Nuevamente el avance de las empresas mega mineras pone en vilo a la comunidad de Andalgalá. Nuevamente, como en la última década, la movilización y la resistencia son sinónimos de lucha popular en defensa del agua y la vida en la provincia de Catamarca.
El proyecto denominado Mara, resultado de la fusión que realizó la empresa canadiense Yamana Gold con la suiza Glencore y la estadounidense Newmont, pretende utilizar las viejas instalaciones de La Alumbrera: “Nadie se hace cargo y en la orfandad que nos deja el Estado no nos permite vivir tranquilos, no tenemos paz desde hace 11 años”, expresó a FM De la Calle, Rosa Farías, integrante de la Asamblea El Algarrobo.
La vecina de Andalgalá denunció que “desde el 7 de abril han pasado maquinarias al cerro por un departamento cercano para comenzar 11 pozos de perforación. Esto fue documentado por nuestros compañeros y alertamos al pueblo. El gobierno, argumentando la situación pandémica, nos puso en fase roja y empezaron las restricciones de circulación, vigilada con mucha policía trasladada desde la ciudad capital”.
“A pesar de esta prohibición, las mujeres nos manifestamos haciendo una sentada dos días seguidos a la misma hora frente del edificio de la empresa. El 10 de abril, se cumplieron 584 sábados que hacemos una manifestación pública. En medio de la caminata, un grupo de chicos comenzaron con disturbios y se trasformó en caos. Nuestra gente se quedó un rato pero logramos seguir caminando hasta la iglesia del pueblo”, explicó Farías.
Según narró la asambleísta, dos días después de los hechos “comenzaron los allanamientos y las detenciones violentas a varios compañeros, casi todos varones, también a algunos vecinos que no son de la Asamblea”. En las últimas horas, continuaron los arrestos en Andalgalá y la zona: “Así se vive, quienes tienen que hacerse cargo, la siguen careteando. Las autoridades siguen lamentándose por el vidrio roto en un local partidario pero la cuestión de fondo, una minera a 15 km de nuestro pueblo, queda siempre en la nebulosa”.
La compañía canadiense “hace un impresionante pozo en las nacientes de nuestro río. Teníamos una ordenanza municipal que protegía pero fue derogada, declarada inconstitucional por la Suprema Corte catamarqueña. A partir de allí se movieron de forma conjunta la Secretaría de Minería y la empresa para dar inicio a estos pozos”.
Farías explicó que “les han dado una servidumbre de agua de 7 mil metros cúbicos por segundo y ya está impactando, imagínense cuando quieran comenzar las excavaciones, ni imaginar cuando vuelen el cerro. Somos gente que vivimos del agua de las montañas, no tenemos napas. Logramos dictamen favorable en 2016 porque el proyecto era inviable ambientalmente hablando. Pero todo lo dejan sin efecto, estos gobiernos son nefastos y entreguistas, todos los partidos políticos son culpables”.
Este jueves la asamblea El Algarrobo informó que dos de los detenidos obtuvieron el arresto domiciliario y los otros nueve deberán esperar que se resuelva su situación procesal privados de su libertad. Por otro lado, destacó que “ante la presencia real de camiones del ejército, la paz de nuestra ciudadanía volvió a zozobrar ante la falta de información oficial. Situación que captó la atención debido a la sensibilidad palpable de éstos días”.
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Hace 5 años asesinaron a la activista indígena lenca Berta Cáceres. Madre de cuatro hijos, lideresa del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). Cáceres había encabezado el movimiento que logró que el Banco Mundial y la constructora china Sinohydro, desistieran de edificar una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque.
La hija mayor de Berta, Olivia Marcela Cáceres Zúniga, dialogó con Julia Giménez, columnista de FM De la Calle en su espacio “Asuntos Latinomaericanos”.
En esta segunda entrega, Zúniga se refiere a la injerencia norteamericana en el gobierno hondureño, el panorama electoral signado por un contexto de fraude de parte del Partido Nacional y al proceso de organización de pueblos indígenas campesinos que resisten la llegada de organismos multilaterales ante el endeudamiento del gobierno.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2021/04/bertacaceress.jpg?fit=1200%2C800&ssl=18001200FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-04-16 13:00:182021-04-16 13:52:46Honduras: “La democracia ha quedado bajo órdenes del embajador norteamericano”
Si bien el aniversario de Bahía Blanca nos remite a la fundación de la Fortaleza Protectora Argentina, la historia de nuestro territorio incluye a los pueblos que fueron masacrados durante la constitución del Estado argentino y que hoy, poco a poco, reconstruyen su identidad.
“Conocer la historia, aceptarla, aceptar los hechos de sangre ocurridos y el lugar que ocuparon los pueblos originarios” es un primer paso hacia una ciudad intercultural, dijo la docente e integrante de Kumelen Newen Mapu, Daniela Canullán, a FM De la Calle.
Agregó que “primero hay que hacer este recorrido histórico y hay que hacer lecturas. La posibilidad de la interculturalidad tiene que ver con un mirar hacia el pasado y ahí vamos a ver una ciudad en la que confluyan distintas culturas. Se puede dar pero falta un recorrido más profundo de las instituciones”.
Canullán es docente de Literatura en escuelas secundarias, a partir del Programa de Educación Intercultural se reencontró con sus raíces mapuches y decidió recuperar la historia familiar.
“Lo que me ocurre en el presente no es lo mismo que me ocurría hace unos años, cuando empecé la búsqueda de mi identidad oculta, que tiene que ver con el pueblo mapuche. Es una realidad que pasa en el presente de mucha gente, todos fuimos escolarizados en el sistema educativo nacional y hasta que no se nos abrió la puerta a nuestra cultura no hemos podido ver parte de la historia”, esgrimió la docente.
Luego de que la invitaran a participar del Programa de Educación Intercultural, Canullan indagó en su familia: “Pude ir hablando con mi mamá en ese momento, mi abuela, las personas más grandes y que han vivido esa parte de la historia e incluso en otras ciudades”.
“La ciudad es también un punto de encuentro para todas esas familias que tuvieron que salir de su tierra para prosperar. Mis familias maternas y paternas vienen de la provincia de Rio Negro y se conocen acá. Es lo que le ha pasado a muchas familias hace 50 años atrás o más”.
“Empecé a ver otra cosa, que mi historia tenía que ver con otros hechos que no aparecían en los manuales. Ver gente que ya había hecho ese recorrido y llegó a la Kumelen Newen Mapu. Es importante porque en soledad es difícil”, agregó.
Persiste el discurso respecto a que los pueblos originarios son historia del pasado, que no tienen presencia en la ciudad. “No solo pasa con alumnos sino con padres y madres que desconocen la fundación de Bahía, hechos como el 19 de Mayo, el mal llamado ‘Último Malón'”.
“En Bahía tenemos varios historiadores/as que han hecho un camino de regreso para mostrar ese material. Por otro lado, ese material no está tan difundido, no aparecen en el diseño curricular. Si bien ha cambiado la mirada, falta que en algunos hechos concretos haya decisiones más fuertes y amplias”, opinó Canullán.
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El 2 de marzo se cumplieron 5 años del crimen de Berta Cáceres, líder del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
Olivia Marcela Cáceres Zúniga, hija mayor de Berta y actual diputada de Congreso Nacional de Honduras por el partido de oposición, Libertad y Refundación (Libre), se refirió en diálogo con la columnista de Asuntos Latinoamericanos de FM De la Calle, Julia Giménez, a la lucha emprendida junto a su madre, como mujer lenca, en defensa de los ríos y contra el gran capital extractivita y a su compromiso como defensora de los derechos humanos para combatir la impunidad encarnada en Honduras.
Para Olivia, el golpe de Estado que en 2009 destituyó al presidente Manuel Zelaya profundizó el modelo extractivo de explotación minero energética entregando soberanía a partir de las Zonas Especiales de Desarrollo.
Asociado a ello, la violencia política contra aquellos y aquellas que resisten al saqueo ya se ha llevado la vida de centenares de militantes populares y defensores de la tierra y el medioambiente en Abya Yala.
En relación al avance la de causa Berta Cáceres, Olivia explicó el proceso en curso contra David Castillo, ex directivo de la represa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) por la coautoría del crimen. Aunque entorpecido por un sistema judicial viciado, para Olivia ello pone al desnudo los vínculos entre los poderes económicos y políticos a nivel nacional e internacionales tanto en el asesinato de su madre como del modelo que continúa matando y expulsando a los pueblos de sus territorios.
“El hecho de que un día la justicia llegue a ese eslabón intelectual tan poderoso sería sentar un precedente en la justicia de este país contra esa impunidad histórica y quizás una forma de que estos hechos no se repitan”, afirmó.
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Amigos, amigas, dirigentes políticos, sindicales, sociales y del ámbito universitario conformaron el 3 de abril la Comisión por el Reconocimiento Académico de David “Watu” Cilleruelo, con el objetivo de solicitar a las autoridades de la UNS dicho homenaje.
Desde FM De la Calle compartimos un resumen de las adhesiones y participaciones del encuentro virtual realizado a 46 años del crimen del dirigente de la Federación Universitaria del Sur y la Federación Juvenil Comunista.
Raquel Cilleruelo, hermana de David, hizo llegar una carta que fue leída por Gabriela Eberle: “Me pone contenta todo lo que me contás de las actividades programadas, les pido que me disculpen porque entre el aniversario, el juicio, y otras yerbas ando medio, mejor dicho, bastante sensible y no creo poder hacer esto sin llorar. Espero con ansias la sentencia del tribunal y a la vez con tristeza, tanta gente que se nos fue y a la que yo quería abrazar”.
“Con gusto seré parte de esta comisión, gracias por todo lo que hacen por la memoria de Watu. Y si ocurriera un milagro y pudiera viajar para cuando dicten sentencia, como siempre pensé que ocurriría, que gran abrazo les voy a dar a todos“.
Guadalupe Godoy, abogada y representante de la UNLP en la Red Interuniversitaria de DD.HH., llamó a “pensar a la universidad como víctima pero también como victimaria, a partir de las intervenciones que sufrió. Genera dificultad porque el homenaje implica la revisión. Hay una memoria incómoda que sigue ahí y estos planteos remueven un montón de cosas”.
Nora Contiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, señaló que “el recuerdo, la memoria, tiene que caminar todos los días. Gustosa voy a estar a sus órdenes para lo que necesiten, para seguir adelante. Todos nuestros militantes merecen que se les siga honrando cada día”.
“Ahí están los que asesinaron a Watu, solos, despreciados, como lo que se merecen. Y está el Watu rodeado de toda la solidaridad, los amigos y los afectos. Les agradezco en lo personal a los que están acá y a los que no están, habernos transmitido no solo el militante, el revolucionario, sino cómo era David. Yo conozco a David gracias a ellos”, mencionó José Lualdi, integrante de la Corriente Comunista David Watu Cilleruelo.
El escritor y matemático Guillermo Martínez recordó “como una deuda de la UNS que ni siquiera se tratara la posible remoción de Tetu (en la década del 80), que se jubiló y, si hubiera querido, hubiera sido profesor emérito”. Al respecto, Dante Patrignani -secretario de Derechos Humanos de la CTA y compañero de militancia de Watu- destacó que “estos tipos eran intocables, como fue intocable Montezanti hasta que lo tocamos. El miedo no era exclusivo de ellos”.
Recordó que en una ocasión “decidimos ir al curso de Tetu un rato antes de la clase, les hablé a los estudiantes, llegó Tetu y nos echó de la clase. Si eso sucedía ahora lo cagábamos a trompadas pero teníamos miedos encima”.
Julio Gambina, economista y presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, mencionó que “para entender el porqué de la pobreza y la miseria de la Argentina actual hay que ir al 75 y 76, a la Triple A y a la dictadura, y ubicar ese tiempo compartido de un gobierno constitucional con grupos parapoliciales que son el antecedente del terrorismo de Estado. Por eso hay que recuperar la memoria de Watu”.
Ariel Armero se refirió al “juicio popular a Remus Tetu en la universidad” y compartió el registro que realizó desde FM De la Calle de la intervención de Osvaldo Bayer en los alegatos. Dijo el autor de la Patagonia Rebelde:
“Esa noche Remus Tetu marco el principio de la tragedia, el Moncho Argibay, el asesino, apenas un eslabón de la tenebrosa Triple A y de la infame ESMA, y los dos juntos, Tetu y Argibay, configuraron todo ese crisol de cobardía, corrupción y ferocidad que se llamaron Astiz, Menéndez, Vila, Acosta y Massera.
Pero la historia no los acompaña, todos seguirán encerrados en sus madrigueras, despreciados hasta por los gusanos y las ratas. En cambio, aquí, el Watu , nuestro amigo, renaciendo y eterno, junto a todos aquellos estudiantes cuyos nombres recordarán las aulas y los recreos, el amor y la caricia, el valor y la mirada hacia adelante.
Hoy no iniciaríamos contentos el regreso ni dejaríamos vacío el salón de reencuentros y propósitos, sin prometernos jamás servir a los autoritarios, demagogos, corruptos, oportunistas, a los que calzan armas para imponer matones, a los que prohíben la palabra y queman libros, a los que dividen al sociedad en aprovechados y azuzados por el hambre y la enfermedad, a los que niegan la tiza y el cuaderno a nuestros maestros, a los que condenan a nuestros viejos y niños a la basura y barro, a los que quieren encerrar las ideas con alambres de púas.
Este es el símbolo de esta reunión de la ética y memoria, el desprecio de la maldición bíblica para Remus Tetu: maldito seas por los siglos de los siglos. Y nuestras flores y nuestras lágrimas embarazadas de futuro para nuestro amado Watu”.
Gervasio Díaz, miembro de H.I.J.O.S. Alto Valle, contó que “pudimos encontrarlo a Remus Tetu y hacerle un escrache. Siempre decimos que cuando no hay justicia hay escrache. Esos momentos así, como este de reconocimiento, son los de mayor justicia que vamos a tener como así las instancias judiciales que permiten a familiares dar cuenta de esa historia de represión y de lucha”.
El educador popular Orlando “Nano” Balbo, sobreviviente del CCDyT La Escuelita de Neuquén, opinó que “los monumentos no son memoria, son dispositivos importantes que evitan que se instale el olvido. Pero para hacer memoria tiene que tener la dialéctica, el dinamismo de poder traer el pasado a interpelar el presente y poder construir futuro. En este proceso, a esta memoria debemos darle una encarnadura humana, es importante que tenga el nombre de Watu, que la universidad sepa que dentro de su territorio se violaron todas las normas y hasta se asesinó”.
Por último, Hugo Blasco, secretario general de la Federación Judicial Argentina, destacó que “hay algunos sectores políticos en los que no conviene o molesta enjuiciar a estos personajes. La complejidad no es solo de la universidad sino en todos los ámbitos de militancia, en el sindicalismo también pasa. Rescatar la historia como fue y hacer justicia con la historia es parte de esa tarea porque sino todo da igual”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2021/04/imagenes-watu.jpg?fit=1275%2C474&ssl=14741275FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-04-09 12:19:042021-04-09 12:19:05Comisión Watu: amplia participación por el reconocimiento académico
El periodista Miguel Bonasso destacó la relevancia del juicio contra ex integrantes de la Triple A de Bahía Blanca. Este jueves, La Fiscalía cerrará su alegato con el pedido de penas para los cuatro imputados.
“Puede mostrar el vínculo perverso de la derecha peronista con la Marina que ha aparecido siempre como el arma más gorila, más antiperonista, y, por supuesto, con La Nueva Provincia que es un órgano directo del Servicio de Inteligencia Naval”, dijo el ex secretario de Prensa de Héctor Cámpora a FM De la Calle.
La entrevista se realizó días después de las declaraciones de Mario Simón y Héctor Álvarez, presidente y vice del Partido Justicialista bahiense respectivamente, quienes defendieron a dos de los represores y desconocieron los crímenes de la banda parapolicial en la región.
“Para cualquier persona con dos dedos de frente y uno de memoria, no cabe duda: la Triple A no solo existió sino que desgraciadamente no puede negarse la responsabilidad de altos dirigentes del peronismo en su participación directa o en su encubrimiento”, afirmó Bonasso.
¿Por qué el PJ no tiene una mirada crítica respecto a los años previos al golpe de Estado?
No se ha hecho el juicio a Isabel Perón y no se ha calado a fondo en la responsabilidad del propio Perón en la creación de la Triple A y en la persecución brutal desatada después de su regreso con Ezeiza.
El elemento central es que los crímenes perpetrados por la Triple A -más de 1500 asesinatos entre 1974 y el golpe, durante el gobierno ‘constitucional’ de la señora María Estela Martínez, alias Isabel Perón- fueron perpetrados desde el Estado, con autos y armas del Ministerio de Bienestar Social. En Bahía Blanca también con el apoyo de la universidad conducida por el nazi rumano Remus Tetu, de triste memoria.
Todo es terrorismo de Estado y son crímenes de lesa humanidad que no prescriben. Cuando algunos pseudo periodistas como Ceferino Reato presentan a José Ignacio Rucci como un pobre mártir del sindicalismo olvidan el vínculo que, por ejemplo, está explícito y claro en el tema de Rodolfo Ponce, mencionado reiteradamente en el juicio. En este criminal, que fue diputado justicialista, Cámpora tenía confianza al comienzo -me consta por haber sido secretario de prensa del Frente Justicialista de Liberación- y era un hombre de los servicios vinculado a la Marina. No es casual que este juicio esté ocurriendo en Bahía Blanca, esto tenía que ver con lo que significa La Nueva Provincia y el Servicio de Informaciones Navales.
Para cualquier persona con dos dedos de frente y uno de memoria, no cabe duda: la Triple A no solo existió sino que desgraciadamente no puede negarse la responsabilidad de altos dirigentes del peronismo en su participación directa o en su encubrimiento.
Si no se quiere tratar y estos señores contestan cosas que dan la sensación de que viven dentro de un frasco, tanto el presidente como el vicepresidente del Partido Justicialista de Bahía Blanca, les diría que salgan del frasco, saquen la tapa de la olla porque se van a ahogar con los olores fatales que hay adentro y vean la realidad. Es cierto que ha pasado mucho tiempo pero también sabemos muchas cosas que pasaron hace tiempo…
Usted menciona en uno de sus libros “el somatén para Perón”, ¿cómo se fue gestando y cómo lo veían desde dentro de las filas del movimiento peronista?
Cuando escribí ‘El presidente que no fue’ fui el primero que denunció lo del somatén, me hago responsable. Decirlo fue un acto de valentía porque de alguna manera he pertenecido al peronismo, no al PJ sino a la JP, estuve vinculado a Montoneros pero no al PJ específicamente.
Desgraciadamente tengo el testimonio grabado de Gloria Bidegain, la hija del dr. Oscar Bidegain -quien fuera gobernador de la provincia de Buenos Aires- en un viaje que hizo a España en abril de 1973 para ir después a China con José López Rega, uno de los jefes de la Triple A, y con Isabel Perón.
Perón se refirió a algunos actos de violencia que habían ocurrido en Argentina. Algunos posiblemente cometidos por el ERP, no recuerdo exactamente. Dijo: ‘lo que hace falta en Argentina es un somatén’. El somatén fue aplicado en la dictadura española de Miguel Primo de Rivera, el padre del fundador de la Falange José Antonio Primo de Rivera, y era un organismo paramilitar, parapolicial, creado desde el Estado para reprimir actividades fundamentalmente de la izquierda social, sindical, de la que peleaba al nivel de la clase trabajadora.
La Triple A es eso, es un somatén. Perón estaba esbozando ahí la idea de crear un aparato estatal secreto, paraestatal, no oficial sino oficioso, con los recursos del Estado para reprimir a la izquierda, sobre todo a la de su propio movimiento que era la que más le preocupaba. Está comprobado, es histórico, hay numerosos documentos, hay una reunión a la que se convocó a los dirigentes del justicialismo con el objeto de denunciar, investigar y señalar a personas que pudieran ser infiltradas, que fueran subversivos.
¿Por qué ese Perón que había hablado de la juventud maravillosa, que había elogiado al Che Guevara como el mejor de nuestros compañeros, que se había reunido con los Montoneros, que había aprobado el tema Aramburu -muy espinoso- que alentaba a la juventud guerrillera, militante, de golpe se convierte en el tipo que dice hay que hacer el somatén?
Por una razón muy sencilla. Vuelve con un pacto con fuerzas internacionales, incluido obviamente Estados Unidos. El pacto se hace a través de la gente de Licio Gelli de Propaganda Due, los tipos que tuvieron que ver con el asesinato del papa Luciani, le estoy hablando de cosas gruesas, han provocado varios muertos en el mundo, son una mafia internacional muy pesada.
Hay un viaje clave que hacen a Roma Isabel Perón y López Rega para entrevistarse con Gelli. Le plantean que el único que puede parar a la izquierda revolucionaria, a las organizaciones armadas a la Argentina, es Juan Perón con su retorno. Esto explica Ezeiza.
El autor de ‘Recuerdo de la muerte’ y ‘Diario de un clandestino’, entre otros libros, destacó la responsabilidad en la organización de aquella masacre de López Rega y el teniente coronel Jorge Osinde y excluyó al ministro del Interior Esteban Righi y a la Policía Federal.
La Federal había aconsejado armar una especie de círculo alrededor del palco donde iba a hablar Perón para evitar incidentes –recordó-. Osinde, con un argumento aparentemente popular, se negó diciendo que la gente no iba a querer ver uniformes de la Federal que había reprimido hasta el día anterior en la dictadura. Era un argumento de izquierda para hacer una política de derecha. La policía quedó a 1500 metros de distancia. Eso permitió que grupos fascistas como la CNU, el CdO de Brito Lima y otras porquerías siniestras y armadas por el estilo, ocuparan militarmente el palco y el Hogar Escuela que estaba enfrente, lo cual hizo que hubiera una apariencia de enfrentamiento pero eran todos del mismo bando, la extrema derecha peronista. En el medio quedó la multitud.
El periodista destacó que “así como Perón tuvo una primera presidencia brillante, ejemplar desde el punto de vista de la distribución -por algo se generó el peronismo- también es cierto Perón regresó en un negocio con el imperialismo y la oligarquía y fue un Perón represor. No alcanzó a desplegar toda su represión total porque se murió”.
Foto: Diego Goldberg
En cuanto a José Ignacio Rucci, sostuvo que tuvo una participación directa en la masacre de Ezeiza:
Lo que queda demostrado con este vínculo con Ponce y la gente de Bahía Blanca es que Rucci no era un angelito, un pobre mártir del movimiento obrero, lo cual no significa que hubiera que asesinarlo. No estoy para nada de acuerdo con eso, creo que es un hecho terrible y lamentable, que no debió haberse producido. Pero no por sus características morales sino porque Perón lo había elegido como secretario general de la CGT y hacerle eso a alguien que acababa de ganar con el 62% de los votos desde el punto de vista político era una barbaridad descomunal.
Rucci no era un santo. Lo prueba el juicio de Bahía Blanca. Prueba que Rucci estaba decidido a cazar militantes de izquierda. Él decía ‘hay que acabar a los bichitos colorados’. ¿Quiénes eran los bichitos colorados? Nosotros. Por eso 1500 compañeros quedaron tirados en las cunetas, perforados a balazos por la Triple A.
Nunca se debió responder a la violencia con violencia sino con una política de masas. En aquel momento, afortunada y desgraciadamente también, la Juventud Peronista respondía a Montoneros como organización revolucionaria y la visualizaba como conducción, eso sindicaba que había que haber dado una batalla política enorme para quedarse con la conducción del peronismo.
En el juicio se evidenció el alineamiento de Ponce con Rucci y se juzga la toma de la sede local de la UTN en el marco de un proyecto que ese sector del sindicalismo tenía para las universidades y en el contexto de instalación del polo petroquímico. ¿Qué intereses había detrás de ellos?
Rucci era un producto del vandorismo, tuvo una fuerte presencia en la UOM. Hay todo un sector del sindicalismo argentino vinculado al sindicalismo norteamericano. Detrás está el poder económico. Para mí la derecha es derecha, puede ser peronista o no, pueden ser los que pusieron las bolsas (NdR: en Plaza de Mayo) el otro día u otros, representa el poder económico frente a un modelo distinto de justicia social, distributiva. El vandorismo se caracterizaba por simular una lucha sindical, incluso a veces con acciones audaces, huelgas y lo demás, para después negociar. (…)
Lo que querían hacer en las universidades era limpiarlas de toda presencia militante de izquierda peronista o no peronista. Por otro lado, vincularlas al desarrollo técnico pero no por el propósito benefactor de generar técnicos sino de establecer un control político sobre un sector que les resultaba adverso.
Durante la entrevista el ex diputado nacional recordó una conversación con el padre Hernán Benítez, confesor de Eva Duarte:
Él sabía que yo era amigo de Carlos Mujica, asesinado por la Triple A. Me dijo, ¿quién asesinó a nuestro amigo Carlitos? Le digo: la Triple A. Me dice, no, eso ya se sabe, la Iglesia lo sabe bien, yo le preguntó quién disparó la ametralladora. Le digo que, según un testimonio de un sobreviviente que fue herido con Mujica, fue el comisario Rodolfo Almirón. ¿Y qué era el comisario Rodolfo Almirón en ese momento? Le digo: era el jefe de la custodia de Isabel Perón. ¿Usted no cree en el carácter transitivo?, me preguntó.
Por eso, Bonasso repudió semanas atrás el saludo del papa Francisco a Isabel Perón cuando la ex presidenta cumplió 90 años: “Isabel tendría que haber sido convocada por lo menos para la investigación del asesinato de Carlos Mujica”.
En nuestra ciudad el debate oral del juicio continuará mañana a las 9:30 con el tramo final del alegato del fiscal Pablo Fermento. El viernes, comenzará la exposición de la dra. Mónica Fernández Avello por la querella. Las audiencias son transmitidas en directo por el canal de youtube Audiovisuales UNS y el sitio juiciobahiablanca.wordpress.com
A Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno, se les imputa haber integrado la asociación ilícita y en el caso de Aceituno, además, haber sido uno de los asesinos del dirigente estudiantil David “Watu” Cilleruelo.
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Se trata de un proyecto que reúne a diversos sectores del campo popular para solicitarle a las autoridades de la UNS la entrega del título Honoris Causa para David “Watu” Cilleruelo.
Este sábado se realizó la reunión constitutiva en el marco del 46º aniversario del asesinato del dirigente estudiantil a manos de la patota de la Triple A en los pasillos de Alem 1253.
Participan y adhieren, entre otras personalidades y dirigentes, Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y la hermana de Watu, Raquel Cilleruelo.
“Impulsamos una comisión de apoyo plural. Pedimos un reconocimiento que acepta méritos no académicos para un Honoris Causa, aquel actor universitario o no que merece tener ese título de honor por ser referente, por haber llevado aportes a la humanidad”, señaló a FM De la Calle Adriana Rodríguez, docente y ex decana de Departamento Humanidades.
En relación al rol de la UNS, institución que supo albergar a víctimas y victimarios del terrorismo de Estado, Rodríguez afirmó que “la historia es una contradicción, la universidad cumplió un papel diferente en cuanto a la historia reciente. Me acuerdo de actos muy fuertes en cuanto al pedido de la querella, pedir en el Consejo Superior que la universidad sea sede de los juicios, en eso hubo un impulso muy grande de actores de la UNS, de dirigentes sociales, de gente que no tiene que ver con la universidad, de distintos espectros de la política”.
“El hecho del juicio a la Triple A es importante y ejemplar, a mí me gusta quedarme con lo positivo de la lucha. Rescato la institucionalización de la lucha, la UNS que fue promotora de la Triple A, en sus mismos pasillos se asesinó a David, y es sede de los juicios”.
Destacó que otra contradicción “es que nos intervienen los murales de Watu, se trata de unir a Watu con una cuestión solamente ideológica. Obviamente que él tenía su ideología, era comunista, pero eso no implica que nos escriban los murales, desaparezca el chapón, que se tire un cuadro. No lo vemos solo con Watu, sino con los pañuelos de las Madres”.
Lo que trasciende a Watu es la unión: “Fue votado por sus pares, más allá y tan acá de su militancia, es un caso emblema”.
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Los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolín recurrirán ante la Cámara de Casación tras el rechazo de la Cámara de Apelaciones bahiense a la recusación contra la jueza federal María Gabriela Marrón.
También apelarán el rechazo de nuevas medidas investigativas, mientras se continúan realizando diligencias en el estuario de Bahía Blanca. Por otra parte, Santiago Ulpiano Martínez ya tiene reemplazante.
La vacante del funcionario inhibido en la causa será cubierta por la fiscal federal de Santa Rosa Iara Silvestre, designada días atrás por el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal.
La Cámara Federal de Bahía Blanca, con el voto de Pablo Larriera, rechazó el planteo de recusación de Marrón. La Fiscalía consideró que su imparcialidad había quedado afectada luego de disponer de oficio y sin control de las partes una medida de prueba por sobre la estrategia de litigación del caso que tienen los representantes luego de que se les delegara la instrucción del sumario.
Heim, Azzolín y Silvestre están elaborando un recurso de casación contra dicha decisión, ya que consideran que sus argumentos no fueron valorados en su totalidad, en especial en lo relativo a nuevas irregularidades cometidas por la titular del Juzgado Federal N°2 de Bahía Blanca en las últimas semanas, como no suspender la ejecución de la medida pese a varios planteos en ese sentido y el efecto suspensivo del recurso interpuesto.
Además, informaron ante la Cámara Federal, en el marco del trámite del incidente de nulidad que plantearon contra esa decisión de la jueza, que consideraron que no estaba adecuadamente fundada y afectaba la independencia del organismo. Si bien la jueza rechazó la nulidad, los fiscales esperan revertir esa situación en instancias superiores y, como consecuencia, apartar a la magistrada del caso tal y como lo prevé el Código Procesal Penal.
Nuevas medidas realizadas y solicitadas
Los y la representante del Ministerio Público solicitaron en los últimos días, con el secreto de sumario vigente, la concreción de una serie de medidas de prueba que fueron rechazadas por la jueza, decisión que también fue apelada.
Azzolín, Heim y Silvestre esperan que la nueva queja sea resuelta por el tribunal revisor en el mismo sentido que lo hizo en febrero, lo que motivó la concreción de allanamientos.
En el marco de los trabajos de campo que desde hace meses vienen realizando en el estuario de Bahía Blanca, días pasados la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y el Cuerpo de Investigadores Judiciales (CIJ) del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizaron un relevamiento del lugar con drones. También se prevé una recorrida a pie en compañía de testigos.
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El camarista Pablo Larriera ratificó a la jueza Gabriela Marrón en la causa por la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro.
De esta manera rechazó la recusación planteada por los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolín quienes invocaron “temor de parcialidad” al concluir que Marrón comprende una única hipótesis: que Facundo “en su trayecto hacia la localidad de Ingeniero White, transitó por el complicado terreno del estuario en el que se anegó y luego se ahogó”.
Plantearon, además, que la jueza se entrometió en asuntos de la Fiscalía al reasumir la investigación para incorporar un estudio de mareas del IADO en el cual el director del organismo oceanográfico “realizó consideraciones que no le fueron solicitadas sobre el posible desplazamiento de Facundo dentro del estuario”.
Azzolín y Heim devolvieron el escrito, “no obstante luego, invocando una medida para mejor proveer y afirmando que no reasumía la instrucción, la dra. Marrón ordenó un estudio que, en los hechos, implicaba realizar las mismas actividades que el IADO realizó sin que se lo haya ordenado”.
Al rechazar su recusación la jueza sostuvo que “la conexión entre el Estuario y la Ría de Bahía Blanca y el aporte que puede llegar a lograrse a partir de su estudio es innegable para la reconstrucción del hecho, ya que esta última zona es donde se vio a Facundo José Astudillo Castro transitar con vida, y luego, se encontraron sus restos y pertenencias”.
Se refiere a lo dicho por la Testigo H, cuyo testimonio fue incorporado a la causa por dos de los policías sospechados -Mario Sosa y Siomara Flores- y se contradice en varios aspectos con el de Alberto González, quien detuvo a Facundo por segunda vez el 30 de abril. Marrón no considera, entre otras pruebas, el hallazgo de pertenencias del joven en un calabozo de Puesto Policial de Teniente Origone.
En definitiva, en el fallo firmado ayer en la Cámara de Apelaciones, Larriera manifestó que la delegación de la investigación en los fiscales “no implica que el juez pierda la dirección del proceso y la decisión final en determinados temas”. Esto independientemente de lo que los camaristas resuelvan respecto a la validez de la prueba del IADO cuya nulidad fue planteada en otro incidente.
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La madre de Facundo, Cristina Castro, dialogó con FM De la Calle a un mes de cumplirse el primer aniversario de la desaparición forzada seguida de muerte del joven de Pedro Luro.
El lunes, la querella denunció la desaparición de un testigo clave, quien fue localizado varias horas después. Se había escondido por temor a las amenazadas recibidas en el marco de la causa que tiene a la Bonaerense en la mira de la justicia.
“Buscan amedrentar, yo perdí el miedo el día que me mataron a mi hijo. Seguimos en pie de lucha sin importar quién caiga, son muchas las personas que están cubriendo este asesinato”, dijo Cristina.
Como cierre de la semana de la Memoria, afirmó que “cambiaron los Falcon por la Hilux. Estamos viendo una vena de la dictadura que no logramos cerrar. Es lo mismo, solo que en democracia avalados por muchos, por el poder político y judicial”.
“Lamentablemente me tocó pasar por lo mismo que les pasó a las Madres y las Abuelas. Me acordaba de tantas cosas, veo que la lucha de Facu era genuina, tuve que empezar a estudiar historia de verdad, tuve que aprender de lucha”.
En relación al testigo de identidad reservada contó que “desapareció, venía siendo amenazado de muerte él, su familia, su hijo. Nos dijeron que habían activado protocolos de búsqueda. Estos policías tienen un abogado, la jueza (Gabriela) Marrón levantó el secreto de sumario, así tuvieron acceso a las iniciales de estos chicos y empezaron a amenazarlos”.
“Gendarmería tardo casi cinco horas en llegar a Luro y ni siquiera fueron a la casa del chico. Yo creo que apareció por la presión de las redes, los grupos activaron el protocolos de búsqueda”, enfatizó.
Cristina relató que “la ministra Frederic me aseguraba que ya lo habían localizado y estaba todo bien y no era así. Terminé de hablar con ella y a los cinco minutos tenía a la familia en mi casa diciendo que no, que era mentira lo del mensaje de voz, que era un mensaje escrito por Whatsapp, y nos pidieron que no lo dejáramos de buscar hasta que apareciera, que querían verlo con vida. A la madrugada cuando apareció hicieron lo mismo y me pidieron que tuviera un poco de calma y pidiera reserva y tranquilidad para ellos, imagináte el momento que pasaron”.
Respecto a las pericias judiciales realizadas esta semana, en las cuales el perro del adiestrador Marcos Herrero volvió a señalar los patrulleros que detuvieron a Facundo el 30 de abril, Castro destacó la marcación de la Hilux del Puesto de Origone: “Ni bien soltó a Yatel, se clavó en el patrullero, no hay dudas de que mi hijo estuvo ahí y lo trasportaron en ese móvil”.
Consultada sobre el pedido de revisión del teléfono del presidente del Concejo Deliberante de Villarino, Omar Promenzio, explicó que está relacionado a una testigo “que se presenta a declarar de forma espontánea algo que escuchó. No la conozco, ella se acercó, tuvo una entrevista conmigo y después de un tiempo de animó a declarar porque tiene mucho miedo. Recuerden que a los amigos de Facundo los están persiguiendo todo el tiempo, tenemos ocho cartas documentos por un valor de 200 mil pesos cada una (por realizar pintadas). La policía los sigue hostigando, no pueden salir porque les ponen un patrullero atrás”.
“Esta testigo hace referencia a la jueza Marrón y a su amiguismo particular con la familia Bevilacqua, el intendente de Villarino. Nos resulta extraño que siga al frente de la causa cuando dijo que iba a cerrar el caso a finales del año pasado. Vamos a seguir peleando hasta las últimas consecuencias. Estamos esperando resultados para las imputaciones, la salud me jugó una mala pasada, no puedo estar al frente, están mis abogados y mi familia ocupándose”.
Los policías sospechados -Siomara Flores, Mario Gabriel Sosa, Jana Curruhinca y Alberto González- “siguen trabajando y portando un arma, siguen desparramados por acá. Es inevitable no cruzarlos, siguen gozando de un sueldo que le pagamos los ciudadanos y ahora están patrocinados por un abogado que puso el Municipio”.
“Vamos por lo que el Flaco peleaba, por un Nunca Más en serio, porque en Villarino no nos vuelva a desaparecer ni un pibe, porque no los golpeen en las comisarías, porque no tengamos más femicidios, por todo eso. Sabemos que la lucha es larga y contra gigantes, pero no se preocupen que desde este lado les vamos a dar pelea”, concluyó.
Foto: Cristina Castro junto a los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolin en el Puesto Policial de Origone.
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A 45 años del inicio de la dictadura cívica militar eclesiástica, Jorge Nawel, coordinador zonal de la Confederación Mapuche de Neuquén, comentó que la mirada de los pueblos originarios “en relación al 24 de marzo ha sido siempre acompañar la lucha de los organismos de derechos humanos para que el ‘Nunca más’ realmente lo sea”.
En diálogo con FM De la Calle, el werken mapuche reflexionó sobre la importancia de “no tener una memoria sesgada, limitada, si no nunca vamos a entender por qué ocurrieron los acontecimientos en los ‘70”.
Sobre las familias y los grupos de poder concentrados que participaron en el golpe, Nawel afirmó que “tienen origen cien años atrás, cuando nuestro territorio fue invadido por un naciente Estado que era una tercera parte de lo que es hoy y que luego se convirtió en lo que conocemos como Nación Argentina. Fue genocidio y, por ende, es un delito de lesa humanidad que no prescribe. Debe haber una política de reconocimiento y reparación del daño que han causado durante 145 años de represión cultural e invasión territorial”.
Nawel será uno de los participantes del Conversatorio “145 años de terrorismo contra el pueblo mapuche” organizado en el marco de la semana de la memoria. La charla, contará también con el docente, ex detenido-desaparecido, Orlando “Nano” Balbo; el activista, periodista y escritor, Adrián Moyano; y la antropóloga feminista de la Lof Newen Mapu, Meli Cabrapan Duarte. La transmisión en vivo será este jueves 25 a las 19hs a través de los canales de Facebook y YouTube de la Confederación Mapuche de Neuquén.
“Poner en agenda del poder judicial este genocidio es una forma de ejercitar la memoria y buscar la verdad y la justicia, ya que no se puede considerar como error o producto del pasado”, explicó Nawel.
Añadió que “son delitos que tienen plena vigencia, deben ser juzgados y tiene que haber condena y, fundamentalmente, reparación. La condena de por sí no va a modificar nada, el Estado debe asumir esa masacre ya que tuvo un alto precio en vida, en cultura y en cosmovisión. Y que se generen acciones de reparación ya que tiene una responsabilidad directa en la política pública. Si no el contexto de relación hoy con el gobierno de turno es de una permanente criminalización, persecución y violencia contra la lucha de las comunidades mapuches en la Patagonia”.
En relación a las medios empresariales de comunicación, el referente mapuche ejemplificó que “cuando se escucha hablar a una Bullrich, a un Pichetto, a un Weretilneck y tiene semejante impacto y dimensión su palabra, no por la importancia de estos personajes porque son marginales en la política sino porque hay otro poder que se impone, que es el mediático y que las sobredimensionan y las convierte en voces poderosas, ahí es donde aparece este nuevo actor que es muy peligroso: los poderes de la comunicación, controlados por esos que ayer se enriquecieron producto del despojo del territorio mapuches”.
Agregó: “La voz de los pueblos originarios quedan soslayadas, quedan marginales al lado de esas otras voces que toman el poder y lo convierten en una palabra peligrosa”. Por último, Nawel afirmó: “No podemos aceptar que los mapuches sean percibidos como un sector terrorista violento cuando se está en semejante estado de empobrecimiento material. Las familias salen a recuperar tierras para desempeñar la vida comunitaria, para forjarse un futuro. Existe una injusticia estructural que hay que modificar y no se puede asumir sin ver que tiene un origen. Por eso esta semana de la memoria es importante agitar esa parte de la historia que no es mostrada, que no es transmitida”.
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La Multisectorial por los Derechos Humanos de Bahía Blanca se movilizará esta tarde a 45 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
La convocatoria cerrará con un acto en la Plaza del Sol donde fue nuevamente colocada esta mañana la reseña que la señaliza como Plaza de la Resistencia y la Memoria en homenaje a las y los 30 mil detenides desaparecides.
Dante Patrignani, secretario de Derechos Humanos de la CTA, dijo a FM De la Calle que la manifestación se realizará “con los cuidados correspondientes para que quienes quieran y puedan marchan lo hagan y también aquellos que por algún cuidado especial no lo quieran hacer caminando puedan acompañar en una caravana de autos”.
En cuanto a las consignas, el dirigente afirmó que se destacará “el homenaje, el recuerdo y sobre todo la reivindicación de la lucha de esa generación del setenta que peleaba por algo distinto a este capitalismo maquillado que nos están vendiendo y, por supuesto, los acontecimientos de este último año como la desaparición seguida de muerte de Facundo Castro, la represión que se está dando en varias provincias -en Capital, en Chubut contra compañeros que reclaman contra la megaminería, lo que pasa en Formosa- la represión que siguen estando a pesar de estar en democracia”.
Respecto al juzgamiento de los genocidas, comentó que “este 24 nos encuentra con los alegatos del fiscal (en la causa Triple A) que han sido extraordinarios y esperando que sean condenados los cuatro que están en el banquillo de los acusados”.
Sobre los juicios a civiles sostuvo que “con Massot no se pudo avanzar pero sí con Montezanti que ya está procesado en la causa Triple A y esperamos que cuando se termine con estos acusados se avance con él”.
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En el aniversario 45º del Golpe de Estado cívico-eclesiástico- militar, FM De la Calle realizó un programa especial de En Eso Estamos.
Se escucharon los testimonios del secretario de Derechos Humanos de la CTA, Dante Patrignani y de Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén invitando a un conversatorio a 145 años de terrorismo de Estado contra el pueblo mapuche.
Por otro lado, Pablo Stefanoni, autor del libro “¿La rebeldía se volvió de derecha?”, analizó cómo calan en la sociedad la reconversión de los discursos de extrema derecha.
En un recorrido por el arco político local se compartimos las voces de referentes y referentas de organizaciones sociales, políticas, sindicales y culturales reflexionando sobre el significado de este nuevo aniversario del golpe genocida.
Saira Millaqueo, coordinadora de Ciudadanas Trans y Viviana Marfil, secretaria general de ATE.
Fernanda Petersen, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal y Alberto Rodríguez, miembro del Centro Cultural La Panadería.
Miguel Aolita, secretario general de la Asociación Empleados de Comercio y la CGT y Nahuel Blanco, integrante de la organización barrial Talita Kum.
Ana Canullo, primera secretaria de Derechos Humanos de SUTEBA y Elisardo Tunessi, representante de la Red de Espacios Culturales Independientes.
Pilar, integrante de Sureando y Verónica Bajo, activista de Acciones Feministas.
Luciano, miembro del Centro de Estudiantes del Colegio La Piedad y Carolina, integrante de la organización social El Puente.
Anabella Tarabelli, integrante de la Comisión del Sindicato de Prensa y Diego Dorcazberro, referente de Sureando.
Juan y Victoria, estudiantes de la FES.
María Belén López, delegada general de la Asociación Argentina de Actrices y Actores.
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Los relatos de las y los sobrevivientes, su voz, el ejercicio de recordar juntas y las materialidades del Centro Clandestino de Detención y Exterminio La Escuelita de Bahía Blanca son reflejados en el primer corto del Ciclo Zaranda.
Se trata de un proyecto colaborativo impulsado desde el programa Arqueología en cruce del Departamento de Humanidades de la Universidad del Sur.
Cecilia Simón comentó a FM De la Calle que “la idea de zaranda atraviesa todo el ciclo, es un objeto muy significativo y característico de la práctica arqueológica y tiene una funcionalidad que va en diálogo con cómo trabaja la memoria, qué cosas quedan, qué cosas pasan”.
“Aparte es un objeto muy bello, si algo aprendimos a partir de este diálogo con el teatro de objeto es que se pueden resignificar y tener una belleza que no le habíamos dado. Es un material educativo, estamos trabajando en cuadernillos que van a acompañar el corto para que ingrese y se trabaje en las aulas de los distintos niveles. Estamos todas muy contentas porque fue un trabajo muy lindo”.
El punto de partida fue la propuesta de Ina Morales y Cata Corredor, actrices y manipuladoras integrantes de Ciclo Objeto, “para pensar que la materialidad alberga memoria y tiene la capacidad de contar historias”.
“El primer capítulo es sobre La Escuelita, para eso trabajamos conjuntamente con las chicas de H.I.J.O.S. y de Red x la Identidad. A través de encuentros virtuales fuimos pensando distintas historias y objetos que se asocian a La Escuelita. Fueron muy importantes los relatos de Alicia Partnoy, el material que se recolectó en la práctica de campo que se hizo en 2011 y declaraciones testimoniales de quienes sobrevivieron”, contó Simón.
Agregó que “a partir de esos hilos y discursos fuimos armando este relato que se apoya y se hace con objetos y con todo lo que se dispone alrededor. Le dimos mucha importancia a los sonidos, a la iluminación, a recuperar el paisaje”.
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Los cables de la embajada de Estados Unidos en Argentina permiten acceder a detalles de los preparativos del golpe de Estado: entre mostrarse eficaces en la lucha contra el comunismo y proyectar una buena imagen internacional, el objetivo de la intervención militar y el plan de los primeros días de gobierno que mencionan, inicialmente, con el nombre de “intervención militar en el proceso nacional”. Los documentos también son reveladores de la lectura política de Estados Unidos sobre el anunciado golpe: esperaban un “gobierno militar por un periodo prolongado y de una severidad sin precedentes”.
Desde varios meses antes, la Embajada sabía de los planes golpistas y mantenía canales de comunicación con la inteligencia militar. En paralelo a la diplomacia oficial, en los días previos al golpe de Estado, también se menciona en los documentos desclasificados la visita de un senador republicano y un ex subdirector de la CIA y las reuniones extraoficiales para lograr que altos mandos militares se encuentren con autoridades norteamericanas.
Los documentos forman parte de una selección publicada por el National Security Archive (NSArchive) en Washington DC, y accedidos como una primicia para ser difundidos aquí en el marco del convenio de cooperación entre la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el National Security Archive y la universidad William & Mary [Para más información contactar al Director del Proyecto de Documentación del Cono Sur del NSArchive, Carlos Osorio].
A 45 años del golpe de Estado, en el marco del convenio con el National Security Archive y la universidad William & Mary, compartimos esta selección, un recorrido de los días previos al 24 de marzo, los militares y la diplomacia, el relato de un golpe militar anunciado largamente y que ya, en ese entonces, dejaba ver lo que se avecinaba: un despliegue represivo nunca visto.
El 14 de marzo de 1976, en una reunión con Raymond Molina, el General Alberto Dalla Tea, afirmó que, entre el miércoles 17 y el jueves 18, las Fuerzas Armadas argentinas derrocarían a la presidenta Isabel Martínez de Perón y que los militares mantendrían el control absoluto durante los primeros diez días del golpe.
La información está contenida en un cable secreto que el agregado legal de la Embajada de Estados Unidos en Argentina Robert Scherrer le envía al director del FBI el día siguiente a la reunión. Entre los muchos puntos cubiertos por el general Dalla Tea durante el encuentro con la fuente, Scherrer destaca tres: “1. Las Fuerzas Armadas argentinas desean una estrecha cooperación con los Estados Unidos; 2. El comandante en jefe del ejército argentino será reconocido el líder golpista; 3. Luego de los primeros diez días del golpe, los militares argentinos pretenden incorporar civiles con perfil técnico al gobierno para cubrir los cargos de ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Economía y ministro de Hacienda”.
La fuente, Raymond Molina, es presentado en los documentos del FBI de esos días como un ciudadano estadounidense, quien participó en la invasión de Bahía de los Cochinos en Cuba. La reunión entre Molina y Dalla Tea fue programada por el empresario y dirigente político Jorge Antonio, quien fuera muy cercano a Juan Domingo Perón y enemistado públicamente en esos años con José López Rega. Según los mismos cables desclasificados, Jorge Antonio tenía la expectativa de “ser elegido presidente de un gobierno civil, que seguirá al golpe de Estado militar”.
El mismo cable del FBI del 15 de marzo también aporta detalles del plan militar, indicios de lo que serían las principales líneas de acción de la dictadura: la persecución al movimiento obrero y el proyecto económico liberal.
“El general Dalla Tea le dijo a Molina que los militares argentinos reconocieron el hecho de que tendrán que ocuparse de varios sindicatos que se opondrán a un golpe militar pero que estaban dispuestos a hacerlo”, transcribe el agregado legal de la Embajada. Y agrega: “[…] creen también que el gobierno ha tomado el control de demasiadas industrias privadas y que muchas de ellas deberían volver al control privado con el fin de alentar la inversión”.
Cuando los militares se fueron del poder en 1983, los resultados de esos lineamientos de gobierno quedaron claros: el 32 % de los desaparecidos durante el terrorismo de Estado eran obreros fabriles, la estructura productiva del país quedó severamente resentida y la deuda externa ilegítima contraída durante esos años se arrastró por décadas.
Los documentos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) —archivo que gestiona la CPM desde el 2001— ponen algo de perspectiva sobre la represión a trabajadores y trabajadoras. En los años previos a 1976, las fuerzas armadas y de seguridad incrementaron las acciones de inteligencia sobre el movimiento obrero, desde la CGT hasta los cuerpos de delegados.
En mayo del 75, por ejemplo, ya estaba funcionando el “acantonamiento militar de Campo de Mayo” una coordinación de las áreas de inteligencia del Ejército Argentino y varias de las Delegaciones DIPPBA, en la persecución de obreros de la zona industrial del norte del conurbano de Buenos Aires. Zona donde se encuentran las mayores empresas industriales transnacionales y que tuvieron una gran cantidad de trabajadores desaparecidos.
La información está en el documento de la mesa Ds [Delicuentes subversivos] carpeta Varios Nº 2981 y tiene el siguiente título. “Hecho: reunión informativa en acantonamiento militar de Campo de Mayo el día 8-5-75”. La reunión se efectuaba en razón de la creación del Destacamento de Inteligencia e Informaciones en ese acantonamiento “tendiente a cooperar en estrecha colaboración con los organismos de seguridad en la represión subversiva e infiltración de elementos ideológicos dentro de la masa obrera de las organizaciones extremistas”, según lee en el documento.
En esa misma reunión acordaron que iban a juntarse todos los meses del 5 al 10 para intercambiar ideas y que iban a pedir a las delegaciones de la DIPPBA que “facilitaran informes sobre establecimientos fabriles existentes en la zona de su jurisdicción para tener un control sobre los mismos en caso de una emergencia”. La vigilancia a establecimientos industriales y fábricas tenía el objetivo de captar el conflicto en el lugar de trabajo.
Los contactos militares por fuera de la diplomacia oficial
En un teletipo también secreto enviado el 16 de marzo al director del FBI, el agregado legal de la Embajada Robert Scherrer retoma la información obtenida por la fuente. En el documento se lee que, durante esa reunión del 14 de marzo, Raymond Molina enfatizó «la absoluta necesidad de que se lleve a cabo un programa de relaciones públicas bien preparado en Estados Unidos para contrarrestar cierta reacción desfavorable a un golpe de estado militar contra un gobierno constitucionalmente electo”.
El comentario habría tenido una aceptación casi inmediata. A las pocas horas, Molina dice que lo visitaron en el hotel donde se hospedaba con el mensaje de que el general Jorge Rafael Videla dio instrucciones para establecer contacto con el mayor general retirado del Ejército de Estados Unidos Daniel Graham “para explorar en detalle las recomendaciones del general sobre el aspecto de relaciones públicas del proyectado golpe de Estado de las Fuerzas Armadas Argentinas”. En el mismo mensaje, Dalla Tea también avisaba que, a la luz de estos comentarios, la fecha del golpe de Estado parecía que iba a pasarse para la semana siguiente.
El Teniente General Daniel O. Graham había sido subdirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) entre 1973 y 1974 y luego director de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), cargo que abandonó en diciembre de 1975.
Graham fue parte de una comitiva que viajó el 12 de marzo a Argentina, junto al Senador republicano por Carolina del Norte Jesse Helms. En un memorándum del 17 de marzo, en respuesta al teletipo del director del FBI, el Teniente Graham confirma esa visita al país, pero se desvincula de cualquier contacto con los militares argentinos: ante los rumores del Golpe de Estado, “sintió que su presencia allí sería imprudente y agregó que no tiene intención de establecer ningún contacto con el general argentino ni sus representantes aquí en Estados Unidos ni en el exterior”.
Por el contrario, en un cable enviado a Washington en esos días, el Embajador en Argentina Robert Hill reconoce que fue él mismo quien lo instó a abandonar rápidamente el país. Y agrega: “Espero que este problema haya quedado atrás. Sin embargo, podría haber sido extremadamente vergonzoso como mínimo y, como mucho, muy perjudicial para nuestras relaciones”.
Su compañero de viaje el republicano Jesse Helms volvería a la Argentina en una visita oficial pocos meses después: el 5 de julio Videla lo recibió en la Casa Rosada. Helms señaló que representaba a un grupo de 17 senadores preocupados por el comunismo y que estaba visitando Argentina, Chile y Uruguay porque “sus gobiernos parecen compartir el deseo de pararse frente al comunismo”. El dictador argentino le dijo que compartía la preocupación por la amenaza del comunismo y le regaló una edición del Martín Fierro.
Los informes de la inteligencia militar a la Embajada
Más allá de la información remitida por Raymond Molina a las autoridades de la Embajada y la presencia en el país de esa comitiva de miembros del partido Republicano, durante las semanas previas al golpe de Estado se intensificaron los informes de fuentes del Ejército al agregado legal de la Embajada de Estados Unidos.
El 18 de marzo, en un nuevo teletipo dirigido al director del FBI, el agregado legal dice que un oficial de rango del Servicio de Inteligencia del Ejército Argentino le indició que el golpe de Estado se dará el sábado 20 ó domingo 21.
La fuente confidencial también le informa sobre otros detalles de la preparación del golpe: “El agregado militar superior argentino en cada embajada en todo el mundo ha recibido instrucciones de pasar por alto al embajador respectivo en cada país y presentarse ante el gobierno anfitrión, notificando que el gobierno de Perón será reemplazado por un gobierno militar. Esta notificación a los altos agregados militares argentinos en las distintas embajadas del mundo se programará para que el agregado militar superior tenga al menos doce horas de anticipación sobre la hora real del golpe de estado militar”.
“Según un informe reciente emitido por el alto mando del ejército argentino, diez países ya informaron informalmente a los agregados militares argentinos en esos países que se otorgaría un reconocimiento inmediato a un gobierno militar argentino”, agrega Robert Scherrer.
El 20 de marzo, en un nuevo teletipo al director del FBI, el agregado legal de la Embajada en Buenos Aires informa que los militares argentinos pospusieron el golpe de Estado hasta el martes 23 de marzo, “debido a problemas no especificados en Rosario relativos a la efectiva imposición del control militar”. Y agrega: “No consideran el derrocamiento del gobierno peronista como una revolución o un golpe de Estado en el sentido más estricto de estos términos, se refieren a sus acciones como una ‘intervención militar en el proceso nacional’”.
La actualización de información, nuevas incidencias, quedaron registradas en esos cables de los días previos al golpe de Estado: la postergación de la fecha del derrocamiento, los problemas no especificados en Rosario, discusiones en los círculos políticos y militares en torno a los nombres que se mencionaban para el gabinete militar, la mención a un atentado de Montoneros.
Esta información no solo da cuenta del flujo de comunicación entre la Embajada y las fuentes del Ejército argentino sino también del interés y el grado de conocimiento que las autoridades diplomáticas tenían sobre los hechos. La antesala de un golpe militar anunciado: de acuerdo a los archivos recientemente desclasificados, la Embajada conocía desde hace mucho tiempo el plan de derrocamiento.
Tal como explica el National Security Archive en esta gacetilla de prensa, si bien hay referencias anteriores, el primer informe sustantivo sobre un “posible golpe de Estado” en Argentina es de mediados de febrero de 1976. En un cable, el subsecretario de Estado William Rogers le advierte al secretario de Estado Henry Kissinger: “[…] al intensificar la lucha contra la guerrilla, es casi seguro que un gobierno militar argentino incurrirá en violaciones de derechos humanos que generen críticas internacionales. Esto podría llevar a presiones públicas y del Congreso de Estados Unidos que complicarían nuestras relaciones con el nuevo régimen».
En esa misma fecha, en otro cable aparece un elemento revelador: el propio Embajador Robert Hill reconoce que “la embajada ha indicado discretamente y a través de terceros a los militares que el gobierno de los Estados Unidos reconocerá un nuevo gobierno en Argentina”. El 23 de marzo en una nota al Consejo de Seguridad Nacional, Hill dice que, mientras redacta el documento, Argentina está en un estado de cambio. Y agrega: “Argentina ha sido uno de nuestros principales interlocutores y es poco probable que esto cambie”.
Equipo de producción integrado por: Carlos Osorio, director del proyecto de documentación del Cono Sur del NSArchive Silvia Tandeciarz, profesora William & Mary Área de comunicación y programa contra la corrupción y la inteligencia ilegal – CPM
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El secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano García, dijo a FM De la Calle que el testigo de identidad reservada cuya desaparición se denunció ayer, “está otra vez con su familia, muy afectado y asustado por todo lo que le viene pasando”.
Afirmó que se trata de “una serie de llamados telefónicos, amenazas y hostigamientos, hacia él y su familia, todo en función de haber sido testigo en la causa de Facundo”.
Respecto a la protección judicial que debió tener el testigo, Cirpiano contó que “es bastante deficiente, lo venimos señalando, ha costado mucho que la justicia se haga cargo de la protección de testigos, funciona con intermitencias y desprolijidades. Son testigos que hay que cuidarlos mucho porque aportaron información muy importante”.
“En algún momento el temor y el terror que sentía por esos llamados y el involucramiento de algunos de sus familiares lo llevó a esconderse por temor a que esas amenazas se convirtieran en algo real. Después conversando con sus familiares regresó con ellos. Estamos haciendo presentaciones para que se lo cuide y se le de un tratamiento adecuado”, agregó.
En cuanto al estado de la investigación por la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo, el abogado de la CPM comentó que “hay muchos elementos que dan cuenta de la participación de la Bonaerense en el hecho. Tenemos un problema serio con la jueza que claramente quiere imponer la versión del accidente y no está dispuesta a investigar la pista policial”.
“El fiscal Martínez lo mismo, ahora se inhibió en la causa y están los otros dos fiscales designados especialmente para esto. Pero la jueza tiene una actitud, incluso extraña, de negar prueba pertinente y necesaria. Hubo que recurrir a la Cámara, tendría que aceptar que se investiguen todas las pistas, no la que ella cree que debe ser. Creemos que tiene intenciones de cerrar la causa y en función de eso la hemos recusado”.
Días atrás, el Municipio de Villarino facilitó un defensor para los policías sospechados. Recordemos que el intendente Carlos Bevilacqua pretendió vincular a Facundo con el narcotráfico mientras el joven permanecía desaparecido.
Se trata del abogado Sebastián Martínez, quien ahora vela por los intereses de Mario Sosa, Jana Curruhinca, Siomara Flores y Alberto González.
Cipriano destacó que aun “no hay una imputación concreta” aunque “hay muchos elementos que relacionan a estas personas con la causa”. Para avanzar con pedidos de indagatoria esperan que se defina la continuidad o no de la jueza recusada: “Cada vez las pruebas nos van convenciendo más de la hipótesis de la responsabilidad policial”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2021/03/cipriano.jpg?fit=1024%2C513&ssl=15131024FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-03-23 14:30:502021-03-23 14:30:52“El testigo está otra vez con su familia”
Yatel, el perro de Marcos Herrero, volvió a marcar rastros de Facundo Astudillo Castro en dos patrulleros de la Policía Bonaerense. De la pericia judicial participó personal de Gendarmería Nacional, testigos y el abogado Leandro Aparicio.
El relevamiento se realizó un predio de Vialidad donde se encuentran los patrulleros de Buratovich, Origone y el auto particular de la oficial Siomara Flores, quien aseguró haber acercado a Facundo hasta la entrada de Origone.
Los coches ya habían sido peritados por Herrero y su can en la sede de la Policía Federal con resultados positivos. “Había identificado un filamento o cabello con ADN de Facundo, a pesar del tiempo, nuevamente el perro volvió a reconocer, ahora en mejor medida porque el auto fue desarmado y periciado detalladamente, se pidió un barrido, que se analice la caja, los asientos, los paneles. Eso se puede hacer ahora con efectividad con personal de Gendarmería y el recurso canino”.
En diálogo con FM De la Calle, el adiestrador agregó que se secuestraron pequeños objetos y filamentos de cabellos que deberán ser analizados en el laboratorio. Este martes continuará la tarea personal de Gendarmería.
Los dos patrulleros señalados por Yatel son las camionetas Toyota Hilux N° 23360 -delante de la cual la oficial Jana Curruhinca fotografió a Mario Gabriel Sosa posando junto a Facundo- y la N°22788 que conducía el efectivo de Teniente Origone Alberto González, quien detuvo al jóven la tarde del 30 de abril en el km 750 de la Ruta 3.
“Gendarmería Nacional y el equipo de Criminalística y Estudios Forenses se trasladaron con el móvil pericial a la balanza que se encuentra sobre la parte de Vialidad. Todo estaba precintado y fajado”, explicó Herrero.
Agregó que “se trabajó con una toma de olor que estaba en la sede judicial, fue transportada y mostrada a los peritos de Gnedarmería. Se le dio una toma de olor a Yatel, se les explicó a los testigos el procedimiento y luego pasé con correa al perro por cada uno de los vehículos para que identifiquen uno de estos”.
“Al perro le llamó la atención el vehículo con el N° 22788, que es el de Teniente Origone, el perro fue muy determinante, hizo una marcación ladrando sobre la parte de atrás, en la compuerta de la caja y luego en la parte de lo que sería el dibujo de la parte de atrás de las cubiertas. Seguí con correa trabajando sobre el mismo vehículo de la foto de Facundo, ahí el perro si bien no ladró tuvo una alerta porque tuvo un cambio en el lenguaje corporal por lo tanto procedí a alejarme unos diez pasos y a soltar el perro sin correa. Recorrió cada uno de los vehículos y específicamente volvió a marcar el de Origone. Si bien le dio una alerta al vehículo de la foto de Facundo, giró alrededor, movió la cola, olfateó cada una de las puertas, pasó con tal insistencia que se subió al capot de un vehículo que estaba al lado y ladró sobre el de Origone”.
Al patrullero Toyota Etios de Buratovih y al Corsa blanco de Flores “no les dio atención, si bien el perro fue muy minucioso al buscar punto por punto, en las aberturas de las puertas, en la parte del baúl”.
“Era un medio ambiente abierto, si bien es un predio que está cerrado, el perro se concentró en esos dos patrulleros. El perro los reconoció mediante la impronta de olor de la ropa de Facundo Astudillo Castro, por eso es tan importante la pericia”, afirmó el perito.
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El fiscal Pablo Fermento desarrollará este lunes el tramo final de su alegato contra los cuatro ex integrantes de la Triple A que son juzgados en Bahía Blanca por más de una veintena de homicidios.
La audiencia comenzará a las 8:30 y se estima que al cierre de la jornada realizará el pedido de penas para Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno, acusados de haber integrado la asociación ilícita y en el caso de Aceituno, además, de ser uno de los asesinos del dirigente estudiantil David “Watu” Cilleruelo.
El fiscal afirmó que los crímenes de la banda respondían “al objetivo de un plan sistemático de persecución y exterminio llevado adelante por los poderes fácticos civiles y militares e institucionales”.
Uno de los ejes del alegato fue la descripción de la alianza entre el diputado nacional del FreJuLi y secretario de la CGT, Rodolfo Ponce, y la familia Massot, propietaria de La Nueva Provincia. El fiscal comentó que la misma “tuvo sus momentos de salud y de tensión”.
A principios de 1975, el diario titulaba “UNS: una aviesa maniobra del marxismo triunfa otra vez”. La editorial, previa a la intervención de Remus Tetu, ya reclamaba la confección de listas con los blancos a ejecutar. Un día después, la empresa de los Massot difundía una carta de Ponce al ministro Ivanissevich en la cual “denunciaba literalmente el marxismo apátrida infiltrado en los claustros y pedía una urgente intervención de la UNS”.
En el mismo sentido, otra de las editoriales de la época “elogiaba los operativos de depuración en la ciudad de Buenos Aires y declamaba: es tiempo que también Bahía Blanca exhiba una universidad limpia en todos los órdenes, evitando la actitud de quienes supieron despojarse del deleznable ropaje impuesto por el soviet desjerarquizante de Puiggrós, Benamo y compañía”.
“No queda ninguna duda del rol que jugó La Nueva Provincia como factor de poder en la ciudad para generar este punto de inflexión que significó la llegada de Tetu al rectorado en el desarrollo de la política paraestatal de represión y aniquilamiento”, afirmó Fermento.
Por otra parte, recordó la respuesta de la familia Massot a integrantes de la comunidad católica que en mayo del 75 informaron a monseñor Tórtolo del peligro que sentían tras el asesinato del cura Carlos Dorñak y José González. “Colegios católicos y autoridades, no se puede sembrar violencia y esperar el fruto de la paz”, amenazaba LNP.
Las tensiones entre el clan Massot y Ponce comenzaron a evidenciarse en el segundo semestre de 1975 y culminaron con un tiroteo entre la patota y la custodia del diario el 11 de septiembre de aquel año.
Según el alegato fiscal, el archivo de la DIPPBA “señala como motivo probable los lugares enfrentados en que quedaron el sector de Ponce y la empresa en el marco del conflicto entre los gremios gráficos y de prensa” y por “el malestar de la Juventud Sindical Peronista y de la CGT frente a editoriales del diario”.
Una semana antes del tiroteo, el 3 de septiembre, el diario titulaba “El respaldo que necesitaba la policía de Bahía Blanca” dando cuenta del “pasaje de lo paraestatal a lo estatal al servicio del aniquilamiento del enemigo interno”. Decían los Massot: “Cual signo de los tiempos, Bahía Blanca, aliviada, ha visto como el tristemente célebre automóvil azul sin chapa -bautizado ‘la fiambrera’ por el ingenio popular- ya no sale de noche a cumplir su tétrica recorrida, ni está permanentemente estacionado, para escarnio de la ciudad, a vista y paciencia de cuantos quisieran observarlo”.
Fermento destacó que “no nos interesan los vaivenes del romance entre la Triple A y la familia Massot. Queremos resaltar que estamos tratando de probar algo que hace cuatro décadas era un hecho absolutamente notorio y tan de público conocimiento que la fiambrera’ aparecía mencionada en el diario que leían todos los bahienses. No hacía falta publicar nombres propios para conocer a quién iba dirigido el dardo venenoso que tiraba la familia Massot, al punto que una semana más tarde los remitentes y los destinatarios iban a estar a los tiros”.
“Lo que quedó absolutamente claro es que continúa siendo un hecho notorio la existencia de ‘la fiambrera’ y de la Triple A en Bahía Blanca, a pesar de los miedos y los silencios que cobijan y los olvidos convenientes”, concluyó.
Depuración gremial y estudiantil
La Fiscalía alegó que la consolidación de la Triple A en Bahía Blanca incluyó la depuración ideológica en la UOCRA -facilitada por la sanción de la Ley de Asociaciones Sindicales y en el marco de la interna entre la Juventud Sindical Peronista y la Juventud Peronista- y la toma de la UTN por parte de la patota.
“Estos dos procesos muestran a Ponce como la figura central y descollante de la tarea de limpieza en Bahía Blanca y la región, a un nivel muy por encima de la ciudad. Su lugar era la ciudad de Buenos Aires donde tenía vínculos con el poder central del país”.
Con Tetu se agudizó la represión
Los crímenes de la banda continuaban mientras se gestaba la intervención de la Universidad Nacional del Sur. Remus Tetu fue finalmente designado el 21 de febrero de 1975 y dispuso “una serie de medidas como cesanteo masivo de docentes y no docentes, cierre de carreras, del comedor universitario, clausura de centros de estudiantes y prohibición de toda actividad de política universitaria e intervención del gremio no docente y colocación de el mismo bajo control de la CGT”.
Fermento afirmó que el juicio evidenció que “el grupo vino con el único objetivo de cumplir con un plan de persecución e intimidación política, que estaba integrado por los cuatro imputados, que recibieron armas del Destacamento 181, que utilizaron la planta automotora de la universidad, que accedieron a los legajos universitarios y, además, hay que decir que el escenario de violencia que se vivió en la UTN se trasladó a la UNS y, a partir de ese momento, se va a producir un notorio desborde de la lógica de los asesinatos de manera que de los 24 que se investigan en esta causa 21 fueron cometidos en los nueve meses posteriores a la llegada de Tetu de marzo a diciembre del 75”.
Integración de la asociación ilícita
En cuanto a la conformación de la Triple A bahiense, Fermento sostuvo que estaba integrada por “entre 20 y 40 miembros” destinados al ámbito universitario, al gremial y al patrullaje de la ciudad. Los hombres militaban en el peronismo ortodoxo y en la Juventud Sindical Peronista.
“La pertenencia de estos cuatro acusados a la asociación ilícita no solo se encuentra acreditada por la resolución y designación (como personal de seguridad) firmada por Remus Tetu sino que para cuando los cuatro ingresaron formalmente a la UNS ya se conocían entre sí, compartían los mismos ámbitos de militancia político gremial, ya venían realizando una tarea de depuración en el campo gremial, en la Junta Nacional de Granos y en la UOCRA y en el campo estudiantil en la UTN, eran amigos -en el caso de Aceituno y Argibay- o tenían la suficiente confianza para respaldarse laboralmente -como Argibay respecto a Pallero y Chisu- y se movían incluso en los ámbitos de esparcimiento social de noche en los que se jactaban de asesinar personas”.
Plan de exterminio
Al referirse al propósito criminal de la banda, el fiscal explicó que “no fue exclusivo del grupo de agentes de Bahía Blanca sino que responde al objetivo de un plan sistemático de persecución y exterminio llevado adelante por los poderes fácticos civiles y militares e institucionales”.
“Este propósito era el de generar a través de la violencia un quiebre en los lazos de pertenencia e identidad de un grupo social sujeto a persecución, es decir, destruir al grupo como tal”.
“Para ello se buscó segregarlos de los espacios sociales -de eso se trataba cuando hablábamos de depuración de gremios, universidades y espacios religiosos-, disciplinarlos y cortar las relaciones de solidaridad y cooperación entre los integrantes del grupo y entre la sociedad y el grupo como tal”, agregó.
Fermento subrayó que “era necesario poner en práctica un programa de hostigamiento consistente en un conjunto de agresiones que se encuadran en una serie de delitos penales como son los de abuso de armas, amenazas armadas, intimidación pública, violación de domicilio y robo, lesiones, secuestros y, finalmente, asesinatos”.
La sola presencia del grupo o de cualquiera de sus miembros intimidaba. “El patrullaje fue una de las principales actividades del grupo y cumplía con un objetivo de control de espacios sociales como las universidades, los secundarios, las grandes obras de construcción como la petroquímica, sedes gremiales como la UOCRA o la CGT y, por último, las calles de Bahía Blanca”.
La “habilitación institucional” de la violencia no provenía solamente del rectorado de la UNS sino que “existió a partir de la aquiescencia, cobertura y colaboración de parte de las fuerzas estatales y de la justicia”.
“Contaban con capacidad de intimidación concreta. Estaba asegurada por aquello que el grupo era capaz de hacer y que efectivamente hacía. El grupo golpeaba, disparaba, secuestraba, torturaba y asesinaba. Nadie dudaba de que podían cometer todos estos hechos”.
Fermento manifestó que varios testigos “hablaron de una ciudad sitiada, asolada o adueñada” y que “cruzarse con Aceituno, Forcelli, Curzio o Pallero en la Universidad del Sur era cruzarse a la patota”.
Asesinatos rituales
El alegato fiscal explicó que los homicidios de la banda eran “asesinatos rituales” que “debían servir para dar un mensaje, tenían que tener un sello para que quede claro para quién era el mensaje, era el sello de la Triple A, secuestros nocturnos y en banda, acribillamientos, disparaban todos para repartir responsabilidades, abandono de los cadáveres en lugares poblados -Pibe de Oro, boliche Landa- colocación de bibliografía calificada como subversiva en la escena del crimen. Asesinaban al militante político, al que tenía intención de participación política y a simpatizantes con este colectivo social”.
La identidad de las víctimas involucraba a integrantes de movimientos de izquierda o espacios sociales, pertenecían al ámbito político universitario, al gremial -varios de la construcción-, espacios religiosos y partidos políticos -Partido Comunista-“.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2021/03/triplea-pintadas-gini.jpg?fit=787%2C353&ssl=1353787FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-03-22 00:01:462021-03-22 11:54:57El sello de la Triple A
