Los cables de la embajada de Estados Unidos en Argentina permiten acceder a detalles de los preparativos del golpe de Estado: entre mostrarse eficaces en la lucha contra el comunismo y proyectar una buena imagen internacional, el objetivo de la intervención militar y el plan de los primeros días de gobierno que mencionan, inicialmente, con el nombre de “intervención militar en el proceso nacional”. Los documentos también son reveladores de la lectura política de Estados Unidos sobre el anunciado golpe: esperaban un “gobierno militar por un periodo prolongado y de una severidad sin precedentes”.
Desde varios meses antes, la Embajada sabía de los planes golpistas y mantenía canales de comunicación con la inteligencia militar. En paralelo a la diplomacia oficial, en los días previos al golpe de Estado, también se menciona en los documentos desclasificados la visita de un senador republicano y un ex subdirector de la CIA y las reuniones extraoficiales para lograr que altos mandos militares se encuentren con autoridades norteamericanas.
Los documentos forman parte de una selección publicada por el National Security Archive (NSArchive) en Washington DC, y accedidos como una primicia para ser difundidos aquí en el marco del convenio de cooperación entre la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el National Security Archive y la universidad William & Mary [Para más información contactar al Director del Proyecto de Documentación del Cono Sur del NSArchive, Carlos Osorio].
A 45 años del golpe de Estado, en el marco del convenio con el National Security Archive y la universidad William & Mary, compartimos esta selección, un recorrido de los días previos al 24 de marzo, los militares y la diplomacia, el relato de un golpe militar anunciado largamente y que ya, en ese entonces, dejaba ver lo que se avecinaba: un despliegue represivo nunca visto.
El 14 de marzo de 1976, en una reunión con Raymond Molina, el General Alberto Dalla Tea, afirmó que, entre el miércoles 17 y el jueves 18, las Fuerzas Armadas argentinas derrocarían a la presidenta Isabel Martínez de Perón y que los militares mantendrían el control absoluto durante los primeros diez días del golpe.
La información está contenida en un cable secreto que el agregado legal de la Embajada de Estados Unidos en Argentina Robert Scherrer le envía al director del FBI el día siguiente a la reunión. Entre los muchos puntos cubiertos por el general Dalla Tea durante el encuentro con la fuente, Scherrer destaca tres: “1. Las Fuerzas Armadas argentinas desean una estrecha cooperación con los Estados Unidos; 2. El comandante en jefe del ejército argentino será reconocido el líder golpista; 3. Luego de los primeros diez días del golpe, los militares argentinos pretenden incorporar civiles con perfil técnico al gobierno para cubrir los cargos de ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Economía y ministro de Hacienda”.
La fuente, Raymond Molina, es presentado en los documentos del FBI de esos días como un ciudadano estadounidense, quien participó en la invasión de Bahía de los Cochinos en Cuba. La reunión entre Molina y Dalla Tea fue programada por el empresario y dirigente político Jorge Antonio, quien fuera muy cercano a Juan Domingo Perón y enemistado públicamente en esos años con José López Rega. Según los mismos cables desclasificados, Jorge Antonio tenía la expectativa de “ser elegido presidente de un gobierno civil, que seguirá al golpe de Estado militar”.
El mismo cable del FBI del 15 de marzo también aporta detalles del plan militar, indicios de lo que serían las principales líneas de acción de la dictadura: la persecución al movimiento obrero y el proyecto económico liberal.
“El general Dalla Tea le dijo a Molina que los militares argentinos reconocieron el hecho de que tendrán que ocuparse de varios sindicatos que se opondrán a un golpe militar pero que estaban dispuestos a hacerlo”, transcribe el agregado legal de la Embajada. Y agrega: “[…] creen también que el gobierno ha tomado el control de demasiadas industrias privadas y que muchas de ellas deberían volver al control privado con el fin de alentar la inversión”.
Cuando los militares se fueron del poder en 1983, los resultados de esos lineamientos de gobierno quedaron claros: el 32 % de los desaparecidos durante el terrorismo de Estado eran obreros fabriles, la estructura productiva del país quedó severamente resentida y la deuda externa ilegítima contraída durante esos años se arrastró por décadas.
Los documentos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) —archivo que gestiona la CPM desde el 2001— ponen algo de perspectiva sobre la represión a trabajadores y trabajadoras. En los años previos a 1976, las fuerzas armadas y de seguridad incrementaron las acciones de inteligencia sobre el movimiento obrero, desde la CGT hasta los cuerpos de delegados.
En mayo del 75, por ejemplo, ya estaba funcionando el “acantonamiento militar de Campo de Mayo” una coordinación de las áreas de inteligencia del Ejército Argentino y varias de las Delegaciones DIPPBA, en la persecución de obreros de la zona industrial del norte del conurbano de Buenos Aires. Zona donde se encuentran las mayores empresas industriales transnacionales y que tuvieron una gran cantidad de trabajadores desaparecidos.
La información está en el documento de la mesa Ds [Delicuentes subversivos] carpeta Varios Nº 2981 y tiene el siguiente título. “Hecho: reunión informativa en acantonamiento militar de Campo de Mayo el día 8-5-75”. La reunión se efectuaba en razón de la creación del Destacamento de Inteligencia e Informaciones en ese acantonamiento “tendiente a cooperar en estrecha colaboración con los organismos de seguridad en la represión subversiva e infiltración de elementos ideológicos dentro de la masa obrera de las organizaciones extremistas”, según lee en el documento.
En esa misma reunión acordaron que iban a juntarse todos los meses del 5 al 10 para intercambiar ideas y que iban a pedir a las delegaciones de la DIPPBA que “facilitaran informes sobre establecimientos fabriles existentes en la zona de su jurisdicción para tener un control sobre los mismos en caso de una emergencia”. La vigilancia a establecimientos industriales y fábricas tenía el objetivo de captar el conflicto en el lugar de trabajo.
Los contactos militares por fuera de la diplomacia oficial
En un teletipo también secreto enviado el 16 de marzo al director del FBI, el agregado legal de la Embajada Robert Scherrer retoma la información obtenida por la fuente. En el documento se lee que, durante esa reunión del 14 de marzo, Raymond Molina enfatizó «la absoluta necesidad de que se lleve a cabo un programa de relaciones públicas bien preparado en Estados Unidos para contrarrestar cierta reacción desfavorable a un golpe de estado militar contra un gobierno constitucionalmente electo”.
El comentario habría tenido una aceptación casi inmediata. A las pocas horas, Molina dice que lo visitaron en el hotel donde se hospedaba con el mensaje de que el general Jorge Rafael Videla dio instrucciones para establecer contacto con el mayor general retirado del Ejército de Estados Unidos Daniel Graham “para explorar en detalle las recomendaciones del general sobre el aspecto de relaciones públicas del proyectado golpe de Estado de las Fuerzas Armadas Argentinas”. En el mismo mensaje, Dalla Tea también avisaba que, a la luz de estos comentarios, la fecha del golpe de Estado parecía que iba a pasarse para la semana siguiente.
El Teniente General Daniel O. Graham había sido subdirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) entre 1973 y 1974 y luego director de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), cargo que abandonó en diciembre de 1975.
Graham fue parte de una comitiva que viajó el 12 de marzo a Argentina, junto al Senador republicano por Carolina del Norte Jesse Helms. En un memorándum del 17 de marzo, en respuesta al teletipo del director del FBI, el Teniente Graham confirma esa visita al país, pero se desvincula de cualquier contacto con los militares argentinos: ante los rumores del Golpe de Estado, “sintió que su presencia allí sería imprudente y agregó que no tiene intención de establecer ningún contacto con el general argentino ni sus representantes aquí en Estados Unidos ni en el exterior”.
Por el contrario, en un cable enviado a Washington en esos días, el Embajador en Argentina Robert Hill reconoce que fue él mismo quien lo instó a abandonar rápidamente el país. Y agrega: “Espero que este problema haya quedado atrás. Sin embargo, podría haber sido extremadamente vergonzoso como mínimo y, como mucho, muy perjudicial para nuestras relaciones”.
Su compañero de viaje el republicano Jesse Helms volvería a la Argentina en una visita oficial pocos meses después: el 5 de julio Videla lo recibió en la Casa Rosada. Helms señaló que representaba a un grupo de 17 senadores preocupados por el comunismo y que estaba visitando Argentina, Chile y Uruguay porque “sus gobiernos parecen compartir el deseo de pararse frente al comunismo”. El dictador argentino le dijo que compartía la preocupación por la amenaza del comunismo y le regaló una edición del Martín Fierro.
Los informes de la inteligencia militar a la Embajada
Más allá de la información remitida por Raymond Molina a las autoridades de la Embajada y la presencia en el país de esa comitiva de miembros del partido Republicano, durante las semanas previas al golpe de Estado se intensificaron los informes de fuentes del Ejército al agregado legal de la Embajada de Estados Unidos.
El 18 de marzo, en un nuevo teletipo dirigido al director del FBI, el agregado legal dice que un oficial de rango del Servicio de Inteligencia del Ejército Argentino le indició que el golpe de Estado se dará el sábado 20 ó domingo 21.
La fuente confidencial también le informa sobre otros detalles de la preparación del golpe: “El agregado militar superior argentino en cada embajada en todo el mundo ha recibido instrucciones de pasar por alto al embajador respectivo en cada país y presentarse ante el gobierno anfitrión, notificando que el gobierno de Perón será reemplazado por un gobierno militar. Esta notificación a los altos agregados militares argentinos en las distintas embajadas del mundo se programará para que el agregado militar superior tenga al menos doce horas de anticipación sobre la hora real del golpe de estado militar”.
“Según un informe reciente emitido por el alto mando del ejército argentino, diez países ya informaron informalmente a los agregados militares argentinos en esos países que se otorgaría un reconocimiento inmediato a un gobierno militar argentino”, agrega Robert Scherrer.
El 20 de marzo, en un nuevo teletipo al director del FBI, el agregado legal de la Embajada en Buenos Aires informa que los militares argentinos pospusieron el golpe de Estado hasta el martes 23 de marzo, “debido a problemas no especificados en Rosario relativos a la efectiva imposición del control militar”. Y agrega: “No consideran el derrocamiento del gobierno peronista como una revolución o un golpe de Estado en el sentido más estricto de estos términos, se refieren a sus acciones como una ‘intervención militar en el proceso nacional’”.
La actualización de información, nuevas incidencias, quedaron registradas en esos cables de los días previos al golpe de Estado: la postergación de la fecha del derrocamiento, los problemas no especificados en Rosario, discusiones en los círculos políticos y militares en torno a los nombres que se mencionaban para el gabinete militar, la mención a un atentado de Montoneros.
Esta información no solo da cuenta del flujo de comunicación entre la Embajada y las fuentes del Ejército argentino sino también del interés y el grado de conocimiento que las autoridades diplomáticas tenían sobre los hechos. La antesala de un golpe militar anunciado: de acuerdo a los archivos recientemente desclasificados, la Embajada conocía desde hace mucho tiempo el plan de derrocamiento.
Tal como explica el National Security Archive en esta gacetilla de prensa, si bien hay referencias anteriores, el primer informe sustantivo sobre un “posible golpe de Estado” en Argentina es de mediados de febrero de 1976. En un cable, el subsecretario de Estado William Rogers le advierte al secretario de Estado Henry Kissinger: “[…] al intensificar la lucha contra la guerrilla, es casi seguro que un gobierno militar argentino incurrirá en violaciones de derechos humanos que generen críticas internacionales. Esto podría llevar a presiones públicas y del Congreso de Estados Unidos que complicarían nuestras relaciones con el nuevo régimen».
En esa misma fecha, en otro cable aparece un elemento revelador: el propio Embajador Robert Hill reconoce que “la embajada ha indicado discretamente y a través de terceros a los militares que el gobierno de los Estados Unidos reconocerá un nuevo gobierno en Argentina”. El 23 de marzo en una nota al Consejo de Seguridad Nacional, Hill dice que, mientras redacta el documento, Argentina está en un estado de cambio. Y agrega: “Argentina ha sido uno de nuestros principales interlocutores y es poco probable que esto cambie”.
Equipo de producción integrado por:
Carlos Osorio, director del proyecto de documentación del Cono Sur del NSArchive
Silvia Tandeciarz, profesora William & Mary
Área de comunicación y programa contra la corrupción y la inteligencia ilegal – CPM
