. Después conversando con sus familiares regresó con ellos. Estamos haciendo presentaciones para que se lo cuide y se le de un tratamiento adecuado”, agregó.

En cuanto al estado de la investigación por la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo, el abogado de la CPM comentó que “hay muchos elementos que dan cuenta de la participación de la Bonaerense en el hecho. Tenemos un problema serio con la jueza que claramente quiere imponer la versión del accidente y no está dispuesta a investigar la pista policial”.

“El fiscal Martínez lo mismo, ahora se inhibió en la causa y están los otros dos fiscales designados especialmente para esto. Pero la jueza tiene una actitud, incluso extraña, de negar prueba pertinente y necesaria. Hubo que recurrir a la Cámara, tendría que aceptar que se investiguen todas las pistas, no la que ella cree que debe ser. Creemos que tiene intenciones de cerrar la causa y en función de eso la hemos recusado”.

Días atrás, el Municipio de Villarino facilitó un defensor para los policías sospechados. Recordemos que el intendente Carlos Bevilacqua pretendió vincular a Facundo con el narcotráfico mientras el joven permanecía desaparecido.

Se trata del abogado Sebastián Martínez, quien ahora vela por los intereses de Mario Sosa, Jana Curruhinca, Siomara Flores y Alberto González.

Cipriano destacó que aun “no hay una imputación concreta” aunque “hay muchos elementos que relacionan a estas personas con la causa”. Para avanzar con pedidos de indagatoria esperan que se defina la continuidad o no de la jueza recusada: “Cada vez las pruebas nos van convenciendo más de la hipótesis de la responsabilidad policial”.